Una mujer transgénero de Armenia se encuentra en el centro de una disputa internacional después de dar un apasionado discurso ante la Asamblea Nacional del país.

Lilit Martirosyan fue expulsada del parlamento de Armenia después de pedir mejores protecciones para las personas trans, y desde entonces ha sido objeto de amenazas de muerte.

Dirigiéndose a los diputados el 5 de abril, dijo: “Les estoy dando este discurso como mujer transgénero, pero les pido que me vean como una figura colectiva.Yo defiendo a las personas transgénero de Armenia torturadas, violadas, quemadas, apuñaladas, asesinadas, desterradas, discriminadas, pobres y desempleadas. Les pido que lleven a cabo reformas y políticas para lograr la igualdad de género y garantizar los derechos humanos para todos”.

Martirosyan fue escoltada fuera de la sala después de su discurso, y un diputado la calificó de “irrespetuosa” por “violar” la agenda del día. Naira Zohrabyan dijo: “No podemos violar la agenda: no se trata de una cuestión de discriminación. Si la pregunta estuviera dirigida a usted, le invitaríamos y usted hablaría”.

Después de que un video del intercambio fue compartido en línea, más de 100 manifestantes se manifestaron en contra de Martirosyan fuera del edificio del parlamento el 8 de abril. Muchos de ellos son figuras religiosas, y algunos piden la consagración de la Cámara de Diputados.

La UE y la ONU apoyan a Lilit Martirosyan

El 9 de abril, la UE emitió una declaración condenando “la incitación al odio, incluidas las amenazas de muerte contra Lilit Martirosyan, sus colegas y la comunidad LGBT+ en su conjunto. La UE hace un llamamiento a todos los armenios que promueven y creen en la universalidad de los derechos humanos para que condenen la incitación al odio y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para que adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad física de los ciudadanos armenios e investiguen las acusaciones contra los sospechosos de haber cometido delitos motivados por el odio”, prosiguió el informe.

Un día después (10 de abril), la ONU emitió una declaración similar. “No se puede tolerar ninguna amenaza de violencia, ni ninguna forma de discriminación contra ningún grupo o individuo”, escribió la oficina de la ONU en Yeravan, la capital de Armenia.

Anna Naghdalian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores armenio, calificó de irrespetuosas las intervenciones. “Nuestros socios internacionales deben demostrar más respeto y sensibilidad hacia la sociedad armenia y abstenerse de participar indebidamente en el debate público”, escribió el 10 de abril. Añadió que el gobierno está plenamente comprometido con la protección de los derechos humanos y “no tolerará ninguna acción ilegal”.

Armenia es regularmente clasificada como un lugar hostil para las personas LGBT+. En 2018, Human Rights Watch acusó a su gobierno de “no investigar eficazmente la violencia contra la comunidad LGBT” después de la violencia contra activistas LGBT+.

Punto negro en el mapa LGTB

Armenia está muy lejos de situarse como un destino ‘LGTB friendly’ a corto plazo. Para ilustrar la tensión que producen los debates relacionados con la orientación sexual en el país caucásico, reproducimos las declaraciones del misionista Mesrop Arakelyan durante la campaña electoral de 2013 al Consejo de Ereván, recogidas en el documento de la ONG Información Pública y Necesidad de Conocimiento.  El candidato llegó a asegurar que “a pesar de que tenemos un partido liberal, yo estoy a favor de la criminalización de la homosexualidad”.

Además de los políticos, la Iglesia Apostólica Armenia también contribuye a fomentar el odio y la discriminación social. El Archimandrita Komitas Hovnanian, una prominente figura eclesiástica nacional, advertía que “un nuevo movimiento religioso se está formando para combatir la homosexualidad, la pedofilia, el incesto y otras actitudes inmorales”. Según la homófoba y distorsionada opinión del jerarca, la homosexualidad no representa una opción sexual legal, ya que la sitúa en el mismo nivel que actividades delictivas como la pederastia, por lo que invita a los fieles y a la ciudadanía en general  a “tomar medidas para prevenir estos fenómenos decadentes”.

Impunidad homófoba

La actuación de la Policía y de la Justicia tampoco queda en mejor lugar que la de los políticos o la Iglesia. El informe señala que ante muchas de las denuncias presentadas por personas LGTB, como consecuencia de violaciones de sus derechos, ataques homófobos, o pura discriminación “se inició un proceso penal en contra de las propias víctimas de la presentación por supuestos falsos delitos”.

Uno de los casos de discriminación y homofobia más flagrantes en el ámbito de la Justicia es la sentencia por el del atentado contra el pub DIY, situado en la capital del país (Ereván). En 2012, los hermanos Hambik y Arameh Khabazyan incendiaron el local por el simple hecho de ser frecuentado por personas LGTB y por haber reconocido a su propietario, Armine Oganezova, en una marcha del Orgullo Gay de Turquía. Se les juzgó por “daños a la propiedad privada” y fueron condenados a 1 año de prisión provisional y a 2 años y 7 meses de libertad condicional, sin ninguna mención a la motivación del delito por odio. Para mayor vergüenza del sistema judicial armenio, los autores del atentado fueron amnistiados por el Tribunal Supremo.

Sorprendentemente, la explosión del pub fue justificada por el portavoz del Partido Republicano de Armenia (en el Gobierno) y por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eduard Sharmazanov, así como por distintos representantes de fuerzas de la oposición como los miembros de la Federación Armenia Revolucionaria Vahan Hovhannisyan y Artur Aghabekyan.

Diáspora armenia: la excepción y la esperanza

Entre tanta discriminación y odio se atisba un rayo de cordura gracias a algunos ilustres representantes de la denominada “diáspora”. Se trata del colectivo de expatriados y descendientes directos de familias Armenias que, en distintos momentos de la historia, salieron de su país como consecuencia de conflictos bélicos, matanzas, persecuciones o, simplemente, buscando una vida más próspera. Las mayores comunidades de armenios se encuentran en Rusia, Estados Unidos y Francia. Según los datos de la Embajada de Armenia en España, se estima que la población armenia en nuestro país asciende a unos 40.000 ciudadanos. Las ciudades con mayor concentración de armenios son Valencia (14.000), Barcelona (12.000) y Alicante (2.000).  Solo una quinta parte de los armenios vive en Armenia.

Más de dos docenas de armenios prominentes en la diáspora firmaron una declaración de apoyo a la igualdad y a la justicia para todos en Armenia. Entre los firmantes encontramos a la escritora Diana Der Hovanessian, al cineasta Atom Egoyan, al actor y productor Arsinée Khanjian o al músico Serge Tankian, entre otros. Este conjunto de artistas y profesionales armenios “se sintieron conmovidos por la legislación anti gay que se propuso en Ereván”. Su acción, de hecho, fue determinante para que las leyes homófobas no fueran aprobadas. La escritora Nancy Agabian dijo al respecto que “las personas con conciencia no deben permitir que nuestros primos LGBT sean etiquetados y endemoniados”.

Por lo tanto, los hechos apuntan a que la esperanza por una sociedad armenia más libre, más justa y más diversa pasa, en buena medida, por el papel que puedan seguir desempeñando los intelectuales de la diáspora, viendo que los principales estamentos e instituciones internas del país no tienen demasiadas intenciones de aparcar su ostensible y vergonzante actitud homófoba.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi (D-CA),

Muchos de los empleadores más grandes de los EE.UU. han respaldado la Ley de Igualdad, un proyecto de ley que será reintroducido en el Congreso y que añadiría protecciones federales contra la discriminación de las personas LGBT+.

Actualmente es legal discriminar a las personas LGBT+ en 30 estados de los EE.UU. debido a las protecciones desiguales a nivel estatal, ya que los esfuerzos para aprobar leyes de derechos civiles LGBT+ en todo el país se han estancado en el Congreso durante décadas.

La Ley de Igualdad, que ampliaría las leyes existentes de derechos civiles para cubrir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, será reintroducida en la Cámara de Representantes la próxima semana en un intento por salir del punto muerto.

Hablando con los periodistas el jueves (7 de marzo), Pelosi dijo: “La próxima semana, estaremos lanzando nuestra Ley de Igualdad para terminar con la discriminación para la comunidad LGBTQ y estaremos lanzando nuestra iniciativa para proteger a los Soñadores y a las personas con estatus de protección temporal en nuestro país. Dijimos estas cosas durante la campaña, y lo estamos haciendo y le estamos diciendo al público sobre los caminos que estamos tomando para convertirlas en ley y hacer una diferencia en las vidas del pueblo estadounidense“.

Líderes empresariales se unen para apoyar la Ley de Igualdad. Antes de la reintroducción de la Ley de Igualdad, 161 de los mayores empleadores del país se han unido para apoyar la legislación.

La Coalición Empresarial para la Ley de Igualdad de la Campaña de Derechos Humanos incluye compañías con una combinación de 8.5 millones de empleados en todo Estados Unidos, y una combinación de $3.7 trillones en ingresos.

La coalición une a famosos rivales corporativos como Coca-Cola y Pepsi; Google, Apple y Microsoft; Facebook y Twitter; Kellogg’s y Hershey y Target y Amazon.

El Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Chad Griffin, dijo: “[Estas compañías] están enviando un mensaje fuerte y claro de que ha llegado el momento de la plena igualdad federal. Al apoyar a la comunidad LGBTQ y unirse a la lucha para aprobar la Ley de Igualdad, estas compañías están exigiendo la plena igualdad federal para los más de 11 millones de personas LGBTQ en este país que merecen ganarse la vida, criar a sus familias y vivir sus vidas libres de discriminación. Estos empleadores líderes saben que proteger a sus empleados y clientes de la discriminación no es sólo lo correcto, sino que también es bueno para el negocio“.

La aprobación de la Ley de Igualdad es vital, dicen los líderes empresariales. Kevin Walling de The Hershey Company dijo:“Si nuestra nación va a competir en un escenario global, nuestras leyes federales deben asegurar que todos los empleados sean tratados con el mismo respeto”.

Mark King de Kellogg’s dijo: “Creemos firmemente en la diversidad, la igualdad y la inclusión en el lugar de trabajo, en el mercado y en las comunidades donde trabajamos y vivimos. El apoyo a la Ley de Igualdad demuestra nuestro compromiso continuo de crear un ambiente en el que todos los empleados sean incluidos, tratados con dignidad y respeto, y estén capacitados para alcanzar su pleno potencial”.

Fuente Cromosomax

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Un hombre ha sido ahorcado en Irán por mantener relaciones sexuales homosexuales y secuestrar a dos adolescentes.

El hombre sin nombre fue ejecutado públicamente el 10 de enero en Kazeroon, al sur de Irán, según informa la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes.

Fue acusado de tener relaciones sexuales homosexuales, que se castigan con la pena de muerte según la ley Sharia de Irán, y de secuestrar a los dos adolescentes de 15 años.

Según el informe de la Agencia de Noticias Estudiantil Iraní, tras el ahorcamiento, “los ciudadanos de Kazeroon expresaron su satisfacción y agradecieron al poder judicial”.

El sexo gay ha sido ilegal en Irán desde la revolución de 1979. Las autoridades periódicamente toman medidas enérgicas contra la actividad LGBT+ en el país.

Según Human Rights Watch, en febrero de 2008, la policía de Isfahán allanó una fiesta en una casa privada y detuvo a 30 hombres, que fueron retenidos indefinidamente sin abogado bajo sospecha de actividad homosexual.

En abril de 2017, la policía arrestó a 30 hombres en un evento en la provincia de Isfahan y los acusó de “sodomía, consumo de alcohol y drogas psicodélicas”.

Alireza Nader, director ejecutivo del grupo New Iran, con sede en Estados Unidos, dijo al Jerusalem Post que la comunidad LGBT+ en Irán vive con miedo. “La comunidad LGBT en Irán ha vivido aterrorizada durante los últimos 40 años.”

Thanks to @MailOnline for citing my @Jerusalem_Post article:@AlirezaNader told the Jerusalem Post that homosexuals are living in ‘terror’ in Iran.
‘The LGBT community in Iran has lived in terror for the last 40 years,’ Nader said. https://t.co/dqKabJxgJi

— Benjamin Weinthal (@BenWeinthal) 28 de enero de 2019

“La comunidad LGBT en Irán ha vivido aterrorizada durante los últimos 40 años”, dijo a la publicación. “La próxima vez que el Ministro de Relaciones Exteriores Zarif hable en Washington, el anfitrión y el público deberían preguntarle por qué su régimen es uno de los principales verdugos de gays del mundo”.

En enero de 2018, el entonces ministro en la sombra del Partido Laborista Andrew Gwynne condenó la legislación anti-gay de Irán, después de que el líder Jeremy Corbyn fuera criticado por no hablar en contra de ella. Gwynne apareció en Pienaar’s Politics de la BBC y fue cuestionada por el tema. Dijo: “Está por encima de mi nivel salarial entrar en la política de Oriente Medio, pero el régimen iraní, gran parte de lo que representa, me parece totalmente repugnante, por ejemplo, el ahorcamiento de hombres homosexuales. “Creo que deberían ser llamados y condenados, con razón.”

Preguntado por el líder de su partido, dijo: “Me sorprendería que Jeremy Corbyn no condenara el hecho de que el régimen iraní cuelgue a hombres homosexuales. “Eso es abominable y va en contra de todo lo que el partido laborista representa.”

Fuente Cromosomax

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El país ha eliminado de su código penal el artículo que criminalizaba la homosexualidad y que fue redactado en 1886.

El Parlamento de Angola ha aprobado un nuevo Código Penal que supone el fin de la criminalización de las relaciones homosexuales en ese país. Una magnífica noticia que convierte al país africano en el primero en despenalizar la homosexualidad en este año 2019. El cambio va incluso más allá, al sumarse a la prohibición de discriminar a personas en base a su orientación sexual.

El pasado miércoles 23 de enero Angola hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en despenalizar la homosexualidad en 2019. La iniciativa se aprobó con 155 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento la homosexualidad en Angola podía suponer penas de cárcel de 6 meses a 3 años por lo que se consdieraban “actos contra natura“. Esa ley formaba parte del Código Penal aprobado en 1886 y que el país no ha reformado ni una sola vez desde que en 1975 se independizó de Portugal.

Los legisladores aprobaron la aplicación de un proyecto de ley que reforma el Código Penal de 1886, el cual contenía prohibiciones y concepciones heredadas de la época colonial. El Código Penal vigente hasta el momento, heredado de la época colonial portuguesa, castigaba a quienes practicaren de manera habitual actos contra natura. Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de persecución sistemática, pero la persistencia de una norma que podía ser aplicada a cualquier tipo de relación homosexual mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTB. El nuevo Código Penal elimina esta posibilidad.

Ya el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, de hecho, dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», puede leerse en el informe, que también destaca como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluya la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Con la reforma, el Código Penal de Angola no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, sino qué también prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

La decisión ha sido saludada no solo por entidades LGTB (como ILGA, organización paraguas que agrupa a colectivos de todo el mundo) o de defensa de los derechos humanos (como Human Rights Watch), sino también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige desde septiembre de 2018 la expresidenta chilena, Michelle Bachelet:

Con esta decisión, Angola se convierte en el primer país en despenalizar la homosexualidad durante 2019. Por su parte, el  partido que gobierna el país se mostró a favor de la decisión y dijo que el nuevo Código Penal era “genuinamente angoleño”.

“Al eliminar esos vestigios arcaicos de la época colonial, Angola rechaza las discriminaciones  basadas en la orientación sexual”, señaló Human Rights Campaigne (HRC), una de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, por medio de un comunicado. Tal y como informa la Human Rights Watch, el parlamento del país ha aprobado un nuevo Código Penal que no contempla la homosexualidad como delito, protege frente a la discriminación en el empleo en base a la orientación sexual y que, en algunos casos, también despenaliza el aborto.

El año pasado, se produjo ya un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Alrededor de 70 países siguen penalizando la homosexualidad

Según el mencionado informe de ILGA, publicado por última vez en 2017, 72 estados criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo  a través de diversas figuras legales como la “sodomía” y las “relaciones sexuales no tradicionales”; asimismo, se castiga a las personas LGBT bajo leyes relacionadas con la moralidad y la conservación del orden, con datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato suponía una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía en 2016, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

A la espera de una nueva evaluación de la situación, que previsiblemente se publicará este año, hoy día hay que excluir de esa lista al menos a los países más recientes en despenalizar la homosexualidad son  Trinidad y Tobago e India, el primero anuló las prohibiciones contra las relaciones del mismo sexo en abril del año pasado, y la Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmó su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y emitió el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, denegó al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago; mientras que la corte suprema de India lo hizo en septiembre de 2018.

Fuente Agencias e información de HRC/Dosmanzanas/Cristianos Gays

Imagen tomada de Global Voices.

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La Human Rights Watch, organización que monitoriza que se cumplan los derechos humanos en todo el planeta, acaba de publicar un informe de 92 páginas titulado: “SIN APOYO: La ley rusa contra la ‘Propaganda Gay’ pone en peligro a la juventud LGTB+“.

Desde 2013 en Rusia es ilegal hacer “propaganda” de las orientaciones sexuales no tradicionales. Y por “propaganda” las autoridades rusas entienden cualquier cosa: una foto en tu Twitter, unos dibujos en un colegio, una web de ayuda a jóvenes LGTB+…

El informe que acaba de presentar la Human Rights Watch y que se ha confeccionado en base a un buen montón de entrevistas a jóvenes LGTB+ rusos demuestra que la ley solo ha servido para intensificar el estigma, el acoso y la violencia contra las personas LGTB+. Pero, además, esa ley ha provocado varias situaciones discriminatorias hacia el colectivo, como por ejemplo la imposibilidad de pedir ayuda a un profesional de la salud mental. “La ley rusa contra la ‘propaganda gay” pone en peligro a los jóvenes LGTB+ al negarles el acceso a información vital” explica Michael Garcia Bochenek consejero de derechos de la infancia en la HWR, “Y en mitad de ese clima de hostilidad social hacia las personas LGTB+ en Rusia, la ley prohíbe que los profesionales de la salud mental ayuden a menores que les hacen preguntas sobre la orientación sexual o la identidad de género“.

Entre los testimonios que han recabado con las entrevistas, destacan el de Nikita R., un chico trans de 18 años que asegura que las personas LGTB+ del país llevan cinco años con miedo de salir a la calle: “Sabemos que la gente se cree lo que dicen los medios generalistas, y las historias que cuentan les enseñan que somos criaturas horribles; así que estamos en constante peligro“. Otra persona LGTB+, estudiante en la universidad, explicó que la ley está “asfixiando” al colectivo y una chica lesbiana de 14 años advirtió de que la ley ha dado rienda suelta a la LGTBfobia y que el colectivo tiene miedo de organizar marchas del Orgullo LGTB+; o de salir a la calle y recibir una paliza sabiendo que sus agresores quedarán impunes.

El informe de la HRW se cierra con varias recomendaciones para cambiar esta situación. Muchas de ellas van dirigidas al gobierno ruso.

La HRW exige a Rusia que las autoridades emitan un comunicado condenando el discurso de odio hacia la comunidad LGTB+, y también le exige que se derogue la ley y se deroguen o modifiquen las leyes que discriminan al colectivo. También piden que se apruebe una legislación que proteja los derechos de las personas LGTB+, incluidas las menores de edad, y que se combata la discriminación en los estamentos públicos.

Algunas de las recomendaciones también van dirigidas a la Unión Europea, instándole a presionar al gobierno ruso para que derogue la ley.

Nada de lo que se publica en este informe es nuevo. Ya hace tiempo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoce el daño que esta ley provoca en el colectivo LGTB+ (y especialmente en los más jóvenes). En verano del año pasado el TEDH ya condenó al gobierno ruso al considerar que la ley es discriminatoria y arbitraria.

Fuente | Human Rights Watch, vía HazteQueer

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Jimmy Morales | Foto: Uso permitido

Diferentes organizaciones que defienden los derechos humanas alertan sobre los peligros de la aprobación de la denominada Ley de Protección a la Vida y la Famillia, que criminaliza a la mujer, discrimina a los miembros de la comunidad LGBT, extiende los prejuicios contra la diversidad sexual y promueve la homofobia.

Alrededor de veinte organizaciones que defienden los derechos humanos alertan sobre la aprobación de un proyecto de ley que consideran «extremadamente peligroso», que está pendiente de pasar un último trámite de cara a su aprobación definitiva en Guatemala. La denominada Ley de Protección a la Vida y la Familia permitiría que cualquier mujer pudiera ser sometida a interrogatorios policiales ante la sospecha de haber abortado, así como enfrentarse a un juicio incluso aunque hubiera sido un aborto involuntario. Una ley que también discrimina de diferentes maneras a los miembros de la comunidad LGBT, así como extiende los prejuicios contra la diversidad sexual y promueve la homofobia.

«Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, enviará el mensaje de que las mujeres y las personas LGBT son ciudadanos de segunda clase en Guatemala (…). La propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos », advierte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Este proyecto de ley ya ha sido aprobado en sus dos primeros trámites por el Congreso de Guatemala, estando pendiente de una tercera votación, siendo necesario finalmente que cada artículo sea aprobado de forma individual para que el presidente, Jimmy Morales, firme la ley.

Actualmente el aborto es legal en Guatemala únicamente cuando esté en riesgo la vida de la embarazada. Con esta nueva propuesta se define al aborto como la «muerte natural o provocada» del embrión o feto, proponiendo penas de hasta cuatro años de prisión para las mujeres que tengan un «aborto». Asimismo se «prohíben expresamente» las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo y se define a la «familia» como limitada a un «padre, madre e hijos», siendo explícitos al excluir a las personas transexuales al indicar que las uniones matrimoniales deben producirse entre hombres y mujeres «de nacimiento». Por último, el artículo 2 define la diversidad sexual como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

«Las disposiciones de ‘protección familiar’ en este proyecto de ley no son más que la promoción de la homofobia», afirma Vivanco, quien defiende que «la libertad de conciencia y expresión no es un cheque en blanco para discriminar a las personas LGBT». Desde Human Rights Watch sostienen que aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté reconocido en Guatemala, este proyecto de ley tiene el propósito de consolidar y reforzar esa realidad inaceptable, además permitir expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual. «Es lamentable que un proyecto legislativo que violenta la Constitución y que supone un retroceso en materia de derechos humanos haya avanzado hasta la segunda lectura», denuncian organizaciones entre las que se encuentran el Grupo Multisectorial para los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Mesa Nacional por la Educación Integral y Sexualidad y Mujeres Transformando el Mundo.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Guatemala, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Ley de Protección a la Vida y la Familia

Qatar, sede del Mundial en el año 2022, es uno de los 74 países que todavía castiga las relaciones del mismo sexo con el encarcelamiento, y tiene un poco más de dos millones y medio de habitantes y

Artículos relacionados con el colectivo LGBT+ han sido borrados completamente y reemplazados por espacios en blanco, ha informado ABC News en un informe donde detalla que las libertades de prensa y derechos humanos están siendo censurados a un ritmo bastante acelerado en Qatar, un país de 2,69 millones de habitantes y que albergará el Mundial de Fútbol en el 2022.

Varios artículos del New York Times desde abril de 2018 hasta julio de 2018 fueron “excepcionalmente eliminados”, según una nota que apareció en la edición de Doha de la Edición Internacional del New York Times.

Es importante acotar que las notas eliminadas trataban problemas que afectaban a la comunidad LGBTQ.

ABC News aplicó presión y la FIFA respondió, llamando a la libertad de prensa una “piedra angular de los esfuerzos de la FIFA en materia de derechos humanos”. El ente rector del fútbol mundial informó que “ha iniciado una evaluación de los procesos” para determinar qué llevo a la censura.

“La FIFA está al tanto y sigue de cerca los dos últimos artículos de opinión sobre temas LGBTI relacionados con la Copa Mundial de la FIFA que no se publicaron en la edición de Doha del New York Times “, dijo un vocero de la FIFA.

“Como parte de nuestras actividades en curso en Qatar, ya a principios de junio de 2018 lanzamos una evaluación de los procesos que llevaron a eso. Decidiremos sobre otras medidas apropiadas basadas en los resultados de esta evaluación y el compromiso con nuestros homólogos de Qatar”.

Por su parte, el director de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, Minky Worden, aseveró al respecto que es importante solucionar de inmediato este tipo de prácticas.

“Como próximo anfitrión de la Copa del Mundo, Qatar debería ser responsable de implementar las políticas de derechos humanos de la FIFA como ejemplo para los países participantes”, escribió Worden, cuya columna del 29 de mayo en el Times, la cual fue una de las censuradas, sostiene que las leyes contra los homosexuales “chocan con los estatutos de la FIFA”. “La comunidad LGBTQ también ha notado la censura de los medios como una señal de que no son bienvenidos en Qatar”, dijo.

Sin embargo, el gerente de Derechos Humanos de la FIFA, Andreas Graf, declaró todo lo contrario. “Qatar como país anfitrión no está sujeto a los Estatutos de la FIFA, ni está sujeto a la Política de Derechos Humanos de la FIFA y las regulaciones FIFA”. “Si dejas que Qatar escoja y elija lo que se imprimirá, no te sorprendas si tienes un campo cada vez más limitado de lo que se puede publicar”, dijo Worden.

La homosexualidad es ilegal en Qatar y se paga con cárcel. La “Ley de Prensa y Publicaciones” de 1979 permite al gobierno revocar una licencia de publicación si se percibe que sus políticas “no son de interés nacional”.

Fuente Universogay

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Bonita iniciativa la que  ha promovido la FELGTB en Rusia, donde en estos momentos se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol. Seis activistas de diferentes países, cada uno de ellos vistiendo la camiseta de su selección nacional, se pasearon el pasado 28 de junio por las calles de Moscú formando la bandera del arcoíris a la vista de todo el mundo. El objetivo no es otro que el de denunciar de una forma original la situación del colectivo LGTB en Rusia, cuya legislación prohíbe, en la práctica, cualquier acto público de visibilidad. 

En 2013 entró en vigor en la Federación Rusa a ley contra la «propaganda homosexual», una norma que sanciona con fuertes multas cualquier información positiva sobre la realidad LGTB que pueda alcanzar a menores, y que en la práctica hace imposible la lucha contra el acoso por LGTBfobia y los crímenes de odio y dificulta sobremanera la celebración de cualquier evento LGTB, permitiendo por ejemplo que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso temporalmente encarcelados. Una situación sobre la que la FELGTB ha querido llamar la atención. «Mientras todo el mundo tiene puesta su atención en Rusia por el Mundial, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales ha encontrado la oportunidad para protestar contra la situación y visibilizar la causa con una protesta sutil y original: infiltrar la bandera arcoíris desafiando a la legislación rusa actual», explican desde la organización.

Desde la FELGTB recuerdan que los crímenes de odio contra la comunidad LGTB rusa se han duplicado desde la entrada en vigor de la ley. También destacan las denuncias de Human Rights Watch y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre la persecución a las personas LGTB en la república rusa de Chechenia, así como la pasividad de las autoridades rusas a la hora de investigar lo sucedido. Es por eso que a pesar de las dudas sobre la seguridad de los turistas e hinchas LGTB que acudieran al Mundial de Rusia y las recomendaciones de no visibilizarse en público, seis activistas de todo el mundo decidieron personarse en el país para formar con sus cuerpos la bandera del arcoíris. «Hacerse visible siempre es un riesgo, pero hacerlo con miles de aficionados y aficionadas del Mundial y la prensa delante es lo que nos motivó a llevar a cabo la original protesta», ha declarado Uge Sangil, presidenta de FELGTB.

La iniciativa, cuyo hashtag a la hora de ser difundida en redes sociales es #HiddenFlag, ha sido llevada a cabo por activistas de Argentina (Vanesa Paola Ferrario), Brasil (Eloi Pierozan), Colombia (Mateo Fernández), España (Marta Márquez), Holanda (Eric Houter) y México (Guillermo Aguilar) vistiendo sus respectivas camisetas (en el caso de Argentina y Colombia, las segundas equipaciones). Todos ellos personas LGTB, salvo el holandés Eric Houter, que es heterosexual pero ha tenido que lidiar con la discriminación que ha sufrido su hermano (que es bisexual) y que quiso sumarse al proyecto para defender la causa en nombre de su hermano y de su cuñado marroquí, que no ha podido hacer pública su sexualidad a su familia. Puedes saber más de cada uno de ellos en la web de la campaña, www.thehiddenflag.org.

Insertamos a continuación el vídeo de la campaña:

Fuente FELGTB, vía Dosmanzanas

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Nuevamente, las autoridades prohibían la normal celebración de la manifestación del Orgullo LGTB de Estambul. Este hecho ha provocado la crítica de varias organizaciones internacionales. Por su parte, Human Rights Watch ha dejado muy claro que «Turquía tiene la obligación de garantizar que las personas LGTBI puedan disfrutar plenamente de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sin discriminación» y que, en este sentido, «las autoridades encargadas de mantener el orden público deberían recordar que están allí para proteger a los que participan en la marcha». Desgraciadamente, como viene ocurriendo en todas las ediciones del Orgullo desde 2015, la policía al servicio del régimen autocrático de Recep Tayyip Erdoğan (reelegido y con el doble de poder que en la anterior legislatura), lejos de proteger a los activistas, utilizó la fuerza para dispersarlos. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los manifestantes y practicaron, al menos, once detenciones.

El gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo por cuarto año consecutivo. En las pasadas ediciones, la oficina del gobernador tomó como excusas el mes de Ramadán o las amenazas de grupos ultra contra la comunidad. Sin embargo, este año el Orgullo ni ha coincidido con el mes de Ramadán ni se han recibido amenazas de consideración. Los activistas negociaron con la policía y se les permitió usar una calle en Taksim, cerrando otras áreas cercanas antes de que comenzara la manifestación. Sin embargo, tras la lectura del manifiesto, los agentes utilizaron gas lacrimógeno, pelotas de goma y otros métodos violentos de fuerza (como los porrazos) para dispersar a la multitud.

100s of police throughout the Taksim area to stop the İstanbul Pride taking place but creative and courageous Pride participants sidestep the ban and read their press statement at a back street spontaneous protest. 👍👍👍 pic.twitter.com/djfkl0XLps

— Andrew Gardner (@andrewegardner) 1 de julio de 2018

La semana pasada, Efe Songun, activista LGTB de Estambul y colaborador de Human Rights Campaign, escribía que «se esperaba la prohibición de este año, considerando las prohibiciones sobre otras actividades LGBTQ anunciadas bajo el estado de emergencia a principios de este año en Ankara. Aunque ahora se ha prohibido la marcha, los activistas LGBTQ continuarán con las actividades que rodean la Semana del Orgullo, y se realizará un esfuerzo para montar una manifestación pacífica para aumentar la visibilidad LGBTQ». Songun también aseguraba que «la cancelación de Orgullo se produce cuando el autoritario presidente turco Recep Tayyip Erdogan continúa ejerciendo su poder en el país».

Los organizadores del Orgullo de Estambul, Istanbul LGBT Pride Week, horas antes de la manifestación, publicaban un comunicado en su página de Facebook en el que se recoge que «estas prohibiciones no están en contra de las acciones, sino en contra de las formas de existir. La decisión del gobernador es parte del odio existente y es ilegítima. Esta es la razón por la cual las marchas del Orgullo son importantes y deberían tener lugar. Los LGBTI + estamos aquí con nuestro Orgullo a pesar de todos los vanos intentos de evitarnos y no reconocemos esta prohibición».

Para Human Rights Watch, «las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación para las personas LGTBI en Turquía no solo violan esos derechos humanos fundamentales, sino que colocan a Turquía en una violación de sus obligaciones internacionales». Recordemos que las ediciones de 2015, 2016 y 2017 del Orgullo de Estambul también fueron reprimidas con el uso de la fuerza como este año.

Erdoğan asienta su régimen autocrático

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el recién reelegido presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denunciaba la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le imputaban cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En de abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

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Tras cinco años de espera, el Ministerio de Justicia aceptó el registro de Íris Angola, una de las pocas asociaciones LGBT en toda África.

Un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Para el director ejecutivo de Íris Angola, Carlos Fernandes, este paso debe considerarse como un hecho histórico.

“Se trata de un momento histórico, y significa pasar la página para todos los ciudadanos homosexuales, que ahora tienen una entidad reconocida por el Estado, que les da mayor legitimidad a sus intervenciones en su trabajo de defensa y promoción de los derechos LGBT”, ha dicho.

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Iain Levine, también se mostró alegre con esta noticia y publicó el documento del registro en su cuenta de Twitter con el siguiente texto: “Buena noticia. “Íris Angola”, grupo LGBT angoleño reconocido como asociación por el Gobierno angoleño”.

Boa notícia. “Iris Angola”, grupo LGBT Angolano reconhecido como associação pelo governo Angolano pic.twitter.com/QtgbkdQb60

— Iain Levine (@iainlevine) 13 de junio de 2018

Situación contraria sucede en la vecina Mozambique, donde Lambda-Mozabique, la única asociación LGBT en todo este país, espera desde hace más de 10 años el registro de parte del Ministerio de Justicia.

Good news from angola! Govt registeres its first LGBTQ organization. Meanwhile, moz govt’s been pushing the “cultural card” for 10yrs! #humanrightsforall, #angola https://t.co/UChFrCUh9c

— Lambda (@lambdaMoz) 13 de junio de 2018

En noviembre de 2017, una decisión del Consejo Constitucional de Mozambique —equivalente a la Suprema Corte— declaró que la cláusula utilizada para negar el registro de Lambda es inconstitucional, pero el Ministerio de Justicia continúa sin procesarlo.

La asociación Íris Angola es una entidad de ámbito nacional y tiene su sede en la provincia de Luanda, en la capital.

En Angola, si bien no se aplica una política penal contra los homosexuales, sí que existen medidas oficiales de restricción de libertades y de discriminación.

Sin embargo, ha habido una mayor amplitud desde febrero de 2017 cuando el Parlamento aprobó preliminarmente un nuevo código penal, pendiente de aprobación definitiva, que no prohíbe la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo.

Alessia Valenza, representante de ILGA (Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, por sus siglas en ingles: International Lesbian and Gay Association), en su informe sobre Angola, concluyó: “la sociedad angoleña aún no está preparada para aceptar homosexuales. Sin embargo (…) los homosexuales han dejado de ser invisibles y se incluyen en las discusiones sobre la salud pública y la epidemia del VIH”.

Fuente Universogay

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Foto: Karim Jaafar/AFP/Getty

El futbolista egipcio Mohamed Salah se  pasea y fotografía junto a Ramzan Kadyrov, el presidente de Chechenia que hace un año “purgó” su país de la presencia de homosexuales.

Ramzan Kadyrov secuestró, torturó y asesinó a más de 200 hombres gais y luego salió por la tele a decir que en su país no hay gais.

Suponíamos que en el Mundial de Rusia  se iban a dar episodios de repugnante  LGTBfobia  y  que los medios generalistas iban a ignorar totalmente el tema porque parece el fútbol es la esencia de la vida. Pero cuando ves a un jugador de primer nivel sonriendo y dándole la mano al presidente de Chechenia, hombre que hace un año aseguraba que en su país no hay homosexuales y que perdonará los “crímenes de honor” contra homosexuales cometidos por sus propias familias, que, según informaba El Novaya Gazeta, asesinó en campos de concentración, sin juicio previo a 56 personas en enero de 2017, entre las que  27 personas por ser homosexuales o bisexuales o al cantante Zelim Bakaev (aunque se supone que son muchos más), se te revuelve el estómago.

Mohamed Salah es un jugador del Liverpool que es una de las caras más conocidas del mundo del fútbol y uno de los jugadores más importantes y conocidos de la selección Egipcia, que curiosamente tiene su sede en Grozny, la capital de Chechenia.

Lo peor de todo esto es que el aficionado al fútbol medio no solo no ve el problema en las imágenes sino que alguno compara a Obama o Trump con Kadyrov. Esto es lo que comentan en la web de El Mundo Deportivo:

¿Cuántos medios generalistas denunciaron la “purga gay” que se vivió en Chechenia el año pasado? ¿Qué periodista ha denunciado que Putin mira para otro lado, cuando no lo apoya, mientras su amigo Kadyrov asesina a personas homosexuales -o que le parecen homosexuales- sin que nadie haga nada?

El resultado: una figura de primer órden del mundo del fútbol dándose un paseo junto a un señor que asesina a homosexuales por ser homosexuales. Y la FIFA mirando para otro lado.

La situación en Chechenia un año después…

Como informábamos hace casi un mes, hace tan solo un año, las estremecedoras noticias sobre detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales en la república rusa de Chechenia sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena. En este tiempo, La homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Un año más tarde, sin embargo, las autoridades rusas han demostrado una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado.

Según ha apuntado Denis Krivosheev, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de Amnistía Internacional, «el Gobierno ruso ridiculizó y descartó estas noticias que llegaban de Chechenia hace un año. Desde entonces, hemos presenciado con estupefacción la negación, evasión e inacción de las autoridades respecto a este tema, llegando a denegar en repetidas ocasiones el lanzamiento de una investigación oficial en relación a los crímenes reportados, ignorando las pruebas aportadas por Novaya Gazeta».

En efecto, las investigaciones llevadas a cabo por las organizaciones de derechos humanos han conseguido recabar un elevado volumen de información, pero aún así no se ha incoado ningún procedimiento penal. Pese a las denuncias interpuestas relativas a asesinatos de personas homosexuales, las autoridades siguen afirmando que no hay relación entre esos crímenes y la persecución homófoba que alegan las organizaciones. Sin embargo, activistas LGTB afirman que en diferentes países del mundo hay refugiados chechenos dispuestos a testificar.

Igor Kochetkov, activista de la Russian LGBT Network, ha señalado que «en el pasado año, la Russian LGBT Network, junto a Novaya Gazeta, han hecho el trabajo que debía realizar el Estado». La organización ha velado por la seguridad de las víctimas, y ha recopilado y publicado sus experiencias para denunciar públicamente la persecución que sufrieron. Pero lo que no han podido conseguir es que las autoridades inicien una investigación oficial, ni asegurar que los responsables sean investigados penalmente.

Según Elena Milashina, la periodista de Novaya Gazeta que reveló por primera vez la situación en Chechenia, «sería muy fácil sacar adelante una investigación si las autoridades realmente quisieran». Como ejemplo, señala que las autoridades ni tan sólo han intentado averiguar las localizaciones GPS de los teléfonos móviles de las personas que habrían sido detenidas. Milashina asegura que muchos de esos teléfonos permanecieron encendidos durante las detenciones, y una simple investigación sobre los geolocalizadores de los dispositivos permitiría verificar que dichas personas permanecieron durante varios días en centros de detención ilegal.

Una de las víctimas de la purga homófoba, Maxim Lapunov, presentó una denuncia oficial el pasado mes de septiembre. A día de hoy, las autoridades rusas no han tomado ninguna acción al respecto. Inicialmente, utilizaban la excusa de la falta de denuncias por parte de las víctimas para justificar su inacción. No obstante, después del valiente paso de Lapunov, las autoridades ya no pueden justificar la ausencia de investigaciones.

Kochektov tiene claro cuál es el problema. El activista de la Russian LGBT Network considera que el principal obstáculo para sacar adelante dichas investigaciones es el hecho de que «la homofobia es la política oficial del Estado ruso». Tal es así que las autoridades han tachado de «burda mentira» las denuncias de las organizaciones LGTB, achacándolas a una «nueva campaña informativa contra Rusia».

La reacción internacional ha sido más bien tibia, y se han quedado en poco más de algunas declaraciones puntuales de políticos como Emmanuel Macron o Angela Merkel, que pidieron una respuesta de las autoridades rusas.

Así, el único amparo al que han podido acudir las víctimas del horror checheno han sido el que les han brindado las organizaciones de derechos humanos. El trabajo incansable de organizaciones como la Russian LGBT Network ha permitido que más de 100 personas hayan podido ser reubicadas de forma segura fuera de Chechenia. Francia había empezado a acoger refugiados chechenos perseguidos por su orientación sexual, al igual que Alemania y Canadá. Según Amnistía Internacional, al menos 98 habrían logrado salir de Rusia, mientras que los demás habrían sido reubicados en otras partes del territorio nacional. No todos ellos eran hombres: diez de las personas evacuadas eran mujeres lesbianas, y también se reubicó a dos personas trans. Asimismo, también se ha evacuado a familiares que temían ser objeto de represalias por parte de las autoridades.

Concidiendo con el aniversario de las primeras noticias que se publicaron sobre este escándalo, en diversas ciudades del mundo tuvieron lugar actos de protesta, exigiendo una investigación imparcial y el enjuiciamiento de las personas responsables, y poniendo en evidencia la falta de cobertura mediática de tal vulneración masiva de derechos humanos. También se reclamaba a gobiernos europeos y americanos que asegurasen el derecho de asilo de aquellos que han conseguido huir del infierno checheno.

Pese a la inacción de las autoridades, diversas organizaciones LGTB siguen observando la situación en Chechenia con lupa. «Os estamos observando», apuntaba Matt Beard, de la organización All Out. «No descansaremos hasta que consigamos justicia para Maxim, Zelim y para las docenas de personas que fueron torturados y asesinados en Chechenia».

Fuente EstoyBailando/Cristianos Gays

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La Seguridad Social japonesa crea un programa de ayuda a personas trans para que les sea más fácil financiar las operaciones de afirmación de género.

Las trabas burocráticas para ser reconocido como persona trans en el país son enormes, incluyendo la obligación de ser esterilizado.

Ser una persona trans en un país como Japón no es fácil en absoluto, pero parece que muy poco a poco las cosas van cambiando.

Desde hace un tiempo las personas trans japonesas pueden cambiar sin problema sus nombres en las tarjetas de identificación de sus seguros médicos. Ahora se ha sabido que, desde hace un par de meses, algunas de esas personas también son elegibles para un programa de financiación que les ayuda a afrontar los costes de las cirugías de afirmación de género; para los y las que las deseen y siempre y cuando cumplan dos requisitos: no estar en tratamiento hormonal y no tener ninguna condición médica preexistente.

Aunque la medida ha sido aplaudida por los activistas y grupos a favor de los derechos humanos, lo cierto es que es una medida poco útil porque conseguir que se te reconozca como persona trans es extremadamente complicado. “Los requisitos legales para que las personas trans en Japón consigan un diagnóstico de desorden de identidad de género involucran un montón de pruebas innecesarias, arbitrarias y muy pesadas“, explican desde la Human Rights Watch, “La evaluación psiquiátrica obligatoria y la obligación legal de que los solicitantes no estén casados, no tengan hijos menores de 20 años y, además, sean esterilizados son elementos inherentemente discriminatorios“.

A pesar de todo, hay otro hecho que hace que la transición en Japón sea un proceso complicadísimo: la jubilación. Los hombres japoneses comienzan a cobrar sus pensiones más tarde que las mujeres, por lo que los hombres trans están en desventaja si deciden transicionar antes de llegar a la edad de jubilación. Como explica Koji Nakajima, agente de seguros, “si cumples los 60 y lo haces después de que se haya decidido la cuantía de tu pensión, un cambio de sexo no debería verse influenciado de ninguna forma; pero la gente ha de tener en cuenta los cambios en las condiciones, incluso aunque hayan pagado a su seguro las mismas cuotas durante todo ese tiempo“.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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Una macro encuesta realizada por la Human Rights Watch y la Universidad de Connecticut demuestra la tremenda situación de vulnerabilidad que perciben los jóvenes LGTB+ en las escuelas de Estados Unidos.

Los niveles de estrés en estos menores son muy altos, lo que afecta severamente a su salud mental.

Desde la Human Rights Watch quieren saber cómo está la situación de los jóvenes LGTB+ en Estados Unidos y por eso se han unido a la Universidad de Connecticutpara realizar una mega encuesta que muestre la realidad de la parte más vulnerable del colectivo. Realizada entre abril y diciembre de 2017, más de 12.000 adolescentes que se identifican como LGTB+ de entre 13 y 17 años de todos los estados del país contestaron a las 150 preguntas de la encuesta… Y los resultados, presentados en forma del LGTBQ Youth Report 2018, son bastante preocupantes.

Para empezar llama la atención (para bien) la diversidad de las identidades: un 34% de los encuestados se identifican como trans o no binario, otro 34% se identifica como bisexual y un 37% se identifica como gay o lesbiana. Dada la edad de los participantes gran parte de la encuesta se centra en analizar el entorno escolar de los jóvenes y cómo éste les afecta en su día a día. Las cifras hablan por si solas: un 70% de los encuestados declara haber sufrido bullying en el colegio; y la mitad de las chicas trans aseguran que han recibido amenazas físicas.

Además un 27% cree que “definitivamente” pueden ser ellos/as mismos/as en el colegio; mientras que un 13% dice haber recibido mensajes positivos sobre el colectivo LGTB+. Pero tan solo un 26% de los encuestados se siente seguro en su centro escolar. Es decir: 1 de cada 4 menores LGTB+ de Estados Unidos teme ir a la escuela. Además solo un 5% de los encuestados siente que los profesores y trabajadores de su escuela son aliados que apoyan a la comunidad LGTB+.

Como puedes ver los datos son lamentables. Hay que tener en cuenta que en EE.UU. hay 19 estados (más el Distrito de Columbia) que tienen leyes que protegen a los estudiantes frente al bullying, y hay otros 13 estados (más DC) que tienen leyes específicas para luchar contra la discriminación en las escuelas. Pero no es suficiente: el país tiene 50 estados y menos de la mitad protegen a estos estudiantes del acoso, las agresiones y el bullying LGTBfóbico.

Otro de los datos preocupantes que surgen del resultado de la encuesta es que el 95% de los encuestados asegura tener problemas para dormir por las noches. Un 85% declara que, en una escala del 1 al 10, sus niveles de estrés están en el 5 o por encima. Sin embargo aunque el 77% asegura que la semana anterior a responder la encuesta se sintió deprimido, solo un 41% recibió ayuda psicológica el año anterior. Eso no significa que esos jóvenes no busquen ayuda, como explica uno de los encuestados: “Mi miedo me impide ir a ver a un terapeuta para hablar sobre cosas como mi ansiedad o depresión. No sé cómo reaccionará a mi identidad LGTB+, así que prefiero conectarme a internet y hablar con otros amigos queer sobre el tema.”

Algunos de los temas sobre los que reportan hablar en estas comunidades online son los casos sufridos tanto de discriminación como de acoso (físico, verbal o sexual). Un 20% asegura que en el último año fueron forzados a realizar actos sexuales que no querían realizar y un 77% respondió que habían recibido comentarios, bromas y gestos sexuales no deseados.

La peor parte, cómo no, se la llevan las personas de color y las personas trans. 4 de cada 5 jóvenes LGTB+ racializados aseguran experimentar el racismo en su vida y tan solo un 11% cree que su raza está vista de forma positiva en Estados Unidos: “Ser negro ya me complica la vida. Si a eso le sumas ser gay, es extremadamente difícil“.

En cuanto a los menores trans, un 51% no puede utilizar el baño o el vestuario que se corresponde con su identidad de género. La mayoría (un 58%) no lo hacen porque no se sienten seguros/as, mientras que un 46% ni siquiera sabe si su escuela lo permitiría y un 17% sabe que la escuela no lo permite. Algunos de ellos aseguran que ni siquiera intentan utilizar el baño en el colegio. Además solo 1 de cada 3 alumnos trans es referido por su verdadero nombre mientras que solo 1 de cada 5 ve cómo los demás utilizan los pronombres adecuados para referirse a ellos.

Desde la HRC y la Universidad de Columbia han hecho llegar estos resultados a diferentes organizaciones LGTB+, familiares y a centros escolares. La conclusión a la que llegan los investigadores es que es necesario que todos escuchemos y aprendamos de los jóvenes LGTB+, que nos involucremos en su realidad y que estemos vigilantes ante cualquier signo de que puede estar sufriendo bullying escolar.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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La despenalización de la homosexualidad, los derechos de la mujer y la introducción de leyes seculares son algunas de las promesas electorales de los candidatos agrupados en una coalición independiente para movilizar a los votantes del Líbano, que acudieron este domingo a las urnas. 

Ser homosexual en Líbano es ilegal. La homosexualidad en Líbano se castiga con hasta un año de prisión, aunque el Artículo 534 del Código Penal (el que prohíbe las relaciones sexuales “antinaturales”) no se utiliza para encarcelar a nadie por su sexualidad desde hace bastante tiempo. Pero eso no evita que la policía siga escudándose en él para arrestar e intimidar a la población LGTB+. Como explica Georges Azzi, director ejecutivo de la Fundación Árabe por la Libertad y la Igualdad, a Gay Star News: “Aunque el gobierno no ordene detener a gente basándose en su sexualidad, la policía aún tiene el derecho de hacerlo. Es la ley. Y la policía puede usarla como quiera.”

La abolición del matrimonio infantil, la introducción de leyes seculares, mejorar los derechos de la mujer y despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo son algunas de las promesas que muchos candidatos independientes han proclamado para llamar la atención de los 3,6 millones de votantes que están llamados a las urnas en el Líbano este mismo domingo, 6 de mayo.  La Falange Libanesa  emitió el pasado domingo 11 de marzo un anuncio en televisión en el que explicaban cuáles eran sus propuestas para gobernar el país si ganaban las elecciones. Entre las 131 propuestas que tienen para el país, las Falanges Libanesas quieren eliminar la ley que criminaliza la homosexualidad. Y aunque sean de extrema derecha se trata de un momento histórico porque hasta ahora ningún otro partido había defendido jamás al colectivo LGTB: “Esto es muy grande“, explica Georges Azzi, “Llevamos mucho tiempo presionando a los partidos para que apoyen públicamente a la comunidad LGTBI. Nos han hecho muchas promesas a puerta cerrada, pero ésta es la primera vez que unos políticos nos han apoyado de forma pública.”

Como si se tratara de una lacra de la sociedad actual, la corrupción también ha hecho estragos en la República Libanesa, cuyo actual gobierno se ha extendido a lo largo de tres mandatos. La participación en las elecciones es tradicionalmente baja en el Líbano, pero dos factores contribuyen ha que estas elecciones sean diferentes: los ciudadanos no acuden a las urnas desde hace nueve años, lo que quiere decir que es la primera vez que van a votar aquellas personas que tienen entre 21 y 30 años de edad, y un gran número de los candidatos que se presentan en candidaturas independientes de los partidos tradicionales se han agrupado en un gran coalición que aboga por reformas profundas.

«La tendencia general entre los jóvenes es no preocuparse por la política», afirma Walid Fakhereddine, director de Take Action, un grupo no partidista que trabaja para involucrar a los votantes primerizos, para lo que han desarrollado una campaña en redes sociales y acciones en universidades y zonas de ocio de Beirut. «Antes no había ningún político que pudiera respaldar públicamente la eliminación del artículo 534», declara Georges Azzi, director ejecutivo de la Fundación Árabe para las Libertades e Igualdad (AFE por sus siglas en inglés: Arab Foundation for Freedom and Equality), desde donde animaban a sus seguidores a participar en las elecciones a través de un vídeo en el que enumeran a los candidatos que se han pronunciado públicamente a favor de la despenalización de la homosexualidad, así como a los que están en contra.

Sin embargo, los expertos no están seguros de que los candidatos independientes puedan obtener muchos escaños debido a que el sistema electoral instaurado en 1990 que reserva cuotas precisas para cada religión y fija el reparto de los tres principales puestos de poder: debiendo ser cristiano maronita el presidente, suní el primer ministro y chií el jefe de parlamento, lo que dificulta que la secularización a la que está ligadas las propuestas de los independientes pueda traducirse en escaños. Mientras que los principales partidos aseguran no sentirse amenazados por el movimiento de la sociedad civil, hay signos que sugieren lo contrario, como la guerra sucia de desacreditación que les lleva a proclamar que son grupos financiados por la CIA, el Mossad o el gobierno de Qatar.

Según Bassam Khawaja, miembro de Human Rights Watch, ninguno de los partidos tradicionales está dispuesto a comprometerse con una lista de diez recomendaciones para mejorar los derechos humanos en el Líbano, que incluyen la despenalización de la homosexualidad, la erradicación del matrimonio infantil, proporcionar derechos de ciudadanía a los hijos de madres libanesas y mejorar los derechos de refugiados y los trabajadores extranjeros, entre otras cosas. Una lista a la que sí se han comprometido 24 candidatos independientes de forma pública, además de proponer leyes seculares como el matrimonio civil.

El camino hacia la despenalización de la homosexualidad en el Líbano

Todos estos importantes hechos jurídicos del Líbano parecen confirmar que los tribunales, como ha ocurrido en otros países del mundo, están por delante de la clase política en lo que a la defensa de los derechos del colectivo LGTB se refiere. Además, importantes instituciones y organizaciones de diversa naturaleza también apoyan a la comunidad LGTB. La Sociedad Libanesa de Psiquiatría ha hecho público en diversas ocasiones la necesidad de que “el artículo 534 del Código Penal libanés que procesa actividades homosexuales sea abolido”, siendo el primer país árabe en el que tiene lugar tal posicionamiento.

Desde dicha entidad profesional argumentan que aunque antaño se consideró, erróneamente, que “la homosexualidad era el resultado de dinámicas familiares problemáticas o del desarrollo psicológico”, en las últimas décadas se ha demostrado que esas premisas estaban basadas “en desinformación y prejuicios”. La Sociedad Libanesa de Psiquiatría, a su vez, se refiere a los posicionamientos de la Asociación Americana de Psiquiatría de 1973 o al de la Organización Mundial de la Salud de 1990, entre otros, para declarar que internacionalmente “la homosexualidad no cumple los criterios para ser considerada una enfermedad”, por lo que “la experiencia clínica indica que quienes integraron su orientación sexual en un sentido positivo del yo funcionan de manera psicológicamente más saludable que aquellos que no lo han hecho”.

Por su parte, otras organizaciones como el colectivo LGTB Helem, Legal Agenda y la Arab Humans Rights Fund también trabajan por los derechos humanos de la ciudadanía, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Hace unos meses, estas asociaciones publicaron un vídeo pedagógico en el que explican de forma muy básica los derechos de las personas detenidas acusadas de homosexualidad.

En dicho vídeo, que insertamos a continuación, se pone de manifiesto que “en 2016 personas homosexuales todavía son detenidas y perseguidas por su orientación sexual”. En este sentido, recuerdan a las víctimas que tienen derecho a mantener la privacidad de sus relaciones sexuales, a guardar silencio y a realizar una llamada telefónica. Igualmente, informan que los acusados pueden negarse a revelar sus comunicaciones privadas y a que se les practique un examen anal, considerado como una prueba ilegal.

Activismo versus LGTBfobia institucionalizada

Las relaciones homosexuales en el Líbano (una república árabe multiconfesional en la que coexisten musulmanes sunitas, musulmanes chiítas, cristianos de diversas confesiones y drusos) son formalmente ilegales. Una de las manifestaciones proigualitarias más importantes de los últimos años tuvo lugar en 2012. Entonces, decenas de personas se manifestaron frente a los tribunales de justicia en Beirut (capital del país), para protestar por el uso de exámenes anales contra hombres sospechosos de ser homosexuales. La concentración tenía lugar tras la detención de 36 hombres en un cine frecuentado por gais, que fueron posteriormente sometidos a dichos exámenes. El acto fue convocado por el colectivo LGTB Helem bajo el lema “contra los exámenes de la vergüenza, vaginales o anales”, en solidaridad también hacia las mujeres víctimas de exámenes vaginales para determinar su virginidad”.

En mayo de 2013 año informábamos de las declaraciones del ministro del Interior libanés, Marwan Charbel, que se jactó de que su país es hostil a los gais y propuso negar la entrada al mismo de las parejas del mismo sexo que se casen en Francia, precisamente durante el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en el país galo. Estas declaraciones homófobas tenían lugar apenas dos semanas después de que se produjera una redada en la principal discoteca gay de Beirut, la capital del país. La policía arrestó, desnudó y golpeó a seis asistentes, que fueron acusados de “promover la prostitución, las drogas y la homosexualidad”. En 2014, asimismo, recogíamos que  27 hombres fueron detenidos en un hamam por sospechas de comportamiento homosexual.

Cristianismo (Iglesias), General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Islam Arab Foundationfor Freedom and Equality (AFE), Artículo 534, Bassam Khawaja, Despenalización de la homosexualidad, Elecciones, Human Rights Watch, Líbano, Take Action, Walid Fakhereddine

La Primera Ministra británica, Theresa May, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, reconocen en la Cumbre de la Commonwealth la responsabilidad del Reino Unido en el homofóbico legado histórico de la era colonial, comprometiéndose a luchar por la derogación de las leyes contra la homosexualidad que todavía están vigentes en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. 

A sus 23 años de edad, Thomas Daley, se hace con la medalla de oro en salto de trampolín en los Juegos de la Commonwealth Gold Coast 2018 el pasado domingo, 15 de abril, en Australia, aprovechando para alzar la voz por la comunidad LGBT al lamentar que todavía hoy en día se persiguen las relaciones homosexuales en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. Un gesto que ha tenido respuesta tanto por parte de la Primera Ministra británica, Theresa May, como del Ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, reconociendo ambos el homofóbico legado histórico que los británicos han dejado en las antiguas colonias. «Me siento muy afortunado de poder ser quien soy abiertamente sin preocupaciones. Espero que algún día los atletas de todas las naciones en la Commonwealth puedan competir libremente siendo quienes son también», publica en su cuenta de Twitter el atleta, abiertamente homosexual desde 2013.

«Leyes discriminatorias hechas hace muchos años continúan afectando a las vidas de personas en todo el mundo, criminalizando relaciones de personas del mismo sexo ( …). Soy muy consciente de que estas leyes a menudo fueron implementadas por mi propio país. Estaban mal entonces y lo están ahora», declara May este martes, 17 de abril, en la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (CHOGM por sus siglas en inglés: Commonwealth Heads of Government Meeting) que tiene lugar esta semana en Londres, expresando su arrepentimiento por el papel que el Reino Unido ha tenido en las «leyes de sodomía» que todavía se aplican en las antiguas colonias británicas, asegurando que su gobierno está dispuesto a apoyar la reforma contra la discriminación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en las antiguas colonias.

«Si permites a la gente vivir su vida como ellos elijan y expresar su amor como quieran, entonces se darán cuenta de que se puede conseguir mayores éxitos económicos como consecuencia», declara Johnson al día siguiente, 18 de abril, respondiendo de esta manera también a Daley y secundando las declaraciones de May, asegurando su intención de defender los derechos de las personas homosexuales en la cumbre de la Commonwealth. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, «Este legado extranjero», las leyes que castigan la homosexualidad se introducen en Asia, África, Oriente Medio, el Pacífico y el Caribe bajo el dominio colonialista británico, contribuyendo al clima de hostilidad, violencia y discriminación contra los miembros del colectivo LGBT que perdura todavía hoy en día, particularmente en países como Ghana, Sri Lanka, Malasia, Kenia, Birmania, Nigeria, Uganda, Jamaica y los países del Caribe Oriental.

Reconocer el peso de su homofóbico legado contribuye a motivar a otras países a seguir el ejemplo de Belice, última de las antiguas colonias en las que se han derogado las leyes contra la homosexualidad, que asimismo ha servido de modelo a Trinidad y Tobago, cuyo Tribunal Supremo acaba de declararlas anticonstitucionales, como también los tribunales de India y Kenia se encuentran actualmente valorando sobre su proceder en este sentido. Sin embargo, organizaciones que luchan por los derechos de los homosexuales consideran que May debería presionar a los jefes de gobierno para reformar esas leyes antes de que se pronuncien los tribunales, devolviendo la dignidad y la igualdad ante la ley a los miembros de la comunidad LGBT que integran la Commonwealth.

Fuente Universogay

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Una comisión de trabajo de la FIFA (la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que engloba a más de 200 agrupaciones futbolísticas de todo el mundo) ha desembarcado esta semana en Marruecos para evaluar en el terreno la candidatura de este país para albergar la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Tras las polémicas elecciones de Rusia 2018 y Catar 2022, sobre las que la FIFA lleva años recibiendo críticas debido a la situación en materia de derechos humanos de estos países y muy específicamente por sus leyes LGTBfóbicas, los nuevos estándares parecen dificultar las opciones de Marruecos de cara a 2026. Además, en el informe de 486 páginas que Marruecos envió a la FIFA, se omite la legislación LGTBfóbica existente como un factor de riesgo y por lo tanto no se aborda cómo se afrontaría el Mundial con este marco legal discriminatorio vigente. El presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Ahmed El Haij, denuncia que «el informe de derechos humanos de Marruecos presentado a la FIFA es un silencio intencionado sobre un tema que Marruecos sabe demasiado bien que es un crimen en su territorio».

La falta de respeto a los derechos humanos y la persecución indisimulada que Marruecos ejerce contra la comunidad LGTB le puede pasar factura de cara al posible descarte de su candidatura para acoger en 2026 la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. La elección de la sede de 2026 está prevista el próximo mes de junio en Moscú, coincidiendo con la celebración en Rusia del Mundial 2018, que tiene lugar en este país. Precisamente, las numerosas críticas que levantaron las elecciones de Rusia y Qatar como sedes del campeonato mundial de fútbol para 2018 y 2022, respectivamente, debido al más que cuestionable posicionamiento y acción política en materia de derechos humanos de estos países, parece que invitan a la FIFA a tener en consideración estas realidades en adelante comprometiéndose a valorar si acepta finalmente la candidatura de Marruecos de no cumplir con sus expectativas en lo que respecta a la discriminación de la mujer y la tolerancia hacia comunidad LGBT., además del análisis de los estadios, las infraestructuras, la seguridad o las finanzas. La candidatura de Marruecos se enfrenta a la candidatura conjunta de México, Canadá y los Estados Unidos de cara a convertirse en sede de la Copa del Mundo en 2026.

Marruecos aspira a ser sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026, lo que podría poner en peligro un informe de 486 páginas que una Asociación de Prensa ha hecho llegar a la FIFA en el que señalan que el denominado «Reino Occidental» no ha declarado su legislación intolerante hacia la comunidad LGBT como un factor de riesgo de cara a la celebración de un evento de tal envergadura. Con el objetivo de estudiar su candidatura y valorar si el país del norte de África podría haberse adaptado a las exigencias de tolerancia internacional de cara a la celebración del Mundial, un equipo de la FIFA se traslada este lunes, 16 de abril, al Reino de Marruecos.

Marruecos sabía que la situación de los derechos humanos y, específicamente, la LGTBfobia de Estado que ejerce podría perjudicar su elección. Por ello, en el informe de 486 páginas que enviaron a la FIFA no dedican ni una palabra a abordar esta realidad. En cambio, una cláusula del capítulo 23 de este documento recoge la siguiente declaración: «el presidente [de la Federación Marroquí de Fútbol] firmó un compromiso público explícito para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA sea un evento ejemplar desde el punto de vista de los derechos humanos, de conformidad con todos los requisitos internacionales de la FIFA y otros».

«El informe de derechos humanos que Marruecos ha presentado a la FIFA mantiene un silencio intencionado sobre un tema que Marruecos sabe demasiado bien es un crimen en su territorio (…). Es evidente que si Marruecos fuera sede de la Copa del Mundo, las personas LGBT que vengan a ver los juegos se enfrentarán a mucha discriminación. El estado no podrá protegerlos ni podrá comprometerse en la prevención de medidas que podrían ser tomadas en contra suya tanto por el estado como por la sociedad», declara Ahmed El Haij, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Según el artículo 489 del código penal marroquí, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con una pena de prisión de entre seis meses y tres años.

«Bajo los nuevos requisitos de no discriminación bajo los estatutos de la FIFA y bajo la Política de Derechos Humanos, una de las líneas rojas es la actividad, las leyes o las políticas anti-gay. Si realmente quiere ganar, Marruecos debería estar preparada para derogar el artículo del código penal que castiga a las personas por ser gay», asegura Minky Worden, director de iniciativas globales de Human Rights Watch. A la vista de la creciente preocupación por la celebración del Mundial en Rusia y las fuertes críticas por la elección de Qatar como sede en 2022, la FIFA ha incrementado su preocupación sobre la manera en la que los abusos de derechos humanos podrían afectar sucesivos eventos deportivos. Como consecuencia, los futuros anfitriones para el torneo en 2026 deben presentar informes independientes que evalúen de manera sincera el nivel de riesgo en las violaciones de los derechos humanos. Una valoración baja en este sentido podría descalificar una candidatura antes incluso de poder presentarse.

A diferencia de cuando Rusia y Catar se llevaron el gato al agua en el concurso de pujas de la FIFA para 2018 y 2022, respectivamente, los futuros anfitriones para el torneo de 2026 estaban obligados a encargar informes independientes de derechos humanos y proporcionar un análisis sincero de riesgos para formar parte de la evaluación del equipo de trabajo. Una candidatura que sea calificada con una puntuación muy baja en función de criterios técnicos o que no cumpla con los requisitos del torneo puede ser descalificada por el Consejo de la FIFA antes de la votación del próximo el 13 de junio.

Marruecos compite en esta carrera por ser sede en 2026 contra la candidatura conjunta de los tres países de América del Norte: México, Canadá y los Estados Unidos, que sí han accedido a publicar sus informes de derechos humanos. El equipo de comunicaciones internacionales de la candidatura de Marruecos también se ha negado a proporcionar cualquier información sobre las políticas de su país en relación a la comunidad LGBT o cómo se abordaría su tolerancia ante la presencia de personas homosexuales, bisexuales y transexuales durante la celebración del Mundial en su territorio. Lo único que el informe marroquí proporciona es una promesa redactada por su federación de fútbol y firmada por su presidente, Fouzi Lekjaa, en la que se comprometen a «luchar contra todas las formas de discriminación», incluyendo la «orientación sexual», pero sin mencionar que la homosexualidad es una ofensa criminal, al contrario que sus oponentes norteamericanos, que se comprometen a utilizar su influencia para reducir el riesgo de discriminación y acoso, así como aluden repetidas veces al colectivo LGBT.

Para Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, «bajo los nuevos requisitos antidiscriminación que se apegan a los estatutos de la FIFA y a la Política de Derechos Humanos, uno de los límites que no se pueden cruzar son las actividades, leyes o políticas anti homosexuales». En este sentido, la activista expone que «si Marruecos considera seriamente obtener la sede, necesitaría estar preparado para revocar el artículo del código penal que castiga a las personas por ser gay».

La alternativa a Marruecos es la candidatura conjunta formada por México, Estados Unidos y Canadá. En caso de resultar vencedora, se plantean como sedes compartidas las siguientes ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (en México); Edmonton, Montreal y Toronto (en Canadá) y Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York/Nueva Jersey, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington DC (en Estados Unidos).

Aunque la información facilitada por esta candidatura sobre derechos humanos (y la situación del colectivo LGTB en estos tres países) es muy diferente a la de Marruecos, no están exentos de polémicas. En primer lugar, por las tensiones existentes entre México y EE UU por las políticas racistas de Donald Trump, así como por la distribución de partidos; a Canadá y a México apenas les correspondería albergar, en realidad, una decena, frente a los 60 que se jugarían en suelo estadounidense.

«Al leer estas ofertas, queda muy claro que la apuesta conjunta de los EE. UU., Canadá y México está tomando este proceso muy en serio, tanto en el alcance como en la escala, admitiendo que tienen problemas de derechos humanos que necesitan para abordar (…). [En Marruecos] existen preocupaciones muy serias tanto en el frente de discriminación LGBT como en los derechos de las mujeres. Ninguna de esas cosas se menciona ni se reconoce en la propuesta», explica Worden, a quien contesta Jamal El Amrani, que representa a la Organización de la Cámara Júnior Internacional en Marruecos asegurando que no cree que prohibir la homosexualidad «sea un problema porque organizar una Copa del Mundo se trata principalmente de infraestructura, pasión por el fútbol y la capacidad de organizar una Copa del Mundo segura (…). Tenemos nuestras leyes y tenemos nuestros valores y tal vez la FIFA también tenga sus valores. Podemos tener algunas diferencias, pero solo debemos tener la capacidad de respetar las diferencias y ser tolerantes». De todos los miembros de la junta de derechos humanos de la candidatura, sólo uno sostiene que Marruecos es un país «amistoso y tolerante».

Dura y constante persecución de las personas LGTB en Marruecos

La última noticia quepublicamos fue en agosto de 2017, la despreciable incitación a la violencia contra los homosexuales por parte del realizador y guionista marroquí Mahmoud Frites, que el día 22 de agosto hacía público en su perfil de Facebook un mensaje en el que animaba a violar a aquellos “que desean ser violados”. El texto iba acompañado de una fotografía de Adam Lahlou, también conocido como Adouma o Adoma, un joven abiertamente gay y muy conocido en redes sociales como Facebook o Instagram. Días después, Adouma denunciaba una agresión y acusaba a Frites de ser el responsable.

Dos universitarios eran detenidos y acusados de «comportamiento inmoral» en enero en Inezgane, después de que se hiciera viral un vídeo en el que aparecían besándose, aunque apenas se les podía reconocer porque tan sólo se mostraban sus siluetas.

No podemos olvidar cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados para mayor escarnio. La pareja era detenida en Beni Melal, después de haber sufrido la cruel agresión . Mientras que uno conseguía huir, el otro era condenado a 2 meses de cárcel y pagar una multa de 500 dirhams, aunque sería finalmente puesto en libertad, después de admitir su condición sexual y de que su abogado solicitara la anulación de la Ley 489.  Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Quienes sí cumplían condena de seis meses eran dos homosexuales sorprendidos manteniendo relaciones sexuales en el interior de un vehículo en Guelmim.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben. Leer más…

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Irwandi Yusuf

La región de Aceh, que aplica la Ley Sharia musulmana, dejará de someter a latigazos en público a los y las acusados de homosexualidad para pasar a hacerlo en recintos privados.

El movimiento simplemente quiere ayudar al gobierno del país a limpiar su imagen exterior y acusan a occidente de islamofobia por las críticas recibidas.

Tal y como adelantábamos en julio, la provincia indonesia de Aceh impedirá la difusión pública de imágenes de los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La reforma fue discutida en su momento entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, debido al daño que para la imagen de Indonesia supuso la difusión de la flagelación de dos jóvenes. Pues bien, la semana pasada se conocía que Yusuf ha firmado la orden. Los castigos a homosexuales se ejecutarán  en el interior de las cárceles y centros de detención, sin que puedan registrarse ni difundirse imágenes de las mismas.

La provincia de Aceh en Indonesia, la única provincia del país en la que se aplica la Ley Sharia islámica, ha anunciado que dejara de someter a los hombres condenados por ser homosexuales a latigazos en público… para pasar a hacerlo a puerta cerrada.

Tal y como ha explicado el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, la decisión de mover las torturas de las plazas públicas a los patios privados de las cárceles se ha tomado para reducir así las críticas internacionales por ese tipo de castigos. Eso sí, aclara que tanto a él como al resto del país les dan igual esas críticas y las considera un ataque islamófobo: “No queremos que la islamofobia interfiera en los asuntos externos de Indonesia“.

La medida cuenta con críticos entre la población local. Los hay que consideran que si los castigos no son públicos perderán su carácter «ejemplarizante». «Si los latigazos se dan en prisión, seguro que habrá más violaciones de la sharía en Aceh», declaraba un manifestante opuesto a la reforma. En esta provincia, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Desde la organización Human Rights Watch su investigador en Indonesia, Andreas Harsono, ha declarado que “Indonesia va en cabeza en la carrera hacia el abismo“. La nueva ley que traslada las torturas a los centros penitenciarios permitirá la asistencia de adultos y periodistas y fue recibida con una manifestación frente a la delegación del gobierno en Aceh. “Si los latigazos se hacen en prisión” explica Tuwanku Muhammad, uno de los manifestantes, “estamos seguros de que habría más delitos contra la Sharia en Aceh“.

Hay que recordar que la homosexualidad (por ahora) no es ilegal en Indonesia y aunque Aceh es la única provincia que aplica la ley Sharia el país al completo está sumergido en una deriva anti-LGTB. Todos los grupos políticos apoyan que se criminalicen las identidades no heteronormativas, las personas trans sufren persecución y agresiones en público que resultan impunes e incluso la Asociación de Psiquiatría del país define a las personas LGTB como enfermos.

Actualmente dos estudiantes universitarios están en prisión preventiva a la espera de juicio, acusados de practicar sexo homosexual entre ellos. Los dos chicos, de 21 y 24 años, fueron detenidos por civiles que entraron a la fuerza en una habitación en la que estaban los dos chicos. El director del Departamento de la Ley Sharia de la región ha explicado a la prensa que tienen los teléfonos móviles de los detenidos, unos preservativos y el colchón que había en la habitación como pruebas; y asegura que uno de los dos hombres ya se habría declarado culpable de practicar sexo gay.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace algunos días recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboral con el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son “inhumanas, crueles y degradantes”.

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. “La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior”, dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:

Congratulations to @NGLHRC for the historic win for human rights in #Kenya.
The Court of Appeal in #Mombasa has ruled that the use of forced anal examination by the state in unlawful. @outinafrica #GayRights #StopForcedExamaminations#LGBT

— GermanEmbassyNairobi (@GermanyinKenya) 23 de marzo de 2018

O por la propia ILGA:

🎉 Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. 🎉 Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTesting https://t.co/o7mUcjTrEN

— ILGA (@ILGAWORLD) 22 de marzo de 2018

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Ministerio de Salud de Corea del Sur aprueba la Truvada como Profilaxis Pre-Exposición, pero el coste del tratamiento es tan alto que los activistas dudan que sirva de algo.

Mientras en España aún estamos teniendo el debate de si la PrEP es efectiva o no  en Corea del Sur acaban de aprobar la PrEP.

El movimiento del Ministerio de Sanidad de aprobar la Truvada como tratamiento de profilaxis pre-exposición ha sido aplaudido por la comunidad científica, sobre todo porque en los últimos seis años la tasa de nuevos diagnósticos de VIH ha aumentado un 43,2% y se han dado, casi exclusivamente, entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

Aunque el Ministerio asegura que todos aquellos en riesgo de contraer el VIH tendrán acceso a la prescripción de la PrEP, los activistas creen que no servirá de mucho porque nadie va a poder pagarlo. Una píldora de Truvada tendrá un coste de 13.720 Wons, que vienen a ser unos 10€. Teniendo en cuenta que la PrEP es un tratamiento que se ha de tomar de forma diaria, el coste del tratamiento sería de unos 3.650€ anuales.

Hace años que las organizaciones internacionales denuncian el trato que Corea del Sur dispensa a las personas que viven con el VIH. Una encuesta de UNAIDS demostró que las personas VIH+ tienen un riesgo 10 veces superior al resto de intentar suicidarse dado el altísimo nivel de estigma que sufren por parte de la sociedad surcoreana. Un 62% de los que respondieron a la encuesta aseguran que se les realizaron pruebas de VIH sin su conocimiento (algo habitual en Corea); y el país además obliga a los profesores y estudiantes extranjeros a realizarse pruebas regulares de VIH para mantener su visado.

Como denuncian desde Human Rights Watch, “la visión que el gobierno de Corea del Sur tiene sobre el VIH y la forma en que trata a las personas que viven con VIH está desfasada y va en contra de las mejores prácticas reconocidas internacionalmente; y eso tiene que cambiar de inmediato.”

Con una medicación a 3,650€ anuales… no parece a mí que esté cambiando.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

General Corea del Sur, Human Rights Watch, PreP, Profilaxis, Profilaxis pre-exposición, Truvada, UNAIDS, VIH/SIDA

El Tribunal Supremo de Kenia valora la abolición de la ley que penaliza la homosexualidad, vigente desde la época colonial británica, como consecuencia de la demanda de tres asociaciones que la consideran anticonstitucional. Tres asociaciones del colectivo keniano de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales exigen anular las secciones del código penal que sancionan el sexo homosexual en un juicio en el Tribunal Superior de Justicia. Introducidas durante la dominación colonial británica, estas secciones hacen referencias al “conocimiento carnal contra natura” y al “ultraje contra la moral pública”. El juicio se desarrollará en los juzgados de Milimani, en la capital, Nairobi.

Desde este viernes, 19 de febero, el Tribunal Supremo de Kenia revisa una demanda para abolir la ley que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, presentada en 2016 por la Comisión Nacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (NGLHRC por sus siglas en inglés: National Gay and Lesbian Human Rights Commission), junto con la Colación de Gays y Lesbianas de Kenia (GALCK por sus siglas en inglés: Gay and Lesbian Coalition of Kenia) y la Coalición LGBT de Nyanza-Valle del Rift y Kenia Occidental (NYARWEK Network). De conseguirlo sería un paso significativo para los países del este de África, en los que la homosexualidad está penalizada en casi todos los países de la región, 38 en todo el contienen africano según Amnistía Internacional.

“Aunque tenemos una Constitución que porta la voluntad del pueblo keniano y que dice que nadie debería ser discriminado, estas leyes lo hacen. Están lejos de tratar la moralidad y se usan para justificar la discriminación, la violencia, el acoso y la intrusión en la vida privada de los ciudadanos de Kenia”, denunció el director ejecutivo de la NGLHRC, Eric Gitari, en un comunicado. «El hecho de que nos escuchen es un indicador de que nuestra democracia ha alcanzado la mayoría de edad», declara Eric Gitari, abogado y fundador de la NGLHRC. La sala habilitada para la vista, en Nairobi, tuvo que trasladarse a un espacio más grande debido a la gran multitud de personas que acudieron a la vista del caso. «Los jueces saben que todo el mundo está mirando (…). Tenemos esperanza. El juicio dará una guía a los países de África. Alentará a los activistas en tantos países africanos, va a crear un efecto dominó», asegura el activista, consciente de que las leyes que prohíben la homosexualidad promueven el acoso abuso y discriminación de la comunidad LGBT.

La ley de Kenia prohíbe actualmente lo que denomina el «conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza», que castiga con penas de hasta 14 años de prisión. Una ley que se remonta a la época colonial británica de principios de siglo XX, que los demandantes consideran anticonstitucional. Entre 2010 y 2014, el gobierno de Kenia procesó 595 casos de homosexualidad, mientras que en 2016, los tribunales de Kenia dictaminaron que las pruebas anales forzadas a hombres sospechosos de ser homosexuales eran constitucionales y podrían utilizarse como evidencia en un juicio.

En el documento se explica que, aunque las leyes penalizan un amplio abanico de “actividades consensuadas que no generen descendencia”, se aplican “de forma selectiva contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero”. La NGLHRC, formada por un grupo de abogados para proteger los derechos de las personas LGBT, asegura haber recibido más de un millar de denuncias de miembros de dicha comunidad por delitos como asesinatos, violencia grupal, violaciones, chantajes y extorsión.

Según Neela Ghoshal, investigadora principal del programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch, «el caso ante el Tribunal Supremo de Kenia que busca despenalizar la conducta consensuada entre personas del mismo sexo es de importancia monumental para Kenia y más allá (…). Un dictamen positivo afirmaría que los kenianos amantes del mismo género son tan dignos de igualdad, privacidad y dignidad como cualquier otra persona (…). Los valientes activistas kenianos y la gente común que presentaron este caso son un modelo y una inspiración para las personas LGBTQ y sus aliados en toda África».

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Coalición LGBT de Nyanza-Valle del Rift y Kenia Occidental (NYARWEK Network), Colación de Gays y Lesbianas de Kenia (GALCK), Comisión Nacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (NGLHRC), Derechos LGBT, Eric Gitari, Human Rights Watch, Kenia, National Gay and Lesbian Human Rights Commission), Neela Ghoshal, Tribunal Supremo