Acude nervioso a la entrevista de CBC, la radiotelevisión pública canadiense. Mientras se cubre la cabeza con la capucha de su sudadera, insiste en que su identidad no sea revelada. “Tengo miedo por mi vida y por mi familia”, asegura nada más empezar.

Se trata de un superviviente de la brutal persecución homófoba iniciada en Chechenia el pasado año 2017. La pasada primavera nos llegaban noticias estremecedoras de esta república rusa: al menos 100 personas habrían sido detenidas, torturadas y encarceladas , “sospechosas” de ser homosexuales. Algunas fuentes hablaban incluso de la existencia de verdaderos campos de exterminio. Elena Milashina, periodista del diario que reportó los hechos el pasado abril, ya anunciaba que les constaba la existencia de cuatro cárceles secretas donde se mantenían detenidas a personas LGTB y donde estas eran golpeadas, torturadas y asesinadas.

A pesar del miedo, uno de los testigos de este horror accedió a ser entrevistado el pasado septiembre en Canadá, país donde se encontraba refugiado desde hacía dos meses. Según declaró, aceptó a responder a las preguntas de los periodistas ya que “le dolía el alma”. Le dolía por todos aquellos que han tenido que pasar por esta odisea, por todos aquellos que aún están sufriendo esta atroz persecución. Según decía, explicar su historia era también una manera de decir ‘gracias’ a todos aquellos que le habían ayudado a escapar.

Su particular calvario empezó cuando varios militares irrumpieron en su puesto de trabajo para arrestarlo, intoducirlo por la fuerza en el maletero de un coche y llevarlo a una comisaría secreta, donde fue golpeado y torturado. En la entrevista, explica que fue víctima de todo tipo de golpes y patadas, e incluso de electroshocks. “Con tan solo experimentar los electroshocks una vez es suficiente para darte cuenta de que no quieres soportarlo ni una vez más. Eso fue lo más difícil de todo”, aseguró. El objetivo de estas torturas: que revelara información sobre otros hombres homosexuales. Aún así, en un arrebato de valentía, les dio nombres falsos para que nadie más tuviera que pasar por semejante tortura.

Después de tres semanas, fue liberado juntamente con otros detenidos. Sus familias fueron informadas. En la entrevista, prefirió no hablar de la reacción de su familia cuando conocieron lo ocurrido. Finalmente, consiguió ponerse en contacto con una organización de derechos humanos, quienes le ayudaron a huir a Moscú primero, para desde allí empezar su viaje hacia Canadá.

El ‘plan secreto’ del gobierno canadiense

Poco después de que los medios internacionales sacaran a la luz las primeras noticias sobre la persecución homófoba en Chechenia, el gobierno de Canadá condenó los hechos pero lamentaba no poder hacer nada para ayudar a las víctimas puesto que estas aún se encontraban en territorio ruso. No obstante, el ejecutivo presidido por Justin Trudeau ya había puesto en marcha un plan oculto, del que ya informamos hace unos meses.

Todo empezó gracias a la organización Rainbow Railroad, una ONG canadiense que ayuda a personas que han sido víctimas de persecución por su orientación sexoafectiva o su identidad de género en todo el mundo. Rainbow Railroad consiguió alertar al gobierno canadiense sobre la gravedad de la situación en Chechenia, y presionó para que se tomaran medidas. Después de recibir presiones por parte de esta y otras organizaciones como Human Rights Watch, el gobierno de Justin Trudeau se comprometió a actuar, pese al riesgo en que ello ponía las ya deterioradas relaciones entre Rusia y Canadá.

Una vía secreta para escapar

El Gobierno de Canadá y Rainbow Railroad iniciaron una colaboración con Russian LGBT Network, organización LGTB rusa que ha ayudado a decenas de homosexuales chechenos a huir a otras partes de Rusia y al extranjero. Países europeos como Francia, Alemania y Lituania habrían otorgado el asilo a algunas personas que huían de la purga homófoba.

No obstante, tanto el ejecutivo canadiense como las organizaciones colaboradoras eran conscientes de que Europa no era el lugar más seguro para las víctimas de la persecución homófoba en Chechenia, a causa del elevado número de migrantes chechenos presentes en distintos países europeos. De hecho algunos refugiados LGTB provinentes de Chechenia habrían sufrido ya amenazas y ataques por parte de sus compatriotas emigrados a diversos países de Europa. Además, Canadá ha sido el único país que ha adoptado un programa organizado y metódico para ayudar a las víctimas a huir de la persecución.

El secreto se mantuvo durante meses para evitar poner en peligro a las personas a las que se trataba de ayudar. En el trascurso del programa, el Gobierno canadiense ha tenido que afrontar los problemas que supone tramitar peticiones de asilo a distancia –puesto que la mayoría de los solicitantes se encontraban aún en Rusia– y ha tenido que realizar investigaciones para poder demostrar que las personas homosexuales chechenas no podían obtener protección en otras partes de la Federación Rusa. El hecho de no poder pedir esa protección en ningún otro lugar del propio país de origen es uno de los requisitos legales para tramitar la protección internacional. Por otra parte, además de cooperar con la Russian LGBT Network para procesar las peticiones de asilo y ayudar a estas personas a viajar de una forma segura hacia Canadá, el gobierno proporcionó un programa de ayuda de un año para cuando dichos refugiados llegaran al territorio nacional.

Cuando por fin se consiguió que esas personas llegaran al Canadá, llegó la hora de desvelar la existencia del plan secreto de evacuación. Hasta el mes de septiembre había permitido reconocer el asilo a 31 homosexuales chechenos, de los cuales 22 se encontraban ya en esa fecha en territorio canadiense. Según afirmó Kimahli Powell, director ejecutivo de la organización Rainbow Railroad, era necesario que la población canadiense conociera de la llegada de refugiados chechenos para poder ayudarles en la inserción laboral, el aprendizaje de la lengua y proporcionarles el asesoramiento necesario. “Aún se encuentran desconcertados”, afirmaba Powell. “Necesitarán ayuda, aún temen por sus vidas. Todavía se están acostumbrando a entender que están fuera de peligro, que pueden empezar una nueva vida”, añadía.

La concesión del estatus de refugiado ha permitido a todas esas personas obtener el permiso de residencia permanente y la plena nacionalidad canadiense. Muchos de estos refugiados homosexuales están siendo ayudados por organizaciones LGTB locales. Puesto que han sufrido en su propia piel una brutal persecución homófoba, se sienten mucho más cómodos y seguros siendo ayudados por la comunidad LGTB.

La persona que fue entrevistada sonríe cuando es preguntado por su nueva vida en Canadá. Aún no ha superado las secuelas de la persecución sufrida en Chechenia, pero ahora se siente seguro y quiere centrarse en rehacer su vida. Antes de finalizar la entrevista, lanza un mensaje a otras personas que están pasado por su misma situación y que están tratando de huir a Canadá: “Estamos aquí, estamos seguros y todo está bien. No tengo duda de que aquí seréis felices”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Asilo, Canadá, CBC, Chechenia, Elena Milashina, Homofobia, Human Rights Watch, Justin Trudeau, Kimahli Powell, LGTBfobia, Rainbow Railroad, Refugiados, Rusia, Russian LGBT Network

El ministerio de Sanidad indicó que ha terminado el manual y considera que las personas LGTB corren el riesgo de sufrir problemas o enfermedades mentales.

También fija una serie de derechos de este colectivo como el acceso al tratamiento y a la información médica.

El pasado sábado informábamos de que el Parlamento de Indonesia discute la posibilidad de incluir en su Código Penal el adulterio y la homosexualidad … Hoy vemos que ha dado un paso más en la escalada homófoba al filtrarse que están preparando una guía de enfermedades mentales entre las que se contempla a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales.

Indonesia ha incluido al colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) en una guía médica de enfermedades mentales, a las que lo considera proclive por su orientación e identidad sexual, informaron fuentes oficiales.

A pesar de que una sentencia del Tribunal Constitucional de Indonesia, rechazando la declarar ilegal tanto el adulterio como la homosexualidad, la Cámara Baja del Parlamento de Indonesia sigue discutiendo actualmente la modificación del Código Penal para tipificar como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo o las relaciones sexuales fuera del matrimonio, entre otras medidas. En la guerra sin tregua contra la diversidad sexual de la república de Indonesia, una nueva batalla se filtra a los medios de comunicación gracias al director de prevención y control de enfermedades del Ministerio de Salud de Indonesia, Fidiansyah, que revela la intención del gobierno de desarrollar una guía de enfermedades mentales entre las que se explicaría cómo combatir a las inclinaciones homosexuales, bisexuales y transexuales.

El ministerio de Sanidad indicó que ha terminado el manual, cuyo contenido aún no ha sido publicado, pero considera que las personas LGTB corren el riesgo de sufrir problemas o enfermedades mentales. “Los últimos arreglos ya han finalizado y este año habrá reuniones con las partes interesadas”, dijo el director de prevención y control de enfermedades mentales del ministerio, Fidiansyah, que como muchos indonesios utiliza solo un nombre.

La guía se basa en dos documentos y se trata de una especie de manual sobre enfermedades mentales, según Fidiansyah, uno redactado en 2016 por la Asociación de Psiquiatras de Indonesia (PDSKJI, en indonesio) y otro elaborado por el ministerio de Sanidad el año pasado.

El texto del PDSKJI establece que los homosexuales y bisexuales están en riesgo de “ser catalogados como personas con problemas mentales”  mientras que los transexuales  se señalan directamente “como personas con enfermedades mentales”. La asociación también fija una serie de derechos de este colectivo como el acceso al tratamiento y a la información médica. “Inaceptable en Indonesia”. Por su parte, el documento del ministerio de Sanidad consiste en un compendio de fuentes médicas y legales que incluye las opiniones de otros ministerios, como el de Religión, y concluye que “el fenómeno LGTB es inaceptable en Indonesia”.

El polémico documento concluye que “aunque no es una enfermedad mental, una persona LGTB puede sufrir por la inseguridad sobre su identidad u orientación sexual, lo que puede llevar a la depresión”. Pensando, sin duda, en el bienestar de personas que pretende considerar enfermas, Indonesia ha decidido desarrollar su propia guía sobre enfermedades mentales para distanciarse de la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) que no consideran ni la homosexualidad y ni la transexualidad como enfermedades mentales y que no permiten esas modificaciones.

Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid o el Consejo General de la Psicología de España quien alerta sobre la inutilidad y el peligro de las “terapias reparadoras” de la homosexualidad . Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir. Y en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en el mismo sentido.

El Parlamento indonesio discute actualmente modificar el Código Penal para tipificar como delito el sexo consentido entre adultos homosexuales o las relaciones sexuales extramaritales, entre otros.

Grupos proderechos humanos como Human Rights Watch denuncian un aumento de la retórica homófoba por parte de cargos públicos desde enero de 2016, instigada por grupos islamistas que condenan la homosexualidad en el país, con la mayor población musulmana del mundo.

Salvo en la provincia de Aceh, en la isla de Sumatra, donde rige la sharia, la homosexualidad es legal en Indonesia. Cabe preguntarse si, de llegar a considerar a las personas homosexuales y transexuales como enfermas mentales, pasarán igualmente a tratarlas como a cualquier otro paciente, en lugar de como a delincuentes.

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos. Lo que ha hecho que Amnistía Internacional reclame el fin de la cruel persecución al colectivo LGBT en Indonesia.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Y en octubre, la policía de Indonesia detiene a 58 personas en una redada a una sauna gay de Yakarta…

El pasado 20 de diciembre publicábamos que diez hombres habían sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

El 15 de noviembre del pasado 2016 conocíamos que el gobierno de Indonesia  acaba de prohibir el uso de GIFS en WhatsApp. Pero no sólo porque no se puedan enviar imágenes en movimiento  sino que lo han hecho para evitar que la gente se envíe imágenes pornográficas a través de la aplicación.

Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

Fuente Cáscara Amarga/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Enfermedades mentales, Homofobia/Transfobia, Homosexualidad, Human Rights Watch, Indonesia, PDSKJI, Transexualidad

El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas”.

En la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005, se ha iniciado la enésima campaña contra la comunidad LGTB. Amnistía Internacional ha denunciado la detención de 12 mujeres trans en la redada a cinco salones de belleza, el pasado sábado 27 de enero. La policía, además de clausurar los locales, les afeitó el cabello en público, las desnudó y las obligó a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”. “La llamada ‘reeducación’ de las personas trans por parte de la policía no solo es humillante e inhumana, también es ilegal y una clara violación de sus derechos humanos. Dichos incidentes deben ser investigados de manera inmediata y efectiva”, exige Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

La policía indonesia arrestó a 12 transexuales en la provincia de Aceh, la única que se rige bajo la sharia o ley islámica, y les obligó a vestir ropa de hombre además de cortarles el pelo, denuncian los activistas. En el marco de la llamada “Operación Anti Moral Enferma”, la policía de Aceh efectuaba este sábado redadas sincronizadas a varios salones de belleza, deteniendo a 12 mujeres trans. Los agentes forzaron el cierre de los establecimientos y a las víctimas arrestadas, por su mera identidad de género, las sometieron al escarnio público: les raparon las cabelleras en la calle y las obligaron a pasearse con ropas de hombre. Para las autoridades, estas prácticas denigrantes formal parte de un programa de “reeducación social”. El tránsfobo objetivo final no es otro que “enseñarles” a “comportarse” como “hombres de verdad”.

Decenas de agentes de la policía local e islámica llevaron a cabo las detenciones durante la noche del sábado en cinco salones de belleza del distrito Aceh del Norte, en el norte de la isla de Sumatra, confirmó un activista en favor de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB).

“Por el momento todavía están recuperándose del trauma”, declaró en conversación telefónica la fuente, que pidió mantener el anonimato, y añadió que los arrestados fueron liberados el domingo.

El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas” y dijo que actuaron porque molestaban a los vecinos con un comportamiento que va “en contra de la sharia y la naturaleza humana”, en declaraciones al portal de noticias “Kliksatu.com“.

Aceh, provincia que aprobó en 2002 la aplicación de la ley islámica, criminaliza las relaciones homosexuales y sentencia a los infractores a castigos corporales que pueden llegar a hasta los 100 bastonazos.

El investigador en asuntos LGTB de Human Rights Watch, Kyle Knight denunció, tras los arrestos de diciembre, que los políticos locales de Aceh han empeorado la situación al promover la homofobia.

Al menos 527 personas fueron azotadas en Aceh desde 2016 hasta octubre de 2017, por infracciones como apostar, consumir alcohol o adulterio, entre otros, según el centro de investigación indonesio Institute for Criminal Justice Reform.

El año pasado dos hombres fueron condenados por primera vez a ser azotados en público por mantener relaciones homosexuales.

Aunque Aceh es la única provincia del archipiélago que aplica la sharia, ONG y activistas han denunciado un aumento en la represión contra la comunidad LGTB en Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo.

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos. Lo que ha hecho que Amnistía Internacional reclame el fin de la cruel persecución al colectivo LGBT en Indonesia.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Y en octubre, la policía de Indonesia detiene a 58 personas en una redada a una sauna gay de Yakarta…

El pasado 20 de diciembre publicábamos que diez hombres habían sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

El 15 de noviembre del pasado 2016 conocíamos que el gobierno de Indonesia  acaba de prohibir el uso de GIFS en WhatsApp. Pero no sólo porque no se puedan enviar imágenes en movimiento  sino que lo han hecho para evitar que la gente se envíe imágenes pornográficas a través de la aplicación.

Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Aceh, Aceh del Norte, Ahmad Untung, Ahmad Untung Surianata, Amnistía Internacional, Banda Aceh, Discriminación, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Java Occidental, Kyle Knight, LGTBfobia, Sharia, Sumatra, Sumatra Meridional, Surabaya, Transexuales, Transexualidad, Transfobia, Transgenerismo, Usman Hamid, Yakarta

Sarah Hejazy y Ahmed Alaa han abandonado la cárcel, tras el pago de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros). Son dos de los siete detenidos durante el concierto de la banda libanesa de rock alternativo Mashrou’ Leila, que congregó a unas 30.000 personas en El Cairo el pasado 22 de septiembre. Por el simple hecho de exhibir y agitar banderas arcoíris, siete personas fueron arrestadas y se les acusa de “unirse a grupos fuera de la ley, cuyo objetivo es alterar las disposiciones de la Constitución y la ley”. Sarah Hejazy y Ahmed Alaa, aunque estén en libertad provisional bajo fianza, siguen enfrentándose a los mismos cargos que el resto de arrestados. Según las cifras que maneja la Egyptian Initiative for Personal Rights (Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales o EIPR, en sus siglas en inglés) ahora mismo 54 personas siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género.

Como recogíamos en septiembre del año que acabamos de abandonar, siete personas eran detenidas por ondear banderas arcoíris durante el concierto en la capital egipcia de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay. Además de estos arrestos, el grupo musical se enfrentó a descalificaciones y de momento no volverá a tocar en el país, debido al veto del Sindicato de Profesiones Musicales egipcio (ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica).

El vicepresidente de dicho sindicato, Reda Ragab, condenó la actuación de la banda libanesa como “un escándalo contra nuestras tradiciones que está muy lejos del arte serio y con significado”. Mientras que la escritora Mona Eltahawy lamentó la persecución, tachando de “completamente ridículo” que se arreste a alguien por ondear una bandera o por su sexualidad.

Este 2 de enero ha saltado a la palestra informativa internacional la salida provisional de prisión bajo fianza de dos de las siete personas arrestadas en el citado concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo: son Sarah Hejazy y Ahmed Alaa (de 28 y 21 años, respectivamente). Un tribunal egipcio ha autorizado la liberación, tras el depósito de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros) como fianza.

De las 54 víctimas que siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género, “varias de estas personas ya han sido declaradas culpables de los cargos y diez acusados en nueve casos han recibido sentencias de prisión duras, que van de uno a seis años”, explica la EIPR.

Si bien la homosexualidad no está explícitamente prohibida por la actual legislación egipcia (aunque podría llegar a cambiar, lo que la ONU ya ha condenado expresamente), las 54 personas que permanecen en prisión comparten supuestos cargos como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Por su parte, la abogada Doaa Mostafa, que asistió a los interrogatorios de una de las chicas detenidas, ha explicado que lo más difícil no son las preguntas irrelevantes, sino saber que la víctima regresaría a una celda donde presuntamente fue agredida sexualmente.

El abogado de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, Ahmed Othman, también dijo hace unos meses que los interrogatorios se prolongan durante más de 10 horas. Al parecer, a los acusados se les pregunta acerca de sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, les obligan a revelar las contraseñas de sus cuentas en redes sociales y les investigan sus mensajes.

Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Egipto ha intensificado la LGTBfobia de Estado en 2017

El ya pasado 2017 no ha sido un buen año para en colectivo LGTB en Egipto. Este pasado año se ha producido una intensificación de la persecución LGTBfóbica de Estado: en octubre nos hacíamos eco de que, hasta ese momento 57 personas habían sido detenidas, básicamente, por su orientación sexual o identidad de género, así como por el mero apoyo a los derechos igualitarios (con los cargos oficiales anteriormente referidos).

De esas 57 detenciones, según EIPR, como decíamos, 54 todavía están en prisión (tras la liberación provisional de Sarah Hejazy y Ahmed Alaa). No obstante, hay que leer las cifras con precaución, pensando que la falta de transparencia de la administración y de la justicia de Egipto puede falsear la realidad y suponer, por lo tanto, un escoyo para esclarecer si hay otros casos ocultos por razones desconocidas e incluso por supuestos intereses de las élites.

En octubre de 2017 también conocíamos la noticia de que el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) daba la orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde abril del año pasado, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, expresaba a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Los antecedentes LGTBfóbicos ya eran preocupantes…

En abril de 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

Un año antes (abril de 2015) nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Abdelfatah al Sisi, Ahmed Alaa, Ahmed Othman, Amnistía Internacional, Dima Tahboub, Discriminación, Doaa Mostafa, Egipto, El Cairo, Frente de Acción Islámica, Hamed Sinno, Homofobia, Human Rights Watch, Jordania, LGTBfobia, Makram Mohamed, Mashrou’ Leila, Mona Eltahawy, Mona Iraqi, Naciones Unidas, Partido al-Nour, Reda Ragab, Salafismo, Sarah Hejazy, Sarah Leah Whitson

Nueve de los 10 migrantes que han solicitado asilo en España alegando discriminación.

Un artículo de hace unos meses que refleja la cruda realidad de los doblemente perseguidos, por ser refugiados y por su orientación sexual… Una realidad durísima en Marruecos, entre los propios inmigrantes yen el país de acogida…

Huyeron de Marruecos porque allí ser gay es delito y denuncian que no se les permite entrar en la Península pese a tener concedido el asilo

Por Lucas de Cal en El Mundo

Después de cenar, mientras el fotógrafo prueba el flash en el aparcamiento de la playa del Trampolín en Ceuta, frente a una pequeña mezquita, un grupo de chavales marroquíes baja sonriendo y abrazados por la cuesta que sube hasta el CETI. Quedan 50 minutos para que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes cierre sus puertas a las 23:00 horas y que ya nadie pueda ni entrar ni salir. Llegan ocho chicos y una chica. Lo primero que hacen es dar las gracias por permitirles contar su historia en nuestra bocina de papel.

El primero en alzar la voz es el joven que lleva pantalones cortos rosas. Se llama Reda, nació hace 22 años en Tetuán, estudiaba Económicas y es el que mejor habla español del grupo. Llegó hace dos meses a Ceuta huyendo de su familia y de la Policía. “Estaba en un pub de Ceuta con mi novio, que es de Extremadura. Unos primos que viven aquí me vieron y se chivaron a mi familia. Al volver a mi casa en Marruecos, mis padres me dijeron que me iban a denunciar por ser gay y que llamarían a la Policía. Yo lo llevaba en secreto y no me quedó otra que escaparme a España y pedir asilo”, cuenta.

A su lado está Yassin, repeinado y con bigote. Tiene 28 años, es de Tánger y cruzó la frontera esta semana. “Hace 10 años, cuando mi familia se enteró de que era gay, me echaron de casa. He estado todo este tiempo viviendo con amigos, pero no podía aguantar más”, cuenta. “Lo que más recuerdo son las veces que me agredían por la calle y, cuando lo denunciaba a la Policía, me detenían a mí por ser gay. He dormido varias veces en el calabozo. Los agentes me explicaban que era muy femenino para ser un hombre y que eso era delito”.

El código penal marroquí criminaliza los “actos contra natura con un individuo del mismo sexo” y las penas pueden ser de hasta de seis años de prisión. “Allí somos unos apestados, una humillación para nuestras familias”, grita en inglés la única chica del grupo. Es de la ciudad de Castillejos y llegó hace ocho meses. Sus padres la echaron de casa cuando se enteraron de que era lesbiana y que tenía novia. Y su hermana la denunció a la Policía. “Estaba estudiando en la universidad y dejé la carrera de Negocios y Comunicación para venir aquí. Ahora me gustaría seguir formándome”, dice.

Son tres testimonios de una situación que se repite. Se autodenominan “refugiados por su orientación sexual”. Son los marroquíes gays y lesbianas que huyen de su país por la represión y violencia que sufren. Tanto en la calle como en sus hogares. Su intención es ir a la Península, pero la primera parada que hacen tras pedir el asilo en España está en los CETI de Ceuta y de Melilla. Allí pasan meses, incluso años, hasta que les dan el permiso para cruzar. “Algunos tenemos la tarjeta roja (que permite residir en España), y podríamos movernos libremente pero en el puerto no nos dejan subir a los ferris que van a Algeciras” denuncian.

Quieren salir cuanto antes del CETI, donde comparten espacio con el resto de inmigrantes que han llegado a Ceuta, tanto por la frontera, como por pateras o saltando la valla. De los cerca de 600 internos del centro, la gran mayoría son subsaharianos y argelinos. “Los trabajadores se portan muy bien con nosotros y nos cuidan, el problema lo tenemos con el resto de inmigrantes. Muchos nos agreden, incluso sexualmente. Nos molestan en el comedor, en el patio, tienen una mente muy diferente”, aseguran varios de los chicos.

“Me pasó un día con un subsahariano. Se dio cuenta que soy gay y me intentó meter mano. Llamé a la seguridad del centro pero, al día siguiente, me pegó”, cuenta Reda. La chica asiente con la cabeza explicando que también se burlan de ella. “Aquí, en Ceuta, también sufrimos violencia e insultos“. Este año, la ONG Human Rights Watch emitió un informe denunciando que los migrantes LGTBI que llegan a Ceuta padecen “hostigamiento y abusos indiscriminados, tanto en el centro de inmigración como en las calles”.

Mohamed (24 años, de Casablanca) dice que lleva cinco meses sin ver a su novio, que vive en Marruecos y no se pudo escapar con él. “Nos gustaría ir a Madrid y ser felices sin que nadie nos pueda decir nada. No pedimos tanto”. Chain es el veterano del grupo y es de los pocos que no le importa dar la cara. Tiene 39 años y llegó hace un año y medio de Tetuán. La semana pasada pidieron asilo en Ceuta otros cuatro chicos. Ayoub (25) cuenta que le han intentado matar en Marruecos. Thami (33) busca libertad y Hamza y Omar, de 19 años, disfrutar de su sexualidad sin tener que ocultarse.

La mañana siguiente, en la puerta del CETI, también aparece Khanina, una chica lesbiana que lleva 28 días en Ceuta. Ella viene de Argelia y completa el grupo de las 10 personas del centro que han pedido asilo alegando discriminación por su orientación sexual. “En Argelia también somos perseguidos. Estaba en la universidad con mi novia, unos chicos me hicieron una foto y se la mandaron a mi hermano. Entonces mi familia se enteró y me fui”, cuenta.

Hace unas semanas, el ministro de Justicia y Libertades marroquí, Mustafa Ramid, estuvo en Ginebra Compareciendo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se negó a despenalizar la homosexualidad en Marruecos, pese la petición del Consejo.

Constante persecución de las personas LGTB en Marruecos

Actitudes como las del ministro Ramid son muy preocupantes, especialmente cuando de un tiempo a esta parte asistimos a un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica (el artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”).

Lo cierto es que cada vez llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. En marzo de este mismo año, dos varones fueron condenados a seis meses de prisión por mantener relaciones homosexuales. La detención se produjo tras difundirse a través de las redes sociales un vídeo de ambos. Durante el juicio, uno de los acusados declaró que había sido maltratado verbal y físicamente por los agentes de Policía durante su estancia en comisaría. En noviembre de 2016, un varón homosexual español de 73 años y su pareja sexual, de 23, fueron detenidos, tras ser delatados por una camarera del hotel de Marrakech en el que se alojaban. El ciudadano español fue posteriormente puesto en libertad, pero no tuvimos noticias de qué acciones se tomaron con el detenido de nacionalidad marroquí. Un mes antes, dos adolescentes eran detenidas tras haber sido sorprendidas por un familiar mientras se besaban en su propio domicilio. Finalmente, el tribunal desestimó los cargos por falta de evidencias, aunque ambas permanecieron detenidas, y una de ellas incomunicada, durante varios días.

También en 2016, en el mes de junio, fueron juzgados dos jóvenes por mantener relaciones sexuales en el interior de un vehículo y fueron condenados a 6 meses de prisión, en un “juicio” exprés y sin una defensa digna (ningún abogado quiso representarles). En el mes de abril, dos jóvenes fueron sorprendidos en la cama por un grupo de hombres que habían irrumpido en su vivienda, fueron brutalmente agredidos, y, con el rostro ensangrentado y desnudos, llevados a la calle para su humillación pública. La Policía, en vez de perseguir a los agresores, detuvo a las víctimas, que fueron juzgadas y condenadas a penas de hasta 4 meses de prisión por practicar la homosexualidad.

En febrero de 2016 nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

También en el pasado año 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en Marruecos, en aplicación de ese artículo. En el mes de junio se produjo la detención de Lahcen y Mohsine, otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica. Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según el colectivo Aswat, no serían las únicas detenciones por ese motivo llevadas a cabo en ese año, que formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí contra la población homosexual masculina para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones sexuales en el centro de trabajo de uno de ellos. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

También en años anteriores,nos hemos hecho eco de diversas detenciones a personas homosexuales. En mayo de 2013 se produjo la condena a cuatro meses de cárcel a dos jóvenes detenidos en “delito flagrante” cuando se encontraban en el interior del coche de uno de ellos. En mayo de 2014 seis hombres fueron condenados a penas que oscilaban entre uno y tres años por cometer “actos contra natura”. En octubre de ese mismo año informábamos de que un británico de 69 años era condenado a cuatro meses de prisión por homosexualidad (aunque, finalmente, fue puesto en libertad).

Un compendio de noticias que son solo una muestra de la realidad a la que se enfrentan las personas LGTB en Marruecos. Y es que, como dijera el joven marroquí Hamza (en el vídeo de la campaña que el colectivo Aswat lanzó para concienciar de la homofobia social marroquí) “ser homosexual en Marruecos es algo muy difícil, porque tienes que lidiar a diario con los estereotipos sociales preconcebidos, que no aceptan diferencias, especialmente el ser gay”.

Y hemos incluido solo las referidas a persecución por parte del estado porque, por poner un sólo ejemplo, el pasado agosto vimos espantados cómo un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a “violarlo”…

No podemos olvidar cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados para mayor escarnio. La pareja era detenida en Beni Melal, después de haber sufrido la cruel agresión . Mientras que uno conseguía huir, el otro era condenado a 2 meses de cárcel y pagar una multa de 500 dirhams, aunque sería finalmente puesto en libertad, después de admitir su condición sexual y de que su abogado solicitara la anulación de la Ley 489.  Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

Sin pronunciamiento oficial de España

No podemos obviar la clamorosa falta de una denuncia contundente ante estas violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno español, ni siquiera cuando en 2015 una cooperante de nuestro país fue expulsada por apoyar “las causas de la desviación de la moral”. Y ello pese a que Marruecos sea un país vecino con el que España mantiene una intensa relación cultural, comercial y social.

Fuente El Mundo/Cristianos Gays/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. CETI, Ceuta, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch, MELILLA, Mustafá Ramid, Playa del Trampolín

Lo anunciábamos el pasado mes, pero ampliamos la noticia:

De facto, la defensa pública de la diversidad sexual en Egipto ya está siendo perseguida de un tiempo a esta parte, aunque sin una legislación específicamente LGTBfóbica. Sin embargo, y por primera vez, este país del norte de África podría sacar adelante una ley que formalmente sirva para invisibilizar al colectivo LGTB, prohibiendo cualquier tipo de “propaganda”, y criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo (tanto femeninas como masculinas). El diputado egipcio Riad Abdul Sattar, de la formación liberal Egipcios Libres, ha presentado un proyecto de ley que se debatirá en próximas semanas y que ha sido firmado por 67 señorías. Para el promotor del texto, la homosexualidad sería “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia, por lo que urge “poner fin a esas prácticas que conducen a la destrucción de la sociedad”. Amnistía Internacional denuncia que “se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Aumentan (todavía más) las alarmas de LGTBfobia de Estado en Egipto. A la persecución de cualquier atisbo de diversidad que ya sufre la población, se suma el intento de oficializar, a través de la ley, la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Asimismo, el proyecto que abandera el diputado liberal Riad Abdul Sattar también pretende cerrar locales, prohibir reuniones, vetar cualquier apoyo al colectivo LGTB e impedir la “propaganda” en cualquier medio público (incluyendo las redes sociales).

Así reza el artículo 2 del borrador legislativo que ya han firmado, al menos, 67 diputados egipcios: “por cada dos o más personas, ya sean hombres o mujeres, que mantengan una relación sexual pervertida entre ellos, en cualquier lugar público o privado, la pena será de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, y en caso de reincidencia, la pena será de cinco años”.

Y no “solo” eso, sino que la responsabilidad penal también recaería en “cualquier persona que fomente las relaciones homosexuales, sea lo que sea, ya sea incitándolas o facilitándolas a otros, preparando un lugar para que se practiquen, o invitando a otros a los mismos, incluso si no las están practicando, se le impondrá pena de prisión por un período no inferior a un año y no superior a tres años, más el cierre de los locales. En caso de reincidencia, la pena será de cinco años de prisión”, establece el artículo 3 del proyecto de ley.

La “propaganda” LGTB también sería ilegal, a través de cualquier medio o plataforma, según dicta el artículo 4. Por lo que respectaría a la visibilidad, aparte de vetar cualquier tipo de publicación o aparición pública a favor de la diversidad, se velaría por “prohibir llevar cualquier signo o símbolo para homosexuales, así como fabricarlo, venderlo, comercializarlo o publicitarlo. El castigo para cualquiera que viole esto será la prisión por un período no menor de un año y no más de tres años”.

Con estas últimas medidas, si llega a aprobarse esta ley discriminativa, habría un respaldo legal para enjuiciar a cualquier persona simplemente por ondear banderas arcoíris. Recordemos que, como recogió dosmanzanas, en septiembre fueron detenidas siete personas durante un concierto de la banda Mashrou’ Leila en El Cairo por este motivo. Estas y otras detenciones, hasta el momento, se basan en la arbitraria y moralista acusación de “promover el libertinaje”.

El diputado liberal Riad Abdul Sattar, en calidad de promotor de esta propuesta legislativa, ha aseverado públicamente que la homosexualidad conduce a “la destrucción de la sociedad”, ya que es, en su ignorante opinión, “más peligrosa” que el terrorismo o la violencia. Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el norte de África, por su parte, ha puesto de manifiesto que “no solo se propone con este anteproyecto de ley penalizar las relaciones homosexuales, que ni siquiera deberían ser delito, sino que también se pretende fomentar el estigma, la humillación y el odio contra las personas debido a la orientación sexual que tengan o parezcan tener”.

Amnistía Internacional también ha hecho un contundente llamamiento a “los líderes del mundo, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, que recibió a su homólogo egipcio, Abdelfatah Al-Sisi, el mes pasado en el Elíseo”, ya que “deben alzar la voz para condenar esta represión homófoba. En vez de tender alfombras rojas para recibir al presidente egipcio en las capitales europeas y firma nuevos acuerdos, deben utilizar su influencia para garantizar que el Parlamento retira este anteproyecto de ley totalmente represivo”.

Egipto incrementa la escalada de LGTBfobia de Estado

La realidad demuestra que las administraciones y los políticos egipcios han acabado enterrando el espíritu democrático, humanitario y social que se reclamaba en la Primavera Árabe. El actual presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, asumió el cargo en 2014, después de haber encabezado meses atrás un golpe de Estado contra Mohamed Morsi, de los llamados “Hermanos Musulmanes”. Desde entonces, lejos de implementar avances en materia de derechos humanos en el país, se están sucediendo los retrocesos. En concreto, el colectivo LGTB está siendo uno de los principales perjudicados, si bien no el único, y de manera más intensa a raíz del concierto de Mashrou’ Leila del pasado mes de septiembre.

A principios de octubre nos hacíamos eco de que Egipto intensificaba la persecución LGTBfóbica de Estado, deteniendo a 57 personas por su orientación sexual o identidad de género, además de otras víctimas que lo fueron solo por mostrar su apoyo al colectivo (independientemente de su sexualidad). Como decíamos en líneas anteriores, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.

La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Desde octubre hasta hoy, según denuncia Amnistía Internacional, las detenciones LGTBfóbicas ya se habrían incrementado de 57 “a más de 70 personas”.

Odio y persecuciones al colectivo LGTB: una constante en los últimos años

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo. Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 también nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto. Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas

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Un refugiado gay checheno que llevaba meses desaparecido es protagonista de un reportaje en la televisión nacional de Chechenia en el que asegura que se lo inventó todo y que está mentalmente enfermo.

Las ONG LGTB+ están convencidas de que el joven, si sigue vivo, está siendo utilizado por las autoridades chechenas para blanquear su imagen dentro y fuera del país.

Movsar Eskerkhanov fue uno de los hombres gais que dio la cara para denunciar la persecución a hombres gais en Chechenia cuando el presidente de la región, Ramzan Kadyrov, dio luz verde a la “purga” gay que empezó a principios de 2017 y que a día de hoy se cree que habría costado la vida a más de 200 personas.

Eskerkhanov denunció las detenciones, secuestros, amenazas, torturas y asesinatos que la policía chechena estaba llevando a cabo en el país. Tanto la persecución como su denuncia de la misma le llevó a huir del país y acabar en un campo de refugiados en Alemania, donde pidió asilo. Durante el tiempo que estuvo en ese refugio el joven concedió entrevistas a varios medios internacionales y también recibió amenazas por parte de otros chechenos que le reconocieron y le atacaron.

Finalmente Alemania no le concedió el asilo y Eskerkhanov desapareció de la faz de la tierra, lo que hizo temer que finalmente había sido secuestrado y devuelto a su país donde, muy probablemente, habría sido asesinado.

General, Homofobia/ Transfobia. Chechenia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Zelim Bakaev

Un informe de la ONG Human Rights Watch evidenció las brutales terapias de conversión que aún se emplean en China la segunda potencia del mundo.

Estos pseudotratamientos por los que pagan fuertes sumas de dinero, abarcan múltiples técnicas, desde la hipnosis a los fármacos hasta el electrochoque para cambiar la orientación sexual y son realizadas en establecimientos privados y en hospitales públicos.

Aunque la homosexualidad no es un delito en China ni está considerada oficialmente una enfermedad. En 2001, el Colegio de Psiquiatras la eliminó de su lista de problemas mentales

Para el informe Human Rights Watch entrevistó a 17 víctimas de estos centros en China, contestando lo siguiente:

Durante el tratamiento, casi todos los entrevistados fueron víctimas de insultos y de acoso verbal por parte de los propios médicos, que se dirigían a ellos con palabras como “pervertido”, “anormal” o “sucio”.

Tres de ello intentaron escapar. Uno lo logró, pero al regresar a su casa sus padres le enviaron de inmediato de regreso al centro médico.

A 11 de los 17 les suministraron, o incluso se les obligó a consumir, medicamentos por vía oral o mediante inyecciones, sobre los que no recibieron ningún tipo de información.

Cinco de ellos recibieron descargas de electrochoque mientras se les hacía pensar en el acto sexual o ver pornografía, para que asociaran la homosexualidad a algo doloroso.

“Me taparon los ojos y me dijeron que me relajara y pensara en el sexo con mi novio. Me ataron las piernas a la cama, con unas sujeciones de metal debajo. También me ataron las manos a la cama… Cuando encendieron la corriente, empecé a sentir la electricidad que venía de mis piernas… Pensé que iba a ser algo corto, pero la dejaron encendida un rato, se me hizo muy largo. Empecé a temblar en la cama. Las sujeciones estaban ardiendo. Les pedí que apagaran aquello, pero creo que no me oían”, cuenta Xu Zhen, de la provincia de Sichuan, en el centro de China.

Han pasado más de veinte años desde que China dejó de considerar la homosexualidad como un delito, pero la gente LGBTI+ todavía se ve sometida a encierros, medicación forzada e incluso electrochoque para intentar cambiar su orientación sexual”, explica Graeme Reid, director de derechos LGBT de HRW.

Fuente El País, vía Chueca.com

General, Homofobia/ Transfobia. China, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, “Terapias de conversión”

La ONG Human Rights Watch exige a Chechenia que aclare qué ocurrió con el cantante Zelim Bakaev al ser detenido por su orientación sexual el pasado agosto.

Acusan a Moscú de no hacer nada por investigar el caso y avisan a Alemania de la necesidad de que se impliquen en el caso. 

El cantante checheno Zelim Bakaev, que desde 2012 vive en Moscú, había desaparecido el 8 de agosto al volver a Chechenia para asistir a la boda de su hermana. Bakaev salió una noche a tomar algo cuando fue detenido por un grupo de agentes uniformados y nunca más se volvió a saber de él.

La cuenta de Instagram de Bakaev fue clausurada poco después de que apareciera una foto suya con un abrigo (en pleno agosto) y su familia y amigos recibieron un whatsapp del cantante en el que aseguraba haberse marchado a Europa. El mensaje era altamente sospechoso porque Bakaev siempre contestaba con notas de audio y esta vez había escrito el texto.

Aunque muchos dan por hecho que Bakaev fue torturado y asesinado por la policía en mitad de la oleada homófoba que el gobierno del país tiene en marcha desde principios de año, desde la Human Rights Watch han exigido al gobierno de Ramzan Kadyrov que explique qué ha ocurrido con el cantante.

Bakaev junto al presidente Checheno, Ramzan Kadyrov

Un portavoz de la HRW ha dicho que no les cabe ninguna duda de que Bakaev “fue detenido por su orientación sexual“. Cuando el cantante desapareció su madre acudió a la policía chechena para presentar una denuncia, pero las autoridades aseguraron que no había ningún indicio para abrir una investigación. La madre del cantante incluso envió una carta al presidente del país, con el que Bakaev había llegado a hacerse alguna foto.

Poco después de la desaparición del cantante en su canal de Youtube aparecieron dos vídeos en los que, supuestamente, Bakaev explicaba entre risas y bailes que está viviendo en Alemania. Pero ni los amigos ni la familia creen que el chico de los vídeos sea realmente él.

Imagen de uno de los vídeos en los que, supuestamente, Bakaev asegura estar viviendo en Alemania

Como explica la HRW: “Los amigos nos han dicho que ‘no parece él mismo’ en esos vídeos; para un chico que cuidaba meticulosamente su imagen, aparece despeinado, con un corte de pelo mal hecho y parece haber perdido mucho peso.” La teoría es que o bien se trata de otra persona o bien el cantante, tras la detención y las más que probables torturas, fue forzado a grabar esos vídeos para que cubrir las espaldas de la policía chechena.

La HRW no sólo ha pedido al gobierno de Kadyrov que aclare la situación si no que también ha señalado a Rusia y a Alemania. Según la ONG desde Moscú es momento de que “vayan más allá del escaparate” e investiguen a conciencia qué le ha ocurrido al cantante; y las autoridades alemanas pueden ayudar a esclarecer el caso ofreciendo de forma pública y notoria asilo al cantante para que, si realmente está en el país, pueda recibir protección y contactar con su familia para explicar públicamente lo ocurrido.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Chechenia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Ramzan Kadyrov, Zelim Bakaev

No conformes con la persecución de personas por ondear una bandera y la ley que prohibe la mera alusión al colectivo LGBT en los medios de comunicación, un grupo de políticos presenta un nuevo proyecto de ley para que cualquier señal, acción o evento relacionado con la homosexualidad sea «objeto de una acción punitiva».

unto con otros 14 diputados, Riyad Abdel Sattar propone al gobierno de Egipto un nuevo proyecto de ley con el que se incrementa el acoso a la comunidad LGBT después de prohibir a los medios de comunicación aludir de cualquier manera sobre las personas homosexuales, bisexuales o transexuales, siempre que no sea para resaltar que son actitudes que violan el «orden natural». Una medida que surge después del estallido homofóbico que estalla después de que un grupo de personas ondearan una bandera arco iris en un concierto de Mashrou’ Leila y por el que en las dos primeras semanas se saldaba con la detención de 33 personas, ascendiendo actualmente a más de 70, a través de una campaña que ha sido condenada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Cualquier persona que se dedique a la homosexualidad en un lugar público o privado debe ser objeto de una acción punitiva», declara el borrador de esta contradictoria ley en un país en el que la homosexualidad no está penada por la ley, hasta ahora, puesto que proponen penas de prisión de hasta 5 años. Lo que tampoco es nuevo porque las autoridades ya habrían estado encarcelado a quienes consideraban utilizando leyes draconianas relacionadas con la prostitución o el libertinaje.

El proyecto de ley presentado por Sattar define la homosexualidad como cualquier relación entre dos personas del mismo sexo para condenar después lo que denomina «relaciones sexuales pervertidas» que propone castigar con penas de un mínimo de un año y un máximo de tres, tanto si se producen en ámbito privado o en público, pudiendo alcanzar los cinco años aquellos que reincidan en el mismo tipo de crimen. Misma pena para las personas personas que «inciten» a las relaciones homosexuales, aunque no participen en el acto en sí, de la misma manera que se castigan también con 3 años la publicidad de fiestas o reuniones de miembros del colectivo LGBT, que quedan «prohibidas e medios visuales, de audio y en redes sociales», así como para quienes organicen o asistan a uno de estos eventos, incluyendo a los propietarios del lugar donde se realice, quedando cerrado el establecimiento si no fuera un espacio privado. Asimismo, se prohibe llevar cualquier signo o símbolo que denote algún tipo solidaridad hacia la comunidad LGBT, así como su venta. Advirtiendo que no sólo las personas sospechosas serán monitorizadas, sino que los infractores serán objeto de escarnio y humillación pública.

«Egipto debería detener de inmediato esta represión despiadada contra un grupo vulnerable simplemente por agitar una bandera (…). La represión no volverá heterosexuales a las personas gays, sólo perpetuará el miedo y el abuso», declara Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch.

Egipto: un país inseguro para oriundos y extranjeros

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en su ficha de Egipto, “desaconseja que las mujeres viajen solas, sin agencia de viajes y/o fuera de los circuitos turísticos” y explica a continuación que “aunque la homosexualidad no está formalmente tipificada como delito, los actos homosexuales en público son ilegales y hay precedentes de homosexuales condenados a prisión por contravenir leyes de ‘decencia pública’”.

Efectivamente, aunque las relaciones homosexuales no son ilegales, sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Además, en abril de 2015 nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

Como señalábamos anteriormente, en abril de este 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de appsde contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo,trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Egipto, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Riyad Abdel Sattar, Sarah Leah Whitson

Activistas por los derechos del colectivo LGBT en África manifiestan su creciente preocupación por la influencia negativa de Donald Trump que podría traducirse en el retroceso de los pocos logros alcanzados en un continente mayoritariamente homofóbico. 

Que defender los derechos del colectivo LGBT en África, donde muchos países tienen leyes contra la homosexualidad, puede ser muy peligroso lo sabe bien Joseph Achille Tiedjou, de 32 años de edad, quien vive en Camerún con la amenaza diaria de ser acosado, como lo fuera hace meses su colega Jules Eloundou, o arrestado con el mínimo pretexto. Si bien en la última década se sentían amparados de alguna manera por el apoyo de la Administración de Barack Obama y la solidaridad internacional, los activistas temen ahora que este escenario se revierta a la vista del retroceso favorecido por el efecto Donald Trump, así como que se traduzca en la revocación del apoyo proporcionado por los Estados Unidos para la lucha contra el VIH, el sida y otros programas que indirectamente han contribuido a la formación de grupos que defienden los derechos humanos.

«Tengo tantas preocupaciones con la nueva administración (…). Se sabía que Obama estaba muy comprometido. Hillary Clinton fue una campeona de los derechos LGBT y obtuvo muchas garantías al abordar específicamente estos problemas», declara el activista preocupado por medidas como la prohibición de que las personas transexuales formen parte del ejército estadounidense y otras medidas tomadas por su administración en lo que prevé será un progresivo retroceso de los derechos en los Estados Unidos, que podría influir en el continente africano donde ya es uno de los colectivos más vulnerables.

El gobierno de Obama llegó a hacer de los derechos del colectivo LGBT un pilar de su política interior, influyendo muy positivamente también en su mensaje al exterior, en lo que en África algunos interpretaron como un empuje de las «ideas occidentales», al crear la figura del enviado especial sobre los derechos LGBT, como también constituía posteriormente la ONU, figura que una coalición de 54 países africanos reclamaba desapareciera. El hecho de que Donald Trump haya mantenido en este puesto a Randy Berry no ha servido para tranquilizar a aquellos que viven en países donde la homosexualidad es perseguida o incluso castigada con penas de muerte, incrementándose su alarma ante el constate retroceso de los derechos de la comunidad, una agenda confirmada definitivamente el pasado viernes por el propio presidente estadounidense.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. África, Barack Obama, Camerún, Donald J. Trump, Graeme Reid, Hillary Clinton, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Joseph Achille Tiedjou, Jules Eloundou, Kenia, Nikki Haley, Tanzania

Con el objetivo de exigir una investigación oficial a las autoridades rusas, Maxim Lapunov se convierte en la primera persona que habla sobre la purga de homosexuales en Chechenia sin ocultar su identidad. Asegura que estuvo retenido en un sótano «empapado de sangre» durante 12 días en los que es golpeado reiteradamente, mientras tratan de obligarle a delatar los nombres de las personas con las que había mantenido relaciones sexuales.

Seis meses han pasado desde que Novaya gazeta denunciara la purga de homosexuales en Chechenia, cinco desde que Vladimir Putin autorizara una investigación sobre lo que estaba ocurriendo en la pequeña república rusa, sin embargo nada parece haberse aclarado. Hemos escuchado los testimonios de los primeros refugiados en Francia y Alemania, aunque sin revelar su identidad por miedo a que los seguidores de Ramzan Kadyrov pudieran acosarles a ellos o a sus familiares en Chechenia. Pero este lunes, 16 de octubre, Maxim Lapunov, de 30 años de edad, da un paso adelante para alzar la voz y convertirse en la primera persona que comparte abiertamente su testimonio por las torturas de las que fue víctima durante 12 días, llegando a convencerse de que no iba a salir vivo de allí.

«Quiero pedirle al gobierno que investigue, porque todos somos personas y todos tenemos derechos», declara Lapunov en una rueda de prensa en Moscú, donde explica cómo llega a Chechenia desde Omsk, en Siberia, hace dos años para trabajar como organizador de eventos. A pesar de que, al menos en Chechenia, no lleva una forma de vida abiertamente gay, el 16 de marzo es detenido por una pareja de oficiales vestidos de civil para ser liberado el día 28 bajo la amenaza de que no revelara a nadie su experiencia y firmando una confesión admitiendo ser homosexual.

En lugar de llevarle a una comisaría de policía, le conducen a un edificio donde es duramente interrogado por un individuo de unos 50 años de edad que interviene su teléfono móvil mientras le pregunta por sus contactos personales y examinaba sus mensajes de texto. «Por los mensajes era evidente que soy gay (…). Me acusó de venir a Chechenia para ‘seducir a los muchachos chechenos’ e insistió bruscamente en que le dijera con qué hombres gays había tenido relaciones íntimas en el territorio checheno, cuáles eran sus nombres y detalles de contacto. Le dije que no conozco a nadie y que la transcripción que había leído era con amigos de otras regiones de Rusia», explica Lapunov.

En un momento dado, colapsa y llama por teléfono a un residente de Grozny para concertar una cita en su casa, mientras sus captores escuchan la conversación con el objetivo de tomar nota de su dirección. «Día tras día, me repetían con precisión cómo querían matarme (…). Cuando me desmayaba, me daban un respiro y luego me obligaban a levantarme y continuar», añade explicando cómo los guardias lo golpean con bastones durante las casi dos semanas que le retienen, forzándole a pelearse con su compañero, quien también había sido detenido, así como a presenciar cómo golpean a otras personas detenidas, siendo especialmente agresivos con aquellos que eran naturales de Chechenia.

Durante los 11 días que permaneció retenido estuvo confinado en un sótano que describe estaba «empapado de sangre» desde el primer día. Siendo «apenas capaz de arrastrase» por su cuenta cuando es por fin liberado con un permiso para abandonar la ciudad, lo que considera se produce únicamente porque hubo testigos de su arresto y su familia había denunciado su desaparición fuera de Chechenia. «Sigo teniendo pesadillas sobre lo que pasé allí (…). Esos gritos, gemidos y oraciones de piedad han dejado una huella (…). Quiero justicia, espero que llegue (…) No quiero sentirme desprotegido en mi propio país, para que cualquiera de Chechenia pueda perseguirme y matarme en cualquier momento», exige Ladurov, quien comparece acompañado de Igor Kalyapin, responsable del Comité contra la Tortura, una ONG rusa que le ha brindado asistencia jurídica, quien asegura que «no ha habido investigación», pero está convencido de que Tatyana Moskalkova, al mando de la oficina de Derechos Humanos del Kremlin tomará medidas tras escuchar la declaración de Lapunov.

«No ha habido una investigación oficial sobre la caza de homosexuales que se tradujo en detenciones extrajudiciales y torturas a docenas de personas durante la primavera (…). Y la persecución de los gays ha continuado en una escala menor», asegura Tanya Lokshina, directora del programa de Rusia para Human Rights Watch. El activista Igor Kochetkov manifiesta haber recopilado información sobre 15 personas que habrían desaparecido después de ser entregados a sus familiares, como consecuencia de las indicaciones de los propios funcionarios de Kadyrov, que les incitan «para matar a sus parientes». Según el activista, las acciones de las autoridades chechenas constituyen la definición legal de crimen contra la humanidad, llegando a afrimar que «en el continente europeo, nadie ha tratado de destruir a las personas en función de su orientación sexual desde la época de la Alemania nazi».

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Chechenia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Igor Kalyapin, Igor Kochetkov, Maxim Lapunov, Ramzan Kadyrov, Rusia, Tanya Lokshina, Tatyana Moskalkova

Tal y como habían adelantado desde Human Rights Watch, un informe revela que la guerra contra las drogas del gobierno de Rodrigo Duterte está poniendo en riesgo los programas de prevención contra el VIH.

Un informe confirma las previsiones adelantadas por Human Rights Watch, cuando alertaban de que la guerra contra las drogas del gobierno de Rodrigo Duterte estaba a afectando a los enfermos de VIH. Este viernes, 6 de octubre, se publicaba un informe en el que asegura que los consumidores de drogas ilegales están evitando los programas de prevención de enfermedades por temor a la aplicación de la ley.

Eludir estos programas de prevención, que incluyen intercambios de agujas limpias y servicios de pruebas para enfermedades como el VIH, podría tener un impacto devastador en la salud pública en Filipinas. Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA, se trata del país que tiene el mayor índice de crecimiento de enfermos de VIH en Asia y la zona del Pacífico, produciéndose la mayor parte de incremento de la enfermedad entre los miembros de la comunidad LGBT. Los drogadictos que evitan los centros de enfermedades podrían poner muy pronto en riesgo el seguimiento de la enfermedad en el país.

«Este tipo de políticas tiene un impacto muy negativo en la tasa de infección de varias enfermedades, desde la tuberculosis hasta la hepatitis y el VIH (…). Habrá muertes secundarias que serán muy difíciles de controlar y cuantificar», asegura Agnes Callamard, experta en derechos humanos de la Universidad de Columbia, que colabora con Naciones Unidas. El acceso a agujas y jeringas estériles para usuarios de drogas inyectables es fundamental para la prevención del VIH, según la Organización Mundial de la Salud, donde consideran que este tipo de programas pueden fomentar aún más el tratamiento de drogas y la atención médica en la población afectada.

A pesar del temor a la aplicación de la ley, más de 700.000 personas drogadictas se habrían «entregado» a las autoridades el año pasado, siendo enviados a programas de rehabilitación muchos de ellos que incluyen la construcción de ataúdes para las víctimas de la guerra contra las drogas, «programas de subsistencia basados en la comunidad», como agricultura orgánica y ganadería, así como centros de rehabilitación residencial. «No vemos a los usuarios de drogas como criminales, sino como personas que están enfermas y necesitan ser tratadas», declara un representante de la Cámara de Representantes de Filipinas, asegurando que están trabajando en la financiación de nuevos centros de rehabilitación.

Fuente Universogay

General Agnes Callamard, Drogas, Filipinas, Human Rights Watch, Rodrigo Duterte, VIH/SIDA

Seis personas extranjeras y siete trabajadores se encuentran entre las 58 personas arrestadas por la policía en una redada a una sauna gay, de las que seis de ellas serán acusadas en función de la Ley Antipornografía. 

En una redada realizada en la madrugada de este sábado, 7 de octubre, la policía de Yakarta detiene a 58 personas en una sauna gay, entre los que se encuentran 6 turistas extranjeros de los que cuatro son de origen chino, un tailandés y un holandés. La homosexulidad no es ilegal en Indonesia, a excepción de la provincia de Aceh, en la que se aplica la ley islámica, pero las autoridades recurren a Ley Antipornografía para hacer este tipo de incursiones después de recibir información señalando que el local es un centro de prostitución.

«Detuvimos a 51 personas y siete empleados por presuntos servicios pornográficos», declara en un comunicado Argo Yuwono, portavoz de la policía de Yakarta. Seis de los detenidos, cuatro hombres y dos mujeres que trabajan en la sauna, se enfrentan a penas de 6 años de cárcel en base a esa Ley Antipornografía que prohibe las fiestas sexuales, el uso de la pornografía y los «actos sexuales desviados» entre los que no sólo se incluyen la necrofilia y la zoofilia, sino también el sexo oral, el sexo anal y las relaciones entre personas del mismo sexo. No se han precisado los cargos que podrían presentar contra las otras 52 personas arrestadas, la mayoría de las cuales ya han sido puestas en libertad.

Esta sería la quinta redada contra el colectivo LGBT en espacios privados en este año. El 28 de marzo, vigilantes no identificados entraron a la fuerza en un apartamento en la provincia de Aceh y llevaron a dos hombres de veinte años a la policía por presuntamente tener relaciones homosexuales, siendo posteriormente condenados a 85 bastonazos. El 30 de abril, la policía irrumpe en una reunión privada de hombres homosexuales y bisexuales en Surabaya, arrestando a 14 de ellos para someterlos a pruebas de VIH sin su consentimiento. El 21 de mayo, la policía realiza una redada en el Atlantis Spa de Yakarta, deteniendo a 141 personas y acusando a 10 de ellas por celebrar una supuesta fiesta sexual. El 8 de junio, la policía de Medan arresta a cinco personas «sospechosas de ser lesbianas», ordenando a sus familiares que supervisen su conducta. Y el 2 de septiembre, la policía de la provincia de Java Occidental entra en una casa privada en la que se encontraba una docena de mujeres a las que expulsan de la aldea por ser sospechosas de ser lesbianas.

«Esto es parte de la actual campaña anti-LGBT en Indonesia que ha estado ocurriendo desde enero del año pasado (…). Human Rights Watch exige que la policía los libere y no compense cargos contra ellos», declara Andreas Harsono, miembro de Human Rights Watch en Indonesia, asegurando que el aumento de la discriminación hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en Indonesia está relacionado con el surgimiento de un pensamiento islamista más conservador, cuyo último logro era conseguir un proyecto de ley para prohibir la presencia del colectivo LGBT en cualquier formato destinado a la televisión, incluyendo un sencillo anuncia de publicidad en la que denomina su Ley de Radiodifusión.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Andreas Harsono, Argo Yuwono, Detenciones, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Indonesia, Sauna gay, Yakarta

Hace solo unos días, nos hacíamos eco de la detención de siete personas en El Cairo por ondear banderas arcoíris durante un concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila. Ahora sabemos que la escalada de LGTBfobia de Estado en Egipto se extiende como una plaga entre las autoridades y las fuerzas de “seguridad” de este país transcontinental. Se está hablando de al menos 57 arrestados por su orientación sexual o su identidad de género. Pero también hay afectados heterosexuales que han visibilizado su apoyo a la igualdad de derechos del colectivo LGTB. Human Rights Watch asegura que este país debería centrarse en “mejorar su gravísimo historial de derechos humanos” y Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. Por otra parte, se acaba de prohibir la presencia LGTB y el apoyo al colectivo en los medios de comunicación.

Cada vez son más preocupantes las noticias que nos llegan desde Egipto en materia LGTB. El propio Estado está organizando una persecución planificada, cada vez más intensa, contra la diversidad de orientación sexual e identidad de género, pero también contra la visibilización de la igualdad de derechos LGTB e incluso contra personas que brindan apoyo a las reivindicaciones del colectivo. Según cifras oficiales, 57 personas habrían sido detenidas por estos motivos arbitrarios (22 de ellas solo en lo que llevamos de octubre). Sin embargo, el número de arrestados puede ser mayor, teniendo en cuenta los antecedentes, la poca transparencia y la escasa credibilidad de las autoridades en lo que se refiere al respeto de la diversidad sexual y de género.

Como venimos recogiendo en dosmanzanas en el seguimiento informativo de la realidad LGTB en Egipto, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.

La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

“Egipto debe dejar de dedicar recursos estatales a cazar a la gente por lo que supuestamente hacen en sus dormitorios o por expresarse en un concierto de rock y en su lugar debe centrar su energía en la mejora de su gravísimo historial de derechos humanos”, declara Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y del Norte de África de Human Rights Watch.

El abogado egipcio Ahmed Othman, miembro de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, ha denunciado que a los acusados también se les pregunta sobre sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, las contraseñas de sus cuentas de redes sociales son recopiladas y se examinan sus mensajes en busca de pistas y de mayor información sobre sus actividades.

Respondiendo a las intransigentes peticiones de lobbies políticos y sociales LGTBfóbicos, el Sindicato de Profesiones Musicales egipcio impedirá a Mashrou ‘Leila actuar en Egipto nuevamente, después de la visibilización de banderas arcoíris y mensajes inclusivos durante su último concierto, celebrado el pasado 25 de septiembre. Como publicábamos estos días atrás, la banda, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay, ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica (la marca de los Hermanos Musulmanes en Jordania).

Egipto excluye a las personas LGTB de los medios de comunicación

El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) ha dado a conocer una orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde el pasado mes de abril, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, ha expresado a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Egipto: un país inseguro para oriundos y extranjeros

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en su ficha de Egipto, “desaconseja que las mujeres viajen solas, sin agencia de viajes y/o fuera de los circuitos turísticos” y explica a continuación que “aunque la homosexualidad no está formalmente tipificada como delito, los actos homosexuales en público son ilegales y hay precedentes de homosexuales condenados a prisión por contravenir leyes de ‘decencia pública’”.

Efectivamente, aunque las relaciones homosexuales no son ilegales, sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Además, en abril de 2015 nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

Como señalábamos anteriormente, en abril de este 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de appsde contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo,trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Abdelfatah al Sisi, Ahmed Othman, Amnistía Internacional, Dima Tahboub, Discriminación, Egipto, El Cairo, Frente de Acción Islámica, Hamed Sinno, Homofobia, Human Rights Watch, Jordania, LGTBfobia, Makram Mohamed, Mashrou’ Leila, Mona Eltahawy, Mona Iraqi, Naciones Unidas, Partido al-Nour, Reda Ragab, Salafismo, Sarah Leah Whitson

Comienzan a surgir testimonios del centenar de personas LGTB detenidas por la policía de Azerbaiyán, que hablan de palizas, torturas y electroshock.

La policía ha comenzado a liberar a algunos de los detenidos y el gobierno asegura que se trató de una operación de “salud pública”, acusando a los detenidos de ejercer la prostitución. 

Hace unos días te explicábamos que varios activistas y organizaciones por los derechos humanos en Azerbaiyán estaban denunciando la detención de al menos un centenar de hombres gais y personas trans por parte de la policía. El gobierno y las autoridades policiales admitieron que se habían realizado algunas detenciones por las denuncias de algunos ciudadanos que decían que había personas “de orientación sexual no tradicional” prostituyéndose regularmente en un barrio de la capital.

Los activistas en el país denunciaban que se trataba única y exclusivamente de una persecución brutal hacia el colectivo LGTB, algo que parecen confirmar algunos de los detenidos que están empezando a ser liberados. Según un informe de la Human Rights Watch, las liberaciones comenzaron el pasado lunes 2 de octubre por la noche y la mayoría de detenidos fueron liberados el martes 3 de octubre.

Desde el gobierno siguen insistiendo en que las detenciones se efectuaron siguiendo la legalidad del país con la intención de llevar ante la justicia a “aquellos que quebrantaron el orden público” y para “prevenir la propagación de enfermedades contagiosas“, asegurando además que las acusaciones de persecución a minorías sexuales carecían de fundamento. Pero Graeme Reid, el director de la sección LGTB+ de la Human Rights Watch dice no creerse esas explicaciones a las que considera “tan falsas y peligrosas como los cargos que la policía utilizó para detener a las personas” y denuncia que el deber del gobierno es proteger y empoderar a esas minorías sexuales y no humillarlas y aislarlas aún más.

 Varios abogados, contratados por la organización Nefes LGBT Azerbaijan Alliance, que asisten a los detenidos denuncian además un cúmulo de irregularidades en los arrestos. En uno de los testimonios que ha presentado la HRW, un chico explica lo siguiente: “El 19 de septiembre un amigo recibió un whatsapp de un chico gay al que no conocía de antes, que quería quedar con él para tener sexo. Cuando al final accedió a quedar en un lugar del centro de la ciudad, fue detenido inmediatamente por la policía.”

Varios abogados, contratados por la organización Nefes LGBT Azerbaijan Alliance, que asisten a los detenidos denuncian además un cúmulo de irregularidades en los arrestos. En uno de los testimonios que ha presentado la HRW, un chico explica lo siguiente: “El 19 de septiembre un amigo recibió un whatsapp de un chico gay al que no conocía de antes, que quería quedar con él para tener sexo. Cuando al final accedió a quedar en un lugar del centro de la ciudad, fue detenido inmediatamente por la policía.”

Una mujer trans que también fue detenida ha explicado las torturas sufridas después de su detención: “Fui brutalmente apaleada en la comisaría. Casi todo mi cuerpo está lleno de heridas. Me raparon la cabeza, me insultaron y me amenazaron. Varias organizaciones internacionales me han ofrecido ayuda para que mi novio y yo salgamos del país, pero me niego a abandonar Bakú, la ciudad en la que vivo.”

Un chico gay ha explicado que estaba con un amigo cuando “un grupo de policías vino hacia nosotros, nos metieron en un coche y nos llevaron a la comisaría del distrito de Nasimi. Soy un chico de aspecto femenino, supongo que por eso se me llevaron. Estuve detenido dos días durante los cuales tres policías me pegaron tan fuerte que perdí la conciencia.” Otra víctima explica que llamaron a su puerta el 20 de septiembre: “No abrimos la puerta y después de hora y media nuestro amigo, que había estado en la cárcel, llamó por teléfono. Y entonces volvieron a llamar a la puerta. Miré por la mirilla y vi a mi amigo y a algunos policías. Se llevaron a mi amigo y a nosotros también. Me pegaron. La policía me dijo que lo que estaba haciendo era prostituirme y querían que les diera información sobre clientes.” Como han denunciado otros de los detenidos, si no ofrecían información sobre sus amigos y conocidos la policía llamaba a las familias para sacarles del armario o les pegaban.

Las organizaciones LGTB han avisado a las personas del colectivo que las autoridades han creado muchos perfiles falsos en redes sociales para detenerles. En una captura de una conversación publicada por Javid Nabiyev, activista de la Nefes LGBT, se puede leer la conversación que una chica lesbiana (B) mantuvo con una mujer trans (A) a la que no conocía de nada (y que resultó ser un perfil falso de la policía):

A: Hola ¿eres lesbiana? Soy una mujer trans, necesito tu ayuda.
B: Sí, dime.
A: ¿Eres lesbiana?
B: ¿Qué necesitas?
A: Están saliendo noticias de arrestos policiales. Es todo mentira. No han arrestado a nadie. Sólo hay algunos maricones trabajando con la policía.
B: Vale. ¿Qué tipo de ayuda necesitas?
A: Necesito la ayuda de una lesbiana. Soy estilista. Necesito una ayudante. Si tus amigas lesbianas o amigos gais necesitan trabajo, dímelo. Se paga muy bien. Si le interesa a alguien, pásales mi contacto.
B: Vale, vale, esto es mentira. Sé quién eres. Aléjate de mí.
A: ¿Qué? ¿”VALE”? ¿Sabes que podemos encontrarte?
B: ¿Quién eres? Sabes quién soy, zorra, te estaba poniendo a prueba.

Al contrario de lo que ha ocurrido en países como Chechenia, los medios de comunicación de Azerbaiyán sí hablan de las detenciones; pero lo hacen siguiendo las indicaciones y explicaciones del gobierno. Una web de actualidad aseguraba que entre los detenidos sólo había personas “infectadas con las enfermedades más peligrosas, incluido el SIDA” y en otra web llegaron a titular: “¡Abierta la temporada de caza de gais!“.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Alianza LGTB Azerbayaní Nefe, Azerbaiyán, Bakú, Detenciones, Graeme Reid, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Javid Nabiyev, Nefes LGBT Azerbaijan Alliance, Partido de la Justicia

Estados Unidos se ha visto forzado a salir al paso de las informaciones que le acusaban de haberse opuesto a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. Lo cierto, como explicábamos hace dos días, es que ese titular descontextualizado puede ser malinterpretado. La resolución era un texto globalmente crítico con la pena de muerte, y de ahí deriva la oposición estadounidense, que no es nueva (textos similares se han votado en ocasiones anteriores y Estados Unidos también ha votado en contra). Lo importante, en este caso, es que por primera vez se incluía una mención a la aplicación de la pena de muerte a las personas que mantienen relaciones homosexuales, a la que Estados Unidos, según ha confirmado ahora, se opone. Una clarificación que colectivos en defensa de los derechos LGTB consideran oportuna, aunque no ha despejado todas las críticas.

Lo explicamos en nuestra anterior entrada (en la que detallamos además el voto de los diferentes países). La resolución A/HRC/36/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aborda la pena de muerte y condena su aplicación cuando no es garantista y supone una violación de derechos humanos fundamentales. Condena, por ejemplo, la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual, contra quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito o contra mujeres embarazadas. También “deplora” que las personas pobres o económicamente vulnerables y los extranjeros sean condenados a muerte de manera desproporcionada. Por lo que se refiere al ámbito LGTB, lo interesante de esta resolución es que por primera vez incluye la cuestión LGTB entre sus considerandos y recomendaciones. Lo hace, en concreto, en tres ocasiones:

• La primera, en su parte introductoria, al tomar nota de los informes del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte, en el último de los cuales “examinó los efectos desproporcionados de la aplicación de la pena de muerte a personas pobres o económicamente vulnerables, los extranjeros, las personas que ejercen el derecho a la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra las minorías raciales y étnicas, su aplicación discriminatoria por motivos de género u orientación sexual, y su aplicación a personas con discapacidad mental e intelectual”.
• La segunda, cuando expresamente condena “la imposición de la pena de muerte como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas, y expresando profunda preocupación por el hecho de que la pena de muerte por adulterio se imponga de manera desproporcionada a las mujeres”.
• Finalmente, la tercera mención tiene lugar cuando insta “a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas”.

Se trata, en este sentido, de un avance importante, que la propia ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) saludaba como “histórico”. Sin embargo, mediáticamente quedó ensombrecido por el voto contrario de los Estados Unidos, que hizo que numerosos medios de comunicación señalasen en sus titulares a este país como opuesto a una condena a la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. También fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGTB. “La embajadora Haley [en referencia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas] ha fallado a la comunidad LGBTQ al no pronunciarse contra el uso bárbaro de la pena de muerte para castigar a personas que tienen relaciones homosexuales”, declaró Ty Cobb, responsable del área internacional de Human Rights Campaign (la mayor organización de defensa de los derechos LGTB en Estados Unidos). “El desprecio flagrante de esta administración hacia los derechos humanos y las vidas de las personas LGBTQ en el mundo es más que vergonzoso”, añadió.

Tal ha sido el alcance de la noticia que el Departamento de Estado se ha visto obligado a desmentir que Estados Unidos apoye de alguna manera la aplicación de la pena de muerte a las personas homosexuales. lo ha hecho con una breve intervención de su portavoz Heather Nauert, ante la prensa, en la que explicó que su país votó contra la resolución debido “a más amplias reservas hacia la forma en la que la resolución condenaba la pena de muerte en todas las circunstancias”. Conviene recordar, en este punto, que Estados Unidos aplica la pena de muerte en 31 de sus 50 estados, y de hecho en 2016 se situó entre los diez países del mundo con más personas ejecutadas. “Los Estados Unidos condenan de forma inequívoca la aplicación de la pena de muerte para conductas tales como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o la apostasía. No consideramos que tales conductas deban ser objeto de criminalización”, añadió:

.@statedeptspox comments on a vote related to the death penalty at the @UN #HumanRights Council in Geneva. #UNHRC pic.twitter.com/nSugkMrBZC

— Department of State (@StateDept) 3 de octubre de 2017

La propia embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quiso explicar en Twitter que el voto estadounidense no podía entenderse como un refrendo a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. “Siempre hemos luchado en favor de la justicia para la comunidad LGBT”, afirmaba Haley, que insistía en que su voto era el mismo que el que en su momento ejerció la administración Obama contra una resolución similar (si bien aquella no incluía referencia alguna a las personas homosexuales):

Fact: There was NO vote by USUN that supported the death penalty for gay people. We have always fought for justice for the LGBT community.

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Fact: The vote that took place in Geneva is the same US vote that took place under the Obama admin. It was not a vote against LGBT #Fact

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Las aclaraciones de la administración Trump han sido bienvenidas, por ejemplo, Por Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, que ha querido echar en esta ocasión echarle un guante. “Sería un error interpretar su oposición a la resolución contra la pena de muerte como un cambio en sus políticas”, ha asegurado Stern, insistiendo en que su organización segurá denunciando a la administración Trump por cada uno de los pasos que dé en contra de los derechos LGTB. Desde Human Rights Campaign, por su parte, y tras la condena inicial a la que antes hacíamos mención, han agradecido la clarificación aunque siguen mostrando su preocupación por el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos LGTB a nivel global.

No faltan, en cualquier caso, los activistas que consideran ingenuo pensar que no oponerse con firmeza a la pena de muerte no afecta a los derechos LGTB. “La pena de muerte es también un asunto LGTBQ. Uno puede verlo en el modo en el que se aplica en Arabia Saudí, Yemen, Sudán y otros lugares”, ha afirmado por ejemplo Ryan Thoreson, investigador en el programa de derechos LGTB de Human Rights Watch. “Cuando los Estados Unidos no están dispuestos a denunciarlo, incluso en una relsoución irreprochable como esta, envía una señal de tolerancia hacia la pena de muerte que debería preocupar mucho a las personas LGTBQ”, ha añadido.

Países que castigan la homosexualidad con la muerte

De acuerdo al último informe de ILGA sobre Homofobia de Estado, publicado en mayo, la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Catar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

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En la más reciente campaña contra las personas homosexuales, las autoridades de Egipcio arrestan en dos semanas a 33 personas que acusan de «promover la desviación sexual y el libertinaje» y someten a exámenes anales. 

El organismo que regula los medios de comunicación en Egipto ha prohibido emitir cualquier forma de apoyo a la comunidad LGTBI.

Los homosexuales solo podrán aparecer en los medios “para arrepentirse”.

Es una consecuencia más del acoso gubernamental contra el colectivo desde que se desplegaran banderas arcoíris en un conciero de Mashrou’ Leila.

Después de que los medios de comunicación locales lanzan una campaña sumamente crítica contra un grupo de personas que habían ondeado la bandera del arco iris en el concierto de Mashrou ‘Leila, una popular banda de rock alternativo libanesa cuyo cantante es abiertamente gay, el fiscal de El Cairo anuncia una investigación que se salda con la detención de 7 personas. Como consecuencia, también se activa una campaña de represión contra personas sospechosas de ser homosexuales que, por el momento, ya se ha saldado con 33 personas arrestadas, 22 sólo en los últimos 3 días.

La policía arrestaba el 25 de septiembre, a Ahmed Alaa y Sarah Hegazy, siendo esta la primera mujer involucrada en estas detenciones, según revela su abogado. Ambos son acusados de «unirse a un grupo formado en contra de la ley» y «propagar la idea de ese grupo». Hegazy se enfrenta a la acusación adicional de «promover la desviación sexual y el libertinaje», motivo por el que son retenidos durante 15 días según ha declarado su abogado, Amr Mohamed. Antes del concierto de Mashrou’ Leila, dos hombres habrían sido ya arrestados, siendo uno de ellos puesto en libertad.

El resto de las detenciones no están relacionadas con el incidente de la bandera, pero todas las detenciones se han producido por ser sospechosas de ser homosexuales, 10 arrestos se producen entre el 28 y el 30 de septiembre, y 6 más a principios de la semana pasada, siendo todos los sospechosos procesados por «promover la desviación sexual» y el «libertinaje», eufemismos para designar la homosexualidad, estando previsto que se dicte un veredicto el próximo 29 de octubre.

Las expectativas para salir libres son escasas, puesto que ya se habría condenado a un hombre a seis años de edad por cargos similares, a pesar de que la homosexualidad no está prohibida en Egipto, se trata de un país en el que la sociedad es fuertemente conservadora y la discriminación está a la orden del día. Las personas homosexuales son frecuentemente arrestadas y acusadas de libertinaje, inmoralidad o blasfemia, siendo sometidos a exámenes anales para determinar si han tenido relaciones entre personas del mismo sexo, una práctica considerada como tortura por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Desde que se iniciara esta escalada homofóbica, las fuentes judiciales no ocultan que se han realizado hasta cinco exámenes de este tipo, aunque según ellos se hacen de manera legal y no son una forma de abuso. «En cuestión de días, las fuerzas de seguridad egipcias han reunido a decenas de personas y llevado a cabo cinco exámenes anales que indican una aguda escalada en los esfuerzos de las autoridades para perseguir e intimidar a los miembros de la comunidad LGBTI tras el incidente de la bandera arco iris», declara Najia Bounaim, director de campañas del Norte de África en Amnistía.

Aunque oficialmente la homosexualidad está despenalizada y no es motivo de arresto, en este momento se habla ya de 15 detenidos que se enfrentan a cargos de “depravación” y de “promover desviaciones sexuales en las redes sociales”.

Desde que se publicaron las fotos en las que se puede ver cómo algunos fans sacaron sus banderas arcoíris en el concierto, se ha desatado una auténtica histeria homófoba en el país y Amnistia Internacional denuncia que hay una operación orquestada de la policía para detener a personas del colectivo LGTB y que se obliga a las personas detenidas a pasar por exámenes anales que son usados como “pruebas” en su contra.  Aunque las autoridades niegan que haya ninguna operación en marcha, desde las asociaciones recomiendan ser especialmente cuidadosos, borrar las aplicaciones de contactos como Grindr y las fotos de los móviles, y no dejarse ver por las zonas de ambiente.

En el comunicado del CSRM se dice que la homosexualidad es una enfermedad vergonzosa de la que no se debe hacer promoción en los medios de comunicación, y que sólo se debe permitir la presencia de homosexuales en las emisiones si aparecen para “arrepentirse”

Según el presidente del CSRM Makram Mohamed Ahmed la homosexualidad entra en contradicción con la humanidad y las religiones y la obligación de los medios de comunicación es recalcar los daños derivados de difundir el fenónemo de la homosexualidad. También ha dicho que hay que proporcionar a los padres medios adecuados para educar a sus hijos (en la homofobia y el desprecio a los que no son, o aparentan al menos, ser heteros, se entiende)

Ya nos extrañaba que no tardara en aparecer la excusa de que había que proteger a la infancia del país para que no se ahomosexualizara como pretexto para justificar esta barbaridad que acaban de publicar en Egipto.  La justificación que dan sobre la difusión y promoción de la homosexualidad recuerda mucho a la que usaron en Rusia para aprobar su famosa ley. De hecho, en el escrito de la Fiscalía se asegura que los detenidos por ondear banderas LGTB en el  concierto estaban “promoviendo la homosexualidad ondeando una bandera que representa esa práctica anormal“.

Como os decíamos antes, en Egipto no es ilegal (teóricamente) ser homosexual y por eso la explicación oficial que han dado las autoridades es que los detenidos fueron vistos en posturas indecentes y que mediante gestos ofrecían sexo a otros hombres a cambio de dinero y que les habían encontrado alcohol y drogas. Es decir, justifican la detención diciendo que se trata de personas que estaban ejerciendo la prostitución. Esto, aparte de una excusa para justificar las redadas y darle un aire de legalidad a la operación (y otro día si queréis hablamos de que no todo lo que se hace de forma legal es irreprochable ni inocente, que parece que a más de uno hay que recordárselo), seguramente servirá a las autoridades para alimentar todavía más los prejuicios de una sociedad muy conservadora que ya tiene bastantes prejuicios encima y ve a los homosexuales como personas poco respetables.

Fuente | Europa Press, vía Universogay/EstoyBailando

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La policía de Indonesia arresta a una docena de mujeres sospechosas de ser seis parejas de lesbianas, después de que sus vecinos las denunciaran por realizar «actividades inmorales» en un domicilio de Cigombong.

Lamentablemente, la homofobia no da tregua. En Indonesia, uno de los países más poblados del mundo, la policía detuvo a principios del mes de septiembre a doce mujeres tras ser acusadas por jóvenes islámicos y líderes religiosos del terrible crimen de ser lesbianas, expulsándolas de su aldea.

Fuente CBS News, vía AmbienteG/Universogay/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Arresto, Cigombong, Human Rights Watch, Indonesia, Kimahli Powell, Lesbianas, Lesbofobia

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Mississippi deja libre el camino para la aprobación de la ley más homofóbica de los Estados Unidos, la ley HB1523, que permiten la discriminación de cualquier persona en base a las creencias religiosas en cualquier ámbito, aprobada hace poco más de un año y bloqueada desde entonces por un juez federal.

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