El diccionario de Suecia incluye oficialmente un pronombre de género neutro

“Hen”, el pronombre neutro que ya es oficial en Suecia

La Iglesia de Suecia usará el género neutro para referirse a Dios

El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans. En 2016, el ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, confirmó que el Gobierno sueco pagaría una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).

Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. “Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron”, ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.

La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. “Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes”, expresa el comunicado de Transgender Europe.

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.

En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.

Fuente Dosmanzanas

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El alcalde conservador de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, y su equipo de gobierno han vuelto a denegar, por segundo año consecutivo, iluminar edificios históricos de la ciudad con los colores del arcoíris con motivo del Orgullo LGTB. En concreto, la petición de los organizadores del Pride Toulouse se centraba en el pont Neuf (en castellano, el puente Nuevo), que es uno de los más antiguos que se erigen sobre el río Garona. En cambio, los mismos dirigentes permitieron que hace unos días el mismo puente luciera de color verde para celebrar la festividad irlandesa de San Patricio, ajena a las tradiciones de la histórica región francesa de Occitania, de la que Touluse es la capital. El gobierno municipal, a través del delegado de iluminación, Emilion Esnault, ha dicho que desde el ayuntamiento “apoyamos de varias maneras” el Orgullo LGTB, pero dice que “consideramos que nuestros monumentos no están ahí para generar debates, debates sobre los cuales no hago ningún juicio sobre su naturaleza”. Activistas igualitarios tachan de “hipócrita” la actitud del consistorio.

Toulouse (o Tolosa, en occitano y en castellano tradicional) es la cuarta ciudad más poblada de Francia por detrás de París, Marsella y Lyon. También es la capital de la región de Occitania, del departamento del Alto Garona y de la provincia del Languedoc. De no producirse un cambio de última hora y por decisión del equipo de gobierno que encabeza el conservador Jean-Luc Moudenc, este año dicha urbe tampoco lucirá los colores del arcoíris en ninguno de sus monumentos históricos para recibir el Orgullo LGTB. Es el segundo año consecutivo que el ayuntamiento deniega la petición del Pride Toulouse, que organiza la manifestación y los actos del Orgullo.

En la pasada edición del Orgullo LGTB, los responsables municipales alegaron “problemas técnicos”, pero tras la iluminación verde del pont Neuf del pasado 17 de marzo, para conmemorar la festividad de San Patricio, el delegado de iluminación de la ciudad ha aclarado que “colorear los monumentos de Toulouse no es técnicamente imposible, pero es difícil porque la infraestructura de iluminación de estos edificios no está equipada con farolas que proporcionan color”. La “dificultad” que alega Emilion Esnault, al menos en el caso del referido puente, solo supone la colocación de gelatinas de colores en los focos ya instalados. De hecho, este monumento originario del siglo XVI ya se ilumina en ocasiones especiales de colores para conmemorar distintas celebraciones o acontecimientos (de carácter futbolístico, por ejemplo).

Ante dicha discriminación, especialmente teniendo en cuenta que la iluminación verde del día de San Patricio se realizó a petición de Irish Tourism y la celebración carece de cualquier relación histórica con la ciudad o con la región de Occitania, los organizadores del Orgullo LGTB de Toulouse señalan que el ayuntamiento y el alcalde conservador han adoptado una actitud “completamente hipócrita”. “¿Por qué rechazar tal propuesta, especialmente cuando persisten las fobias?”, se pregunta Pride Toulouse. En protesta, esta organización subía a su página de Facebook un fotomontaje con los colores del arcoíris iluminando el pont Neuf.

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Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son «inhumanas, crueles y degradantes».

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. «La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior», dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener «ningún valor médico», la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los «delitos» homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:

Congratulations to @NGLHRC for the historic win for human rights in #Kenya.
The Court of Appeal in #Mombasa has ruled that the use of forced anal examination by the state in unlawful. @outinafrica #GayRights #StopForcedExamaminations#LGBT

— GermanEmbassyNairobi (@GermanyinKenya) 23 de marzo de 2018

O por la propia ILGA:

🎉 Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. 🎉 Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTesting https://t.co/o7mUcjTrEN

— ILGA (@ILGAWORLD) 22 de marzo de 2018

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

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Andrew Leach, un niño bisexual de 12 años, se ha quitado la vida después de que  fuese intimidado por salir del armario en su escuela, situada en Southaven, Mississippi.

Trágica noticia la que nos llega desde Misisipi, en Estados Unidos. Un niño de 12 años se ha quitado la vida después de llevar un tiempo sufriendo acoso escolar por parte de sus compañeros de colegio. El chico, que había salido del armario ante sus compañeros como joven bisexual, se ahorcó después de dejar una nota de suicidio en la que expresaba las humillaciones a las que se había visto sometido en la escuela. Su hermano, de 16 años, encontró su cuerpo en el garaje familiar el pasado 6 de marzo.

Los padres de Andrew Leach, consternados por lo sucedido, describieron a su hijo en una entrevista como “un jovencito muy cariñoso“. “Tenía una sonrisa contagiosa. Era aficionado a las actividades al aire libre. Le encantaba ir de acampada. Si estabas deprimido, siempre te ayudaba a levantar el ánimo”, describió Cheryl Hudson, madre de la víctima. Hudson también reveló que aunque su hijo le había comentado en alguna ocasión que se metían con él en el colegio, no era consciente de la ayuda que su hijo necesitaba: “Supongo que no me daba cuenta de eso. Parecía siempre tan feliz“.

Por su parte, el padre de Andy, Matt Leach, explicó en la misma entrevista que su hijo llevaba un tiempo luchando “internamente” con su sexualidad, y que sus compañeros de la Southaven Middle School le acosaban. “Finalmente salió del armario con la información en la escuela, creía que podía ser bisexual. Creo que eso agravó el acoso”, añadió. Leach declaró también que la nota que Andy les dejó escrita antes de quitarse la vida enumeraba algunos detalles del acoso sufrido: “Los niños le decían ‘te vamos a atrapar, no vas a salir de este baño’. Cosas de ese tipo“.

De hecho, los padres de Andy sí que llegaron a comentar con algunos responsables del colegio las intimidaciones que sufría su hijo. “Yo solo hablé con el director de sexto grado. Yo no sabía cómo manejar el asunto. Su padre sí que habló con uno de sus maestros una vez. Pero por lo que estamos escuchando, había un grupo de niños que le llamaba gordo, feo e inútil”, señala Cheryl Hudson. Los administradores del colegio están ahora investigando las acusaciones de intimidación. “Todas las denuncias de acoso se tratan con la mayor importancia. Animamos a los estudiantes y padres a ponerse en contacto con los funcionarios de la escuela cada vez que haya preocupaciones de intimidación“, aseguraron en un comunicado. No parece que fuera así en el caso de Andy.

Tras lo ocurrido, los compañeros de Andy decoraron varios pupitres de clase con sentidos mensajes en su memoria. Por su parte, se ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos conmemorativos y  ha recaudado más de $10,000 en memoria de Andrew.

La Policía investiga a los presuntos acosadores mientras la administración escolar, por su parte, indicó que realizará su propia investigación ya que lo consideran un caso de “importancia extrema”. Sin embargo, no dieron más detalles del estatus de la evaluación.

Andrew junto a su madre

Su mamá, Cheryl Hudson, para concientizar sobre este hecho compartió las fotos desgarradoras del funeral y hasta del niño dentro del ataúd.

Advirtió a otros padres que vigilen de cerca los patrones de comportamiento inusuales de sus hijos y les invitó a hablar con ellos, para que no se sintieran solos.

Ojalá nunca más ninguna persona muera o se quite la vida por sentir de una manera u otra.

Fuente Oveja Rosa/Dosmanzanas

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La noticia bien podría formar parte de una web de noticias satíricas, pero el dolor que se esconde tras las terribles “terapias” reparadoras o de conversión nos impide ironizar sobre el asunto. Melvyn Iscove, un psiquiatra canadiense de 72 años que ha practicado este tipo de intervenciones, ha sido suspendido por el Colegio de Médicos de Ontario por abusar sexualmente de algunos de los pacientes a los que supuestamente estaba “curando”.

La suspensión se hizo efectiva el 8 de marzo, según puede consultarse en la web del Colegio de Médicos de Ontario, a pesar de que las acciones que la motivan (que el propio Colegio de Médicos identifica como abusos) ocurrieron hace años. En la misma web se explica que Iscove es partidario de las teorías de Edmund Bergler, psicoanalista austriaco fallecido en 1962, que en su momento defendió que la homosexualidad es una condición adquirida en la infancia que puede ser sometida a terapia. El Colegio de Médicos de Ontario, en cualquier caso, admite que lo que ha llevado a la suspensión del psiquiatra no es el uso de las “terapias” de conversión, sobre el que aparentemente no consta denuncia expresa, sino dos casos concretos de abusos sexuales a pacientes a los que Iscove trató durante 18 y 20 años, respectivamente.

El primero de ellos, denominado “paciente A”, le consultó por primera vez cuando tenía poco más de 20 años de edad. Había sido remitido a su consulta por un psicólogo al que el joven recurrió por ansiedad y depresión en relación con su rechazo a ser homosexual. De hecho, “A” fue tratado por Iscove durante 18 años. Como parte de la supuesta terapia, Iscove le instaba a contarle sus fantasías sexuales (incluso le preguntaba directamente si él mismo formaba parte de dichas fantasías). Haciéndose valer de la capacidad de influencia que desarrolló sobre el joven, el psiquiatra generó un clima de intimidad física que desembocó en masturbaciones mutuas y sexo oral. El paciente acabó pidiendo al psiquiatra interrumpir las relaciones sexuales, pero aún así continuó bajo terapia con él.

El segundo caso es el del “paciente B”, no demasiado distinto, aunque en este caso el joven, al que sus padres llevaron a la consulta siendo aún adolescente por ansiedad y depresión, niega que ello estuviera relacionado con la homosexualidad. Sea como sea, “B” acabó también desarrollando una relación de dependencia del psiquiatra, que una y otra vez insistía en responsabilizar a las tendencias homosexuales del joven de sus problemas. De la misma forma que con “A”, psiquiatra y paciente acabaron teniendo sexo oral. En este caso llegó además a existir una penetración anal del psiquiatra al paciente.

Por estas razones (junto a otras de menor importancia, pero que también atentan contra el código deontológico) el Colegio de Médicos de Ontario decidía la suspensión de Iscove, a pesar de que los episodios sexuales propiamente dichos que describe la sanción se remontan a 2002 y a 2007. A todo esto cabe añadir que Iscove, que niega las acusaciones, se encuentra pendiente de que el Colegio de Médicos de Ontario resuelva un segundo expediente que le fue abierto por “conducta impropia” en un aseo de hombres en junio de 2014.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

Lo hemos mencionado muchas veces (la última de ellas en referencia a la aprobación por el estado de Washington de una ley que prohíbe su utilizacion en menores) pero seguiremos insistiendo, de la misma forma que hacen los que propagan las terribles “terapias” reparadoras o de conversión. Como la propia Asociación Mundial de Psiquiatría ha reconocido (y antes muchas otras sociedades y organizaciones científicas) estas intervenciones no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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Gabriel Montaño, de 22 años, ha perdido de forma irreversible la visión de un ojo a consecuencia de una agresión homófoba. Ha sucedido en San Juan, al este de Argentina. Los agresores, que comenzaron lanzando insultos homófobos al joven y a un amigo que lo acompañaba para luego agredirlos físicamente, aún no han sido identificados. 

La agresión ocurrió durante la semana del pasado domingo. Gabriel salía del club Rapsodia, un local en el que había estado bailando,acompañado de un amigo. De repente los jóvenes comenzaron a escuchar insultos de carácter homófobo por parte de otros dos jóvenes. Gabriel les respondió, momento en el que uno de los agresores empujó al chico que acompañaba a Gabriel mientras el otro sorprendió este desde atrás y lo golpeó con una piedra directamente sobre el rostro, con tal mala fortuna que el golpe le produjo rotura del globo ocular. Gabriel fue intervenido quirúrgicamente por oftalmólogos del Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan, pero los daños en el ojo eran tales que no pudieron salvarlo. Gabriel ha perdido la visión de ese lado en su totalidad.

Octavio Zapata contó detalles de la golpiza que recibió Gabriel y que le generó la pérdida de uno de sus ojos. Le envió un mensaje al agresor para decirle que es un cobarde. El estado de salud de la víctima es bueno, aunque las secuelas del ladrillazo durarán de por vida.

Gabriel (22) aún se recupera del ladrillazo que recibió durante la madrugada del domingo cuando salía de bailar de un boliche en la zona de Concepción, provincia de San Juan, y generó que pierda uno de sus ojos. Su pareja, Octavio Zapata, no se despega ni un segundo de su lado y mientras lo cuida le envió un mensaje al agresor: “No puedo creer que la homofobia llegue hasta este punto. Quien lo golpeó, es un cobarde”.

Octavio hace dos años y medio que está en pareja con Gabriel y cuenta que jamás vivieron una situación de discriminación. En cuanto a la noche de la golpiza, su novio expresa que la víctima venía caminando con otro amigo, cuando repentinamente comenzaron a escuchar insultos sobre su condición sexual por parte de otros dos jóvenes que caminaban por la misma zona,-Salta y Juan Alberdi. Luego de una seguidilla de violencia verbal, uno de los agresores empuja con su hombro al chico que acompañaba a Gabriel y el otro lo sorprende de atrás y le pega con un ladrillazo directamente en la cabeza.

El golpe fue tan certero y violento que perdió parte de su globo ocular en el lugar, dice Octavio. Lo que generó que sea intervenido de urgencia en el área de Oftalmología del hospital Guillermo Rawson, donde aún se recupera. El estado de salud es bueno y los médicos celebran que la infección no haya afectado al otro ojo ni parte de su cerebro, pero el dolor de semejante hecho de violencia lo cargará por siempre.

A día de hoy, ninguno de los agresores ha podido ser identificado ni detenido, aunque la familia de Gabriel no ceja en el empeño y confía en que el examen de las cámaras de videovigilancia de la zona por la Policía permitan dar con ellos.Por ahora no han logrado dar con los dos agresores, pero las cámaras de seguridad ubicadas en la zona serán la clave para poder identificarlos. Mientras tanto la hermana del joven agredido inició una campaña a través de las redes sociales para quienes tengan datos o hayan presenciado la golpiza. “Queremos que esto se siga haciendo público. Pretendemos encontrar a esta persona que agredió y seguir creando conciencia porque hoy fue mi hermano por ser gay, pero mañana es otra chica por usar un short corto, o una persona que piensa distinto en política o por un equipo de fútbol”, aseguraba su hermana, Paula Montaño. La joven dijo que los agresores venían caminando en dirección contraria a Gabriel y a su amigo. “Venían de otro boliche y hay testigos que intentaron ayudar a mi hermano y también fueron golpeados” dijo en radio Blu. Por ahora la investigación policial que realizan los efectivos de la Comisaría 2° será fundamental para dar con los jóvenes violentos.

La propia Paula pedía ayuda en redes sociales para identificarles. “Este cagón homófobico estaba vestido con gorra negra Adidas, remera rosada y pantalón de jenas negro. Agradecemos todo tipo de información”, publicaba el lunes:

Gabriel cuenta también con el apoyo emocional de Octavio, su novio desde hace dos años y medio. “No puedo creer que la homofobia llegue hasta este punto. Quien lo golpeó, es un cobarde”, ha declarado el joven, que acompañó a su pareja durante los días en que estuvo hospitalizado. Gabriel abandonó el hospital el pasado miércoles, tal y como su hermana anunció en redes sociales:

La víctima cuenta también con el respaldo de la comunidad LGTB sanjuanina. Uno de los sus referentes es Daniel Olivares, más conocido por su personaje “Dany Love”, y que es precisamente el propietario de Rapsodia, el local en el que Gabriel estuvo antes de ser agredido. “Salir a divertirte y de repente que pierdas un ojo porque sos homosexual o porque  te vieron pinta de no sé qué, es espantoso. Creo que la violencia y la expresión de odio en el contexto que sea son espantosas. Me asusta”, ha declarado. “No estamos pidiendo aceptación, estamos pidiendo respeto, queremos poder salir a la calle tranquilos y convivir todos tranquilos”, ha añadido.

Delitos de odio por LGTBfobia en Argentina

Con cierta frecuencia nos hacemos eco de agresiones por LGTBfobia en Argentina, pero ni mucho menos recogemos todos los casos. La última noticia que recogimos ocurrió en diciembre, cuando otro joven, Jonathan Castellari, fue golpeado al grito de “te vamos a matar por puto” (insulto homófobo muy usado en América Latina).

De hecho, no existen aún estadísticas oficiales acerca del número de agresiones por LGTBfobia que ocurren en ese país. El Informe de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) referido a 2015 recogía 13 asesinatos de personas de personas LGTB (7 hombres gais y 6 personas trans/travestis), todos ellos registrados gracias a su repercusión en los medios de comunicación. El primer informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (creado en mayo de 2016) reconoce por su parte 31 crímenes de odio alo largo de 2016. Ahora bien, el propio informe reconoce que esa cifra incluye solo aquellos casos que saltaron a los medios de comunicación o que fueron registrados ante entidades como la Defensoría LGBT de Buenos Aires o ante entidades de la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans). Es evidente que las cifras registradas están muy por debajo de la realidad.

Fuente: San Juan 8, vía SentidoG/Dosmanzanas

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El asesinato de la activista Marielle Franco desata una oleada de protestas en Brasil.

Marielle se había convertido en un icono de la lucha feminista y trabajaba para instaurar el Día de la Visibilidad Lésbica en el país.

Marielle Franco era afrodescendiente, abiertamente lesbiana, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Militaba en el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), y en 2016 fue elegida concejala de Río de Janeiro. En la noche del pasado miércoles, Franco fue asesinada tras participar en un acto de su partido  en favor de los derechos de las mujeres negras. Todo apunta a que existe una motivación política en su asesinato.

El pasado miércoles la activista por los derechos humanos Marielle Franco fue tiroteada mientras conducía por el centro de Río de Janeiro mientras regresaba de un acto titulado Jóvenes negras: moviendo las estructuras. En el ataque, también falleció el conductor del vehículo. En las últimas horas se ha sabido que las balas utilizadas podrían haber sido robadas a la policía.

Franco era especialmente crítica con el presidente brasileño que ha decretado una intervención militar en Río de Janeiro para combatir la violencia que azota el estado. Marielle, criada en una de las favelas más pobres de Brasil se había erigido como símbolo feminista y trataba de llevar a la agenda política las cuestiones de género. Asimismo, intentaba oficializar el “Día de la visibilidad lésbica”.

Franco, criada ella misma en una favela, era muy crítica con la violencia que habitualmente ejerce la Policía de Río de Janeiro contra los habitantes de los barrios más desfavorecidos, así como con la reciente decisión del Gobierno brasileño de militarizar la ciudad con el argumento de combatir la inseguridad. Las sospechas de que el asesinato de Franco no haya sido un delito común sino un atentado político se ven acrecentadas tanto por el proceder de los pistoleros (que interceptaron intencionadamente el vehículo en el que circulaba Franco antes de disparar contra ella y contra su chófer, que también resultó muerto) como por el hecho de que las balas utilizadas formaran parte de lotes vendidos a la Policía de Brasilia en 2006.

Lo sucedido ha provocado que miles de personas salieran a la calle este jueves y viernes en Río, Sao Paulo y otras ciudades llenando las redes sociales con los hastahags #MariellePresente y #LutoPorMarielle.

📹 Impresiomante movilización en Rio de Janeiro por el asesinato de la concejal #MarielleFranco que habia denunciado la violencia de la policía en las favelas.#MariellePresente 🇧🇷 pic.twitter.com/NMLL9jc9qR

— Oeste con vos (@oesteconvos) 16 de marzo de 2018

#MariellePresente | Una multitud se concentra en la Plaza Cinelândia, Rio de Janeiro, para rendir homenaje a la concejal Marielle Franco y Anderson Pedro, asesinados en la noche de ayer. Ella era relatora de la comisión que investiga la intervención militar. Ft: Ricardo Targino pic.twitter.com/8Pe8mZedHO

— André Vieira (@AndreteleSUR) 16 de marzo de 2018

Ahora en Brasil!! La gente marchando!! #MariellePresente pic.twitter.com/eStJ1fAkpx

— Dr Sorati (@MarianoSArg) 16 de marzo de 2018

Every day. All the time. Everywhere. #MariellePresente #LutoPorMarielle #resist #mysisterskeeper

Politician Marielle Franco assassinated in Brazil.https://t.co/g2UwCitRKs pic.twitter.com/TH2hxPurOV

— Joaille Araujo (@jdparaujo) 17 de marzo de 2018

#MarielleFranco | Continua en Rio de Janeiro el homenaje a Marielle Franco, concejal asesinada en la noche de ayer. Actos también ocurren en todo el país. #MariellePresente #MarielleVive pic.twitter.com/O37ie2zAP2

— André Vieira (@AndreteleSUR) 15 de marzo de 2018

Si la violencia patriarcal nos atropella: Sororidad, Sororidad, Sororidad#MariellePresente#TocanAUnaTocanATodas pic.twitter.com/fOPmQsQbH1

— Susana Kaufmann (@susanagkp) 15 de marzo de 2018

La actividad política de Franco se había centrado en la defensa de los sectores más desfavorecidos, y muy especialmente de los habitantes de las favelas y de las mujeres. Y aunque su condición de mujer lesbiana quizá no haya sido en este caso el factor determinante del asesinato, no puede dejar de tenerse en cuenta en un país que sufre las consecuencias de una brutal LGTBfobia. Según datos del Grupo Gay de Bahía, entre enero y septiembre de 2017 un total de 277 personas LGTB fueron víctimas de homicidio en ese país, la cifra más alta desde que este colectivo comenzó hace ya más de tres décadas a hacer este recuento.

Un deterioro al que también nos hemos referido en fechas recientes al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las “terapias” reparadoras de la homosexualidad.

No debe perderse de vista el papel que la pujanza de los grupos evangélicos está jugando. A finales de 2016, en las mismas elecciones en las que Marielle Franco conseguía su acta de concejal de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar en octubre de este año. Unas elecciones que tienen lugar, recordemos, después de un periodo de profunda regresión política tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer, vinculado a varios casos de corrupción.

Fuente | Lamarea.com, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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El activismo LGTB de Bermudas prosigue su lucha para que la ley que derogó el matrimonio igualitario sea anulada por los tribunales. Ese mismo activismo, además, solicita a quienes defienden los derechos de las minorías sexuales que no utilicen el boicot como arma contra la intolerancia, pues esa medida solo afectaría a quienes «han soportado la discriminación durante suficientes décadas». Muy al contrario, piden que se visite la isla como muestra de solidaridad o que se apoye económicamente al equipo que trata de recurrir la nueva legislación ante la Corte Suprema.

Desde que la Asamblea de Bermudas, un territorio perteneciente a la corona británica, aprobó la ley que impide que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, revirtiendo las decisiones de los tribunales, desde todas partes del mundo se han sucedido las muestras de apoyo a la comunidad LGTB isleña y la indignación por la conculcación torticera de sus derechos.

En las redes sociales saltó pronto la iniciativa para boicotear a la isla, muy dependiente económicamente del sector turístico. Se sucedían las voces que clamaban por esta medida, hasta que llegó a quienes tienen un gran poder de difusión. La conocida presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, una de las más relevantes figuras de la visibilidad lésbica, comunicaba su intención de cancelar su viaje a Bermudas, e instaba a que los demás hicieran lo mismo.

Bermuda just banned marriage equality. I guess I’m canceling my trip. Anybody else? https://t.co/c5bwUbyjZt pic.twitter.com/VpT5QQAFsq

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 7 de marzo de 2018

A activistas como Same Love Bermuda, sin embargo, les preocupa mucho esta medida por la repercusión negativa para la propia comunidad LGTB de la isla, que podría verse especialmente afectada. Desde su sitio web han solicitado que no se lleve a cabo el boicot, y que se colabore apoyando económicamente al equipo legal que trata de que la ley discriminatoria sea derogada por los tribunales. Este es el texto:

La mejor manera de ayudar
El desafío legal es el canal apropiado para conseguir justicia e igualdad en Bermudas. Algunas personas han reaccionado a la ley de uniones civiles del Gobierno de Bermudas con llamadas a un boicot. Les pedimos a todos: «No boicoteen a Bermudas», eso solo perjudicará a las personas que ya han soportado la discriminación durante suficientes décadas. La forma de ayudar a Bermudas es visitarnos o apoyar nuestra apelación constitucional ante la Corte Suprema.

Efectivamente, el abogado y ex fiscal general de Bermudas Mark Pettingill, presentó en el mes de febrero una demanda ante la Corte Suprema contra la nueva ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, en representación de Rod Ferguson, un ciudadano de Bermudas residente en Estados Unidos. Ferguson considera que negarle su derecho a contraer matrimonio es inconstitucional por suponer un «trato inhumano o degradante».

El demandante y su representante legal esperan conseguir la derogación de la ley de uniones civiles por vulnerar los derechos constitucionales de libertad de conciencia, expresión, asociación y credo y algunos relacionados con la propiedad. Pettingill cree que el caso podría llegar incluso a los tribunales europeos, por la singularidad de una situación en el que las parejas del mismo sexo pudieron contraer matrimonio durante un periodo de tiempo y después se las despojó de este derecho.

El matrimonio igualitario en Bermudas

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de «cortocircuitar» a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que, en lugar del matrimonio igualitario, instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. A principios de febrero, el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, estampaba su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Desde entonces, las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que han tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la ley que eliminó esa posibilidad siguen vigentes. Se tiene constancia de diez enlaces en el territorio y cuatro más en barcos con bandera de Bermudas.

Fuente Dosmanzanas

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Todavía resuenan los ecos de las gigantescas movilizaciones feministas en España y en cientos de países de todo el mundo. En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres también salieron a las calles para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”) y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se muestran detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. Y hasta estos días se ha mantenido el debate candente en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha retirado su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul es la supuesta introducción de la “ideología de género” en la sociedad búlgara.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión que han ejercido a partes iguales la Iglesia Ortodoxa, los grupúsculos ultranacionalistas y el retrógrado Partido Socialista Búlgaro ha provocado que el gobierno conservador de Borisov haya decidido echar para atrás la ratificación del Convenio de Estambul”.

Este eslavista español  explica que la clave del revuelo ha sido “el concepto de género social, al hablar de los roles de géneros como construcciones sociales, de defender a las minorías sexuales, incluida las trans, y también por defender la educación escolar en la diversidad sexual y de género. Todo esto, alimentado por la transfobia propia que caracteriza a los defensores del modelo tradicional y patriarcal de la familia, así a los detractores de la supuesta ‘ideología de género’”.

Previamente a la retirada de la ratificación, el pequeño partido nacionalista VMRO del ministro de Defensa Krasimir Karakachanov, un socio menor de la coalición con el GERB, aseveraba (aunque sin ningún tipo de veracidad) que el Convenio de Estambul es una forma de “introducir programas escolares para estudiar la homosexualidad y el travestismo y crear oportunidades para sacar adelante los matrimonios entre personas del mismo sexo”.

Para Marco Vidal “es cuanto menos llamativo que todos los que critican cualquier avance en materia de derechos sociales y civiles respecto al colectivo LGTB utilicen esa misma nomenclatura, la de ‘ideología de género, cuando precisamente lo que se critican son los géneros impuestos socialmente, sus roles y sus consecuencias. En Bulgaria, por desgracia, no es la izquierda parlamentaria la que aborda este tema ni se posiciona a favor del colectivo, sino que han decidido darle la mano a la Iglesia y aumentar y alimentar el monstruo de la transfobia”.

Un instrumento para la protección de las mujeres

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (solo 18 de ellos lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El pasado 18 de enero, Armenia era uno de los últimos países en rubricarlo (y no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

El propio Consejo de Europa manda un mensaje a Bulgaria

La ingente desinformación con la que distintos estamentos de poder (incluyendo políticos, religiosos y culturales) han sometido a la sociedad búlgara obligaron al Consejo de Europa a emitir un comunicado de prensa el 7 de marzo, en el que se criticaba que “en algunos países se están difundiendo ideas erróneas sobre el propósito” del Convenio de Estambul.

El Consejo de Europa alega que “con demasiada frecuencia” los roles asociados a mujeres y hombres “están definidos por estereotipos desactualizados y pueden hacer que la violencia contra las mujeres, la intimidación y el miedo sean más ‘aceptables’”. Asimismo, el Consejo explica que “algunos afirman que nuestra Convención promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no hace referencia al reconocimiento legal de dicho matrimonio. Ciertamente, el Consejo de Europa apoya los derechos LGTBI y la Convención se opone a cualquier forma de discriminación. Pero el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo está fuera del alcance de la Convención de Estambul”.

Fuente Dosmanzanas

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La brutal persecución contra la comunidad LGTB en Chechenia es una de más atroces muestras de homofobia de Estado que vivimos en la actualidad. Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco a lo largo del último año de las noticias procedentes de esta república rusa, hablando de desapariciones, torturas e incluso asesinatos de personas homosexuales en campos de concentración.

Resulta fácil y tentador achacar dicha ola represiva a una cuestión meramente cultural: considerar simplemente que la sociedad chechena es profundamente homófoba y que la violencia contra personas LGTB es algo habitual en gran parte del mundo. Sin embargo, dicha simplificación, además de ser poco precisa, también perpetua la imagen que el régimen checheno quiere precisamente vender: las identidades no heterosexuales son algo que siempre ha sido ajeno a la población chechena. Un informe publicado por la Russian LGBT Network, no obstante, ha conseguido arrojar luz sobre las causas de la brutal persecución que sufren actualmente las personas homosexuales y bisexuales en este territorio ruso.

Al preguntarnos cuáles son las raíces del brote de violencia homófoba que ha surgido recientemente en esa república caucásica, hace falta que viajemos unos años atrás en el tiempo: concretamente al año 2000. Fue entonces cuando el movimiento independentista checheno perdió la guerra contra Rusia. Chechenia pasó a estar controlada directamente por Moscú, pero la actividad terrorista por parte de grupos separatistas no cesaba. Fue en este contexto cuando el gobierno ruso decidió otorgar el mando de la República chechena a Ramzán Kadýrov, asegurándole total impunidad con tal de que suprimiera los sentimientos separatistas en la región.

En medio del conflicto entre las autoridades rusas y los independentistas chechenos, se popularizó lo que se conoce como “responsabilidad compartida”. Según esta teoría, si en una familia había una persona sospechosa de ser separatista, el resto de familiares se convertían también en responsables, y por lo tanto eran también objeto de represión por parte de las autoridades rusas. Según afirma el informe de la Russian LGBT Network, la combinación de esta teoría con las tradiciones Vainakh -originarias de la región- dieron lugar a una represión sin precedentes, en la que familias enteras fueron desplazadas y expulsadas de la región por el mero hecho de que uno de sus miembros era acusado de ser separatista. El régimen argumentaba que tal separatismo se había originado en la propia familia, y que la responsabilidad para con la propia familia era un elemento clave para proteger a la sociedad chechena. Así, la responsabilidad y el honor de la familia pasaron a ser una cuestión de gran importancia entre la población.

Paralelamente, las leyes rusas fueron substituidas en la región por un régimen ultraconservador -dirigido por Kadýrov- que fue eficazmente utilizado para amenazar y aterrorizar a la población. Chechenia, que formalmente seguía formando parte de Rusia, se convirtió en un Estado de excepción, con la excusa de la lucha antiterrorista.

No obstante, en 2011 se produjo una abrupta disminución de la actividad separatista en Chechenia. La lucha contra el terrorismo ya no era una razón válida para justificar el régimen absolutista de Kadýrov: era preciso encontrar un nuevo enemigo, un nuevo ‘otro’. Las convicciones tradicionalistas y ultraconservadoras del régimen sentaron la base para dirigir la represión contra otros grupos sociales. En un principio, las autoridades chechenas empezaron una campaña que prometía luchar por un “estilo de vida saludable” para el pueblo checheno. Durante esta campaña, diversas comisarías de policía se llenaron de personas sospechosas de ser consumidoras de alcohol o drogas. Las autoridades chechenas declararon que la existencia de dichas personas era una amenaza al bienestar de la nación, y los equiparó a los terroristas.

Sin embargo, si queremos comprender el origen de la actual persecución al colectivo LGTB, es importante matizar una diferencia. Mientras la violencia utilizada contra los terroristas pretendía directamente eliminar a los opositores políticos, el objetivo de esta segunda ola represiva era “transformar y normalizar” a aquellos considerados peligrosos para la sociedad. El objetivo de las detenciones y las torturas era devolver a las personas que “habían perdido el camino” a un estilo de vida que fuera aceptable por el Estado. Así, las campañas represivas dirigidas contra grupos sociales considerados “inadecuados” socialmente se convirtieron en algo habitual en la república. Teniendo en cuenta estas circunstancias, junto con las radicales posiciones ultraconservadoras del gobierno de la región, no es de extrañar que el colectivo LGTB de Chechenia se haya convertido en el nuevo objetivo de las políticas represivas del régimen.

Igual que en el caso de la represión contra el movimiento separatista, la idea de la “responsabilidad compartida” de las familias también se considera aplicable a la persecución al colectivo LGTB. La diferencia es que, en vez de reprimir también a los familiares de personas homosexuales, se les invita a humillarles públicamente cuando son puestos en libertad. Y lo peor es que, basándose en esa misma idea de la responsabilidad compartida, las autoridades chechenas animan a las familias de personas homosexuales a que sean ellas quien “se encarguen” del asunto. De esta forma, si quieren probar su lealtad al gobierno, deben participar también en la persecución a través de los llamados “crímenes de honor”.

La supervivencia del régimen de Kadýrov depende de la existencia un enemigo público al que hay que combatir. Finalizado el problema terrorista, el gobierno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados.

Fuente Dosmanzanas

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La asociación Amlega de Melilla, junto con la Consejería de Bienestar Social de la ciudad autónoma, ha promovido la creación del Observatorio Melillense contra el Odio LGTBfóbico, con el fin de proteger a las víctimas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. “En Melilla, concretamente, las personas jóvenes, el acoso escolar y los peticionarios de asilo son las principales víctimas“, comenta a dosmanzanas Rafa Robles, presidente de Amlega.

El observatorio, que tiene como ámbito de actuación la ciudad autónoma de Melilla, vio la luz el pasado mes de febrero, con un primer acto celebrado en la sede melillense de la UNED que contó con la presencia de Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es muy importante que, en una ciudad como Melilla, exista un observatorio de estas características. La FELGTB va a firmar un convenio con este observatorio. Se trata de crear una red de observatorio que trabaja en la ayuda a todas las víctimas de este tipo de delitos“, comentó.

Otra de las ponentes con las que contó el acto fue Vanesa Eguiluz, directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. “Las instituciones deben asumir su deber de respetar y garantizar los derechos de toda la ciudadanía. Por eso es necesario introducir las políticas LGTBI en todas las instituciones y dotarlas de recursos económicos y humanos para poder generar un cambio social real y ciudades mucho más diversas donde todos podamos vivir libremente“, expresó. Por su parte, el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, apuntó que hay que “educar en valores con todos los recursos” para que este odio hacia la diversidad sexual desaparezca de nuestra sociedad, y se mostró esperanzado con la puesta en marcha de este proyecto.

¿Cuántos incidentes relacionados con delitos de odio por LGTBfobia se cometen al año en Melilla? “Según los datos del Ministerio del Interior, que es lo que se denuncia, estamos en la media como el resto del país. Pero lo que no se denuncia puede representar hasta el 80%“, responde Robles. Efectivamente, tal y como ocurre en otras ciudades, se da el fenómeno de la infradenuncia. Esto se debe, entre otras cosas, al sentimiento de culpa, a no querer ser públicamente reconocido por tu orientación o identidad o al miedo a denunciar que experimenta la víctima de estos accidentes por diversas razones.

De carácter autonómico, el Observatorio asistirá a todas las personas que hayan sufrido una agresión o incidente de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en Melilla. De momento, Amlega está trabajando en la puesta en marcha una página web (www.amlega.es), que en breve estará funcionando, y esperan disponer en breve de una oficina física e infraestructura para mejorar la posible atención jurídica, sanitaria o educativa. “Queremos concurrir a convocatoria de subvenciones de la Consejería de Bienestar Social para crear una infraestructura“, apostilla Robles.

Te dejamos con el vídeo de presentación del Observatorio, de algo más de siete minutos de duración:

Fuente Dosmanzanas

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No es una reivindicación nueva, sin embargo, el colectivo Lambda mantiene su lucha contra el cántico homófobo de “maricón el que no bote” y logra ir sumando apoyos. Esta histórica organización LGTB inició en 2015 una campaña pidiendo a la sociedad valenciana que cambiase la palabra “maricón” por “borinot” en la conocida canción festiva, cuya música es muy habitual entre las numerosas bandas que tocan en directo por toda Valencia y otros municipios en los que se celebran las Fallas. “El objetivo no era otro que hacer unas Fallas más respetuosas e inclusivas para las personas LGTB”, reflexionan desde Lambda. Por otra parte, hasta el 14 de marzo las comisiones falleras de la ciudad del Turia pueden inscribirse para participar en los premios Arco Iris, con el objetivo de mostrar la diversidad sexual, de género y familiar en las fiestas valencianas.

La fiesta valenciana de las Fallas es de costumbres arraigadas. Muchas de ellas son de carácter histórico y positivas: la tradición artística, el mantenimiento de oficios tradicionales, la indumentaria, la gastronomía, la música… Pero hay algunos tics que, a fuerza de pedagogía e insistencia, parece que comienzan a revertirse. Quizá el más sonado sea el cántico de “maricón el que no bote”, contra el que el colectivo Lambda lleva años realizando una auténtica cruzada fallera, proponiendo como alternativa no ofensiva: “borinot el que no bote”.

La música en directo, en prácticamente todos los barrios de la ciudad, es un hecho durante la semana de Fallas. Y es que, a pesar de que Valencia es la ciudad con más bandas de música de España, la demanda durante fiestas (recordemos que hay cerca de 400 comisiones falleras solo en el Cap i Casal) obliga a contratar a bandas y sociedades musicales de todos los rincones de la Comunidad Valenciana. Este hecho permite hacerse una idea de lo complicado que puede llegar a resultar desmontar una tradición homófoba y que nada tiene que ver con el carácter creativo, histórico, integrador y crítico de las Fallas.

En palabras de Fani Boronat, coordinadora general de Lambda, “la acogida ha sido inmejorable. Desde principios de año, antes de promocionar la campaña, hemos recibido llamadas, mails y peticiones por redes sociales de todo tipo de personas, asociaciones y entidades para sumarse a la campaña. Por ello, queremos dar las gracias al mundo fallero por hacer de la fiesta un espacio más libre e igualitario”.

En otro orden de cosas, sigue abierto el plazo, hasta el próximo 14 de marzo, para que las comisiones que incluyen escenas falleras inclusivas con la diversidad sexual, de género y familiar inscriban su participación en los premios Arco Iris. La intención, según justifica Lambda, es “contrarrestar la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia todavía existente en nuestra sociedad”. El año pasado, como recogía dosmanzanas, la lucha contra el acoso escolar transfóbico protagonizaba estos premios falleros del Colectivo Lambda en su primera edición infantil.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia de la que ya dimos cuenta ayer viernes…

Daniela Vega ha vuelto a Chile. Junto con el equipo de Una mujer fantástica, la actriz ha sido recibida por la todavía presidenta Michelle Bachelet. Y a la salida del Palacio de La Moneda ha pronunciado un breve pero contundente discurso, en el que denuncia que a día de hoy su país continúe negándole a ella y al resto de las personas trans su derecho a ver reconocido legalmente su identidad. “En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre”, ha destacado. Entretanto, espoleado por el hecho de que el Óscar para una película tan valiente haya llegado antes que la ley de identidad de género (que lleva esperando casi cinco años) el Congreso de Chile parece que por fin se apresura a dar los pasos finales. Veremos si culmina el proceso…

“La gente trans existió desde el día 1 de existencia de la humanidad”, arrancaba el discurso de Daniela Vega, que alababa la capacidad del cine, y del arte en general, para contribuir a la mejora de la humanidad y explorar sus límites. “Y esta película propone donde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables, y quién pone esa barrera. Esta película lo que hace es preguntarse cosas, es cuestionárselo todo, desde el género, la familia, el amor, la muerte, la vida…”, continuaba. Pero Daniela Vega no se limitaba a hablar de la película en la que tan magistralmente interpreta a una mujer despreciada por la familia de su pareja, recientemente fallecida, y discriminada por su condición de mujer trans. La actriz denunciaba su propia situación en la vida real: “En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, porque el país en el que yo nací no me entrega esa posibilidad, y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va, esperando eso…”:

Una noticia que ilustra bien la situación de Daniela Vega es el hecho de que la Municipalidad de Ñuñoa, que hace solo unos días anunciaba el nombramiento de la actriz como “hija ilustre”, haya dado marcha atrás por las “dificultades administrativas”que supone inscribirla con un nombre distinto al que aparece en sus documentos oficiales, y haya decidido en su lugar crear un “premio comunal a las Artes” con el que homenajearla.

Empujón al proceso de aprobación de la ley de identidad de género

Esta semana hacíamos, de hecho, un repaso a la situación del proyecto de ley de identidad de género en Chile, que comenzó a tramitarse hace casi cinco años. Ahí comentábamos que ya había pasado por Senado (primero) y por Cámara de Diputados (después), que habían aprobado dos versiones distintas. La de la Cámara de Diputados era mucho más avanzada y próxima a las demandas de los colectivos, pero en el último momento la falta de aprobación de un artículo dejaba en un limbo legal la situación de los menores transexuales. En cualquier caso, al tratarse de dos textos distintos, la propuesta debía volver de nuevo al Senado y pasar después, en caso de que este rechazase el texto de la Cámara de Diputados, a una fase de conciliación entre las dos cámaras.

Y así ha sido lo que ha sucedido, de hecho: el Gobierno de Bachelet declaraba por fin el proyecto como de “suma urgencia” y forzaba su paso por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que rechazaba las mejoras introducidas por la Cámara de Diputados. Sobre el papel ello podría considerarse una noticia negativa, pero en la práctica supone que ahora debe ser una comisión mixta Senado-Cámara de Diputados la que debe llegar a un acuerdo.

Y es en este paso final del procedimiento en el que los activistas LGTB tienen depositadas las esperanzas de que el proyecto más avanzado se imponga, corrigiéndose si es posible el “agujero legal” sobre los menores transexuales al que dio lugar la votación de la Cámara de Diputados (por un lado, se rechazó una propuesta que restringía el cambio de nombre y sexo legal a los mayores de 18 años, mientras que por otro, por falta de quórum, fue rechazado el artículo que definía los pasos que debían seguir los menores para rectificar su partida de nacimiento). “Si bien es cierto la Cámara de Diputados había mejorado en enero pasado el deficiente proyecto que le había enviado el Senado, no todo estaba resuelto, por lo que lo mejor era pasar a Comisión Mixta y sin la revisión de una Comisión que había sido hostil a esta iniciativa durante cuatro años de tramitación”, ha expresado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

Estaremos atentos a lo que sucede, que será ya con un Congreso renovado (este próximo 11 de marzo comienza su andadura una nueva legislatura).

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Una mujer fantástica ha ganado el Óscar a la Mejor película en lengua no inglesa. Es la primera vez que una película chilena lo logra. Su protagonista, Daniela Vega, ocupa las portadas de los periódicos de su país. La presidenta saliente, Michelle Bachelet, se felicita en Twitter. Lo mismo hace el presidente entrante, Sebastián Piñera. La municipalidad de Ñuñoa, en Santiago de Chile, quiere nombrar a Vega hija ilustre. Sin embargo, la actriz que pasea el nombre de Chile por todo el mundo se ve obligada a viajar con pasaporte masculino. Hace casi cinco años que comenzó en el Congreso de Chile la tramitación de una ley de identidad de género, y en todo un lustro los políticos chilenos han sido incapaces de aprobarla. Pocas veces como tras el Óscar a Una mujer fantástica queda al descubierto la hipocresía de la clase política (o al menos de una parte importante de ella) cuando de derechos LGTB se trata. 

La legislación sobre identidad de género comenzó a tramitarse en Chile en mayo de 2013. Tuvieron que pasar más de cuatro años para que por fin, en junio de 2017, nos hiciéramos eco de la aprobación del proyecto por el Senado chileno. Lo hacíamos, eso sí, en tono agridulce: el proyecto suponía pocas mejoras sobre la situación actual, al mantener la tutela judicial y la patologización de la transexualidad (exigía informes médicos con carácter obligatorio) y al excluir a menores y a personas casadas.

Por fortuna, tras la presión y denuncia de los colectivos, el proyecto resultó sensiblemente mejorado a su paso por la Cámara de Diputados: los mayores de 18 años, según esta nueva versión, podrán cambiar su nombre y sexo legal con un trámite administrativo en el Registro Civil sin necesidad de ningún tipo de certificado médico o psicológico (aunque en el caso de personas casadas el trámite deberá realizarse en tribunales de familia).

El proyecto, tal y como fue despachado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, posibilitaba también que los menores de 18 años pudiesen solicitar su cambio de nombre y sexo legal, aunque en este caso la decisión sí debía recibir el visto bueno de los tribunales de familia y el menor se veía obligado a contar con el consentimiento de sus padres, madres o tutores legales, además de aportar certificados o testimonios que acreditasen la identidad de género. En cualquier caso, ello suponía una sensible mejora sobre el proyecto que fue aprobado por el Senado, que negaba a los menores cualquier posibilidad de ver legalmente reconocida su identidad. Sin embargo, cuando llegó la hora de votar artículo a artículo la ley, de nuevo los políticos chilenos fallaron a sus conciudadanos LGTB. Por un lado, se rechazó una propuesta que restringía el cambio de nombre y sexo legal a los mayores de 18 años, mientras que por otro, por falta de quórum, también fue rechazado el artículo que definía los pasos que debían seguir los menores de 18 años para rectificar su partida de nacimiento. Niños, niñas y adolescentes trans quedaban así atrapados en un “limbo legal” de díficil solución… a no ser que se corrija el proyecto. “Tal ambigüedad, que vuelve agridulce la jornada de hoy, deberá resolverla una Comisión Mixta”, expresaba en su momento el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

En estos momentos, y como muy pedagógicamente muestra en la siguiente infografía la Fundación Iguales (otro colectivo LGTB chileno), el texto debe ser examinado de nuevo por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y pasar después a una fase de conciliación entre las dos cámaras:

Este es el status actual del proyecto de ley de identidad de género. Seguimos trabajando y empujando por los derechos de la diversidad. https://t.co/JezrMA9XyP pic.twitter.com/8LfpHWTcmN

— Fundación Iguales (@IgualesChile) 1 de marzo de 2018

Un proceso que podría mejorar el proyecto o quizá suponer retrocesos sobre lo aprobado. Con la dificultad añadida de que en muy pocos días (el 11 de marzo) un nuevo y muy fragmentado Congreso, resultante de las elecciones del pasado noviembre, comienza su andadura. Ese día también se producirá el relevo presidencial, de forma que el conservador Sebastián Piñera asumirá de forma efectiva la presidencia del país.

“Chile ha hecho historia con un guión que expone lo peor y mejor de nuestro país. Sin ir más lejos, Daniela Vega está representando a todo un país ante el mundo con un pasaporte que no respeta su nombre, ni su género. Representa a un país cuyas leyes violentan sus derechos humanos más básicos”, expresaba este mismo lunes el MOVILH. “La felicidad de gobernantes y legisladores por el triunfo de Una mujer fantástica exige como mínima coherencia dar discusión inmediata a la ley de identidad de género, protegiendo derechos de personas trans desde su niñez y sin letras chicas. Una ley que no incorpore a niños y niñas es lapidar la infancia de las personas trans. Eso el Estado de Chile no lo puede seguir tolerando”., ha añadido su portavoz, Rolando Jiménez.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en enero de este mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos daba a conocer una contundente opinión consultiva en la que entre otras cosas se considera que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida es un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Como consecuencia, los Estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. La Corte Interamericana, además, especifica cuáles deben ser las condiciones mínimas a las que deben adecuarse estos procedimientos. Entre ellas, no deben incluir la exigencia de certificaciones médicas o psicológicas patologizantes ni requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales.

Teniendo en cuenta que Chile es uno de los países que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo lógico sería que la ley de identidad de género sea aprobada ya respetando dichas premisas. Y así lo expresaba la todavía Presidenta Michelle Bachellet

El creciente consenso en torno a que Chile tenga una ley de identidad de género, debe transformarse en hechos concretos. Por ello, decidí darle suma urgencia al proyecto que está en su última etapa en el Congreso. ¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando!

— Michelle Bachelet (@mbachelet) 6 de marzo de 2018

Veremos sí es así, se preguntaba Dosmanzanas… Hoy podemos de cir que, anteayer…

El Senado despachó a Comisión Mixta el Proyecto de Ley de Identidad de Género

Luego de que el Gobierno diese discusión inmediata a la tramitación en medio del debate causado por “Una Mujer Fantástica”

El Senado rechazó anoche las modificaciones a la Ley de Identidad de Género propuestas por la Cámara de Diputados, diferencia que deberá ser zanjada por una Comisión Mixta cuya composición se conocerá tras el cambio de mando.

La medida se adoptó luego de que el Gobierno elevara de suma urgencia a discusión inmediata el proyecto, lo cual llevó al Senado a eximir a la iniciativa del examen de su Comisión de Derechos Humanos, que presidente Jacqueline Van Rysselberghe,  y a despacharla a Comisión Mixta.

“Si bien es cierto la Cámara de Diputados había mejorado en enero pasado el deficiente proyecto que le había enviado el Senado, no todo estaba resuelto, por lo que lo mejor era pasar a Comisión Mixta y sin la revisión de una Comisión que había sido hostil a esta iniciativa durante 4 años de tramitación”, dijo el Movilh.

En efecto, en junio pasado el Senado despachó su propuesta de ley de identidad de genero, la cual al igual que el proyecto original excluía a los niños, niñas y adolescentes y a las personas casadas, además de exigir certificados psiquiátricos o psicológicos a los mayores de 18 años para cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil, entre otras deficiencias.

La Cámara de Diputados mejoró todos essos problemas, pero dejó un vacío: si bien incluyó a niños y niñas, no reguló el proceso judicial o administrativo que les permitirá cambiar su nombre o sexo legal, resultando así necesaria la Comisión Mixta,.

Tras ser analizado por la Comisión Mixta, el proyecto será sometido a votación de las salas del Senado y de la Cámara.

El efecto de Una Mujer Fantástica

En clara referencia al debate causado por la cinta “Una Mujer Fantástica”, y horas antes de la revisión en sala del Senado, la presidenta Bachelet sostuvo, como aparece más arriba,  ayer en twitter que “el creciente consenso en torno a que Chile tenga una ley de identidad de género, debe transformarse en hechos concretos. Por ello, decidí darle suma urgencia al proyecto que está en su última etapa en el Congreso. ¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando!”.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez (cuyas gestiones lograron en  poco más de año acelerar y superar tres años previos de lenta y engorrosa tramitación de la ley), dijo que si bien “lo deseable habría sido tener despachado el proyecto de ley (…) es importante que hayamos logrado concluir el tercer trámite, porque era lo que nos habíamos propuesto”.

“Cada uno de estos pasitos son fundamentales para el resultado final” , redondeó, junto con valorar que “Una Mujer Fantástica” hubiese instalado “en el debate público una realidad que han vivido las personas trans durante todo este tiempo, sin reconocimiento y sin garantía de sus derechos”.

Minutos después del despacho del proyecto en el Senado, el equipo de “Una Mujer Fantástica” se reunió en el Palacio de La Moneda con al presidenta Michelle Bachelet

En la ocasión la actriz Daniela Vega sostuvo que “en este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad”. “Una y otra vez se ha ido postergando” el proyecto de ley de identidad de identidad de género, dijo para cuestionar que “¿No es más caro tener en la Comisión de Derechos Humanos 5 o más años una ley que puede ser despachada en 6 sesiones porque no le cuesta un peso al Estado?”.

Por su lado, el Movilh apuntó esta jornada que “el cine ha demostrado ser una poderosa herramienta para los cambios políticos, por tanto de parte del movimiento LGBTI los/as creadores/as y responsables de “Una Mujer Fantástica” merecen un doble aplauso. Además de dar un Oscar a Chile, han contribuido a acercar una ley necesaria, que suma casi 5 años de tramitación legislativa y más de 10 años debate público”.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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El Juez Robert Allen Katzmann y Trump

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York sentencia que la orientación sexual sí está protegida por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles; llevándole la contraria a la Casa Blanca.

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca una de las primeras cosas que hizo fue cargarse uno de los grandes avances que la administración Obama había llevado a cabo en materia de derechos LGTB+. No, no tumbó el matrimonio igualitario (aunque ganas no le faltan): dijo que la LGTBfobia no es discriminación sexual.

La Ley de Derechos Civiles estadounidense de 1964 deja claro, en su Título VII, que cualquier tipo de discriminación sexual está prohibida. Obama dio orden al Departamento de Justicia de que comenzaran a incluir la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género dentro de ese Título. Pero Trump, cuando cambió a los funcionarios apropiados, dijo lo contrario y de repente las personas LGTB podíamos ser discriminadas de forma legal porque no hay ninguna ley federal (aunque sí algunas estatales) que nos proteja si, por ejemplo, tu jefe decide despedirte por maricón.

Cuando un tribunal le dio la razón a la empresa porque entendían que el Título VII (que prohíbe la discriminación sexual) no incluye la discriminación por orientación sexual, el equipo legal de Zarda recurrió la sentencia en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. El pasado lunes ese tribunal, formado por 13 jueces, le dio la vuelta a esa sentencia y dictaminó que sí, que a pesar de lo que diga Trump el Título VII sí prohíbe la discriminación en base a orientación sexual, identidad y expresión de género puesto que es obvio que existe una relación entre ambas cosas.

El Juez Robert Allen Katzmann escribió en su sentencia que el tribunal sostiene que “la discriminación por orientación sexual constituye una forma de discriminación ‘en base a… el sexo’” y, por lo tanto el despido de Zarda violó el Título VII de la Ley de Derechos Civiles. “Una mujer que es víctima de una acción adversa por parte de su empleador porque se siente atraída por otras mujeres habría sido tratada de forma diferente si hubiera sido un hombre que se siente atraído por mujeres. Por lo tanto podemos concluir que la orientación sexual es una función del sexo y, por extensión, la discriminación por orientación sexual es un subconjunto de la discriminación sexual.”

Desde la Human Rights Campaign su Directora Legal, Sarah Warbelow, ha calificado la sentencia como “una victoria a largo plazo por la igualdad”: “La sentencia del Segundo Circuito afirma lo que ya sabíamos: la orientación sexual es una característica protegida bajo el Título VII. Las personas LGTBIQ tienen derecho a un entorno laboral seguro.”

Aunque puede parecer poca cosa, lo cierto es que esta sentencia es un varapalo bastante gordo para la LGTBfobia de la administración Trump. Si alguien quiere recurrirla solo podrá recurrir al Tribunal Supremo, puesto que este dictamen sienta un precedente legal que todos los juzgados del país habrán de respetar en casos similares.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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El Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

• A favor:
  • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
    • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
  • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
    • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
• En contra:
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
• Abstenciones:
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Kim Davis publica un libro en el que se erige como mártir y carga contra los “furiosos y vociferantes hombres homosexuales”

La funcionaria homófoba presenta su libro sobre “cómo Dios la ayudó a defender el matrimonio”.

Está publicado por Liberty Counsel, la firma de abogados que la defendió y que aseguraba que “a los homófobos se les trataba como los nazis a los judíos”. 

La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada por un delito de desacato en 2015 al desobedecer una orden judicial y bloquear la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, vuelve a la carga. Elevada a los altares de los sectores LGTBfóbicos, ultraconservadores y extremistas religiosos, Davis sigue explotando su pretendido rol de mártir en beneficio propio. Under God’s Authority: The Kim Davis Story (cuya traducción literal sería: Bajo la autoridad de Dios: la historia de Kim Davis), el libro que acaba de salir a la venta y que recoge su historia desde su propio y sesgado punto de vista, es una nueva muestra de su proceso de victimización. Los “malos”, según sus propias palabras, son “los furiosos y vociferantes hombres homosexuales”. Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, asegura que “es una gran lectura. Pero más que eso, esta notable historia de lo que Dios hizo en la vida de Kim me da esperanza para nuestra nación”. La última vez que Davis consiguió titulares fue el pasado mes de octubre, cuando se embarcó en un viaje de nueve días a Rumanía con el asesor de Liberty, Harry Mihet. Ambos se reunieron con grupos religiosos con el objetivo de alentar a los legisladores de este país a adoptar medidas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo el veto constitucional discriminatorio.

Hacía mucho que no sabíamos nada de Kim Davis, nuestra homófoba favorita. Seguramente la recuerdes como la funcionaria homófoba de Kentucky que se negó a dar las licencias de matrimonio a cualquier pareja, heterosexuales incluidas, para evitar que las homosexuales pudieran casarse y por lo que estuvo cinco días en prisión.

Y ahora hemos sabido el motivo: ha estado ocupada coescribiendo un libro que, atención “va más allá de los entresijos y nos descubre cómo Dios le ha dado una plataforma para defender el mundo y la libertad religiosa”. Así al menos es como se anuncia en la web donde se puede comprar, que por cierto, es la del Liberty Counsel, la firma de abogados que defendió a Kim y que le organizó una gira por Rumanía contra el matrimonio igualitario y que se quejó porque a los pobres homófobos se les estaba tratando como los nazis a los judíos.

En la contraportada se puede leer esta magnífica sinopsis: “Es la historia de cómo Dios transformó su vida en 2011, por qué se retiró en 2014, y como sabía seis meses antes de la desastrosa decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y cómo la llevaría a la cárcel”. Vamos, que ahora Kim también es vidente.

En una cultura que degrada a las personas que obedecen obedientemente a Jesús, Kim Davis recurrió a su fortaleza cuando experimentó (y soportó) la persecución de la cultura, el tribunal y la muchedumbre, y sobrevivió para contarlo en su fascinante libro”, dice Franklin Graham, CEO de Billy Graham Evangelistic Association y Samaritan’s Purse. Para Graham, “su historia demuestra que una persona realmente puede hacer la diferencia cuando toma una posición por Cristo”. Así queda recogido en la web de Liberty Counsel, una “firma de abogados por las libertades civiles religiosas de interés público nacional” de EE UU, abiertamente LGTBfóbica, que publica y distribuye la obra de Kim Davis.

El libro Under God’s Authority: The Kim Davis Story está coescrito por John Aman, director de servicios creativos de Liberty Counsel, y Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, que representó a Davis durante su caso en los tribunales estadounidenses. Además del referido apoyo del exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, Kim Davis también cuenta con el respaldo político de Matt Bevin, gobernador de Kentucky (el tercer republicano en acceder al cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial). En opinión de Bevin, “cuando la historia recurrió a Kim, ella estaba lista y dispuesta para responder”.

Activistas LGTBI locales señalan, en cambio, que el libro de Kim Davis debería llamarse Kim Davis Cost to Kentucky Taxpayers (cuya traducción sería: Coste para los contribuyentes de Kentucky), ya que las posiciones de la funcionaria supusieron un gasto de 222.695 dólares a cuenta del erario público, en concepto de honorarios legales.

Con la salida a la luz de su libro, Kim Davis pretende hacer campaña para ser reelegida en su puesto de funcionaria. Y no lo tendrá aparentemente fácil, dada la fuerte oposición de los demócratas, que quieren echarla de la oficina del registro. Entre ellos se encuentra David Ermold, uno de los hombres a los que Davis negó una licencia de matrimonio. Ermold se postula para “restaurar el liderazgo profesional, la equidad y la responsabilidad”.

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El pasado 23 de febrero, tal y como había anunciado y sin ningún tipo de cortapisa, la organización ultraconservadora HazteOír celebró en un local del centro comercial ABC Serrano de Madrid su denominado “congreso internacional sobre género, sexo y educación”,  y que no era otra cosa que un evento LGTBfobo del que la propia HazteOír presumía en días previos de que vulneraba la legislación. Pues bien, dos activistas que protestaron contra el acto fueron detenidos. El resto fueron identificados. El colectivo universitario RQTR se ha movilizado en su ayuda, movilización que consideramos necesario difundir. 

“El I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación incumplirá todas las leyes LGTBI en vigor en España”, presumía HazteOír:

Pues bien, pese a tratarse de un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que iba a incumplir la ley se celebró sin problema alguno. Al encuentro acudieron, según HazteOír, “expertos y científicos internacionales [sic]“, habituales de este tipo de eventos y que pese su diferente pelaje tenían en común su negacionismo del principio de autodeterminación de género y su transfobia. Entre ellos, por ejemplo, Michelle Cretella, presidenta del American College of Pediatricians, un grupúsculo de pediatras ultraconservadores considerado “grupo de odio” por el Southern Poverty Law Center (SPLC, una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur), Walt Heyer, que se define a sí mismo como “extransexual” o Miriam Ben-Shalom, una activista lesbiana ferozmente contraria al derecho de las personas trans a utilizar baños y otras instalaciones públicas acordes con su identidad de género.

Según el resumen que el periodista Javier García Martín hizo del evento en Madrid Diario, allí pudieron escucharse barbaridades del tipo de que las mujeres trans son hombres fetichistas que se disfrazan, que existe una conexión entre los hogares sin un padre o una madre con el  consumo de drogas, que las niñas trans son en muchos casos víctimas de abusos sexuales o que las “terapias” de conversión de gais y lesbianas deberían ser tan naturales como los injertos de pelo. En definitiva, lo esperado: un ataque frontal a la dignidad de las personas LGTB, que además tenía lugar pocos días después del suicidio de un adolescente trans en el País Vasco.

Resulta cuanto menos curioso que un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que incumpliría la ley se pudiese celebrar sin problema alguno: ni la administración autonómica (recordemos que la Comunidad de Madrid tiene en vigor desde 2016 una ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTB) ni las autoridades policiales o judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron detenidas.

Según asegura RQTR, “la reacción, tanto de la policía como de la seguridad privada, fue brutal: se produjeron empujones, patadas y zarandeos, así como insultos y escarnios varios. Dos personas fueron detenidas y llevadas a comisaría, y la policía identificó al resto”. Los manifestantes, según este colectivo, “se enfrentan a acusaciones de coacción, desobediencia y atentado contra la autoridad, lo que conlleva multas, gastos judiciales y condenas de prisión de hasta cuatro años”.

“HazteOír habla de una ‘ideología de género’ que se está imponiendo de forma totalitaria, que atenta contra el ‘sentido común’ y las libertades individuales. Mientras tanto, por poner únicamente dos ejemplos, tan solo en Madrid se han producido 300 agresiones LGTBIfobicas en el último año, y según estudios de The William Institute más del 40% de personas trans han reportado intentos de suicidio (frente a un 4% de personas cisheteros). Todo esto es consecuencia directa de los discursos de odio que se propagan de forma más o menos explícita en todos los sectores de la sociedad, y que alcanzan su culmen con la ideología extremista de HazteOír”, expresan desde RQTR.

“Defender a toda costa la ‘libertad de expresión’ de estas agrupaciones no solo disminuye las libertades de los colectivos más marginalizados, sino que legitima y alimenta las violencias que aún a día de hoy se siguen ejerciendo diariamente sobre estas personas, llegando no solo a la discriminación, burlas y acoso, sino a suicidios y asesinatos. Ante esta profunda injusticia, hacemos un llamamiento de solidaridad y apoyo mutuo, pues consideramos que las ideologías de odio no deberían tener cabida en una sociedad democrática e inclusiva, y que solo a través de la acción colectiva conseguiremos acabar con este sistema injusto y violento”, añaden.

“Caja de resistencia” para ayudar a sufragar gastos judiciales

RQTR celebró este miércoles una asamblea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid para solidarizarse con los activistas que fueron detenidos y/o identificados y planear futuras iniciativas de ayuda. Puedes seguirles en sus perfiles de Twitter, de Facebook o de Instagram para más información. También se ha abierto una “caja de resistencia” en PayPal (enlace) para recaudar fondos que contribuyan a sufragar los gastos judiciales que se les avecinan.

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