La legislación requerirá que los hospitales y clínicas divulguen en línea y directamente a los pacientes si no brindan atención de salud reproductiva, opciones para el final de la vida o servicios LGBTQ

Catholics for Choice (CFC) elogió una nueva ley de Colorado dirigida a una mayor transparencia en los hospitales del estado sobre la atención que no se brinda, al igual que con los hospitales católicos que niegan atención de afirmación de género a pacientes transgénero, así como ciertos cuidados reproductivos y terminales, cuidado de la vida. A menudo, debido a las fusiones del sistema de atención médica, los pacientes ni siquiera saben que un hospital está bajo las directivas de atención médica de los obispos de EE. UU., informó The Colorado Sun. Shannon Russell, directora de políticas de CFC, comentó:

“No se puede subestimar el impacto devastador de obstruir la conciencia de otra persona al rechazar o negar la atención. Como católicos, no podemos y no pretendemos decir a los demás cuál es la mejor manera de escuchar sus propias conciencias cuando toman decisiones importantes. Nos esforzamos por asegurarnos de que todas las personas tengan los recursos, incluidos los detalles sobre qué proveedores niegan los servicios por razones no médicas”.

Por Jennifer Brown

Los habitantes mayores de Colorado y aquellos con enfermedades terminales han descubierto cerca del final de sus vidas que el sistema hospitalario al que han ido durante años no receta medicamentos para ayudar a morir.

Y las personas transgénero, aproximadamente el 27% de ellas según una encuesta nacional, dicen que se les negó atención médica en el último año debido a su orientación o identidad sexual, a veces después de presentarse en una cita y aún así tener que pagarla.

Los hospitales y clínicas de Colorado que por razones éticas no brindan ciertos tipos de atención actualmente no están obligados a divulgar esto a sus pacientes o al público.

Eso está a punto de cambiar. Bajo un proyecto de ley aprobado por el Senado estatal el martes y pronto dirigido al gobernador. El escritorio de Jared Polis, los hospitales tendrían que publicar en línea públicamente e informar a sus pacientes directamente qué servicios no brindan. El departamento de salud del estado resolverá los detalles, pero la legislación tiene como objetivo crear transparencia sobre la atención de la salud reproductiva, la atención de afirmación de género y las opciones para el final de la vida.

El tema ha atraído más escrutinio en Colorado en los últimos años después de fusiones que unen hospitales seculares o protestantes con hospitales católicos, que siguen las Directrices éticas y religiosas católicas. Las directivas prohíben la ayuda para morir, los abortos y la esterilización, incluidas las ligaduras de trompas para las mujeres y las vasectomías para los hombres. Las únicas excepciones son cuando la vida de un paciente está en peligro.

Las fusiones, junto con la información poco clara de los hospitales católicos sobre los servicios que no brindarán, han creado un panorama de atención médica confuso.

SCL Health, por ejemplo, incluye dos hospitales católicos, el Hospital Saint Joseph en Denver y el Centro Médico St. Mary’s en Grand Junction, que observan las directivas éticas y religiosas. Dos de los hospitales seculares del sistema, el Centro Médico Luterano en Wheat Ridge y el Centro Médico Good Samaritan en Lafayette, también cumplen con las reglas católicas de atención médica. Pero el Centro Médico Platte Valley en Brighton no lo hace.

Varios otros hospitales en Colorado son operados por CommonSpirit Health, el sistema de salud católico más grande del país. Entre ellos está Mercy Hospital en Durango, que no hizo ningún anuncio público cuando decidió que ya no permitiría que las mujeres se sometieran a ligaduras de trompas después de una cesárea. El hospital ya había prohibido las esterilizaciones después de los partos vaginales, pero las había permitido después de las cesáreas porque se consideraba una carga indebida hacer que las pacientes programaran una cirugía por separado en otro hospital, hasta el mes pasado.

Mercy informó a los médicos que dan a luz en su hospital, el único en la ciudad con una sala de maternidad, pero dejó que ellos se lo dijeran a sus pacientes embarazadas, dijeron los médicos a The Colorado Sun. El hospital publicó una vaga declaración en su sitio web en la que señalaba que “se estaba comportando de manera consistente con los principios éticos del ministerio de la iglesia católica”, pero no mencionó directamente la atención de la salud reproductiva ni ningún otro procedimiento.

La legislación, que recibió la aprobación final en el Senado estatal el martes, no obliga a los hospitales a ofrecer ciertos servicios, pero exige que lo den a conocer. El proyecto de ley fue aprobado 43 a 19 en la Cámara y 21 a 12 en el Senado. Los republicanos que votaron en contra de la legislación respaldada por los demócratas hicieron pocos comentarios en las audiencias del comité o en otros lugares.

“Si el hospital decide no ofrecer eso, es su elección”, dijo la Sen. Sonya Jaquez Lewis, demócrata del condado de Boulder y patrocinadora principal del proyecto de ley. “Solo estamos tratando de arrojar luz sobre qué hospitales ofrecen esa atención”.

La legislación requiere que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado cree un formulario para agosto de 2024 que los hospitales y clínicas deberán completar y publicar en línea. También requiere que los hospitales informen a los pacientes sobre sus políticas en el momento de la programación.

La Asociación de Hospitales de Colorado solicitó una enmienda que especificaba que los hospitales tendrían que informar solo a los pacientes que solicitaban un tipo de atención que no se brindaba. La forma en que se redactó inicialmente la legislación, incluso “yo, como un hombre de 40 años que me someten a una cirugía artroscópica en la rodilla, recibiría información sobre los servicios de salud reproductiva”, argumentó el cabildero de la asociación Joshua Ewing.

La medida cuenta con el apoyo de AARP Colorado y los grupos nacionales American Atheists y Catholics for Choice, que dijeron que la ley era “necesaria con urgencia”.

“No se puede exagerar el impacto devastador de obstruir la conciencia de otra persona al rechazar o negar la atención”, dijo Shannon Russell, directora de políticas de Catholics for Choice. “Como católicos, no podemos y no pretendemos decir a los demás cuál es la mejor manera de escuchar sus propias conciencias cuando toman decisiones importantes. Nos esforzamos por asegurarnos de que todas las personas tengan los recursos, incluidos los detalles sobre qué proveedores niegan los servicios por razones no médicas”.

la representante Brianna Titone dijo que su ayudante no se enteró “hasta el último minuto” de que no podía ligarse las trompas en el hospital donde había elegido tener un bebé. En cambio, tuvo que programar un procedimiento separado en un hospital diferente. “Nadie debería gastar tiempo y dinero buscando atención médica solo para ser rechazado inesperadamente”, dijo Titone.

Fuente The Colorado Sun

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Thomas Luke,

Las organizaciones de base se están intensificando para proteger a las personas LGBTQ+ como diócesis católicas en los EE. UU. continuar implementando políticas de identidad de género nuevas y restrictivas, según The National Catholic Reporter. 

34 diócesis en los Estados Unidos han implementado directivas específicas sobre identidad de género. La mayoría de estas políticas establecen que las escuelas deben tratar a los estudiantes y miembros del personal de acuerdo con su “sexo biológico”. Si bien las personas con disforia de género no tienen prohibido inscribirse en escuelas católicas, no pueden utilizar sus nombres, pronombres y baños preferidos dentro del entorno escolar. Algunas escuelas afirman que el incumplimiento puede “afectar la inscripción y el estado laboral”.

Cuando Thomas Luke, un estudiante de medicina gay de 25 años de Luisiana, escuchó que su alma mater en la escuela secundaria católica St. Thomas More en Lafayette planeaba implementar una política de identidad de género, supo que necesitaba intensificar y proteger a los jóvenes LGBTQ+.  Él cree que la política es “insegura” porque no tiene en cuenta la salud mental de los estudiantes. Según The Trevor Project, las tasas de pensamientos suicidas entre los jóvenes LGBTQ+ han aumentado en los últimos tres años. Específicamente, los jóvenes transgénero corren un riesgo aún mayor de suicidio.

Con esto en mente, Luke ayudó a crear “We Demand More” (“Exigimos más”), una campaña de base destinada a proteger a los estudiantes LGBTQ+ afectados por las nuevas políticas de género. Una petición reciente, que recibió 2300 firmas, establece que el grupo tiene la intención de “crear un diálogo abierto con la diócesis para enmendar la política de respeto por la dignidad de todos los estudiantes LGBTQ+”. Específicamente, el grupo espera garantizar que las escuelas tengan baños neutrales en cuanto al género, y que los estudiantes puedan elegir ser conocidos por sus apellidos si se identifican “fuera de la heteronormativa”. Si bien el grupo ha tratado de expresar sus preocupaciones a la diócesis, no han recibido respuesta.

En Omaha, Nebraska, un grupo de padres, estudiantes, feligreses y exalumnos católicos se han reunido para protestar por la implementación de una política de género que entrará en vigencia en el próximo año escolar 2023-2024. La política establece que el “sexo biológico” será el “factor determinante para cuestiones de vestimenta, pronombres personales, uso del baño y participación en actividades de los estudiantes”. La diócesis reclutó a 150 personas, incluidas aquellas con “experiencia de primera mano con la disforia de género”, para ayudar a crear la política. La nueva iniciativa de base, Catholic Families for Love, ha enviado varias cartas a la arquidiócesis con críticas a la nueva política de género. Sin embargo, la arquidiócesis no se ha reunido con el grupo. Vickie Kauffold, superintendente de escuelas de la arquidiócesis, dijo que la razón para no reunirse con el grupo es que “el lugar adecuado para esa conversación es en las escuelas y parroquias individuales donde se implementará la política”.

Kaela Volkmer

Pero, Kaela Volkmer, una de las fundadoras de Catholic Families for Love, declaró:

“Muchos de nosotros hemos estado con nuestros líderes parroquiales y escolares locales y nos dijeron que no estaban involucrados en el proceso de desarrollo de políticas y que no tenían ninguna información con respecto a los procesos internos de la arquidiócesis sobre este asunto. Continuaremos pidiendo respetuosamente el diálogo, preguntando cómo se desarrolló, cómo se implementará y cómo se evaluará en términos de su impacto en nuestros seres queridos que son transgénero o no binarios”.

Las nuevas políticas no solo afectan a los estudiantes, sino también al personal transgénero o no binario. New Ways Ministry ha rastreado cuántos educadores han sido expulsados de las escuelas debido a problemas LGBTQ+. Desde 2007, ha habido 55 casos públicos de empleados de escuelas católicas que han sido despedidos, obligados a renunciar o amenazados debido a su género u orientación sexual. Sin embargo, esta lista “está lejos de ser exhaustiva porque muchas personas no quieren hacer público su caso”, afirmó el director ejecutivo Francis DeBernardo.

A medida que más diócesis comienzan a implementar políticas de género, es importante que los activistas católicos LGBTQ+ se unan para pedir diálogo y transparencia. Grupos como Catholic Families for Love y We Demand More son ejemplos inspiradores de cuántas personas quieren que los niños LGBTQ+ estén “seguros, cuidados y saludables”.

—Sarah Cassidy, New Ways Ministry, 16 de febrero de 2023

Fuente New Ways Ministry,

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La sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, que ratificaba la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Utah, empieza a tener repercusiones en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo aún es ilegal. En Colorado, que pertenece a la jurisdicción del 10º Circuito, la secretaria del condado de Boulder ha comenzado a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo por entender que las consideraciones de la Corte de Apelaciones le obligan a ello. Fuera de su jurisdicción, el propio alcalde de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Misuri, celebró el pasado miércoles 25 de junio cuatro bodas entre parejas del mismo sexo. Todo ello a pesar de las amenazas de denuncia por parte de los fiscales generales de ambos estados.

La Constitución de Colorado contiene una enmienda, aprobada en referéndum en 2006, que describe el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Aunque el pasado 2013 el gobernador del estado promulgaba una avanzada ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, el acceso a la institución matrimonial aún les estaba vedado. Todo ello parece que puede cambiar después de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, al que pertenece el estado de Colorado.

Así lo estimó Hillary Hall, secretaria del condado de Boulder, que comunicó la tarde del mismo miércoles en que se conoció el dictamen de la Corte de Apelaciones que su oficina facilitaría licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que lo requirieran. Según Hall, la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la sentencia afecta a todos los estados bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito.

“Las parejas de Colorado han esperado durante mucho tiempo a que se reconozca su derecho a casarse con la persona a quien aman”, declaraba Hillary Hall, “quiero actuar de inmediato para que lleven a cabo ese deseo”. Los condados de Lafayette y Longmont también decidieron unirse a esta iniciativa y comenzaron a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo desde el pasado viernes.

El fiscal general de Colorado, John Suthers, negaba la validez de estas licencias, argumentado que “la decisión de hoy de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito ha sido suspendida por el tribunal y no ha entrado en vigor aún en Utah, y mucho menos en Colorado. Las licencias de matrimonio emitidas a parejas del mismo sexo en Colorado antes de una resolución judicial firme no son válidas”. La secretaria del condado de Bouncer aducía por su parte que “esa es su opinión. No estamos de acuerdo con ello. Vamos a seguir emitiendo licencias de matrimonio hasta que un tribunal de Colorado o el Tribunal Supremo nos diga que desistamos”. Según Hillary Hall, la suspensión de la sentencia de la Corte de Apelaciones afectaba específicamente a Utah pero no al resto de los estados de la jurisdicción.

Uno de los matrimonios celebrados en el condado de Bouncer es el de Jessie Ulibarri y Louis Trujillo. Ulibarri es miembro del senado de Colorado, y decidió casarse inmediatamente después de conocer la disposición de la secretaria del condado. Según Ulibarri, “el fiscal general no puede obligar unilateralmente a un secretario electo a que cese en la emisión de certificados de matrimonio, sin que actúe un tribunal. Sabemos que el amor siempre gana, así que no estamos preocupados por lo que el fiscal general pueda decir acerca de nuestro matrimonio”.

Si el fiscal general de Colorado decidiera acudir a un tribunal estatal o federal para denunciar la emisión de esas licencias de matrimonio, dicho tribunal tendría que considerar lo dictaminado por la Corte de Apelaciones del circuito al que pertenece, que sería siempre su instancia superior. El proceso del reconocimiento judicial del matrimonio igualitario en Colorado se aceleraría, con perspectivas muy halagüeñas.

Boda en Misuri

Esa aceleración del proceso de reconocimiento de los derechos LGTB parece ser objetivo del ayuntamiento de la ciudad de Saint Louis, la segunda en población del estado de Misuri. Coincidiendo con el fallo de la Corte de Apelaciones, aunque la decisión se había tomado con anterioridad, el alcalde de dicha ciudad albergaba en las dependencias municipales la celebración de cuatro matrimonios de parejas del mismo sexo, oficiadas por un juez municipal.

Misuri fue, en 2004, el primer estado en aprobar por referéndum la prohibición del matrimonio igualitario por medio de una enmienda a su Constitución. Sin embargo, Francis Slay, el alcalde de Saint Louis, apoyado por el fiscal de la ciudad, ha considerado que esa prohibición vulnera la Constitución de los Estados Unidos y ha decidido desafiarla. “Esto me hace sentirme orgulloso como ciudadano y como alcalde”, declaraba Slay, que consideraba que “si no lo hacemos nosotros, ninguna otra ciudad de Misuri lo haría”. Los funcionarios del ayuntamiento encargados del registro civil se mostraban dispuestos a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo hasta que los tribunales se lo impidieran.

El fiscal general de Misuri, Chris Koster, aunque es un demócrata partidario del matrimonio igualitario, se vio obligado a acudir al tribunal federal para defender la legislación vigente. Tras su demanda, el juez Rex Burlison ha ordenado a la alcaldía de Saint Louis que cese en la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que su tribunal decida la validez de los ya celebrados. Y esa era, precisamente, la intención del alcalde Slay, que expresaba su satisfacción por que se acelerase el proceso judicial. “No se equivoquen al respecto”, afirmaba, “tanto yo como todos los que están aquí estamos haciendo esto para forzar la situación y conseguir que la ley ampare a todo el que quiera casarse en el estado de Misuri”.

Suspendido el matrimonio igualitario en Indiana

Como era de esperar, y a pesar de que los activistas LGTB le habían solicitado que se inhibiera, el fiscal general de Indiana, Greg Zoeller, presentó una moción solicitando a la Corte de Apelaciones que suspendiera cautelarmente la sentencia que permite el matrimonio igualitario en el estado hasta que se resuelva su apelación.

Y este viernes 27 de junio, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito ha fallado a favor del fiscal general, y ha decidido la suspensión de la sentencia del juez federal Richard Young, cuando ya se han celebrado centenares de matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado. La suspensión no solo afecta a las parejas del mismo sexo que quieran obtener en el futuro sus licencias de matrimonio, sino también a las que habían solicitado que el estado de Indiana reconociese sus enlaces celebrados en otros estados. La situación de las parejas casadas antes de la suspensión queda en el habitual limbo legal, aunque es previsible que sus matrimonios sean reconocidos por la administración federal, como en casos anteriores.

Los defensores de las parejas afectadas por la suspensión, Lambda Legal, emitían el siguiente comunicado en el que expresaban su indignación con esta decisión: ”Por el momento, a las parejas del mismo sexo se les niega una vez más la libertad de contraer matrimonio en Indiana. La orden cautelar emitida por la Corte de Apelaciones no solo paraliza la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, sino que también evita el reconocimiento del matrimonio de Niki Quasney y Amy Sandler, que se concedió cautelarmente porque Niki está luchando contra un cáncer de ovario en estadio IV. Niki, Amy y sus dos hijas necesitan que se les considere una familia legal durante este tiempo terriblemente difícil. Es un error bloquear los matrimonios de todas las parejas y es una vergonzosa exhibición de crueldad hacia Niki y Amy y sus dos hijas, porque el matrimonio es vital en su lucha contra un cáncer agresivo y por estar juntas. Lambda Legal hará todo lo que esté en sus manos para conseguir el matrimonio para todos los residentes de Indiana. Greg Zoeller no tendrá la última palabra, la tendrá la justicia”.

Fuente Dosmanzanas

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