Recordamos a estos machirulos homófobos y exhibicionistas Mikola Zatkalnitsky y su amiguito a los que parece gustarles salir en internet desnudos y muy depiladitos… Si es que…

Los miembros de este grupo se hacían pasar por un menor de edad y entablaron conversación en «chats» de contactos íntimos con tres homosexuales, con los que concertaron una cita. 

La Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona solicita 21 años de prisión para los cabecillas del infame “Proyecto Pilla Pilla”, un grupo homófobo que, a imitación de los neonazis rusos de Occupy Pedofilyaj, se dedicó a finales de 2013 a hostigar, en los alrededores de la capital catalana, a homosexuales con los que contactaban a través de chats. Les acusa de tres delitos contra la integridad moral y dos contra la intimidad. La Fiscalía también solicita condenas de 15, 6 y 2 años de prisión para otros cuatro acusados, uno de ellos menor de edad en el momento de los hechos.

El fiscal pide hasta 21 años de cárcel para los integrantes del «proyecto pillapilla», que preparaban emboscadas a homosexuales en Granollers y Les Franqueses, en Barcelona, para humillarles y vejarles sometiéndoles a un interrogatorio, que luego colgaban en las redes sociales.

El grupo, liderado por el joven de origen ucraniano Mikola Zatkalnitsky, alias “El Rusky”, fue desarticulado por los Mossos d’Esquadra a finales de 2013. Durante días, su actividad alcanzó gran eco en redes sociales, gracias a su supuesta finalidad “cazapederastas”, aunque por fortuna pronto quedó claro que no era más que un grupo homófobo creado a imitación de Occupy Pedofilyaj, una red de grupúsculos rusos responsables de numerosos episodios de violencia contra personas LGTB especialmente activa en esa época y con la que de hecho compartían simbología: un puño cerrado con el pulgar hacia arriba, pero doblado. El líder de Occupy Pedofilyaj era Maxim Martsinkevich, alias “Tesak” (un famoso neonazi que ya antes había sido el inspirador de Format 18, organización racista que se hizo muy conocida por sus brutales agresiones a ciudadanos no rusos). Martsinkevich fue condenado en 2014 a 5 años de prisión en su propio país, mientras que otros 6 integrantes de Occupy Pedofilyaj fueron condenados en 2015, también en Rusia, a entre 3 y 6 años de prisión.

Mykola, de nacionalidad ucraniana, creó en noviembre de 2013 el grupo que denominó «proyecto pillapilla», que era una imitación del grupo ruso «Occupy Pedofilya«, de clara ideología neonazi que, con el pretexto aparente de identificar y neutralizar a pederastas, buscaba perseguir, humillar y vejar a homosexuales. Siguiendo los mismos objetivos, el «proyecto pilla pilla«, en el que Mykola logró reunir a varios integrantes -de los que los Mossos d’Esquadra lograron identificar a cinco y a un menor de edad-, actuó al menos contra tres víctimas, a las que, mediante un engaño previo, humillaron con un interrogatorio vejatorio, que grabaron en vídeo y difundieron por las redes sociales.

En su escrito de acusación, el Fiscal de delitos de odio y discriminación Miguel Ángel Aguilar pide la mayor pena, de 21 años de cárcel, para Mykola, el impulsor de este grupo, y para su principal colaborador, así como condenas de quince, seis y dos años para los otros cuatro acusados. El fiscal Miguel Ángel Aguilar, describe en su acusación al menos tres ataques acreditados del grupo a víctimas en Granollers, todos ellos con el objetivo de “atemorizar, humillar y represaliar” a hombres homosexuales valiéndose de la “notable desproporción” de su fuerza numérica. Tras engañarla a través de las redes sociales, el grupo concertaba un encuentro con la víctima, a la que rodeaba por sorpresa para que no huyera, la retenía y la filmaba mientras la sometía a un interrogatorio humillante, con pregunats vejatorias sobre su condición sexual, que finalizaba con la coacción a la víctima para que dijera frente a una cámara que era un “pederasta abusador de niños”. Les obligaba además a facilitar ante las cámaras su nombre completo y DNI para poder quedar libres. La mecánica era, en este sentido, calcada a la de los neonazis rusos (cuyos vídeos el propio Mikola Zatkalnitsky compartía en su perfil de VKontakte, principal red social rusa, en la que por desgracia sigue siendo posible acceder a numerosas de estas grabaciones en las que se maltrata a homosexuales).

Según el fiscal, los acusados actuaron con el objetivo de «atemorizar, humillar y represaliar» a los homosexuales. En el interrogatorio, los acusados obligaban a responder a las víctimas preguntas vejatorias sobre su condición sexual y familiar, dar su nombre completo y su DNI, proclamar públicamente su homosexualidad y reconocer -bajo coacción- que eran unos «pederastas abusadores de niños». Posteriormente, editaban las imágenes y las colgaban en las redes sociales.

Según la Fiscalía, estos hechos, de los que únicamente se ha podido acreditar el caso de tres víctimas, causaron en esa época y en los meses sucesivos un «estado de alarma social» entre el colectivo homosexual, que temió por su seguridad y por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva.

Los vídeos llegaron al entorno de las víctimas, que de esta forma pudieron descubrir su orientación sexual, conocer sus fantasías sexuales y la falsa acusación de que eran abusadores de niños, generando todo ello un daño «irreparable» en su honor y en su dignidad, debido al «escarnio público» que suponía que, sin haber cometido ninguna ilegalidad, se les asociara con la pederastia. De hecho, dos de las víctimas recibieron mensajes amenazantes en su teléfono, cuyo número aparecía en el vídeo que difundieron los acusados.

Por todo ello, el fiscal acusa al creador del grupo y a su principal colaborador -que era quien llevaba el peso de los interrogatorios-, de tres delitos contra la integridad moral y tres contra la intimidad, por los que les pide en total 21 años de cárcel.

A los otros cuatro acusados, el fiscal les pide condenas de seis años de prisión -a dos de ellos- y dos años -a los otros dos-, así como que indemnicen conjuntamente a cada una de las tres víctimas con 31.000 euros y la prohibición de acercarse a un kilómetro de distancia. Por cierto, que meses después de la desarticulación del grupo se supo de su conexión con una agresión racista ocurrida en el metro de Barcelona.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Barcelona, Cataluña, Delitos de Odio, Discriminación, Format 18, Granollers, Homofobia/Transfobia, Maxim Martsinkevich, Miguel Ángel Aguilar, Mikola Zatkalnitsky, Mykola, Neonazis, Occupy Pedofilya, Proyecto Pilla pilla, Rusia, Ucrania, VKontakte

Se está conviertiendo en una epidemia donde la mitad de las personas infectadas no saben que lo están, mientras que alrededor del 40 % de las que han sido recientemente diagnosticadas se encuentran ya en las últimas etapas de la enfermedad.

El conflicto armado en el este de Ucrania y los desplazamientos forzados hacia otras regiones del país han provocado un aumento en las infecciones por VIH, según indica un estudio realizado por la Universidad de Oxford, citado hoy por medios ucranianos.

Los científicos constataron que el aumento en las cifras de transmisión del VIH en Ucrania está relacionado con el desplazamiento interno de más de 1,7 millones de personas a causa de la guerra en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, actualmente bajo control parcial de milicias separatistas prorrusas.

«La migración del virus ha aumentado rápidamente y sigue un patrón hacia el oeste. Donetsk y Lugansk, dos grandes ciudades del este que no han sido controladas por el Gobierno ucraniano desde 2014, son las principales exportadores» del VIH, afirma la investigadora principal del estudio, Tatyana Vasylyeva.

El informe indica que la infección por VIH se ha convertido en una «epidemia silenciosa» en el país eslavo, porque la mitad de las personas infectadas no saben que lo están, mientras que alrededor del 40 % de las que han sido recientemente diagnosticadas se encuentran ya en las últimas etapas de la enfermedad.

«Encontramos una redistribución espacial de infecciones ya existentes, en lugar de nuevas transmisiones. El movimiento observado del virus en determinadas regiones se relaciona con el número de desplazados internos infectados por el VIH que se trasladan a esa región», señala el estudio.

La epidemia comenzó en la década de 1990 con un fuerte aumento en el número de nuevas infecciones en personas que se inyectan drogas, pero en la actualidad se estima que entre el 70 % y el 80 % de las nuevas infecciones corresponden a personas heterosexuales que no consumen estupefacientes.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General Guerra, Tatyana Vasylyeva, Ucrania, VIH/SIDA

Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adrian Coman, Armenia, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Cámara de Diputados, Coalición por la Familia (Rumanía), Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, Polonia, Robert Hamilton, Rumanía, Serbia, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ucrania, Unión Europea

Llamada de atención sobre la situación de las personas LGTB en Ucrania. El Consejo de Europa, organismo supranacional que abarca casi todo el continente, ha hecho público un informe en el que alerta sobre el incremento de la violencia LGTBfoba y los discursos de odio. La sensación de inseguridad aumenta por la inacción de la policía ante muchos de los ataques y la ausencia de una legislación que ampare suficientemente a las víctimas.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), integrado en el Consejo de Europa, ha publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania. El organismo se encarga de denunciar el racismo, las discriminaciones de todo tipo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de intolerancia en los países miembros del Consejo, que son casi todos los Estados con territorio europeo, incluidas Rusia y Turquía pero no Bielorrusia.

En el texto difundido este martes, la organización alerta sobre la situación de vulnerabilidad de varios colectivos, entre ellos los extranjeros, las personas de etnia gitana y la comunidad LGTB. Como principales fuentes de los discursos de odio LGTBfobo, señala a los miembros de partidos de ultraderecha como Pravy Sektor, la prensa (en particular la regional) y las iglesias ortodoxas.

La agresividad retórica se incrementó especialmente a raíz de la celebración del Orgullo de Kiev en 2015, al que asistieron unas 300 personas a pesar de la amenaza de ataques como los que finalmente se produjeron. También como protesta contra la legislación aprobada ese año referida a la discriminación basada en la orientación sexual en el ámbito laboral. La LGTBfobia ocupó el segundo lugar, tras la xenofobia, entre los discursos de odio más difundidos, con 424 casos registrados.

En cuanto a la violencia física, los casos han aumentado en los últimos años, con seis asesinatos, 32 agresiones y seis ataques a eventos entre 2014 y 2015, como el mencionado en Kiev o un foro sobre derechos LGTB atacado posteriormente en Odesa. Para combatir estas situaciones, la ECRI insta a Ucrania a reforzar la protección de sus ciudadanos LGTB ampliando la legislación vigente para que haga referencia explícita a la orientación sexual y la identidad de género. Concretamente propone modificar el Código Penal y la legislación antidiscriminatoria con esta finalidad. También señala medidas en el ámbito de la educación, como la formación de los profesores para prevenir el acoso LGTBfobo.

Ucrania: hostigamiento a la comunidad LGTB

Hemos dado cuenta de varios sucesos cargados de violencia contra el colectivo LGTB en Ucrania. En marzo de este 2016, el Festival de la Igualdad que se celebraba en la ciudad ucraniana de Leópolis tuvo que ser cancelado, después de que una turba amenazante rodeara el hotel que acogía a los participantes, y los recibieran con una lluvia de piedras y pequeños explosivos cuando eran desalojados.

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Consejo de Europa, ECRI, Iglesia Ortodoxa, Kiev, LGTBfobia, Odesa, Pravy Sektor, Svyatoslav Sheremet, Ucrania, Violencia

Tras la sorpresiva aprobación por el Bundestag alemán del matrimonio igualitario, aun a falta de algunos necesarios trámites para que entre en vigor, la lista de países donde las parejas del mismo sexo no están discriminadas se ha incrementado hasta alcanzar los 23 integrantes. Por continentes, 14 de ellos están en Europa, 7 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. De momento, no hay ningún país asiático en la lista. En el futuro cercano, sin embargo, se prevén varias adiciones a esa suma en casi todos los continentes. De momento, se calcula que, aproximadamente, más de 1.150.000.000 habitantes del mundo viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone más de un 15 % de la población mundial.

Incorporando a Alemania, este sería el mapa de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Europa

Fue en Europa donde por primera vez se aprobó la inclusión de las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, en el año 2001, y es también un país europeo el último en sumarse a la lista de la igualdad de derechos para las parejas LGTB en este 2017. Los 14 países de este continente donde existe el matrimonio igualitario son los siguientes (con la entrada en vigor de la legislación entre paréntesis):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (entrada en vigor por determinar).

Incluyendo a Alemania, y restando la población de aquellos territorios o dependencias donde no está en vigor la legislación igualitaria, un total de 324.027.406 europeos viven en países donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa cifra representa un 45,31 % de la población europea total (711.064.145 habitantes).

Si nos ceñimos a la Unión Europea, el matrimonio igualitario existe en 12 de los 28 países que la componen. Eso supone que 316.940.861 de los 507.996.178 habitantes de la Unión Europea no discriminan a las parejas del mismo sexo, un 62,39 % del total.

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto. El primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat, ha prometido que el matrimonio igualitario será la primera ley de la nueva legislatura. Por su parte, el socialdemócrata primer ministro de Austria, Christian Kern, que gobierna en gran colación con los conservadores, se ha comprometido a impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que acabe esta legislatura. También existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12:

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015).

Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

América

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 7 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

De los 1.001.559.000 habitantes del continente americano, 779.212.822 viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone un 77,80 % del total.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis):

Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Otros continentes

Tan solo existen dos países más fuera de los continentes europeo y americano donde está legislado el matrimonio igualitario. Se trata de Sudáfrica, en África, y de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Oceanía sumará muy probablemente un nuevo país a la lista, aunque la fecha en que eso suceda es aún incierta. El gobierno conservador de Australia pretende convocar un referéndum para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la oposición exige que la medida se tome directamente desde el Parlamento. Esa división de opiniones hace que la legislación igualitaria siga bloqueada.

En cuanto África, lamentablemente Sudáfrica sigue siendo la excepción en un continente donde lo que abundan son las legislaciones que castigan las relaciones homosexuales con largas penas de prisión, e incluso con la pena de muerte.

No existe en la actualidad ningún país asiático con legislación igualitaria para las parejas LGTB. En Taiwán, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos años para que se legisle el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la isla no es un país reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los candidatos sería Vietnam, aunque la situación está en un proceso incierto y previsiblemente de larga duración.

Como ocurre en África, en Asia, lamentablemente, es también larga la lista de países que castigan las relaciones homosexuales, en algunos casos hasta con la pena de muerte. Lo podéis comprobar en estos mapas, donde aparecen los países que castigan la homosexualidad, y los que incluso aplican la pena capital (podéis pinchar en ellos para verlos a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Chile Brasil, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Discriminación, Ecuador, Escocia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia. Alemania, Francia, Gales, Holanda, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Jamaica, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Matrimonio, México, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwan, Ucrania, Unión Europea, Uruguay, Vietnam

La policía ha permitido el acceso a diversos grupos homófobos, algunos de ellos visiblemente identificables por sus carteles o camisetas con mensajes violentos. 

Cerca de 3.000 personas han participado en la Marcha de Igualdad en la capital ucraniana que cerró el festival «Kiev-Pride 2017» organizado por la comunidad LGBT, sin que se registraran incidentes.

La manifestación se desarrolló en medio de un gran despliegue de fuerzas policiales, ya que grupos nacionalistas ucranianos habían amenazado con frustrarla, lo que obligó a modificar su ruta.

La Policía de Kiev destacó que, salvo algunos altercados y provocaciones menores, el acto por la igualdad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) transcurrió con normalidad y no se produjeron detenciones.

Y es que a pesar de que fuera un día de lucha por los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, y ‘queer’ en Ucrania, la policía permite el acceso a diversos grupos homófobos, algunos de ellos visiblemente identificables por sus carteles o camisetas con mensajes violentos.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Canadá, Homofobia/Transfobia, Kiev, Kiev-Pride 2017, Marcha de Igualdad, Roman Waschuk, Ucrania

ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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Rumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

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El “Arco de la diversidad” era una de las propuestas de la organización para decorar la ciudad de Kiev durante el festival de Eurovisión.

A la ultraderecha homófoba no le ha gustado nada .

En Kiev estaban transformando un viejo monumento de la época soviética decorándolo como un arcoíris gigante, para hacer algo que tuviera que ver con el lema de este año, Celebrate diversity.  Y aunque no era exactamente una bandera LGTBI (a veces hay que fijarse bien en los colores y el número de franjas) parecía un paso, teniendo en cuenta la homofobia existente en Ucrania…

Y pasó lo que tenía que pasar poco después de que empezaran los trabajos para convertir el Arco de la Amistad de los Pueblos, una mole totalmente gris, en el Arco de la Diversidad coloreado: la extrema derecha del país se indgnó y a Ruslan Kukharchuk, un periodista y activista religioso, le faltó tiempo para empezar a hablar de que era un intento de introducir la propaganda LGTB. La ultraderecha ucraniana organizó una manifestación frente al arco en la que dijeron las estupideces de siempre, como que “el pervertido simbolismo que ha degenerado los colores del arcoíris ha provocado la indignación de los ucranianos con valores tradicionales”

Mientras unos se manifestaban, las redes sociales se llenaron de posibles decoraciones alternativas  para el monumento usando banderas y símbolos patrióticos ucranianos.  Todo esto llevó a que se paralizaran los trabajos de decoración usando la excusa oficial de que estaba causando controversia entre la población, sin darse cuenta de que antes  ya se estaba usando esta decoración nocturna para iluminar el monumento.

Sea como sea, en Kiev han tomado una decisión que es muy difícil que guste a nadie: el alcalde Vitali Klitschko ha anunciado “una solución de compromiso” entre partidarios y oponentes del arcoíris que consiste en que las partes que todavía estaban sin colorear serán cubiertas con un patrón decorativo ucraniano.

Por su parte, Gennadiy Kurochka, el representante de la organización que había presentado en primer lugar la decoración multicolor, ha dicho que “el arco ya está coloreado, vamos a dejarlo como está” y también dijo que no iba a comentar nada sobre el posible simbolismo LGBT de los colores, que prefiere que cada uno  interprete la decoración como quiera.

Fuente | Reuters, vía EstoyBailando

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Diplomática llamada de atención del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CdE) a los Estados miembros de este organismo supranacional que abarca casi todo el continente. Nils Muižnieks insta a aquellos que aún discriminan a las parejas del mismo sexo que pongan fin a esa situación y recomienda el matrimonio igualitario como la mejor opción para garantizar la equiparación completa de derechos.

Muižnieks publicó sus reflexiones el pasado martes en un artículo de la página oficial del organismo que preside. Comienza haciendo un repaso a los importantes avances en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo que se han producido en los últimos años, con 13 países miembros del Consejo de Europa (no confundir con la Unión Europea) que cuentan con matrimonio igualitario y otros 14, con leyes de uniones civiles. Por el contrario, los restantes 20 Estados, entre ellos Polonia, Rusia, Turquía o Ucrania, carecen de cualquier reconocimiento legal.

El representante enumera también la injusticia de varias situaciones específicas a las que tienen que hacer frente los ciudadanos LGTB por culpa de las leyes discriminatorias. A continuación cita las dos recomendaciones que el Consejo ha emitido en el pasado: en 2000, para animar a los Estados europeos a introducir leyes de uniones civiles y en 2010, para combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), uno de los órganos que conforman el CdE, también se ha pronunciado en el mismo sentido en varias ocasiones.

Con respecto al matrimonio igualitario, Muižnieks mide sus palabras, aunque el mensaje es claro. Recuerda que el TEDH dictaminó en 2010 que la Convención Europea de Derechos Humanos no obliga a los Estados miembros del Consejo de Europa a implementar una definición inclusiva del matrimonio. Pero por otra parte, el comisario insta a los Gobiernos a, al menos, considerar la igualdad matrimonial como la mejor forma de garantizar que todas las parejas tienen acceso a los mismos derechos.

En definitiva, las medidas que propone Muižnieks son tres. En primer lugar, que los países que aún carecen de instituciones que incluyan a las parejas del mismo sexo empiecen a reconocerlas, al menos bajo la figura de las uniones civiles. En segundo lugar, que se revisen las legislaciones ya existentes para asegurar que no discriminan a ningún tipo de parejas. Y por último, que se promueva el respeto a la diversidad afectivo-sexual, especialmente en el ámbito educativo. El comisario no hace ninguna mención en este documento a las personas transgénero.

El Consejo de Europa es una organización internacional diferente de la Unión Europea, que agrupa a la práctica totalidad de los Estados europeos, incluidos Rusia, Turquía y las repúblicas caucásicas. Sus objetivos son la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargado de hacer cumplir la Convención Europea de Derechos Humanos, forma parte del CdE. Los informes del comisario de Derechos Humanos, aunque carecen de carácter vinculante, intentan orientar las políticas de los Estados miembros hacia la promoción de los valores y derechos recogidos en la Convención. El predecesor de Muižnieks en el cargo, Thomas Hammarberg, también defendió los derechos LGTB, así como la despatologización de la transexualidad y la lucha contra la homofobia y la transfobia durante su mandato.

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Eurovisión ha hecho público su logo oficial para su próxima edición que se celebrará en mayo de 2017 en Kiev, la capital de Ucrania. Acompañado del logo, su eslogan ‘Celebrate Diversity‘ no sólo supone un guiño a la diversidad regional del certamen, sino también a la afectivo-sexual y de género.

Se celebrará el próximo mes de mayo en la capital ucraniana tras la victoria de su representante Jamala en la pasado edición de Estocolmo 2016. El logotipo hace referencia a los collares y vestidos tradicionales ucranianos, pero a la vez completamente modernizados, conectando así con la trayectoria de logotipos de los países ganadores y organizadores del festival.

El eslogan ‘Celebrate Diversity’ (celebra la diversidad) no supone una casualidad, ya que Eurovisión históricamente ha hecho gala de la visibilidad LGTBI, desde las ganadoras Diva Internacional (Israel, 1998), pasando por Marija Serifovic (Serbia, 2007) o Conchita Wurst (Austria, 2014).

El eslogan intenta conectar con esa gran base de fans del festival, en donde las personas LGTBI tienen un marcada presencia, lo que hace fidelizar con este público.

Surgen miedos por parte de activistas y colectivos LGTBI de que el festival vuelva a convertirse en una oportunidad de pinkwashing. No olvidemos la importancia de Eurovisión, es uno de los programas musicales más vistos del mundo, con alrededor de 200 millones de espectadores cada año, donde las batallas culturales de los distintos países a veces van más allá de lo estrictamente musical. No solamente se muestra idea de país, sino que muchas veces esta imagen se liga en ocasiones al turismo (especialmente gayfriendly), y otras veces se emiten imágenes de un país totalmente distorsionadas de un país de cara a Europa.

Varias de las partes positivas de Eurovisión es la creación de espacios de empoderamiento lgtib-feministas amantes del festival en aquellas zonas con poca aceptación de la diversidad, además de que su gran poder de difusión ayude a que esta visibilización se normalice llegando a más lugares donde la LGTBIfobia sigue siendo presente en distintos países de Europa.

Con este eslogan la entidad eurovisiva apuesta por mostrar en Ucrania la diversidad a pesar del alto grado de homofobia que existe en el país. Uno de sus episodios álgidos fue cuando el Orgullo de 2015 de la Kiev fue boicoteado por grupos de extrema derecha (FOTO). Para ésto también se prepara el certamen, que lleva preparando «zonas de seguridad» para los eurofans en los países en donde se celebra.

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El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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La Policía rusa ha detenido al pastor estadounidense Jim Mulcahy, que se encontraba realizando un encuentro con miembros del colectivo LGTB en la ciudad de Samara, bajo la acusación de que pretendía celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Tras horas de interrogatorio, ha sido puesto a disposición judicial y condenado a pagar una multa y abandonar el país por violar los términos de su visado de turista. La detención ha sido difundida por la cadena de televisión NTV, de filiación progubernamental y carácter sensacionalista, que ha vertido contra Mulcahy todo tipo de infundios.

Jim Mulcahy, de 72 años y originario de Boston, es el coordinador en el este Europa de la Comunidad de Iglesias Metropolitanas. La organización, con sede en los Estados Unidos, mantiene estrechos lazos con la comunidad LGTB, hasta el punto de que una de sus iglesias integrantes fue la primera en celebrar el matrimonio religioso de una pareja del mismo sexo en el país americano, sin bien no ofrece ese tipo de servicio en Europa.

Mulcahy reside desde hace unos años en la ciudad ucraniana de Krivói Rog, desde donde realiza su labor pastoral y de coordinación. Días atrás, comunicó a través de su página de Facebook que iba a realizar un viaje a la vecina Rusia. En ese momento, fue contactado por la asociación LGTB Avers, que tiene su sede en la ciudad de Samara, una ciudad de más de un millón de habitantes situada a 760 kilómetros al sudeste de Moscú. Mulcahy aceptó tener un encuentro con ellos para tratar sobre asuntos de actualidad.

Una vez en Samara, se reunió con un grupo de unas doce personas, con quienes debatió acerca de los derechos de las personas LGTB en Rusia, la pretendida intromisión de Occidente en los asuntos rusos, o las dificultades de las confesiones religiosas que no cuentan con el apoyo del Estado. Recientemente, se ha aprobado una ley que prohíbe el proselitismo religioso fuera de los templos, incluida la predicación y la difusión de textos religiosos, de la que está exenta la Iglesia ortodoxa.

Cuando se estaba celebrando la reunión, irrumpieron cuatro agentes de Policía, que procedieron a detener al pastor Mulcahy alegando que habían recibido la denuncia de que iba a celebrar el matrimonio de una pareja del mismo sexo. Tras amenazarle con esposarle si no colaboraba, Mulcahy fue conducido a comisaría, donde fue interrogado durante ocho largas horas. A pesar de que informó de que era diabético y padecía un cáncer de próstata, no le fue permitido acudir a su hotel para recoger su medicación.

La noticia fue difundida por la cadena de televisión NTV, de filiación progubernamental y estilo sensacionalista, que realizó un reportaje en el que ponía en tela de juicio la condición de Mulcahy como pastor, afirmando que se había convertido al cristianismo ortodoxo, lo que el pastor posteriormente negó con rotundidad. También se afirmaba que el clérigo había realizado diversos seminarios religiosos en Rusia, además de celebrar ceremonias no especificadas para homosexuales, todo ello sin prueba ni fundamento algunos.

Los activistas de Avers informaron inmediatamente de la detención a través de la redes sociales, ocasionando que desde todas partes del mundo, incluida la familia de Mulcahy en los Estados Unidos, se realizaran llamadas a la comisaría de Samala para interesarse por la situación del pastor.

Tras el largo interrogatorio, Mulcahy fue puesto a disposición judicial. El tribunal, ante el que no se pudo demostrar que Mulcahy fuera a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo, terminó  condenándole a una multa de 2.000 rublos (27 euros, 30 dólares) y a abandonar el país en el plazo de cinco días, por el cargo de haber violado los términos de su visado al participar en actividades religiosas fuera de los templos, en aplicación de la ley contra el proselitismo.

Vera Bochkareva , portavoz de Avers, expresaba su preocupación “por que las organizaciones LGTB se están etiquetando como agentes extranjeros o incluso sufren agresiones físicas. Grupos como el nuestro mantienen una relación crítica con las autoridades”.

Una vez en Ucrania, Mulcahy ha apelado la decisión del juez, además de negar todos los infundios propagados por la cadena NTV. El pastor afirma que ha hecho muchos amigos entre la comunidad LGTB rusa, y que quiere volver a visitarlos de nuevo como turista. “Crecí durante la Guerra Fría creyendo que Rusia era un lugar sombrío frío”, afirma Mulcahy, “pero, una vez que he visitado el país, la hospitalidad del pueblo ruso ha hecho que cambie de opinión”.

La absoluta desprotección de la comunidad LGTB rusa

Fuente Agencias/Dosmanzanas

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Cientos de personas participaron el domingo pasado en la manifestación del Orgullo LGTB que transcurrió por el centro de Kiev, la capital ucraniana. A pesar de las amenazas de la extrema derecha de convertir la marcha en un “baño de sangre”, no se han producido incidentes reseñables, gracias en buena medida al amplio despliegue policial.

Unas 1.500 personas participaron el domingo pasado en la “Marcha por la Igualdad LGTB” de Kiev, que tuvo una duración de unos veinte minutos. La policía, que ya había anunciado dos días antes que protegería a los asistentes, desplegó más de cinco mil agentes que impidieron los intentos de reventar la marcha por parte de grupos de contramanifestantes que protestaban contra la “propaganda LGTB”. Los pocos que consiguieron traspasar el cordón policial para acosar a los manifestantes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad.

Afortunadamente, por tanto, no se cumplieron las amenazas de la extrema derecha nacionalista, que habían anunciado un “baño de sangre” si tenía lugar la marcha. El Pravy Sektor había tachado a los ciudadanos LGTB de Ucrania de “monstruos inmorales, payasos y degenerados”. Pero los activistas decidieron  seguir adelante con la convocatoria, para que la sociedad ucraniana vea “lo que somos realmente, por qué pensamos que se están violando nuestros derechos civiles y lo que queremos”, según los organizadores.

En la marcha participaron, además de los activistas locales, políticos y diplomáticos extranjeros como Judith Gough, embajadora británica en Ucrania. Gough, que es abiertamente lesbiana, se felicitó por “un gran paso adelante para la igualdad en Ucrania”. La europarlamentaria alemana de Los Verdes Rebecca Harms destacó el “mayor apoyo político” que, según ella, ha recibido el Orgullo en comparación con el año pasado. Según el diputado ucraniano Serhiy Leshchenko, del gobernante Bloque Petro Poroshenko, este apoyo ha quedado reflejado en el amplio despliegue policial para proteger a los participantes.

Ucrania: hostigamiento a la comunidad LGTB

Hemos dado cuenta de varios sucesos cargados de violencia contra el colectivo LGTB en Ucrania. En marzo de este 2016, el Festival de la Igualdad que se celebraba en la ciudad ucraniana de Leópolis tuvo que ser cancelado, después de que una turba amenazante rodeara el hotel que acogía a los participantes, y los recibieran con una lluvia de piedras y pequeños explosivos cuando eran desalojados.

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Pope de la iglesia ortodoxa bendiciendo a militantes fascistas de la Organización de Ucranianos Nacionalistas

La extrema derecha nacionalista ucraniana ha amenazado con que habrá un baño de sangre si tiene lugar la Marcha del Orgullo en Kiev el próximo 12 de junio. Así lo ha expresado en su cuenta de Facebook Artem Skoropadsky, portavoz de la Organización de Ucranianos Nacionalistas, agrupación que ha tachado a los ciudadanos LGTB de Ucrania de “monstruos inmorales, payasos y degenerados”. Los activistas LGTB, sin embargo, siguen adelante con la convocatoria, pues “la gente tiene que ver lo que somos realmente, por qué creemos que se están violando nuestros derechos civiles, y lo que queremos. No debemos avergonzarnos de la diversidad. Vamos a recordarlo una y otra vez cada año”.

El próximo domingo 12 de junio tendrá lugar una vez más la “Marcha por la Igualdad LGTB” por las calles de Kiev, un acto de protesta y reivindicación alejado de cualquier tinte festivo, como es habitual en otros lugares, pues en Ucrania, en palabras de los activistas, “la comunidad LGTB no tiene nada que celebrar”.

En respuesta a la convocatoria, la Organización de Ucranianos Nacionalistas (OUN), ha divulgado el siguiente mensaje, en el que una vez más trata de enfrentar a la comunidad LGTB con lo que considera “patriotas ucranianos”:

Hoy por hoy, nos vemos obligados a aceptar las marchas y festivales LGBT, y unirnos así a las filas de los pecadores y quienes los apoyan. ¿Quiénes van a ser equiparados en este día de descanso santo? Monstruos inmorales, payasos y degenerados se equipararán con aquellos que tienen honor y dignidad, respeto y amor al prójimo, con los soldados que dieron su vida y su salud para proteger la paz en el país.

Artem Skoropadsky, portavoz de la organización Pravy Sektor (“Sector de Derecha”), también de extrema derecha nacionalista, que cuenta con el respaldo y apoyo de la Iglesia ortodoxa, añadía en su cuenta de Facebook que “nuestros colegas del movimiento OUN han emitido una fuerte declaración sobre la marcha gay de Kiev. En resumen, el 12 de junio habrá un baño de sangre en Kiev. Los organizadores de la marcha aún tienen tiempo de no llevarla a cabo”.

La amenaza, lamentablemente, debe tomarse en serio, pues el pasado 2015, poco después de comenzada la Marcha del Orgullo, un grupo de agresores de extrema derecha comenzó a lanzar piedras y botes de humo contra los manifestantes, e incluso se enfrentó con los agentes de policía que vigilaban la manifestación. Finalmente, tras duros enfrentamientos, el grupo agresor fue disuelto y 25 de sus miembros detenidos.

Los activistas LGTB, sin embargo, persisten en la convocatoria de la Marcha, pues según Olena Semenova, miembro del comité organizador, “el Orgullo es un evento público. Es nuestro diálogo abierto con los que están en el poder. También es nuestro diálogo con la sociedad. La gente tiene que ver lo que somos realmente, por qué pensamos que se están violando nuestros derechos civiles, y lo que queremos. No debemos avergonzarnos de la diversidad. Vamos a recordarlo una y otra vez cada año”.

Esperemos que la Marcha transcurra pacíficamente y sin incidentes, y que todo quede en una vana amenaza.

Ucrania: hostigamiento a la comunidad LGTB

Hemos dado cuenta de varios sucesos cargados de violencia contra el colectivo LGTB en Ucrania. En marzo de este 2016, el Festival de la Igualdad que se celebraba en la ciudad ucraniana de Leópolis tuvo que ser cancelado, después de que una turba amenazante rodeara el hotel que acogía a los participantes, y los recibieran con una lluvia de piedras y pequeños explosivos cuando eran desalojados.

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Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

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Los organizadores de un festival LGBT en la ciudad ucraniana de Lviv se han visto obligados a cancelar el evento ante las amenazas y ataques de un grupo de extrema derecha que rodeó el lugar donde se encontraban.

El Festival de la Igualdad que se celebraba en la ciudad ucraniana de Leópolis tuvo que ser cancelado, después de que una turba amenazante rodeara el hotel que acogía a participantes y eventos. Las fuerzas policiales, en vez de detener a los agresores, acusaron a las víctimas de ser “unos provocadores”. El Festival de la Igualdad pretendía ser una respuesta a todos aquellos grupos que sufren discriminación, como los miembros de minorías étnicas, las personas con discapacidad, los migrantes o las personas LGTB.

Alrededor de 200 manifestantes de extrema derecha rodearon y lanzaron piedras al grito de «matar, matar, matar» a un hotel donde 70 participantes del festival se habían refugiado. Después de que llamaran a la policía, y tan sólo enviaran un coche fue, los asistentes al festival tuvieron que ser evacuados en autobús un tiempo después.

El Festival de la Igualdad, filial regional de otro evento que tuvo lugar en Kiev por primera vez el pasado diciembre, iba a incluir lecturas literarias, proyecciones de películas y eventos públicos. Según los organizadores, la planificación del evento había sido difícil, ya que ni la policía ni la ciudad ofrecieron ningún tipo de apoyo. «Entonces, desde el hotel que habíamos reservado para las personas que venían de fuera de Lviv nos dijeron que no podíamos quedarnos allí», denunciaron, añadiendo que «cuando llegamos, el encargado nos comunicó que las autoridades municipales les habían dicho que éramos unos pervertidos, que nos habían buscado en Google y que la gente como nosotros deberíamos quemar en el infierno».

Leópolis está considerada la capital cultural de Ucrania, y por ello fue elegida por los organizadores para que fuera este año una de las sedes del Festival de la Igualdad, un encuentro que se ha desarrollado desde el año 2014 en la capital, Kiev, y que ahora quería expandirse por distintas localidades del territorio ucraniano. En palabras de sus organizadores, el Festival de la Igualdad es “una respuesta a muchos casos de discriminación y violación de los derechos de las personas pertenecientes a diversos grupos sociales sensibles: minorías étnicas, personas con discapacidad, personas LGTB, personas sin ciudadanía y residencia permanente, migrantes, tanto los externos como los domésticos, desplazados de la zona de conflicto en el Este y la península de Crimea”. Sin embargo, para quienes se oponen a su celebración, el Festival tan solo trata de promover los derechos de los homosexuales.

Los agresores de extrema derecha

Los organizadores del Festival habían conseguido que participaran personas de cierto renombre en el ámbito cultural ucraniano, y también algunos artistas conocidos por el gran público del país. Para ello contrataron los servicios del Hotel Leópolis, donde se acogería a los participantes y se celebrarían los diversos actos. Pero tanto las autoridades políticas de Leópolis como los líderes religiosos mostraron su oposición. Los responsables del hotel recibieron una llamada del ayuntamiento al respecto, y decidieron cancelar las reservas el pasado día 18 de marzo, tan solo un día antes del comienzo de la celebración del festival.

Finalmente, el Festival de la Igualdad logró encontrar acomodo en el Hotel Dniester, donde se alojaron y reunieron los participantes el 19 de marzo. Pero a mediodía, nada más dar comienzo las actividades, un grupo de jóvenes con máscaras y pasamontañas empezó a agolparse a las puertas del hotel. A las dos de la tarde, se podían contar unos doscientos. Los organizadores del evento, temerosos, solicitaron el auxilio de la Policía, pero les fue denegado. No solo eso, sino que los responsables de las fuerzas de seguridad locales les acusaron de ser “unos provocadores”, y arguyeron con sorna que los jóvenes reunidos a la puerta del hotel tan solo “estaban esperando a unos amigos”.

Los responsables del Festival no habían podido contratar seguridad privada, pues las compañías locales temían enfrentarse a los ultraderechistas del Partido Svoboda, por lo que solo contaban con cuatro guardias de seguridad contratados en Kiev. Las fuerzas policiales finalmente llegaron al hotel transcurridas cuatro horas desde que fuera rodeado, tras producirse una amenaza de bomba que obligó a evacuar las instalaciones. Cuando los participantes del Festival eran desalojados, fueron recibidos con una lluvia de piedras y pequeños explosivos.

La Policía se limitó a conducir a los agredidos hasta dos autobuses, sin enfrentarse a los violentos homófobos, que persiguieron a la carrera a los dos vehículos por las calles de Leópolis. Fueron conducidos a una ciudad cercana, donde encontraron refugio, mientras los agentes les informaban de que grupos armados les estaban buscando. Al día siguiente lograron abandonar la región.

Tras el violento suceso, el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, finalmente rompió su silencio el domingo, para culpar tanto al grupo LGTB como a los miembros de la extrema derecha en la misma medida: «Los acontecimientos de ayer en Lviv son el resultado de una provocación cuidadosamente planificada. Los participantes de ambos lados eran conscientes o inconscientes de la imagen completa», escribió en Facebook.

Sin embargo, los organizadores siguen confiando en Leópolis como una ciudad adecuada para la organización del Festival de la Igualdad. “Como capital cultural del país está llena de intelectuales”, afirman, “por lo que es un lugar donde es lógico que esperemos tener un diálogo constructivo”. Para los responsables del Festival de la Igualdad, la violencia de la que fueron objeto no representa el talante de los ciudadanos de Leópolis, sino solo a las organizaciones extremistas que asolan el país. Su propósito sigue siendo “defender la libertad y la igualdad para todo el mundo, sin excepciones ni limitaciones”.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento Europeo ha emitido una resolución en la que expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en la península de Crimea desde la ocupación rusa, cuya anexión sigue considerando ilegal. Aunque el texto aprobado abunda especialmente en la opresión que sufre la minoría tártara y quienes no aceptan la ciudadanía rusa, también incluye un apartado en el que “expresa su profunda preocupación por la situación de las personas LGBT en Crimea”.

El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, decía esta semana que la homosexualidad es una manifestación «vulgar» de la cultura occidental en un nuevo ataque contra las personas LGBTI en este país de Asia Central en el que la relación sexual voluntaria de dos individuos de sexo masculino es castigada con hasta tres años de prisión. Una situación similar se vive en Crimen, sobre todo, desde que Rusia se anexionó la península en marzo de 2014 hasta el punto de que la Unión Europea ha expresado su ‘profunda preocupación’ por el deterioro de la situación de los derechos LGBTI en la región. El primer ministro, Sergei Aksyonov (en la fotografía), sobre el que pesa la acusación de presuntos vínculos con el crimen organizado, ha prohibido todas las manifestaciones públicas del colectivo LGBTI intensificando la ‘caza de brujas’ contra la diversidad.

El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en relación a la situación de los Derechos Humanos en la Península de Crimea, condenando las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica, así como los reiterados discursos de odio homofóbico. El Parlamento Europeo adoptó una resolución este pasado 3 de febrero en el que condena la «acción represiva y amenazas por parte de las autoridades de facto y grupos paramilitares contra las personas LGBTI«. La eslovena, Tanja Fajon, vice-presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGBTI, dijo que estaba «profundamente preocupada» por la situación: “Con la retórica homofóbica procedentes de los niveles más altos y la violencia que impera con total impunidad, no es de extrañar que muchos no ven otra opción que abandonar la península”, dijo la política de la UE.

La resolución, fechada el pasado 4 de febrero, hace un detallado análisis de la situación de los derechos humanos en la península de Crimea desde la ocupación rusa. Según la resolución, tanto las fuerzas rusas ocupantes como los grupos paramilitares son responsables de la discriminación y violencia a que son sometidas las minorías que no aceptan la anexión a Rusia. Despierta gran preocupación en el Parlamento Europeo la situación de quienes se han negado a adoptar la ciudadanía rusa y, en especial, la minoría tártara, que se situó en el bando ucraniano durante el conflicto.

En el apartado 17, además, el Parlamento Europeo “expresa su profunda preocupación por la situación de las personas LGBT en Crimea, que se ha agravado sustancialmente tras la anexión a Rusia, y respecto a los actos de represión y amenazas por parte de las autoridades de facto y los grupos paramilitares”.

El Parlamento Europeo recuerda a Rusia que “como potencia ocupante tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población, y el respeto de los derechos humanos, culturales y religiosos de los tártaros indígenas y de todas las demás minorías de Crimea, así como la defensa del orden jurídico en Crimea”.

La independencia de la Península de Crimea de Ucrania y su posterior anexión a la Federación Rusa en 2014 ha traído severos ajustes para la población que van mucho más allá de la asunción de a un nuevo huso horario.

Se trata de la »importación» de los preceptos más reaccionarios impulsados por el gobierno de Vladimir Putin, que han agudizado la merma de los derechos humanos en un territorio que históricamente tampoco se había abierto de manera adecuada a su reconocimiento.

Por esta razón, y ante el conflicto de intereses que enfrenta a la Federación Rusa con la Unión Europea desde entonces, el Parlamento Europeo ha vuelto a poner el foco en la inseguridad y riesgo que atraviesa la comunidad LGTB en el territorio emancipado.

A través de la resolución adoptada ayer, la cámara comunitaria mostró su preocupación ante la situación de los derechos humanos en Crimea y las graves restricciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

En su inicio, la resolución condena «los niveles sin precedentes de violaciones de los derechos humanos perpetrados contra residentes de Crimea» después de la anexión rusa.

Y en lo que respecta específicamente a la ciudadanía LGBTI, la resolución «expresa su grave preocupación por la seguridad del colectivo, añadiendo que su situación de vulnerabilidad ha «empeorado sustancialmente» a raíz de la ocupación. A su vez, el Parlamento destaca que se encuentra alarmado por los  «actos y amenazas que llevan a cabo las autoridades de facto represivo y grupos paramilitares» en el territorio.

Prueba de ello es que todas las organizaciones LGBTI con presencia en Crimea han tenido que cesar sus actividades, debido a la ley federal de Rusia que prohíbe la expresión pública de la homosexualidad, así como la represión y amenazas por parte de las autoridades de ocupación y los grupos paramilitares.

En este sentido, la vicepresidente del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGBTI Tanja Fajon ha expresado:

Estoy profundamente preocupado por la situación de las personas LGBTI en Crimea. Con la retórica homofóbica procedentes de los niveles más altos, y la violencia va en total impunidad, no es de extrañar que muchos ven otra opción que abandonar la península «. […] Como potencia ocupante, Rusia tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población, incluidas las personas LGBTI. Hago un llamamiento a los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea y el Consejo de Europa para mantener la presión sobre las autoridades rusas «.

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