El alcalde de Roma, Ignazio Marino.

La Corte Suprema de Casación -el más alto tribunal de justicia de Italia- ha dictaminado que la negativa a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no viola la Constitución italiana. La noticia no supone en realidad una novedad, ya que la Corte Constitucional italiana ya dictaminó en 2010 que la Constitución de ese país no obliga a reconocer el matrimonio igualitario, aunque tampoco impide que pueda ser aprobado por el Parlamento. La sentencia, no obstante, supone un jarro de agua fría a los diversos procesos en curso de reconocimiento de matrimonios de ciudadanos italianos celebrados en el extranjero. La Corte Suprema de Casación, eso sí, vuelve a insistir una vez más en que bajo una forma u otra los derechos de las parejas del mismo sexo deben ser reconocidos. Algo que Italia sigue sin hacer.

Según Tribunal de Casación de Italia, el principal órgano judicial del país, las leyes europeas y la Constitución no exigen a los legisladores la necesidad de extender el vínculo del matrimonio a las personas homosexuales.

El tribunal se pronunció en contra de la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, reconoce que estas personas tienen derecho a un «estatus de protección» con los mismos beneficios y obligaciones que las «parejas de hecho«, algo que ya es «accesible».

Italia es, de hecho, el único gran estado de Europa occidental que sigue sin reconocer bajo ninguna forma las uniones entre personas del mismo sexo, más allá de algunas regulaciones municipales como la aprobada en Roma hace unos días.

Es por eso que la sentencia emitida ahora por la Corte de Casación (que puedes descargar aquí) supone un jarro de agua fría. El fallo recuerda el ya mencionado dictamen de la Corte Constitucional italiana, que en 2010 rechazó dos recursos procedentes de sendos tribunales de Venecia y Trento en los que se cuestionaban varios artículos del Código Civil y se solicitaban aclaraciones sobre su posible incompatibilidad con algunos artículos de la Constitución. Los recursos tenían su origen en una acción conjunta de Rete Lenford y Certi Diritti, dos organizaciones que en 2007 lanzaron la campaña “Afirmación Civil”, que llevó a multitud de parejas a solicitar sus licencias de matrimonio y recurrir sistemáticamente las negativas. La Corte Constitucional consideró infundados los recursos, considerando que el matrimonio igualitario no es un derecho reconocido constitucionalmente y que es el Parlamento italiano el que tiene la facultad para aprobarlo.

La sentencia de la Corte de Casación también hace alusión al marco jurídico europeo y recuerda el fallo de 2010 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en respuesta a la demanda de una pareja austriaca consideró que, pese a que diversos estados europeos han actualizado el concepto de matrimonio para hacerlo extensivo a las parejas del mismo sexo, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 solo garantizaba como derecho fundamental el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Lo que estaba en juego entonces era si, sesenta años después, el artículo 12 de la Convención (que establece el derecho de hombre y mujer a contraer matrimonio, pero no define a éste como la unión “exclusiva” entre un hombre y una mujer) debía ser interpretado no solo a la luz del concepto de matrimonio vigente en 1950, sino también del principio de no discriminación reconocido por el artículo 14 o del principio de respeto a la vida privada y familiar reconocido por el artículo 8. Ante esta disyuntiva, el Tribunal Europeo optó por la alternativa más restrictiva, insistiendo en que este asunto pertenece al ámbito de la soberanía de cada estado.

Claro que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocía también que “las parejas del mismo sexo son tan capaces como las de diferente sexo de establecer relaciones estables de compromiso mutuo”, lo que las coloca en una “situación similar a las de las parejas de distinto sexo por lo que se refiere a su reconocimiento legal y a la protección de su relación”. Algo en lo que está de acuerdo la Corte de Casación italiana, que como ya dijimos más arriba sí que reconoció en 2012 el derecho de las parejas del mismo sexo a “una vida familiar”, a “vivir libremente una condición de pareja” y a beneficiarse de un “trato homogéneo al que la ley asegura a la pareja casada”.

Y en junio de 2014 era la Corte Constitucional italiana la que, en respuesta al recurso de una mujer transexual, declaraba inconstitucional la normativa que obliga a disolver un matrimonio cuando uno de los cónyuges es reconocido como de sexo contrario al que tenía legalmente cuando contrajo dicho matrimonio, argumentando como causa de inconstitucionalidad que la norma no prevé una regulación jurídica de la convivencia entre las dos personas “que tutele adecuadamente sus derechos y obligaciones” con la modalidad que el legislador decida. Una sentencia que, más allá de su interpretación jurídica, invitaba de forma bastante explícita al Parlamento italiano a que regulase la situación de las parejas del mismo sexo.

También ahora la Corte de Casación insiste en ese mismo concepto: al mismo tiempo que rechaza que exista una obligación constitucional de permitir el matrimonio igualitario, considera expresamente que es necesaria la intervención del legislador para dar reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo en base al artículo 2 de la Constitución italiana, que tutela los derechos humanos de todos los ciudadanos y su vida social y afectiva. La Corte de Casación pide que se reconozca a estas parejas “un núcleo común de derechos y obligaciones de asistencia y solidaridad propio de las relaciones afectivas de pareja”.

En los últimos meses, el tema generó una gran polémica en Italia, el alcalde de Roma, Ignazio Marino, se rebeló contra la orden de no registrar matrimonios entre personas del mismo sexo y con algunos alcaldes empezando a inscribir en sus ciudades los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero, como es el caso de la capital, Roma. Ante las actuaciones de estos alcaldes, los jefes de provincias, dependientes del Ministerio del Interior –dirigido por el partido conservador Nueva centro-derecha (NCD)– comenzaron a presionar para que estos municipios cancelaran estos registros, comenzando así una batalla legal sobre el tema.

Actualmente, varios proyectos de ley que pretenden legalizar el matrimonio igualitario en Italia todavía están en el Parlamento. Algo a lo que el Parlamento italiano lleva años resistiéndose, incluso ahora que existe una mayoría teóricamente suficiente salida de las elecciones de 2013. Significativa es la posición del primer ministro italiano, Matteo Renzi (Partido Democrático), que el pasado verano arrojaba un nuevo jarro de agua fría a la prometida ley de uniones civiles y la supeditaba al éxito del paquete de reformas políticas que está llevando a cabo. Está por ver si aún así sale adelante. Por el momento, el proyecto de ley presentado por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocería a las parejas del mismo sexo su derecho a contraer una unión civil con derechos similares a los del matrimonio salvo la adopción conjunta (sí permitiría, bajo ciertas circunstancias, la adopción de los hijos que ya tenga la pareja) permanece en la Comisión de Justicia del Senado.

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Lee Stafford y Jared Ellars, una pareja gay de Iowa, ha dado a conocer que han llegado a un acuerdo con la empresa Gortz Haus por el que recibirán 2.500 dólares y la compañía se compromete a no discriminar en el futuro en base a la orientación sexual de sus clientes. La empresa, organizadora de bodas, se había negado a celebrar la boda hace dos años en base a sus prejuicios hacia la homosexualidad de la pareja.

Lee Stafford y Jared Ellars, la pareja discriminada, llevó ante la justicia la decisión de los responsables de la compañía estadounidense de no permitir la celebración de su boda en las instalaciones de la empresa en base a su homosexualidad.

Tras dos años en los que la Comisión de Derechos Civiles de Iowa también ha respaldado la denuncia de la pareja, la empresa ha pactado indemnizar a Lee y Jared con 2.500 dólares.

La compañía norteamericana, en el acuerdo firmado con la pareja para poner fin al caso, también se ha comprometido a no discriminar en el futuro a ninguno de sus clientes en base a su orientación sexual.

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El diputado ruso Vitaly Milonov, promotor de las leyes contra la “propaganda homosexual” y enemigo declarado de cualquier derecho LGTB, vuelve a la carga. En su cruzada particular contra la diversidad sexual y de género, este legislador, tristemente conocido por sus acciones y exabruptos homófobos, ha lanzado un órdago contra dos jóvenes que se tomaron varios selfis besándose en el mismo avión en el que él viajaba. La acción, conscientemente realizada como señal de rechazo a las políticas contrarias a la igualdad, les puede costar caro: Milonov amenaza con el posible cierre de su local. Con independencia de las represalias que pueda desencadenar su beso, lo cierto es que estas valientes muchachas han conseguido que su fotografía se haya convertido en viral, para vergüenza de Milonov y de otros representantes de su misma calaña.

Todo ocurrió en un vuelo nacional ruso (concretamente entre Moscú y San Petesburgo) la semana pasada. Una pareja activista de lesbianas descubrió que el pasajero que se sentaba justo detrás de ellas era ni más ni menos que el diputado homófobo y extremista Vitaly Milonov, inspirador de la legislación que invisibiliza a la comunidad LGTB en Rusia. Así que, de forma espontánea, decidieron realizarse varios selfis besándose, en los que se aprecia la presencia del propio Milonov. El pasado domingo publicaron en una red social una de estas fotos, que estos últimos días se ha convertido en un auténtico fenómeno viral.

“¿Quién es ese del fondo? ¡Milonov! ¡Y no me importa un carajo! Estamos volando a nuestro club favorito, Infinity”, comentó una de ellas, identificada como en redes sociales como Kseniya Infinity, refiriéndose al club lésbico que dirige. Vitaly Milonov, por su parte, no ha dejado pasar la oportunidad de amenazar a las jóvenes. “Esto demuestra que estas personas no tienen una orientación sexual normal, sino que su desviación sexual se hace pública en todos los aspectos de sus vidas. No entendía lo que estaban haciendo, pero tienen un buen sentido del humor. Yo también tengo un buen sentido del humor. Igual sigo con la broma cerrándoles su club gay en San Petersburgo, o prohibiéndoles reunirse en lugares públicos, eso es también divertido”, ha declarado.

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Cuatro mujeres transexuales han sido asesinadas desde el comienzo del año 2015 en Estados Unidos. El perfil de las víctimas (tres mujeres de raza negra y una mujer latina) apunta además a que el factor racial agrava aún más la situación de un grupo que ya de por sí es el más vulnerable dentro del colectivo LGTB (en eso Estados Unidos no es diferente a América Latina o a la propia Europa). Al menos en tres de los casos se baraja un posible crimen de odio (el otro es un caso de violencia de género). Los activistas LGTB ven además con preocupación como la policía y los medios de comunicación parecen minusvalorar estos asesinatos, confundiendo el género de las víctimas y en algún caso hasta culpabilizándolas de lo sucedido.

Lamia Beard, de 30 años, fue tiroteada hasta la muerte el 17 de enero en Norfolk, Virginia. La propia policía, en el comunicado de prensa emitido al respecto, se refirió a Beard en masculino, pese a que según su hermana era evidente ya desde que encontraron su cuerpo sin vida que se trataba de una mujer transexual. Como denunciaba BuzzFeed, no faltaron además los medios que simplemente aprovecharon la noticia del asesinato para referirse a la prostitución de mujeres transexuales. “Si cancaneas a esas horas de la noche, ya sabes lo que hay”, eran de hecho las únicas declaraciones (de un comerciante del área en la que Beard fue asesinada) que recogía Virginian Pilot en su noticia.

Días más tarde, el 26 de enero, era también tiroteada Ty Underwood, de 24 años, en  Tyler (Texas). También de raza negra, y también presentada por algunos medios en masculino (como la emisora de televisión KLTV). Ninguno de los dos asesinatos, ni el de Beard ni en de Underwood, han sido aún aclarados, no pudiéndose descartar hasta la fecha que el odio tránsfobo fuera uno (o el principal) de los desencadenantes.

En el caso de Yazmin Payne, de 33 años, su cuerpo fue encontrado por los bomberos que acudieron a apagar un incendio en un apartamento de Van Nuys (en el área metropolitana de Los Ángeles, California). Había sido apuñalada, y todo apunta a que el incendio fue provocado tras el asesinato. En este caso -el único de los cuatro por el momento- sí hay un hombre detenido. Se trata de Ezekiel Jamal Dear, que se entregó voluntariamente, y que mantenía una relación con la mujer asesinada.

El cuarto y más reciente de los asesinatos es el de Taja Gabrielle De Jesus, de 36 años, apuñalada hasta la muerte el 1 de febrero en las escaleras de un edificio de San Francisco. De Jesús era colaboradora de TRANS: THRIVE, una organización trans local. Se desconocen los motivos del asesinato. Testigos afirman haber visto escapar del lugar a un sospechoso de raza negra.

Con cierta frecuencia nos hacemos eco de la sangría que supone la violencia tránsfoba en América Latina, la región del mundo que contabiliza más asesinatos de personas trans. Pero lo cierto es que también al norte del Río Bravo la comunidad trans, y muy especialmente la comunidad de mujeres trans, es la más vulnerable a la violencia y a la discriminación. Según informaba hace unas semanas Transgender Europe, del total de 1612 asesinatos de personas transexuales contabilizados entre 2008 y 2013, 100 de ellos han ocurrido en Estados Unidos.

Especialmente llamativo es además el factor racial, del que las cifras no dejan lugar a dudas. De los 18 asesinatos registrados específicamente como crímenes de odio en 2013 en Estados Unidos por la National Coalition of Anti-Violence Programs (NCAVP), 13 de ellas (el 72,2%) lo fueron de mujeres transexuales. Pues bien, 12 de ellas eran mujeres de color (afroamericanas o latinas). Parece claro cual es el grupo más vulnerable y sobre el que deberían focalizarse los máximos esfuerzos, también en los países -aparentemente- más desarrollados.

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Ante la publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal para el reconocimiento de la identidad sexo genérica de las personas,  Jacqueline L’ Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), recalcó que hablar de los derechos de las personas LGBTTTI es hablar de los derechos de las personas que transitan en la capital mexicana, según cuenta Vanguardia.

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La Corte Constitucional de Colombia no ha podido llegar a un acuerdo sobre el derecho de las parejas del mismo sexo a la adopción, produciéndose un empate a cuatro entre partidarios y opositores. La decisión queda ahora en manos de José Roberto Herrera, expresidente de la Corte, que actuará como conjuez para deshacer el empate. Los augurios no son buenos: Herrera es conservador, católico y lo primero que ha hecho es “pedir a Dios” que lo ilumine.

“Solamente le pido a Dios que me ilumine y a toda la sociedad que tenga la confianza que la Corte Constitucional va a tomar la decisión que le corresponde y que debe ser respetada, independientemente de mi ideario liberal desde la cuna. Mi decisión va a ser en derecho y ajustada a la Constitución”, ha declarado Herrera, encargado de deshacer el empate registrado en la Corte Constitucional entre los cuatro magistrados favorables a la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio y los cuatro contrarios a la misma (ponencia que concluye que no hay impedimento constitucional a que las parejas del mismo sexo puedan adoptar). “La Corte en este tipo de decisiones trascendentales siempre acierta y será en derecho, apegada a la Constitución. No prevalecerá el criterio que se pueda tener, sino el cumplimiento de las obligaciones de un magistrado de proceder de forma imparcial”, añadía José Roberto Herrera, que ha asegurado que su decisión se conocerá como muy tarde el 25 de febrero. Herrera fue elegido al azar entre los 18 conjueces con los que cuenta la Corte.

El diario El Espectador resumía hace unos días en un completo artículo los principales argumentos de la ponencia de Jorge Iván Palacio. Primero, la Constitución le asigna al Estado el deber de garantizarles a los niños en situación de abandono el derecho fundamental a tener una familia. Segundo: formar parte de una familia posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales de los menores. Tercero: el derecho de los menores a tener una familia se puede hacer efectivo brindándoles cualquiera de los tipos de familia que se encuentran constitucionalmente reconocidos (en Colombia, la Corte Constitucional ya ha fallado a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia). Cuarto: las familias conformadas por parejas del mismo sexo se encuentran constitucionalmente reconocidas. Y quinto: impedir o dificultar la conformación de un núcleo familiar para el desarrollo integral y armónico de los niños por la condición sexual de los adoptantes resulta absurdo.

La adopción homoparental cuenta además con el aval del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo y de cuatro universidades (la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes), que ya en 2012 emitieron informes a favor. En contra se posicionan el procurador general Alejandro Ordoñez, bien conocido por su homofobia; la Conferencia Episcopal de Colombia; la Universidad de La Sabana, del Opus Dei, así como diversas organizaciones conservadoras, como la Fundación Marido y Mujer (que ha pedido por carta al papa Francisco que ejerza su influencia) o CitizenGO, “franquicia” colombiana de HazteOír y que utiliza sus mismos métodos de movilización. Otro de los que se oponen, como no podía ser menos, es el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, famoso por sus campañas homófobas.

Pero por otra parte, el Centro Democrático consideran que directamente la ciudadanía debe decidir si se debe modificar el concepto de familia.  El Centro Democrático propone que la Consulta Ciudadana debería ser el mecanismo para dirimir la polémica que se presenta por que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, decisión que se encuentra manos de la Corte Constitucional. Así lo dijo la senadora, María del Rosario Guerra y el representante a la Cámara, Federico Hoyos, quienes están promoviendo este mecanismo. Aseguran que “si la concepción constitucional de familia, como núcleo de la sociedad, pretende ser modificada, debe ser la propia ciudadanía colombiana la que defina qué tipo de familia y sociedad quiere, o en su defecto el Congreso”. Desde el Centro Democrático insisten en que debe primar “el derecho de los niños sobre el de las minorías que hoy reclaman la posibilidad de adoptar”, por lo que debería ser la sociedad en su conjunto quien tome la decisión final de lo que más le conviene a los menores y a la familia en general.

En caso de que la Corte finalmente se pronuncie en contra, se dará la paradoja de que convivirán una sentencia genérica contraria y una específica favorable a la adopción homoparental. En agosto pasado, el más alto tribunal colombiano avaló por seis votos contra tres que una mujer lesbiana pudiera adoptar a la hija biológica de su pareja, concebida por inseminación artificial. Un fallo referido específicamente a la familia recurrente pero que se consideró entonces que establecía un precedente fundamental para casos similares (parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros quiera adoptar a los que ya son reconocidos legalmente como hijos del otro).

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En su audiencia general de este miércoles, el papa Francisco ha querido mostrar su apoyo a la iglesia eslovaca por su labor ante el referéndum LGTBfóbico que tendrá lugar este sábado 7 de febrero. Francisco valida así el trabajo denodado que los líderes católicos eslovacos han llevado a cabo, tanto para que la consulta popular fuera convocada como para propiciar un resultado desfavorable a los derechos LGTB. Una muestra más de que, fuera de puntuales gestos por parte de Francisco, la oposición a los derechos LGTB por parte de la jerarquía católica sigue siendo rotunda e inamovible.

Como informábamos el pasado mes de noviembre, Eslovaquia celebró un referéndum LGTBfóbico este sábado 7 de febrero, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la privación de derechos a las personas LGTB. El pebliscito se realizará a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia) y cuenta con el apoyo explícito de la iglesia católica eslovaca. Las tres preguntas que se formularán, después de obtener la aprobación del Tribunal Constitucional son: “¿Cree que el matrimonio debe considerarse exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer?”, “¿Cree que debe prohibirse que las parejas o grupos de personas del mismo sexo puedan adoptar hijos?” y “¿Cree que la escuela no debe poder obligar a los niños a asistir a clases de educación sexual o sobre eutanasia sin que sus padres estén de acuerdo con lo que se les va a enseñar?”.

En realidad, la respuesta a la primera pregunta no cambiará nada en el marco legislativo eslovaco, pues en junio del pasado 2014 se modificó la Constitución para que el matrimonio quedara definido como “el vínculo entre un hombre y una mujer”. Para los integrantes de la asociación LGTBfóbica, según declararon en su día, “el cambio de la Constitución no es suficiente” ya que “nos negamos a que Eslovaquia permita experimentos sociales con niños y familias”, en alusión a la adopción homoparental, y por ello iniciaron la recogida de firmas para la convocatoria del referéndum. Lamentablemente, con gran éxito, pues consiguieron 420.000 firmas de apoyo a la consulta discriminatoria, sobre una población de aproximadamente 5.425.000 habitantes.

A escasos días de la consulta, el papa Francisco quiso mostrar su apoyo a la postura de la iglesia católica eslovaca, aprovechando la audiencia general del pasado miércoles. En su alocución, les dirigió las siguientes palabras: “Saludo a los peregrinos de Eslovaquia y, por medio de ellos, quiero expresar mi agradecimiento a toda la iglesia eslovaca, animando a todos a continuar en sus esfuerzos en defensa de la familia, célula vital de la sociedad”.

Entre estos esfuerzos que han merecido el agradecimiento del papa se cuentan la participación de algunos miembros de su Conferencia Episcopal en un programa televiso, alentando el voto contrario a los derechos LGTB en el referéndum, o la publicación de una carta pastoral de idéntico propósito el pasado 1 de febrero. También han solicitado expresamente desde su página web fondos para la Alianza por las Familias.

Martin Macko, director ejecutivo de la organización LGTB Iniciatíva Inakosť, lamenta que “por primera vez en la historia moderna de Eslovaquia la iglesia católica esté tan involucrada en una campaña política”. Según Macko, el debate público LGTBfóbico fue iniciado por la iglesia católica en 2013, cuando convocó una marcha en contra del aborto y de los derechos LGTB, pues “antes había organizaciones y grupos contrarios a los derechos de las personas LGBT en Eslovaquia, pero eran marginales, como marginales eran esos temas en el debate público”·

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Eslovaquia forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario. A este grupo probablemente se unirá Macedonia, cuyo Parlamento votó en enero de 2015 una reforma constitucional en este sentido, que aún debe ser convalidada y promulgada.

Por otra parte, el Papa advierte a los obispos lituanos de la «influencia de ideologías» que pretenden «desestabilizar la familia». Les pide que colaboren a la «construcción civil y cultural de la sociedad» y «Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas«

‘Han venido a Roma con su juventud, y también con su heroísmo. De hecho, entre ustedes hay algunos hermanos jóvenes, pero sobre todo prelados que han atravesado el triste período de la persecución. Gracias por su testimonio de Jesucristo y por su servicio al santo pueblo de Dios», escribe el Santo Padre en el discurso que entregó el lunes a los obispos de la Conferencia Episcopal de Lituania al final de su quinquenal visita ‘‘ad Limina».

‘Lituania siempre ha tenido pastores cercanos a su rebaño y solidarios con él -prosigue- A lo largo de la historia de la nación, han acompañado con entrega a su gente, no sólo en el camino de la fe y a la hora de afrontar las dificultades materiales, sino también en la construcción civil y cultural de la sociedad, que tiene su sustrato histórico y de identidad en la fuerza de Evangelio y el amor a la Santísima Madre de Dios. Ustedes son los herederos de esta historia, de este patrimonio de caridad pastoral, y lo demuestran con la energía de su acción, la comunión que los anima y la perseverancia en la consecución de las metas que les indica el Espíritu».

»Queridos hermanos, conozco sus fatigas apostólicas. Si durante mucho tiempo la Iglesia en su país ha sido oprimida por regímenes fundados en ideologías contrarias a la dignidad y la libertad humana, ahora se enfrentan a otros peligros, como el secularismo y el relativismo. Para ello, junto a un incansable anuncio del Evangelio y los valores cristianos, no hay que olvidar un diálogo constructivo con todos, incluso con los que no pertenecen a la Iglesia o están lejos de la experiencia religiosa. Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas, estímulo para toda la sociedad en la búsqueda del bien común’‘.

Francisco no olvida el esfuerzo incesante y la atención que los obispos lituanos prestan a su clero y los invita a rezar para que Dios les conceda »sacerdotes generosos y capaces de sacrificio y dedicación». Y también »laicos convencidos que sepan asumirse responsabilidades dentro de la comunidad eclesial y dar una valiosa contribución cristiana a la sociedad» a quienes los prelados deben animar a estar presentes, »con la fuerza de una fe adulta , en la vida civil, cultural, política y social’‘.

El Papa toca después el tema de la familia sobre cuya belleza, valores y retos que enfrenta en nuestra época la Iglesia está reflexionando, y llama a los prelados a dar como pastores »su contribución a esta gran obra de discernimiento’‘ y sobre todo a prestar gran atención a la pastoral familiar, »de modo que los cónyuges sientan la cercanía de la comunidad cristiana y se sientan ayudados a «no conformarse a la mentalidad de este mundo, sino a renovarse continuamente en el espíritu del Evangelio.

»De hecho, su país -observa el Santo Padre- que ha entrado de lleno en la Unión Europea, está expuesto a la influencia de las ideologías que querrían introducir elementos de desestabilización de las familias, fruto de un malentendido sentido de la libertad personal. Las seculares tradiciones lituanas en este ámbito les ayudarán a responder, según la razón y la fe, a tales desafíos’‘.

Tras instar a los prelados lituanos a prestar una especial atención a las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y a no esperar que sean sus sacerdotes los primeros en buscarlos, sino a salir ellos a su encuentro, el Papa los exhorta a la solicitud por los pobres.

‘‘Incluso en Lituania, a pesar del desarrollo económico actual -concluye- hay muchos necesitados, desempleados, enfermos, abandonados. Estén cerca de ellos. Y no se olviden de aquellos. Especialmente entre los jóvenes, que por diversas razones abandonan el país y tratan de abrirse un camino nuevo en el extranjero. Su creciente número y sus necesidades requieren atención y cuidado pastoral por parte de la Conferencia Episcopal, para que puedan mantener la fe y las tradiciones religiosas de Lituania».

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Aprovechando el estreno de The Imitation Game, la película biográfica sobre el héroe de la Segunda Guerra Mundial Alan Turing, se ha iniciado una campaña, en la que participa su protagonista Benedict Cumberbatch, cuyo objetivo es conseguir que el indulto que otorgó la reina Isabel II al matemático se extienda a todos aquellos que fueron condenados como él por las ominosas leyes contra la homosexualidad vigentes en el Reino Unido hasta 1967. Se estima que entre 50.000 y 70.000 hombres fueron víctimas de esa infamia, de los cuales aún habría 15.000 supervivientes.

El 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II otorgó el indulto póstumo a Alan Turing, que fue condenado por realizar actividades homosexuales en 1952. Turing había contribuido de manera definitiva a la derrota del nazismo con su genio matemático, salvando miles de vidas al descifrar el código secreto de comunicación del Ejército alemán. Sin embargo, obtener el indulto no fue sencillo. Tras unas disculpas oficiales ofrecidas a Turing por el entonces primer ministro Gordon Brown en 2009, la condonación se denegaba repetidamente, ya que, en opinión de los responsables gubernamentales “Alan Turing fue debidamente condenado por lo que en aquellos tiempos se consideraba un delito”.

Finalmente, en junio de 2013 el gobierno británico, a través de Lord Ahmad of Wimbledon, anunció su cambio de opinión en la Cámara de los Lores, declarando que la iniciativa propuesta por el demoliberal Lord Sharkey de conceder un indulto oficial a Turing contaría con el apoyo de la coalición de gobierno una vez llegase a la Cámara de los Comunes. Y así, el día de Nochebuena de 2013, se promulgaba por la reina el indulto, firmado por el ministro de Justicia, en el que se declaraba que la vida del genio matemático “se vio ensombrecida por su condena por actividad homosexual, una sentencia que hoy se consideraría injusta y discriminatoria y que ahora ha sido anulada. El doctor Turing merece ser recordado y reconocido por su fantástica contribución a los esfuerzos durante la guerra y su legado a la ciencia. Un indulto de la reina es un merecido homenaje a un hombre excepcional”.

El indulto a Turing, como se puede ver, fue a título personal, por lo que no es aplicable a quienes tuvieron que sufrir su misma suerte. A todo ellos, al igual que al matemático, se les daba a elegir entre la castración química o ir a la cárcel. Turing, como es conocido, eligió lo primero y terminó suicidándose tras un año sometido a un tratamiento hormonal con estrógenos para eliminar su libido, que le causó impotencia y el crecimiento de pechos femeninos. Los condenados por aquellas execrables leyes que aún sobreviven pueden solicitar la eliminación de esas condenas de sus antecedentes. En el historial de los fallecidos, sin embargo, permanecerá esa lacra.

Iniciativa para un indulto generalizado

Por ello se ha iniciado una campaña dirigida a que el Gobierno británico otorgue un indulto generalizado a todos aquellos que sufrieron esas sentencias “que hoy se considerarían injustas y discriminatorias”, por la injusticia intrínseca de los hechos y no como un premio amargo y póstumo a quien salvó miles de vidas con su genio.

La iniciativa ha partido de, entre otros, el actor y activista abiertamente gay Stephen Fry, que inquería con elocuencia: “¿Se debía indultar a Alan Turing solo porque fue un genio? ¿Y qué ocurre con los otros entre 50.000 y 70.000 hombres que fueron encarcelados, castrados químicamente, vieron arruinadas sus vidas o cometieron efectivamente suicidio a causa de las leyes que sufrió Turing? Si hay un sentimiento generalizado de que debía ser perdonado, ¿no se debe lo mismo a todos esos hombres cuyos nombres fueron destruidos en vida, pero que todavía tienen familia? Aquella fue una ley horrible, maliciosa y espantosa que permitió tanto el chantaje como la miseria y la angustia. Turing se erige como una figura simbólica de su época, de la misma manera que lo fue Oscar Wilde, que sufrió de manera similar”.

A la iniciativa se ha sumado Benedict Cumberbatch, el actor que protagoniza la recientemente estrenada película biográfica sobre el matemático, The Imitation Game. Cumberbatch añadía a los argumentos de Fry: “Alan Turing no solo fue procesado, sino que sin duda alguna fue empujado a poner fin a su propia vida de manera temprana por una sociedad que le criminalizó por buscar el amor que merecía, como hacen todos los seres humanos”.

Chad Griffin, director de Human Rights Campaign, la mayor organización de defensa de los derechos LGTB de los Estados Unidos, se ha sumado a la campaña, aprovechando la difusión que la película está teniendo en su país tras las nominaciones a los Oscar. Griffin ha utilizado la cartelería de la película, con la imagen de Cumberbatch caracterizado de Turing, al que ha añadido el siguiente texto: “¿Cuál fue su crimen? Winston Churchill dijo que Alan Turing hizo la mayor contribución individual a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Su crimen fue ser gay. Más de 49.000 hombres y mujeres homosexuales fueron perseguidos en Inglaterra bajo la misma ley. Turing fue indultado por la reina Isabel II en 2013. Los demás no. Honra a esta película. Honra a este hombre. Y honra el movimiento para traer justicia a los otros 49.000″.

Los duques de Cambridge declinan participar en la iniciativa

Quienes han declinado participar en la campaña han sido los duques de Cambrigde,  Guillermo y Catalina, a quienes Stephen Fry había invitado públicamente a sumarse en una carta abierta, dirigida al Gobierno, publicada por The Guardian. El texto decía: “Las leyes homófobas del Reino Unido hicieron intolerable la vida de generaciones de hombres homosexuales y bisexuales. Corresponde a los líderes jóvenes de hoy en día, incluyendo al duque y la duquesa de Cambridge, reconocer esta lacra en nuestra historia y no permitir que vuelva a producirse. Hacemos un llamamiento al Gobierno de Su Majestad para iniciar un debate sobre la posibilidad de un indulto para todos los hombres, vivos o ya fallecidos, que fueron condenados como Alan Turing”.

El portavoz de los duques de Cambridge, sin embargo, informaba de que la pareja declinaba hacer ningún comentario al respecto por tratarse de un asunto que atañía al Gobierno.

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Fredy, uno de los miembos de la pareja

El Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona ha impuesto a un taxista una multa de 240 euros por dos faltas de injurias al considerar probado que profirió insultos homófobos y racistas a una pareja gay ecuatoriana con la que tuvo una discusión de tráfico. La pareja circulaba en bicicleta por el carril bici, donde el taxista había estacionado su vehículo. La pareja circulaba con sus bicicletas por el carril bici, que el taxi del condenado ocupaba. Este argumenta que las bicicletas golpearon su vehículo -aunque en el juicio declaró que solo escuchó el supuesto golpe- y que una ralladura que el coche presenta en su aleta es consecuencia de dicho golpe. Sea como sea el taxista ha reconocido en el juicio que llamó “sudacas de mierda” y “maricones” a la pareja. Por fortuna en ese momento se personó una pareja de la guardia urbana de Barcelona que escuchó los insultos (uno de cuyos componentes ha declarado en el juicio).

Un juez de Barcelona ha condenado a un taxista a 240 euros de multa, la pena más alta por dos faltas de vejaciones, por proferir expresiones homófobas y racistas a una pareja de gays con la que discutió, «con intención evidente de humillarlos».

La sentencia condena al taxista a la multa más alta por vejaciones, al entender que las ofensas que dirigió a la pareja gay se refieren «a circunstancias personales de las víctimas que en una sociedad como la nuestra han de ser singularmente protegidas: la orientación sexual y la condición de extranjeros».

Según cree probado el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, las vejaciones sucedieron en el marco de una pelea en la que el taxista se enzarzó en una discusión con una pareja de gays que circulaban por el carril bici de la calle Diputació de Barcelona, donde el condenado tenía estacionado su vehículo.

Los ciclistas siguieron circulando por el carril bici cuando llegaron a la altura del coche, lo que motivó que el taxista, Domingo F., les recriminara que hubieran dañado su vehículo mientras les llamaba reiteradamente «sudacas de mierda» y «maricones».

El taxista también denunció a la pareja por una falta contra el patrimonio por los daños que asegura causaron en su coche, pero el juez los ha absuelto, al considerar que no hay pruebas suficientes para acreditar que el golpe se produjo y, en su caso, si fue intencionado.

Por el contrario, la sentencia condena al taxista y recuerda que él mismo reconoció que había dirigido las palabras vejatorias a la pareja con la intención de que fueran «particularmente ofensivas» para sus destinatarios.

«Las palabras que les dirigió son objetivamente vejatorias y singularmente adecuadas para ofender, dadas las circunstancias personales de aquellos a quienes se dirigen», sostiene el magistrado, Miguel Ángel Tabarés.

El juez cree que está justificado imponer la pena máxima al taxista porque las palabras dirigidas a la pareja de homosexuales «se profirieron a gritos, en la vía pública, con intención evidente de humillar a sus destinatarios ante otros usuarios de la vía, cosa que los perjudicados dicen que el condenado consiguió«.

El juez absuelve en cambio a la pareja al considerar que no se puede demostrar que la ralladura del coche tenga relación con el incidente.

Laia Serra, abogada del Observatorio contra la Homofobia, ha celebrado la sentencia porque «evidencia que la justicia se toma seriamente las discriminaciones diarias que sufre el colectivo LGTB» y ha recalcado que la Ley contra la homofobia que recientemente ha aprobado el Parlament supone «una herramienta muy valiosa por las sanciones administrativas que comporta».

Fuente La Vanguardia

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Una petición ciudadana dirigida a la Casa Blanca y cuyo objetivo es la promulgación de una ley federal que prohíba la práctica de las llamadas “terapias reparadoras” ha alcanzado ya los 100.000 apoyos. A pesar de que la petición no garantiza que se legisle sobre este asunto, sí aumenta la posibilidad de que se tome algún tipo de acción. Una segunda petición con el mismo objetivo ha superado las 330.000 firmas en la plataforma Change.org.

La iniciativa se puso en marcha después del trágico suicidio de Leelah Alcorn, una adolescente transexual de 17 años que no pudo soportar la cruel incomprensión de su familia y entorno más cercano, hace poco más de un mes. Sus familiares, miembros de una comunidad religiosa, ignoraron durante mucho tiempo los cuadros depresivos que sufría su hija y llegaron a castigarle con la aplicación de “terapias reparadoras” por parte de un miembro de su confesión.

Cansada de soportar las continuas vejaciones a las que se veía sometida, decidió quitarse la vida. Para ello, programó una nota en la red social Tumblr para que se publicase justo después de que llevase a cabo su plan y el mismo día murió tras ser atropellada por un camión. Los investigadores que llevan el caso consideraron desde el primer momento que se trataba de un suicidio.

El texto de despedida de Leelah, totalmente desgarrador, comienza con un “Si estás leyendo esto, significa que me he suicidado y, obviamente, no he eliminado el comentario de mi cola de publicación. Por favor, no estés triste, es para mejor. La vida que viviría no es digna de vivirse… porque soy transexual”.

Acto seguido, Leelah relata parte de su calvario, confesando que lloró de felicidad al descubrir lo que significaba transexual y que su madre reaccionó muy mal cuando se lo dijo, llegando a comentarle que solo era una fase y que debía de estar equivocada, porque “Dios no comete errores”. Lo que vino después fue aún peor. Su madre decidió llevarla a un terapeuta cristiano que no paraba de decirle lo egoísta que era y, al cumplir los 16 años, se dio cuenta de que sus padres nunca cambiarían de parecer, y que tendría que esperar a la mayoría de edad para “empezar cualquier tipo de tratamiento de transición”, algo que le “rompió completamente el corazón”.

A partir de ese momento, decidió salir del armario como gay en el instituto -pensando que ello facilitaría las cosas después, cuando se revelara como una mujer transexual- ante lo que sus padres reaccionaron duramente sacándola del centro escolar y quitándole el ordenador portátil y el teléfono. En otras palabras, aislándola del resto del mundo durante varios meses. Este maltrato, unido a pensar que viviría el resto de su vida “como un hombre solitario que desearía ser una mujer o como una mujer solitaria que se odia a sí misma”, le llevaron a caer en una profunda depresión que no fue capaz de superar. A pesar de la muerte, Carla Alcorn, madre de la joven Leelah, continuó negándose a referirse a su hija por su identidad de género, alegando que “no apoyamos eso”.

La noticia del suicidio de Leelah, ocurrido el pasado 27 de diciembre, no tardó en difundirse por las redes sociales y los medios LGTB. Esperemos que su historia sirva al menos para que por fin se tomen cartas en el asunto y no tengamos que volver a hablar de la aplicación de las aberrantes “terapias reparadoras” o de otro caso de suicidio por parte de una persona transexual adolescente.

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Prosigue el goteo de incidentes homófobos a lo largo y ancho de la geografía española. El pasado viernes, una pareja gay era expulsada de un bar de Granada por darse la mano, mientras que en A Coruña los asistentes a la besada convocada en diversas ciudades españolas con motivo del Día Mundial de la No Violencia y la Paz tuvieron que soportar que les arrojaran huevos.

Comencemos por lo sucedido en A Coruña, una de las ciudades en la que el pasado viernes tenía lugar una de las besadas contra la LGTBfobia (una acción promovida desde la FELGTB con motivo de la conmemoración del 30 de enero bajo el lema #BesosContraLaViolencia). La inmensa mayoría de las besadas transcurrieron sin incidentes, pero en el caso de A Coruña los asistentes tuvieron que soportar como se les arrojaba huevos desde un edificio cercano. Una muestra de LGTBfobia que ha merecido ya la condena del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), que ha pedido que los autores sean identificados y “se les aplique la ley” y del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida  (ALEAS-EU), que considera de hecho que lo sucedido es una muestra “de lo que pretendíamos denunciar con esta acción, que el heteropatriarcado es un hecho, algo que debemos combatir, que la situación de las personas LGTBI aún no está normalizada y que queda mucho camino por recorrer”.

Por lo que se refiere a Granada, medios LGTB han recogido como una joven pareja gay fue expulsada, precisamente en la mañana del 30 de enero, de una cafetería de la ciudad simplemente por apoyar uno la cabeza en el hombro de otro y darse la mano. Contactados por dosmanzanas a través de redes sociales las víctimas, que al parecer prefieren pasar página y no denunciar lo sucedido, han preferido no hacer más declaraciones. En cualquier caso, este lunes, a las 19:00 horas, ha sido convocada a través del hashtag #StopHomofobiaGranada una concentración de protesta en la Avenida de la Constitución de Granada.

Lo sucedido en A Coruña y Granada, dos ciudades situadas en puntos opuestos de la geografía española, pone de manifiesto el repunte de los incidentes LGTBfobos en España a lo largo de los últimos meses (o quizá su mayor conocimiento, gracias en buena parte a las redes sociales). Hace solo unos días dábamos cuenta de la agresión ocurrida en Salamanca. Otras han ocurrido en la propia capital, como la ocurrida en las cercanías del Templo de Debod en diciembre (que dio lugar a una besada de protesta), las acaecidas en febrero y marzo contra sendas parejas de chicos gais en el entorno de la Gran Vía, la paliza sufrida por una pareja gay en septiembre en los alrededores de la Plaza de España o la agresión verbal ocurrida en noviembre en el metro en noviembre.

Un escenario de violencia física y verbal preocupante, al que se suman episodios de discriminación como el ocurrido hace unas semanas en un Burger King de Madrid, no muy distinto del acaecido el viernes en Granada, y contra la que se convocó otra besada de protesta.

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Como podría haber hecho cualquier pareja enamorada, dos jóvenes gays lituanos (que han optado por mantener en el anonimato su identidad) decidieron subir a su perfil de la red social Facebook una fotografía en la que aparecen besándose. Pero una acción tan inocente como compartir su amor les está suponiendo todo un calvario. Comenzaron a lloverles amenazas y mensajes de extrema violencia homófoba y decidieron llevar su caso ante la Fiscalía General de la República de Lituania, con el apoyo de la asociación LGTB Lithuanian Gay League (LGL). Sorprendentemente, acaban de recibir una desconcertante respuesta del tribunal: desestiman su caso porque, según la fiscalía, los agresivos comentaristas “utilizaron palabras inadecuadas para expresar desaprobación a las relaciones homosexuales. Sin embargo, el uso de malas palabras no es base para la responsabilidad penal”.

La justicia viene a decir que ellos se lo han buscado por su “comportamiento excéntrico”. El escrito en el que el tribunal de Klaipeda (una ciudad portuaria, situada al oeste de Lituania) desestima la denuncia de los jóvenes amenazados recoge textualmente que cuando alguien difunde una fotografía en la que se aprecia una muestra de afecto entre dos personas del mismo sexo “tiene que prever que tal acto excéntrico desalentaría claramente la comprensión y tolerancia comunes entre las personas de nuestra sociedad que tienen diferentes puntos de vista y opiniones”.

Por su parte la asociación LGL ha anunciado que presentará un recurso y manifiesta su perplejidad, ya que “algunos comentarios constituían información pública ofensiva que alentaba a discriminar a los gais y a la violencia física” y, por lo tanto, violan el Código Penal de la República de Lituania y la Ley de Suministro de Información al Público. Además de la indiferencia judicial, la propia jueza de instrucción, Rasa Stonkuvienė, ha apostillado que es conveniente animar a que el público en general “atesore valores tradicionales de la familia”.

Algunos de los comentarios que, según este miope tribunal serían únicamente fruto de una mala expresión, pero carentes de responsabilidad penal, incluían términos como “aplastar la cabeza”, “arder en el infierno”, “muerte a los maricones”, así como otras palabras tales como “quemar” o “destruir”. El presidente de la asociación LGL aseguraba que “no veía un ataque tan masivo contra personas  LGBT  en internet desde hace mucho tiempo”.

Crece la intransigencia en Lituania respecto a los derechos LGTB

Hace solo unos días, nos hacíamos eco de las amenazas veladas de un diputado lituano contra la asociación LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Todo a cuenta de la iniciativa de LGL de vender como souvenirs los antiguos billetes de 10 litas (obsoletos tras la reciente incorporación del euro en Lituania), aprovechando la imagen de los dos hombres en uniforme, añadiendo el reclamo de “dos buenos amigos compartiendo algo más que amistad”.

El país báltico lleva un tiempo dirigiéndose de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intolerantes con la realidad LGTB. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad. En septiembre del año pasado informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, teniendo en cuenta esta legislación.

A todo lo anterior se suman otras iniciativas recientes encaminadas a endurecer la legislación contra la visibilidad LGTB. Entre ellas, destaca un paquete de medidas que incluía la aprobación de una ley contra la “propaganda homosexual” similar a la rusa. La iniciativa quedó en suspenso en el Parlamento lituano en marzo de 2014, no tanto porque no dispusiera de apoyos como por temor a las consecuencias diplomáticas de una decisión así (la mayor parte de los diputados del principal partido de centro-derecha no votaron, con lo cual la iniciativa, pese a reunir la mayoría simple, no consiguió suficientes votos para ser tomada en consideración). Y la propuesta de Patackas para conceder la impunidad legal a los discursos de incitación al odio homófobo se encuentra en tramitación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

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Ya se ha estrenado en Sundance I am Michael, película que como informamos en su momento aborda la historia real de Michael Glatze y su transformación de prominente activista LGTB en pastor cristiano homófobo. La positiva recepción que ha tenido en Sundance refuerza la impresión de que la cinta, protagonizada por James Franco, será una de los más relevantes en materia LGTB de este 2015.

I am Michael es una intensa reflexión sobre los conflictos que viven las personas para definir o redefinir su identidad. Habla también de los diversos caminos que tomamos a la hora de construir la vida, configurar nuestras relaciones y decidir nuestro futuro. En especial, intenta comprender cómo es posible que una persona como Glatze pase de activista LGTB a pastor cristiano fundamentalista. Todo ello sin juzgarlo, pero tampoco sin aprobar sus tesis homófobas.

En el plano de las interpretaciones, el film cuenta con un reparto muy notable. El papel de Michael está interpretado por James Franco, que ya ha recreado como actor varios personajes gays y que ha dirigido Interior. Leather Bar, un falso documental con referencias a Cruising. El papel de su novio Benjie Nycum (“Bennet” en la película) lo interpreta el actor abiertamente gay Zachary Quinto, mientras que Emma Roberts interpreta a la mujer de Michael, Rebekah Glatze. Por su parte, Charlie Carver interpreta a Tyler, que establece una relación con la pareja de Michael y Bennet.

Comprender sin juzgar ni aprobar

La realización de la película tuvo momentos intensos. Destaca en especial el encuentro que tuvo el equipo de realización con el propio Michael Glatze. Como cuenta el director, Justin Kelly, se trato de un encuentro cordial que no impidió que Glatze expresara sus actuales opiniones (les llegó a preguntar si eran gays y les dio a entender que si no compartían sus creencias irían al infierno). Con todo, al realizador y a los actores les llamó la atención que el ahora pastor no reniegue de su pasado y hable sin problemas del mismo, reconociendo las personas que para él fueron importantes en esa época. Glatze, de hecho, prestó su consentimiento a que la película tratara su historia y asistió al festival para ver el film. La película también ha servido también para que vuelva a contactar con su antiguo novio.

En todo caso, la película busca un difícil equilibrio. No busca establecer un juicio sobre Glatze pero tampoco quiere contribuir a dar alas al movimiento “ex-gay”. Así lo señalaron Carver y el director en una entrevista para The Huffington Post. En este sentido, Carver señala que para él “la sexualidad es inherente” pero también cree que “el amor puede ser separado de la sexualidad” y que tras conocer a Michael cree que él “ama realmente a su mujer”. De este modo, la película habría logrado captar a Michael “buscando un sentimiento de identidad”. Por su parte, el director apunta que si se hubiera tratado de la habitual historia relatada por pretendidos “ex–gays” esto no le habría interesado. Lo relevante es el peculiar trayecto vital del personaje, cómo la súbita conciencia de que puede morir le lleva a decidir por sí mismo, sin consultar a ningún pastor, leer la Biblia de manera literal y seguir el camino de un cristianismo fundamentalista.

La película ha evitado tratar la historia como la de un gay que hubiera “cambiado”. En su lugar, aborda cómo afrontamos las crisis vitales y qué puede llevar a que alguien reniegue de lo que hasta la fecha ha sido básico en su vida. En este sentido, el personaje representado por James Franco representa a quien cree que debe rechazar lo que ha sido su identidad hasta el momento. En oposición a él se encuentra el personaje interpretado por Zachary Quinto, que refleja quien acompaña como mejor puede a su compañero mientras insiste en su identidad como gay y cree que debe mantenerse fiel a la mismo. De hecho Benjie Nycum está ahora casado con otro hombre y vive en Canadá, según nos cuenta la crónica original de The New York Times en que se inspiró la película:“Mi amigo ex-gay”, de Benoît Denizet-Lewis.

Según se desprende de su positiva recepción en Sundance parece que la película logra su objetivo de comprender sin juzgar ni aprobar. Esperemos en cualquier caso que no tarde en llegar al mundo hispanohablante y la podamos juzgar de primera mano.

La foto de una escena de sexo con Franco, Quinto y Carver se hace viral

En un plano más anecdótico, no podemos dejar de referirnos a una escena de sexo en trío protagonizada por James Franco, Zachary Quinto y Charlie Carver. Una escena que ha llamado la atención y de la cual una imagen ya ha conseguido hacerse viral.

Preguntado a este respecto, Carver respondió de una manera que en inglés se presta al juego de palabras. Al describir cómo fue rodar un trío con Franco y Quinto, afirmó que había sido “hot as hell”, aclarando inmediatamente que se había roto el aire acondicionado. Y es que esta expresión puede entenderse en su sentido literal de “hacía un calor infernal” o con una explícita connotación sexual…

Fuente Dosmanzanas

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Según denuncian asociaciones de defensa de los derechos humanos, nueve hombres homosexuales han sido detenidos en Uganda tras ser perseguidos por una horda de homófobos que pretendían lincharlos. La policía, con la excusa de salvarlos del ataque, procedió a su arresto oficial y a someterlos a la infame tortura de los exámenes anales, con los que pretendían demostrar su homosexualidad. Tras cinco días de encarcelamiento y maltrato, los nueve hombres fueron finalmente puestos en libertad, pero sus vidas corren grave peligro al verse obligados a regresar a sus domicilios, por lo que las asociaciones de derechos humanos buscan desesperadamente fondos para poder encontrarles un refugio seguro.

Rainbow Health Foundation es una organización que en Uganda provee de recursos médicos a hombres que mantienen sexo con hombres. Según sus responsables, el pasado 15 de enero el equipo de detección de enfermedades de trasmisión sexual (ETS) de la fundación ofrecía sus servicios en un hospital, como parte de un programa auspiciado por el ayuntamiento, por el que se trataba de ofrecer asistencia a jóvenes del entorno rural.

Algunos de los jóvenes que se habían sometido a las pruebas de ETS aprovecharon el viaje a la ciudad para visitar a un amigo, sin sospechar que eran seguidos por un grupo de fanáticos que decidieron darles caza, al parecer provenientes de su mismo lugar de origen. El grupo irrumpió en la casa donde estaban de visita y atacaron a los allí presentes. Pero la policía, al parecer alertada de que se preparaba una “caza” de homosexuales, había seguido al grupo homófobo y entró en el domicilio logrando poner a los jóvenes a salvo.

Según Dismus Aine Kevin, director de Rainbow Health Foundation , una vez que los jóvenes habían sido conducidos a las dependencias policiales, una multitud creciente se agolpó en el exterior gritando “no tengáis misericordia con ellos”. Dismus Aine afirma que “la turba enfurecida dejaba claro que deseaba derribar las puertas de la comisaría”. La situación llegó al extremo de que la policía decidió trasladarles a sus oficinas centrales, tras solicitar refuerzos, pues la multitud furiosa no paraba de crecer “por minutos”.

Allí, los jóvenes fueron conducidos a celdas, donde pasaron la noche. Rainbow Health Foundation solicitó el apoyo legal de la organización Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), que provee de defensa a quienes pertenecen a minorías marginadas. Los miembros de HRAPF acudieron al día siguiente a comisaría para negociar la puesta en libertad de los jóvenes, sin obtener éxito alguno. La policía les informó de que los nueve iban a ser detenidos oficialmente por practicar la sodomía, y que les mantendrían encarcelados hasta que concluyera la investigación.

Desde Rainbow Health Foundation trataron de apelar a los responsables del ayuntamiento, con quienes habían acordado su programa de atención, y fueron recibidos por el alcalde. No solo no hubo ninguna colaboración por su parte, sino que, tras confirmar los hechos, el alcalde les espetó que hubiera deseado “que hubieran matado al menos a dos de ellos para que los demás aprendieran la lección”.

El sábado 17 de enero, finalmente, Dismus Aine Kevin logró el permiso para visitar a los nueve jóvenes detenidos. Según su testimonio, “habían sido torturados y atormentados pero seguían aguantando. Hicimos algunas bromas para poner una sonrisa en sus caras. Hacía daño verlos a todos tan indefensos. Les habían sometido a un examen médico, incluido un examen anal y a preguntas sobre su sexualidad”. Los exámenes anales son considerados una inequívoca forma de tortura y degradación, además de no tener ningún sentido desde el punto de vista científico.

El equipo legal de HRAPF siguió presionando para obtener la libertad de los jóvenes, hecho que se produjo el pasado día 20, aunque aún deben presentarse periódicamente en las dependencias policiales. Sin embargo, desde Rainbow Health Foundation alertan de que los jóvenes, debido a su falta de medios económicos, han tenido que volver a su población de origen, donde también residen los fanáticos que intentaron su linchamiento. Por ello, están solicitando la provisión de fondos para que puedan encontrar un refugio seguro. Asimismo, han requerido a los medios que no revelen en sus noticias datos como el lugar donde se desarrollaron los hechos o el de residencia de las víctimas, por evidentes motivos de seguridad.

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad.

Fuente Dosmanzanas

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Cuatro años después de que diera comienzo la tramitación del actual proyecto, y once años después de que por primera vez se planteara la posibilidad, el Parlamento de Chile ha aprobado definitivamente el Acuerdo de Unión Civil, una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo y de distinto sexo. El texto definitivo -incluyendo el nombre definitivo con el que se conocerá la institución- no se ha conocido hasta estos últimos días, después de que una comisión mixta Cámara de Diputados-Senado resolviera las divergencias existentes entre los textos ya aprobados por amabas cámaras. Día histórico, sin duda, para los derechos LGTB en Chile.

Finalmente el Acuerdo de Unión Civil (tercer y definitivo nombre de la institución, tras “Acuerdo de Vida en Pareja” y “Pacto de Unión Civil”) ha sido aprobado por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones (en el Senado) y 78 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones (en la Cámara de Diputados). El texto reconoce a las parejas unidas civilmente una parte importante de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas (en materia patrimonial, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento de estado civil específico) y contempla la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. En este sentido, se igualan jurídicamente las posibilidades a la de los ascendientes (será el juez el que deberá decidir en función de los intereses del menor).

Otro dato interesante es que, a la espera de que Chile disponga en el futuro de matrimonio igualitario, los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero serán reconocidos como uniones civiles.

La redacción final, algo diferente por tanto a la previamente aprobada por el Senado en el mes de octubre y por la Cámara de Diputados la semana pasada, satisface a los activistas LGTB que llevaban años esperando este día. “Son once años de trabajo por una legislación que reconozca a las parejas de hecho. Los heterosexuales, que por el hecho de no querer casarse fueron estigmatizadas a lo largo de nuestra historia y las homoparentales, de gais y lesbianas, porque no tenían ningún reconocimiento ni validez para la sociedad chilena. Hoy día saldamos esa deuda histórica, esa deuda de humanidad y de democracia con las familias diversas”, declaraba Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

“Hoy pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico, pasamos a ser no sólo sujetos de deberes, sino también de derechos”, expresaba por su parte Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, que sin embargo lamenta el retraso en aprobar el proyecto. “Nos preocupa que estás discusiones se tomen tanto tiempo. Esta es una discusión de la dedada pasada, es una batalla cultural ya ganada y que sentimos que deberíamos estar discutiendo el matrimonio igualitario como en Argentina y Uruguay”, matizaba.

Se trata de un proyecto, recordemos, cuya tramitación se viene arrastrando desde la legislatura anterior (fue una promesa del expresidente Sebastián Piñera) y sobre el que después de las elecciones de noviembre de 2013, que renovaron tanto la Presidencia como el Congreso, existía el compromiso de finalizar con carácter de urgencia. Aún así el proceso ha vuelto a sufrir retrasos y el trámite parlamentario ha resultado especialmente laborioso (no han faltado bochornosas escenas de violencia protagonizadas por el homófobo pastor evangélico Javier Soto). Finalmente la razón se ha impuesto y el proyecto ha sido aprobado. Será ley en cuanto la presidenta, Michelle Bachelet, la promulgue, lo que se estima inminente.

La lucha por el matrimonio igualitario continuará

La aprobación del Acuerdo de Unión Civil no supone que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa).

Ya en diciembre daba sus primeros pasos una iniciativa parlamentaria coordinada por diputados de la Nueva Mayoría (la amplia coalición de fuerzas políticas que sustenta al gobierno de Michelle Bachelet) con los movimientos LGTB. Ello no asegura el éxito: no son pocos los integrantes del bloque que apoya a Bachelet que en el pasado han mostrado su oposición a una ley de matrimonio igualitario (es el caso del propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pero su caso no es el único). El proceso será sin duda complicado.

Todo este movimiento se da además en paralelo a la demanda contra Chile presentada en 2012 por el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que informamos en su momento, y que es una patata caliente en manos del actual gobierno.

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La Rada Suprema (el parlamento de Ucrania) ha excluido de su agenda legislativa para el actual periodo de sesiones un proyecto de ley para castigar con penas de cárcel la divulgación de informaciones positivas acerca de la homosexualidad. Una medida que iba en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, circunstancia que parece haber sido clave para el abandono de su tramitación.

La idea de instaurar una ley contra la “propaganda homosexual” se instaló en Ucrania en los primeros meses de 2012. Tras haber quedado en suspenso en julio de ese año, en octubre el Parlamento aprobaba en primera lectura un proyecto de ley que preveía un castigo de hasta cinco años de prisión para aquellos que divulguen información positiva sobre la homosexualidad. Aunque contemplaba penas más duras aún, se trataba de una norma en la línea de la ya aprobada hace dos años en Rusia, con el supuesto objetivo de “proteger a los menores”. El último ejemplo sobre los efectos de su aplicación lo recogíamos esta misma semana.

Volviendo a Ucrania, la “capitulación” de julio de 2012 fue el resultado de la movilización del movimiento LGTB local y de las presiones de la comunidad internacional. La ley había sido, en efecto, denunciada por las instituciones europeas, la administración Obama y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Una petición internacional lanzada por la plataforma AllOut.org para pedir su retirada recogió en pocas semanas más de 120.000 firmas. También Elton John se posicionó contra la ley (el cantante, que en 2009 intentó sin éxito adoptar un niño ucraniano, aprovechó un concierto en Kiev para pedir a los ucranianos que pusieran fin a la persecución de las personas LGTB). La tramitación del proyecto, finalmente, quedó en suspenso hasta las elecciones del año pasado.

Tras el triunfo de la revuelta que llevó a la salida del poder del presidente prorruso Víktor Yanukóvich y el conflicto con Rusia en la parte oriental del país, poco ha cambiado la situación para las personas LGTB en Ucrania. Pero el afán por distanciarse de Rusia ha tenido al menos un efecto colateral positivo: esta semana, la iniciativa homófoba salía de la agenda legislativa de la Rada Suprema tras considerarse que ha “perdido su relevancia” en aplicación del reglamento de la cámara. El activista Svyatovslav Sheremet explicó que este tipo de iniciativas “conectadas con Rusia y el ‘mundo ruso’” tienen muy pocas posibilidades de prosperar.

Y ello a pesar de la fuerte homofobia que sigue imperando en el país. El verano pasado recogíamos las pavorosas grabaciones del intento de asalto de un grupo neonazi a un local de ambiente gay en Kiev. En 2013 los tribunales prohibían la que hubiera sido primera Marcha del Orgullo de la capital ucraniana a petición de un grupo de parlamentarios que esgrimían como motivo para la prohibición los posibles disturbios entre manifestantes y opositores a los derechos LGTB. Sin embargo, a pesar de la orden judicial, una cincuentena de activistas se manifestaba días después por las calles de Kiev, teniendo que ser protegidos por la policía de la violencia de los grupos de fanáticos. La amenazante presencia de esos mismos grupos obligó a suspender en 2012 todos los actos reivindicativos programados.

Las espantosas imágenes del ataque al activista LGTB Svyatoslav Sheremet, a quien antes hacíamos mención, cuando comunicaba esta suspensión estremecieron al mundo y se convirtieron en símbolo de la implacable homofobia social que asola a Ucrania. Y es que, cuando de los derechos de las personas LGTB se trata, pocas son las diferencias reales entre Rusia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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La policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, ha comunicado la detención de doce personas, acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos, sin embargo, niegan los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños. La ley vigente en Nigeria, promulgada a principios del año pasado por el presidente Goodluck Jonathan, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual.

La policía islámica, o Hisbah, es quien vela en los territorios del norte de Nigeria, donde rige la sharia (o ley islámica), el cumplimiento de sus preceptos. Su jefe en la ciudad de Kato, Aminu Daurawa, comunicaba a los medios de comunicación la detención de doce hombres por participar en lo que sospechan que era una “boda gay”. Según Daurawa, fuentes de la investigación habían detectado días atrás que los supuestos novios habían invitado a un grupo de amigos para celebrar su unión bajo el pretexto de una fiesta de cumpleaños.

Las fuerzas de la Hisbah irrumpieron en la fiesta, donde se encontraban catorce personas, a quienes describieron como “de aspecto y comportamiento afeminado”, lo que provocó su detención inmediata. Los supuestos contrayentes eran Faruk Maiduguri, de 20 años de edad y a quien las responsables policiales identifican como “novio”, y Abba Mohammed, de 25 años, a quien identifican como “novia”. Faruk, entre lágrimas, repetía a los agentes que se trataba tan solo de su fiesta de cumpleaños y no de una boda homosexual.

Según el informe policial, dos de los presentes lograron huir, por lo que el total de los detenidos asciende a doce personas. El jefe Daurawa afirma que la intervención de sus fuerzas impidió que los invitados fueran linchados por una horda de vecinos, que habían tenido conocimiento de la celebración del enlace.

Aunque aún no se conocen los cargos definitivos de los que serán acusados, las familias de los jóvenes han sido convocadas. La sharia, vigente en esa zona del país, puede llegar a castigar las relaciones homosexuales con la pena de muerte, aunque son más habituales las penas de prisión y los fuertes castigos físicos. La ley aprobada el pasado año, que rige en todo el territorio nigeriano, establece que “las personas implicadas en la formalización de un contrato de matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo cometen un delito y podrán ser condenadas a una pena de 14 años de prisión”.

Desde su exilio en Londres, donde vive refugiado por temer por su vida de permanecer en Nigeria, el activista LGTB Davis Mac-Iyalla mostraba su indignación por estas detenciones. “La policía de Nigeria y el gobierno no tienen derecho a invadir la privacidad de las personas”, afirmaba con contundencia. “La prensa va a etiquetar esto como una boda para que se vea como un crimen y un tabú”, proseguía, añadiendo que “es una vergüenza que las autoridades nigerianas no sean capaces de combatir a los terroristas de Boko Haram, que sacrifican a los ciudadanos, pero que sí estén siempre dispuestas a perseguir a los gais… (…) Me enfurece que las autoridades de mi país de nacimiento no tengan ninguna clase de respeto por los derechos humanos. Esto también incluye a los principales líderes religiosos de Nigeria”.

Violencia social y de estado

Desde la promulgación de la ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad en Nigeria, no cesan de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. En dosmanzanas hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Actuaciones de este tipo han provocado que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicita su derogación y propone que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

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Se cierra definitivamente el caso de los 26 hombres arrestados en una sauna de la capital egipcia. Aunque otro tribunal ya los absolvió hace apenas unos días, se confirma la decisión judicial tras la apelación que había interpuesto la fiscalía. La presentadora amarillista de televisión Mona Iraqi, que fue la responsable de llevar “el caso” ante la justicia y que pudo verse en primer término mientras arrestaban medio desnudos a los usuarios de la sauna, anuncia en su perfil profesional de Facebook que, ahora que se ha hecho pública la absolución, hablará del tema en el programa del próximo miércoles. Algunos de los acusados han manifestado, por medio de sus abogados, que estudian querellarse contra la “informadora” y el programa por la emisión pública del reportaje y por la vulneración de sus derechos.

Como ha recogido dosmanzanas en diversas informaciones, la homosexualidad no es delito en Egipto. Sin embargo, y a pesar de los agitados cambios políticos y civiles que ha experimentado el país en los últimos años, se aprecia un incremento en la presión hacia el colectivo LGTB, al que se persigue con acusaciones tan peregrinas como “escándalo público”, “atentado contra el orden y la moralidad”, “perversiones” o “libertinaje”. En este sentido, diversas organizaciones egipcias e internacionales apuntan que durante los últimos meses se habrían producido unas 150 detenciones ilegales a personas sexualmente diversas.

Pero el episodio de los arrestos en la sauna de El Cairo es uno de los que, con diferencia, ha tenido una mayor repercusión internacional. Tanto que, desde la llegada al poder en Egipto del presidente Abdel Fattah el-Sassi, es la primera ocasión en la que se ha puesto en tela de juicio la legitimidad de una operación policial de estas características, cuestionando, asimismo, la relación entre el poder político y los medios de comunicación del país.

La persecución del colectivo LGTB egipcio

El pasado mes diciembre nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. No obstante, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real.

El matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto, país árabe de mayoría musulmana donde las relaciones homosexuales no son formalmente ilegales pero (con independencia del régimen político) sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”.

Sin ir más lejos, hace solo unos meses nos hacíamos eco de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

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Mientras una diputada rusa ha defendido que la homosexualidad es «una enfermedad que destruye a la persona», la justicia rusa, en aplicación de la ley contra la llamada “propaganda homosexual”, ha sancionado con una fuerte multa a una página web dedicada a ofrecer apoyo a los adolescentes LGTB. El juicio ha tenido lugar tras la denuncia presentada por Molodaïa Gvardia (Joven Guardia), un grupo juvenil de inspiración progubernamental.

El sitio web Deti-404 (Muchachos-404) está dedicado a apoyar a los jóvenes LGTB rusos. Los adolescentes LGTB pueden enviar cartas, fotografías o trabajos en los que expresar y compartir sus temores, sus angustias, su soledad…  en una etapa de la vida que es siempre difícil, pero que lo es aún más cuando el ambiente que rodea es manifiestamente hostil.

El mismo nombre del espacio web hace referencia al mensaje de error que se muestra cuando no se encuentra una página, como símbolo de la soledad en que se encuentran los niños y adolescentes LGTB rusos. Desde la página web se les ofrece, además de ese espacio, artículos, vídeos, noticias e información diversa que puedes ser de su interés, así como números de teléfono desde donde pueden ofrecerles apoyo psicológico.

Para la justicia rusa, sin embargo, toda esa dedicación no es más que “propaganda de relaciones no tradicionales ante menores”, y por ello la fundadora de la página, Elena Klimova, ha sido sancionada con 50.000 rublos (690 euros, 730 dólares) de multa. Klimova, que es periodista y activista LGTB, ha comunicado que apelará la sentencia.

Por su parte, Ilya Podsevatkine, responsable de la denunciante Molodaïa Gvardia, ha expresado su satisfacción por la sentencia, pues, según su criterio “puede suponer el cierre de Deti-404”. Roskomnadzor, la autoridad responsable de la supervisión de los medios de comunicación, comunicó el pasado mes de noviembre que se habían presentando más de cien quejas contra Deti-404, por, según el organismo, “dar a entender que las relaciones homosexuales son mejores que las tradicionales”.

Consultando la página, sin embargo, lo que se encuentran son testimonios de adolescentes que muestran el dolor que les produce el aislamiento y la incomprensión que deben sufrir. Muchos de ellos hablan del acoso que sufren por parte de sus compañeros de estudios, otros de la fuerte LGTBfobia que demuestran sus propios profesores o padres. Unos se muestran esperanzados y apuestan por un futuro mejor, mientras otros, como se lee en uno de los últimos testimonios enviado por una joven lesbiana, desearían “morir o ni siquiera haber nacido” porque no ven ese futuro.

A nadie, salvo a los fanáticos que denuncian y aplican las leyes, se le puede escapar lo importante que puede ser para estos adolescentes un punto de encuentro como el que les ofrece Elena Klimova, cuyo empeño en no arredrarse y continuar en su labor es otro ejemplo más de la extraordinaria valentía que demuestran los activistas LGTB rusos.

 Un ambiente de opresión y violencia

Esta sentencia es una muestra más de la homofobia de estado vigente en Rusia, representada sobre todo por la legislación aprobada en 2013 por el Parlamento ruso, que prohíbe informar positivamente sobre “relaciones no tradicionales” a menores y que ha servido para acallar, como en este caso, cualquier reivindicación de los derechos LGTB, con continuadas detenciones de aquellos activistas que valientemente se resisten a permanecer en silencio. También han tenido lugar despidos de funcionarios que declaran abiertamente su orientación sexual y cierres de medios que respaldan las reivindicaciones de los activistas.

A la homofobia de estado, se une la violencia social, tanto contra individuos aislados (es el caso de la violenta red de grupos homófobos Occupy Pedofilyaj, que retiene y tortura a personas a las que suelen tender una trampa) como contra locales de ambiente y por supuesto contra activistas que reclaman sus derechos (el último episodio del que nos hicimos eco ocurrió a finales de octubre, cuando tres activistas fueron asediados en Lipetsk).

Fuente Dosmanzanas

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El matrimonio igualitario sigue avanzando con paso firme por los territorios del “Profundo Sur”. La juez federal Callie V. S. Granade ha dictaminado este viernes 23 de enero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, establecida por las leyes de Alabama, viola el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La juez ha dictado la suspensión temporal de su sentencia de 14 días, para que la Fiscalía pueda solicitar una suspensión durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

La juez Granade debía resolver sobre la demanda presentada por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La pareja decidió denunciar a la administración de Alabama por lo que consideraban una grave discriminación. La Fiscalía General del estado, por su parte, defendía la enmienda 774, o de “Santidad del Matrimonio”, de la Constitución de Alabama, que en 2006 fue aprobada en referéndum con un 81 % de votos favorables. La enmienda describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y un mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. También impide el reconocimiento de los enlaces contraídos en otros estados donde son legales.

La juez finalmente ha fallado a favor de la pareja demandante, al encontrar que “el fiscal general no ha explicado por qué el permitir o reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo entre dos adultos que consienten va a impedir que los padres heterosexuales u otros parientes biológicos cuiden de sus hijos biológicos”.  La magistrada señala en su dictamen que ”Alabama no excluye del matrimonio a las parejas que no quieren o no pueden procrear biológicamente. No existe una ley que prohíba casarse a las parejas infértiles, a parejas de ancianos o a parejas que no deseen procrear. El estado tampoco prohíbe el reconocimiento de los matrimonios de esas parejas de otros estados”.

La sentencia se fundamenta tanto en el fallo del caso Windsor, en el que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional que la administración federal no reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos legalmente, como en los dictámenes de la mayoría de las Cortes de Apelaciones. Para la juez Granade, “los niños que actualmente están criados por padres del mismo sexo en Alabama son tan dignos de protección y de reconocimiento por parte del Estado como lo son los niños que son criados por padres de sexos opuestos. Sin embargo, la ley de ‘Santidad del Matrimonio’ de Alabama perjudica a los hijos de las parejas del mismo sexo por las mismas razones que el Tribunal Supremo consideró que la Ley de Defensa del Matrimonio perjudicaba a los hijos de las parejas del mismo sexo”.

Por todo ello, la juez ha dictaminado que estas leyes violan el derecho a la igual protección y al debido proceso que ampara la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No ha incluido ninguna suspensión ni demora en la ejecución de su sentencia, por lo que los matrimonios entre personas del mismo sexo en Alabama podrán comenzar en cuanto las secretarías de los condados abran sus puertas este lunes. No obstante, el representante legal de la Asociación de Jueces de Familia de Alabama, ligado al ultraconservador Tea Party, ha declarado que “no hay nada en la sentencia de la juez Granade que obligue a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, excepto a la demandante”. A pesar de ello, los jueces de familia de los condados de Montgomery y Jefferson (el más poblado del estado) ya han comunicado que facilitarán licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten, puesto que “nuestro análisis es que la prohibición ha sido declarada inconstitucional. Nosotros no violamos las sentencias judiciales federales“.

El fiscal general, Luther Strange, ha solicitado inmediatamente la suspensión cautelar del fallo durante el proceso de apelación, que ya ha comunicado que presentará. La juez emitió un mandato en el que establecía un suspensión temporada de la sentencia de 14 días, tiempo en el que la Fiscalia podrá solicitar una suspensión permanente durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. Parece poco probable, no obstante, que una petición semejante sea concedida, pues la Corte de Apelaciones del 11º Circuito denegó una solicitud de suspensión semejante en el caso de Florida, que también fue rechazada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se presentó a su instancia. El equipo legal de la pareja demandante, por su parte, presentó ante tribunal de la juez Granade un pliego en el que se oponen  a la suspensión permanente de  la sentencia solicitada por la Fiscalía General y piden que clarifique sin lugar a dudas el alcance de la misma.

El gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, ha expresado su “decepción” con la sentencia y ha confirmado que la apelará. Más allá ha ido el presidente de la cámara de representantes del estado de Alabama, Mike Hubbard, que ha declarado que “es indignante que un solo juez federal no electo e irresponsable pueda anular la voluntad de millones de residentes de Alabama, que apoyaron firmemente la enmienda de ‘Santidad del Matrimonio’. La Legislatura fomentará con vigor el proceso de apelación y seguirá defendiendo los valores conservadores cristianos que hacen de Alabama un lugar especial para vivir”. Lo cierto es que ese abultado 81 % de votantes favorables a la discriminación de las parejas del mismo sexo en el referéndum de 2006 sumaban algo menos de 700.000 votos en un estado de casi cinco millones de habitantes.

Uno a uno, los estados se van sumando

Con la incorporación de Alabama, el matrimonio igualitario es ya completamente legal en 37 de los 50 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 220 millones de personas. Se trata de Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 21 jurisdicciones tribales (se van sumando aquellas que ligan sus leyes sobre el matrimonio a las del estado donde están ubicadas).

En el resto de estados existen situaciones diversas, que configuran un escenario judicial complejo que, a la espera del pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo, va decantando la situación hacia una extensión generalizada del matrimonio igualitario.

Hacemos a continuación un balance de la situación. En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Tras el recurso presentado por los equipos legales de las parejas demandantes de los cuatro estados ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este ha decidido que en el próximo período de sesiones considerará estas sentencias contrarias a los derechos LGTB. Por el contrario, su crietrio respecto a las apelaciones de sentencias que han sido favorables a esos derechos ha sido el de no admtirlas a trámite. La decisión del Tribunal Supremo, que se espera para el mes de junio de este mismo año, podría suponer el final de largo viaje del matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Mississippi y Texas (ambos del 5º Circuito) y Arkansas, Dakota del Sur y el ya citado Misuri (los tres del 8º Circuito). En Arkansas, además, la Corte Suprema estatal deberá revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Por el momento solo hay un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En este estado, sin embargo, otro juez federal falló pocas semanas después en sentido contrario, declarando inconstitucional la prohibición. Habrá que esperar a ver cómo resuelve el 5º Circuito esta contradicción.

Finalmente, en uno de los estados donde aún no hay sentencia, Dakota del Norte, el juez federal que debe dictaminar al respecto ha decidido aplazar la continuidad del juicio hasta conocer la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los otros dos estados donde hay procesos abiertos pendientes de sentencia son Georgia y Nebraska.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alabama, Callie V. S. Granade, Corte de Apelaciones del 11º Circuito, Discriminación, Estados Unidos, Luther Strange, Matrimonio, Mike Hubbard, Robert Bentley, Tribunal Supremo (Estados Unidos)