La presencia de Alternativa para Alemania (AfD) en el Bundestag empieza a tener funestas consecuencias para la defensa de la igualdad. La formación de extrema derecha, que se estrenó en el Parlamento alemán como tercera fuerza política en las elecciones del pasado septiembre, ha designado a Nicole Höchst como su representante en la fundación federal Magnus Hirschfeld. Las asociaciones LGTB consideran una provocación la elección de la diputada, que se opone a la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género, al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, y opina que entre los hombres homosexuales “hay más pedófilos”. La fundación Magnus Hirschfeld es un organismo público que lucha contra la discriminación de las personas LGTB y reivindica la memoria de los perseguidos por su orientación sexual o identidad de género.

La AfD elige a una diputada abiertamente LGTBfoba a la fundación que se encarga de promover el respeto a la diversidad sexual y de género. Es una de las primeras medidas que ha tomado el partido de extrema derecha en su andadura en el Bundestag alemán. La designación, que solo puede ser calificada como una provocación, hace presagiar una legislatura muy difícil en materia LGTB.

La fundación federal Magnus Hirschfeld lleva desde 2011 trabajando contra la discriminación y la LGTBfobia. Nombrada en honor al médico sexólogo y activista fallecido en 1935, reivindica también la memoria histórica del movimiento LGTB. Al tratarse de un organismo público, su patronato está integrado por miembros del Gobierno, diputados y representantes de las asociaciones LGTB. Tras la constitución del actual Bundestag, al grupo parlamentario de la AfD le correspondía uno de los puestos en la dirección de la fundación.

Aunque el partido no se caracteriza precisamente por el respeto a la comunidad LGTB, la elección de su representante en la fundación Magnus Hirschfeld ha confirmado su afán de boicotear cualquier iniciativa en esa dirección. La elegida ha sido la diputada Nicole Höchst, cuyas opiniones son particularmente sangrantes. Y ello no solo por su posición contraria al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, que está en línea con el ideario de su partido. Porque Höchst ha ido más allá en su discurso de odio.

Durante la campaña electoral para las elecciones del pasado mes de septiembre, por ejemplo, la entonces candidata afirmó que hay estudios que demuestran la existencia de  una mayor proporción de pedófilos entre los hombres homosexuales, sin especificar por supuesto a qué supuestos estudios se refería. También ha apoyado al movimiento Demo für alle, en particular para atacar la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género en las aulas. Incluso después de conocerse su designación, ha seguido defendiendo sus postulados LGTBfobos. En sus publicaciones en Facebook ha negado la existencia de géneros no binarios y se ha mostrado orgullosa de su futuro papel “contracorriente” en la Fundación.

La federación alemana de asociaciones LGTB (LSVD) ha lamentado la elección de Höchst, a quien ha tachado de “inadecuada e incompetente” para el cargo. En cualquier caso, la extrema derecha de la AfD se hace con un nuevo altavoz para difundir su odio LGTBfobo. Con el añadido insultante de que lo ejercerá dentro de la fundación dedicada precisamente a promover el respeto a la diversidad.

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Los políticos búlgaros están desplegando en los últimos días un abanico de declaraciones LGTBfóbicas en el marco del debate sobre la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”). En el Gobierno, el derechista GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo), es partidario de la firma, dejando claro que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo), principal partido de la oposición, justifica su rechazo a la violencia contra las mujeres, pero no apoya el convenio porque, según alega, fomenta la “ideología de género” y “la introducción de esta nueva ideología nos obligará a cambiar nuestra legislación”. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa Búlgara (institución representativa de la religión mayoritaria del país) asegura que la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

Bulgaria no ratificará por el momento el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres o Convenio de Estambul (aunque sí lo firmó el 21 de abril de 2016). Incluso el presidente de la república, Rumen Radev, ha dejado claro que, en su opinión, “no es el momento de ratificar el Convenio de Estambul”. Radev hacía estas declaraciones en la rueda de prensa, ofrecida el pasado lunes, con motivo de su primer año de mandato (recordemos que, aunque se presentó como independiente, contó con el respaldo de los socialistas y alcanzó la presidencia en la segunda vuelta).

El presidente, que tiene capacidad de veto si una ley o norma no cuenta con mayoría absoluta, considera que “un documento no debe ser firmado sin ser debatido en Bulgaria y sin saber lo que realmente se deriva de él”. Para el jefe del Estado, “detrás de la noble iniciativa de reducir la violencia contra mujeres y niños, otra ideología ha salido a la luz” y, en consecuencia, añade, “la convención disocia al público”. Esa “otra” ideología a la que se refiere Radev hace referencia a los derechos de las personas trans y a la no discriminación por orientación sexual.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (18 de ellos lo han firmado y otros 28, además, lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El último en rubricarlo, el pasado 18 de enero, ha sido Armenia (que no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Llamada LGTBfóbica de Iglesia Ortodoxa Búlgara

El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara ha sido una de las primeras voces de este país balcánico en alertar del “peligro” de la ratificación del Convenio de Estambul. A su juicio, conduce a la “muerte espiritual de la humanidad”. La Iglesia Ortodoxa argumenta, en este sentido, que la posibilidad de reconocer la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión de la Iglesia Ortodoxa, que tiene enorme influencia sobre la población de más edad del país, así como el bombo y la desinformación que se ha generado por la simple inclusión de las expresiones ‘tercer género’ y ‘género social’ ha provocado que un debate que debería ser sobre la situación de la mujer en Bulgaria, y cómo luchar, en definitiva, contra la violencia machista, se convierta en un debate sobre cuestiones de género. Un debate que realmente nadie esperaba y que ha cogido a todo el mundo por sorpresa, colectivos LGTB incluidos”.

Este eslavista español aclara que “hubo mucho revuelo por el concepto de ‘género social’ (‘социален пол’) y se propuso que se volviera a traducir al búlgaro el texto del convenio. En búlgaro ‘пол’ significa ‘género’ y ‘sexo’ y no existe el concepto de ‘género social’ y precisamente por este motivo fue por lo que se propuso, incluso, que se rehiciera la traducción”.

Vidal agrega que “la Iglesia Ortodoxa consideró desde un principio, usando su típico lenguaje apocalíptico, que aceptar y ratificar este convenio denigrará a la sociedad y la moral búlgaras; por otra parte, los neonazis y grupúsculos de patriotas varios también se han posicionado e incluso han convocado manifestaciones por el país negándose a una futura educación ‘de género’ en las escuelas”.

Al rechazo del Convenio de Estambul de la Iglesia Ortodoxa, en el ámbito confesional, se suman el de las iglesias evangélicas y la Oficina del Gran Muftí de Bulgaria, que lo califica de “amenaza para la identidad de los musulmanes búlgaros”. En su opinión, “este acuerdo internacional perjudica la estabilidad de la familia”, además de introducir “conceptos como ‘género’, ‘tercer sexo’ o ‘tercer género’ y ‘sociedad gay’, que son trampas peligrosas que presagian un gran drama para Bulgaria que vive una grave crisis demográfica”.

El Gobierno de derechas y los socialistas, unidos contra la “ideología de género”

Grupúsculo homófobo cuya pancarta dice: “Bulgaria es cristiana, no maricona”

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

La ministra de Justicia de Bulgaria, Tsetska Tsacheva, añade que “el Convenio de Estambul es el primer documento que sienta un marco jurídico integral con vistas a la defensa de las mujeres y chicas contra cualesquiera formas de violencia, incluida la doméstica”, pero niega que “tras el noble motivo de la igualdad entre el hombre y la mujer se escondan otros pensamientos”.

Y es que el gobernante partido de derechas GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha impulsado la ratificación del Convenio de Estambul por parte de este país balcánico, aunque aclara que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El eurodiputado de esta formación Emil Radev defiende que “no hay motivo para preocuparse por la ratificación”, en tanto que “el derecho de familia, el matrimonio, la cohabitación, etc. se encuentran en el campo de la subsidiariedad”.

Emil Radev, en calidad de abogado, ha sido uno de los líderes en tratar de calmar a la derecha búlgara al aseverar que “no podemos tener ningún ‘tercer sexo’ o matrimonios del mismo sexo, ni ningún otro caso atípico para las relaciones de la comunidad con el Convenio de Estambul. No abre la puerta a ninguna ideología de género”. Pese a la discrepancia sobre el alcance del convenio, tanto el GERB como el BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo) dicen compartir la necesidad de luchar contra la violencia machista y ambos comparten, además, su tajante posición contraria a una supuesta “ideología de género”.

Kornelia Ninova, líder de los socialistas búlgaros, declara que “el convenio ha generado una enorme tensión en la sociedad búlgara, diferencias de opiniones, la opinión de la Iglesia y una enorme discusión. Esto es división. En el convenio no hay un informe explicativo ni tampoco un informe del Consejo de Ministros que indique qué leyes nacionales hay que cambiar después de su ratificación. No está nada claro”. Para Ninova y el Partido Socialista, la única vía posible para la ratificación del Convenio de Estambul es mediante la celebración de un referéndum (que, más que presumiblemente, lo rechazaría con una amplia mayoría de los ciudadanos en contra).

El activista LGTB español Marco Vidal cree que “lo que provoca más shock y sorpresa es ver que, pese a la presión del Partido Socialista Europeo, el BSP se ha negado a firmar la ratificación de este convenio apoyándose en el argumento de que se está transmitiendo la ‘doctrina e ideología de género’ a los menores a través de la educación y consideran, falsamente, que se está usando el drama de la violencia machista para adoctrinar en esta supuesta ‘ideología’”.

Para Vidal, “el Partido Socialista Búlgaro ha demostrado estar más cerca de posiciones de la derecha conservadora y de la Iglesia que los propios conservadores. Estos últimos no son, en ningún caso, grandes defensores de los derechos civiles y de las minorías sexuales, pero su política neoliberal y pro europeísta les conduce a votar cualquier cosa, estén o no de acuerdo, por tal de acercar su entrada al euro”.

La puerta al matrimonio igualitario está cerrada en Bulgaria

Hace solo unas semanas, dosmanzanas recogía la noticia de que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen no ha admitido su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia, como adelantamos a través de Twitter:

La justicia búlgara, finalmente, se pronuncia en contra del matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary, por el momento, no verán reconocido su enlace (contraído en el Reino Unido en 2017). https://t.co/suPtc72TcL

— dosmanzanas.com (@dosmanzanas) 12 de enero de 2018

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre “entre un hombre y una mujer”, por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Tampoco las personas trans lo tienen fácil: hasta 1999 no hubo ninguna referencia legislativa que permitiera el cambio de identidad de género en el país y, todavía a día de hoy, a las personas trans que no se someten a una cirugía se les impide modificar la identidad en cualquier documento oficial, con el consiguiente estigma y discriminación al que se las somete.

Sí que hay que indicar que, muy lentamente, se van logrando pequeñas conquistas LGTB en Bulgaria. Según señala el último informe de ILGA-Europa sobre Bulgaria, “en 2016, tres personas trans recibieron reconocimiento legal de su identidad género por los tribunales sin tener que someterse a esterilización”.

Fuente Dosmanzanas

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El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como «una amenaza peor que terroristas».

En la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005, se ha iniciado la enésima campaña contra la comunidad LGTB. Amnistía Internacional ha denunciado la detención de 12 mujeres trans en la redada a cinco salones de belleza, el pasado sábado 27 de enero. La policía, además de clausurar los locales, les afeitó el cabello en público, las desnudó y las obligó a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”. “La llamada ‘reeducación’ de las personas trans por parte de la policía no solo es humillante e inhumana, también es ilegal y una clara violación de sus derechos humanos. Dichos incidentes deben ser investigados de manera inmediata y efectiva”, exige Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

La policía indonesia arrestó a 12 transexuales en la provincia de Aceh, la única que se rige bajo la sharia o ley islámica, y les obligó a vestir ropa de hombre además de cortarles el pelo, denuncian los activistas. En el marco de la llamada “Operación Anti Moral Enferma”, la policía de Aceh efectuaba este sábado redadas sincronizadas a varios salones de belleza, deteniendo a 12 mujeres trans. Los agentes forzaron el cierre de los establecimientos y a las víctimas arrestadas, por su mera identidad de género, las sometieron al escarnio público: les raparon las cabelleras en la calle y las obligaron a pasearse con ropas de hombre. Para las autoridades, estas prácticas denigrantes formal parte de un programa de “reeducación social”. El tránsfobo objetivo final no es otro que “enseñarles” a “comportarse” como “hombres de verdad”.

Decenas de agentes de la policía local e islámica llevaron a cabo las detenciones durante la noche del sábado en cinco salones de belleza del distrito Aceh del Norte, en el norte de la isla de Sumatra, confirmó un activista en favor de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB).

«Por el momento todavía están recuperándose del trauma», declaró en conversación telefónica la fuente, que pidió mantener el anonimato, y añadió que los arrestados fueron liberados el domingo.

El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como «una amenaza peor que terroristas» y dijo que actuaron porque molestaban a los vecinos con un comportamiento que va «en contra de la sharia y la naturaleza humana», en declaraciones al portal de noticias «Kliksatu.com«.

Aceh, provincia que aprobó en 2002 la aplicación de la ley islámica, criminaliza las relaciones homosexuales y sentencia a los infractores a castigos corporales que pueden llegar a hasta los 100 bastonazos.

El investigador en asuntos LGTB de Human Rights Watch, Kyle Knight denunció, tras los arrestos de diciembre, que los políticos locales de Aceh han empeorado la situación al promover la homofobia.

Al menos 527 personas fueron azotadas en Aceh desde 2016 hasta octubre de 2017, por infracciones como apostar, consumir alcohol o adulterio, entre otros, según el centro de investigación indonesio Institute for Criminal Justice Reform.

El año pasado dos hombres fueron condenados por primera vez a ser azotados en público por mantener relaciones homosexuales.

Aunque Aceh es la única provincia del archipiélago que aplica la sharia, ONG y activistas han denunciado un aumento en la represión contra la comunidad LGTB en Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo.

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos. Lo que ha hecho que Amnistía Internacional reclame el fin de la cruel persecución al colectivo LGBT en Indonesia.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Y en octubre, la policía de Indonesia detiene a 58 personas en una redada a una sauna gay de Yakarta…

El pasado 20 de diciembre publicábamos que diez hombres habían sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

El 15 de noviembre del pasado 2016 conocíamos que el gobierno de Indonesia  acaba de prohibir el uso de GIFS en WhatsApp. Pero no sólo porque no se puedan enviar imágenes en movimiento  sino que lo han hecho para evitar que la gente se envíe imágenes pornográficas a través de la aplicación.

Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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Ante la polémica por la elección de María Elósegui Itxaso para integrarse como representante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, la magistrada no se plantea renunciar ante la polémica debido a sus declaracioens homofóbicas y transfóbicas. 

Seis años después de que el Parlamento Europeo solicitara a la Organización Mundial de la Salud que dejara de considerar la transexualidad como una enfermedad, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención de salud a nivel internacional confirma a finales de marzo del año pasado que así lo iba a hacer de cara a este año, aunque pasando de denominar que las personas transexuales tienen «trastornos de personalidad y el comportamiento» a denominar que tienen «incongruencia de género». Esa misma incongruencia parece estar instalada en la votación realizada este martes, 23 de enero, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante la que han elegido a María Elósegui Itxaso, juez y catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, para representar a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Gobierno español estaba obligado a presentar una terna de candidatos para el puesto, proponiendo junto a la magistrada a José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, y a Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional y favorito del gobierno quien se ha tenido que conformar con ningún voto, mientras que Elósegui se alza con el puesto por mayoría absoluta, señalando que podrá aportar al tribunal una «sensibilidad especial» con los derechos humanos y una perspectiva de mujer, siendo, de hecho, la primera mujer que España aporta al tribunal Europeo de Derechos Humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=n9llNI4gHXM

La sensibilidad y perspectiva a las que se refiere son aquellas que le han hecho notoria al haber demostrado su parcialidad en lo que se refiere a temas relacionados con la asignatura de religión y la iglesia, el aborto, el uso de preservativos y de la píldora del día después, la educación sexual, las personas transexuales y las homosexuales. «Es una clara patología referente al sexo psicológico que crea una severa disfunción que en no pocos casos conduce al suicidio», afirma la juez sobre las personas transexuales, denotando su preocupación por el fallecimiento de personas transexuales que no son asesinadas, así como considera que la conducta homosexual «es mucho más compulsiva, lleva, a pesar de la gran necesidad afectiva de estas personas, a tener un elevado número de parejas», dando por sentado que la promiscuidad está ligada a una orientación sexual determinada, la homosexual, y no a un género, el masculino, o un comportamiento, el heterosexual.

«Desde el Observatorio Español contra la LGBTfobia estamos verdaderamente alarmados y preocupados de que se haya elegido a la Jueza María Elósegui para un puesto de tal relevancia y compromiso social como el TEDH, con tales actitudes ante la diversidad sexual y otros temas muy alejados de la sociedad actual, y que consideramos anticientíficas, discriminantes, estigmatizantes y contra la dignidad de las personas LGBTI. Es lamentable que nos hayamos enterado tan tarde de estos antecedentes tan deplorables en una persona que deberá intervenir en futuros procesos sobre los derechos de las personas LGBTI en Europa. Una situación paradójicamente comparable a la elección de Arabia Saudita como miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres en Naciones Unidas el año pasado, o la elección de Venezuela, Emiratos Árabes y otros como miembros del Consejo de Derechos Humanos también de Naciones Unidas», declara con contundencia Paco Ramírez, presidente del Observatorio.

Ferviente defensora de la conspiración mundial de la «ideología de género» y la «ideología gay», Elósegui se opone al matrimonio igualitario y a que las parejas del mismo sexo puedan tener descendencia. Promover el uso del preservativo incita a la violación, según su opinión, en lugar de prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, de la misma forma que cuestiona el uso de la píldora del día después. Mientras apela a la libertad de cátedra al hablar de educación sexual, critica a quienes consideran que la asignatura religión está de más en un país laico. Si bien fomenta la fidelidad, recalca que es un valor todavía más importante para la mujer con el objetivo de lograr la felicidad de la pareja, fomentando de esta manera la sumisión de la mujer en el libro El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres. Incluso llega a defender las terapias de conversión, que ella denomina «terapias psicológicas-psiquiátricas» a las que opina deberían someterse las personas transexuales.

https://www.youtube.com/watch?v=EifxJdr6dVE

La Asamblea del Consejo de Europa está compuesta por 324 miembros y otros tantos suplentes repartidos en siete grupos que aglutinan a partidos políticos de distintos países. Con 12 representantes y otros tantos suplentes, entre diputados y senadores, la mitad pertenecen al PP, tres al PSOE, una Unidos Podemos, otro a Ciudadanos y uno más al PNV. Izquiera Unida, Podemos y En Comú, se han sumado a las críticas del colectivo LGBT por la elección de Elósegui, a la que califican igualmente de «homófoba».

Sin embargo, todas estas reacciones están equivocadas y responden a una mala interpretación de sus textos y sus opiniones, por lo que Elósegui ya ha manifestado su rechazo a renunciar a este puesto. «No pienso que la homosexualidad sea una enfermedad ni que los homosexuales padezcan enfermedades por su orientación sexual (…). Las declaraciones que se han reproducido se han sacado de contexto (…). De hecho, algunas afirmaciones que se me han atribuido forman parte de textos publicados en Latinoamérica que incluyen términos y expresiones, como ideología gay, que yo nunca he utilizado porque no estoy de acuerdo con ellos: no se ajustan a la realidad», declara Elósegui, recordando que es una firme defensora de los derechos humanos y la igualdad y está en contra de la discriminación, como demuestra su trayectoria en organismos como el Consejo de Europa, además de que estuvo integrada en el equipo que se encarga de elaborar el borrador de la ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres en España, promulgada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

https://www.youtube.com/watch?v=956I2rg0rJs

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Carmen Marcuello, Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, España, Francisco Pérez de los Cobos, Homofobia, Intersexualidad, José Martín y Pérez de Nanclares, LGTBfobia, Luis López Guerra, María Elósegui, María Elósegui Itxaso, Observatorio Español contra la LGBTfobia, Paco Ramírez, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Videos

Numerosos medios se han hecho eco este martes de la elección de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Se trata de la primera mujer que aporta España al alto tribunal europeo, algo que ha sido ampliamente saludado por medios y redes sociales. Por desgracia, como medio LGTB no podemos compartir este “entusiasmo”. Elósegui ha defendido en el pasado posturas sobre la homosexualidad que consideramos claramente homófobos, pero son sobre todos sus posicionamientos sobre la transexualidad, que de forma explícita considera una patología psiquiátrica, los que nos generan una mayor alarma, teniendo en cuenta la importancia del TEDH a la hora de determinar el grado de protección de las personas LGTB bajo la Convención Europea de Derechos Humanos.

María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante que deja Luis López Guerra en el TEDH (elegido en 2007 y cuyo mandato ya ha concluido). Los otros dos candidatos eran el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos (supuestamente el favorito del Gobierno) y José Martín y Pérez de Nanclares, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Martín y Pérez de Nanclares. Y aunque fue este último el que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora (7 de 10 votos, por 3 de Elósegui y ninguno de Pérez de los Cobos), la Asamblea Parlamentaria se decantaba finalmente por la única mujer de la terna  (114 votos, frente a 76 de Martín y 47 de Pérez de los Cobos).

Wikipedia afirma sobre María Elósegui que “sus investigaciones están centradas en Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural, desde una perspectiva jurídica y filosófica. También realiza trabajos de investigación sobre la igualdad Jurídica entre mujeres y hombres”. Sorprendidos de que una mujer con ese perfil hubiera sido incluida por un Gobierno tan conservador como el de Mariano Rajoy en la terna de candidatos a un puesto tan relevante, nos ha bastado una búsqueda en Google para encontrar testimonios del pensamiento de Elósegui. Y no son precisamente tranquilizadores desde el punto de vista LGTB.

Resumiendo su pensamiento, Elósegui es partidaria de un “modelo” de relación entre hombres y mujeres que se aleje no solo del modelo tradicional (superioridad del hombre) sino también del modelo “igualitario”. En este sentido, su posición es la de “igualdad en la diferencia”, que parte del supuesto de que la diferencia biológica entre mujeres y hombres condiciona necesariamente las esferas relacional y familiar. Y que tiene como derivadas la concepción de la homosexualidad, y sobre todo de la transexualidad, como una anomalía o disfunción propia de personas que no han sido capaces de acomodar su “psique” a esa realidad.

Podría argumentarse que esa es nuestra interpretación… Valgan algunos ejemplos para aquellos lectores que no acaben de creernos. María Elósegui es coautora de un artículo titulado “Sexo, género, identidad sexual y sus patologías”, publicado en Cuadernos de Bioética en 1999 junto a la ginecóloga Ana Carmen Marcuello. En este artículo, al que puedes acceder aquí, podemos leer, en referencia al momento histórico en el que “el primer feminismo radical [sic]“ plantea la igualdad absoluta de hombres y mujeres, lo siguiente:

(…) aparece la moda “bisexual”, se incrementa la homosexualidad que se presenta como un modo de vida “idílico” y se intenta buscar una base científica a la afirmación de que heterosexualidad y homosexualidad son aspectos igualmente normales de la naturaleza humana, que obedecen a mecanismos intrínsecos de las primeras fases del desarrollo. Conviene pues detenerse en resumir que es lo que en realidad conocemos sobre las posibles bases biológicas de la homosexualidad (…) Respecto a si la preferencia homosexual es patológica es un asunto que estaba fuera de duda para Freud quien consideraba la heterosexualidad como la condición adulta normal y la homosexualidad como un estado patológico de desarrollo interrumpido causado primordialmente por factores educativo-familiares (carácter absorbente de la madre, la hostilidad, debilidad o ausencia del padre, celos infantiles u otros factores).

Posteriormente desde la psicopatologia se ha definido la homosexualidad como “un estado persistente, postadolescente, en que el objeto sexual es una persona del mismo sexo y al que acompaña una aversión o repugnancia en diversos grados, a mantener relaciones con miembros de otro sexo” (Cavanagh). Muy recientemente el psicólogo holandés Gerard van den Aardweg ofrece en su libro “Homosexualidad y esperanza” una reflexión sobre las causas y soluciones a este problema con la experiencia de la atención directa de 250 pacientes de este tipo a lo largo de 20 años: “El estilo de vida homosexual -dice en el texto mencionado- se presenta de modo tendencioso e idílico, algo que se debe entender como simple propaganda, pues cuando se escuchan las historias de los homosexuales se ve claro que en ese género de vida no se encuentra la felicidad. Agitación en los contactos, soledad, celos, depresiones neuróticas, y, proporcionalmente, un elevado número de suicidios (por no mencionar las enfermedades venéreas y otras enfermedades somáticas) representan la otra cara de la moneda, que los medios de comunicación no muestran”. Es conocida la vivencia de la homosexualidad como sufrimiento (Guide) y el hecho de que la conducta homosexual supone una menor relación personal y una mayor dependencia del sexo dada la tendencia a obtener una gratificación sexual inmediata: la consecuencia es que el número de compañeros sexuales se multiplica y que el intento de presentar a una pareja homosexual como el equivalente a un matrimonio feliz no pasa de ser una pretensión sencillamente imposible (…).

Y esto es solo un pequeño fragmento del artículo, que recomendamos leer en su integridad para entender mejor el marco ideológico en el que se ubica María Elósegui por lo que a orientación sexual e identidad de género se refiere. Y que más adelante aprovecha también para lanzar una pulla a las familias mono y homoparentales: al defender el modelo de “igualdad en la diferencia”, asegura que es necesario “el reconocimiento de que no todos los estereotipos sociales atribuidos a los dos sexos son siempre indiferentes sino que algunos de ellos tienen una mayor raigambre o base biológica, de manera que no son una mera construcción cultural cambiable, sino que están inexorablemente unidos a la diferenciación sexual; así no es lo mismo ser padre que madre a la hora de educar a los hijos. Los dos papeles son insustituibles, complementarios y no intercambiables. Por tanto, tan perjudicial sería la desaparición de la figura de la madre, como la carencia de la figura del padre”.

La transexualidad, un síndrome psiquiátrico

Pero donde las tesis de María Elósegui alcanzan su mayor “esplendor” LGTBfobo es al referirse a la transexualidad con un enfoque fuertemente patologizante. Para conocer su opinión, nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui comienza refiriéndose a la intersexualidad como “hermafroditismo”, asegurando que las personas “hermafroditas” padecen una “disfunción en el desarrollo genético” pero que no tienen una identidad sexual ambigua y son “hombres o mujeres”.En este sentido, distingue esta condición de la transexualidad, “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia al asegurar que es la que se construye “desde el modelo 3” es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, explica:

Puedes ver la primera y la segunda parte de la charla también en YouTube. En la segunda parte Elósegui se explaya sobre la homosexualidad en el mismo sentido que el texto que reproducíamos anteriormente, definiendo además las relaciones sexuales como “recíprocas e interdependientes” entre hombre y mujer, cada uno de los cuales “aporta su diferencia”.

El discurso de Elósegui, en definitiva, no deja de ser más que una variante “laica” del que mantiene, por ejemplo, la doctrina oficial de la Iglesia católica cuando condena la que llama “ideología de género” y niega la existencia de las identidades trans o las considera en todo caso un alejamiento perverso del orden natural. No sabemos si, en este sentido, tiene influencia en su pensamiento  su hipotética pertenencia al Opus Dei (dato que sostienen algunas informaciones). En realidad da igual: la nueva jueza del TEDH mantiene posiciones que, verbalizadas más o menos educadamente y sin las estridencias que caracterizan a otros portavoces de la LGTBfobia, pueden sustentar razonamientos a favor de la discriminación jurídica de las personas LGTB, e incluso aberraciones como las “terapias reparadoras” de la homosexualidad y de la transexualidad. No es de recibo que una persona así tenga la capacidad de decidir sobre asuntos que directamente involucran a los derechos humanos de las personas LGTB. Por mucho que tenga otros méritos.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque residen en Australia, Stephen Heasley y Andrew Birg, de 39 y 31 años de edad, son naturales de Pensilvania, donde deciden contraer matrimonio con el objetivo de estar cerca de sus familias. Cuando se encuentran ultimando los preparativos para el enlace, en septiembre del año pasado, solicitan 100 copias de un programa de mano a Vistaprint. En lugar de lo que habían pedido, reciben 80 copias de un folleto de propaganda cristiana, motivo por el que este martes, 16 de enero, presentan una denuncia federal en Massachucetts contra la empresa de impresión, alegando que se los enviaron en forma de ataque y amenaza por ser homosexuales.

Stephen Heasley y Andrew Borg se casaron en Pensilvania (Estados Unidos) el pasado mes de septiembre. El día previo a la ceremonia recibieron el paquete de la imprenta en el que, supuestamente, se encontraban los recordatorios de boda que habían encargado. Sin embargo, en lugar de estos, la imprenta de Massachusetts Vistaprint les envió un panfleto con mensajes homófobos como: «Tentación comprensiva: luchen la buena batalla de la fe», es el titular del panfleto que recibe la pareja, en lugar del programa en tonos azules y dorados que habían solicitado en el que explicaban los eventos del día de su boda, junto con los nombres de los miembros de su familia. A la pregunta «¿Si tu egocentrismo es lo que te atrae al pecado, ¿qué puedes hacer para evitar la tentación?», responden unos versículos bíblicos cristianos para resistir los tres tipos de tentación de Satanás: «La lujuria de la carne es lo que atrae a nuestro cuerpo de una manera pecaminosa», dice el primero, «la Lujuria de los Ojos es lo que nos atrae al pecado cuando lo miramos», afirma el segundo, y «orgullo de la vida es lo que atrae nuestra autoestima de una manera que nos dirige a ser egocéntricos», concluye el tercero. “Es un acto de rebelión contra la santidad de Dios”, “Satanás seduce a tu carne con malos deseos” o “el pecado es el resultado de tu fracaso en resistir la tentación”, entre otras lindezas. En un principio, los afectados lo achacaron a un lamentable error. Sin embargo, esta misma semana han decidido denunciar su caso ante Tribunal de Distrito de Massachusetts por incumplimiento de contrato y dolor emocional. Vistaprint se ha disculpado y ha anunciado una investigación interna.

Stephen Heasley y Andrew Borg se casaron en septiembre el condado de Butler, al oeste de Pensilvania, porque el primero es oriundo de allí; aunque actualmente se han trasladado a Sídney (Australia). Michael J. Willemin, el letrado de la pareja, argumenta en la demanda que “los panfletos, claramente enviados para amenazar y atacar al Sr. Heasley y al Sr. Borg, porque son homosexuales, advierten de que ‘Satanás seduce a tu carne con malos deseos’”. Willemin también alega que “este caso presenta un ejemplo particularmente atroz de una empresa que se niega a proporcionar servicios iguales a los miembros de la comunidad LBGTQ”.

Por ello, finalmente, los afectados han decidido denunciar lo sucedido ante los tribunales estadounidenses por incumplimiento de contrato y daños morales así como porque Vistaprint se negó a hacerse cargo del error y tuvieron que pagar 80$ por la impresión y el envío urgente de los dípticos de la boda. En la demanda, a la que ha tenido acceso el New York Daily News, Andre y Stephen, además de reclamar el dinero y una indemnización han señalado que el envío de esos panfletos tenían una clara intención de odio y pretendían comparar su relación con la “tentación de Satán“. Según han explicado Heasley y Borg a través de un comunicado: “nuestro objetivo es responsabilizar a Vistaprint por el daño que han causado y dar una voz a otras personas que puedan haber sido victimizadas de manera similar, ayudar a prevenir que esto le suceda a otra persona y enviar un mensaje de que habrá consecuencias por actos de odio perpetrados contra otros…”, declara la pareja en un comunicado.

En la demanda explican que se sintieron «emocionalmente devastados por la conducta intimidante y discriminatoria de Vistaprinst», calificando el envío como un acto «atroz y despreciable» que les lleva a sentirse amenazados porque esas personas tienen la dirección donde viven sus familiares, lo que les lleva a sentir vulnerables a cualquier otra agresión de carácter homofóbico. «Nos casábamos en una granja familiar en lo que entendemos por ser una parte bastante conservadora y rural de Pensilvania. Si las personas malintencionadas decidieran enfocarse en nuestra boda e invitados, tendríamos muy pocas opciones para escapar o buscar refugio», declara Heasley.

https://www.youtube.com/watch?v=3yfXAvASPds

Fundada por Robert Keane en Holanda, Vitsaprint es una empresa que distribuye artículos promocionales y de impresión que ofrece sus servicios a autónomos, PYMES y particulares. Vistaprint, la imprenta a la que realizaron el encargo de sus recordatorios de boda, es una compañía multinacional que opera en más de 120 países de todo el mundo. En Estados Unidos tiene su sede en Massachusetts, aunque su centro mundial está radicado en los Países Bajos y su oficina europea de marketing se encuentra en la ciudad de Barcelona (siendo esta última “la base de Vistaprint para las iniciativas de marketing de la compañía en Europa”).

Mediante un comunicado, la compañía justifica que “acabamos de enterarnos de este incidente en las últimas horas. Entendemos lo molesto que sería para cualquier persona recibir materiales como estos la noche anterior a su boda e inmediatamente hemos lanzado una investigación interna”. La empresa también añade que “Vistaprint nunca discriminará a los clientes por su orientación sexual. Nos enorgullecemos de ser una empresa que celebra la diversidad y permite a los clientes de todo el mundo personalizar los productos para sus eventos especiales”.

«Vistaprint de ninguna manera aprueba, y no tolera, la discriminación contra ninguno de nuestros clientes en función de su raza, religión, género u orientación sexual. Alentamos a los miembros de la comunidad LGBTQ a usar nuestros servicios para ayudar a celebrar sus eventos de la vida durante muchos años, y han publicado miles de invitaciones de boda, programas y otro contenido para parejas del mismo sexo», declara Trynka Shimerman, directora ejecutiva de Vistaprint al día siguiente, 17 de enero, asegurando que han iniciado una investigación para saber el origen y las causas del envío, prometiendo una «acción enérgica» contra cualquier empleado responsable de tal acción. Asimismo, se comprometen a «planificar cómo podemos usar nuestra plataforma de marca global para compartir un mensaje de apoyo para el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad en todo el mundo».

Este es el recordatorio de boda que Stephen Heasley y Andrew Borg encargaron a Vistaprint:

Y este es el que recibieron un día antes del enlace en su domicilio:

Discriminación empresarial hacia contrayentes del mismo sexo

No es la primera vez que en los Estados Unidos una empresa protagoniza un caso de discriminación hacia contrayentes del mismo sexo en el marco de su boda. Hace poco más de un mes, precisamente, llegaba al Tribunal Supremo de este país la disputa sobre si una pastelería puede negarse a elaborar una tarta nupcial para una pareja homosexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Fuente | Pink News, vía Dosmanzanas/Universogay

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Importante pronunciamiento de Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso de Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton. Ya en entradas anteriores hemos comentado su historia: la pareja, casada en Bélgica, presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Una falta de reconocimiento legal que impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. El caso está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y aunque aún no hay sentencia, el informe del abogado general de la institución no deja lugar a dudas: los cónyuges de los matrimonios entre personas del mismo sexo de los ciudadanos de la Unión deben ser plenamente reconocidos en todo el territorio comunitario, con independencia de que cada Estado permita o no el matrimonio igualitario en su territorio.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, y como ya comentamos el pasado noviembre, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. Semanas después, nos llega una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) ha hecho públicas sus conclusiones sobre el caso. Y no pueden resultar más claras: la razón está de parte de los demandantes. Según detalla el comunicado de prensa del propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión, “el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión”. “Pues bien, aunque los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos internos, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión”, añade.

En este sentido, el abogado general observa que la norma europea no incluye ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar la condición de cónyuge, de modo que dicho concepto debe tener en toda la Unión una interpretación autónoma y uniforme. “Sobre este particular, el abogado general subraya que el concepto de ‘cónyuge’ en el sentido de la Directiva está ligado a un vínculo basado en el matrimonio, aun siendo al mismo tiempo neutro desde el punto de vista del género de las personas de que se trata e indiferente en relación con el lugar donde se ha contraído el matrimonio”, explica el comunicado. En este marco, el abogado general considera que, a la luz de la evolución durante el último decenio en materia de autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en virtud de la cual el término “matrimonio” designa solo una unión entre dos personas de distinto sexo ya no puede seguir aplicándose.

El abogado general va aún más lejos, al señalar que también que el concepto de “cónyuge” está relacionado necesariamente con la vida familiar, que está protegida de idéntico modo por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (distinto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y cuyo ámbito excede al de esta) ha reconocido que las parejas homosexuales, por un lado, pueden disfrutar de una vida familiar, y, por otro, deben tener la posibilidad de obtener el reconocimiento legal y la protección jurídica de su pareja. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha considerado que en el ámbito de la reagrupación familiar el objetivo consistente en la protección de la familia tradicional no puede justificar una discriminación por razón de la orientación sexual. Recordamos, en este punto, que hace solo unas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra Italia por discriminar a seis parejas del mismo sexo casadas legalmente en otros países. Los denunciantes habían recurrido a la justicia europea en 2012, cuando en este país no existía aún ninguna regulación legal de las parejas del mismo sexo. El Estado italiano fue condenado a indemnizar a cada uno de los demandantes con 5.000 euros.

En estas circunstancias, el abogado general considera que el concepto de “cónyuge” en el sentido de la Directiva incluye también a los cónyuges del mismo sexo. “En consecuencia, tal persona puede también residir permanentemente en el territorio del Estado miembro en que su cónyuge se ha establecido en su condición de ciudadano de la Unión tras haber ejercido su libertad de circulación. Esta conclusión es también aplicable al Estado de origen del ciudadano, cuando regresa a él tras haber residido permanentemente en otro Estado miembro en el que ha desarrollado o consolidado una vida familiar, como ha hecho el señor Coman con el señor Hamilton en el caso de autos”, explica el comunicado.

A la espera de una sentencia que marcaría un antes y un después en la Unión

Es importante destacar que las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia: su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero ahora son los jueces los que deben deliberar. La sentencia se dictará, por tanto, en un momento posterior, y no hay seguridad absoluta de que sea en el mismo sentido (aunque parece poco probable que sea de otra forma).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que con posterioridad deberá resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

Una decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convertiría en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sentaría un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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La asociación tunecina de defensa de los derechos LGTB Shams ha recibido numerosos insultos y amenazas, incluso de muerte, tras inaugurar el pasado mes de diciembre su cadena de radio en la red, que se cree que es la primera de su tipo en el mundo árabe. Los integrantes de la asociación, sin embargo, continúan en su empeño de promover la tolerancia y el respeto en un país donde las relaciones homosexuales son castigadas hasta con tres años de cárcel.

El 12 diciembre, la asociación LGTB tunecina Shams comunicaba la inauguración de una webradio, denominada Shams Rad, que, bajo el lema de «Igualdad y dignidad», quería dar a conocer la vida cotidiana de la población homosexual, bisexual y transexual de Túnez. Su intención es contrarrestar la visión absolutamente negativa que ofrecen generalmente los medios de comunicación en su país y su entorno.

Precisamente eligieron el formato online para poder difundir su mensaje no solo en Túnez, sino también en el resto de países de su entorno cultural. Para ello contaron con la colaboración de la embajada de Holanda en Túnez, con cuyo apoyo pudieron finalmente ofrecer su primera programación el 19 de diciembre, convirtiéndose, según los miembros de Shams, en la primera emisora de su tipo en el mundo árabe. Con un horario que abarca desde el comienzo de la mañana hasta medianoche, los integrantes de la emisora intentan, según sus palabras «abordar la vida cotidiana de la comunidad LGBT, el aspecto político, social y psicológico del este asunto. También habrá música, cine…».

Poco después de la inauguración, el Consejo Sindical de Imanes y Miembros de Mezquitas comunicaba la presentación de una demanda contra Shams, arguyendo que «el lanzamiento reciente de una radio por la asociación constituye un peligro inminente para nuestros valores y nuestra identidad religiosa y social». Incluso llegaron a afirmar que la asociación pretendía defender «la delincuencia sexual». Tras la demanda, llegaron a difundirse rumores de que el Ministerio del Interior había ordenado el cierre de la emisora, pero su portavoz lo desmintió, indicando que se trataba de un asunto fuera de sus competencias.

Lo que también han proliferado son los insultos y amenazas. Según el presidente de Shams, Mounir Baâtour, «hemos recibido más de cinco mil amenazas de muerte y también de quemar la sede de la emisora». A pesar de ello, los miembros de la asociación persisten en su empeño, pues, como afirma su director ejecutivo, Bouhdid Belhedi, «nadie habla honestamente sobre la comunidad LGTB. Esto ofrece a la gente una manera de defender a nuestra comunidad, algo que necesitamos en Túnez y en Oriente Medio».

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Bouhdid Belhedi, Discriminación, Homofobia, Islam, LGTBfobia, Mounir Baâtour, Radio, Shams, Shams Rad, Túnez

Este 1 de enero Bulgaria asumía, por vez primera, la presidencia de la Unión Europea. Tiene el triste honor de ser el país comunitario con mayores tasas de pobreza y a la vez de corrupción. Y al tiempo que la delegación búlgara empieza a calentar los sillones europeos, quizá con el objetivo de mejorar la vergonzante imagen de la clase política del país en el plano internacional, conocemos la noticia de Lily Babulkova y su esposa Dary. Se trata de una valiente pareja de mujeres que ha iniciado la batalla en los tribunales de Bulgaria por el reconocimiento del matrimonio igualitario. Ambas se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen no admite su unión matrimonial. El activista LGTB español Marco Vidal, que actualmente reside en Sofía (capital de Bulgaria), considera que “independientemente de que la demanda sea o no aceptada, aunque tenemos el precedente de Italia que debería ayudarnos a ser más positivos, creo que esto marcará un antes y un después en la visibilización del colectivo”.

Lily Babulkova ha explicado que “no queremos provocar a nadie, ni nos gusta, solo queremos tener nuestro derecho a que no se esconda bajo la alfombra” su caso, que a su vez abre un precedente para el resto de parejas del mismo sexo en Bulgaria. Por su parte, Denitsa Lyubenova, abogada de la pareja y miembro de la organización igualitaria búlgara Youth LGBT Action, espera persuadir al tribunal al referirse al Código de Derecho Internacional Privado, que rige el matrimonio entre ciudadanos búlgaros en un país extranjero.

La abogada y activista Denitsa Lyubenova, en declaraciones a la publicación búlgara huge.bg, ha dicho que “si se cumplen estos requisitos y se establece tal jurisdicción, el matrimonio en cuestión debe ser reconocido en Bulgaria”. Bajo la ley de la UE, Lyubenova espera que la pareja pueda reconocer su matrimonio sobre la base de que la legislación establece que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual. “En ningún caso los Estados miembros pueden restringir los derechos de sus ciudadanos, a pesar de las limitaciones en la legislación nacional relativas al derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo”, añade Lyubenova.

Lily Babulkova y Dary, conscientes de ser las primeras personas en batallar ante los tribunales búlgaros por el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo, argumentan que quieren ser mamás y, por lo tanto, “queremos tener un documento que actúe como una póliza de seguro en caso de que algo malo le suceda a una de nosotras. Muchas personas no se dan cuenta de que este acuerdo legal protege a los niños si ocurre una situación desagradable con uno de los padres: en caso de problemas legales, pierden al otro padre”; madre, en esta ocasión.

La pareja, además, clarifica que han denunciado su caso ante la justicia “con la clara conciencia de que el matrimonio será admitido a largo plazo, ya que no puede reconocerse automáticamente en nuestro país. Pero al menos tenemos un camino por recorrer. Hemos decidido que vamos a estar más en una brecha legal si no lo registramos en Bulgaria que si lo registramos”.

El activista LGTB español Marco Vidal, que actualmente reside en Sofía por motivos profesionales (en calidad de eslavista), comenta a dosmanzanas que en el acto de inauguración de la pasada edición del Sofia LGBTI Community Fest “tuve la oportunidad de escuchar un emocionante discurso de la abogada que defiende el caso de estas dos mujeres búlgaras que quieren que se les reconozca su matrimonio contraído en el Reino Unido. La demanda contra la administración búlgara acababa de ser interpuesta, y la abogada nos comentaba su alegría y su ilusión por lo que puede provocar este caso”.

Vidal considera que “independientemente de que sea o no aceptada, aunque tenemos el precedente de Italia que debería ayudarnos a ser más positivos, creo que esto marcará un antes y un después en la visibilización del colectivo. Ya se empieza a hablar en las noticias con más frecuencia de la comunidad LGTB, hay debates televisivos en los que participan los principales activistas de Sofía, e incluso se hacen reportajes sobre la intersexualidad”.

Por ello, “sin duda alguna, esto nos va a servir de precedente y va a empoderar al colectivo LGTBI. Esperemos que la denuncia sea favorable a Lily y Dary y que esto haga que otras muchas parejas reconozcan su matrimonio aquí. Sería el primer paso para exigir un cambio en la Constitución”.

Matrimonio igualitario y activismo LGTB en Bulgaria

La iniciativa judicial de Lily y Dary abre un camino muy importante para el activismo en Bulgaria. En este sentido, Lily sostiene que “a lo largo de los años, he visto una evolución en la actitud de una parte de los medios y la gran ventaja para nosotras es que cada vez más personas quieren escucharnos, no poner palabras en nuestra boca”. Asimismo, asegura que “es un proceso gradual y uno de los pasos es que las familias como la nuestra dejen de estar fuera de la ley”, puesto que “nuestra victoria no sería una pérdida para nadie”.

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre “entre un hombre y una mujer”, por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Tampoco las personas trans lo tienen fácil: hasta 1999 no hubo ninguna referencia legislativa que permitiera el cambio de identidad de género en el país y, todavía a día de hoy, a las personas trans que no se someten a una cirugía se les impide modificar la identidad en cualquier documento oficial, con el consiguiente estigma y discriminación al que se las somete.

Sí que hay que indicar que, muy lentamente, se van logrando pequeñas conquistas LGTB en Bulgaria. Según señala el último informe de ILGA-Europa sobre Bulgaria, “en 2016, tres personas trans recibieron reconocimiento legal de su identidad género por los tribunales sin tener que someterse a esterilización”.

Del mismo modo, también en clave positiva, las asociaciones LGTB Bilitis Resource Centre y Deystvie LGBT ayudaron a un hombre gay de Irán con su solicitud de asilo en Bulgaria en 2016. Su solicitud de protección internacional basada en la orientación sexual fue presentada ante la Agencia Nacional de Refugiados en julio de ese año y recibió una respuesta positiva en octubre.

Un país atenazado por el conservadurismo heteronormativo

Miguel Rodríguez, autor de Homofobia en los Balcanes (al que entrevistamos en 2015 con motivo de la publicación del libro), reflexiona que “la sociedad búlgara, como el resto de sociedades balcánicas, es eminentemente conservadora en lo que se refiere al reconocimiento de la comunidad LGTB. El delito de odio contra sus miembros no está regulado, y la Iglesia Ortodoxa sigue siendo una gran opositora, cuya influencia se hace notar especialmente fuera de Sofia”.

En declaraciones a dosmanzanas, Rodríguez agrega que “hay dos procesos que han ido de la mano: cada vez más misiones diplomáticas muestran su apoyo públicamente, se involucran en favor del colectivo y la sociedad civil, en este sentido, se siente más protegida y llama a puertas que antes parecían inalcanzables e inaccesibles. Aunque sea una iniciativa particular y tenga al orden legal en contra, qué mejor momento que este, con Bulgaria en la presidencia de la Unión Europea, para desmontar la discriminación oficializada”.

Marco Vidal, el activista citado en párrafos anteriores, comparte con Miguel Rodríguez que “Bulgaria, como todos los países balcánicos, está compuesto por una sociedad conservadora y, por tanto, por partidos políticos conservadores”. En relación a los derechos de las personas LGTB, Vidal analiza que “a diferencia de otros países europeos donde son los partidos socialdemócratas los que elevan propuestas de derechos civiles como el matrimonio igualitario, en Bulgaria no solo no hay ningún partido mayoritario, ni el conservador adherido al Partido Popular Europeo, ni el socialdemócrata, adherido a la Internacional Socialista, que apoye y defienda los derechos del colectivo”.

Además, durante la celebración del último Orgullo LGTB de Sofía, “fue la mujer del presidente del país, del Partido Socialista Búlgaro, la que lanzaría peores palabras contra el colectivo, llegando a decir que esta era una lucha innecesaria mientras haya jubilados en situación de pobreza”.

Así pues, el activista y eslavista español finaliza diciendo que “este panorama político dominado por la derecha y la pseudoizquierda conservadoras no ofrece muchas esperanzas al colectivo LGTB búlgaro. Sin embargo, con la presidencia de Bulgaria en la Unión Europea, con precedentes similares en países como Italia y con la presión de instituciones extranjeras que sí defienden Sofia Pride, con el tiempo la comunidad LGTB logrará, cuanto menos, mayor comprensión y defensa, sobre todo entre los jóvenes del país”.

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El pasado día 5 publicábamos el video de esta andanada homófoba. Ayer mismo nos enterábamos, a través de este artículo de Dosmanzanas, que este individuo siguió escupiendo homofobia en otro programa de la misma emisora de los obispos, que tienen luego el valor de decir que “No utilicemos la cabalgata de los Reyes para intereses personales o ideológicos”. Exigimos a la Conferencia Episcopal Española de quien depende la COPE una rectificación pública y la rescisión del contrato con el sr. Luis del Val sopena de ser cómplices de semejante canallada. Con rectificación o sin ella, esperemos que descienda considerablemente el número de contribuyentes que marca con la X la casilla destinada a esta Iglesia católica que permite estos desafueros… NI UN EURO PARA QUIEN NOS AGREDE.

Este jueves hacíamos un repaso de la polémica generada por la participación de una carroza por la diversidad en la cabalgata de Reyes del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Una polémica política alimentada por noticias falsas sobre el carácter de la carroza y que daba paso a comentarios plagados de LGTBfobia en redes sociales. Sin embargo, no ha sido hasta este viernes cuando (gracias al trabajo de @LGBTNews) conocíamos el alegato lanzado en la cadena COPE por el periodista Luis del Val. Sin duda uno de los llamamientos públicos al odio y a la discriminación de las personas homosexuales más graves de los que hemos tenido que escuchar en los últimos años en España.

Era en el programa Herrera en Cope, el pasado martes 2 de enero. Puedes escucharlo aquí, a partir del minuto 25:40. Lo reproducimos en su integridad a continuación:

Se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas, y en vez de los Reyes Magos van a ir drag queens de reinas. Melchor va a ser un travesti, Baltasar la tortillera y Gaspar, muy hormonado, irá enseñando las tetas. La cabalgata de Reyes que se celebra en Vallecas, la dedicada a los niños por orden de la alcaldesa, será exaltación del gay, y que los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas. Y si me acusan de homófobo se pueden ir a la mierda, porque el derecho del niño es superior a la afrenta de convertir tradiciones que desde años se celebran en un vituperio estúpido que de lugar está fuera.

Se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas, que esta reivindicación tiene tal improcedencia que consigue lo contrario de aquello que ellos pretendan. Si el Orgullo Vallekano a los niños no respeta, ¿por qué voy a respetar su miserable insolencia? Si invaden unos terrenos con irrupción que molesta, ¿por qué voy a respetar su indignidad manifiesta? ¿Y por qué voy a aguantar que en una infantil fiesta me organicen promociones con total inconveniencia? Además con mi dinero, que derrocha la alcaldesa, que en esto de las tontadas cada día más progresa.

Se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas. El día del Orgullo Gay en Madrid nadie protesta. ¿Qué tienen contra los Magos para hacer una revuelta? ¿Por qué tienen que meterse en la ilusión de la fiesta, en la magia de una noche, y querer que se promueva algo fuera de lugar en jornadas como esta?

Se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas, y aunque soy respetuoso con los gais y sus problemas, voy a hacer una excepción y hasta perder las maneras con Orgullo Vallekano y mi estúpida alcaldesa. Los gais son muy respetables, gente educada, muy seria. Los de Orgullo Vallekano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gay, son maricones de mierda.

La de por la mañana, hablando de “maricones de mierda” no fue sin embargo la única intervención de Luis del Val en la COPE sobre la materia. También habló del tema en su sección del programa La Tarde, con Luis Expósito. En este caso su argumentación fue comparar a una drag queen con un maltratador de mujeres, un violador, un gerontofílico o un pederasta. Puedes escucharlo aquí, pero también lo reproducimos:

Ya sabes, querido Expósito, que en la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas las estrellas no van a ser Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que en un tremendo avance hacia el progresismo la estrella va a ser una reina, una drag queen, que convertirá la cabalgata infantil en el primer ensayo de acercamiento a la realidad. Porque según los transgresores del mundo infantil, el colectivo Orgullo de Vallekas con K, ellos lo hacen para acercar la realidad al niño. Bien. El año que viene, Expósito, pueden sacar en la cabalgata a un padre rebanándole el cuello a una madre, algo real, cotidiano: sucede todas las semanas, para que el niño además de esperar la magia de un regalo, de un juguete, vaya familiarizándose con lo que le espera, sea una drag queen o un maltratador de mujeres.

Asimismo, como las niñas son muy inocentes, y dado que hay violaciones diarias, en una de las carrozas se podría representar un violador en plena faena. Y no podría faltar un bullying escolar debidamente representado, donde un grupo de niños y niñas insulten, agredan y maltraten a uno de sus compañeros. Creo que esto es ineludible, porque es posible que el niño tarde varios años en saber lo que es una drag queen, pero seguro que conoce lo que es el acoso escolar.

Asimismo habría que solicitar a esa alma de cántaro progresista que es la alcaldesa de Madrid que subvencione producciones cinematográficas que nos alejen ya de las almibaradas películas infantiles para que sean verdaderamente educativas para los niños y les acerquen a la realidad. El lobo sería un gerontofílico que ha violado a la abuela de Caperucita Roja y se ha metido en la cama, porque además de gerontofílico también es pederasta. Eso sí que es pedagógico. Vamos, envías el Orgullo de Vallekas con K a Hollywood, y en un año la madre de Pulgarcita es puta, el padre es travesti y Cenicienta es una call girl que se alquila solo hasta las doce de la noche.

Una cosa es luchar contra la discriminación, buscar la igualdad y el respeto, y otra muy diferente es hollar el terreno infantil con invasiones fuera de tono que causan el efecto contrario, precisamente el efecto contrario: homofobia y discriminación. Y una cosa son los problemas con los genitales, que hasta tienen arreglo con operaciones quirúrgicas, pero es mucho más grave esa falta de talento, esa ausencia de inteligencia y de ponderación, que avasallan y ensucian el derecho a los niños a la iluisón. Ahora bien, Expósito, si los padres de Puente de Vallecas lo admiten y les parece bien, lo siento por los niños, pero que se jodan sus padres porque tendrán la cabalgata que se merecen ellos, y que desde el más elemental sentido común creo que no se merecen sus hijos.

Las palabras de Luis del Val en una de las principales cadenas radiofónicas de este país, con una audiencia de cientos de miles de personas, hablan por sí solas. Nos cuesta escoger el fragmento más hiriente hacia las personas LGTB, pero nos quedamos posiblemente con su frase contra la “exaltación del gay” en la que se lamenta de que “los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas”. Los que hemos sido niños LGTB sabemos bien la carga de odio contenido en esa reflexión y el tremendo daño que hace a los más inocentes.

En el momento de escribir esta entrada desconocemos que la Fiscalía haya emprendido algún tipo de acción contra Luis del Val por unas palabras que entendemos se ajustan perfectamente a la definición de delito de odio contenida en el artículo 510 del Código Penal español, y que entre otra cosas castiga con penas de cárcel a “Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Quien sí ha anunciado su intención de denunciar en los juzgados y ante la Fiscalía es el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. Ha sido en declaraciones de Rubén López al programa Más Vale Tarde de La Sexta. El Observatorio Madrileño también denunciará lo sucedido a la administración autonómica madrileña al entender que viola la ley regional contra la LGTBfobia.

Lo sucedido también ha sido puesto ya en conocimiento de la Fiscalía por el activista Javier Víllora, que en un escrito a la fiscal delegada para los delitos de odio y discriminación en Albacete argumenta que las palabras de Luis del Val le afectan personalmente como gay visible en la ciudad manchega. “Ya he tenido que soportar y sufrir conatos de acosos por la calle, insultos anónimos por escrito, también por las calles, mobbing laboral por motivo entre otros de mi orientación sexual, etc. Estas palabras dichas, sin reproche público, desde una emisora de radio tan importante, animan y envalentonan a todas esas personas que luego practican la marginación y la discriminación, la violencia verbal y los conatos de acoso, cuando no el propio acoso”, argumenta Víllora.

El Observatorio Español contra la LGBTfobia (entidad vinculada a la confederación COLEGAS) también ha anunciado en un comunicado su intención de denunciar ante la Fiscalía y ante las comunidades autónomas que ya han aprobado leyes sancionadoras contra la LGTBIfobia el discurso del periodista de la COPE.

Estaremos pendientes de lo que sucede. Esperemos que, por una vez, la justicia no haga oídos sordos. No podemos, en cualquier caso, finalizar esta entrada sin al menos agradecer a Luis del Val una cosa: su terrible alegato ha clarificado perfectamente de qué iba la polémica sobre la carroza de la diversidad. No se trataba de tradiciones religiosas. No se trata de la ilusión de los niños. Se trataba, pura y simplemente, de homofobia. Utilizada como arma política contra Manuela Carmena, pero homofobia, al fin y al cabo.

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El pasado sábado día 5 adelantábamos los datos referidos a Madrid, hoy lo completamos con los de Cataluña con este artículo de Dosmanzanas:

Si bien no se han publicado todavía cifras oficiales, los recuentos provisionales que las diferentes entidades LGTB que trabajan sobre el terreno están dando a conocer apuntan a un incremento considerable de los incidentes por LGTBIfobia en 2017. Si a ello unimos que las noticias de agresiones en diferentes zonas de la geografía española no nos han dado respiro, está claro que hay serios motivos para la preocupación. Existen, pese a todo, aspectos positivos que resaltar: poco a poco las víctimas pierden el miedo a denunciar. El número creciente de agresiones, por otra parte, puede significar también que estamos ante unos niveles de visibilidad LGTB sin precedentes.

Ya desde principios de año nos llegaban noticias de una brutal agresión homófoba en pleno centro de Madrid, que dejó inconsciente a una de las víctimas. Asimismo, uno de los eventos considerados como más gay friendly, el Carnaval de Sitges, fue el escenario de otra agresión contra un joven gay. El mes de marzo se cerraba con dos brutales agresiones más también en Cataluña: una paliza a un joven homosexual en el barrio de Sants de Barcelona, y una agresión a una pareja de dos chicos a las puertas de una discoteca en Berga. El colectivo trans también fue el blanco de agresiones como la ocurrida en Sevilla el pasado mes de mayo, o en Valencia en julio -el autor de este último ataque se encuentra ya en prisión provisional– .

También la lesbofobia fue motivo de una agresión física este verano en Lleida, donde una pareja de chicas fue golpeada por un grupo de personas. El World Pride, celebrado el pasado verano en Madrid, fue también el escenario de una agresión homófoba por parte de un grupo neonazi. En octubre, tuvieron lugar dos ataques más en el metro madrileño en un intervalo de pocas semanas, poco después de una agresión a una mujer trans en esta misma ciudad.  Otras ciudades como Gijón o Ciudad Real presenciaron también graves incidentes homófobos este pasado otoño.

Por otro lado, Cataluña cierra el 2017 con dos brutales agresiones homófobas en los últimos meses del año: una de ellas ocurría en un tren de Renfe, donde una pareja de dos chicos era golpeada en presencia de otros viajeros; la otra, frente a la playa de la Mar Bella, en Barcelona, donde dos jóvenes sufrieron una brutal agresión.

Todas estas noticias suponen tan solo la punta del iceberg. Y es que, a estas agresiones físicas que han tenido más repercusión mediática, hay que añadirles otros tantos casos de agresiones, amenazas, insultos y episodios de discriminación que han ocurrido este 2017 en diferentes puntos del Estado, muchos de los cuales probablemente ni siquiera han sido denunciados.

Cataluña y Madrid: aumento de incidentes registrados por los observatorios

En el ámbito de Cataluña, los datos provisionales del Observatori contra l’Homofòbia indican un total de 112 incidencias por LGTBIfobia durante el año 2017, de las cuales 18 son agresiones físicas. Según este recuento provisional, en 2017 se habrían registrado 28 incidencias más que el año anterior (en 2016 se registraron 84 incidencias). Por lo que se refiere a Madrid, el recuento provisional del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia cifra en 287 el número de incidentes, 47 más que los recogidos por la misma entidad a lo largo de 2016. Es cierto que dicho crecimiento puede responder tanto a un aumento real de la LGBTIfobia como a una mayor tendencia por parte de las víctimas a denunciar lo sucedido.

En 2017 hemos visto también una creciente tendencia a la aprobación de leyes contra la LGBTIfobia a nivel autonómico, como la reciente ley andaluza de igualdad LGBTI. No obstante, también persiste la escasa implantación de algunas de estas leyes. Es el caso de la ley catalana, una de las más avanzadas del mundo en este ámbito, pero que sin embargo cuenta con una escasa aplicación práctica. Dicha ley prevé un régimen de infracciones y sanciones administrativas por actos LGBTIfóbicos que quedan fuera del Código Penal, pero que podrían ser sancionables por la administración autonómica. Sin embargo, el Observatori contra l’Homofòbia viene denunciando hace tiempo la falta de aplicación de dicho régimen sancionador por parte del Departamento de Igualdad de la Generalitat de Catalunya –que es el órgano competente para ello–.

La importancia de las entidades LGTBI en el proceso de denuncia

Lo que es evidente es que, ante el repunte de agresiones, las entidades LGTB -como el Observatori en Cataluña, el Observatorio Madrileño, y varias otras- se han convertido en los espacios de referencia para denunciar la LGTBIfobia. Espacios seguros donde dar una atención integral a las víctimas. Afrontar la problemática de este tipo de agresiones no es una tarea sencilla, y la perspectiva LGBT con la que trabajan estas entidades es clave para poder dar una atención adecuada a las víctimas de estos delitos.

En esencia, los delitos de odio no son más que una de las manifestaciones de las dinámicas de poder de una sociedad. Las agresiones por LGTBIfobia se utilizan como mecanismo para asegurar la jerarquía heteropatriarcal, según la cual el varón cisheterosexual mantiene una posición privilegiada. La violencia es utilizada, entonces, para reafirmar la identidad heterosexual del agresor -y el privilegio que ello conlleva- , una identidad que siente amenazada por la presencia de personas que no lo son. El agresor utiliza la violencia contra la persona LGTB para recordar a la víctima su posición inferior, y para dejar clara su identidad heterosexual. El problema de los delitos de odio por LGBTIfobia es que no solo mandan una amenaza a la víctima, sino que dicha amenaza se extiende a todo el colectivo LGTB, dejando claro que cualquiera que se comporte de una forma que el agresor considera “inaceptable” es una potencial víctima.

Las entidades LGTB, conocedoras de todas estas dinámicas discriminatorias, deben tener un papel fundamental a la hora de afrontar este aumento de la violencia LGBTIfóbica. Pueden ser cruciales para contrarrestar los peligros de la “normalización” o “trivialización” de las agresiones por parte de las víctimas, lo cual supone un gran obstáculo para denunciar. Pueden ayudar a la víctima de una agresión a superar el miedo a revelar la propia orientación sexual o identidad de género -cosa inevitable en muchos casos si se quiere denunciar una agresión- así como el miedo a posibles represalias o la desconfianza en los cuerpos policiales y el sistema judicial.

Pese al aumento de agresiones, hay motivos para ser optimistas: la comunidad LGTB está más organizada que nunca y cuenta con cada vez más entidades repartidas por todo el Estado. Además, el número creciente de agresiones puede significar también que estamos ante unos niveles de visibilidad LGTB sin precedentes, a lo que algunos reaccionan violentamente ante la impotencia de ver como el colectivo está cada vez más empoderado.

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Sarah Hejazy y Ahmed Alaa han abandonado la cárcel, tras el pago de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros). Son dos de los siete detenidos durante el concierto de la banda libanesa de rock alternativo Mashrou’ Leila, que congregó a unas 30.000 personas en El Cairo el pasado 22 de septiembre. Por el simple hecho de exhibir y agitar banderas arcoíris, siete personas fueron arrestadas y se les acusa de “unirse a grupos fuera de la ley, cuyo objetivo es alterar las disposiciones de la Constitución y la ley”. Sarah Hejazy y Ahmed Alaa, aunque estén en libertad provisional bajo fianza, siguen enfrentándose a los mismos cargos que el resto de arrestados. Según las cifras que maneja la Egyptian Initiative for Personal Rights (Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales o EIPR, en sus siglas en inglés) ahora mismo 54 personas siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género.

Como recogíamos en septiembre del año que acabamos de abandonar, siete personas eran detenidas por ondear banderas arcoíris durante el concierto en la capital egipcia de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay. Además de estos arrestos, el grupo musical se enfrentó a descalificaciones y de momento no volverá a tocar en el país, debido al veto del Sindicato de Profesiones Musicales egipcio (ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica).

El vicepresidente de dicho sindicato, Reda Ragab, condenó la actuación de la banda libanesa como “un escándalo contra nuestras tradiciones que está muy lejos del arte serio y con significado”. Mientras que la escritora Mona Eltahawy lamentó la persecución, tachando de “completamente ridículo” que se arreste a alguien por ondear una bandera o por su sexualidad.

Este 2 de enero ha saltado a la palestra informativa internacional la salida provisional de prisión bajo fianza de dos de las siete personas arrestadas en el citado concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo: son Sarah Hejazy y Ahmed Alaa (de 28 y 21 años, respectivamente). Un tribunal egipcio ha autorizado la liberación, tras el depósito de 2.000 libras egipcias (algo más de 93 euros) como fianza.

De las 54 víctimas que siguen detenidas en Egipto por apoyar al colectivo LGTB, por su orientación sexual (real o percibida) o por su identidad de género, “varias de estas personas ya han sido declaradas culpables de los cargos y diez acusados en nueve casos han recibido sentencias de prisión duras, que van de uno a seis años”, explica la EIPR.

Si bien la homosexualidad no está explícitamente prohibida por la actual legislación egipcia (aunque podría llegar a cambiar, lo que la ONU ya ha condenado expresamente), las 54 personas que permanecen en prisión comparten supuestos cargos como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Por su parte, la abogada Doaa Mostafa, que asistió a los interrogatorios de una de las chicas detenidas, ha explicado que lo más difícil no son las preguntas irrelevantes, sino saber que la víctima regresaría a una celda donde presuntamente fue agredida sexualmente.

El abogado de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, Ahmed Othman, también dijo hace unos meses que los interrogatorios se prolongan durante más de 10 horas. Al parecer, a los acusados se les pregunta acerca de sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, les obligan a revelar las contraseñas de sus cuentas en redes sociales y les investigan sus mensajes.

Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.

Egipto ha intensificado la LGTBfobia de Estado en 2017

El ya pasado 2017 no ha sido un buen año para en colectivo LGTB en Egipto. Este pasado año se ha producido una intensificación de la persecución LGTBfóbica de Estado: en octubre nos hacíamos eco de que, hasta ese momento 57 personas habían sido detenidas, básicamente, por su orientación sexual o identidad de género, así como por el mero apoyo a los derechos igualitarios (con los cargos oficiales anteriormente referidos).

De esas 57 detenciones, según EIPR, como decíamos, 54 todavía están en prisión (tras la liberación provisional de Sarah Hejazy y Ahmed Alaa). No obstante, hay que leer las cifras con precaución, pensando que la falta de transparencia de la administración y de la justicia de Egipto puede falsear la realidad y suponer, por lo tanto, un escoyo para esclarecer si hay otros casos ocultos por razones desconocidas e incluso por supuestos intereses de las élites.

En octubre de 2017 también conocíamos la noticia de que el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) daba la orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde abril del año pasado, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).

Makram Mohamed, responsable del SCMR, expresaba a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.

Los antecedentes LGTBfóbicos ya eran preocupantes…

En abril de 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.

Un año antes (abril de 2015) nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo, trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.

En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Ese mismo año, también informábamos de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión, por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

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Una carta enviada por la Conferencia Episcopal Estadounidense justo antes de Navidad anima a los padres a rechazar la ideología de género, tilda a las personas trans de “problemáticas” y anima a los padres a rechazar la identidad de género de sus hijos. 

Recientemente, un grupo de 20 líderes religiosos norteamericanos de diversas confesiones ha publicado una declaración donde rechazan la “ideología de género” (expresión que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente la lucha en favor de los derechos trans). Dicho pronunciamiento lleva por título Creados hombre y mujer. Carta abierta de líderes religiosos, y en él se declaran contra el principio de autodeterminación de genero. Con todo, una consideración más detenida muestra que su representatividad es limitada.

Y así, la Conferencia Episcopal de EE.UU. acompañada por representantes de otras confesiones, ha dejado claro que por mucho que sea Navidad, su homofobia les sale por los poros. Y acaba de animar a los padres a rechazar a sus hijos trans. Unos canallas. En una carta publicada estos días, los obispos católicos estadounidenses han señalado que las personas trans son “profundamente problemáticas” y que lo de cambiar de género es una “idea falsa“. Así animan a los padres de menores trans a negarse a aceptar a sus hijos y, por supuesto, a posicionarse radicalmente en contra de que transicionen.

Una vez más, líderes religiosos de cierto peso se hacen notar por su rechazo a reconocer la realidad trans. En esta ocasión, además, el pronunciamiento tiene un carácter ecuménico, al reunir a líderes de diferentes confesiones. Al expresar su rechazo,  los firmantes hacen ciertamente una salvedad al asegurar que “respetan” a quienes se sienten “insatisfechos” con el sexo que les fue asignado al nacer, pero niegan todo valor a esta experiencia, pues rechazan que se pueda cuestionar la noción de dos sexos fijados desde el nacimiento. Un  hecho, según ellos, marcado por la creación divina y que no puede ser contradicho por el hombre.

Hecha esta “aclaración”, el documento no duda en cargar duramente contra la manida y mentirosa idea a la que llaman “ideología de género”, acusándola de grandes males y cómo ésta ha sembrado la confusión en la sociedad: “Los niños son especialmente dañados cuando se les dice que pueden ‘cambiar’ su sexo o, más aún, que se les pueden dar hormonas que afectarán su desarrollo y hacerles estériles de adultos (…) La ideología de género daña a los individuos y sociedades al sembrar confusión y duda sobre sí mismo”, afirma. Pero va más allá, al culpar a esta “ideología” incluso de la discriminación que sufren las personas trans: “El movimiento actual, que quiere implementar la falsa idea de que un hombre puede convertirse en una mujer o viceversa, es profundamente perturbador. Obliga a la gente o a ir contra la razón  -es decir, aceptar algo que no es cierto- (…) o a enfrentar el ridículo, la marginación y otras formas de represalia”. “Los padres merecen una orientación mejor en estas importantes decisiones, y urgimos a las instituciones sanitarias a honrar el principio médico básico de no hacer daño.” dice la impresentable y antievangélica carta episcopal.

Siguiendo con la ideología de género,  después de justificar la transfobia, los obispos añaden que desean “salud y felicidad para todos los hombres, mujeres y niños” y por eso reclaman leyes que protejan “la verdad sobre la identidad sexual de las personas“., la carta asegura que “El propio estado tiene por lo tanto un gran interés en mantener las políticas que se basan en el hecho científico de la biología humana y de apoyar a las instituciones sociales y las normas que las rodean.” Por si esa frase te genera alguna duda, lo de “apoyar a las instituciones sociales” es, básicamente, un llamamiento a mantener los beneficios sociales y fiscales de la Iglesia. Y si no se protegen vendrán ellos a fomentar la discriminación que es lo que lleva al alto nivel de exclusión y suicidios de las personas trans para luego crear la falacia de que la culpable es la “ideología de género”.

“Creemos que Dios creó a cada persona hombre o mujer y, por lo tanto, la diferencia sexual no es un accidente o un error: es un regalo de Dios que nos ayuda a acercarnos los unos a los otros y a Dios. Lo que Dios ha creado es bueno.” Hay que remarcar, que esto lo están diciendo un grupo de señores que prometen celibato… y luego abusan de menores y se tapan entre ellos. Lo normal. “Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Dios nos creó según su imagen, Dios creó al hombre y a la mujer.”

Ya sabemos que a los obispos les encanta meterse donde no les llaman y, sobre todo, hablar sobre cosas que ni comprenden ni quieren comprender. Nadie le dice a los niños que pueden cambiar su sexo y por supuestísimo nadie les da hormonas como si fueran caramelos. Pero ¿desde cuándo a los obispos les ha importado decir la verdad?

Con esta carta los obispos católicos estadounidenses deciden mantenerse en sus posiciones tránsfobas y profundamente perjudiciales para los menores trans y sus familias.  Ellos que tanto dicen respetar las escrituras han decidido saltárselas a la torera (en la Biblia no hay ni una mención a las personas trans, por cierto) y predicar el rechazo y el odio hacia la diversidad sexual y de género.

El documento llama la atención también por sus firmantes. Son principalmente líderes de confesiones cristianas, aunque hay también algún representante musulmán. Entre ellos están obispos católicos marcadamente conservadores como Charles J. Caput, arzobispo de Filadelfia, así como Joseph C. Bambera, obispo de Scranton (Pensilvania), Joseph E. Kurtz (Louisville, Kentucky) y James D. Conley (Licoln, Nebraska). No están, sin embargo, obispos católicos que han mostrado actitudes muy diferentes, muy especialmente el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, quien ha vuelto a destacar recientemente por su apoyo público al jesuita James Martin, autor de un libro donde invita a tender puentes entre la iglesia católica y la comunidad católica.

Entre los firmantes, como hemos señalado, hay también miembros de otras confesiones cristianas, entre ellos obispos anglicanos como Foley Beach o luteranos como John F. Bradosky. En estos últimos casos, sin embargo, se trata sobre todo de representantes de grupos desgajados de las iglesias principales. Beach es obispo de la Anglican Church in North America, una iglesia escindida de la Iglesia Episcopaliana, principal rama anglicana en Estados Unidos, mientras que Bradosky lo es de la North American Lutheran Church, escindida de la Iglesia Luterana Evangélica de América. En ambos casos, además, la separación se produjo justamente por la integración de la realidad LGTB en la teoría y práctica de sus iglesias de origen.

Este documento, pues, no es otra cosa que un ejemplo más de “ecumenismo conservador”, al que no debería darse más valor del que tiene: los representantes de las iglesias protestantes pertenecen a ramas minoritarias. Incluso dentro de la jerarquía católica tampoco las voces de los firmantes son ya las únicas que se oyen. Aún así es preocupante que el texto, en teoría una “carta” que solo representa a los firmantes, haya sido publicada en la página web de la Conferencia Episcopal estadounidense.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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La última imbecilidad de un obispo… con la que tienen ellos con los abusos sexuales en Australia, hasta con el Cardenal Pell imputado… Mejor calladitos.

El arzobispo de Sídney, Anthony Fisher, ha afirmado en su mensaje de Navidad que los creyentes católicos deben considerar el 2017 como un “annus horribilis” (año horrible), por la aprobación de matrimonio igualitario, la revelación de los abusos sexuales a menores en las escuelas católicas y la aprobación de una ley sobre el derecho a una muerte digna en el estado de Victoria. Ha equiparado, sin ambages, el respeto de los derechos civiles de los ciudadanos LGTB con el abuso pertinaz y continuado sobre niños por parte de miembros de la Iglesia católica.

Anthony Fisher, arzobispo católico de Sídney, ha aprovechado el tradicional mensaje de Navidad a sus feligreses para hacer un repaso de lo acontecido en el 2017, un año que estima lleno de desafíos para su confesión religiosa. Según sus palabras: “Para las personas de fe, se podría decir que ha sido un ‘annus horribilis’, ya que nuestra concepción cristiana del amor ha sido desafiada en los debates sobre el matrimonio y la eutanasia; la libertad religiosa de Australia se ha puesto en duda”.

El arzobispo se refería a la reciente aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, tras un amplio debate social que culminó en un referéndum no vinculante, que se saldó con una amplia mayoría favorable. También a la aprobación hace unos días de una ley sobre el derecho a una muerte digna en el estado de Victoria.

Solo después de criticar las nuevas leyes, el arzobispo también ha señalado como uno de los desafíos para la iglesia católica en el año 2017 la difusión del informe de la Comisión Real sobre el Abuso Infantil, que detallaba casi 4.500 casos de abuso sexual a menores por parte de más de 1.800 miembros del clero e instituciones católicos. Un informe que se cree tan solo la punta del iceberg de los casos ocurridos en los últimos 30 años. Fisher se ha referido a ellos como “los vergonzosos crímenes y encubrimientos en nuestra Iglesia descubiertos por la Comisión Real”.

En efecto, para el arzobispo de la ciudad más populosa de Australia, el derecho de una parte de sus conciudadanos a acceder en igualdad a las instituciones civiles es un problema del mismo rango que el abuso sexual de niños por parte del clero católico, persistente y encubierto durante décadas. Es el mensaje que ha querido ofrecer a sus feligreses como celebración de la Navidad.

El portavoz de Equality Campaign, Clint McGilvray, estima que la equiparación que hace el arzobispo entre el matrimonio igualitario y el abuso sexual a menores perpetrado por el clero católico, al ponerlos en el mismo contexto, es algo “completamente equivocado“. Según McGilvray, “lo primero celebra lo mejor de los valores australianos, lo mejor de quiénes somos y lo que somos. En cuanto a lo otro, pienso que lo que ha sucedido es algo terrible y que la Iglesia tiene que asumirlo. Como católico, sé que la mayoría de los católicos australianos votaron a favor [del matrimonio entre personas del mismo sexo], porque es lo que está en línea con los valores de nuestra fe”.

Hay que señalar que, en su día, el arzobispo Fisher negó que la mayoría de los australianos hubieran apoyado el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar del resultado favorable de la consulta popular, pues sumaba a los opuestos al matrimonio igualitario a quienes decidieron abstenerse.

Fuente Dosmanzanas

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Otra buena noticia que nos llega desde Cataluña: la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona solicita tres años de cárcel para José Miguel Camargo, detenido en septiembre de 2016 en Mataró (Barcelona) por lanzar mensajes abiertamente homófobos a través de internet. El Observatori contra l’Homofòbia se ha felicitado por la decisión de la Fiscalía, aunque insiste en la necesidad de que se ponga el mismo empeño a la hora de identificar a otros agresores. 

Recordamos el caso: José Miguel Camargo fue denunciado por usuarios de redes sociales, así como por los observatorios madrileño y catalán contra la homofobia, por grabar diversos vídeos en los que incitaba a la violencia contra las personas LGTB. En uno de ellos, por ejemplo, y en referencia al Circuit (multitudinario festival gay que cada mes de agosto tiene lugar en Barcelona), aseguraba contar con “13 días para prepararme”, insinuando además que estaba preparando una masacre homófoba como la ocurrida en junio de 2016 en Orlando, Florida:

El perfil que incitó al odio a LGTB y por quien presentamos denuncia ante @Policia Nacional ha sido detenido pic.twitter.com/Pr9DFUezbJ

— ObsMadLGTB (@ObsMadLGTB) 3 de septiembre de 2016

En otro vídeo, el detenido promovía lo que para él era “la canción del verano”, cuya letra, abiertamente homófoba, decía “si quieres matar a un palomón, ¡dale! / disparales en la cabeza y no pares”, a la vez que simulaba cargar el arma. De hecho, según el comunicado con el que la Policía Nacional hizo pública su detención, José Miguel Camargo “publicó en un solo mes un total de 31 vídeos en su canal de YouTube, incluso después de que muchos otros hubieran sido ya eliminados por dicha red social por ser considerado su contenido inapropiado. De entre estos vídeos destacan dos en los que él mismo aparece con un arma de fuego, no pudiendo apreciar en las publicaciones si real o simulada. Dicha arma fue intervenida en el momento de la detención, tratándose de una pistola de fogueo de la marca Walther P22”. Camargo, según hizo pública la propia Policía, tiene antecedentes por malos tratos y lesiones, así como una privación al derecho de tenencia de armas. Sobre él pesaba, de hecho, una orden de búsqueda por parte de un juzgado de Barcelona. En su casa tenía una pistola de fogueo de 9 milímetros, de apariencia casi idéntica a la de un arma de fuego real, que era al parecer la que mostraba en sus vídeos amenazantes y a la que no afectaba dicha prohibición. Pese a ello, siempre según la Policía, tampoco disponía de la tarjeta municipal necesaria para la reglamentación de estas armas.

De hecho, después de ser puesto en libertad tras aquella detención José Miguel Camargo continuó haciendo gala de su matonismo contra el colectivo LGTB, al publicar otro vídeo en el que amenazaba al colectivo Arcópoli.

Odio en redes sociales e internet

Tras una orden judicial emitida en octubre de 2016, el perfil de Twitter de José Manuel Camargo, @db9cama5, se encuentra hoy día protegido, mientras que su canal de YouTube, “Stop homofascistas canal antiheterofobia”, ya no ofrece contenidos (aunque seguimos visualizando, por ejemplo, el vídeo en el que amenazó a Arcópoli). Su página web, “Stop homofascistas”, está clausurada, pero mientras permaneció activa estuvo subtitulada como “descubriendo a los psicópatas de los que somos presa los hombres heteros”. En ella era posible ver los vídeos (incluso después de que desapareciesen de YouTube), plagados de mensajes homófobos, tránsfobos y machistas, así como diferentes textos en los que llamaba a las personas LGTB “basura social” entre otros apelativos cargados de odio. La declaración de intenciones de su web era bien demostrativa del tipo de personaje del que se trata y de su peligro potencial:

En el contenido de esta web encontraras todas la claves por las cuales se rige el HOMOFASCISMO (homosexuales fascistas anti hombre heterosexual) mal llamado FEMINISMO o FEMINAZISMO, así como todas sus formas de manipulación a la sociedad para hacernos creer una discriminación inexistente hacia el colectivo mujer heterosexual y homosexual en cualquiera que sea sus vertientes, recordemos que el género no existe en los seres humanos, sino el sexo (hombre o mujer). Aquí aprenderás la manera de neutralizar los ataques HOMOFASCISTAS, reconociendo sus dogmas y eufemismos utilizados en la manipulación del lenguaje para obtener beneficios, privilegios y prebendas del estado, pasando desapercibidos al común de la sociedad, dormida ante semejante violación de los derechos de hombres, mujeres y niños.

Te animo a que sigas esta web y así entre todos volver a disfrutar de una igualdad real sin privilegios para mujeres parasitas del sistema ni para HOMOFASCISTAS, los cuales, su único objetivo es discriminar negativamente al hombre heterosexual, dejando al descubierto el alto grado de odio que nos procesa este colectivo.

¡DESPIERTA HOMBRE HETEROSEXUAL! Estas siendo engañado, manipulado, vilipendiado y marginado a extremos bastardos e inimaginables sobre los pilares de una sociedad moderna en pleno siglo XXI.

Por fortuna, este indeseable se enfrenta ahora a la justicia, algo de lo que se ha felicitado el presidente del Observatori contra l’Homofóbia, Eugeni Rodríguez, que ha lamentado sin embargo que sigan sin identificar los autores de diversas agresiones de carácter LGTBfobo ocurridas este año en Cataluña, como las ocurridas durante el pasado carnaval de Sitges, en Berga y en el barrio de Sants de Barcelona, en un tren de RENFE entre Girona y Barcelona o el reciente ataque en el barrio de la Mar Bella, también en Barcelona.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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La Fundación del Español Urgente ha escogido “trans” como una de sus doce candidatas de 2017 a palabra del año. Se trata de una lista de términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. 

“Trans”, según la Fundéu, “es un acortamiento válido de los adjetivos transexual y transgénero”. “Aunque en algunos contextos se emplean indistintamente las palabras transgénero y transexual para referirse a las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, en otros la segunda se aplica solo a quienes, además, han iniciado un proceso de reasignación mediante tratamientos como la hormonación o la cirugía. Trans es un acortamiento adecuado desde el punto de vista lingüístico (como foto, tele, hetero o progre) que engloba los dos términos anteriores y es, en general, la forma preferida por las personas de este colectivo”, argumentaba en marzo de 2017 esta entidad.

“Al igual que transexual y transgénero, trans es un adjetivo que se emplea en ocasiones como sustantivo («un/una trans»). La comunidad LGTB rechaza este uso y prefiere que se utilice como adjetivo («una persona trans»). En todo caso, no es preciso destacarlo con cursivas ni comillas”, continuaba la Fundéu. “Para aludir al rechazo a las personas trans se emplea el sustantivo transfobia. El adjetivo preferible es tránsfobo, aunque la forma transfóbico no es incorrecta”, añadía.

Al hilo del término “trans”, la Fundéu hacía también una referenca al término “cis”: “El uso de los términos transexual y transgénero ha dado lugar, en este contexto, a la aparición de sus contrarios, cisexual y cisgénero, con los que se alude a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Se usa también, y es válido, el acortamiento cis”.

La Plataforma por los derechos Trans lo celebra

Tras conocer la inclusión del término entre las candidatas, la Plataforma por los Derechos Trans # Nadie Sin Identidad ha mostrado en un comunicado su satisfacción “por la visibilidad que supone para un colectivo que por ignorancia vive en la exclusión social y en una falta de protección jurídica que le garantice el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género como derecho humano fundamental”, en palabras de su presidenta, Mar Cambrollé.

Para esta plataforma, “aunque desde hace aproximadamente 25 años los colectivos de gais y lesbianas nos incluyeron en el acrónimo LGTB, paradójicamente al tratarse de realidades distintas, orientación e identidad, las políticas LGTB han hecho más hincapié en las demandas y visibilidad de las personas gais y lesbianas”. “Lo que no se visibiliza, no existe, y lo que no existe, no tiene derechos, por ello es de suma importancia para nuestra comunidad la visibilidad de la palabra trans, máxime cuando estamos a las puertas de que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley integral para las personas trans”,  explica Alejandro Moreno, secretario de organización de la Plataforma.

La Fundéu, cada vez sensible a la terminología LGTB

La Fundación del Español Urgente (también conocida como Fundéu BBVA, o ya simplemente como Fundéu) fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Cuenta además con el asesoramiento de la Real Academia Española de la Lengua, aunque reacciona de forma mucho más rápida que esta por lo que a las necesidades de nuevas recomendaciones y términos se refiere.

La Fundéu comenzó a escoger “palabra del año” en 2013, con intención de destacar aquellos nuevos términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. En las ediciones previas las elegidas fueron escrache (2013), selfi (2014) y refugiado (2015). En 2016 la ganadora fue populismo, aunque una de las doce candidatas finales fue LGTBfobia”, como recogimos en su momento. Y que duda cabe que este 2017, debido sobre todo a la campaña de odio promovida por la organización HazteOír, palabras como “trans” y “transfobia” han estado muy presentes en los medios.

La Fundéu también ha mostrado una capacidad de rectificación digna de agradecer en estos tiempos en los que reconocer errores propios es una rareza; el pasado noviembre retiró la recomendación de utilizar matrimonio homosexual en lugar de matrimonio igualitario tras analizar los argumentos contrarios que desde diferentes ámbitos del movimiento LGTBI se le hicieron llegar.

Fuente Dosmanzanas

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Diez hombres han sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

Los diez condenados formaban parte de los 141 detenidos el pasado mayo en el curso de una redada que tuvo lugar en una sauna de la capital indonesia, donde supuestamente se celebraba una “fiesta gay”. El pasado jueves, un tribunal los encontró culpables de violar la ley contra la pornografía, aprobada en 2008, y que no solo prohíbe cualquier representación de relaciones sexuales sino también la “acción pornográfica”, un término legal que incluye desde demostraciones de afecto en presencia de terceras personas o la desnudez (aunque sea parcial).

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos. El pasado mayo, por ejemplo, dos jóvenes fueron fustigados públicamente con 83 latigazos, una barbarie que causó estupor entre los defensores humanos en todo el mundo. La conmoción causada hizo que las autoridades de Aceh se estén planteando ejecutar estas sentencias sin público presente.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo, que ha desembocado ahora en la condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y hace solo dos meses tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Hace pocos días aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco ha durado el respiro, por desgracia.

Fuente Dosmanzanas

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Foto Twitter de Kaím

La Comisión 19 de Marzo, un colectivo formado por activistas feministas y LGTB de Extremadura, ha denunciado públicamente la agresión sufrida por un chico transexual en una discoteca de Mérida, al intentar acceder al baño que correspondía a su identidad de género. El colectivo ha lamentado además la actitud de la Policía Nacional, que “no supo dar respuesta adecuada” a la víctima cuando acudió a interponer la correspondiente denuncia.

Los hechos ocurrieron, según el comunicado que ha difundido la Comisión 19 de Marzo, la semana pasada en la discoteca Poseidón de la capital extremeña. Un chico transexual, Kaím, intentó acceder al baño de hombres, hecho que desencadenó la agresión tanto al joven como a un acompañante que lo defendió. “No solo quisieron impedirle el acceso, sino señalarle ante el resto de personas, agrediéndole tanto a él como a su amigo”, refiere la nota del colectivo. “Las víctimas denunciaron ante la Policía los hechos sucedidos (…) Desde la Comisión 19 de Marzo queremos recriminar no solo la agresión y el acto de humillación que se quiso hacer, también la actitud pésima de la Policía, que no supo dar respuesta adecuada a la víctima”, añade.

La Comisión 19 de Marzo, además de expresar su solidaridad con las víctimas, ha demandado a la Junta de Extremadura que “ponga en marcha ya los protocolos de actuación policial para que en las comisarias puedan saber cómo actuar y qué deben evitar cuando se encuentren ante un caso de LGBTIfobia”.

El propio Kaím, de hecho, ha contado en su canal de YouTube algunos detalles más de la agresión. Allí explica que el agresor (al que se unieron después varios más) lo conocía ya, y que el principal damnificado fue su cuñado y amigo, que sufrió, entre otras lesiones, un esguince y contusiones faciales. Por lo que se refiere a la actitud policial, aunque sí se tramitó la denuncia como un posible delito de odio, el joven comenta que una mujer policía le aseguró que lo recomendable es que use el baño en función de lo que diga su DNI, y no de su identidad de género.

Extremadura no es inmune a la LGTBfobia

En septiembre hacíamos referencia a un acto vandálico claramente planificado contra dos murales en favor de la igualdad LGTBI en Pizarro (Cáceres). Un par de meses antes, nos hacíamos eco de una agresión homófoba en Villanueva de la Serena (Badajoz). Y el junio recogíamos otro ataque vandálico de carácter homófobo, también perfectamente planificado, a “Los colores de Mérida”, un monumento a la diversidad LGTBI inaugurado pocos días antes en la capital de Extremadura.

Y es que Extremadura, una región en la que los colectivos han desarrollado un gran trabajo de concienciación sobre la realidad LGTB, no es ni mucho menos inmune a la LGTBfobia. Según la estadística del Ministerio del Interior sobre delitos de odio correspondiente a 2016, en Extremadura fueron denunciados tres incidentes relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Es cierto que son cifras bajas en comparación con otras comunidades, pero como el ejemplo de la agresión de Villanueva de la Serena ilustraba, en muchos casos (especialmente en entornos rurales en los que víctimas y agresores son conocidos) las víctimas presentan una escasa disposición a denunciar.

Extremadura cuenta, conviene recordar, con una avanzada ley de igualdad y no discriminación contra las personas LGTBI, aprobada por unanimidad en marzo de 2015 (en concreto, el 19 de marzo, fecha que precisamente da nombre al colectivo que ahora ha denunciado la agresión tránsfoba de Mérida). Sin embargo, más de dos años y medio después de su aprobación sigue sin tener un completo desarrollo reglamentario, como denunciaba el exdiputado regional Víctor Casco a raíz de la agresión de Villanueva de la Serena y como ahora denuncia el colectivo 19 de Marzo.

Algo que, por desgracia, parece estar convirtiéndose en costumbre en aquellas comunidades que han aprobado leyes similares, incluso antes que en Extremadura: el pasado mes de junio, por ejemplo, activistas catalanes ocuparon durante unos minutos el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat como protesta por la falta de aplicación y por el incompleto desarrollo regalmentario de la ley catalana contra la LGTBIfobia, aprobada en octubre de 2014.

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La Administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los investigadores y personal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés) que no utilicen determinadas palabras y términos en sus informes e investigaciones. No podrán utilizar las palabras “transgénero”, “diversidad”, “vulnerable”, “feto”, “derecho”, ni las expresiones “basado en las pruebas” y “basado en los datos científicos”. Se teme que lo que persiga la Administración sea la desaparición de las investigaciones y recursos sanitarios para las personas LGTB y otras minorías, así como llevar hasta los organismos encargados de la Salud Pública sus sesgos ideológicos respecto a los derechos de las mujeres y las minorías.

En una reunión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que tuvo lugar el pasado jueves 14 en Atlanta, el personal fue instruido de que una serie de términos y palabras quedaban vetados en los informes oficiales del organismo. Las instrucciones, que llegaron desde el Departamento de Servicios Financieros de la agencia, se referían a la utilización de las palabras transgender (transgénero*), diversity (diversidad), vulnerable, fetus (feto) y entitlement (derechos). Todas ellas quedaban prohibidas, así como los términos evidence-based (basado en las pruebas o evidencias) y science-based(basado en los datos científicos).

Los CDC forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, actúan a nivel federal y su función es el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de las enfermedades y salud ambiental, así como la realización de actividades de educación y promoción de la salud. Conforman una de las agencias más importantes del Sistema de Salud de los Estados Unidos, y sus recomendaciones son además una importantísima referencia a nivel internacional.

A los investigadores y resto de personal de los CDC no se les han ofrecido términos alternativos para la mayoría de los ahora prohibidos, excepto para las expresiones “basado en las pruebas o evidencias” y “basado en los datos científicos”. A partir de ahora, deberá afirmarse que “los CDC basan sus recomendaciones en los datos científicos, así como en la consideración de los estándares y deseos de la comunidad”.

La noticia, como no puede ser menos, ha sido recibida con estupor por parte de la comunidad científica. Los investigadores y educadores sanitarios tienen claro que la intención de la Administración es mediatizar la investigación científica y el acceso a los medios sanitarios con sesgos ideológicos. Para las personas transexuales supone su invisibilización, tanto en lo que respecta a la investigación como al acceso a tratamientos y programas de uso específico para su comunidad. También el resto de la población LGTB se ve afectada, pues no podrá hacerse mención de sus necesidades como colectivo diverso y vulnerable. Por poner un ejemplo, no podrá mencionarse ningún programa de prevención del VIH y otras ETS dirigido a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

La repercusión que puede tener esta medida es grande, dado que esos informes deben acompañar a los presupuestos en materia de salud que presentan ante el Congreso para su aprobación. Se estima que los presupuestos sanitarios para el 2019 estarán en manos del presidente Trump a principios del próximo mes de febrero, y que ya deberían estar adaptados a los nuevos vetos.

El doctor Dr. Loren Schechter, miembro de la Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgénero declaraba que “no estoy seguro de cuál es la razón fundamental para hacer esto, aparte de intentar borrar del mapa a ciertos tipos de personas”, en referencia a la prohibición de las palabras “transgénero” y “diversidad”. Ciertamente, la invisibilización de las personas transgénero, su expulsión de los ámbitos donde el Gobierno tiene responsabilidades, parece una obsesión del presidente. No hay que olvidar la orden, firmada por Trump, que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército, repetidamente paralizada por decisiones judiciales.

Desde Planned Parenthood, una organización de apoyo a la planificación familiar, afirmaban que “está más claro que nunca: esta Administración ha dado de lado la salud de las mujeres, las personas LGTBQ y la Ciencia desde el primer día”.

*En referencia a transgender, conviene precisar que en inglés este término es de uso más extendido que transgénero en castellano, y se utiliza además en numerosas situaciones en las que en castellano se usa el adjetivo transexual.

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