La sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, que ratificaba la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Utah, empieza a tener repercusiones en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo aún es ilegal. En Colorado, que pertenece a la jurisdicción del 10º Circuito, la secretaria del condado de Boulder ha comenzado a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo por entender que las consideraciones de la Corte de Apelaciones le obligan a ello. Fuera de su jurisdicción, el propio alcalde de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Misuri, celebró el pasado miércoles 25 de junio cuatro bodas entre parejas del mismo sexo. Todo ello a pesar de las amenazas de denuncia por parte de los fiscales generales de ambos estados.

La Constitución de Colorado contiene una enmienda, aprobada en referéndum en 2006, que describe el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Aunque el pasado 2013 el gobernador del estado promulgaba una avanzada ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, el acceso a la institución matrimonial aún les estaba vedado. Todo ello parece que puede cambiar después de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, al que pertenece el estado de Colorado.

Así lo estimó Hillary Hall, secretaria del condado de Boulder, que comunicó la tarde del mismo miércoles en que se conoció el dictamen de la Corte de Apelaciones que su oficina facilitaría licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que lo requirieran. Según Hall, la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la sentencia afecta a todos los estados bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito.

“Las parejas de Colorado han esperado durante mucho tiempo a que se reconozca su derecho a casarse con la persona a quien aman”, declaraba Hillary Hall, “quiero actuar de inmediato para que lleven a cabo ese deseo”. Los condados de Lafayette y Longmont también decidieron unirse a esta iniciativa y comenzaron a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo desde el pasado viernes.

El fiscal general de Colorado, John Suthers, negaba la validez de estas licencias, argumentado que “la decisión de hoy de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito ha sido suspendida por el tribunal y no ha entrado en vigor aún en Utah, y mucho menos en Colorado. Las licencias de matrimonio emitidas a parejas del mismo sexo en Colorado antes de una resolución judicial firme no son válidas”. La secretaria del condado de Bouncer aducía por su parte que “esa es su opinión. No estamos de acuerdo con ello. Vamos a seguir emitiendo licencias de matrimonio hasta que un tribunal de Colorado o el Tribunal Supremo nos diga que desistamos”. Según Hillary Hall, la suspensión de la sentencia de la Corte de Apelaciones afectaba específicamente a Utah pero no al resto de los estados de la jurisdicción.

Uno de los matrimonios celebrados en el condado de Bouncer es el de Jessie Ulibarri y Louis Trujillo. Ulibarri es miembro del senado de Colorado, y decidió casarse inmediatamente después de conocer la disposición de la secretaria del condado. Según Ulibarri, “el fiscal general no puede obligar unilateralmente a un secretario electo a que cese en la emisión de certificados de matrimonio, sin que actúe un tribunal. Sabemos que el amor siempre gana, así que no estamos preocupados por lo que el fiscal general pueda decir acerca de nuestro matrimonio”.

Si el fiscal general de Colorado decidiera acudir a un tribunal estatal o federal para denunciar la emisión de esas licencias de matrimonio, dicho tribunal tendría que considerar lo dictaminado por la Corte de Apelaciones del circuito al que pertenece, que sería siempre su instancia superior. El proceso del reconocimiento judicial del matrimonio igualitario en Colorado se aceleraría, con perspectivas muy halagüeñas.

Boda en Misuri

Esa aceleración del proceso de reconocimiento de los derechos LGTB parece ser objetivo del ayuntamiento de la ciudad de Saint Louis, la segunda en población del estado de Misuri. Coincidiendo con el fallo de la Corte de Apelaciones, aunque la decisión se había tomado con anterioridad, el alcalde de dicha ciudad albergaba en las dependencias municipales la celebración de cuatro matrimonios de parejas del mismo sexo, oficiadas por un juez municipal.

Misuri fue, en 2004, el primer estado en aprobar por referéndum la prohibición del matrimonio igualitario por medio de una enmienda a su Constitución. Sin embargo, Francis Slay, el alcalde de Saint Louis, apoyado por el fiscal de la ciudad, ha considerado que esa prohibición vulnera la Constitución de los Estados Unidos y ha decidido desafiarla. “Esto me hace sentirme orgulloso como ciudadano y como alcalde”, declaraba Slay, que consideraba que “si no lo hacemos nosotros, ninguna otra ciudad de Misuri lo haría”. Los funcionarios del ayuntamiento encargados del registro civil se mostraban dispuestos a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo hasta que los tribunales se lo impidieran.

El fiscal general de Misuri, Chris Koster, aunque es un demócrata partidario del matrimonio igualitario, se vio obligado a acudir al tribunal federal para defender la legislación vigente. Tras su demanda, el juez Rex Burlison ha ordenado a la alcaldía de Saint Louis que cese en la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que su tribunal decida la validez de los ya celebrados. Y esa era, precisamente, la intención del alcalde Slay, que expresaba su satisfacción por que se acelerase el proceso judicial. “No se equivoquen al respecto”, afirmaba, “tanto yo como todos los que están aquí estamos haciendo esto para forzar la situación y conseguir que la ley ampare a todo el que quiera casarse en el estado de Misuri”.

Suspendido el matrimonio igualitario en Indiana

Como era de esperar, y a pesar de que los activistas LGTB le habían solicitado que se inhibiera, el fiscal general de Indiana, Greg Zoeller, presentó una moción solicitando a la Corte de Apelaciones que suspendiera cautelarmente la sentencia que permite el matrimonio igualitario en el estado hasta que se resuelva su apelación.

Y este viernes 27 de junio, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito ha fallado a favor del fiscal general, y ha decidido la suspensión de la sentencia del juez federal Richard Young, cuando ya se han celebrado centenares de matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado. La suspensión no solo afecta a las parejas del mismo sexo que quieran obtener en el futuro sus licencias de matrimonio, sino también a las que habían solicitado que el estado de Indiana reconociese sus enlaces celebrados en otros estados. La situación de las parejas casadas antes de la suspensión queda en el habitual limbo legal, aunque es previsible que sus matrimonios sean reconocidos por la administración federal, como en casos anteriores.

Los defensores de las parejas afectadas por la suspensión, Lambda Legal, emitían el siguiente comunicado en el que expresaban su indignación con esta decisión: ”Por el momento, a las parejas del mismo sexo se les niega una vez más la libertad de contraer matrimonio en Indiana. La orden cautelar emitida por la Corte de Apelaciones no solo paraliza la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, sino que también evita el reconocimiento del matrimonio de Niki Quasney y Amy Sandler, que se concedió cautelarmente porque Niki está luchando contra un cáncer de ovario en estadio IV. Niki, Amy y sus dos hijas necesitan que se les considere una familia legal durante este tiempo terriblemente difícil. Es un error bloquear los matrimonios de todas las parejas y es una vergonzosa exhibición de crueldad hacia Niki y Amy y sus dos hijas, porque el matrimonio es vital en su lucha contra un cáncer agresivo y por estar juntas. Lambda Legal hará todo lo que esté en sus manos para conseguir el matrimonio para todos los residentes de Indiana. Greg Zoeller no tendrá la última palabra, la tendrá la justicia”.

Fuente Dosmanzanas

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El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó el pasado jueves una resolución de protección a la familia de la que, tras la intervención de Rusia, ha quedado excluida toda mención a la diversidad de realidades familiares. La iniciativa puede sentar un peligroso precedente de amparo a la homofobia de estado.

La idea de crear un comité especial para la protección de la familia dentro del CDH a partir de septiembre surgió de Egipto y Sierra Leona, que, junto con otros 23 países, presentaron el pasado lunes un borrador de resolución cuyo párrafo primero instaba a:

convocar, en su 27º período de sesiones, una mesa redonda sobre la protección de la familia en la que se aborde la cuestión del cumplimiento por los Estados de las obligaciones dimanantes de las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y se debata sobre los retos y las mejores prácticas en esta esfera.

Un día después, un grupo de 32 países liderados por Uruguay propuso una enmienda a este punto que añadiera al final las palabras:

teniendo en cuenta que, en los diferentes sistemas culturales, políticos y sociales, existen diversas formas de familia.

El añadido no fue del agrado de Rusia, copatrocinador de la primera versión del borrador y que amenazó con vetar todo el proceso; la enmienda propuesta por Uruguay ni siquiera se llegó a debatir. Mientras tanto, Arabia Saudí junto con los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán presentaron otra enmienda que añadiera al preámbulo de la resolución que:

los hombres y mujeres mayores de edad, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, tienen derecho a casarse y a fundar una familia, teniendo presente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Por fortuna, los representantes saudíes retiraron esta versión cuando se supo que la enmienda inclusiva uruguaya no prosperaría. La resolución inicial fue votada y aprobada por 26 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Del lado de la propuesta de Egipto y Sierra Leona votaron, además de sus promotores: Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, China, República del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, India, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Vietnam.

Contra la moción se posicionaron Austria, Chile, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Corea del Sur, Rumanía, el Reino Unido y los Estados Unidos. Se abstuvieron Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Perú y Macedonia. El resultado de la votación fue recibido con aplausos por los representantes de los países favorables a la versión excluyente de la resolución sobre protección a la familia.

Se trata sin duda de un triunfo diplomático de los países más férreamente opuestos a los derechos de las personas LGTB, con Rusia a la cabeza. Según un interesante artículo de la web estadounidense The Daily Beast, nos encontramos ante una ofensiva en toda regla para incluir los llamados “valores tradicionales” en la categoría de derechos humanos; lo cual podría traer como consecuencia la primacía de la defensa de esos valores tradicionales (hostiles a las mujeres o a los ciudadanos LGTB) sobre los derechos individuales e inalienables de cada persona. Un objetivo camuflado además bajo la conocida excusa de la protección a la familia, que tacha automáticamente de contrario a la misma a quien se oponga a su homófoba agenda.

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Frank Schaefer, quien bendijo el matrimonio de su hijo con otro hombre, ha sido finalmente restituido en su posición de pastor de la Iglesia Metodista Unida, después de que en 2013 le retirara de su cargo. Más allá del hecho concreto, la noticia refleja el avance del debate sobre las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno de la segunda denominación protestante en número de fieles de los Estados Unidos.

Ha habido final feliz, al menos de momento, para Frank Schaefer, el pastor metodista de la Iglesia Unitaria Metodista de Zion que fue condenado en noviembre y expulsado de su congregación en Pennsilvania por haber oficiado la boda gay de su hijo en 2007. La primera suspensión tuvo una duración de un mes, pero Schaefer fue expulsado permanentemente por decir que se negaría a cumplir los preceptos de la Iglesia respecto al matrimonio en el futuro. El pastor apeló la sentencia y ahora será reincorporado a su cargo. El jurado considera que “la revocación de sus credenciales no cuadra con el bien establecido principio de que nuestro clero solo puede ser castigado por lo que se les haya condenado en el pasado, no por lo que puedan o no hacer en el futuro”.

La nueva sentencia no permite al pastor volver a oficiar un matrimonio gay y solo le condena por la boda que efectivamente llevó a cabo, una condena que el jurado recuerda que ya se cumplió con la suspensión de empleo y sueldo durante un mes. De este modo, Schaefer podrá volver a oficiar y recibirá el equivalente de su sueldo desde el momento en que acabó la suspensión en diciembre. Schaefer explicó en su momento que volvería a actuar igual llegado el momento y que no se arrepentía de haber oficiado la ceremonia para su hijo, que tuvo un valor meramente simbólico ya que en Pensilvania el matrimonio gay solo es legal desde el mes pasado. Schaefer llevaba once años oficiando como pastor.

El Consejo Jurídico de la Iglesia Metodista Unida comunicaba el pasado lunes la readmisión de Frank Schaefer, refrendando el parecer de un tribunal eclesiástico local que ya en junio había fallado a favor de restituir al reverendo. En su dictamen, el Consejo no entra en el fondo del asunto y se limita a confirmar que la decisión del tribunal inferior era conforme a las leyes de la Iglesia metodista. Con todo, los miembros del Consejo reconocen ser conscientes de la división que vive su comunidad sobre el tema del matrimonio y asumen que “algunos no comparten la decisión que hemos tomado hoy”.

Pese a la relativa timidez argumentativa, Schaefer se ha mostrado muy satisfecho y considera que la decisión es un paso pequeño pero “significativo hacia otro punto de vista sobre las políticas excluyentes de la Iglesia Metodista Unida. Con su decisión de validar mi restitución, el Consejo Judicial ha actuado con justicia y sabiduría. Su decisión es una señal de esperanza para nuestra comunidad LGBTQ, que no siempre ha visto la ley del amor y de la gracia en la letra de la ley arcaica que la iglesia sigue suscribiendo”.

Un pastor convertido en activista por la igualdad LGTB

Frank Schaefer adquirió notoriedad en noviembre de 2013. Como recogimos en dosmanzanas, quiso bendecir en 2007 la boda de su hijo Tim con el hombre al que ama, celebrada en Massachusetts (el primero de los estados de Estados Unidos que permitió el matrimonio igualitario). Lo hizo orgulloso de apoyar a su hijo, que con 17 años le había confesado su homosexualidad tras haber sufrido la culpa de sentirse pecador. Un sufrimiento cuyo conocimiento le causó un gran dolor a su padre, que le brindó entonces todo su apoyo. “Jesús Nuestro Señor jamás mencionó la homosexualidad. Si es una cuestión tan importante, ¿por qué no lo hizo?”, argumentaba.

Esta decisión no había supuesto ningún problema para Schaefer durante años, en los que siguió ejerciendo su labor pastoral. Sin embargo, en 2013 uno de sus feligreses lo denunció ante su iglesia tras llegar a sus oídos la noticia. El proceso, conforme a los reglamentos, no pudo sino resultar en un dictamen adverso. La Iglesia Metodista Unida sigue considerando de forma oficial las relaciones homosexuales pecaminosas y no permite bendecir uniones entre personas del mismo sexo o celebrar bodas (a pesar de que hay un importante sector que defiende posturas inclusivas). Con todo, no se le expulsó directamente sino que se la dio un plazo de 30 días para que “reflexionara”. Schaefer se mantuvo firme por lo que tuvo que ser expulsado. Sin embargo, apeló la sentencia y el dictamen del lunes pasado es la última resolución de este proceso.

De hecho, el caso de Schaefer ha reavivado el debate sobre las relaciones homosexuales en la Iglesia Metodista Unida, haciendo del pastor un activista por la igualdad LGTB. El debate interno ha tenido hitos muy significativos. Así, poco antes del primer juicio, una cincuentena de pastores celebraba al unísono la boda de Bill Gatewood y Rick Taylor, gays, fieles metodistas y pareja desde hace más de 25 años. La boda se celebró en la Arch Street United Methodist Church, una parroquia inclusiva de Filadelfia. En concreto, 36 de ellos pertenecían a la Iglesia Metodista Unida y 9 a otras confesiones religiosas. Otros 17 clérigos metodistas de diferentes lugares de Estados Unidos les daban su apoyo permitiendo que sus nombres figurasen en el certificado de matrimonio que fue entregado a los novios.

Meses después, otro pastor metodista bendecía la unión de su hijo con otro hombre. Fue Thomas Ogletree, quien además ocupaba un lugar prominente al haber sido diácono en Yale y el Drew Theological Seminary, un importante seminario metodista. En este caso, sin embargo, no hubo juicio y además su obispo apeló a que cesaran estos procesos.

Todo el proceso ha tenido además otro efecto interesante. Y es que la actitud de su padre motivó que el propio Tim Schaefer se haya replanteado su vocación al ministerio, aunque en una iglesia que tenga ya una actitud inclusiva más asentada.

Lo sucedido con Frank Schaefer es una muestra más del intenso proceso que llevan viviendo las principales iglesias protestantes de Estados Unidos en torno a la realidad LGTB, caracterizado por intensas discusiones públicas y tomas abiertas de posición. Precisamente esta transparencia es la que ha estado ausente en la Iglesia católica, al menos hasta el último Sínodo de la Familia, donde más allá de los resultados concretos se ha constatado por primera vez un cierto debate público en el seno de la jerarquía. Con todo, queda claro que de momento sigue muy lejos de lo que se está viviendo en las denominaciones protestantes de Estados Unidos y otros países.

Foto: Newsroom.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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Prosigue el goteo de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario en México, en un proceso que parece imparable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicas este mes de junio dos sentencias que vuelven a considerar inconstitucional la prohibición de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo en dos nuevos estados, Colima y Baja California.

La más reciente de las sentencias, conocida esta misma semana, es la de Baja California. La Suprema Corte examinaba el amparo interpuesto por Víctor Manuel Espinoza y Víctor Fernando Urías, una pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Mexicali negó el matrimonio, ya que la legislación del estado solo autoriza el matrimonio entre un hombre y una mujer, e incluso lo vincula con la perpetuación de la especie. El alto tribunal considera sin embargo que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, al dar un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega además de forma expresa que la perpetuación de la especie o el formar una familia con hijos sea la finalidad jurídica del matrimonio.

Pocas semanas antes la Suprema Corte había emitido un fallo similar referido a otra pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Colima (estado de Colima) había negado también su derecho a contraer matrimonio.

La Suprema Corte de Justicia ha entrado en juego

Como regularmente venimos informando, sentencia tras sentencia la justicia mexicana se viene pronunciando a favor del matrimonio igualitario en un lento goteo. En marzo recogíamos como un juez federal de Michoacán ordenaba la celebración de un matrimonio entre dos mujeres. Michoacán seguía los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró en diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre. Sentencias similares se habían producido ya en otros estados, como Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán, y también en Baja California y Colima.

Podemos considerar sin embargo que se ha pasado ya a una nueva fase, al comenzar a conocerse sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Ya en diciembre de 2012 el más alto tribunal del país amparaba a tres pareja de Oaxaca, permitiendo que el primer matrimonio igualitario se celebrara hace más un año. Ahora se han conocido las sentencias referidas a Colima y Baja California. Y hace poco más de dos meses la Suprema Corte fallaba a favor de 39 personas homosexuales residentes en el estado de Oaxaca que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia especialmente importante, en tanto que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte, que tiene pendiente estudiar un recurso similar referido al estado de Sinaloa.

Una cascada de igualdad que comenzó en la capital

Como siempre que hablamos del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México, conviene recordar que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace cuatro años y medio, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio del año pasado en la propia Colima o en octubre en Jalisco, parches jurídicos que posiblemente serán superados por la acumulación de jurisprudencia en favor del matrimonio igualitario en no demasiado tiempo.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya habíamos anunciado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha presentando este viernes el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que establece medidas para prevenir, detectar y evitar acciones discriminatorias en los centros sostenidos con fondos públicos.  Con la presentación de este protocolo culmina una semana histórica para el colectivo transexual en Andalucía, en la que también ha sido aprobada una avanzada ley integral de transexualidad.

El protocolo tiene como objetivo establecer orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. Así por ejemplo, en los casos que se requiera, la comunidad educativa del centro escolar se dirigirá al alumno o alumna con el nombre que acuerde la familia con la dirección del colegio o instituto. También se adecuará la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante…) en aquellas situaciones en la que se estime conveniente, considerando el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Además, se garantizará la libertad en el uso de la vestimenta con la que el estudiante se sienta identificado. Si en el centro es obligatorio vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del escolar a vestir con ropas o uniforme femenino o masculino, en función de la identidad de género manifestada.

Otra de las medidas previstas en el documento es que se eviten realizar actividades diferenciadas por sexo en los colegios y en los casos en el que centro no disponga de aseos o vestuarios unisex, se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos que le corresponda de acuerdo con su identidad de género.

El consejero de Educación ha explicado que el protocolo se ha desarrollado al amparo de un marco normativo “amplio y garantista”, en referencia a la reciente aprobación en el Parlamento andaluz de la ley integral de transexualidad. Asimismo ha avanzado que el siguiente paso es establecer el desarrollo normativo de esta ley por lo que se refiere a la atención a este alumnado. Para ello, se modificará la orden de 2011 que regula otros protocolos relativos a convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, con lo que quedará “completamente garantizada la obligación del cumplimiento del protocolo” por parte de todos los centros públicos y concertados y en todas la etapas educativas. Andalucía blindará así su sistema normativo contra episodios de discriminación tránsfoba como el sucedido hace unos meses en Málaga, donde una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado que se negó a respetar su identidad de género.

“Esta medida no viene a ampliar derechos ni a reconocer privilegios, solo viene a garantizar que las personas transexuales, por su diferencias, diversidad y circunstancias personales, no tengan menos derecho que el resto de los ciudadanos”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), colectivo que han colaborado en la elaboración del protocolo.

Un verdadero ejemplo de progreso en materia LGTB

Si en ocasiones anteriores nos hemos mostrado críticos con algunas de las actuaciones de la Junta de Andalucía por su falta de energía, en esta ocasión no podemos sino felicitar a dicho organismo y a las fuerzas políticas que la gobiernan, PSOE e IULV-CA, que han demostrado que cuando existe voluntad política real es posible adoptar decisiones efectivas en favor de los derechos LGTB que vayan más allá de gestos meramente simbólicos.

También debemos hacer extensiva dicha felicitación a los colectivos trans andaluces, que tanto han luchando por conseguir un marco normativo que hasta donde llega el nivel competencial de la comunidad autónoma andaluza es uno de los más avanzados del mundo. Esperemos ahora que su implementación práctica se haga lo más rápida y eficazmente posible.

Fotografía Nuevos Republicanos 1905

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Continuando con el post de ayer publicamos este análisis de Dosmanzanas que refleja muy bien la esclerotización de un aparato jerárquico que se pone la venda bien apretada frente a la realidad de la Iglesia y del Mundo. Una ocasión más perdida, un cúmulo más de sufrimiento y de Homofobia. Triste, muy triste. Ni han escuchado las numerosas aportaciones en sentido contrario a este raca raca tradicional o… lo que sería peor aún, ni tan siquiera las han remitido desde las diferentes Conferencias episcopales. Y lo más terrible: NI UNA SOLA CONDENA A LA HOMOFOBIA QUE CAUSA LA PERSECUCIÓN Y LA MUERTE EN MUCHOS PAÍSES. Mal, Francisco, muy mal.

Por cierto, Francisco, la única «agresividad» es la Homofobia que destila el Catecismo y las actitudes jerárquicas como este documento o los despidos de trabajadores y profesores de religión causados por la orientación sexual . Nosotros somos de esos «homosexuales malos» que no nos vamos a callar, que no vamos a vivir escondidos y que vamos a seguir reclamando nuestros derechos dentro y fuera de la Iglesia y denunciando LO QUE SÍ ES UN AUTÉNTICO ESCÁNDALO: El silencio ante la persecución de las personas LGTB (Ni una palabra tuya Francisco, ni una sola) y la connivencia de las iglesias con genocidas como Mugabe, al que se le pone alfombra roja en el Vaticano mientras que jamás se ha recibido a un colectivo homosexual.

¡Déjense de monsergas de sacristía acerca de la «misericordia» y el «respeto y la acogida» y respeten, sin más, nuestros derechos».

Este jueves se presentó en el Vaticano el resultado de la consulta global encargada hace unos meses a las diócesis católicas de cara al Sínodo extraordinario sobre la Familia que tendrá lugar en octubre. Un proceso que despertó la esperanza de los católicos más aperturistas, que se movilizaron para hacer llegar a Roma una visión de la sensibilidad de los fieles distinta a la que habitualmente transmiten los “cauces oficiales” de la jerarquía católica. Medios de todo el mundo se han hecho eco de la supuesta renovación que el documento transmite a la hora de abordar la realidad de las parejas homosexuales y de las familias que conforman. Lo cierto es tras su atenta lectura el texto no aporta novedad alguna de fondo respecto a la que ya era doctrina oficial de la Iglesia católica, aunque debe concederse que al menos “oficializa” el reconocimiento de una realidad que le resulta incómoda.

A los muy interesados recomendamos la lectura íntegra del texto, disponible en castellano en la página web del Vaticano. El apartado referido a las uniones entre personas del mismo sexo es el capítulo III de la II parte (puntos 110 a 120). Por su interés, no obstante, hacemos ahora un análisis relativamente pormenorizado.

Sobre el reconocimiento civil de las uniones entre personas del mismo sexo, el documento se limita a recoger los diferentes escenarios a los que se enfrenta la Iglesia católica, que agrupa en tres contextos. El primero, “aquel en el cual prevalece una actitud represiva y que penaliza el fenómeno de la homosexualidad en todas sus facetas. Esto vale en particular donde la manifestación pública de la homosexualidad está prohibida por la ley civil”. El segundo, “aquel en el cual el fenómeno de la homosexualidad presenta una situación fluida. El comportamiento homosexual no se castiga, sino que se tolera mientras no sea visible o público. En este contexto, normalmente, no existe una legislación civil respecto a las uniones entre personas del mismo sexo”. El tercer contexto sería “aquel en el cual los Estados han introducido una legislación que reconoce las uniones civiles o los matrimonios entre personas homosexuales”.

Reconocidos estos tres contextos, la valoración de cada uno de ellos es muy diferente. Sobre el primero, ni una palabra de reproche. El documento se limita a recoger que según algunas respuestas del cuestionario “también en este contexto hay formas de acompañamiento espiritual de las personas homosexuales que buscan la ayuda de la Iglesia”. Sobre el segundo, el documento sí que recoge la preocupación de la Iglesia por el hecho de que “especialmente en Occidente, en el ámbito político hay una orientación creciente hacia la aprobación de leyes que prevén las uniones registradas o el denominado matrimonio entre personas del mismo sexo. En apoyo de esta visión se aducen motivos de no discriminación; una actitud que los creyentes y gran parte de la opinión pública, en Europa centro oriental perciben como una imposición de parte de una cultura política o ajena”.

Las palabras más duras son las que el documento dedica al tercer contexto. “Hay países en los que se debe hablar de una auténtica redefinición del matrimonio, que reduce la perspectiva sobre la pareja a algunos aspectos jurídicos, como la igualdad de derechos y la ‘no discriminación’, sin que haya un diálogo constructivo sobre las cuestiones antropológicas implícitas, y sin centrarse en el bien integral de la persona humana, en particular, el bien integral de los niños en el seno de estas uniones”, señala el documento.

Recomendación velada contra “las reacciones extremas”

Cuando de hacer una evaluación de la respuesta de las iglesias particulares se trata, el documento insiste en que todas ellas “han expresado su opinión en contra de una ‘redefinición’ del matrimonio entre hombre y mujer mediante la introducción de una legislación que permita la unión entre dos personas del mismo sexo”, pero sí reconoce “la impresión de que las reacciones extremas respecto de estas uniones, tanto de condescendencia como de intransigencia, no han facilitado el desarrollo de una pastoral eficaz, fiel al Magisterio y misericordiosa con las personas interesadas”.

El documento también reconoce que “en los países en los que existe una legislación de las uniones civiles, numerosos fieles se muestran a favor de una actitud respetuosa, que no juzgue a estas personas, y en favor de una pastoral que trate de acogerlas”, aunque se apresura a añadir que “esto no significa, sin embargo, que los fieles estén de acuerdo con una equiparación entre matrimonio heterosexual y uniones civiles entre personas del mismo sexo”.

El documento también muestra su preocupación por lo que considera “promoción de la ideología de gender” [sic], “que en algunas regiones influye incluso en el ámbito educativo primario, difundiendo una mentalidad que, detrás de la idea de eliminación de la homofobia, en realidad propone una subversión de la identidad sexual”.

Dos tipos de homosexuales: los que “no dan escándalo” y los que hacen “publicidad activa”

“En relación a la posibilidad de una pastoral” para las parejas homosexuales, el documento distingue entre “las que han hecho una elección personal, a menudo sufrida, y la viven con delicadeza para no dar escándalo a otros” (el homosexual bueno y digno de misericordia, podríamos interpretar) y “un comportamiento de promoción y publicidad activa, habitualmente agresiva”. Muchas conferencias episcopales habrían mostrado su preocupación por no saber como actuar al respecto. “El gran desafío será desarrollar una pastoral que logre mantener el justo equilibrio entre acogida misericordiosa de las personas y acompañamiento gradual hacia una auténtica madurez humana y cristiana”, añade el texto. “Las observaciones demuestran que no existe todavía un consenso en la vida eclesial respecto a las modalidades concretas de la acogida de las personas que viven estas uniones”, repite después.

El documento insiste, eso sí, en la necesidad de abordar “el desafío de la educación sexual en las familias y en las instituciones escolares, particularmente en los países en los que el Estado propone, en las escuelas, una visión unilateral e ideológica de la identidad de género”. Según el documento, “en las escuelas o en las comunidades parroquiales, se deberían activar programas formativos para proponer a los jóvenes una visión adecuada de la madurez afectiva y cristiana, con la que afrontar también el fenómeno de la homosexualidad”.

Sobre los hijos de familias homoparentales

Sobre los hijos de familias homoparentales, el documento señala que ”las respuestas recibidas se pronuncian en contra de una legislación que permita la adopción de niños de parte de personas en unión del mismo sexo, porque ven en riesgo el bien integral del niño, que tiene derecho a tener una madre y un padre, como ha recordado recientemente el Papa Francisco“.

El documento reconoce sin embargo que existe una realidad y se plantea la problemática que supone que “las personas que viven estas uniones pidan el bautismo para el niño”, y en este sentido señala que “las respuestas, casi por unanimidad, subrayan que el pequeño debe ser acogido con la misma atención, ternura y solicitud que reciben los otros niños”. Eso sí, el documento advierte que “la Iglesia tiene el deber de verificar las condiciones reales para la transmisión de la fe al niño. En el caso de que se nutran dudas razonables sobre la capacidad efectiva de educar cristianamente al niño de parte de personas del mismo sexo, hay que garantizar el adecuado sostén”. El documento considera que ”la ayuda” en este caso podría venir “de otras personas presentes en su ambiente familiar y social. En estos casos, el párroco cuidará especialmente la preparación al posible bautismo del niño, incluso con una atención específica en la elección del padrino y la madrina”.

Ningún cambio doctrinal

Intentando ver el vaso “medio lleno”, el documento tiene interés en tanto que por primera vez, al menos de forma tan abierta, la jerarquía católica reconoce la existencia de una realidad que hasta ahora simplemente negaba públicamente, la de las familias homoparentales. Es cierto que no les reconoce expresamente el carácter de familia, pero la inclusión del tema en el principal documento preparatorio del que será Sínodo extraordinario sobre la Familia es significativa. Falta por ver qué respuesta dará el Sínodo, aunque no es esperable que vaya más allá de un documento que pese a venderse como la síntesis de las respuestas recibidas al cuestionario en realidad es un texto trabajado al que se ha imprimido una clara orientación.

Reconocido esto, pocas más cosas positivas pueden decirse. Pese al bombardeo mediático sufrido en estos dos días sobre una supuesta apertura de la Iglesia a las personas homosexuales, por lo que a este tema se refiere el texto no se desvía un ápice de la doctrina oficial de la Iglesia católica. Eso sí, su presentación puede considerarse un nuevo éxito mediático del pontificado de Francisco, un papa que se está revelando como un personaje extremadamente hábil a la hora de manejar la política comunicativa y lograr parabienes por parte de los grandes medios, que al menos en España se muestra cada vez más acríticos.

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Homoparentalidad, Iglesia Católica, Matrimonio, Sínodo extraordinario sobre la Familia, Uniones Civiles, Vaticano

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito ha rechazado la apelación presentada por la Fiscalía General del estado de Utah en contra de la sentencia que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado. Tras el aluvión de sentencias favorables en los distintos tribunales federales, la mayoría de ellas en suspenso en espera del proceso de apelación, se esperaba con indisimulado interés qué decisiones se tomarían en el circuito de apelaciones y sobre qué argumentos se basarían. La decisión favorable de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, sin embargo, ha sido suspendida cautelarmente en espera de una ya confirmada apelación ante la máxima instancia judicial: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), todas las sentencias dictadas por tribunales federales o estatales han sido favorables al reconocimiento del matrimonio igualitario. Pero muchas de ellas estaban suspendidas porque los representantes jurídicos de los distintos estados habían apelado esas decisiones.

El siguiente paso era saber qué decisión tomarían las Cortes de Apelaciones del Circuito Federal. Y el primer dictamen ha sido tomado este miércoles 25 de junio por la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, que ha confirmado la primera de estas sentencias, la dictada por el juez Robert J. Shelby el pasado mes de diciembre, que estimaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Utah violaba las garantías de igual protección y debido proceso recogidas en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El panel de tres jueces conformado por Carlos F. Lucero, Paul J. Kelly Jr. y Jerome A. Holmes ha considerado, por dos votos favorables contra uno, que “quienes desean casarse con una persona del mismo sexo están facultados para ejercer el mismo derecho fundamental que les es reconocido a las personas que desean casarse con una persona del sexo opuesto”.  También ha estimado que es “totalmente ilógico creer que el reconocimiento estatal del amor y el compromiso entre las parejas del mismo sexo alterará las decisiones más íntimas y personales de las parejas de distinto sexo”. Además, ha rechazado el argumento de la Fiscalía General de que el hecho de que las parejas del mismo sexo no puedan procrear es motivo para impedirles contraer matrimonio, ya que la facultad procreativa nunca ha sido un requisito exigido por el Estado. Finalmente, ha resuelto que prevalece el derecho de los demandantes a la igual protección y el debido proceso.

Esta decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, sin embargo, ha sido suspendida en la misma sentencia, en espera de una posible última apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La Fiscalía General de Utah ya ha comunicado que presentará dicha recurso, para lo cual dispone de 90 días, aunque previamente solicitará que el pleno de los doce jueces que integran la Corte de Apelaciones revise el dictamen formulado por el panel de tres jueces.

Más sentencias en espera de apelación

Los mismo jueces conforman el panel que decidirá sobre la apelación presentada por la Fiscalía General del estado de Oklahoma contra la sentencia favorable al matrimonio igualitario en ese estado, cuyas audiencias tuvieron lugar poco después de las correspondientes a la apelación de Utah. Se espera, por lo tanto, que la decisión sobre el caso de Oklahoma se dé a conocer en breve y que sea igualmente favorable a los derechos LGTB.  La jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito está integrada por los estados de Colorado, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming. En Nuevo México ya es legal el matrimonio igualitario, y en los cinco estados restantes la prohibición del mismo está denunciada.  La decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito en el caso de Utah hace previsible un resultado positivo en todas esas demandas.

Hasta ahora, ocho son los estados donde la justicia ya ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, pero esas sentencias permanecen en suspenso en espera de que se resuelva su apelación: Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho yWisconsin. En Oregón y Pensilvania, sin embargo, las sentencias favorables adquirieron firmeza al no presentarse apelación. El fallo de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito supone un avance importante en el proceso de reconocimiento de los derechos civiles de las personas LGTB en los Estados Unidos, y abre el camino para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tome una decisión que afectaría al conjunto de los estados que conforman esa nación.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron tres hijas mediante gestación subrogada en Estados Unidos, a las que Francia se negó a registrar por estar dicho procedimiento prohibido en su suelo. El alto tribunal europeo considera que esta negativa ha violado el derecho de las menores al respeto de su vida privada, ha socavado su identidad y les ha producido un perjuicio. La sentencia llega justo cuando en España algunos tribunales avalan rechazar la inscripción de estos niños con argumentos similares a los del Estado francés y el gobierno del PP ha planteado un cambio legislativo que los dejaría absolutamente desprotegidos.

Dos matrimonios franceses (Dominique y Sylvie Mennesson y Francis y Monique Labassee) viajaron a Estados Unidos para tener hijos mediante el procedimiento de gestación subrogada debido a la esterilidad de las dos mujeres. Los Mennesson tuvieron gemelas (Valentina y Fiorella Mennesson, nacidas en California en el año 2000), mientras que los Labassee tuvieron una niña, Juliette Labassee, nacida en 2001 en Minnesota. En ambos casos la gestación se desarrolló en el vientre de otras mujeres, que aportaron también los óvulos (fecundados en ambos casos con el esperma de los dos padres). Cuando los dos matrimonios regresaron a Francia con las que en el país en el que fueron concebidas, se gestaron y nacieron eran sus hijas legales, el Estado francés se negó a inscribirlas al sospechar que los padres habían recurrido a la gestación subrogada, prohibida en Francia.

Cada una de las parejas intentó una estrategia jurídica distinta a la hora de proceder contra la negativa, pero fue indiferente. La justicia francesa bloqueó el registro de las niñas en los dos casos, y finalmente las dos familias se vieron obligados a recurrir a la justicia europea.

Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad de los jueces firmantes de la sentencia, consideran que en los dos casos analizados el Estado francés ha violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar. En concreto, el alto tribunal estima que pese a que las autoridades francesas conocían que las tres niñas habían nacido como hijas legales de sus padres en Estados Unidos, les habían denegado la protección que la ley francesa ofrece, socavando la identidad de las menores en el seno de la sociedad francesa. El alto tribunal también fija que el Estado francés deberá indemnizar con 5.000 euros a cada una de las menores por el daño causado y le obliga además a desembolsar 15.000 euros a las familias demandantes en concepto de costas.

La sentencia hace un complicado juego de bolillos a la hora de argumentar la condena al Estado francés, al admitir que debe concederse un amplio margen a los estados para legislar como cada uno decida las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada, tema del que reconoce complejidades éticas y sobre el que no existe aún un amplio consenso. En este sentido, el tribunal rechaza que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria, y centra su condena en cómo la decisión afectó a sus hijas. Aquí el tribunal es claro al considerar que el margen de los estados se reduce mucho cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, debiendo prevalecer el interés del menor y su derecho a la identidad.

En definitiva, y en palabras sencillas: la Corte Europea de Derechos Humanos permite que los estados (Francia, en ese caso) puedan prohibir la gestación subrogada a sus ciudadanos, pero al negarles los derechos de filiación a los hijos que hayan nacido mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca (Estados Unidos, en este caso) estima que lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de los menores.

Una sentencia que llega en un momento clave en España

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se produce pocos días después de que el Gobierno español haya aprobado una reforma de los procedimientos de inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil que deja en el más absoluto limbo jurídico a los hijos nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero. Organizaciones LGTB y de padres de niños nacidos por este procedimiento exigen que el proyecto, que supone un claro retroceso sobre la situación actual -que tampoco es la óptima- sea modificado en su tramitación parlamentaria.

En este terreno llueve además sobre mojado, porque hace pocos meses la Sala Civil del Tribunal Supremo rechazaba, por 5 votos contra 4, el acceso al Registro Civil de los hijos que un matrimonio gay valenciano tuvo en California, y ello a pesar de que en febrero de 2009 la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia emitió una orden que regulaba estas inscripciones. El Supremo argumentó que el procedimiento de gestación subrogada es ilegal en España, y ofreció como única salida que el padre no biológico procediese a la adopción de los que desde hace más de cinco años son sus hijos. Esta sentencia está pendiente ahora mismo de un recurso de nulidad interpuesto por la asociación Son Nuestros Hijos.

Confiemos en que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea tenida en cuenta en ambos casos y se evite así más sufrimiento innecesario a las familias que se encuentran actualmente en una situación similar a las de las demandantes francesas. Aprovechamos para recordar que hay en marcha una petición en change.org para conseguir que las Cortes modifiquen el mencionado proyecto de ley a la que se puede acceder aquí y que lleva recogidas ya más de 66.000 firmas.

Fuente Dosmanzanas

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Decenas de parejas gays se casan en Indiana antes de que se suspendan los matrimonios

El juez federal Richard Young ha dictaminado que la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la legislación del estado de Indiana viola la Constitución de los Estados Unidos. El juez no ha determinado la suspensión de la sentencia, por lo que la misma tarde de este miércoles tenían lugar las primeras bodas entre personas del mismo sexo en el estado. La Fiscalía General de Indiana ya ha anunciado su intención de recurrir el fallo del tribunal federal ante la Corte de Apelaciones.

Aunque en Indiana nunca prosperó ninguna propuesta de modificación de la Constitución estatal para prohibir el matrimonio igualitario, sí que se aprobó en 2004 una Ley de Defensa del Matrimonio que lo definía como la unión de un hombre y una mujer. El juez Young tenía que decidir sobre la demanda presentada por cinco parejas del mismo sexo residentes en Indiana a quienes o bien se les había denegado la posibilidad de contraer matrimonio, o bien no se les habían reconocido sus enlaces celebrados en otros estados donde está permitido. Como ya es habitual en otras sentencias del mismo tipo, el juez ha estimado que “por las razones expuestas a continuación, el tribunal considera que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Indiana viola las cláusulas del debido proceso e igual protección y es, por lo tanto, inconstitucional”.

En su sentencia, el juez Young ha hecho referencia precisamente a la secuencia ininterrumpida de sentencias favorables a los derechos LGTB que le precedían: “El tribunal nunca había sido testigo de un fenómeno semejante en todo el sistema de tribunales federales como el que se refiere a este asunto. En menos de un año, todos los tribunales federales de distrito que han examinado esta cuestión han llegado a la misma conclusión en opiniones reflexivas y profundas:  las leyes que prohíben la celebración y el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo son inconstitucionales. Está claro que no se puede privar a algunos individuos del derecho fundamental a contraer matrimonio basándose ​​únicamente en la persona que elijan amar. Con el tiempo, los estadounidenses verán a parejas como las demandantes y se referirán a ellas simplemente como matrimonios, no como ‘matrimonios entre personas del mismo sexo’. Estas parejas, dejando a un lado el género y la orientación sexual, son en todos los aspectos como cualquier otra familia corriente. La Constitución exige que las tratemos como tal”·

El Fiscal General de Indiana, Greg Zoeller, ya ha comunicado su intención de presentar una petición de suspensión de la sentencia, y de recurrirla ante la Corte de Apelaciones. El gobernador del estado, Mike Pence, un firme defensor de la prohibición del matrimonio igualitario, ha declarado que defenderá “el derecho de Indiana para definir la institución del matrimonio para los residentes de nuestro estado”.

Primeras bodas

En la sentencia, el juez Richard Young ha ordenado la ejecución inmediata respecto a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de los celebrados en otros estados. La Secretaría del condado de Madison, donde está ubicada Indianápolis, la mayor ciudad del estado, ha comenzado apenas una hora después de la comunicación de la sentencia a emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandasen.

Los primeros en contraer matrimonio han sido Craig Bowen y Jake Miller, que formalizaron la ceremonia del matrimonio inmediatamente después de recibir su licencia. Los novios comentaban que todo había sido bastante improvisado, ya que incluso sus propios padres no se habían enterado de su decisión. Ambos concluyeron la ceremonia con un “te quiero” y el beso protocolario.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Indiana se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia,Texas, Michigan, Arkansas, Idaho,  Oregón, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee, ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados. La decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de confirmar la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en Utah, con su consiguiente apelación, provocará que este proceso culmine en un futuro más o menos próximo en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 20 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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El Parlamento de Andalucíaaprobó este miércoles y por unanimidad la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una normativa integral que busca dar respuesta a las demandas planteadas por este colectivo más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio, que desde 2007 permite la legislación estatal. El proyecto, tercero que se aprueba en España de estas características (tras los de Navarra y Euskadi) es de todo ellos el más ambicioso, al recoger sin matices como principio fundamental el del derecho a la libre autodeterminación de género.

La nueva ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo. Situaciones tan lamentables como las vividas hace unos meses, cuando una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado en Málaga que se negó a respectar su identidad de género, tendrán mucho más difícil volver a repetirse una vez se proceda al desarrollo reglamentario de la ley.

Con la aprobación de la ley culmina un proceso que ni mucho menos ha estado exento de dificultades. Mucho han luchado los colectivos trans andaluces, huelgas de hambre incluidas, para ver este sueño hecho realidad. Pero por fin, después de más de un año y medio de debate, vacilaciones, esperas, discusiones, enfados y tensión, hace pocas semanas se producía el acuerdo de los tres grupos del Parlamento andaluz: los dos proponentes y el PP, que ha querido sumarse al proceso de discusión en su fase de tramitación parlamentaria y ha votado finalmente a favor de la ley. Una actitud que por cierto contrasta con la que ese mismo partido ha mantenido en la Asamblea de Madrid (donde hace pocas semanas se negó a tramitar un proyecto similar presentado por el grupo socialista).

¿Actuará ahora al Congreso de los Diputados?

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que fue luego aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU), si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales y a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

Curiosamente, también en Andalucía se ha hablado de elevar este tema a las Cortes, aunque el punto de partida es distinto: aquí ya hay una ley que protege y reconoce sus derechos a las personas transexuales en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, que es muy amplio. Lo ha hecho la diputada de IULV-CA Alba Doblas, que ha anunciado que su formación va a presentar esta ley integral en forma de proposición de ley en las Cortes y ha pedido al resto de los grupos que la apoyen “con el mismo ímpetu” que en Andalucía para que pueda ser extensible al conjunto del Estado.

Merece la pena recordar que también el Parlamento canario ha llegado recientemente al acuerdo unánime de admitir a trámite un proyecto similar.

Un paso más en la larga lucha por la despatologización

La ley andaluza, además de su importancia práctica a la hora de luchar contra la discriminación, supone un paso muy significativo en la larga lucha por la despatologización de la transexualidad. Y es que hasta la fecha son todavía muy pocas las iniciativas legislativas que incorporan de forma plena ese principio. La pionera fue sin duda la magnífica leyaprobada en 2012 por Argentina, que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un ejemplo que hace pocos días seguía Dinamarca.

España, aunque dio un gran paso en 2007 con la aprobación de la ley que permite la modificación registral del sexo sin necesidad de pronunciamiento judicial ni de cirugía de reasignación (sigue siendo de hecho una de las más avanzadas de Europa en esa materia) sigue manteniendo sin embargo el requisito del diagnóstico previo y exige (aunque con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alba Doblas, Andalucía, Asamblea de Madrid, Asociacionismo, Canarias, Discriminación, Euskadi, Identidad de género, IU, IULV-CA, Madrid, Navarra, Parlamento de Andalucía, PP, PSOE, Transexualidad, UPyD

Sorpresa causaba entre algunos de nuestros seguidores encontrar en la edición digital del diario El País el artículo El grito homofóbico, que defiende que la utilización de “puto” por parte de los aficionados mexicanos en la Copa Mundial de fútbol que se celebra en Brasil para dirigirse al portero del equipo contrario no es homofóbica porque es una“performance” que se acompaña de “una pequeña coreografía que exige de coordinación y ritmo”. No se trata, por desgracia, de la única defensa de un insulto homófobo inequívocamente usado para denigrar que resulta muy popular en algunos países de América Latina. Lo que sorprende es que se haga desde las páginas de un diario pretendidamente progresista.

El autor del artículo, el mexicano Fabio Morábito, se hace eco de la decisión de la FIFA de no sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol por el reiterado uso de “puto” por parte de los hinchas mexicanos, de la que se felicita. Como ayer mismo recogíamos, el propio entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, quitaba importancia al uso del insulto homófobo, mientras que Ilán Semo, de la Universidad Iberoamericana, argüía que la intención de los aficionados al vociferar esa expresión era provocar el fracaso de sus contrarios, no aludiendo a su orientación sexual sino a su cobardía (al parecer usar un insulto homófobo para referirse a una actitud cobarde no es homofobia). La propia FIFA consideraba que los cánticos “no se consideran insultantes en ese contexto”.

El artículo de Morábito abunda en estos argumentos y va más allá, al considerar el “puto” de los hinchas mexicanos “una broma, una coreografía, una fulminante puesta teatral” que tiene lugar en un “contexto lúdico”. “Un grito colectivo, por más grosero que sea, si es parte de una performance, no puede tomarse como una ofensa”, argumenta Morábito.

El autor del artículo, que niega que el caso pueda ser comparado al del aficionado que arrojó un plátano a Dani Alves (gesto racista que tuvo lugar hace pocas semanas) puesto que ahí no había “performance”recurre además al manido argumento de la incomprensión cultural, en este caso de la cultura popular mexicana. “¿Se consultaron diccionarios para desentrañar el último matiz de la palabra bajo acusación? ¿Se contó con la ayuda de lingüistas y expertos en cultura popular? ¿Se entrevistaron vía telefónica a mexicanos de todos los estratos sociales para configurar el uso preciso de esa expresión en nuestro país?”, se pregunta.

En definitiva, según el artículo que El País ha publicado a Fabio Morábito, si una horda de hinchas de fútbol dirige un insulto homófobo al portero del equipo contrario no es homofobia… si se hace con buena intención y se acompaña además de una graciosa coreografía.

Un caso que recuerda al “Puto” de Molotov

El desgraciado episodio nos trae a la memoria el caso de la canción Putodel grupo mexicano Molotov, que también pretendió justificar que no había homofobia en una canción que repite “Puto” hasta la saciedad, cuyo estribillo incluye “Matarile al maricón” y cuya primera estrofa reza “¿Qué, muy machín no?,  ¿A muy machín no?, Marica nena, más bien putino”.

Molotov argumentó que se trataba simplemente de “una canción catártica sobre la situación en México a finales de los noventa”. A pesar de ello, y ante las protestas de organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGTB, el grupo se comprometió en 2013 a no usar los términos homófobos durante sus actuaciones en Estados Unidos. Compromiso que por cierto no respetó.

Fuente Dosmanzanas

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La Comisión de Asuntos Legales del Parlamento de Finlandia ha decidido, por 10 votos frente a 6,emitir un dictamen desfavorable a la iniciativa legislativa popular para acabar con la exclusión de las parejas del mismo sexo del derecho al matrimonio. A pesar de la recomendación negativa del comité, el Parlamento todavía podría reabrir el proyecto en otoño.

Hace algo más de un año, la misma comisión rechazaba, por 9 votos en contra frente a 8 a favor, admitir a trámite una proposición de ley presentada, entre otros, por el ministro de Asuntos Europeos y Comercio Exterior. Tras este rechazo, la única vía que quedaba abierta era la recogida de, al menos, 50.000 firmas para llevar al Parlamento una iniciativa legislativa popular. Los activistas de Tahdon 2013 se pusieron a ello y en solo un día consiguieron las firmas necesarias. Posteriormente el número creció hasta las más de 166.000 adhesiones, convirtiéndose en la iniciativa legislativa ciudadana más exitosa de las que han tenido lugar (el procedimiento se estrenó en 2012). Presentada en el Parlamento el 13 de diciembre, su discusión llegó a la comisión correspondiente el pasado mes de febrero.

La votación en el comité se produjo este miércoles y arrojó un resultado más abultado todavía que hace un año en contra del matrimonio igualitario; en parte a causa de la ausencia de dos diputados socialdemócratas, que pidieron después disculpas aunque su voto favorable no habría alterado el desenlace. Se posicionaron del lado de la discriminación los diputados del nacionalista-populista Partido de los Verdaderos Fineses, tres de los conservadores de Coalición Nacional (NCP), los agraristas del Partido del Centro y los Demócratas Cristianos. Por la igualdad votaron los representantes socialdemócratas, los de la Alianza de Izquierdas, Verdes, minoría suecoparlante y uno de Coalición Nacional.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Legales Anne Holmlund (NCP) ha escudado su oposición en que, según “todos los expertos”, “la iniciativa es técnicamente inviable”, mientras que el representante de los Verdaderos Fineses Mika Niikko expresó su rechazo a la adopción homoparental. Los grupos favorables al matrimonio igualitario lamentaron que Finlandia siga a la zaga de sus vecinos nórdicos en este aspecto (el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en 2008 en Noruega, en 2009 enSuecia, en 2010 en Islandia y en 2012 en Dinamarca).

Aunque el comité parlamentario haya manifestado su rechazo, todavía es posible que el pleno de la cámara reunido en otoño levante este veto y remita la iniciativa a la Gran Comisión, que decide sobre los proyectos de ley en los que el voto en comisión y en el pleno no coinciden. Desde Tahdon 2013 ya han manifestado su disposición a seguir convenciendo a todos los diputados posibles para que voten a favor de la igualdad LGTB cuando el tema se debata en el Parlamento al completo. Si bien parece existir una mayoría de representantes favorables a la medida, los equilibrios dentro de la coalición de Gobierno (formada por cinco partidos de centroderecha y centroizquierda) y la proximidad de las próximas elecciones, que como muy tarde tendrán lugar a mediados de abril de 2015, hacen difícil que el matrimonio igualitario sea una realidad en Finlandia en la actual legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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Hace unos días recogíamos la noticia de que un pastor transexual, Cameron Partridge, había sido designado para predicar por primera vez en la Catedral Nacional de Washington (un templo episcopaliano) con ocasión del Mes del Orgullo LGTB. Dicha predicación tuvo lugar el pasado domingo y contó con la presencia de Gene Robinson, el primer obispo abiertamente gay de la iglesia episcopaliana y de toda la comunión anglicana.

Poco antes de ordenarse, Partridge le comentó a su obispo, Thomas Shaw, que estaba en transición de mujer a varón. El obispo apoyó su decisión y Cameron fue ordenado. Partridge ya había marcado un hito al ser nombrado capellán en la Universidad de Boston en 2011, además de dar clases en Harvard. Durante estos años ha trabajado activamente a favor de la inclusión de las personas trans.

“Mientras nos contemplamos en estos días de celebración, honremos la manera en que nos sostenemos entre sí”, predicó Partridge. La misa incluyó lecturas y oraciones por parte de miembros de la comunidad de gays, lesbianas y transexuales.

La misa estuvo a cargo de Gene Robinson, el primer obispo episcopal abiertamente homosexual. La iniciativa fue parte de la celebración de la catedral del mes de orgullo LGBT.

Gary Hall, decano de la catedral, dijo que espera que la participación de Partridge “envíe un mensaje simbólico en apoyo de una mayor igualdad para la comunidad transexual“.

La Catedral Nacional de Washington es uno los templos cristianos más importantes de Estados Unidos, con una notable trayectoria en la defensa de las personas LGTB. En enero de 2013, por ejemplo, se anunció que se celebrarían allí bodas entre personas del mismo sexo. Y con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo anulando la sección tercera de la DOMA, la norma que prohibía a la administración federal reconocer estos matrimonios, sus campanas tañeron durante casi una hora. La predicación de Partridge es pues plenamente coherente con su línea de acción.

La Iglesia Episcopal de los Estados Unidos es la iglesia nacional estadounidense de la Comunión Anglicana. En 1976, la Convención General de la Iglesia Episcopal declaró que “las personas homosexuales son hijos de Dios y que tienen un derecho pleno e igualitario con el resto de personas“. Desde entonces, fieles episcopales han estado trabajando hacia una mayor comprensión e inclusión radical de todos los fieles. La iglesia en 2012 abrió las puertas hacia la ordenación de los episcopales lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.

Os dejamos con un vídeo que muestra parte de la predicación, así como declaraciones de Gene Robinson y reacciones de varios asistentes. En ellas se destaca el valor de visibilidad del acto, especialmente de cara a aquellos lugares donde la realidad LGTB, y especialmente la transexual, sigue siendo incomprendida:

https://www.youtube.com/watch?v=N8ZtVi7a43Y

Fuente SentidoG y Dosmanzanas

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Finalmente, la FIFA no sancionará a la Federación Mexicana de Fútbol por los insultos homófobos vertidos por parte de su afición durante los encuentros del Mundial de Brasil 2014. Según estima la Federación Internacional de Fútbol, los cánticos en que se utilizaba el término “puto” dirigidos a los jugadores y afición contrarios no son ofensivos “en ese contexto”, al entender que no habría intención denigratoria hacia los homosexuales sino alusión a la cobardía de los oponentes.

Durante el partido entre Camerún y México, algunos de los aficionados de la selección mexicana profirieron la expresión homófoba “puto” hacia los jugadores y espectadores cameruneses. El mismo comportamiento mantuvieron durante el enfrentamiento de su selección con la de Brasil, aunque en este caso algunos aficionados brasileños imitaron su comportamiento y vocearon profiriéndoles el mismo apelativo.

Denunciados estos hechos por FARE Network, organización que revisa los comportamientos discriminatorios que se mantienen con ocasión del Mundial de Fútbol, el comité de la FIFA inició una investigación para comprobar si se había vulnerado el artículo 3 de sus estatutos, que establece sanciones para quienes mantengan actitudes discriminatorias por diversas razones, entre ellas la orientación sexual.

La utilización del término “puto” por parte de miembros de la afición mexicana fue defendida por el propio entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, que estimó que “no era para tanto”.  Ilán Semo, miembro de la Universidad Iberoamericana, arguía que la intención de los aficionados al vociferar esa expresión era provocar el fracaso de sus contrarios, no aludiendo a su orientación sexual sino a su cobardía. Sin embargo, para el activista LGTB Alejandro Brito Lemus el término es “completamente homófobo”, pues la connotación de cobardía provendría de la estimación de que los homosexuales carecen de valor. Brito denunciaba que la Federación Mexicana de Fútbol no había hecho nada “para educar o concienciar a sus aficionados”.

Pero la FIFA ha considerado las alegaciones de la falta de intención homófoba de los aficionados y ha decidido que los cánticos “no se consideran insultantes en ese contexto”. Los cargos por conducta impropia han sido desestimados y no habrá sanción alguna. Desde FARE se estima que esta decisión contradice la promesa efectuada por el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, de utilizar el Mundial de Fútbol de Brasil para luchar contra la discriminación. La coordinadora de FARE, Claudia Krobitzsch, opinaba que “un enfoque de auténtica tolerancia cero hacia todas las formas de discriminación necesitará que la FIFA tome algunas decisiones difíciles. A largo plazo, es la única manera de establecer un liderazgo claro y hacer frente a lo que es un problema real en el fútbol”.

Recordemos que la FIFA ha adjudicado la celebración del próximo Mundial de Fútbol de 2018 a Rusia, y el siguiente, el del 2022, a la Federación de Qatar.

Homofobia/ Transfobia. Alejandro Brito Lemus, Brasil, Catar, Claudia Krobitzsch, Copa del Mundo de Fútbol 2014, Discriminación, FARE Network, FIFA, Ilán Semo, México, Miguel Herrera, Qatar, Rusia, Sepp Blatter

La Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) ha difundido el informe anual sobre la situación de las personas LGTB en Armenia (relativo a 2013), elaborado por la ONG Información Pública y Necesidad de Conocimiento. Las conclusiones de dicho documento no son nada halagüeñas, hasta el punto que se definen los ataques violentos contra integrantes del colectivo LGTB como “una expresión de los valores tradicionales”. La homofobia o la transfobia no solo no se persiguen sino que son actitudes incluso aplaudidas por las instituciones, autoridades religiosas y algunos de los principales partidos políticos del país caucásico.

Al calor de las leyes anti LGTB aprobadas por la vecina Rusia en el año 2013, Armenia también trató de oficializar la homofobia de estado, aunque afortunadamente la propuesta acabó siendo retirada como consecuencia de su negativa repercusión internacional. Sin embargo, el hecho de que la legislación homófoba no saliera adelante no ha significado ningún avance en la situación de los armenios LGTB. Antes al contrario, según recoge el informe de la entidad nacional Información Pública y Necesidad de Conocimiento, en Armenia se ha producido “una clara regresión” en tanto que “las personas LGTB se enfrentan a la discriminación en todas las áreas de la vida social y económica, son vulnerables a ataques verbales y físicos y siguen siendo en gran medida invisibles por temor a represalias”.

También se denuncia que “la población LGTB continúa experimentando discriminación en el empleo, obtáculos en la atención sanitaria, así como maltrato físico y psicológico en el ejército, tanto en público, como en el ámbito familiar”. En este contexto de desigualdad social, el colectivo LGTB se enfrenta a una peligrosa situación de marginalidad y exclusión social -de la que ya nos hicimos eco en año y medio– que colocan a Armenia en el vagón de cola de los derechos humanos.

Punto negro en el mapa LGTB

Según la clasificación del Fondo Monetario Internacional de 2013, Armenia ocupa la posición 125 de un total de 182 países, en función de su Producto Interior Bruto (PIB). Aunque, según estos datos, se trata de un país con una economía modesta, Armenia ha experimentado un crecimiento considerable y espera ampliar las ayudas procedentes de los estados occidentales. Uno de los sectores con mayor potencial es el turismo. En la pasada edición de Fitur Madrid, de hecho, Armenia se esforzó en ofrecer una imagen amable del país (en la misma línea de Rusia), que poco o nada tiene que ver con la penosa situación a la que conduce al colectivo LGTB la enraizada homofobia social e institucional. En este sentido, Armenia está muy lejos de situarse como un destino ‘LGTB friendly’ a corto plazo.

Para ilustrar la tensión que producen los debates relacionados con la orientación sexual en el país caucásico, reproducimos las declaraciones del misionista Mesrop Arakelyan durante la campaña electoral de 2013 al Consejo de Ereván, recogidas en el documento de la ONG Información Pública y Necesidad de Conocimiento.  El candidato llegó a asegurar que “a pesar de que tenemos un partido liberal, yo estoy a favor de la criminalización de la homosexualidad”.

Además de los políticos, la Iglesia Apostólica Armenia también contribuye a fomentar el odio y la discriminación social. El Archimandrita Komitas Hovnanian, una prominente figura eclesiástica nacional, advertía que “un nuevo movimiento religioso se está formando para combatir la homosexualidad, la pedofilia, el incesto y otras actitudes inmorales”. Según la homófoba y distorsionada opinión del jerarca, la homosexualidad no representa una opción sexual legal, ya que la sitúa en el mismo nivel que actividades delictivas como la pederastia, por lo que invita a los fieles y a la ciudadanía en general  a “tomar medidas para prevenir estos fenómenos decadentes”.

Impunidad homófoba

La actuación de la Policía y de la Justicia tampoco queda en mejor lugar que la de los políticos o la Iglesia. El informe señala que ante muchas de las denuncias presentadas por personas LGTB, como consecuencia de violaciones de sus derechos, ataques homófobos, o pura discriminación “se inició un proceso penal en contra de las propias víctimas de la presentación por supuestos falsos delitos”.

Uno de los casos de discriminación y homofobia más flagrantes en el ámbito de la Justicia es la sentencia por el del atentado contra el pub DIY, situado en la capital del país (Ereván). En 2012, los hermanos Hambik y Arameh Khabazyan incendiaron el local por el simple hecho de ser frecuentado por personas LGTB y por haber reconocido a su propietario, Armine Oganezova, en una marcha del Orgullo Gay de Turquía. Se les juzgó por “daños a la propiedad privada” y fueron condenados a 1 año de prisión provisional y a 2 años y 7 meses de libertad condicional, sin ninguna mención a la motivación del delito por odio. Para mayor vergüenza del sistema judicial armenio, los autores del atentado fueron amnistiados por el Tribunal Supremo.

Sorprendentemente, la explosión del pub fue justificada por el portavoz del Partido Republicano de Armenia (en el Gobierno) y por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eduard Sharmazanov, así como por distintos representantes de fuerzas de la oposición como los miembros de la Federación Armenia Revolucionaria Vahan Hovhannisyan y Artur Aghabekyan.

Diáspora armenia: la excepción y la esperanza

Entre tanta discriminación y odio se atisba un rayo de cordura gracias a algunos ilustres representantes de la denominada “diáspora”. Se trata del colectivo de expatriados y descendientes directos de familias Armenias que, en distintos momentos de la historia, salieron de su país como consecuencia de conflictos bélicos, matanzas, persecuciones o, simplemente, buscando una vida más próspera. Las mayores comunidades de armenios se encuentran en Rusia, Estados Unidos y Francia. Según los datos de la Embajada de Armenia en España, se estima que la población armenia en nuestro país asciende a unos 40.000 ciudadanos. Las ciudades con mayor concentración de armenios son Valencia (14.000), Barcelona (12.000) y Alicante (2.000).  Solo una quinta parte de los armenios vive en Armenia.

Más de dos docenas de armenios prominentes en la diáspora firmaron una declaración de apoyo a la igualdad y a la justicia para todos en Armenia. Entre los firmantes encontramos a la escritora Diana Der Hovanessian, al cineasta Atom Egoyan, al actor y productor Arsinée Khanjian o al músico Serge Tankian, entre otros. Este conjunto de artistas y profesionales armenios “se sintieron conmovidos por la legislación anti gay que se propuso en Ereván”. Su acción, de hecho, fue determinante para que las leyes homófobas no fueran aprobadas. La escritora Nancy Agabian dijo al respecto que “las personas con conciencia no deben permitir que nuestros primos LGBT sean etiquetados y endemoniados”.

Por lo tanto, los hechos apuntan a que la esperanza por una sociedad armenia más libre, más justa y más diversa pasa, en buena medida, por el papel que puedan seguir desempeñando los intelectuales de la diáspora, viendo que los principales estamentos e instituciones internas del país no tienen demasiadas intenciones de aparcar su ostensible y vergonzante actitud homófoba.

Fuente Dosmanzanas

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El Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Estados Unidos anunció el pasado jueves la imposición de una serie de sanciones a Uganda, en respuesta a la aprobación, en febrero de este año, de la ley que endurece las penas para los delitos relacionados con la homosexualidad. El Gobierno ugandés ha respondido rechazando el “chantaje” estadounidense.

Las medidas contemplan la reducción de las ayudas a la policía y la sanidad ugandesas, la prohibición de entrada en Estados Unidos a responsables de abusos contra los derechos humanos (incluidos los cometidos contra las personas LGTB) o la cancelación de un ejercicio militar aéreo en el país africano. La Casa Blanca ha calificado la ley ugandesa, que castiga con penas de hasta cadena perpetua a a gays y lesbianas e incluso criminaliza a todo aquel que les de cobertura o no los denuncie, como “contraria a los derechos humanos universales”. Ciertamente, desde su aprobación se han producido en Uganda decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.

Estados Unidos se suma así a Dinamarca, Noruega, Holanda o Suecia, países que ya han recortado las ayudas a Uganda en protesta por su homofobia legal. También el Banco Mundial aplazó la concesión de un crédito por valor de 90 millones de dólares (66 millones de euros) para mejorar su sistema de salud, por este mismo motivo. Las sanciones estadounidenses no afectarán a los programas para combatir el VIH/sida y la desnutrición, ni tampoco a la lucha contra el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), un grupo armado fundamentalista cristiano contrario al Gobierno de Kampala y responsable de numerosas atrocidades en el norte del país.

El anuncio de la NSC llega, por otra parte, una semana después de que el ministro de Exteriores de Uganda, Sam Kutesa, fuera elegido presidente de su Asamblea General de las Naciones Unidas. El político ugandés, que ocupará el cargo a partir de septiembre, ha sido uno de los defensores de la legislación homófoba y sobre él recaen además importantes sospechas de corrupción. La senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand lamentó este hecho, aunque sus protestas y las de numerosos activistas LGTB no han sido suficientes para impedir el nombramiento de Kutesa.

Uganda no acepta el “chantaje” de Estados Unidos

El Gobierno ugandés no parece sin embargo achantarse ante las represalias norteamericanas y ha lamentado lo que califica de “chantaje”. El portavoz del Ejecutivo Ofwono Opondo declaró que Uganda “no puede forzar a Estados Unidos a que nos den su dinero” y afirmó que es un “país soberano” que debe “legislar y tomar decisiones de acuerdo con sus intereses”.

El portavoz gubernamental declaró que “la homosexualidad no es un derecho humano fundamental en nuestra Constitución” e instó a la Administración estadounidense a intentar convencer a sus homólogos ugandeses mediante vías diplomáticas; tanto inquiriendo al Parlamento ugandés como con “apoyando a grupos” para que denuncien esta ley ante la justicia del país africano. “Tenemos un sistema judicial que puede encargarse de cualquier asunto, pero rechazamos el chantaje del Gobierno de los Estados Unidos”. Opondo retó incluso a la Casa Blanca a promover un referéndum sobre la ley homófoba en Uganda, que demostraría, según él, el nivel de apoyo popular a la misma.

Fuente Dosmanzanas

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Otro insólito caso de discriminación homófoba ocurrido en Bogotá (Colombia). Una pareja homosexual fue obligada a abandonar el centro comercial en el que se encontraban por dos vigilantes de seguridad que los encontraron dándose muestras de afecto, el pasado mes de febrero. Ahora, y por orden judicial, tanto los responsables del centro comercial como los de su empresa de seguridad privada se han visto obligados a pedir disculpas. 

El episodio tuvo lugar el pasado día 19 de febrero. Alejandro Aristizábal y David Ricardo se encontraban abrazándose y besándose en el interior del Centro Comercial Avenida Chile de Bogotá cuando dos guardias de la empresa Segurcol se acercaron a ellos y comenzaron a increparles. “Tengo órdenes de sacarlos, ustedes no pueden hacer semejante espectáculo, poniendo en vergüenza el centro comercial. A la gente como ustedes lo único que les gusta es vitrinear y hacer show. Para eso hay lugares donde va la gente como ustedes. Tienen que irse”, les dijo uno de los vigilantes privados poco antes de obligarlos a abandonar el lugar. Según Aristizábal, lo ocurrido no fue un hecho aislado. Así, otras tres personas homosexuales que el joven conoce habrían sido también expulsadas de este centro comercial por haber dado muestras de cariño a sus parejas en ocasiones anteriores.

Alejandro y David decidieron iniciar una batalla de denuncia social y jurídica por lo que consideraban un caso de discriminación flagrante. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido y, con el apoyo de la comunidad LGTB, se logró convocar una “besatón” o besada colectiva para mostrar el rechazo hacia este tipo de actos discriminatorios. En ese acto, celebrado el día 27 de febrero, una veintena de parejas del mismo sexo se abrazaron y besaron en el centro comercial antes mencionado, recordando a los visitantes, transeúntes y porteros, con toques de tambor, banderas arcoíris y pancartas, que “los besos son afecto, no delito”.

Asimismo, y con el apoyo de la organización Colombia Diversa, la pareja discriminada interpuso una acción de tutela, consiguiendo que el juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá determinase sus derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación y la intimidad de la pareja. Por este motivo, tanto el Centro Comercial Avenida Chile como la empresa de seguridad Segurcol se vieron obligados a pedir disculpas a la pareja en un acto público celebrado el pasado día 18 de junio.

Para Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, el acto de excusas fue importante, porque también obliga, tanto al centro comercial como a la compañía de seguridad, a realizar cursos sobre dignidad humana y derechos a la libre opción sexual y el desarrollo de la personalidad, dirigidos a los empleados y vigilantes. En efecto, el fallo de tutela de la jueza María Isabela Córdoba, encargada de llevar este caso, determinó que el centro comercial deberá capacitar a sus empleados, tanto directos como indirectos, así como a los representantes de sus contratistas y a los de dueños o arrendatarios de los locales, en el respeto hacia los derechos de las personas LGTB.

De la misma forma, la empresa de seguridad deberá capacitar a sus vigilantes. Elkin Valencia, director de operaciones de Segurcol, reconoció que lo ocurrido fue un error y aseguró que de ninguna forma es una política de su compañía. También confirmó el compromiso de su empresa a capacitar a sus empleados para que algo así no vuelva a ocurrir.

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Homofobia pura y dura la que ha despertado el vídeo del embajador de los Estados Unidos en la República. Nicolás de Jesús López Rodríguez, cardenal y arzobispo de Santo Domingo, criticó un video difundido por el embajador de EEUU en República Dominicana, James Brewster, y su esposo Bob Satawake con motivo del Mes del Orgullo LGTB. El arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López, que ya en el pasado se refirió a James “Wally” Brewster como “maricón” lo ha calificado ahora de “propaganda absolutamente negativa”. Y mientras tanto grupos evangélicos convocan marchas de protesta, diputados de la república califican a Brewster como “una maldición para la República Dominicana” y diversos medios publican artículos de opinión abiertamente homófobos.

La diplomacia no es para ese tipo de cosas, para una propaganda absolutamente negativa”, declaró el arzobispo de Santo Domingo al ser preguntado al respecto. “Yo estoy en contra totalmente de eso, todo el mundo lo sabe, mi posición no es de ahora, no porque haya llegado ahora este señor con este tipo de actitud”, añadió Nicolás de Jesús López. “Que no venga nadie ahora (…) a decirnos que los matrimonios deben ser de hombres con hombres y mujeres con mujeres (…) Esa propaganda no tiene nada que ver con las funciones de un embajador, la diplomacia no es para eso, sino para fomentar las buenas relaciones entre los pueblos, acuerdos comerciales, convenios de cooperación, paz y amistad”, reiteró.

“No es orgullo, es pecado”, era uno de los lemas que por su parte grupos evangélicos elegían para manifestarse la pasada semana en San Pedro de Macorís, una de las principales ciudades del país.

Pero no solo líderes o grupos específicamente religiosos se han manifestado. La felicitación conjunta del embajador Brewster y su marido Bob Satawake también ha despertado gran revuelo entre los legisladores dominicanos, escandalizados por lo que consideran un ataque a las “buenas costumbres” de su país. Insertamos a continuación un vídeo que muestra algunas de sus opiniones. “Maldición para la República Dominicana”,“Sodoma y Gomorra fue incendiada precisamente cuando esa aberración social de la homosexualidad creció”, “promocionar el tema gay en la República Dominicana le daría un mal ejemplo a las futuras generaciones” son algunas de las perlas que se pueden escuchar:

https://www.youtube.com/watch?v=2Kgs7-FDlZw

Y también en medios de comunicación dominicanos pueden leerse estos días artículos abiertamente homófobos. No puede calificarse de otra forma el artículo de opinión Los gays tienen menudo… publicado sin firma por Diario Libre, principal periódico gratuito de la República Dominicana. “Ahora se sienten apoyados desde fuera…”, se lamenta el articulista, que añora el no poder llamar a los homosexuales “a la antigua” en lugar de tener que usar “una palabra tan delicada que enternece: gay”. “Solo el Cardenal, como tiene a su favor la teología, se atreve a entrarle y a no hacer caso de los rangos, como con el embajador norteamericano. Se las canta verdes cada vez que se le ofrece la oportunidad y lo considera necesario. Ya se vio cómo enfrentó la campaña del Mes del Orgullo Gay”, escribe.

Brewster: váyase con su orgullo gay!, es por ejemplo el título de otro artículo de opinión escrito por Roberto Paulino y publicado en almomento.net. “Si lo que para el embajador es normal en su país, en este es una aberración y un pecado, porque somos un pueblo cristiano con gran apego a lo divino, y no asimilamos ese asunto del orgullo gay. Jamás permitiremos que nos vengan a imponer una costumbre contraria a la nuestra, ya no estamos en los años 60 cuando nos llenaron de hippies y de marihuana”, escribe el articulista. “Nunca aceptaremos esa aberración, jamás podrán doblegar nuestro espíritu cristiano, en tal virtud yo le pido que se marche en el primer avión con su orgullo gay para otro lado. Este país nunca se convertirá en una Sodoma y Gomorra por mas actividades homosexuales su nación quiera promover, usted llegó aquí a desempeñar un cargo diplomático, no la homosexualidad”, añade más adelante.

Polémicas aparte, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo sigue con su programa previsto de actividades con motivo del Orgullo LGTB. Una de ellas ya se ha celebrado: el miércoles pasado tuvo lugar el Foro Nacional sobre Derechos Humanos, organizado por el colectivo dominicano Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos (REVASA) con la colaboración de la embajada. Y este mismo martes se proyectará la película The Laramie Project, inspirada en el terrible asesinato de Matthew Shepard, en la Facultad de Derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

En el video Brewster celebró sus primeros seis meses en el cargo diplomático reproduciendo unas recientes declaraciones del presidente de EEUU, Barack Obama inaugurando el Mes del Orgullo. Brewster dijo que tanto él como su marido han sido bien acogidos por los dominicanos, pero también habló de los que habían criticado su relación y cómo sus predicciones sobre cómo sería recibida el matrimonio no se habían hecho realidad.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco, ha causado polémica en Estados Unidos al participar activamente en una manifestación contra el matrimonio igualitario a pesar de las peticiones de que no lo hiciera por el carácter fuertemente homófobo de sus organizadores. Lo cierto es que pese a la presencia de Cordileone, la denominada “marcha por el matrimonio” celebrada el jueves en Washington quedó finalmente muy debajo de las expectativas.

El acto estaba organizado por la National Organization for Marriage (NOM), una organización bien conocida por sus posiciones extremas. No en vano ha sido calificado como “grupo de odio” por el Southern Poverty Law Center, una histórica organización de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. NOM, que no ha dudado en equiparar el matrimonio igualitario con la pederastia o el incesto, es por cierto la misma organización que hace unos años realizó un vídeo anunciando la terrible “tormenta” que se avecinaba con la aprobación del matrimonio igualitario, vídeo que fue objeto de parodias con conocidas figuras del cine y televisión.

El acto, que a imitación de otras históricas concentraciones fue convocado frente al Capitolio de Estados Unidos con el objeto de reunir a decenas de miles de personas, resultó finalmente muy por debajo de las expectativas, como las redes sociales se encargaron de destacar. Se calcula que solo unas 2.000 personas se acercaron a mostrar su oposición al matrimonio igualitario y a escuchar a algunas de las personalidades que allí se dieron cita, todos ellos de perfil fuertemente conservador. Entre ellos, el antiguo candidato a la nominación republicana Rick Santorum, el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee o el senador de Nueva York Rubén Díaz (que tanto maniobró en su momento para evitar la aprobación del matrimonio igualitario en su estado).

Pero la figura cuya presencia en el acto más desconcierto causó fue sin duda la del arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, que recibió numerosas peticiones de que no asistiera. Entre ellas destaca la de Nancy Pelosi, la anterior presidenta de la Cámara de Representantes y actual líder de la minoría demócrata. En una carta dirigida a Cordileone como su obispo (Pelosi, de religión católica, es congresista precisamente por un distrito que incluye parte de San Francisco) le exhortaba a no asistir a un evento donde los participantes muestran “odio y desprecio a las personas LGTB”. El arzobispo se defendió diciendo que “no es una marcha anti-LGTB… no es anti-nada ni anti-nadie. Es una marcha a favor del matrimonio”.

Cordileone acudió finalmente al acto y pronunció un discurso en el que reafirmó su rechazo al matrimonio igualitario: “en nuestros días, tenemos que proclamar y vivir la verdad con claridad y compasión en lo que se refiere a nosotros hoy: la verdad de una familia unida en la unión en matrimonio del padre y la madre de los hijos como bien fundante de la sociedad”. En sus palabras también se refirió brevemente a las personas LGTB jóvenes, diciendo que la “verdad” debía ser proclamada “para esa persona joven que busca su rumbo en medio de problemas de identidad sexual y puede sentirse alejado de la Iglesia por ello, quizás incluso por el tipo de trato que ha recibido de quienes profesan ser creyentes”.

Uno de los promotores de la Proposición 8

Salvatore Cordileone, designado por el anterior papa, tomó posesión en octubre de 2012 como arzobispo de San Francisco, el que probablemente sea el territorio más “progay” de Estados Unidos.

Ya antes había destacado por su oposición al matrimonio igualitario: siendo obispo auxiliar de San Diego, ciudad de la que es natural, fue uno de los principales impulsores de la Proposición 8, la enmienda a la Constitución de California que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada en referéndum en noviembre de 2008, y que posteriormente fue declarada contraria a la Constitución de Estados Unidos por la justicia federal. En aquel tiempo, llegó a declarar a una radio católica que “el ataque final del demonio es el ataque al matrimonio”.

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitirá una orden ejecutiva que prohibirá a todas aquellas empresas que tengan o aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. La decisión, largamente reclamada por los colectivos LGTB, no se ha tomado hasta que no ha quedado meridianamente claro que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no validará la ENDA, el proyecto de ley contra la discriminación de personas homosexuales y transexuales que el Senado aprobó en noviembre.

La ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo) ha sido presentada ante el Congreso en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla. Entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales. Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo expreso. Impulsar su aprobación era de hecho una de las promesa electorales del presidente Barack Obama (el propio presidente reclamaba hace meses al Congreso, en una apasionada carta publicada por The Huffington Post, que aprobara el proyecto).

El Senado, de mayoría demócrata, le daba su visto bueno en noviembre, logrando además el voto favorable de diez senadores republicanos. Pero quedaba lo más difícil: que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la validase también. Ya entonces el speaker de la Cámara, John Boehner, expresaba su oposición frontal al proyecto, que según él solo serviría para aumentar las “litigaciones frívolas” y perjudicar al empleo. Y en efecto, el proyecto ha quedado en vía muerta y sin horizonte de que se discuta antes de las elecciones de noviembre de 2014. Es por eso que la Casa Blanca ha decidido por fin mover ficha y prohibir la discriminación laboral de homosexuales y transexuales allí donde tiene competencias para hacerlo: en la administración federal. “Hemos esperado algunos meses para que la cámara baja tomara medidas, y desafortunadamente no hay indicios particularmente sólidos de que el Congreso vaya a actuar”, justificaba el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.

La noticia tiene un sabor agridulce: por un lado, una vez que la orden ejecutiva sea emitida (no se ha comunicado aún la fecha concreta) unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal verán reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de género. Supone, sin embargo, la constatación de que el Congreso se niega a aprobar una vez más una ley que garantice de una forma más amplia que esto no suceda (y ello a pesar de que en su forma actual el proyecto ya contempla significativas exenciones. Solo es aplicable a empresas con 15 o más trabajadores, lo que deja fuera a las pequeñas empresas de ámbito familiar, y excluye a las organizaciones religiosas).

Y se amplían beneficios laborales para matrimonios del mismo sexo

También esta semana la administración Obama ha anunciado su intención de ampliar los beneficios de los que gozan los matrimonios entre personas del mismo sexo, en esta ocasión reconociéndoles el derecho a permisos laborales por enfermedad de un familiar.

La medida es consecuencia de la derogación hace un año de la sección 3 de la DOMA (la ley que impedía que la autoridad federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo) por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ya ha llevado al gobierno federal a impulsar que los matrimonios del mismo sexo puedan acceder por ejemplo a los beneficios establecidos para las parejas casadas en materia de hacienda, justicia, inmigración o empleo público civil y militar. Beneficios que pertenecen al ámbito federal, y que por tanto son aplicables con independencia de que la pareja establezca su residencia en un estado que no reconoce el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Ámbito laboral, Barack Obama, Congreso Estados Unidos, Discriminación, ENDA, Estados Unidos, John Boehner, Josh Earnest