Un reciente estudio llevado a cabo en los Estados Unidos revela un aumento significativo en quienes apoyan los derechos LGTB en cuestiones como el matrimonio igualitario o las leyes de protección de las minorías sexuales. Según la filiación política, solo los republicanos conservadores se oponen al matrimonio igualitario y apoyan que los proveedores de servicios discriminen a los ciudadanos LGTB. Si se tiene en cuenta la confesión religiosa, lo hacen los evangelistas y mormones, mientras que, por ejemplo, los protestantes no evangélicos, los católicos, los judíos o los musulmanes aceptan mayoritariamente tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo como las leyes contra discriminación de las minorías sexuales.

Public Religion Research Institute es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación de las relaciones entre religión, cultura y política. Recientemente ha dado a conocer una encuesta, realizada a lo largo del año 2017, a la que han dado el nombre de «Atlas de los valores americanos», en la que se detallan las opiniones de la población estadounidense sobre diversos asuntos. Particularmente interesante es el resultado del sondeo sobre temas relacionados con la población LGTB, como la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que los proveedores de servicios puedan denegar su atención a los ciudadanos LGTB en razón de sus creencias religiosas, o la necesidad de que haya leyes especiales que protejan contra la discriminación en el trabajo, los servicios públicos o el acceso a la vivienda.

El matrimonio igualitario

En el conjunto de la población estadounidense, el 61 % se muestra partidaria de que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, mientras que el 30 % se declara contraria (el resto no expresa su opinión). Esto supone un incremento en la aceptación considerable desde la aprobación del matrimonio igualitario por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en junio de 2015. En fechas tan recientes como el año 2013, tan solo se mostraba partidaria una exigua mayoría del 52 %, mientras que se oponía el 42 % de la población. El matrimonio entre personas del mismo sexo es más aceptado por las mujeres, entre las que hay un 65 % de partidarias, que entre los hombres, cuyo apoyo es del 58 %.

Pero lo interesante es ver cuáles son las actitudes ante la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo según filiación política, confesión religiosa o grupo étnico.

En cuanto a la filiación política, los republicanos son el único grupo en el que es mayoritaria la oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque sobre todo es debido a la intransigencia de los más conservadores, quienes, lamentablemente, son quienes mayor influencia política tienen dentro del partido.

• Ciudadanos favorables al matrimonio igualitario por filiación política:
  • Republicanos: 42 %.
    • Republicanos liberales: 58 %.
    • Republicanos moderados: 59 %.
    • Republicanos conservadores: 36 %.
  • Demócratas: 73 %.
    • Demócratas liberales: 87 %.
    • Demócratas moderados: 67 %.
    • Demócratas conservadores: 52 %.
  • Independientes: 66 %.
    • Independientes liberales: 82 %.
    • Independientes moderados: 72 %.
    • Independientes conservadores: 49 %.

Por confesión religiosa, cada vez es mayor la aceptación entre quienes profesan distintas creencias, oponiéndose mayoritariamente a los derechos LGTB los ciudadanos que pertenecen a las iglesias protestantes evangélicas, la iglesia mormona y a los testigos de Jehová. Los protestantes pertenecientes a las etnias negra o hispana se encuentran muy divididos, con una exigua mayoría también contraria a la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. En el caso de los musulmanes, una también reducida mayoría (el 51 %) es favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero quienes se oponen suman tan solo el 34 % de los entrevistados, con un 15 % que no tiene opinión al respecto.

• Ciudadanos favorables al matrimonio igualitario por confesión religiosa:
  • Unitarios: 97 %.
  • Budistas: 80 %.
  • No afiliados: 80 %.
  • Judíos: 77 %.
  • Hindúes: 75 %.
  • Protestantes de etnia blanca no evangélicos: 67 %.
  • Católicos de etnia blanca: 66 %.
  • Ortodoxos: 66 %.
  • Católicos de etnia hispana: 65 %.
  • Musulmanes: 51 %.
  • Protestantes de etnia negra: 48 %.
  • Protestantes de etnia hispana: 43 %.
  • Mormones: 40 %.
  • Protestantes evangélicos: 34 %.
  • Testigos de Jehová: 13 %.

No hay ningún grupo étnico cuyos componentes se opongan mayoritariamente al matrimonio entre personas del mismo sexo, a diferencia de lo que ocurría en 2013, cuando la oposición entre los ciudadanos de etnia negra era mayoritaria (solo lo apoyaba el 41 %).

• Ciudadanos favorables al matrimonio igualitario según grupo étnico:
  • Etnia blanca: 63 %.
  • Etnia negra: 52 %.
  • Etnia hispana: 61 %.
  • Etnias de origen asiático y de las islas del Pacífico: 72 %.
  • Nativos americanos: 56 %.
  • Otros grupos étnicos: 66 %.

Existe una gran brecha generacional entre los mayores de 65 años y quienes tienen entre 18 y 29 años, que se refleja en todos los grupos, tanto políticos como étnicos o religiosos. Solo el 47 % de los ciudadanos mayores de 65 años apoyan el matrimonio igualitario, mientras que entre los más jóvenes el porcentaje alcanza el 77 %.

Como dato curioso, el matrimonio entre personas del mismo sexo es apoyado mayoritariamente en todos los estados a excepción de Luisiana, Misuri, Alabama, Tennessee, Virginia Occidental y Carolina del Norte.

Oposición a la denegación de servicios a las personas LGTB por cuestiones religiosas

La población estadounidense se muestra mayoritariamente contraria a que los proveedores de servicios pueden denegar sus prestaciones a las personas LGTB o a las parejas del mismo sexo arguyendo sus creencias religiosas. El 60 % de los encuestados se opone a que los dueños de los distintos negocios puedan negarse a ofrecer sus servicios a la población LGTB, mientras que un 33 % cree que debería permitirse. A pesar de ello, proliferan las leyes que lo permiten, en algunos o en todos los servicios, y cada vez son más las proposiciones de ley al respecto.

Por filiación política, solo los republicanos se muestran partidarios de la discriminación de las personas LGTB por cuestiones religiosas, aunque los republicanos liberales y moderados se declaran contrarios. Una vez más, las políticas de las corrientes más conservadoras son las que priman en la mayoría republicana.

• Ciudadanos contrarios a la discriminación de las personas LGTB en la prestación de servicios. Por filiación política:
  • Republicanos: 40 %.
    • Republicanos liberales: 63 %.
    • Republicanos moderados: 55 %.
    • Republicanos conservadores: 41 %.
  • Demócratas: 76 %.
    • Demócratas liberales: 85 %.
    • Demócratas moderados: 72 %.
    • Demócratas conservadores: 63 %.
  • Independientes: 60 %.
    • Independientes liberales: 77 %.
    • Independientes moderados: 63 %.
    • Independientes conservadores: 44 %.

Por confesión religiosa, de nuevo son los miembros de las confesiones protestantes evangélicas y mormona quienes se declaran partidarios de la discriminación de los ciudadanos LGTB. Los estadounidenses pertenecientes al resto de confesiones religiosas se oponen a que las leyes permitan denegar servicios basándose en la orientación sexual de los clientes y con la excusa de la objeción de conciencia.

• Ciudadanos contrarios a la discriminación de las personas LGTB en la prestación de servicios. Por confesión religiosa:
  • Unitarios: 86 %.
  • Budistas: 73 %.
  • No afiliados: 72 %.
  • Judíos: 70 %.
  • Protestantes de etnia negra: 65 %.
  • Protestantes de etnia blanca no evangélicos: 60 %.
  • Católicos de etnia hispana: 60 %.
  • Católicos de etnia blanca: 59 %.
  • Ortodoxos: 57 %.
  • Hindúes: 56 %.
  • Protestantes de etnia hispana: 55 %.
  • Musulmanes: 51 %.
  • Mormones: 40 %.
  • Protestantes evangélicos: 39 %.

Tampoco hay ningún grupo étnico cuyos componentes sean partidarios de la discriminación en el acceso a servicios de las personas LGTB, si bien son los ciudadanos de etnia negra quienes se manifiestan contrarios en mayor número.

• Ciudadanos contrarios a la discriminación de las personas LGTB en la prestación de servicios. Por grupo étnico:
  • Etnia blanca: 58 %.
  • Etnia negra: 66 %.
  • Etnia hispana: 61 %.
  • Etnias de origen asiático y de las islas del Pacífico: 60 %.

Únicamente hay tres estados donde sus ciudadanos se muestran mayoritariamente a favor de esta discriminación: Utah, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

Apoyo a las leyes de protección contra la discriminación

El 70 % de los ciudadanos estadounidenses se declara a favor de la existencia de leyes que impidan que las personas LGTB puedan ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, servicios públicos o el acceso a la vivienda. Tan solo un 23 % se muestra contrario a la existencia de esas leyes. Por género, el 73 % de las mujeres apoya las leyes antidiscriminatorias, mientras entre los hombres lo hace el 65 %. Los mayores de 65 años apoyan estas medidas en un 61 %, mientras que los jóvenes entre 18 y 29 años lo hace en un contundente 78 %.

Curiosamente, a pesar de este mayoritario apoyo, no existe una ley de ámbito nacional que impida ese tipo de discriminaciones. La aprobación de la ENDA (Employment Non-Discrimination Act) ha sido pospuesta reiteradamente, y su futuro es más que incierto. Por otra parte, tan solo 19 estados y el Distrito de Columbia prohíben explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el empleo, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. Dos estados más, New Hampshire y Wisconsin, tan solo penalizan la discriminación basada en la orientación sexual, pero no en la identidad de género, y el estado de Utah impide la discriminación en el empleo y la vivienda, pero no en los servicios públicos. Los otros 28 estados no tienen ninguna disposición legal que prohíba la discriminación de las personas LGTB.

Según la encuesta, el apoyo a las medidas antidiscriminatorias es mayoritario entre los ciudadanos de todas las filiaciones políticas, incluso entre quienes se declaran como republicanos conservadores. La falta de concordancia entre estas respuestas y las políticas efectivas (incluida la negativa republicana en las cámaras parlamentarias a aprobar leyes al respecto) quizás se deba a que, a pesar del apoyo, no se trata de un asunto que movilice a la población o pueda decidir su voto.

• Ciudadanos favorables a las leyes contra la discriminación de las personas LGTB. Por filiación política:
  • Republicanos: 58 %.
    • Republicanos liberales: 65 %.
    • Republicanos moderados: 68 %.
    • Republicanos conservadores: 56 %.
  • Demócratas: 79 %.
    • Demócratas liberales: 87 %.
    • Demócratas moderados: 76 %.
    • Demócratas conservadores: 63 %.
  • Independientes: 72 %.
    • Independientes liberales: 82 %.
    • Independientes moderados: 77 %.
    • Independientes conservadores: 60 %.

Sorprendentemente, los ciudadanos de todas las confesiones religiosas se declaran partidarios de que las leyes impidan la discriminación de las personas LGTB en el trabajo, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. Incluso los mormones, protestantes evangélicos y testigos de Jehová son mayoritariamente favorables a la existencia de estas leyes.

• Ciudadanos favorables a las leyes contra la discriminación de las personas LGTB. Por confesión religiosa:
  • Unitarios: 95 %.
  • Judíos: 80 %.
  • No afiliados: 79 %.
  • Budistas: 78 %.
  • Hindúes: 75 %.
  • Católicos de etnia blanca: 74 %.
  • Protestantes de etnia blanca no evangélicos: 71 %.
  • Católicos de etnia hispana: 70 %.
  • Ortodoxos: 69 %.
  • Mormones: 69 %.
  • Musulmanes: 65 %.
  • Protestantes de etnia negra: 65 %.
  • Protestantes de etnia hispana: 59 %.
  • Protestantes evangélicos: 54 %.
  • Testigos de Jehová: 50 %.

Aunque los ciudadanos de todos los grupos étnicos se declaran a favor de las leyes antidiscriminatorias, son los de etnia blanca los que muestran un mayor apoyo a su existencia.

• Ciudadanos favorables a las leyes contra la discriminación de las personas LGTB. Por grupo étnico:
  • Etnia blanca: 71 %.
  • Etnia negra: 66 %.
  • Etnia hispana: 69 %.
  • Etnias de origen asiático y de las islas del Pacífico: 75 %.

Ese apoyo es mayoritario en todos los estados que componen los Estados Unidos, aunque, como señalábamos, en la mayoría de ellos no existen legislaciones al respecto.

Fuente Dosmanzanas

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Aunue ya lo anunciamos en septiembre de 2017, ahora ha sido confirmado por el Senado de los EE.UU.

Estados Unidos volverá a contar con un embajador abiertamente gay, después de que los cuatro que quedaban al servicio de la administración Obama en enero de 2017 fueran relevados de su cargo tras la llegada a la presidencia de Donald Trump. Richard Grenell, portavoz de la delegación diplomática de Estados Unidos en Naciones Unidas bajo el mandato de George W. Bush, ha sido nombrado por Donald Trump como su embajador ante la República Federal de Alemania.

Richard Grenell, con pareja desde hace 15 años (Matt Lashey) se ha descrito a sí mismo como un «gay conservador y cristiano». Además de su paso por la delegación estadounidense ante la ONU, ha estado al servicio como consultor político de diversos políticos republicanos, como el exgobernador de Nueva York George Pataki o el exmiembro de la Cámara de Representantes Dave Camp. También formó parte del equipo que dio soporte a la candidatura de Mitt Romney en las elecciones presidenciales de 2012, aunque se vio obligado a dimitir como portavoz del candidato en materia de política exterior debido a la presión de la derecha religiosa de su partido, precisamente por su condición abiertamente gay. Y ello a pesar de que Grenell nunca ha destacado por su defensa activa de los derechos LGTB, aunque siendo justos debemos mencionar que su nombre se encuentra en la lista de 131 republicanos que en 2013 firmaron un amicus curiae ante el Tribunal Supremo en defensa del matrimonio igualitario (el amicus curiae es una figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en un proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra).

Grenell, que en los últimos tiempos había ejercido como comentarista político en Fox News sobre política internacional, fue propuesto en septiembre por Donald Trump como nuevo embajador de Estados Unidos en Alemania (una plaza que se encontraba vacante desde enero de 2017) y hace pocos días recibió la confirmación del Senado por 56 votos contra 42. Grenell recibió el apoyo de todos los senadores republicanos y de 6 demócratas. La principal reticencia del resto de los demócratas a apoyar su nombramiento no ha sido tanto su perfil político o sus posiciones en política exterior (cercanas a las de un republicano clásico) como algunos de los comentarios hechos hace años en Twitter en alusión al aspecto físico de personalidades públicas femeninas, como Hillary Clinton, Madeleine Albright, Callista Gingrich o Rachel Maddow. Aunque Grenell se disculpó en su momento por aquellos tuits, el machismo que destilaban no ha sido olvidado.

Estados Unidos había perdido todos sus embajadores gais con la llegada de Trump

Como en su momento recogimos, en enero de 2017 Estados Unidos perdió de golpe todos sus embajadores abiertamente gais: James Costos (hasta entonces embajador en España y Andorra), Ted Osius (Vietnam), Rufus Gifford (Dinamarca), James “Wally” Brewster (República Dominicana) y Daniel Baer (embajador ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE). No son los únicos embajadores gais que nombró Obama: David Huebner, también abiertamente gay, fue embajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda y Samoa, pero dejó ese puesto en 2014, mientras que John Berry, embajador en la vecina Australia, lo dejó en septiembre de 2016.

De hecho, no fue hasta la llegada de Obama a la presidencia que en la diplomacia estadounidense comenzó a romperse el techo de cristal para los hombres gais (el de las mujeres lesbianas y personas abiertamente bisexuales y trans sigue intacto…). Antes de 2008 solo se tiene noticia de otros dos casos: James Hormel (primer embajador estadounidense abiertamente gay, propuesto en 1999 por Bill Clinton como representante en Luxemburgo) y Michael Guest (propuesto por George Bush en 2001 como embajador en Rumanía).

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Los estados de Maryland y Hawái, se han convertido, respectivamente, en el 11º y el 12º de ese país (sin contar a Washington D.C., la capital federal) en vetar las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad. Intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas y contra las ya antes se han pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otros países del mundo también han aprobado o discuten su prohibición.

Ambos proyectos de ley (puedes descargar aquí el de Maryland y aquí el de Hawái) son similares a las leyes ya aprobadas en otros estados norteamericanos. Prohíben el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores, así como toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Los profesionales sanitarios (médicos, psicólogos u otros) que lleven a cabo estas prácticas en menores o las publiciten como efectivas se enfrentarán a sanciones que pueden acarrear la pérdida de su licencia.

La propuesta de Maryland fue aprobada por el Senado por 34 votos a 12 el pasado 24 de marzo y por la Cámara de Delegados por 95 a 27 unos días después. El gobernador republicano Larry Hogan ha anunciado que firmará la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Durante su tramitación, la delegada abiertamente bisexual Meagan Simonaire sorprendió al revelar que su padre, senador republicano, le aconsejó buscar terapia cuando se enteró de su orientación sexual. Simonaire, también republicana, hizo un llamamiento por un amplio apoyo bipartito a la medida.

En Hawái, el proyecto fue aprobado por el Senado del estado, compuesto solo por demócratas, por 24 votos a favor y solo uno en contra (el de Mike Gabbard, conocido por sus posiciones LGTBfobas). Posteriormente recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde solo recibió dos votos en contra (de sendos republicanos). Durante su tramitación se introdujeron enmiendas para que la prohibición se extienda no solo a las «terapias» que pretendan cambiar la orientación sexual de un menor, sino también las que persigan modificar su identidad o expresión de género. Solo queda pendiente la firma por el gobernador David Ige, demócrata, que se da por segura. La entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Desde Amazon confirman que la actitud hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales es uno de los criterios que están valorando desde la compañía para escoger la ciudad que se convertirá en su nueva sede en los Estados Unidos, lo que reduciría las opciones de Dallas, Raleigh, Austin, Miami, Atlanta, Pittsburgh, Filadelfia, Nashville, Columbus, Indianápolis o Virginia del Norte.

Tras reducir a 20 las candidaturas para acoger Amazon HQ2, la que sería la segunda sede del gigante del comercio electrónico, un grupo de activistas lanza una campaña para que excluir a cualquiera de las 11 ciudades que todavía disponen de algún tipo de ley homofóbica. Y desde The Washington Post afirman que las actitudes hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de las ciudades que aspiran a convertirse en su nueva sede sería uno de los criterios que Amazon está valorando.

Amazon «requiere un entorno cultural y comunitario compatible para su éxito a largo plazo», incluida «la presencia y el apoyo de una población diversa», confirman desde la compañía tras publicarse el informe, lo que pone en peligro las candidaturas de ciudades como Dallas, Raleigh, Austin, Miami, Atlanta, Pittsburgh, Filadelfia, Nashville, Columbus, Indianápolis o Virginia del Norte. Amazon es selectiva en cuanto a los problemas que decide defender de manera pública, apostando por los derechos de la comunidad LGBT al apoyar las campañas a favor del matrimonio igualitario, así como demandas por discriminación a personas transgénero, además de facilitar un grupo activo de empleados LGBT llamado GLAmazon.

Si bien no se trata de una compañía tan activamente política como otras grandes corporaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, Jeff Bezos, presidente de Amazon, lleva años apoyando diferentes causas del colectivo LGBT, entre otras campañas, pero ser también el propietario de The Post le ha puesto en el punto de mira de figuras como Donald Trump, quien acusa al periódico de actuar como portavoz de Amazon en función de los valores ideológicos del propio Bezos. «Lo más cercano que Bezos ha estado de hacer alguna sugerencia fue cuando se preguntó si The Post podría querer tener un columnista especializado en asuntos de género», asegura Martin Baron, editor ejecutivo de The Post, que ha recalcado que Bezos no participa en las decisiones editoriales del periódico.

«Nos alienta leer las noticias de que ‘los derechos y la aceptación de las personas homosexuales y transgénero’ [son] parte de sus criterios para elegir una segunda sede», declara a través de un comunicado Conor Gaughan, gerente de campaña de No Gay No Way. Las previsiones de Amazon incluyen una inversión de 5 billones de dólares, además de la creación de 50.000 puestos de trabajo en la ciudad que sea escogida como sede de Amazon HQ2, que se estima será anunciada en algún momento de este mismo año.

Fuente Universogay

General Amazon, Amazon HQ2, Conor Gaughan, Donald Trump, Estados Unidos, GLAmazon, Jeff Bezos, Martin Baron, No Gay No Way

Si el titular suena mal, la historia suena peor.

Una pediatra que se niega a atender a una pequeña recién nacida solo porque pertenece a una familia homoparental, solo porque tiene dos mamás.

La historia sucedió en el estado de Michigan en Estados Unidos. Cuando las madres, Jami y Krista Contreras, quisieron llevar a la recién nacida a su revisión, la médico, al ver que se trataba de una pareja de lesbianas, se negó a atenderla.

Lo más sorprendente del caso es que la ley del estado norteamericano ampara la decisión de la pediatra.

Ellas la denunciaron, no obstante, más tarde comprobaron que la ley sí permitía a la licenciada en medicina negarse a atender a la menor. La única respuesta que obtuvieron en ese momento fue la de otro médico que les aseguró que dicha pediatra “rezaba por ellas”.

Esta experiencia tan desagradable ha llevado a Jami y Krista Contreras, junto a sus dos hijas, a unirse a la campaña “Beyond I Do” (más allá de lo que hago), para que la gente tome conciencia de que todos los derechos no están conseguidos, y la comunidad LGTB para nada tiene los mismos tratos que los heterosexuales.

Liza Sherman, presidenta de la organización Ad Council, denuncia que las parejas lesbianas y homosexuales pueden ser despedidos de su trabajo, desalojados de sus casas o les pueden negar el acceso a servicios de salud. Sherman explica que el objetivo de la campaña ‘Beyond I do’ es “contar historias reales de discriminación”.

Fuente Oveja Rosa

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Como anunciábamos el pasado mes de marzo, el estado de California podría experimentar en breve un importante avance en la lucha contra las peligrosas «terapias» reparadoras de la homosexualidad. La Asamblea de ese estado ha dado su visto bueno a un proyecto de ley que incluye la promesa de modificar la orientación sexual de una persona en la lista de servicios fraudulentos a los consumidores. La base de la propuesta es simple: si de acuerdo a la evidencia científica esta modificación no es posible, prometerlo supone un fraude. 

Haciendo un poco de historia, conviene precisar que California ya fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad allá por por el año 2012, no sin controversia. Le siguieron después Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de Vermont, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C.,  Connecticut, Nevada,  Rhode Island   y Washington, así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati . Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

La iniciativa que ahora se abre paso en California, sin embargo, supone una novedad respecto a todas estas leyes, cuyo objetivo es la protección de los menores, pero que dejan campo libre a la aplicación de este tipo de intervenciones en mayores de edad a los que se les reconoce la capacidad de consentir libremente sobre ellas. Ahora el foco se pone sobre el hecho de que este tipo de intervenciones supone un fraude, ya que se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, y por tanto no podrán anunciarse ni ofrecerse como parte de ninguna cartera de servicios con la promesa de conseguir «revertir» la orientación homosexual. Se trata, en este sentido, de proteger los derechos de los ciudadanos como consumidores.

El proyecto de ley, cuyo promotor es el representante demócrata Evan Low, fue aprobado el pasado 19 de abril por la Asamblea de California por 50 votos a favor (la mayoría demócratas) y 18 en contra (todos ellos republicanos). Se registraron además 10 abstenciones/ausencias. Ahora debe ser discutido en el Senado estatal, donde los demócratas cuentan también con una cómoda mayoría. Es previsible, por tanto, que se convierta en ley (nadie espera que el Gobernador, el demócrata Jerry Brown, la vete), y más teniendo en cuenta que goza del respaldo de organizaciones profesionales como la Academia Americana de Pediatría o la Asociación de Psicólogos de California.

En Europa, Malta fue pionera contra estas «terapias»

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Una comisión de trabajo de la FIFA (la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que engloba a más de 200 agrupaciones futbolísticas de todo el mundo) ha desembarcado esta semana en Marruecos para evaluar en el terreno la candidatura de este país para albergar la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Tras las polémicas elecciones de Rusia 2018 y Catar 2022, sobre las que la FIFA lleva años recibiendo críticas debido a la situación en materia de derechos humanos de estos países y muy específicamente por sus leyes LGTBfóbicas, los nuevos estándares parecen dificultar las opciones de Marruecos de cara a 2026. Además, en el informe de 486 páginas que Marruecos envió a la FIFA, se omite la legislación LGTBfóbica existente como un factor de riesgo y por lo tanto no se aborda cómo se afrontaría el Mundial con este marco legal discriminatorio vigente. El presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Ahmed El Haij, denuncia que «el informe de derechos humanos de Marruecos presentado a la FIFA es un silencio intencionado sobre un tema que Marruecos sabe demasiado bien que es un crimen en su territorio».

La falta de respeto a los derechos humanos y la persecución indisimulada que Marruecos ejerce contra la comunidad LGTB le puede pasar factura de cara al posible descarte de su candidatura para acoger en 2026 la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. La elección de la sede de 2026 está prevista el próximo mes de junio en Moscú, coincidiendo con la celebración en Rusia del Mundial 2018, que tiene lugar en este país. Precisamente, las numerosas críticas que levantaron las elecciones de Rusia y Qatar como sedes del campeonato mundial de fútbol para 2018 y 2022, respectivamente, debido al más que cuestionable posicionamiento y acción política en materia de derechos humanos de estos países, parece que invitan a la FIFA a tener en consideración estas realidades en adelante comprometiéndose a valorar si acepta finalmente la candidatura de Marruecos de no cumplir con sus expectativas en lo que respecta a la discriminación de la mujer y la tolerancia hacia comunidad LGBT., además del análisis de los estadios, las infraestructuras, la seguridad o las finanzas. La candidatura de Marruecos se enfrenta a la candidatura conjunta de México, Canadá y los Estados Unidos de cara a convertirse en sede de la Copa del Mundo en 2026.

Marruecos aspira a ser sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026, lo que podría poner en peligro un informe de 486 páginas que una Asociación de Prensa ha hecho llegar a la FIFA en el que señalan que el denominado «Reino Occidental» no ha declarado su legislación intolerante hacia la comunidad LGBT como un factor de riesgo de cara a la celebración de un evento de tal envergadura. Con el objetivo de estudiar su candidatura y valorar si el país del norte de África podría haberse adaptado a las exigencias de tolerancia internacional de cara a la celebración del Mundial, un equipo de la FIFA se traslada este lunes, 16 de abril, al Reino de Marruecos.

Marruecos sabía que la situación de los derechos humanos y, específicamente, la LGTBfobia de Estado que ejerce podría perjudicar su elección. Por ello, en el informe de 486 páginas que enviaron a la FIFA no dedican ni una palabra a abordar esta realidad. En cambio, una cláusula del capítulo 23 de este documento recoge la siguiente declaración: «el presidente [de la Federación Marroquí de Fútbol] firmó un compromiso público explícito para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA sea un evento ejemplar desde el punto de vista de los derechos humanos, de conformidad con todos los requisitos internacionales de la FIFA y otros».

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«El informe de derechos humanos que Marruecos ha presentado a la FIFA mantiene un silencio intencionado sobre un tema que Marruecos sabe demasiado bien es un crimen en su territorio (…). Es evidente que si Marruecos fuera sede de la Copa del Mundo, las personas LGBT que vengan a ver los juegos se enfrentarán a mucha discriminación. El estado no podrá protegerlos ni podrá comprometerse en la prevención de medidas que podrían ser tomadas en contra suya tanto por el estado como por la sociedad», declara Ahmed El Haij, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Según el artículo 489 del código penal marroquí, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con una pena de prisión de entre seis meses y tres años.

«Bajo los nuevos requisitos de no discriminación bajo los estatutos de la FIFA y bajo la Política de Derechos Humanos, una de las líneas rojas es la actividad, las leyes o las políticas anti-gay. Si realmente quiere ganar, Marruecos debería estar preparada para derogar el artículo del código penal que castiga a las personas por ser gay», asegura Minky Worden, director de iniciativas globales de Human Rights Watch. A la vista de la creciente preocupación por la celebración del Mundial en Rusia y las fuertes críticas por la elección de Qatar como sede en 2022, la FIFA ha incrementado su preocupación sobre la manera en la que los abusos de derechos humanos podrían afectar sucesivos eventos deportivos. Como consecuencia, los futuros anfitriones para el torneo en 2026 deben presentar informes independientes que evalúen de manera sincera el nivel de riesgo en las violaciones de los derechos humanos. Una valoración baja en este sentido podría descalificar una candidatura antes incluso de poder presentarse.

A diferencia de cuando Rusia y Catar se llevaron el gato al agua en el concurso de pujas de la FIFA para 2018 y 2022, respectivamente, los futuros anfitriones para el torneo de 2026 estaban obligados a encargar informes independientes de derechos humanos y proporcionar un análisis sincero de riesgos para formar parte de la evaluación del equipo de trabajo. Una candidatura que sea calificada con una puntuación muy baja en función de criterios técnicos o que no cumpla con los requisitos del torneo puede ser descalificada por el Consejo de la FIFA antes de la votación del próximo el 13 de junio.

Marruecos compite en esta carrera por ser sede en 2026 contra la candidatura conjunta de los tres países de América del Norte: México, Canadá y los Estados Unidos, que sí han accedido a publicar sus informes de derechos humanos. El equipo de comunicaciones internacionales de la candidatura de Marruecos también se ha negado a proporcionar cualquier información sobre las políticas de su país en relación a la comunidad LGBT o cómo se abordaría su tolerancia ante la presencia de personas homosexuales, bisexuales y transexuales durante la celebración del Mundial en su territorio. Lo único que el informe marroquí proporciona es una promesa redactada por su federación de fútbol y firmada por su presidente, Fouzi Lekjaa, en la que se comprometen a «luchar contra todas las formas de discriminación», incluyendo la «orientación sexual», pero sin mencionar que la homosexualidad es una ofensa criminal, al contrario que sus oponentes norteamericanos, que se comprometen a utilizar su influencia para reducir el riesgo de discriminación y acoso, así como aluden repetidas veces al colectivo LGBT.

Para Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, «bajo los nuevos requisitos antidiscriminación que se apegan a los estatutos de la FIFA y a la Política de Derechos Humanos, uno de los límites que no se pueden cruzar son las actividades, leyes o políticas anti homosexuales». En este sentido, la activista expone que «si Marruecos considera seriamente obtener la sede, necesitaría estar preparado para revocar el artículo del código penal que castiga a las personas por ser gay».

La alternativa a Marruecos es la candidatura conjunta formada por México, Estados Unidos y Canadá. En caso de resultar vencedora, se plantean como sedes compartidas las siguientes ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (en México); Edmonton, Montreal y Toronto (en Canadá) y Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York/Nueva Jersey, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington DC (en Estados Unidos).

Aunque la información facilitada por esta candidatura sobre derechos humanos (y la situación del colectivo LGTB en estos tres países) es muy diferente a la de Marruecos, no están exentos de polémicas. En primer lugar, por las tensiones existentes entre México y EE UU por las políticas racistas de Donald Trump, así como por la distribución de partidos; a Canadá y a México apenas les correspondería albergar, en realidad, una decena, frente a los 60 que se jugarían en suelo estadounidense.

«Al leer estas ofertas, queda muy claro que la apuesta conjunta de los EE. UU., Canadá y México está tomando este proceso muy en serio, tanto en el alcance como en la escala, admitiendo que tienen problemas de derechos humanos que necesitan para abordar (…). [En Marruecos] existen preocupaciones muy serias tanto en el frente de discriminación LGBT como en los derechos de las mujeres. Ninguna de esas cosas se menciona ni se reconoce en la propuesta», explica Worden, a quien contesta Jamal El Amrani, que representa a la Organización de la Cámara Júnior Internacional en Marruecos asegurando que no cree que prohibir la homosexualidad «sea un problema porque organizar una Copa del Mundo se trata principalmente de infraestructura, pasión por el fútbol y la capacidad de organizar una Copa del Mundo segura (…). Tenemos nuestras leyes y tenemos nuestros valores y tal vez la FIFA también tenga sus valores. Podemos tener algunas diferencias, pero solo debemos tener la capacidad de respetar las diferencias y ser tolerantes». De todos los miembros de la junta de derechos humanos de la candidatura, sólo uno sostiene que Marruecos es un país «amistoso y tolerante».

Dura y constante persecución de las personas LGTB en Marruecos

La última noticia quepublicamos fue en agosto de 2017, la despreciable incitación a la violencia contra los homosexuales por parte del realizador y guionista marroquí Mahmoud Frites, que el día 22 de agosto hacía público en su perfil de Facebook un mensaje en el que animaba a violar a aquellos “que desean ser violados”. El texto iba acompañado de una fotografía de Adam Lahlou, también conocido como Adouma o Adoma, un joven abiertamente gay y muy conocido en redes sociales como Facebook o Instagram. Días después, Adouma denunciaba una agresión y acusaba a Frites de ser el responsable.

Dos universitarios eran detenidos y acusados de «comportamiento inmoral» en enero en Inezgane, después de que se hiciera viral un vídeo en el que aparecían besándose, aunque apenas se les podía reconocer porque tan sólo se mostraban sus siluetas.

No podemos olvidar cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados para mayor escarnio. La pareja era detenida en Beni Melal, después de haber sufrido la cruel agresión . Mientras que uno conseguía huir, el otro era condenado a 2 meses de cárcel y pagar una multa de 500 dirhams, aunque sería finalmente puesto en libertad, después de admitir su condición sexual y de que su abogado solicitara la anulación de la Ley 489.  Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Quienes sí cumplían condena de seis meses eran dos homosexuales sorprendidos manteniendo relaciones sexuales en el interior de un vehículo en Guelmim.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben. Leer más…

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El periodista Ronan Farrow, hijo de la actriz Mia Farrow y del director Woody Allen, ha confirmado públicamente su condición de persona LGTB. Farrow, al que la revista Vice hizo un outing en 2013, nunca hasta ahora había querido hablar en público acerca de su orientación sexual. Casi 5 años después, lo ha hecho durante un acto de entrega de premios por parte de una fundación que ayuda a estudiantes LGTB.

“Ronan Farrow es gay, según amigos que se han acostado con él, pero no lo sabrás si lees sobre él en Vanity Fair o en The New York Times”, comenzaba Vice en octubre de 2013 un artículo en el que se criticaba abiertamente el empeño de algunas personas conocidas (y más aún cuando eran de sensibilidad progresista) en mantener oculta su orientación sexual. Un outing en toda regla, que Ronan Farrow simplemente ignoró.

Ahora, casi cinco años después, el periodista ha decidido dar el paso y visibilizarse públicamente como persona LGTB. Lo ha hecho durante una ceremonia de entrega de premios de The Point Foundation, una entidad que precisamente se dedica a ayudar mediante becas y programas de mentoría a estudiantes LGTB con dificultades económicas o de otra índole, y en la que Farrow fue uno de los premiados.

“Ser parte de la comunidad LGTB, que me apoyó y se hizo eco de las primeras investigaciones y que ha sido una fuente leal de apoyo tras el reportaje sobre agresiones sexuales a supervivientes que se sentían invisibles, me ha dado una fuerza increíble”, dijo Farrow en su discurso. El hijo de Mia Farrow, conviene precisar en este punto, jugó como periodista un papel fundamental a la hora de destapar el escándalo Weinstein, una serie de acusaciones de agresión sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, y que Farrow documentó en buena parte en un artículo publicado en The New Yorker en octubre de 2017. Un escándalo que dió origen al movimiento Me Too de denuncia del acoso sexual. “Las personas LGTB se encuentran entre los más valientes y poderosos agentes de cambio y líderes que he conocido, y son los defensores más enérgicos de las personas vulnerables y de las que no tienen voz, porque saben lo que es estar en esa situación”, añadía el periodista.

En definitiva, una “salida tranquila” del armario. Eso sí, Ronan Farrow no llegó a aclarar si es gay o bisexual, y prefería simplemente identificar como “parte de la comunidad LGTB”.

Una historia personal marcada por las acusaciones de abuso contra Allen

Ronan Farrow es el único hijo biológico de Mia Farrow y Woody Allen, aunque durante años se ha especulado con la posibilidad de que en realidad su padre fuese Frank Sinatra, primer marido de Farrow (la propia actriz ha declarado que no descarta esa posibilidad).

En cualquier caso, Ronan Farrow no mantiene contacto con el director y siempre se ha posicionado junto a su madre, que acusó a Woody Allen de haber abusado sexualmente de la hija adoptiva de ambos, Dylan Farrow, cuando esta tenía siete años. Los abusos habrían ocurrido durante una visita de Allen a la casa de Farrow tras su separación (Allen había iniciado una relación con Soon-Yi Previn, que a su vez era hija adoptiva de Mia Farrow y André Previn, su segundo marido). Los cargos contra Allen nunca prosperaron, aunque Dylan Farrow ha seguido manteniendo, ya adulta, que Allen abusó de ella aquel día. Otro hermano adoptivo de la pareja, Moses Farrow, se ha posicionado en cambio a favor de su padre, y de hecho ha llegado a acusar a su madre de haber abusado emocionalmente de él y de sus hermanos y de haber manipulado a Dylan por venganza.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que ya habíamos publicado el pasado 5 de abril:

En el juicio a la viuda de Omar Mateen, han demostrado como falso que Mateen era un homosexual reprimido cuya homofobia interiorizada le llevó a atacar aunque  no descartan que saber que se trataba de un club gay fuera considerado un “plus”.

Dieciocho meses después de que Omar Mateen entrara en el Club Pulse de Orlando armado con una metralleta y asesinara a 49 personas, la investigación judicial ha descartado dos teorías que rodeaban el atentado desde el primer momento. La primera era que Mateen era un hombre gay en el armario que, a pesar de estar casado, había mantenido relaciones con otros hombres e incluso acudía de vez en cuando al local. La otra teoría, propiciada por testimonios a los que en un primer momento se dio veracidad, es que la elección del Club Pulse estuvo motivada por la homofobia de Mateen y sus ganas de vengarse del colectivo LGTB+.

Incluso se llegó a decir que la mujer de Mateen, Noor Salman, había colaborado (aunque fuera por omisión de socorro al no avisar a nadie) en el atentado. Ha sido precisamente durante el juicio a Salman (Mateen fue abatido durante el atentado) que se han hecho públicas las conclusiones sobre la investigación del caso.

Según los investigadores, tanto federales como locales, no hay ninguna prueba de que Mateen fuera homosexual. Al analizar sus dispositivos electrónicos y sus búsquedas en internet se descubrió que Mateen nunca había utilizado Grindr (algo que su supuesto amante afirmó hace meses) ni había buscado ningún tipo de pornografía gay en internet. Lo que sí hizo fue buscar pornografía relacionada con mujeres mayores y mantuvo un par de relaciones extra matrimoniales con dos mujeres. La única búsqueda en internet con relación a la masacre fue referente al DAESH, grupo terrorista al que Mateen declaró lealtad durante el atentado y del que recabó información de forma obsesiva y diaria.

Hay dos detalles que dan a entender que Mateen no sabía que se trataba de una discoteca gay. Por un lado está el hecho de que en la búsqueda que realizó para elegir el lugar no incluyó las palabras “gay” o “LGTB” y, por otro lado, uno de los guardias de seguridad del local testificó que al entrar en el local Mateen preguntó dónde estaban las mujeres “aparentemente en serio“.

Los investigadores, eso sí, dejaron claro que el hecho de saber que se trataba de un local gay pudo ser considerado por Mateen como un “plus” para cometer el atentado. Aunque la homofobia no fuera el principal motor de Mateen (según los investigadores) sí están convencidos de que Mateen era profundamente homófobo. No solo por su lealtad al DAESH (cuyos asesinatos de homosexuales han dado la vuelta al mundo como parte de su campaña de terror), sino porque el propio padre del terrorista (un informador del FBI que ahora mismo está siendo investigado) afirmó que en un ocasión su hijo se mostró muy enfadado al ver a dos hombres besándose.

Esas indagaciones explican por qué el Departamento de Policía de Orlando no incluyó a las 49 víctimas de la masacre en su informe sobre delitos de odio de 2016.

La viuda de Mateen, Noor Salman, fue declarada inocente por un jurado popular durante su juicio. Como afirmó su abogada, Linda Moreno, Noor “no era su compañera, no era su amiga y por supuesto no era su confidente” y describió a Salman como una mujer maltratada y sometida por un marido que la trataba con violencia y desprecio. “Su único pecado” aseguró Moreno “fue casarse con un monstruo“.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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Ante el bloqueo de una juez federal de su veto a las personas transgénero en el ejército, la Administración de Donald Trump presenta una nueva orden más concreta, a la que la Asociación Médica Estadounidense responde con que «no existe una razón válida desde el punto de vista médico» para este tipo de prohibición. 

Después de que una juez federal paralizara la prohibición a personas trans de servir en el ejército estadounidense, Donald Trump contraatacaba en marzo con emitiendo una orden que prohíbe el acceso al ejército a aquellos «individuos con antecedentes o diagnóstico de disforia de género, aquellos que requieren un tratamiento médico sustancial, incluso a través de medicamentos o cirugía» porque según la Casa Blanca, presentan un riesgo considerable para la efectividad militar. Sin embargo, este martes, 3 de abril, la Asociación Médica Estadounidense (AMA por sus siglas en inglés: American Medical Association ) responde por carta, argumentando que «no existe una razón válida desde el punto de vista médico» para impedir que las personas transgénero sirvan en el ejército.

«No existe una razón válida desde el punto de vista médico, incluido un diagnóstico de disforia de género, para excluir a las personas transgénero del servicio militar», asegura el Dr. James Madara, director ejecutivo de AMA, en una carta dirigida al secretario de Defensa, Jim Mattis, en la que afirma que la Casa Blanca y el Departamento de Defensa «caracterizaron y rechazaron el amplio cuerpo de investigaciones revisadas por pares sobre la efectividad de la atención médica transgénero», rechazando las afirmaciones de que los militares transgénero no supondrían un alto costo económico al ejército debido a sus necesidades médicas. «El costo financiero es insignificante y es un error de redondeo en el presupuesto de defensa», afirma Madara, quien considera que su identidad de género no «debería usarse como una razón para negar a estadounidenses patrióticos. Deberíamos honrar su servicio».

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«Estamos haciendo nuestro trabajo, desplegándonos cuando se nos pide que lo hagamos y somos médicamente capaces (…). Entendemos los altos estándares del servicio militar», declara Blake Dremann, comandante de la Armada de los Estados Unidos, transgénero y presidente de SPART*A, un grupo que defiende los derechos de los militares LGBTQ, aplaudiendo el apoyo brindado por AMA a las personas transgénero del ejército. AMA se ha opuesto al veto a las personas transexuales desde que Trump presentara esta polémica medida, una más de las que han llevado a la mayoría de los estadounidenses a rechazar las medidas contra el colectivo LGBT de su administración.

Fuente Universogay

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Nos cuesta dar noticias tan horribles, pero nos parece necesario denunciar la homofobia que no solo afecta a personas LGTB, sino que también daña a los niños.

Como es el caso de un niño autista de 11 años. El padre de este niño, Sean Cole, obligó a su novia, Khadeijah Moore, a violarlo. ¿La razón? Cole pensaba que su hijo era gay.

Los padres del niño están divorciados. Al chico le tocó visitar a su padre en vacaciones de verano. Cole observó a su hijo en una posición “comprometedora” con otro niño, dijo en el juicio, eso lo llevó a pensar que era homosexual y suponer que una “violación correctiva” haría de él “un hombre de verdad”.

Tras las vacaciones el niño regresó a casa con su madre, que lo notó tan extraño que logró que el chico le contara lo que su padre le había hecho. Sin perder tiempo lo denunciaron ante la policía.

Este macabro crimen sucedió en Alabama, Estados Unidos, hace dos años, pero recientemente la noticia se ha hecho conocida porque ha comenzado el juicio.

Sean Cole, de 29 años, y su novia Khadeijah Moore, de 21, fueron formalizados por los delitos de violación, sodomía y abuso sexual contra el menor de edad.

La pareja fue arrestada a comienzos de 2017 y recibirá su sentencia el próximo 24 de mayo. Por los cargos que se les imputan arriesgan hasta cadena perpetua en prisión.

El niño, que cumplió 13 años esta semana, declaró que se siente culpable porque su padre le había dicho que no le contara a nadie lo sucedido. Encima…

Fuente Oveja Rosa

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La mayoría de los ciudadanos estadounidenses desaprueba las medidas contra la comunidad LGBT que promueve el gobierno de Donald Trump, según desvela una encuesta realizada en esta última semana que evidencia la polarización entre los votantes demócratas y los republicanos.

Encargada por The Economist a la organización YouGov, el domingo y el martes de la semana pasada, se realiza una encuesta entre 1500 ciudadanos estadounidenses a las que se les formula más de 150 preguntas referentes a muy diversos ámbitos, de la que se concluye que sólo el 29 % de las personas encuestadas aprueban la manera en que la Administración de Donald Trump gestiona lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, de los que sólo el 17 % lo aprobaban de manera inequívoca, mientras que el otro 12 % restante dudaba al respecto. En contraste, el 44 % de las personas encuestadas desaprueba la aproximación del presidente de los Estados Unidos a los asuntos relacionados con las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, de los que el 35 % se muestra inequívocamente contrario a su gestión y sólo un 9 % se mantienen en una posición menos categórica. Tan sólo un 27 % de los encuestados manifiesta no tener ninguna opinión al respecto.

En julio del año pasado, el gobierno implanta el veto a personas transgénero en el ejército de los Estados Unidos, que una juez federal del Distrito de Columbia, Colleen Kollar-Kotelly, paraliza en octubre al considerarla una medida anticonstitucional, ratificando su decisión en diciembre. Dado que el 23 de marzo, el presidente Trump ratifica su postura anti trans, que sigue igualmente paralizada aunque proponga algunas rectificaciones y puntualizaciones con respecto a su propuesta inicial, a través de la encuesta se ha formulado una pregunta específica al respecto, descubriendo que el 34 % de los encuestados está de acuerdo con la postura de la Administración, mientras que el 48 % desaprueba este tipo de políticas contra las personas transgénero.

«Hay una diferencia relativamente pequeña entre la opinión general sobre las tropas transgénero y la opinión sobre la decisión específica del presidente de prohibirlas. La evaluación general de la acción del presidente es negativa, excepto entre los republicanos», declara Kathy Frankovic, consultora de encuestas de CBS News, en un blog de YouGov, señalando que quienes conocen a alguna persona transgénero tienen dos veces más probabilidades de apoyar que sirvan en el ejército que aquellas personas que no conocen a ninguna, señalando que «los demócratas tienen el doble de probabilidades que los republicanos» de conocer a una persona transgénero.

Fuente Universo Gay

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Reggie Bullock en la Pride Night – Foto: Uso permitido

Coincidiendo con el Día Internacional de la Comunidad Transgénero, el alero de los Detroit Pistons, Reggie Bullock, rinde tributo a su hermana, Mia Henderson, activista transgénero asesinada hace cuatro años años, compartiendo su historia en la Pride Night organizada por GLAAD y la Athlete Ally.

La Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD por sus siglas en inglés: Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) y la Athlete Ally, organización sin ánimo de lucro que lucha contra la homofoba y la transfobia en el deporte, celebraronn este sábado, 31 de marzo, la denominada Pride Night en el Little Caesar Arena de Detroit, coincidiendo con el Día Internacional de la Comunidad Transgénero con el objetivo de hacer que el atletismo universitario sea accesible incluso para los deportistas transexuales, no binario e intersexuales.

Un evento que el alero de los Detroit Pistons, Reggie Bullock, aprovecha para comprometerse a promover la conciencia y aceptación de la comunidad transgénero, rindiendo de esta manera tributo a su hermana, Mia Henderson, activista transgénero asesinada a puñaladas en Baltimore, a los 26 años de edad, en julio de 2014.

«Solo el impacto que tuvo en mi vida y la felicidad que experimentó siendo ella misma siempre estuvieron conmigo incluso cuando se fue», declara el jugador, de 27 años actualmente, en un nuevo video publicado a través de la página de los Pistons.

«Lo que le sucedió a la hermana de Reggie Bullock, Mia Henderson, fue una tragedia y no le debería pasar a nadie (…). Pero el hecho de que Reggie Bullock quiera usar esto como una oportunidad para hablar sobre su apoyo para las personas LGBT, y especialmente para las mujeres transgénero, es realmente increíble», añade Nick Adams, director de medios y representación de personas transgénero de GLAAD.

Fuente Universogay

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Varios de los creadores y guionistas de la mítica serie Las chicas de oro están trabajando ahora en una nueva comedia televisiva sobre un grupo de mayores gais residentes en Palm Springs (California), que llevará por nombre Silver Foxes (“Zorros de plata”) y estará producida por Super Deluxe.

Stan Zimmerman y James Berg, que están trabajando en este nuevo proyecto con la productora Super Deluxe, formaron parte del equipo de guion de la mítica comedia de televisión emitida con gran éxito de audiencia entre 1985 y 1992. Además, ambos habían escrito y producido antes la sitcom familiar Roseanne (1988) y la comedia dramática Las chicas Gilmore (2000), además de crear la serie Rita Rocks en 2008.

La nueva serie estaría inspirada en el documental Gen Silent (2011), que expuso la discriminación y las dificultades sufridas por las personas mayores LGTB en residencias de ancianos. La serie, integrada por capítulos de una media hora de duración, narrará las aventuras de dos hombres homosexuales mayores y un jovencito que rescatan a un amigo de una residencia en la que este se había visto obligado a volver al armario y logran traerlo de vuelta a su casa, donde los cuatro juntos formarán una gran familia de amigos.

“Hollywood debería darle una oportunidad a ‘Silver Foxes’, porque es importante escuchar las voces de las personas mayores LGTBQ, un segmento de nuestra comunidad que a menudo se pasa por alto”, ha asegurado Zimmerman.“Todos nosotros estamos envejeciendo […] Especialmente en el caso de gais, lesbianas y personas transgénero, creamos nuestras propias familias, y eso es de lo que iba ‘Las chicas de oro’. Esas mujeres se unieron y se apoyaron mutuamente”, ha añadido. Eso sí, tanto Zimmerman como Berg han hecho hincapié en que, si bien es cierto que la serie estará inspirada en Las chicas de oro, no pretende ser una nueva versión. Aun así, ha trascendido que la pareja ha escrito un cameo para la única de las estrellas de aquella maravillosa serie que todavía permanece entre nosotros, Betty White.

De todas formas, aún no se conocen demasiados detalles del proyecto. Por ejemplo, no se ha anunciado el casting definitivo, aunque sí se sabe que en 2016 se llevó a cabo una lectura de guion que presentaba a George Takei, Leslie Jordan, Bruce Vilanch y Todd Sherry como el cuarteto principal. La serie, que según sus responsables, “tiene mucho que ofrecer al mundo”, será crítica con la situación actual del colectivo en Estados Unidos donde, entre otras cosas, el número de grupos de odio ha vuelto a crecer por tercer año consecutivo y la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense.

Super Deluxe, que es propiedad de Turner Broadcasting, está desarrollando la serie para venderla a alguna cadena por cable o plataforma de ‘streaming’. Super Deluxe produjo recientemente la serie This Close, protagonizada por personas sordas, para Sundance Now, y está trabajando actualmente en el drama sobrenatural Chambers para Netflix. Además, la compañía está adaptando también el clásico gay de 1985 Mi hermosa lavandería para convertirlo en una serie, y ha producido el galardonado cortometraje Bayard and Me, basado en la historia del legendario activista de los derechos civiles Bayard Rustin, quien adoptó a su pareja más joven para legalizar de alguna forma su relación, antes de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera siquiera concebible.

Fuente Dosmanzanas

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El juez considera que Noor Salman no colaboró con su marido en la matanza. La joven, de 31 años, estaba acusidada de encubrimiento. 

Noor Salman, viuda del autor de la matanza de 49 personas en «Club Pulse” de Orlando en 2016, Omar Mateen, fue hallada “no culpable” de todos los cargos de colaborar con su marido por un jurado en la Corte Federal del Distrito Medio de Florida (Estados Unidos).

Salman, de 31 años y origen palestino, estaba acusada de encubrimiento, obstrucción a la justicia y ayuda a una organización terrorista en la comisión de un crimen. De haber sido hallada culpable, la viuda de Omar Mateen, un estadounidense de 29 años y origen afgano, podría haber afrontado una condena a cadena perpetua.

Mateen mató a balazos a 49 personas que asistían a una fiesta latina en la discoteca gay Pulse el 12 de junio de 2016 y, antes de morir por disparos de la policía, juró lealtad al Estado Islámico (EI).

Sin embargo, el juez Paul Byron, de la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, desestimó esa petición de los abogados defensores, que habían alegado que el hecho de que la Fiscalía no les hubiera informado de ese particular desde el mismo momento en que se abrió el caso contra la viuda de Mateen ha perjudicado su defensa.

Fuente Cáscara Amarga

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Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

• Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
• Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
• Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

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Trump: «Las Fuerzas Armadas (…) no pueden ser lastradas con los enormes costes médicos y la perturbación que implicarían los transgénero». 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suavizó la pasada noche del viernes su veto a que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuya participación ha pasado de estar totalmente prohibida a quedar restringida a “circunstancias limitadas”.

La Casa Blanca ha explicado que “ las personas con un historial de disforia de género quedan descalificados del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas”.

La “disforia de género”, de acuerdo con la Casa Blanca, define a “aquellas personas que puedan requerir un tratamiento médico sustancial, incluyendo medicamentos y cirugía”. De esta manera, la orden da margen de maniobra al Pentágono para que “ejerza su autoridad para implementar cualquier política apropiada que concierna al servicio militar de personas transexuales”.

El memorando sustituye a uno anterior que Trump firmó en agosto del año pasado, que prohibía toda participación de transexuales en las Fuerzas Armadas y que los tribunales bloquearon.

 En esa ocasión, la orden de Trump revertía los cambios aprobados por el expresidente Barack Obama para abrir las Fuerzas Armadas a los transexuales en 2016, pocos meses antes de dejar la Casa Blanca.

En la opinión de Trump, el Gobierno de Obama tomó la decisión sin pruebas suficientes de que el cambio “no entorpecería la efectividad ni la letalidad militar, ni alteraría la cohesión interna, ni afectaría a los recursos militares”.

Trump había anunciado un mes antes su decisión de prohibir que los transexuales sirvieran “en ninguna capacidad” en las Fuerzas Armadas estadounidenses tras haber consultado, según aseguró, con sus “generales y expertos militares”.

Como decimos, en su momento Trump aseguró que la decisión la había tomado teniendo en cuenta los consejos de sendos líderes militares del país, pero desde el Pentágono no tardaron en salir altos mandos del ejército a llevarle la contraria. Los demócratas iniciaron una investigación para obligar a Trump a explicar exactamente con quién había consultado eso (a sabiendas de que el único apoyo del presidente eran los sectores más ultra-derechistas del propio Partido Republicano, que le dijeron a Trump que o les contentaba con eso o no le financiaban el muro con México). A eso hay que sumarle el hecho de que Trump no puede aducir que la prohibición ahorrará costes para el ejército porque se demostró que echar a las personas trans era 114 veces más caro que mantenerlas en servicio.

En mitad de ese follón político las asociaciones LGTB+ y en pro de los derechos civiles y humanos llevaron la decisión de Trump a los tribunales y el mes pasado el Pentágono anunció que, con la prohibición suspendida por parte de un juzgado, las personas trans no solo podían seguir alistándose en el ejército sino que se iban a aplicar varias medidas para proteger su privacidad y facilitarles vivir acorde a su género percibido. Incluso pagaron la operación de reasignación de sexo de una mujer trans.

”Nuestras Fuerzas Armadas deben centrarse en la victoria decisiva y arrolladora, y no pueden ser lastradas con los enormes costes médicos y la perturbación que implicarían los transgénero”, argumentó Trump en un anuncio en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, la Casa Blanca ha afirmado que “la nueva política permitirá a las Fuerzas Armadas establecer estándares de salud física y mental por igual a todos los individuos que quieran alistarse y luchar”.

Fuente Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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Dos nuevos casos de infección por VIH ocurridos en Estados Unidos en personas que seguían la profilaxis preexposición (si bien uno de ellos es dudoso) atraen de nuevo la atención sobre la eficacia de esta estrategia preventiva. Aprovechamos la oportunidad para hablar de nuevo de ella y remarcar que estos dos nuevos casos no modifican lo que en realidad ya se sabía: que la profilaxis preexposición es altamente efectiva, pero no segura al 100%.

También conocida por los acrónimos PPrE y PrEP, la profilaxis preexposición consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa ya hay un medicamento autorizado con tal fin: Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que recientemente la Organización Mundial de la salud ha incluido en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso en profilaxis preexposición. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde en 2017 a la fabricación de un genérico, Los especialistas en la materia la consideran ya una de las principales herramientas de prevención en grupos especialmente vulnerables en los que las estrategias clásicas no han dado el resultado deseado. Sin embargo, y es importante saberlo, la profilaxis preexposición presenta (como cualquier otra medicación) contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y sobre todo no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar, como estos nuevos casos ponen de manifiesto.

No es la primera vez que ocurre, de hecho. Ya antes habían sido comunicados varios casos de infección en varones homosexuales que seguían la profilaxis. En los dos primeros casos, ocurridos en Toronto y en Nueva York, fueron infectados por una cepa de VIH resistente al tratamiento con emtricitabina y tenofovir. En el tercer caso, ocurrido en Ámsterdam, la infección se produjo sin embargo por una cepa no resistente (aunque hay especialistas que defienden la hipótesis de que en este caso el tratamiento sí que frenó la diseminación de la infección por el organismo, que solo se produjo tras la suspensión de la profilaxis). Hace menos de un año se comunicó la existencia de un cuarto caso en Melbourne, aunque no hemos podido localizar información sobre el tipo de infección ni el caso aparece citado en documentos más recientes.

Sea como sea, en estos últimos días se han conocido dos casos más. En el primero de ellos, ocurrido en Carolina del Norte, parece que no será posible determinar si realmente hubo “fallo” de la profilaxis, ya que la persona no hacía un seguimiento adecuado y no puede descartarse que la transmisión ocurriera en un momento en el que no la seguía. Aun así la cepa contraída es también resistente a Truvada. El segundo caso de los conocidos estos días ha ocurrido en el área de Seattle, en el estado de Washington, y de la misma forma la cepa responsable sería resistente.

En cualquier caso, elevada eficacia

En definitiva, en el peor de los casos hasta la fecha existirían referencias a seis posibles transmisiones en personas que seguían PrEP. Teniendo en cuenta que ya habría cientos de miles de personas siguiéndolo (solo en el condado de King, en Washington, en el que ha ocurrido la última transmisión, habría ya unas 6.500) no deja de ser cierto que hablamos de una estrategia muy eficaz.

Es por esa elevada eficacia que los especialistas recomiendan su administración en personas con un elevado riesgo de transmisión. Según Gesida (el Grupo de Estudio de Sida de SEIMC, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) estas personas son básicamente hombres que tiene relaciones sexuales con otros hombres y mujeres transexuales que en los seis meses previos:

1. Hayan tenido relaciones que incluyan prácticas de riesgo sin preservativo.
2. Hayan presentado además una de las siguientes características:

• Relaciones con más de dos parejas.
• Les ha sido diagnosticada alguna infección de transmisión sexual (ITS).
• Han necesitado profilaxis postexposición.
• Han usado sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales.

Gesida también aconseja valorar la profilaxis preexposición en personas con una pareja infectada por VIH sin control clínico o virológico y con la que no se utilice preservativo; en personas con relaciones sexuales no protegidas e “intención transaccional” (sea por dinero, drogas u otra razón); en usuarios de drogas por vía parenteral que compartan jeringuillas y en general en personas en situación de vulnerabilidad social expuestas a contactos no protegidos con alto riesgo de infección por VIH.

No conviene, en cualquier caso, banalizar lo que supone la profilaxis preexposición: hablamos de que una persona sana tome una medicación que no necesitaría tomar si adoptase otras medidas de prevención. Sin olvidar la importancia de la adherencia al tratamiento, es decir, de que las personas respeten escrupulosamente la pauta establecida y se acuerden de tomar de forma correcta la medicación (lo que por ejemplo no es fácil si se opta por una pauta intermitente en lugar de una diaria). Y una buena adherencia no siempre es sencilla cuando una persona no presenta síntomas de enfermedad. De hecho, los mismos especialistas que apuestan por la profilaxis preexposición recuerdan que esta debe ser complementaria a otras estrategias, como la prueba del VIH y el inicio precoz del tratamiento en personas infectadas. También recuerdan la importancia del preservativo como la más sencilla de las herramientas de prevención, poniendo el acento en que la profilaxis preexposición se dirige precisamente a aquella población en la que esta estrategia no basta.

Otra preocupación de los expertos es la posible repercusión que la profilaxis preexposición puede tener sobre la expansión de otras ITS, que obviamente no previene, especialmente entre aquellos usuarios que renuncian al uso del preservativo. Es por todo ello que desde Gesida recomiendan que la profilaxis preexposición sea prescrita y supervisada por un facultativo con experiencia en VIH e ITS y con capacidad de hacer un seguimiento.

España: ya hay un documento de consenso

Aunque la promoción de la profilaxis preexposición ha sido discutida en el pasado, la evidencia señala que es hora de apostar por ella ante el fracaso parcial de las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) en determinados grupos. Buena muestra de ello son las estadísticas de nuevas infecciones del Ministerio de Sanidad español. Durante el año 2016, último del que se han hecho públicas cifras completas, se notificaron 3.353 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente el mismo número que en el año 2015. En el 53,1% de los casos en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Lo peor: los nuevos diagnósticos tardíos siguen siendo casi la mitad.

Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación, como Bélgica, Escocia, Francia, Luxemburgo, Noruega o Portugal. Otros países, en cambio, van más retrasados, y están todavía evaluando o a la espera de evaluar esta estrategia de tratamiento.

En España, existe ya un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en la que se propone una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas (hasta ahora, Truvada solo se administra en dispensación hospitalaria como tratamiento de la infección por VIH). Esperemos que las autoridades sanitarias se pongan ya manos a la obra, porque como el propio documento del Ministerio reconoce que las personas interesadas en la utilización de la profilaxis preexposición la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento alguno.

Fuente Dosmanzanas

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En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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Será cretina la muy mamarracha…

La presentadora de radio evangélica Linda Harvey ha afirmado que Dios convierte a los niños en homosexuales como un «castigo» por todos los abortos en el mundo.

Habíamos escuchado muchas cosas sobre los castigos que nos manda Dios por la homosexualidad: terremotos, tsunamis, atentados… pero lo que no sabíamos hasta ahora es que la homosexualidad es, ella misma, un castigo divino. Es lo que afirma Linda Harvey, una locutora de radio evangélica que afirma que dicho castigo divino es una respuesta de Dios por vivir en un mundo en el que se acepta el aborto.

El reclamo surrealista proviene de Linda Harvey de Mission America, columnista del sitio web de extrema derecha World Net Daily y presentadora de un programa de radio evangélico marginal.

Harvey, quien es más conocida por decirle a padres religiosos que rechacen a sus hijos homosexuales y para tratar de curarlos, estaba hablando en la convención Bringing America Back to Life cuando compartió su teoría sobre el origen de las personas homosexuales.

En su discurso, señalado por Right Wing Watch, Harvey sugiere que la comunidad LGBT fue creada por Dios como un «castigo» por todos los abortos. «Puede haber pensado que estos eran temas separados, pero están fundamentalmente conectados. Uno tiene que considerar, antes que nada, la horrible posibilidad de que esta completa fusión de identidad sexual y humana pueda ser un aspecto del juicio de Dios sobre nosotros por abortar a millones de nuestros hijos. No lo sabremos hasta que lo veamos, pero es muy posible que como instrumento del juicio de Dios, esté usando el castigo para venir sobre nosotros a través de nuestros hijos, la corrupción de nuestros hijos. Aún más horrible, lo dejamos pasar».

 Continuó pintando imágenes vívidas sobre el sexo gay: «La pareja del mismo sexo evita deliberadamente el coito vaginal a favor de todo pero Dios nos ha dado una forma rápida de evaluar el valor de dos hombres o dos mujeres; estas relaciones de evitación y sustitución implican una creación de vida no literal o simbólica, sino todo lo contrario. Implican las funciones de desecho del cuerpo o relaciones vacías con esperma derramado o sustitutos para el órgano masculino. Entiendes la idea. Son pasiones sin salida, degradantes. No hay vida y a menudo hay enfermedad. Es la receta para el desastre espiritual. «La muerte es la fuerza motriz central para el movimiento de aborto. La muerte y la ausencia de una nueva vida también son la conexión entre el movimiento LGBT «.

Anteriormente, Harvey advirtió sobre dejar solos a los niños en un ambiente de «mismo sexo», como pasar la noche fuera de casa o en un campamento de verano, porque fomenta el sexo entre homosexuales.

Fuente | Pink News, vía AmbienteG

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