Seis de cada diez personas LGTBI en Europa evitan ir de la mano con sus parejas en público. Dos de cada cinco han sufrido acoso durante el último año. Una de cada cinco personas trans e intersexuales ha sufrido ataques físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGTBI. Una de cada cinco se sintió discriminada en el trabajo y más de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. Por lo que se refiere a la situación económica, una de cada tres personas LGTBI tiene dificultades para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y trans (aproximadamente una de cada dos). Son algunos resultados de una encuesta promovida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa. Con 140.000 personas encuestadas, se trata de hecho del mayor sondeo jamás realizado sobre la materia en el continente.

Según el comunicado hecho público por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, cada vez más personas LGTBI se muestran abiertas sobre quiénes son, pero el miedo, la violencia y la discriminación siguen siendo elevados. «Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad», afirma el director de la Agencia, Michael O’Flaherty, con ocasión de la publicación de la encuesta. La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, asegura por su parte que pese a los avances de los últimos años «las personas LGBTI+ siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más preocupante, hemos presenciado recientemente en la Unión Europea incidentes anti-LGTBI+ tales como ataques en las manifestaciones del Orgullo, la adopción de declaraciones de ‘zona libre de ideología LGBTI‘, multas por publicidad proLGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben sentirse seguros y libres de ser como son».

Por lo que se refiere a los detalles de la encuesta, llevada a cabo entre mayo y julio de 2019 a 140.000 personas de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte, y resumidos en el informe A long way to go for LGBTI equality («Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI»), no parece haber una gran evolución respecto a la primera encuesta sobre la materia realizada por la misma institución en 2012 y dada a conocer el año siguiente. Algunos datos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral: el 21% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas en el trabajo por ser LGTBI durante el año anterior (el 19% en 2012). El colectivo con mayor discriminación es el de las personas trans, en el que de hecho se observa un destacado aumento (36% en 2019 frente al 22% en 2012). Y el 11% de las personas encuestadas habían sentido discriminación en su búsqueda de empleo en el año previo, frente al 13% de 2012. También el colectivo trans es, en este caso, el más discriminado (35% en 2020, un porcentaje no muy distinto al de 2012, un 33%).

Sensibles diferencias entre países

Sin embargo, los promedios ocultan grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, al ser preguntados por los esfuerzos de sus gobiernos contra la discriminación de las personas LGTBI, un 40% de los malteses encuestados creen que su gobierno sí se esfuerza de forma eficaz, frente a solo un 2% de los polacos. De hecho, el 83% de estos están convencidos de que su gobierno no se esfuerza en absoluto, frente a solo un 3% de los malteses. España ocupa una posición intermedia, aunque por las fechas en las que se realizó la encuesta, en pleno cambio político, es complicado extraer conclusiones a este respecto.

Por lo que se refiere al nivel de visibilidad de las personas LGTBI, España escala posiciones hasta situarse en sexto puesto, detrás de Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bélgica. Un 26% de los encuestados LGTBI españoles se visibiliza abiertamente (frente al 43% de los encuestados holandeses o al 45% de los daneses), un 27% lo hace relativamente, un 24% lo hace poco y un 23% casi nunca se visibiliza. Los países en los que las personas LGTBI se encuentran en mayor porcentaje en el armario son Rumanía, Bulgaria, Lituania, Serbia y Macedonia del Norte.

Un gesto concreto, pero muy revelador: atreverse a ir de la mano de tu pareja en público sin temor a ser objeto de agresión. Un 61% del total de las personas encuestadas lo evita, siempre o casi siempre. Hay, obviamente, diferencias entre países: los más reticentes son los polacos (83%) y los croatas (84%), pero incluso en los países en los que las cifras son más bajas el porcentaje es significativo. El 39% de los encuestados finlandeses y austriacos, por ejemplo, lo evitan siempre o casi siempre, pese a ser el de estos dos países, de hecho, el porcentaje más bajo sumando las dos categorías (le evitan siempre y lo evitan casi siempre). En el caso español, el 48% de las personas encuestadas lo evita siempre o casi siempre. Un porcentaje que por cierto es inferior al de los Países Bajos (57%) o Bélgica (75%).

Por lo que se refiere al acoso en sus diferentes variantes, un 38% de las personas encuestadas lo han sufrido en el último año (un porcentaje que asciende al 48% en el caso de las personas trans). Y en este caso las diferencias entre países del este y del oeste de Europa se difuminan: Letonia, Rumanía, Lituania, Reino Unido, Bélgica y Polonia encabezan la clasificación, que cierran Portugal, Chipre, Dinamarca y Malta.

Se trata, en definitiva, de una encuesta con multitud de datos, que os invitamos a explorar con detalle. Para ello, además del informe mencionado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un explorador de datos en línea que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo «L», «G», «B», «T» o «I» y al que puedes acceder aquí. Y aquí puedes acceder a fichas con los resultados en cada país, entre ellos los de España.

Partiendo de todos estos resultados, por cierto, la Agencia de los Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las personas LGBTI, en particular en las siguientes esferas (reproducimos literalmente):

Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean tratadas con igualdad.

Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación.

Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos de la vida.

Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad.

Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se convierta en una realidad.

Fuente dosmanzanas

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Un brote de coronavirus ha puesto a la ciudadanía LGTBI surcoreana en el punto de mira. Las autoridades sanitarias han detectado treinta casos con posible origen en una zona de ambiente gay de Seúl, por lo que han procedido al cierre de tres discotecas. El sistema de rastreo de contactos está buscando a más de 3.000 personas, muchas de las cuales son reacias a testarse por temor a que su orientación sexual quede al descubierto. Como parte de su estrategia contra el virus, el Gobierno de Corea del Sur hace públicos los movimientos y algunos datos personales de los contagiados de COVID-19, una información que han utilizado varios medios para exponer nombres y direcciones de afectados por este brote. La comunidad LGBTI teme una caza de brujas alentada entre otros por la creciente influencia de las iglesias evangélicas, que espolean la homofobia social.

La expansión de la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 ha dado alas a la búsqueda de cabezas de turco entre algunos colectivos. Ahora le ha tocado el turno a la comunidad LGTBI surcoreana. El origen de esta situación está en un brote cuyo origen se atribuye a una zona de ambiente gay de Seúl. El viernes pasado, las autoridades procedieron al cierre de tres discotecas, King, Queen y Trunk, localizadas en el barrio de ocio nocturno conocido como «Homo Hill». Se confirmaron unos treinta casos ligados a este distrito. Los equipos de rastreo de los infectados está buscando aún a más de 3.000 personas que pueden haber estado en contacto con el virus.

La estrategia del Gobierno surcoreano contra la COVID-19, que ha recibido los parabienes de la comunidad internacional por atajar la expansión de la enfermedad, tiene un coste: la difusión de datos personales y de movimientos de los contagiados, que permiten su identificación con poco esfuerzo. Entre ellos, la edad, nacionalidad y barrio de residencia, así como los pagos realizados con tarjetas de crédito en establecimientos. Con estas premisas, la comunidad LGTBI es especialmente vulnerable en este rebrote. Aunque puede conllevar una multa de hasta dos millones de wones (unos 1.500 euros), muchos de los afectados son reacios a hacerse la prueba por temor a que queden expuestas sus visitas a bares de ambiente gay, revelando su orientación sexual.

Un «outing» que han alentado algunos medios y páginas web ligadas a las iglesias evangélicas, en auge en el país y muy hostiles con el colectivo. Se han llegado a hacer públicos incluso nombres y lugares de trabajo de afectados, exponiéndolos a una situación de gran inseguridad en su entorno laboral y familiar. La campaña homófoba cobró fuerza tras publicarse que uno de los pacientes que han dado positivo por coronavirus había visitado una sauna gay. Los activistas temen que la sociedad se vuelva contra la comunidad, de forma similar a como ocurrió durante los primeros años de la epidemia de VIH/sida.

El daño está hecho y puede crecer más aún, aunque el primer ministro Chung Sye-kyun ha intentado rebajar la crispación afirmando que «no ayuda» a la lucha contra la pandemia señalar como culpables a determinados colectivos. La situación pone de nuevo de manifiesto la vulnerabilidad en la que quedan muchas personas LGTBI en esta crisis sanitaria global. También aviva el debate sobre hasta qué punto es legítimo sacrificar el derecho a la intimidad y a la vida privada en aras de la lucha para frenar la expansión del virus y qué medidas deben tomar los Gobiernos en este contexto para proteger a los colectivos más susceptibles a la discriminación y la estigmatización social.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatori Contra l’Homofòbia ha registrado hasta la fecha 22 incidencias por LGTBIfobia durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus en Cataluña, un periodo durante el cual, según la entidad catalana, se ha agravado la situación de acoso y discriminación que sufren numerosas personas del colectivo LGTBI. El dato ha sido hecho público en un comunicado emitido por la entidad catalana con motivo de la conmemoración, este 17 de mayo, del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Hemos recogido alguno de los incidentes, como la agresión verbal que tuvo lugar en el Mercado Municipal del Clot hacia un joven por parte de un miembro del personal de seguridad. Pero no ha sido ni mucho menos el único. «Durante el confinamiento se ha dado un proceso de volver a encerrarse en el armario por parte de aquellos jóvenes que no pueden expresar su identidad u orientación en sus casas», ha denunciado el presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez. Una situación que ya previamente han denunciado otras entidades, como la FELGTB, Rodríguez, además, alerta de la situación que viven las personas mayores LGTBI que viven en residencias y que «por evitar situaciones de discriminación y soledad deciden censurarse». Un colectivo del que desgraciadamente tendemos a olvidarnos con facilidad.

En relación al colectivo trans y las personas migrantes, Eugeni Rodríguez ha denunciado que su precaria situación laboral se ha visto agravada y que muchas personas trans están conviviendo con quienes no respetan su autodeterminación de género. El presidente del Observatori ha destacado otras situaciones de vulnerabilidad que se han producido a lo largo de estos días y la entidad ha recogido, como son casos de violencia intragénero y de violencia en la red. «El odio se ha trasladado al único canal del que disponía que son las redes sociales con mensajes de acoso, descrédito, descalificación o difusión de estereotipos negativos y estigmatizadores, ya sea en mensajes directos, comentarios en publicaciones o a través de emisiones en directo», comenta Rodríguez.

El presidente del Observatori ha insistido en que «las políticas feministas y LGTBI deben deben ir de la mano y ser el eje central de las políticas de cualquier administración», aunque ha querido destacar muy especialmente la importancia del municipalismo en la tarea de erradicar la LGTBIfobia. Y ha aprovechado para recordar la necesidad de la aprobación de las leyes estatales trans y LGTBI.

En 2019 se dispararon las incidencias registradas por el Observatori

Recordamos que el Observatori contra l’Homofòbia hacía pública al comenzar 2020 el número total de incidencias por LGTBIfobia registradas por la entidad en 2019 en Cataluña: 161, una cifra que suponía un aumento del 44% respecto al 2018, cuando se registraron 113.

Eugeni Rodríguez detallaba entonces que «el disparo de las incidencias se ha dado de forma muy pronunciada en la ciudad de Barcelona» y que «respecto al ámbito son el ocio nocturno y el transporte público donde más LGTBIfobia se registra». Es obvio que la situación de confinamiento que vivimos desde el mes de marzo, y que afecta muy especialmente a estos dos ámbitos, supondrá un cambio muy significativo en el perfil de las agresiones este año 2020: el contexto familiar y vecinal cobrará un mayor peso. Algo que no es, precisamente, una buena noticia.

Fuente Dosmanzanas

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Con motivo del Día contra la LGTBIfobia que se celebra el próximo domingo 17 de Mayo

La Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Trans y Bisexuales (FELGTB), la entidad de derechos humanos OutRight Action International e ILGA Europa, entidad referente a nivel internacional a la que pertenece FELGTB, alertan de la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas del colectivo LGTBI como consecuencia de la crisis del COVID-19 puesto que el confinamiento y la privación temporal de libertad agrava las discriminaciones ya existentes.

En este sentido, apuntan que, con 90 países en cuarentena y casi 4.000 millones de personas refugiándose en casa de la pandemia, las personas LGBTI experimentan en la actualidad un mayor riesgo de violencia doméstica (intragénero o la sufrida por jóvenes confinados con familias LGTBIfóbicas), un mayor aislamiento, sobre todo las personas mayores, y una mayor precariedad económica, en muchos casos, derivada de discriminaciones previas que las empujaron a actividades no reguladas, a la vez que sufren una disminución de recursos, puesto que las propias organizaciones LGBTI que ya trabajaban precariamente y luchan ahora por su supervivencia financiera.

Según explican estas entidades, las personas LGTBI sufren en general niveles más altos de violencia, exclusión y privación de derechos debido al estigma, la discriminación y la criminalización de su realidad en muchos países del mundo, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad mayor. Asimismo, recuerdan la problemática a la que se enfrentan muchas familias LGTBI ante los cierres de fronteras, puesto que determinados documentos emitidos en un país, como certificados de matrimonio, filiaciones y certificados de identidad de género, pueden no ser reconocidos en otro.

Además, las entidades ponen de manifiesto que los altos niveles de estigmatización y discriminación de los servicios de salud han apartado a las personas trans e intersex de los sistemas sanitarios durante años, lo que puede generar retrasos a la hora de buscar atención médica cuando se precise. Del mismo modo, alertan sobre las interrupciones en el acceso a determinados tratamientos imprescindibles para las personas LGTBI, como la medicación relacionada con el VIH o la terapia hormonal, que se están produciendo en la actualidad en muchos países como consecuencia del colapso de los sistemas sanitarios por la crisis del COVID-19.

Igualmente, estos organismos denuncian la situación de millones de personas refugiadas, incluidas las personas LGTBI solicitantes de asilo, que se encuentran en campos de refugiados con condiciones sanitarias e higiénicas propensas a la propagación del virus. Las personas LGTBI que conviven en estos centros se encuentran, además, a menudo sin espacios seguros y expuestos a la LGTBIfobia por la que huyeron de sus países de origen.

Por otra parte, las entidades muestran su preocupación por los abusos de poder cometidos por determinados estados como Turquía, Polonia, Uganda y Filipinas, donde las primeras investigaciones revelan que se está aprovechando la implantación de medidas para controlar la pandemia para mermar los derechos de la población LGTBI, así como la proliferación de los discursos de odio en países como Ucrania, Kenia, Ghana, Rusia o los Estados Unidos, entre otros, en los que, generalmente, líderes religiosos conservadores, relacionan directamente la crisis sanitaria con las personas LGTBI.

Legislación como garantía de derechos

Con motivo del Día Internacional contra el LGTBIfóbia, ILGA Europa ha presentado su informe anual 2019 sobre la situación de las personas LGTBI en Europa. Según esta investigación, prácticamente la mitad de los países europeos (49%) se ha estancado en materia de derechos LGTBI sin que se produzca en ellos ningún tipo de avance desde el año anterior.

Sin embargo, tal y como defiende la copresidenta de la Junta Ejecutiva de ILGA-Europa, Darienne Flemington, “es precisamente ahora cuando los gobiernos deben mantenerse firmes en el estado de derecho y los derechos humanos”. Y es que, tal y como explica la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, “esta emergencia de salud pública convive con una crisis de desigualdad estructural que provoca que las personas vulnerables sufran mayores riesgos. Ante la situación actual, las personas LGTBI y otras poblaciones vulnerables solo tendrán las leyes como escudo, por lo que ahora es más importante que nunca que los gobiernos garanticen sus derechos a través de las legislaciones”.

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda que España sigue sin una legislación estatal que garantice los derechos de las personas LGTBI. “Las personas trans siguen sin ver reconocida la autodeterminación del género, lo que dificulta su acceso al mercado laboral y, en situación de emergencia, a determinados recursos de ayuda. La violencia intragénero sigue siendo una gran desconocida para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, los menores siguen expuestos al acoso y al ciberacoso sin protocolos, ni formación en sus escuelas y las parejas de mujeres siguen sin poder filiar a sus descendientes sin estar casadas, discriminación que se ha agravado durante confinamiento cuando los registros suspendieron las uniones matrimoniales”, denuncia.

Por todo esto, y “para evitar discriminaciones y riesgos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo”, reclama que se apruebe “una ley estatal que iguale los derechos de las personas trans y LGB a los del resto de la población”.

España ha ascendido en el ránking de ILGA a la sexta posición desde la undécima que ocupó en la edición de 2018, sin embargo, la presidenta de FELGTB explica que no es motivo de celebración. “Hemos subido en el ránking gracias a la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el acceso al cambio registral de género a los menores trans, lo cual fue una buena noticia, pero las personas LGTBI no podemos depender exclusivamente de sentencias judiciales, necesitamos una legislación estatal que iguale nuestros derechos independientemente del territorio en el que residamos”, asegura.

• Ránking Ilga Europa
• Situación de las personas LGTBI en Europa según ILGA Europa
•  Informe OutRight Action International

Fuente FELGTB

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Estamos viviendo uno de los momentos más duros de la era moderna a causa del COVID-19, un virus terrorífico para nuestra salud que está colapsando sistemas sanitarios. Pero no solo afecta a nuestra salud, en un macabro efecto dominó, también está devastando economías y afectando a lo social de múltiples formas que van desde la limitación de derechos al aumento de la discriminación de las personas LGBTIQ+.

It Gets Better en México ha comunicado que durante los primeros días del confinamiento, hubo un repunte de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans expulsadas de sus hogares. Y es que el combo de ser «diferente», contárselo a una familia que no lo entiende y pasar 24 horas bajo el mismo techo son los ingredientes para el desastre.

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Carina Mejías, una de las personalidades más destacadas de Ciudadanos en Cataluña, ha abandonado la formación naranja tras su reciente giro a posiciones más moderadas de la mano de su nueva líder, Inés Arrimadas. Ciudadanos «pierde» de esta forma a una política que en su momento destacó por su defensa de las políticas homófobas del PP, y cuyo fichaje criticamos en su momento. Justo es que ahora destaquemos su marcha.

Como en su momento destacamos, antes de integrarse en Ciudadanos y ser candidata de este partido a la alcaldía de Barcelona, Carina Mejías fue portavoz del grupo popular en el Parlamento catalán. Lo fue en una época en la que los populares se oponían con fuerza a la equiparación de los derechos de las personas LGTBI, muy singularmente en Cataluña, una posición con la que Mejías parecía encontrarse especialmente cómoda. En una carta dirigida en 2007 a Josep Miró i Ardèvol, presidente de la organización ultraconservadora E-Cristians, Carina Mejías presumía de las acciones que el PP había llevado a cabo contra la decisión de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por una coalición de fuerzas de izquierda presidida por el socialista José Montilla) de convertirse en miembro asociado de la ILGA o como protesta contra un festival de cine LGTBI que según Mejías «utilizaba» en su publicidad la fotografía de un menor.

El motivo de la carta de Mejías no era otro que el de defender al PP de la época como el partido que más frontalmente se oponía a los derechos LGTBI, después de que el presidente de E-Cristians mostrase su preferencia por Unió Democràtica de Catalunya. Mejías le recordaba a Miró i Ardèvol que el entonces presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tenía «inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual, regulan el matrimonio express, reduciéndolo a un simple papeleo, o no tienen pudor a dar su apoyo incondicional a la LOE, la Ley de Educación que incluye la asignatura de ‘educación para la ciudadanía`’, legitimando así el adoctrinamiento moral de nuestros hijos». «El Partido Popular defendió el voto en contra de todas las iniciativas legislativas enunciadas por ser contrarias a sus principios ideológicos, inspirados en el humanismo cristiano, y a sus convicciones morales, y fue capaz de soportar con entereza durísimas descalificaciones por ello. Por eso nadie, podrá jamás cuestionar nuestra firmeza y nuestro compromiso», añadía Mejías.

Años después, tras su incorporación a Ciudadanos, Carina Mejías era preguntada de nuevo sobre la materia en Osoigo.com. «Siempre he sido partidaria del reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones entre personas del mismo sexo. Además, tras la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la norma de 2005 se reconoció como plenamente legal y constitucional una realidad social», respondía entonces Mejías. Muy parecida respuesta daba al diario El País. «Hay una ley en vigor y estamos a favor de que se reconozcan los efectos de las uniones de las personas con el mismo sexo», repetía. Pese a su conversión al más puro estilo Pablo de Tarso, resulta curioso con Mejías evitaba todavía el uso de la palabra «matrimonio» en su respuesta e insistía en el concepto «uniones».

Carina Mejías fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán y finalmente en el Congreso de los Diputados (dejó de serlo el pasado diciembre). Hace pocos días anunciaba su abandono de la formación naranja después del giro hacia posiciones más moderadas protagonizado por su nueva líder, Inés Arrimadas. Un giro materializado en el acuerdo con Pedro Sánchez, por el cual Ciudadanos apoyó la última prórroga del estado de alarma por el coronavirus solicitada por el Gobierno a cambio de la aceptación de algunas de sus propuestas. «He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos. La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido», se justificaba Mejías en Twitter.

Una marcha de la que, por qué no decirlo, nos congratulamos. No nos consta que Carina Mejías se ha significado en materia LGTBI durante su vida política dentro de la formación naranja como sí lo hizo cuando militaba en el PP, pero siempre nos parecerá una buena noticia la desaparición de la primera línea política de personas que han defendido en el pasado políticas contrarias a nuestros derechos sin pedir perdón por ello. No está de más recordar, por mencionar uno de los ejemplos que recogía la carta de Mejías al presidente de E-Cristians, la furibunda campaña de los sectores más conservadores de la sociedad catalana del momento contra la decisión de la Generalitat presidida por José Montilla de ingresar en ILGA, a la que el PP no dudó en sumarse en sede parlamentaria cuando Mejías era su portavoz.

Fuente Dosmanzanas

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Por Alejandra Zani y Verónica Stewart

Foto: Cárcel de Ezeiza/Centro de Información Judicial

Pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios denuncian la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET da cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.

En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.

El 24 de abril, un guardia de seguridad del Complejo Penitenciario de Villa Devoto dio positivo en las pruebas de Covid-19. La noticia generó una enorme preocupación entre los presos que venían exigiendo la falta de insumos para higiene personal y limpieza. A partir de esto, comenzó un motín que terminó con varios heridos y la conformación de una mesa de diálogo entre distintas autoridades, representantes de Derechos Humanos y delegados de los distintos pabellones. Finalmente, esta semana comenzaron a realizar tests de coronavirus en los reclusos.

“Yo llamé al pabellón de Devoto porque estaba preocupado por unos amigos y me comentaron que ya hay chicos infectados por el virus. Pusieron a todo el pabellón en cuarentena, porque allá no hay celda individual, les dieron guantes y barbijos y se hizo el hisopado a todos. Pero entre los tests de la ciudad más los de la cárcel, cuando los resultados estén va a ser un poco tarde. Lo que sucede con el coronavirus en las cárceles es una bomba de tiempo”, cuenta Emiliano. Tal es así que los chicos del Pabellón A debieron organizarse para juntar sus preculios, el salario que perciben por sus tareas diarias, e invertirlo en lavandina y otros insumos de higiene.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, Josefina Alfonsín, quien también integra la Comisión por la Absolución para Luz, asegura que desde los pabellones decidieron denunciar las irregularidades y la situación que están viviendo. “Están con ganas de contar la situación en la cárcel, que actualmente es sumamente delicada desde que arrancaron los motines en Devoto, y que se replicaron a modo de distintas protestas en otras cárceles. Sabemos que esta situación trae más violencia y represión”, explica Alfonsín a Presentes.

Hace poco, en Facebook se dio a conocer una fanpage con el nombre Gays privados de su libertad en donde los chicos del Pabellón A de Ezeiza realizaron una denuncia por falta de insumos para higiene personal: lavandina, detergente, jabón blanco. A esto, sumaron la denuncia por la mala calidad de la comida y por la constante discriminación que reciben por parte de los guardias. “La situación es preocupante y estresante. Cuando se enteraron de la página conseguimos mágicamente que nos dieran yerba, azúcar y hasta galletitas. Me sorprendió. La calefacción, igual, no anda desde el año pasado”.

El objetivo de la fanpage es que la gente conozca que existe un pabellón LGBTI+ en el penal de Ezeiza y que conozcan lo que sucede adentro. “Ningún organismo de Derechos Humanos, ninguna organización LGBTI+ vino nunca a darnos ninguna ayuda, a conocer a los gays privados de su libertad, porque no todos los que estamos acá somos iguales. Hay diferentes historias y no tienen que meter a todos en la misma bolsa porque esto no es la televisión, somos personas y tenemos derechos”.

Mujeres trans en el penal de Ezeiza

“Desde que comenzaron los motines en Devoto, estamos a la espera de una fuerte represión del sistema penitenciario”, cuenta Dalma Emilce Lobo (40 años), activista travesti que se encuentra privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. “Acá, siempre voy a estar del lado de mis compañeras, nunca de la policía. Yo estoy presa por ser trans y por ejercer la prostitución. Casi todas mis compañeras están acá por causas armadas o por cuestiones de narcomenudeo. Estamos exigiendo que garanticen nuestra salud, no queremos morir en la cárcel”.

En el año 2000, Emilce fue acusada por tentativa robo y estuvo ocho meses presa hasta que le dictaron falta de mérito. En el año 2007, estuvo detenida en Marcos Paz, donde vivió en un pabellón con personas acusadas por violaciones y abusos deshonestos. Allí se organizó junto a otras nueve compañeras trans para denunciar las diversas violaciones y extorsiones sexuales que los agentes penitenciarios le pedían a cambio de comida, y lograron que las trasladaran a los pabellones divididos por género en Ezeiza.

“Yo soy sobreviviente del sistema penitenciario argentino. Vivo con VIH, un nódulo pulmonar y estoy a la espera de un arresto domiciliario”. De acuerdo a Emilce, actualmente en Ezeiza no se están haciendo los testeos necesarios. “El aislamiento en este lugar es imposible. El comedor es un pasillo de dos metros, la cocina y el baño son focos infecciosos, somos 9 chicas trans en un cuarto y nos dan medio litro de lavandina para todas. Las ventanas están rotas, no vienen a arreglarlas, y no dejan entrar a nuestros familiares para que nos depositen nuestra comida. Ya hace unos años hubo personas con tuberculosis asintomáticas y recién se dieron cuenta cuando empezaron a escupir sangre y se las tuvo que trasladar. Acá el virus no va a entrar por la ventana, mi reina”.

Población de riesgo

Emilce no es la única a la espera de prisión domiciliaria. En el contexto de crisis sanitaria actual, son muchas las compañeras privadas de su libertad con problemas de salud preexistentes que la necesitan. En un nuevo informe presentado por el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación junto otras organizaciones regionales se estimó que  en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. “Los últimos datos presentados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, exponiendo que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad en el SPF por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme, lo cual resulta sumamente preocupante”, explica el informe.

Por otra parte, el pasado 27 de abril, la organización activista RESET – Política de drogas y derechos humanos presentó un amicus curiae, el cual constituye una herramienta judicial que permite a quienes no son parte de una contienda, pero cuya intervención en el debate es valiosa (como es el caso de varias organizaciones de derechos humanos), participar de la misma. En este caso, el documento busca, entre otras cosas, “considerar al colectivo de mujeres trans y travestis como población especialmente vulnerable frente al COVID-19, en un contexto generalizado de hacinamiento, sobrepoblación y crisis humanitaria en las cárceles bonaerenses.”

Según este pedido, los problemas de salud más frecuentes que padece la población travesti trans son “antecedentes de tuberculosis, complicaciones derivadas del uso de silicona industrial o alguna enfermedad crónica”. El informe de diagnóstico de situación durante el periodo 2018-2019 “Personas travestis y trans en situación de encierro” realizado por la organización Otrans registra que el 73.3% de la población travesti trans en penales en la Provincia de Buenos Aires padece algún tipo de enfermedad. La más frecuente, representada por el 59%, es el VIH.

En lo que respecta a la atención médica intramuros, el informe denuncia una falta de insumos y de personal médico, por lo que gran parte de las reclusas se ve obligada a recurrir a hospital extramuros. “Lo que sucede en el penal es que cualquier medicamento de venta libre, como ser Ibuprofeno o Tafirol, se termina utilizando para tratar padecimientos complejos como la tuberculosis”, explica Aramis, abogadx y activista de RESET, a Presentes

Arresto domiciliario

Conseguir el arresto domiciliario no es tan sencillo. Por un lado, como explica Aramis, muchos jueces y juezas no van a trabajar con regularidad debido a la pandemia. Por el otro, “el tema de la domiciliaria está atada al acceso a la vivienda, a las mismas dificultades para obtenerla”, agrega Aramis. “Generalmente los domicilios donde se producen los allanamientos son donde vivían”. Por lo tanto, suelen ser las amigas quienes ofrecen sus casas para que las privadas de su libertad que así lo necesiten puedan obtener este beneficio. Como detalla el informe de RESET, “la inmensa mayoría de las mujeres trans y travestis tiene que atravesar enormes escollos para acceder a una vivienda.”

Otro gran problema al que se enfrenta la población carcelaria en este contexto es la prohibición de las visitas. Ante la falta de insumos de parte de los penales, son los vínculos cercanos de los privados de libertad quienes la suplen. Así, son las referentes de los pabellones LGBTI+ y las organizaciones de derechos humanos los que acercan los insumos necesarios. “No son cosas que nos provean dentro del penal”, explica Crystal (36), a Presentes. Crystal obtuvo el 20 de abril, tras complicaciones derivadas de la inyección de silicona, el arresto domiciliario, el cual está cumpliendo en el hogar de una compañera. “En el pabellón en el que yo estaba éramos 64, pero con todo esto que pasó muchas chicas se fueron en libertad. Había 23 infectadas de VIH”, agrega.

Las demoras habituales en el procesamiento de las causas también impiden que quienes lo necesiten reciban el tratamiento médico adecuado. Cuando no hay nadie exigiendo que se aceleren estos procesos desde afuera, los casos avanzan aún más lentamente. Tal como detalla RESET en su pedido de amicus, “la gran mayoría de las mujeres trans y travestis detenidas en la provincia de Buenos Aires son migrantes sudamericanas, no suelen recibir visitas y su comunicación y redes interpersonales extramuros son sumamente reducidas lo que acentúa la demora en el acceso a derechos como la libertad condicional, las salidas transitorias o la prisión domiciliaria”. En relación a esto, Aramis cuenta a Presentes que “junto con otrxs amigxs y activistas pasamos el caso de diez chicas para darles domiciliaria que todavía no lo habían pedido. Si no hay nadie atrás monitoreando y demostrando que importa lo que sucede, pasa esto.”

La discriminación, un problema recurrente

A pesar de encontrarse en un pabellón dividido por género, Emilce explica la discriminación está lejos de ser resuelta. “Acá somos discriminadas por las agentes que nos dicen “dónde están los pibes, qué olor a huevos” cada vez que pasan, mientras que los grandes mandatarios afuera se regodean por decir que nos traen a un penal divino. “Después los periodistas se sorprenden cuando ven un facón escondido. ¿Qué pretenden? ¿Qué nos dejemos matar en un motín? Acá tenemos que defendernos de la violencia de un sistema que nos maltrata constantemente”.

Según detalla el pedido de amicus de RESET, “la violación del derecho a la identidad de género, la disposición de prohibiciones reglamentarias cisexistas en el régimen de visitas (que solo tienen en cuenta la familia tradicional y biológicamente constituida), en el uso de indumentaria o cosmética, en el esparcimiento o en el acceso a la trabajo, educación y salud y el ejercicio de la violencia por parte del personal penitenciario en los traslados, en las requisas y durante la estadía en el encierro son algunas de las problemáticas denunciadas en el ámbito judicial provincial, nacional e internacional.”

En Ezeiza, cuenta Emiliano, los pabellones A y B son “los de los homosexuales”. “El B está destinado a extranjeros y mayores de 50. Ellos iniciaron una huelga porque estuvimos sin agua durante varios días. Imaginate lo que es no poder tirar el inodoro por tres días, no poder baldear… En fin, tuvimos que hablar con el director que por suerte es flexible. Acá vinieron a dar un curso de cómo tratarnos, pero ya el curso fue discriminatorio. Nos reíamos, “los putos respiran, toman leche, toman café”, ¿qué enseñaron en ese curso? De nada sirvió, siguen insultándonos por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género”.

En cuanto al pabellón A, explica Emiliano, el servicio penitenciario no los trata adecuadamente. “Nos dicen que somos putos quilomberos, que por ser putos cometemos tales o cuales delitos, y que venimos a hacer lío. Yo estoy a punto de cumplir mi condena y los funcionarios penitenciarios no conocen la historia de cada uno, no están para juzgarnos, para eso está la justicia”.

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Fuente Agencia Presentes

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La identidad de un gran número de personas LGTB en Marruecos ha quedado al descubierto tras un outing masivo llevado a cabo con la ayuda de aplicaciones de contactos para hombres gais y bisexuales. La campaña de acoso comenzó cuando Naoufal Moussa, una conocida instagramer marroquí y mujer trans residente en Turquía, animó a sus más de 600.000 seguidores a crearse perfiles falsos en aplicaciones como Grindr o Hornet con el objetivo de recopilar fotos e información de sus usuarios reales. En cuestión de días, las redes sociales se llenaron con los datos de estas personas, que han quedado expuestas al escarnio público, la violencia o la expulsión de sus hogares. Las relaciones homosexuales en Marruecos, donde la homofobia social es intensa, están penadas con hasta tres años de cárcel.

Todo comenzó el pasado 13 de abril por iniciativa de Naoufal Moussa, también conocida como Sofia Talouni, una mujer trans marroquí que reside en Turquía. La experta en belleza y conocida instagramer, publicó un vídeo en la red social animando a sus más de 600.000 seguidores a crear perfiles falsos en aplicaciones de contactos para hombres. El objetivo, descubrir a homosexuales y bisexuales en el entorno familiar y social. «Como todos están en sus casas, podría mostrar a tu marido en tu dormitorio, podría mostrar a tu hijo que quizás está en el baño», explicaba Moussa.

La grabación superó las cien mil visualizaciones y la iniciativa homófoba se extendió rápidamente. Aplicaciones como Grindr, Hornet o PlanetRomeo se inundaron de perfiles falsos que se dedicaron a recopilar fotos e información de sus usuarios reales. El material robado apareció en otras redes sociales, revelando las identidades de numerosos hombres gais y bisexuales que intentaban permanecer en el anonimato. Las imágenes ibas acompañadas con frecuencia de amenazas.

El outing masivo ha generado una oleada de pánico entre la comunidad LGTB marroquí. Según la organización Human Rights Watch, muchas familias han expulsado de sus hogares a víctimas de la caza de brujas. Personas que quedan en una situación aún más vulnerable a causa de las normas de confinamiento en vigor por la pandemia de coronavirus, que les dificultan la búsqueda de ayuda de amigos o colectivos. Según algunos medios se ha producido al menos un suicidio de un joven gay a raíz de la iniciativa homófoba.

Las aplicaciones afectadas han borrado unos 1.000 perfiles sospechosos de fraude y alertado a sus usuarios de la situación. Aunque el llamamiento de Moussa ya había cobrado vida propia, Instagram procedió a suspender su cuenta. La influencer grabó entonces un nuevo vídeo con un perfil diferente en el que, lejos de arrepentirse, mostraba su desprecio por los «maricones marroquíes» y defendía la permanencia de las leyes que castigan la homosexualidad con multas y penas de cárcel.

Marruecos: una vigente y preocupante LGTBfobia social y de Estado

El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los «actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo» con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por «obscenidad pública». Venimos recogiendo distintos casos de persecución a personas LGTB en Marruecos: desde víctimas tratadas como culpables hasta detenciones tan absurdas como la de los jóvenes que colgaron un vídeo en el que aparecían besándose.

En 2015 nos hacíamos eco del intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez. Solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo, que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con uno dos de los agresores condenado a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

También en 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en aplicación del citado Código Penal. En el mes de junio se produjo la detención de otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de «difundir la corrupción». Según aseguró el colectivo Aswat, todas estas detenciones formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. En agosto de 2017 un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a «violarlo». Y en septiembre del año pasado, dos estudiantes eran detenidos por mantener relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas

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Importante sentencia de la justicia europea contra la discriminación laboral. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia en la que establece que los comentarios públicos contrarios a la contratación de homosexuales son denunciables si quien los realiza tiene algún tipo de relación con los procesos de selección de personal. Y ello aunque las declaraciones homófobas no se dirijan contra personas concretas y sin necesidad de que la empresa esté buscando nuevos empleados en ese momento. El fallo es la respuesta al caso de una asociación italiana que denunció a un abogado por afirmar que no contrataría a homosexuales en su despacho.

El origen del caso se remonta a 2014, cuando Rete Lenford, un colectivo italiano que acumula varios éxitos en la defensa de los derechos LGTBI, denunció a un abogado y exparlamentario por afirmar en un programa de radio que no contrataría a homosexuales en su bufete. Un tribunal de primera instancia le dio la razón y fijó una indemnización de 10.000 euros, pero el acusado recurrió el fallo. La Corte de Casación pidió la opinión de la justicia europea, al considerarla competente para interpretar la legislación de la UE, y en julio de 2018 le remitió el caso.

El alto tribunal italiano pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una respuesta a dos cuestiones: si Rete Lenford puede actuar legalmente en representación de intereses colectivos y si las declaraciones denunciadas constituyen una violación de la directiva europea contra la discriminación basada en la orientación sexual, aunque no se dirigieran contra una persona concreta. En octubre de 2019, la abogada general del TJUE Eleanor Sharpston adelantó sus conclusiones favorables a los demandantes, en las que rechazaba que comentarios homófobos como los del abogado puedan considerarse simplemente «jocosos».

La sentencia dada a conocer el pasado jueves confirma la tesis de Sharpston. Los jueves del TJUE reconocen la capacidad de Rete Lenford para entablar un procedimiento judicial en representación de los intereses del colectivo LGTBI. Sobre el fondo de la cuestión, el alto tribunal considera que la directiva 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación «debe interpretarse en el sentido de que están comprendidas en ese concepto declaraciones efectuadas por una persona durante una emisión audiovisual según las cuales en su empresa nunca contrataría ni recurriría a los servicios de personas con una determinada orientación sexual».

Esta conclusión también se aplica aunque en el momento de realizarse dichas afirmaciones «no estuviera en marcha o programado ningún proceso de selección de personal», si quien las realiza tiene relación o influencia en estos procesos. Rete Lenford ha expresado su satisfacción por el fallo, que «fija el criterio guía que debe implicar a todos los agentes económicos» en la lucha contra la discriminación laboral basada en la orientación sexual.

Fuente Dosmanzanas

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En una carta abierta, trece grandes compañías como Microsoft, Ikea, SAP y Deutsche Bahn reclaman reducir el periodo de abstinencia sexual para que personas de este colectivo puedan contribuir a salvar vidas.

En Alemania ha sido el sector privado el que ha tomado la iniciativa para cambiar la legislación sanitaria vigente. Trece grandes empresas alemanas e internacionales con presencia en el país han promovido una carta abierta en la que se reclama al gobierno de Merkel que relaje las condiciones para que hombres gais y bisexuales puedan donar sangre. En este texto se reclama que el país teutón reduzca el periodo de abstinencia sexual exigido a hombres gais y bisexuales para ser donantes de sangre, que actualmente se encuentra establecido en un año. El texto ha sido firmado por empresas tan importantes como Ikea, Microsoft o las alemanas SAP -grupo de creación de software-, Deutsche Bahn -operador ferroviario- y Thyssenkrupp -siderurgia, y elevadores-. Un texto en el que se llamaba al gobierno alemán a «unir los objetivos de seguridad en las donaciones de sangre y las demandas de no sufrir dicriminación».

«El riesgo de VIH de los donantes debe juzgarse en función de su comportamiento sexual individual y no de su orientación sexual», ha declarado la direcora de Diversidad e Inclusión de Thyssenkrupp. Algo que apoyan diversos expertos en medicina, como el investigador médico del hospital The Charite de Berlín Adrián González. «Seis semanas deberían ser el enfoque conservador más alto, independientemente del género u orientación sexual, y eso ya es bastante conservador», ha indicado el experto.

En representación de la consultora de gestión Oliver Wyman, otro de los firmantes de la carta, su socio Dominik Weh indicó que otros países han demostrado que «la protección y el manejo no discriminatorio de la donación de sangre son compatibles entre sí». El hecho es que desde esta carta abierta y los dirigentes de todas las asociaciones firmantes califican el tratamiento a donantes gais o bisexuales en Alemania de discriminatorio.

La crisis del coronavirus pone al descubierto el anacronismo de la situación

La crisis del coronavirus ha obligado a los Estados a replantearse muchas medidas para el aprovechamiento máximo de sus recursos sanitarios. Esto alcanza a su vez a las donaciones de sangre, que debido a las medidas de confinamiento y al temor al contagio en lugares públicos se han visto drásticamente reducidas. En este momento se aprecia muy especialmente cómo los hombres gais y bisexuales han sido injustamente discriminados por diversos sistemas sanitarios a la hora de ser donantes de sangre. El temor a la propagación del VIH a través de las donaciones hizo que distintas normativas aplicadas en los primeros tiempos de la pandemia del sida quedaran perpetuadas a través del tiempo en distintos países.

En Alemania, esta discriminación obliga a los hombres homosexuales y bisexuales a esperar un año para poder donar después de su última relación sexual, sea esta protegida o no. Un criterio que está siendo ampliamente cuestionado en un momento en el que las reservas de sangre sufren un estado bastante crítico, ya que patologiza y señala injustamente a todo el colectivo independientemente de que cada individuo haya realizado prácticas seguras o no.

Un criterio que ya ha sido modificado -de manera parcial y aun insuficiente- en Estados Unidos. En el país norteamericano se ha rebajado de un año a tres meses el periodo previo para que personas bisexuales y homosexuales puedan donar sangre, iniciativa a la que también podría sumarse pronto Australia.

Aun así, este criterio sigue siendo discriminatorio ya que, pese a la reducción temporal del límite de abstinencia sexual, no cambia sustancialmente la raíz de la discriminación sistemática a todo el colectivo. El problema es la base de este criterio, tan distinto en países como España, Italia o Portugal, que no discriminan según la orientación sexual, sino por el tipo de relaciones mantenidas, y que ya ha demostrado su éxito.

Fuente Dosmanzanas

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El título de esta noticia es tan escalofriante que parece irreal, pero es que uno de los presidentes más LGTBIbófobos que han dirigido Estados Unidos este último tiempo, de los más racistas e ignorantes (recordemos que ha sugerido inyectar desinfectante a los pacientes con coronavirus), Donald Trump, ha vuelto a hacer noticia por sus políticas de odio.

Y el momento es especialmente preocupante puesto que Estados Unidos se ha convertido en el principal foco mundial de coronavirus. Con un millón de casos diagnosticados y casi 60 mil personas fallecidas.

En medio de este escenario la administración de Trump distribuyó una nueva regla del Departamento de Salud y Servicios Humanos que eliminaría las protecciones a las personas transgénero aprobadas en la era Obama, este es el paso anterior a hacer pública la ley. La Casa Blanca también actualizó un sitio web para decir que la regla de Obama está bajo revisión.

La ley conocida como «Obamacare» prohibía la discriminación por «motivos de sexo» en la atención médica, puesto que las estadísticas son alarmantes. El Centro para el Progreso Americano (CAP) descubrió que el 29% de los adultos transgénero dijeron que un profesional de la salud se negó a verlos debido a su identidad de género.

La nueva ley de Trump haría esta discriminación legal. Si un profesional de la salud no quiere atender a una persona trans porque su odio es mayor que su ética, estaría amparado por ley.

Los estudios apuntan a que el colectivo LGTB tienen siete veces más probabilidades de decir que han evitado ir al médico por miedo a la discriminación, un fenómeno que los defensores advierten que podría ser mortal en medio de esta pandemia.

«Si la regla final se parece a la regla propuesta, estos cambios  serían dañinos en el mejor de los casos, pero son especialmente crueles en medio de una pandemia global que afecta desproporcionadamente a las comunidades vulnerables y exacerba las disparidades». dijo la profesora Katie Keith, activista LGTB.

Fuente Oveja Rosa

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Un instagramer alicantino, oscar.moncho, ha denunciado públicamente las amenazas homófobas que recibe estos días de cuarentena forzada en respuesta tanto a sus vídeos en directo como a través de mensajes directos. Sin embargo, lejos de amilanarse, el joven ha querido grabar un vídeo que sirva para concienciar sobre la gravedad del acoso LGTBIfóbico en redes sociales.

Insertamos a continuación el vídeo que el joven instagramer ha grabado, en el que muestra (con imagen y sonido) algunas de las amenazas que ha recibido y reflexiona sobre como el acoso por LGTBIfobia, a pesar de lo que algunos puedan pensar, es una realidad a la orden del día. Una realidad con efectos especialmente dañinos entre niños y adolescentes LGTBI:

Es cierto que faltan datos para conocer la verdadera magnitud del problema. Según un estudio publicado en 2016, que buscaba valorar de forma específica cómo influyen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el acoso que tradicionalmente sufren los estudiantes LGTBI, el 15% de ellos padecía ciberacoso, especialmente el alumnado trans. Más del 52% de los alumnos, de hecho, había sido testigo de este tipo de acoso. El estudio detectaba además una importante falta de sensibilización y concienciación a nivel familiar, educativo e institucional. En él participaron más de 2.600 alumnos, 30 docentes y 10 autoridades competentes en materia de educación, ciberacoso y discriminación. Puedes descargar su resumen ejecutivo aquí (y descargarlo íntegramente aquí).

Mucho nos tememos que cuatro años después el problema no solo sigue ahí, sino que seguramente se ha intensificado con la multiplicación de usuarios de redes sociales entre los más jóvenes. Testimonios como el del valiente oscar.moncho son la prueba.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado viernes, el Parlamento Europeo incluyó, en una amplia resolución referida a la respuesta europea al coronavirus, una referencia expresa al ataque a los derechos de las personas trans e intersexuales que el Gobierno húngaro ha pergeñado con esta excusa. Por otra parte, un grupo de 63 eurodiputados ha dirigido una carta al Gobierno húngaro en la que solicitan que dé marcha atrás en su proyecto de negar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y de las personas intersexuales. Solo cuatro de ellos son españoles. 

Hace un par de semanas informamos de que el Gobierno húngaro ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil con objeto de impedir que las personas trans (así como las personas intersexuales en desacuerdo el sexo que les fue asignado al nacer) puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. La reforma, de amplísimo calado, aparece sin embargo «disimulada» como un apartado más (el 33) más dentro de un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias.

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. La respuesta expresa del resto de países y de la propia institución comunitaria es, por el momento, tibia, más allá de advertencias genéricas sobre la evolución del Estado de derecho en Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y ha asegurado estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans).

Por el momento, lo único que nos consta que el Parlamento Europeo incluyó en su resolución de este viernes 17 de abril en la que demanda una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones «rechaza enérgicamente toda tentativa de retroceder en lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI y, en este contexto, condena las tentativas de penalizar más severamente la asistencia en caso de aborto, estigmatizar a las personas seropositivas por HIV y reducir el acceso de los jóvenes a la educación sexual en Polonia, así como los ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Un rechazo que se agradece, pero que por el momento no tiene más valor que el meramente declarativo.

Más interesante nos resulta, como termómetro de la preocupación real que esta cuestión genera entre los eurodiputados, la carta que un grupo de ellos ha dirigido al Gobierno húngaro reclamando que dé marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explica que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. De hecho, la legislación aún vigente en Hungría contempla que sus ciudadanos pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género con un informe médico al respecto pero sin están obligados a acreditar, por ejemplo, que se han sometido a tratamiento hormonal o a cirugía de reasignación. En este sentido, se trata de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Lamentablemente, la carta está firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros. Solo cuatro de ellos son españoles. Se trata de los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Mónica Silvana González (del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), el diputado de Catalunya en Comú Ernest Urtasun (grupo Verdes/Alianza Libre Europea) y el diputado de Junts per Catalunya Antoni Comín (no inscrito). Ello no le quita valor, pero nos hubiera gustado ver más firmas respaldándola.

Fuente Dosmanzanas

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Mweru Aneste, un orgulloso hombre y padre gay, fue encontrado muerto fuera de las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. (Facebook)

Terrible noticia que nos llega de Kenia. El cuerpo sin vida de Aneste Mweru, un joven gay de 25 años procedente de Uganda, ha aparecido junto a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Todo indica a que Mweru se ahorcó tras ser agredido por guardias de seguridad y policías al intentar acceder a la sede de la organización, que estaba cerrada, el pasado lunes de Pascua. El joven había huido de su país de origen en 2017 por la creciente hostilidad LGTBfoba y tenía el estatus de refugiado en Kenia desde hace un año. Su situación era cada vez más desesperada por los recortes en la ya reducida ayuda económica que recibía y por la perspectiva de acabar en un campo de refugiados.

El triste suceso ocurrió el pasado lunes. Según activistas que ayudan a los refugiados, Aneste Mweru, de 25 años, intentó acceder a las oficinas de ACNUR de la capital keniana a pesar de que era festivo. La policía y los agentes de seguridad privada se enfrentaron a él y lo rechazaron violentamente. El joven decidió quitarse la vida ahorcándose con una bufanda en un árbol cercano al lugar.

Aneste Mwiru fue una de más de doscientos solicitantes de asilo LGBT + que se trasladaron del campamento de refugiados de Kakuma a la ciudad capital en 2019, dijeron activistas a PinkNews.  Como muchas otras personas LGTBI, Mweru había huido de Uganda en 2017 para escapar de la creciente hostilidad social y gubernamental contra la comunidad. En marzo de 2019, las autoridades kenianas lo reconocieron finalmente como refugiado. Recientemente su situación se había vuelto cada vez más desesperada por los recortes en las ayudas a los demandantes de asilo y por la política del Gobierno de Kenia de concentrar a los refugiados en campos como el de Kakuma, en el norte del país. Las condiciones de vida de las personas LGTBI en estas instalaciones, donde están de nuevo expuestas a la hostilidad y a la violencia, son especialmente duras.

Aneste Mwiru celebrando el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma,

Pero después de luchar para obtener la asistencia financiera vital que necesitaba para mantener a su hijo en febrero, sin hogar y hambriento, comenzó a acampar fuera de las oficinas de la UNCHR en Westlands.

Poco después de ser encontrado muerto en un presunto suicidio, aturdir a la comunidad local y capturar lo que los activistas dicen que es el patetismo de esos ugandeses queer que arriesgan todo para huir de la persecución. Al acercarse a la oficina para pedir comida, los guardias le informaron que la oficina estaba cerrada hasta el martes.

Según los informes, Mbazira Moses, fundador de Refugee Flag Kenya, un grupo de presión de los derechos LGBT +, dijo que los guardias supuestamente «lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia nuevamente, les dijo a los agentes de seguridad que preferiría morir allí donde se le conoce, que no sea en otro lugar». Los guardias le dijeron a los refugiados homosexuales que murieran «si quería escapar de [sus] problemas«, afirma activistaLos guardias privados le dijeron entonces al joven de 28 años que se suicidara «si quería escapar de los problemas», afirmó Moses.

Mwiru sufrió abrasiones en sus tobillos y brazos alrededor del momento de su muerte. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 a.m. por los transeúntes, muchos de los cuales son un salvavidas para los refugiados que viven en las calles y que dependen de los folletos de los lugareños.

Compañeros migrantes acamparon debajo de una pasarela cercana que se burló de las oficinas de seguridad privadas y armadas que patrullan las oficinas de ACNUR, culpándolos por la muerte de su amigo cuando las autoridades transfirieron el cuerpo de Mwiru.

La biografía de Mwiru era una incesante serie de abuso homofóbico y de devoción a su hijo.

Moisés fue «golpeado y herido» habitualmente durante su estancia en Kakuma, dijo Moses, convirtiéndolo en una de las muchas víctimas de un espectro de violencia lanzado en la comunidad LGBT + vulnerable del campo por ciudadanos locales homofóbicos que «nunca los quisieron allí«.

Mwiru era, según funcionarios de las Naciones Unidas, un ciudadano ugandés reconocido como refugiado por el gobierno de Kenia. Pero el movimiento del ACNUR para retirar los estipendios mensuales para los refugiados que viven en áreas urbanas sumió su vida en incertidumbre. Tales recortes se hicieron como parte de la política del gobierno, informaron 76 crímenes. «Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente».

El socio de Mwiru, Nathan Shimwe del Congo, dijo que estaba sufriendo una depresión después de perder su trabajo a medida que la pandemia de coronavirus comienza a apoderarse del país sin litoral. «Habíamos alertado constantemente al ACNUR sobre los peligros y la desesperación a los que estaban sometidos los antiguos refugiados de Kakuma al retirar la asistencia financiera que se les daba», dijo Moses. “Fueron traídos de allí y ahora abandonados sin ningún programa de lo que pueden hacer para obtener al menos comida y alojamiento. Las frustraciones entre todos los restantes que no reciben asistencia son tan graves como lo confirma el suicidio de Mwiru. Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente.

El UNHCR confirmó en un comunicado emitido el lunes que la agencia sigue de cerca las investigaciones policiales del incidente. “Nosotros, en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte y el aparente suicidio de un refugiado hoy en Nairobi. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos. La declaración continuó: «El ACNUR está preocupado por los crecientes desafíos que enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo, así como las comunidades que los acogen, para satisfacer sus necesidades básicas en el difícil contexto actual. ¿Cuántos ugandeses quieres morir antes de empezar a escucharnos?»

Entre las muchas fotografías de Mwiru están las de él sonriendo con amigos. Otros lo muestran sosteniendo a su hijo en alto, con los ojos brillantes de orgullo. Sin embargo, para muchos de los seres queridos de Mwiru, las fotografías de su cuerpo serán la forma en que la gente lo recuerde. Las imágenes gráficas de la muerte de Mwiru rebotaron en las redes sociales el lunes, impulsando la atención pública a las historias personales de refugiados individuales, tan a menudo oscurecidas por el ruido de, a veces, los cáusticos debates sobre la migración en Kenia.

Para Doreen Andrewz, subdirector de la Iniciativa de Trans refugiados, el fallecimiento de Mwiru es un recordatorio conmovedor del peligroso viaje que enfrentan los migrantes para escapar de la grave homofobia de Uganda. «¿Cuántos ugandeses quieres que mueran antes de empezar a escucharnos», dijo. “Estoy cansado de la muerte, esto no es lo que vinimos a buscar en este país. [Mwiru], perdónanos a todos ”.

 La policía keniana investigará ahora las circunstancias de la muerte de Mweru. Por su parte, ACNUR ha hecho público un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide respeto por la dignidad del fallecido y que se detenga la divulgación de las fotos de su cuerpo. El organismo de la ONU asegura que colaborará con las autoridades kenianas para esclarecer el suceso y para asistir al casi medio millón de refugiados que vive en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda y Kenia

Mweru había huido de una situación muy complicada para las personas LGTBI en Uganda. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.En noviembre, la policía  detenía a 127 personas y acusaba  a 75 después de una redada en un bar gay. Hace apenas unos días, veinte personas LGTBI eran arrestadas en el albergue en el que vivían, acusadas de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

Esta hostilidad constante lleva a muchas personas LGTBI a buscar refugio en la vecina Kenia, donde la situación es algo menos opresora, aunque sigue siendo difícil. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de ese país decidía mantener la criminalización de las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma, como en Uganda, una marcada homofobia social. La prensa ha contribuido en buena parte a alentarla: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Fuente Pink News/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Peter Allen  (Foto: suministrada)

Un ingeniero ganó un caso en el tribunal laboral luego de sufrir acoso y discriminación en el trabajo mientras buscaba formar una familia con su esposo.

Peter Allen, quien ha trabajado en ingeniería desde los 16 años, se unió al fabricante de componentes aeroespaciales Paradigm Precision en 2012 como gerente de calidad y ascendió a través de la compañía durante seis años.

Este hombre casado de 41 años le explicó a PinkNews que estaba en línea para asumir el cargo de gerente general del sitio de la compañía en el Reino Unido en Burnley, pero las cosas salieron mal cuando salió al trabajo en 2018 e hizo preguntas para la licencia de adopción.

«Empecé a seleccionar personas en mi equipo, así como al director de recursos humanos», dijo. “Le confié que habíamos comenzado a considerar la adopción. Fue entonces cuando todo cambió. Sentían que no podían tener un gerente general  que estaba en una posición en la que iba a estar fuera por 12 meses con permiso parental».

El ingeniero continuó: “Una pareja heterosexual pensando en formar una familia nunca hubiera estado en la misma situación que yo. Me forzaron a elegir entre ser padres o si tenía un trabajo, que en última instancia es a lo que se redujo ”.

El ingeniero se enfrentó a un «torbellino de tormento» después de salir al trabajo. Después de que lo pasaron a promoción y su matrimonio con un hombre se hizo de conocimiento común, Allen se enfrentó a una serie de incidentes homofóbicos, incluidos correos electrónicos despectivos y «gestos con las manos irrisorias» de colegas.

Él dijo: «Había dado un salto de fe para salir al trabajo, y toda esta horrible evolución estaba evolucionando frente a mí. Era casi como si mis peores pesadillas sobre salir al trabajo estuvieran sucediendo. Eran gerentes sénior, personas por encima de mí, no eran personas que formaban parte de mi equipo. Realmente estaba en un torbellino de tormento. Estaba recibiendo estos correos electrónicos que eran inapropiados, había notas post-it, todas estas cosas estaban sucediendo en esta época. Me sentí devastado porque [la compañía] no me respaldaba en lo que estaba sucediendo. Estaba en la posición de «¿qué demonios hago? «. Pasé de ser un gerente superior en ese negocio a ser excluido y aislado. Es bastante triste, porque tuve una buena carrera. Estaba devastado en ese momento. Solo quería salir de allí «.

Allen finalmente dejó la empresa y decidió emprender acciones legales por acoso y despido injusto. Dijo: “Cuando buscaba otros trabajos, siempre estaba en el fondo de mi mente, acerca de cómo sería la compañía conmigo. ¿Puedo ser tan abierto como he construido para ser? Hablé con abogados, familiares y mis amigos, pero no sabía la tarea que iba a emprender [con el desafío legal]. Fue tan desalentador, pero era una pelea que quería enfrentar. Tuve la suerte de contar con el respaldo de la compañía de seguros [para cubrir los costos judiciales]. Pero sentí que no se trataba solo de mí, sino de responsabilizarlos por sus acciones. Sentí que era mi deber hacer eso «.

El caso se prolongó durante dos años, pero en una decisión del mes pasado, el juez del tribunal de empleo de Manchester, Mark Leach, afirmó que el ingeniero había sido «objeto de acoso relacionado con la orientación sexual» y fue pasado por alto para los ascensos «porque buscó tomar una licencia de adopción adicional».

Se le concedió un total de 174.645 libras esterlinas, incluidas 96.645 libras esterlinas por infracciones a la Ley de Igualdad y 23.873 libras esterlinas por despido improcedente. Allen dijo: «Estaba eufórico. No creo que esté totalmente asimilado todavía, pero estoy feliz de haber puesto mi fe en el sistema judicial. «Obviamente creo muy firmemente en ello porque lo viví y me pasó a mí, pero para que se plantee en el tribunal de la manera que fue… fue la decisión correcta, y estoy tan feliz de que se haya resuelto. Durante mucho tiempo, dudas de ti mismo y de lo que está pasando. ¿Lo tomé en el contexto correcto, ese tipo de cosas? Fui capaz de conseguir un cierre en mi situación.»

Agregó que: “Lo que quiero hacer ahora, porque seguirá sucediendo, es ayudar a las empresas a despertarse y tomarse estas cosas en serio, y ser más diversas e inclusivas. Quiero usar lo que me pasó para ayudar a otros donde pueda. Ahora tengo esa confianza, que puedo hablar sobre la situación. Hay mucho bien que está saliendo de esto. Creo que es importante dentro de un negocio saber que hay personas LGBT +, porque eso alienta a otros a ser ellos mismos y ser abiertos. Comencé a asistir a eventos con InterEngineering, que promueve LGBT + dentro de la ingeniería. Cuenta con el respaldo de las empresas más grandes, pero con las empresas pequeñas a medianas, no recibe ese soporte. Quiero usar esto para promover esas iniciativas «.

PinkNews se ha acercado a Paradigm Precision para obtener comentarios sobre la sentencia del tribunal.

Fuente Pink News

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La activista trans hondureña y defensora de DDHH Gabriela Redondo vive con medidas de seguridad por amenazas contra su vida.

Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y directora del Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, Gabriela Redondo, fue detenida el sábado 11 de abril por la policía del país centroamericano cuando salió a buscar alimentos a pocos metros de su casa. La supuesta acusación fue incumplir un toque de queda impuesto por el gobierno para intentar frenar más brotes de coronavirus.

Tras pasar varias horas retenida en la calle, la trasladaron a la delegación de tránsito de la policía. Durante todo el tiempo que fue detenida no pudo ser asistida por ningún abogado. Al ser liberada, Gabriela Redondo denunció públicamente que se trata de una detención injustificada y arbitraria. Las organizaciones dicen que no es un caso aislado y que están recibiendo varias denuncias de hostigamiento contra personas trans por parte de las fuerzas de seguridad.

 La activista trans conversó con Presentes y contó que ese día salió de su casa, situada en la industrial San Pedro Sula (338 kilómetros al noroeste de la capital) porque estaba sin comida y sin dinero. Se dirigía a unos metros desde su lugar de habitación hacia donde su hermana, que le ofreció alimentos.

“Las fuerzas de seguridad vulneran derechos de trans”

“Iba saliendo del pasaje de mi casa y la policía estaba a dos cuadras deteniendo. Pensé que no me iban a detener porque solo iba a la vuelta de mi casa. Y le dije al policía que solamente iba a traer comida. Me dijo que me parqueara, me preguntó si tenía algún salvoconducto para estar en la calle, me tuvieron varias horas ahí, sin decirme nada”, relató a Presentes.

El gobierno del conservador Juan Orlando Hernández decretó el 23 de marzo un toque de queda absoluto en todo el territorio de Honduras con el fin de contener la transmisión del virus. La medida ha sido ampliada hasta el 19 de abril. Cifras oficiales estiman que en Honduras más 6.000 personas han sido detenidas por incumplir el toque queda y unos 2.000 vehículos han sido confiscados por las autoridades.

“El policía parecía que quería que yo me alterara y así justificar que me agrediera. Me dijo que yo le había tomado una foto y por ese motivo iba a hacer todas las gestiones para detenerme”, recordó.

“La detención de la activista en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, no es un caso aislado y se suma a las decenas de denuncias que hemos recibido donde las Fuerzas de Seguridad vulneran y violan los derechos de las personas trans que salen de sus hogares busca de alimentos o con el objetivo de asistir a otras personas en situación de vulnerabilidad”, denunció en un comunicado la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans – RedLacTrans. Las activistas exigen a los Estados incorporar la perspectiva de géneros en las estrategias de respuesta a la pandemia.

🚨URGENTE🚨
La activista trans y referente de REDLACTRANS para Honduras, Gabriela Redondo fue capturada por las fuerzas de seguridad al salir a la calle a comprar sus alimentos.#Urgente#SoSHonduras
Estaremos ampliando… pic.twitter.com/VMSxGe2Ilt

— OTRANS Guatemala (@InfoOTRANS) April 12, 2020

Discriminada por policías por su identidad de género

Gabriela Redondo lamentó que los policías que la detuvieron también vulneraron su derecho a ser reconocida de acuerdo a su identidad y expresión de género. Fue llamada por el nombre registrada en su licencia de conducir.

“Ellos hicieron burla del nombre de Gabriela, me llamaban con el nombre del documento de identidad. La Asociación ha capacitado a las fuerzas policiales sobre los derechos de la población trans de Honduras. Me hicieron pasar tanta pena, tanta vergüenza, tanta humillación y tanta discriminación solo por fastidiarnos la vida”, recalcó.

El congreso hondureño estudia desde 2018 un anteproyecto de ley de identidad de género, pero a la fecha continúa con pocos avances.

“Le pedimos al Estado que nos apoye con la ley de identidad de género para no sufrir discriminación con las personas que por tener un uniforme y arma se creen superior a uno y juegan con nuestra dignidad”, señaló Gabriela.

Miedo a represalias

Después de sufrir amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos de la población trans del país centroamericano, Gabriela tiene medidas de seguridad. Tras esta detención tiene miedo de sufrir ataques de la policía en represalia por las denuncias públicas que realizaron organizaciones sociales sobre su retención injustificada.

“La policía me escoltó hasta la casa para cuidarme, pero siento que es conocer donde yo vivo y posiblemente después en civil, atacarme o buscarme porque no lograron el objetivo de tenerme detenida 24 horas como esta estipulado. Es temor, miedo de que ellos sepan dónde yo vivo, por mi vida y la de mi familia”, denunció Gabriela.

Desde que entró en vigencia el toque de queda y el cierre de los mercados y comercios, se han registrado protestas en la capital Tegucigalpa debido al desabastecimiento de alimentos para la población. Hernández ordenó que los militares salgan a las calles para reprimir las manifestaciones. Se estima que unas tres personas fueron heridas durante el desalojo.

La @CoalicionLGBTTI se pronuncia por el arresto de la activistavtrans Gabriela Redondo en Honduras#Urgente#SoSTrans pic.twitter.com/YQ0K77yjAt

— OTRANS Guatemala (@InfoOTRANS) April 12, 2020

Población trans vulnerable en la crisis sanitaria

La Asociación Feminista Trans-AFET denunció que las condiciones de subsistencia de mujeres trans en Honduras ha llegado a niveles insostenibles debido a que muchas sobreviven gracias al trabajo sexual que realizan en las calles de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

“Los problemas que enfrentamos en esta crisis es porque muchas chicas trabajan el diario para su gasto y ahora no pueden salir a las calles. No tienen alimentación, para el pago de la renta de donde viven. Nosotras queremos ayudarlas, pero no podemos salir a las calles para apoyarlas, eso nos pone en riesgo como lo que me sucedió ayer porque la policía siempre quiere agredirnos”, señaló Gabriela.

“Le pido al Estado hondureño que cumpla lo que han prometido para que la gente no ande en la calle pidiendo o buscando su pan de cada día, que les den las bolsas solidarias o la bolsa Honduras solidaria donde supuestamente están dando un saco de alimentación. A nosotras como mujeres trans no estamos incluidas porque supuestamente es solo para familias y nosotras no tenemos familia”, puntualizó Gabriela.

Honduras reporta al día 12 de abril 393 casos confirmados de coronavirus y 25 personas fallecidas.

En el vecino El Salvador, el presidente Nayib Bukele, también ha sido denunciado por organismos de derechos humanos y por la misma Corte Suprema de Justicia, quien le ha ordenado abstenerse de realizar detenciones de personas que hayan incumplido una cuarentena domiciliar obligatoria. Unas 1,716 personas en El Salvador han sido detenidas y enviadas a un centro de contención durante 30 días.

Fuente Agencia Presentes

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Las nuevas medidas también flexibilizan la donación de hombres bisexuales y personas que se hayan hecho un tatuaje o un piercing de manera reciente.

La crisis del coronavirus ha provocado una fuerte bajada de las reservas de sangre en todo Estados Unidos. Al no poder realizarse donaciones masivas en centros de trabajo, de estudio y otras ubicaciones, se estima que su número ha bajado en las últimas semanas ha bajado en cerca de 86.000. Este hecho, denunciado por Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales -principales abastecedoras de los bancos de sangre estadounidenses-, ha provocado un cambio de criterio en la administración federal.

El criterio anterior era el de vetar todas las donaciones de personas homosexuales o bisexuales que hubieran mantenido relaciones sexuales en un periodo previo de un año, algo que suponía una evidente estrategia para disuadir a estos donantes y, por lo tanto, una discriminación a la comunidad homosexual y bisexual estadounidense.

Con la nueva situación de emergencia, el organismo responsable, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), ha establecido que el periodo de abstinencia tras el cual los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres puedan donar sangre se reduzca a tres meses. Un periodo que también se aplica, entre otras, a las personas que se hayan tatuado o perforado para ponerse un piercing y a personas que hayan viajado a países en los que la malaria tenga una fuerte presencia.

«Queremos y necesitamos que la gente sana -toda la gente sana- done sangre», ha argumentado Jerome Adams, cirujano general de los Estados Unidos (el más alto cargo público en materia de Salud Pública en ese país), que anunció la medida en una rueda de prensa. Habrá que ver si la medida es temporal, mientras dura la crisis del coronavirus, o se mantiene en el futuro. Teniendo en cuenta, además, que sigue persistiendo su carácter discriminatorio, al poner el foco sobre la orientación sexual y no sobre las prácticas de riesgo.

El fin de las restricciones a la donación de sangre por parte de los hombres gais y bisexuales, históricamente motivadas por el miedo a la transmisión del VIH, es algo que llevan años defendiendo diversos colectivos en favor de los derechos de las personas LGTBI en Estados Unidos. En España, por ejemplo, la ley establece la exclusión de la donación de sangre en función de la existencia previa de conductas de riesgo, con independencia de la orientación sexual. Tras el cese de la conducta de riesgo la ley marca que se excluya la donación «durante un periodo determinado por la enfermedad en cuestión y por la disponibilidad de pruebas apropiadas en cada caso». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la sangre donada es sometida a test de VIH, entre otros agentes infecciosos. Y aunque existe la posibilidad de que una infección recién transmitida no sea detectada debido a la existencia de un ‘periodo ventana’ entre el momento preciso de la transmisión y el momento en que las pruebas dan positivo, en el caso del VIH la introducción de pruebas más sensibles hace tiempo que lo han reducido muy por debajo de los tres meses.

Fuente Dosmanzanas

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Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La asociación Imaan había anunciado el 11 de abril como fecha para un evento que visibilizaría a la comunidad islámica perteneciente a la diversidad sexual. La organización se ha visto obligada a retrasar el evento al día 12 de diciembre.

La comunidad musulmana del Reino Unido contará con un Orgullo LGTBI propio. Este acto, promovido por la asociación islámica Imaan de apoyo a las personas LGTB, supondrá un espaldarazo a la imagen mundial de la diversidad sexual en la cultura musulmana. Tras contar con una importante presencia en los anteriores orgullos LGTBI celebrados en la capital británica, Imaan se ha decidido a organizar un evento del que aun se desconocen los pormenores y al que se podrá acceder tras la adquisición de una entrada.

Las circunstancias actuales han provocado que el evento sea pospuesto en el tiempo. Ya que sin una estrategia gubernamental clara para hacer frente al COVID-19 por parte del Reino Unido y el avance imparable de la pandemia, podía suponer un riesgo su celebración el 11 de abril, día escogido inicialmente por la organización. Es por eso que el ‘ImanFest’, nombre con el que ha sido bautizada la celebración, podrá llevarse a cabo (en principio y según lo declarado por la organización) el 12 de diciembre de 2020. Una decisión, la de retrasar la celebración, similar a la ya adoptada por los organizadores de otros orgullos en diferentes lugares del mundo.

El breve comunicado que ha hecho público la formación pide a sus seguidores y personas que hayan comprado la entrada que «tengan paciencia mientras se trabaja para reformular el horario del evento» y aseguran que las entradas ya adquiridas para la fecha de abril serán igualmente válidas para diciembre. Además, según el comunicado, desde Imaan se alude a la determinación por llevar a cabo este evento para «celebrar las identidades musulmanas LGTBQI».

Wanna be involved in the first #MuslimPride? #JameelaJamil 😉 https://t.co/rSpSYXUxLz

— Imaan LGBTQI (@ImaanLGBTQ) February 6, 2020

Resulta muy significativo que la organización se haya decidido a dar este paso para reivindicar la existencia y la dignidad de las personas LGTBIQ que no renuncian a su confesión musulmana. «Las personas LGTBI musulmanas se suelen encontrar entre la homofobia y la islamofobia y queremos proveerles de un lugar seguro e inclusiva para que sepan que no tienen que elegir entre identidades y sentirse a la vez musulmanes y LGTBIQ frente a quienes les presionan en otro sentido», ha asegurado a medios especializados un representante de Imaan. La organización ha hecho además una invitación a la actriz, modelo y presentadora Jameela Jamil, conocida principalmente fuera de Reino Unido por su papel en la serie The Good Place y que acaba de hacer pública su bisexualidad rodeada de polémica.

Las personas que participen o quieran apoyar su celebración ya pueden promocionarlo en redes sociales con la etiqueta #LGBTHM20. Además, la organización busca voluntarios para llevar a cabo tareas organizativas en el evento o participar en las ponencias. La puesta en marcha del evento se ha hecho posible a través de una campaña de crowdfunding que ha alcanzado las 10.000 libras.

La asociación Imaan se califica como la red más importante de apoyo a personas LGTBIQ musulmanas de Europa y está activa desde 1998. Una trayectoria en la que ha participado en diversos orgullos nacionales y locales en Reino Unido, trabaja en campañas contra la islamofobia y da apoyo legal a personas refugiadas por motivos de LGTBIfobia y promueve los valores islámicos de paz, justicia social y tolerancia.

Fuente Dosmanzanas.

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El vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil, para impedir que las personas trans puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus.

El pasado lunes día 30, el Parlamento húngaro votó a favor de otorgar poderes especiales al primer ministro Viktor Orbán, debido a la situación de emergencia creada por la crisis del coronavirus. Con esos poderes, Orbán podrá aprobar leyes por decreto sin control parlamentario de manera indefinida, lo que convierte a Hungría en una dictadura de facto.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género en los archivos registrales. Este es el texto del proyecto de ley:

El concepto de género no se incluye actualmente en la legislación, dado que su definición se basa en razones biológicas. Se puede determinar en función de los caracteres sexuales primarios o de los cromosomas. El género asignado en el registro se basa en los hechos declarados por los médicos para su anotación registral. A menos que se demuestre lo contrario, el registro certifica los hechos así declarados, aunque en principio no tiene ningún efecto legal.

Sin embargo, existen derechos y obligaciones que pueden surgir en función del género declarado en el registro y, por lo tanto, es necesario definir el concepto de género al nacer. Dado que no es posible cambiar completamente el género biológico, es necesario indicar en la legislación que tampoco es posible cambiarlo en el registro.

De esta manera, utilizando los poderes especiales otorgados para la lucha contra el coronavirus, el Gobierno de Orbán aprovecha para cercenar y dejar sin efectos el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género. Ocurre tan solo dos años después de que entrara en vigor la ley que permite el cambio del género en los datos registrales, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Según la normativa aún vigente, los ciudadanos húngaros pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitan un informe médico al respecto, aunque no están obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Domanzanas/Cristianos Gays

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