Tras la sorpresiva aprobación por el Bundestag alemán del matrimonio igualitario, aun a falta de algunos necesarios trámites para que entre en vigor, la lista de países donde las parejas del mismo sexo no están discriminadas se ha incrementado hasta alcanzar los 23 integrantes. Por continentes, 14 de ellos están en Europa, 7 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. De momento, no hay ningún país asiático en la lista. En el futuro cercano, sin embargo, se prevén varias adiciones a esa suma en casi todos los continentes. De momento, se calcula que, aproximadamente, más de 1.150.000.000 habitantes del mundo viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone más de un 15 % de la población mundial.

Incorporando a Alemania, este sería el mapa de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Europa

Fue en Europa donde por primera vez se aprobó la inclusión de las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, en el año 2001, y es también un país europeo el último en sumarse a la lista de la igualdad de derechos para las parejas LGTB en este 2017. Los 14 países de este continente donde existe el matrimonio igualitario son los siguientes (con la entrada en vigor de la legislación entre paréntesis):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (entrada en vigor por determinar).

Incluyendo a Alemania, y restando la población de aquellos territorios o dependencias donde no está en vigor la legislación igualitaria, un total de 324.027.406 europeos viven en países donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa cifra representa un 45,31 % de la población europea total (711.064.145 habitantes).

Si nos ceñimos a la Unión Europea, el matrimonio igualitario existe en 12 de los 28 países que la componen. Eso supone que 316.940.861 de los 507.996.178 habitantes de la Unión Europea no discriminan a las parejas del mismo sexo, un 62,39 % del total.

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto. El primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat, ha prometido que el matrimonio igualitario será la primera ley de la nueva legislatura. Por su parte, el socialdemócrata primer ministro de Austria, Christian Kern, que gobierna en gran colación con los conservadores, se ha comprometido a impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que acabe esta legislatura. También existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12:

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015).

Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

América

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 7 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

De los 1.001.559.000 habitantes del continente americano, 779.212.822 viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone un 77,80 % del total.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis):

Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Otros continentes

Tan solo existen dos países más fuera de los continentes europeo y americano donde está legislado el matrimonio igualitario. Se trata de Sudáfrica, en África, y de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Oceanía sumará muy probablemente un nuevo país a la lista, aunque la fecha en que eso suceda es aún incierta. El gobierno conservador de Australia pretende convocar un referéndum para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la oposición exige que la medida se tome directamente desde el Parlamento. Esa división de opiniones hace que la legislación igualitaria siga bloqueada.

En cuanto África, lamentablemente Sudáfrica sigue siendo la excepción en un continente donde lo que abundan son las legislaciones que castigan las relaciones homosexuales con largas penas de prisión, e incluso con la pena de muerte.

No existe en la actualidad ningún país asiático con legislación igualitaria para las parejas LGTB. En Taiwán, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos años para que se legisle el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la isla no es un país reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los candidatos sería Vietnam, aunque la situación está en un proceso incierto y previsiblemente de larga duración.

Como ocurre en África, en Asia, lamentablemente, es también larga la lista de países que castigan las relaciones homosexuales, en algunos casos hasta con la pena de muerte. Lo podéis comprobar en estos mapas, donde aparecen los países que castigan la homosexualidad, y los que incluso aplican la pena capital (podéis pinchar en ellos para verlos a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Chile Brasil, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Discriminación, Ecuador, Escocia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia. Alemania, Francia, Gales, Holanda, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Jamaica, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Matrimonio, México, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwan, Ucrania, Unión Europea, Uruguay, Vietnam

ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Antonio Cañizares, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Javier Raya, Jesús Tomillero, Joaquín María López de Andújar, José Ignacio Munilla, José Rico, Juan Antonio Reig Plà, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Víctor Gutiérrez, Visibilidad LGTBI

Rumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

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Por fortuna solo hubo dos heridos, pero la noche podría haber acabado en tragedia. El Super Super, un local en el que decenas de personas disfrutaban en la madrugada del sábado al domingo de una noche temática LGTB, fue atacado con gases lacrimógenos. Alrededor de mil personas se manifestaron el lunes por las calles de Zagreb para condenar el ataque, que ocurre en un momento en el que, según denuncia la organización Zagreb Pride, el discurso homófobo conoce de nuevo una escalada en el país balcánico.

El ataque ocurrió sobre las tres y media la madrugada, cuando el local estaba lleno. En el momento en el que el gas lacrimógeno se liberó la gente intentó escapar como pudo hacia la salida, formándose una estampida en la que según los testigos resultó milagroso que nadie muriese aplastado. “Escuchaba disparos”, explica una de las personas atrapadas, que llegó a pensar que se trataba de una matanza similar a la de Orlando. “Luego comprendí que era la gente rompiendo las ventanas para que entrase el aire”, añade. “Fue un intento de asesinato múltiple”, explica indignado otro cliente.

A las 3.30 de la madrugada del pasado domingo, unos desconocidos lanzaron gases lacrimógenos en el club Super Super de Zagreb provocando dos heridos. Además, un número de personas sin determinar han sufrido heridas de diversa consideración al intentar salir del local.

La asociación Zagreb Pride ha condenado el ataque y pide a la policía que “lleve a cabo una investigación inmediata y efectiva con el fin de identificar a los responsables de este ataque a los ciudadanos y tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la paz, la seguridad y los derechos humanos de las personas LGTB en Zagreb y Croacia”.

El colectivo denuncia además el aumento de agresiones apoyado por el discurso cada vez más agresivo por parte de la derecha clerical ortodoxa y arremete contra la inactividad del gobierno en estos casos. Asimismo, solicitan a las autoridades una condena alta y clara de lo sucedido “demostrando que el odio y la violencia no son valores de nuestra sociedad” y “permitir que la lucha por los derechos humanos no sea silenciada por los gases lacrimógenos”.

El ataque al Super Super está siendo investigado ya por la Policía croata, pero nadie duda de su carácter homófobo. Ocurrió precisamente la noche en la que el local celebraba su fiesta LGTB. Así lo han denunciado los activistas LGTB croatas, que este lunes se manifestaban por las calles de Zagreb para expresar su indignación. “A lo largo de los últimos meses, nos hemos enfrentado a una escalada pública de odio, estimulada por un discurso cada vez más agresivo de los circulos clericales de extrema derecha, contrario a los valores constitucionales de Croacia pero que ha contado con la aprobación tácita del Gobierno de Croacia”.

El ataque ya ha sido condenado tanto por el Gobierno croata,  que ha expresado su oposición a “toda forma de violencia y discurso de odio” como por la oposición socialdemócrata, tradicional aliada de los derechos LGTB, que ha exigido al Gobierno que sea más activo a la hora de combatir el odio homófobo.

En Croacia la homosexualidad está despenalizada pero socialmente no está aceptada. Sirve como ejemplo el hecho de que en 2013 mediante referéndum, el 64.84% de los votantes (que no llegaron al 40% de la población) se mostraron a favor de que la Constitución estableciera que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Sin embargo, unos meses más tarde, el gobierno autorizó las uniones entre personas del mismo sexo, eso sí, sin llamarlo matrimonio y sin adopción.

De los países balcánicos, Croacia es uno de los que más pasos ha dado en favor de los derechos LGTB, pero no sin traumas. En el año 2014 el Parlamento croata aprobaba una ley de uniones entre personas del mismo sexo después, eso sí, de que mediante la celebración de un referéndum se oficializase la discriminación de estas parejas en la Constitución en su acceso al matrimonio.

Un referéndum al que en su momento se opuso tanto el entonces presidente del país, Ivo Josipović, un importante aliado del colectivo LGTB, como el Gobierno croata, entonces en manos socialdemócratas. Pero no conviene olvidar que Croacia es un país en el que la Iglesia católica, que hizo campaña activa en favor de la discriminación, conserva todavía una importante influencia social. Los cambios políticos ocurridos en los últimos años, con la llegada de los conservadores tanto a la presidencia del país como al gobierno, han congelado sin embargo los avances, y si nos atenemos al citado comunicado de Zagreb Pride, han permitido un nuevo rebrote homófobo por parte de los grupos de extrema derecha.

Fuente: Total Croatia News,vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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Muy importante fallo el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Italia por no reconocer el derecho de residencia a la pareja del mismo sexo de un ciudadano italiano. Estrasburgo considera que la negativa supuso una violación del artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación, así como del artículo 8, que consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Roberto Taddeucci y Douglas McCall son pareja desde 1999. Vivieron en Nueva Zelanda hasta el año 2003, cuando debido a problemas de salud de Taddeucci decidieron instalarse en Italia, país del que este es ciudadano. Sin embargo, tras agotar sus permisos temporales de residencia, el Estado italiano se negó a conceder a McCall, ciudadano neozelandés, el derecho a residir legalmente en Italia en aplicación del derecho a la reagrupación familiar.

La pareja llevó el caso a los tribunales, y tras perder ante la Corte de Casación, el más alto tribunal italiano, decidió acudir a Estrasburgo. La Corte de Casación les negó el derecho a la reagrupación familiar al considerar que la legislación italiana solo reconocía ese derecho con respecto a los cónyuges y a los hijos menores o dependientes (Italia, recordemos, no reconoce el matrimonio igualitario, y solo muy recientemente ha aprobado una ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo). De hecho, al no poder vivir legalmente en Italia como pareja, Taddeucci y McCall se vieron forzados a abandonar el país e instalarse en Holanda, donde el neozelandés no tuvo problema alguno en obtener el permiso de residencia como pareja de un ciudadano de la Unión Europea.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ahora a favor de la pareja (puedes descargar aquí el comunicado oficial), al considerar que pese a no constituir un matrimonio sí tienen derecho a que se reconozca su realidad familiar. Condena además al Estado italiano a indemnizar a la pareja con 20.000 euros, en concepto de daños no materiales, y con 18.924,58 euros en concepto de gastos.

El fallo se remonta, por cierto, a la sentencia del caso Schalk y Kopf contra Austria, emitida en 2010, en la que se dirimía si el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio quedaba cubierto por la Convención Europea de Derechos Humanos. Curiosamente en aquella ocasión Estrasburgo falló a favor de Austria, al estimar que no era así, pero como contrapartida aquella sentencia supuso el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo sí tienen derecho al reconocimiento de su vida familiar (algo que consideraba que Austria cumplía con su ley de uniones civiles). “Las parejas del mismo sexo son tan capaces como las de diferente sexo de establecer relaciones estables de compromiso mutuo”, consideró entonces el alto tribunal europeo, lo que las coloca en una“situación similar a las de las parejas de distinto sexo por lo que se refiere a su reconocimiento legal y a la protección de su relación”. Nosotros mismos decíamos entonces que aquella argumentación “podría facilitar en el futuro los recursos de parejas del mismo sexo de estados en los que -como Italia o en buena parte de los países del Este- en los que carecen de cualquier tipo de reconocimiento jurídico”. Teníamos razón…

“Este caso es un perfecto ejemplo de las luchas a las que a diario tienen que enfrentarse a lo largo y ancho de Europa las parejas del mismo sexo. Esta pareja volvió a Italia porque uno de ellos estaba enfermo. Sufrir un problema personal de este tipo ya es suficientemente duro, pero las parejas del mismo sexo se encuentran con obstáculos discriminatorios adicionales”, ha expresado en un comunicado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis. “ILGA Europa saluda la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una nueva confirmación de que la discriminación contra las parejas del mismo sexo basada en su orientación sexual no puede ser permitida”, añade el texto.

En la misma línea que otra sentencia reciente

Conviene destacar que se trata de la segunda sentencia en pocos meses a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a beneficiarse de los permisos de residencia por reagrupación familiar. En febrero de este mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó también que las leyes de extranjería de Croacia, que tampoco reconocían a las parejas del mismo sexo la condición de familia, violaban la Convención Europea de Derechos Humanos. Aquel caso afectaba a una ciudadana de Bosnia-Herzegovina, que solicitó un permiso de residencia en Croacia por reunificación familiar al acreditar que mantenía una relación estable con una ciudadana croata.

“Habrá que ver si esta jurisprudencia termina por aplicarse a los casos en que las leyes del país impiden el matrimonio igualitario y las leyes de extranjería solo permiten la concesión de permisos de residencia a las personas unidas en matrimonio”, decíamos precisamente entonces (la ley croata sí reconocía el derecho a reagrupación familiar en el caso de relaciones no maritales, aunque heterosexuales). Pues bien, ya tenemos la respuesta: también es de aplicación en estos casos. Una muy buena noticia.

Fuente Dosmanzanas

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Importante aunque insuficiente avance en derechos LGTB en la República Checa. El Tribunal Constitucional del país centroeuropeo ha levantado la prohibición de adoptar niños, de forma individual, para las personas que conviven en una unión civil. Si bien el fallo no abre la adopción conjunta a las parejas del mismo sexo, el Gobierno checo ya estudia una ley para permitir la adopción de los hijos del compañero o compañera del mismo sexo (la conocida en inglés como step-child adoption).

El Constitucional checo dictaminó el martes pasado que el veto para adoptar niños a las personas que viven en una unión civil es discriminatorio. El motivo es que cualquier ciudadano, sea LGTB o no, puede adoptar de forma individual si está soltero. De forma que muchas parejas del mismo sexo no se atrevían a regularizar su unión por miedo a perder la custodia de los hijos adoptados por uno de sus miembros.

El fallo supone una importante mejora en la seguridad jurídica de las familias homoparentales, aunque obviamente no todo lo amplia que sería necesario. En las próximas semanas puede producirse otro importante avance si se aprueba el proyecto de ley que está estudiando el Gobierno checo para permitir la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos que ya tenga el otro miembro de la pareja (la conocida por el anglicismo step-child adoption). Se trata de una solución similar a la existente en Alemania, y que se discutió en Italia pero no se llegó a aprobar.

La abogada de la asociación LGTB PROUD Adéla Horáková se felicitó por la sentencia, pero recordó las discriminaciones a las que todavía se enfrentan las parejas del mismo sexo. Horáková expresó su deseo de que poco a poco se vean “más progenitores del mismo sexo adoptando niños” para mostrarle a la sociedad “que están igual de preparados y son igual de capaces de dar amor que cualquiera”. La activista, sin embargo, se mostró cauta sobre una posible apertura de la adopción homoparental, en igualdad con las parejas de distinto sexo, en el futuro.

República Checa y derechos LGTB

Ya el año pasado se intentó sacar adelante una propuesta de enmienda a la actual ley checa de parejas (registrované partnerství) pero el proyecto quedó estancado debido a la oposición de los democristianos, una de las las tres fuerzas que componen la coalición de gobierno. Sin embargo, el ministro de Derechos Humanos, Jiří Dienstbier (socialdemócrata) y el de Justicia Robert Pelikán (de un partido de corte liberal fundado por un multimillonario), han señalado que si el Parlamento no la aprueba, tratarán de promover otra enmienda a la ley de parejas para permitir la adopción, como la que ahora se ha comenzado a debatir. En diciembre del año pasado, fue otra decisión judicial la que reconoció como tales a los hijos de una pareja del mismo sexo adoptados en California.

Por lo demás, estos desarrollos son coherentes con el contexto checo, una de las pocas excepciones a la potente homofobia que impera en lo que antaño fue el otro lado del telón de acero. Si atendemos a los datos del Pew Research Center en 2013, un 80% de los checos considera que la sociedad debería aceptar la homosexualidad (por comparación, España tiene un 88% y Alemania un 87%; Italia, en cambio, se queda en el 74%. La República Checa fue además el primer país del antiguo bloque comunista con una ley de parejas, aprobada en 2006, adelantándose en varios años a Hungría (donde la situación sociopolítica actual es sin embargo mucho más hostil a los derechos LGTB), Estonia, Croacia y Eslovenia (único país de la región que ha aprobado el matrimonio igualitario, pero que al haber pertenecido a la antigua Yugoslavia no fue parte del bloque “soviético” aunque sí comunista). Por otro lado, los checos se han sentido históricamente como un puente entre la Europa occidental y la centro-oriental. Sentencias como la que hoy recogemos apuntan a la veracidad de este sentimiento.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI Adéla Horáková, Adopción, Alemania, California, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Italia, Jiří Dienstbier, Pew Research Center, Proud, República Checa, Robert Pelikán, Uniones Civiles

El mayor desfile tuvo lugar en Viena, donde la marcha del arcoiris reunió a más de 100.000 personas y contó con la participación de su canciller.

General Ana Aresta, Austria, Bulgaria, Croacia, Florencia, Génova, Italia, Lisboa, Lituania, Lui Fidelsberger, Massimo Milani, Milán, Orgullo Gay, Orlando, Palermo, Paulo Côrte-Real, Portugal, Ranko Ostojic, Roma, Roman Hahslinger, Treviso, Varese, Vilna, Zagreb

El acuerdo contempla reconocer a estas parejas derechos sobre el patrimonio. Se extiende también a las parejas de hecho.

Se aplicará a parejas con bienes transfronterizos, en diferentes países de la UE. Bruselas estima que hay al menos 16 millones de parejas “transfronterizas”.

Los ministros europeos de Justicia lograron este jueves un acuerdo político, en el que solo participan 18 de los 28 países comunitarios, para reconocer los derechos patrimoniales de los matrimonios en la Unión Europea (UE), entre ellos homosexuales y parejas de hecho.

El Consejo de la UE, en el que están representados los Estados miembros, optó por la vía de la cooperación reforzada entre solo algunos de sus miembros tras constatar el pasado diciembre la negativa de países como Polonia y Hungría a avanzar en este asunto con el argumento de que interfiere en la identidad y su derecho de familia nacional.

El acuerdo alcanzado este jueves afecta a dos reglamentos, que llevan casi cinco años en negociaciones en el Consejo, dirigidos a establecer las normas que deben aplicarse en casos de regímenes patrimoniales transfronterizos, por ejemplo, de parejas de distinta nacionalidad que tienen casas en varios Estados miembros.

En concreto, los reglamentos recogen la jurisdicción, la legislación aplicable y el reconocimiento y cumplimiento de decisiones judiciales en materia de regímenes patrimoniales matrimoniales y de consecuencias patrimoniales de las uniones registradas.

Estas reglas, sobre las que ahora tiene que pronunciarse el Parlamento Europeo, fueron acordadas por España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia.

Los demás Estados miembros podrán sumarse si lo desean más adelante. Estonia ya ha anunciado su intención de unirse a esta cooperación una vez sea adoptada.

El ministro holandés de Justicia, Ard Van der Steur, celebró que se haya podido salir del bloqueo que experimentaban las negociaciones. Una vez se pronuncie la Eurocámara, se espera que la adopción formal de las medidas a finales de junio.

En la UE existen al menos 16 millones de parejas “transfronterizas”, según los datos facilitados por la Comisión Europea.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

General, Historia LGTBI Alemania, Ard Van der Steur, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Matrimonio igualitario, Parejas transfronterizas, Parlamento Europeo, Portugal, República Checa, Suecia, Unión Europea

Algunas de las federaciones de fútbol, como la chilena, han sido sancionadas por producirse cánticos homófobos por parte de sus seguidores.

General Chile, Croacia, El Salvador, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, FIFA, Honduras, México, Paraguay, Perú, Sanción

Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Jorge Fernández Díaz, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Los Chunguitos, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Pedro Zerolo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

Un interesantísimo trabajo de Dosmanzanas que nos permite ver lo que nos estamos jugando en estas elecciones…

El actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, finaliza su mandato en diciembre de 2016. Desde dosmanzanas queremos dar a conocer el perfil de los aspirantes y, sobre todo, analizar cuál es su trayectoria y su compromiso con los derechos de las personas LGTB. La importancia de este puesto diplomático para nuestra colectivo, siempre que exista un compromiso real, reside en la posibilidad de defender el respeto de los derechos humanos de aquellos que, como venimos informando a diario, son perseguidos en sus países por motivo de su orientación sexual o su identidad de género; un tema de absoluta urgencia internacional.

Cuatro mujeres y cinco hombres, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, participan hasta el momento en la carrera por la secretaría general de la ONU. Si bien es cierto que no existe ninguna restricción legal respecto al número de mandatos que un secretario general puede permanecer en el cargo, ninguno ha estado más de dos hasta la fecha (cada mandato tiene una duración de 5 años). Por primera vez en la historia, el debate para la elección no será únicamente a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según han justificado desde los órganos de Gobierno, se trata de una “apertura” que pretende dar más transparencia al proceso e implicar a la sociedad civil.

Con todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) siguen disponiendo de su derecho a veto. En la práctica, la ejecución de dicho derecho puede ser muy perjudicial para los candidatos más comprometidos con la igualdad. Muy especialmente teniendo en cuenta la LGTBfobia de estado de Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin.

El otro escollo puede ser China. Aunque el gigante asiático está inmerso en un lento proceso de aperturismo LGTB (impensable hace solo unos años), no hay que olvidar que las relaciones Rusia-China pasan por uno de sus mejores momentos. Sin duda, la Administración estadounidense de Barack Obama es la más progresista y la más comprometida con el colectivo LGTB en estos momentos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, los lazos entre el bloque occidental (encabezado por Estados Unidos) y Rusia se han ido deteriorando como consecuencia de una serie de desafortunadas posiciones políticas rusas.

En este contexto, nueve aspirantes optan hasta ahora a la secretaria general de la ONU, en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon (que lleva en el cargo desde el 1 de enero de 2007).

1) Vesna Pusić (Croacia)

Pusić, como recogía en 2013 dosmanzanas, se opuso al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en Croacia. En aquel momento ejercía como ministra de Asuntos Exteriores. Ahora, en su presentación informal como candidata a secretaria general de la ONU, ha defendido expresamente la necesidad de defender los derechos de la comunidad LGTB (como podéis ver en el vídeo de arriba). Aunque admite que en algunos escenarios esta reivindicación puede resultar “controvertida”, expresaba que del mismo modo puede serlo reclamar la igualdad de la mujer en otros casos y no por ello se debe dejar de hacer.

También en 2013, Pusić firmó con el ministro de Relaciones Exteriores montenegrino, Igor Lukšić (a la sazón, otro de los aspirantes a la secretaría general de la ONU) una declaración bilateral Croacia-Montenegro para proteger los derechos de la comunidad LGTB. “Estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación”, aseveraba Pusić.

Se le considera como una de las más abiertas defensoras de la comunidad LGTB entre todos los candidatos, en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Es presidenta honoraria del Partido Popular de Croacia-Liberales Demócratas. A pesar de la confusión que puede generar el nombre de la formación, en el ámbito europeo se adscribe a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (en el que se integran diputados del PNV, de Convergència Democràtica de Catalunya, de UPyD o de Ciudadanos, entre otros) y no al Partido Popular Europeo. Vesna Pusić es doctora en sociología, tiene 62 años y habla ingles y alemán, además de croata. Rusia podría oponerse a su nombramiento debido a su abierta posición favorable a los derechos LGTB.

La diplomacia de Arabia Saudí ha advertido a Pusić que tomarán medidas contra “cualquier intento de imposición de los valores sociales que no son aceptados internacionalmente, y que no son reconocidas en todo el sistema”. Una clara demostración de la LGTBfobia institucional reinante en esta región del planeta.

2) Igor Lukšić (Montenegro)

En 2011, siendo primer ministro de Montenegro, el socialista Igor Lukšić defendió el derecho del colectivo LGTB a celebrar por primera vez el Orgullo en este país balcánico (que apenas 5 años antes se había independizado de Serbia). “Tanto si tenemos una opinión personal como otra, tenemos que afrontar el hecho de que hay diferencias en la sociedad, que este tipo de temas forman parte del cuerpo de los derechos humanos. Dejemos a las personas marchar y mostraremos que somos una sociedad civilizada”, manifestaba entonces Lukšić (tenía 34 años).

Desgraciadamente, un ataque con gas lacrimógeno contra un concierto que tenía lugar en Podgorica (capital de Montenegro) con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia forzó a los organizadores a cancelar el Orgullo en 2011. Habría que esperar hasta 2013 para que pudiera materializarse el Orgullo LGTB. Eso sí, desafiando la violencia homófoba.

Además de primer ministro de Montenegro (de 2010 a 2012), fue anteriormente ministro de Finanzas (de 2004 a 2010), diputado del Parlamento de Montenegro (de 2001 a 2003) y diputado del Parlamento de Serbia y Montenegro de 2003 a 2006. Desde 2012, es viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. En su biografía destaca la publicación de tres libros de poesía. Asimismo, es profesor universitario de Economía y habla cinco idiomas (serbio, inglés, italiano, francés y alemán). A sus 39 años, es el candidato más joven a la secretaria general de la ONU.

3) António Guterres (Portugal)

Durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015, en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Dosmanzanas se hacía eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, el único aspirante de la Europa Occidental, ha dedicado más de 20 años al servicio público. Fue primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005). Fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido.

4) Irina Bokoba (Bulgaria)

Como directora general de la UNESCO, Irina Bokova lanzó en 2014 un potente mensaje contra el acoso escolar LGTBfóbico para “desarrollar y poner en práctica políticas de tolerancia y respeto a través de y en la educación”. Bokova explicaba que “la educación de calidad va más allá de la lectura, la escritura o el cálculo”, razón por la cual “es inseparable la transmisión de los valores de respeto a todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, sexo, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, y orientación sexual. Esta lucha es tanto más urgente hoy, cuando los países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBT. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, cuando uno derecho es violado, todos los demás se vuelven vulnerables”.

Irina Bokova participó en la redacción la Constitución de Bulgaria en su transición hacia la democracia, a principios de los 90. Además de diputada entre 2001 y 2005, Bokova ha desempeñado las funciones de vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, Defensa y Seguridad, ha sido miembro de la Comisión para la Integración Europea y vicepresidenta de la Comisión Conjunta Parlamentaria.

Algunos analistas la consideran prorrusa. Sin embargo, esta mujer de 63 años (cuya familia estuvo vinculada al comunismo búlgaro), aún contando con un hipotético apoyo de Rusia, ha dejado claro que denuncia y condena la discriminación al colectivo LGTB, especialmente a los segmentos más vulnerables. Su candidatura se encuentra entre las favoritas para ocupar la secretaría general de la ONU, aunque solo llegado el momento veremos si consigue los apoyos suficientes.

5) Helen Clark (Nueva Zelanda)

Se trata de la única aspirante que procede de un país no europeo; concretamente de Nueva Zelanda. Fue la primera mujer el dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, desde esta posición, ha denunciado la LGTBfobia de estado desarrollada por distintos países (aunque no de forma explícita, queda clara la alusión contra las legislación rusa).

En 2014, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, criticaba que “en el último año, se han promulgado leyes anti-LGBT perjudiciales con el pretexto de proteger a los niños y a las familias. Este tipo de leyes punitivas tienen el poder de fomentar la homofobia y la transfobia, y pueden tener efectos sumamente nocivos en la vida de los pueblos, destrozando la autoestima, aumentando la marginalización y obstaculizando el acceso a los servicios de salud, entre otros”.

Para Clark, “estas leyes otorgan a las personas LGBT la función de ‘chivos expiatorios’ y representan una distracción de los verdaderos desafíos sociales y de desarrollo que los países deben enfrentar. Las leyes anti-LGBT se basan en la conjetura errónea de que la homosexualidad representa un peligro para el tejido social de un país”.

No obstante, proseguía diciendo que “la evidencia demuestra todo lo contrario: en los países que han despenalizado la conducta sexual hacia el mismo sexo, no se ha observado ningún tipo de amenaza contra la institución del matrimonio ni el bienestar de los niños. De hecho, la despenalización ha sido un paso clave para que las personas LGBT, históricamente oprimidas, puedan prosperar y participar activamente, como miembros respetados de la sociedad”. Leer más…

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Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, CVP (Suiza), Discriminación, Eslovaquia, Homofobia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, PDC (Suiza), Polonia, Serbia, Suiza, Ucrania

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este 23 de febrero que las leyes de extranjería de Croacia, que no reconocen a las parejas del mismo sexo la condición de familia, violan la Convención Europea de Derechos Humanos. El caso afecta a una ciudadana de Bosnia-Herzegovina, que solicitó un permiso de residencia en Croacia por reunificación familiar, al acreditar que mantenía una relación estable con una ciudadana croata. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la no equiparación en derechos de las parejas del mismo o distinto sexo es una grave discriminación por razón de orientación sexual.

El 29 de diciembre de 2011, la ciudadana de Bosnia-Herzegovina Danka Pajić solicitó a la administración de extranjería de Croacia la concesión de un permiso de residencia. Dado que la concesión de permiso por ser cónyuge de una ciudadana comunitaria le estaba vedada, pues ni Bosnia-Herzegovina ni Croacia reconocen el matrimonio igualitario, la única vía que le restaba era el de conseguirlo por reunificación familiar, pues la Ley de Extranjería croata sí que considera como familia a las uniones de hecho, en determinados casos, aunque no estén formalizadas.

Pero esas mismas leyes de extranjería solo otorgan la consideración de familia a las uniones de hecho formadas por un hombre y una mujer, excluyendo de esa consideración explícitamente a las parejas del mismo sexo. Esa fue la circunstancia alegada por el Ministerio del Interior croata para denegar el permiso de residencia a Danka Pajić, a pesar de que la investigación policial había acreditado su relación continuada con la ciudadana croata D.B. (la sentencia solo deja conocer sus iniciales). Tanto la declaración de ambas al respecto, como las constantes visitas de una a otra, de una duración de tres meses en cada ocasión (el límite permitido para no necesitar un permiso de residencia), así lo atestiguaban.

Danka Pajić recurrió la resolución denegatoria ante el Tribunal Administrativo de Zagreb en julio de 2012. El Tribunal Administrativo tomó en consideración lo establecido en la Ley de Extranjería de Croacia, que en cuanto a la reunificación familiar se remite a lo que estipule la Ley de Familia. El apartado 3 de esa ley considera como familia a las parejas formadas por un hombre y una mujer que hayan mantenido una relación extramarital durante al menos tres años. El apartado 2 de la misma ley considera como parejas de hecho a aquellas del mismo sexo que hayan mantenido una relación extramarital también de al menos tres años, pero no las considera familia.

En aplicación de esa normativa, el Tribunal Administrativo resolvió que “la Ley de Extranjería establece como miembros de una familia a los cónyuges o personas que conviven en una relación extramarital con arreglo a la legislación croata. Las secciones 3 y 5 de la Ley de la Familia estipulan que el matrimonio y la relación extramarital son uniones entre un hombre y una mujer. De este modo, la unión entre dos personas del mismo sexo no puede considerarse conforme a las disposiciones legales pertinentes como matrimonio o relación extramarital”. El permiso de residencia le fue, por tanto, denegado.

Finalmente, Danka Pajić apeló a la última instancia dentro del cuerpo judicial croata, el Tribunal Constitucional, al estimar que había sido discriminada en base a su orientación sexual. El alto tribunal falló en mayo de 2013 que no encontraba discriminación ni violación alguna de los principios de igualdad recogidos por la Constitución de Croacia. La apelación, pues, fue asimismo denegada.

Tan solo le quedaba a Danka Pajić el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, amparándose en que se había violado el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que impide la discriminación, en conjunción con el artículo 8, que se refiere a la vida privada y familiar.

Y este 23 de febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de Danka Pajić, al considerar que las leyes de familia y de extranjería croatas, al impedir cualquier reconocimiento como familia a las parejas del mismo sexo, efectivamente las estaban discriminando en base a su orientación sexual.

El Tribunal estima que el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos concede a todos los ciudadanos el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otras personas, y que la orientación sexual forma parte de la esfera personal protegida por ese mismo artículo, por tanto, no puede haber diferencia de consideración entre un tipo de parejas u otro. El fallo final, que ha sido tomado por unanimidad, es aclaratorio:

Por último, este Tribunal desea subrayar una vez más que el presente caso no se refiere a la cuestión de si la solicitud de reagrupación familiar de la solicitante debería haber sido concedida en las circunstancias del caso. Se refiere a la cuestión de si los solicitantes son objeto de discriminación, debido al hecho de que las autoridades nacionales consideran que tal posibilidad es en cualquier caso jurídicamente imposible. De acuerdo con ello, a la luz de las razones expuestas anteriormente, este Tribunal considera que la diferencia de trato de la situación del solicitante en cuestión es incompatible con las disposiciones del artículo 14 en relación con el artículo 8 de la Convención.

Por consiguiente, este Tribunal considera que se ha producido una violación del artículo 14 en relación con el artículo 8 de la Convención.

La sentencia no solo obliga a la administración croata a conceder el permiso de residencia por reagrupación familiar a Danka Pajić, sino que además la condena a indemnizarla con 10.000 euros (11.000 dólares) por los perjuicios causados. También debe hacerse cargo de las costas, que ascienden a 5.690 euros (6.270 dólares).

Repercusión de la sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra a valorar las condiciones en que deben ser concedidos los permisos de residencia por reagrupación familiar, sino que valora si las leyes discriminan en base a la composición de las parejas, algo estrechamente enlazado con la orientación sexual. También es relevante que el Tribunal estime que las parejas que mantienen una relación estable caben dentro de la definición de “unidad familiar”, aunque las circunstancias las obliguen a vivir separadamente, como es el caso de aquellas en que uno de sus miembros ha emigrado a otro país.

Habrá que ver si esta jurisprudencia termina por aplicarse a los casos en que las leyes del país impiden el matrimonio igualitario y las leyes de extranjería solo permiten la concesión de permisos de residencia a las personas unidas en matrimonio, como ocurrió recientemente en Lituania. De ser así, el alcance de esta sentencia puede adquirir una enorme relevancia.

Evelyn Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, considera que “esta decisión arroja luz sobre un tipo de discriminación en la práctica que puede tener un efecto devastador para el día a día de las personas. No había ninguna razón real para que las autoridades croatas mantuvieran esta diferencia de trato, y nos alegramos de que el Tribunal haya protegido los derechos de las parejas del mismo sexo para que puedan disfrutar de su vida familiar, libres de discriminación”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bosnia-Herzegovina, Convención Europea de Derechos Humanos, Croacia, Danka Pajić, Evelyn Paradis, Familia, Homofobia, ILGA, Lesbianas, Lesbofobia, Lituania, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Situación de incertidumbre para la comunidad LGTB en Suiza. Solo hace unos meses informábamos del comienzo del trámite parlamentario de una iniciativa de matrimonio igualitario. Pues bien, esta semana hemos sabido de una reforma en sentido contrario, que de ser aprobada blindaría el matrimonio excluyente en la Constitución al definirlo como la unión de un hombre y una mujer. La decisión sobre esta segunda reforma está en manos de los ciudadanos, que la votarán en referéndum en febrero del año que viene.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideran una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era que acabar con lo que denominan “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que han titulado “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introduce también una definición excluyente del matrimonio.

El artículo 14 de la Constitución suiza establece que:

Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia.

Con la redacción propuesta por el PDC, se añadiría al mismo artículo la siguiente frase:

El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica.

Con este cambio, el matrimonio excluyente quedaría blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría abrir este derecho a las parejas del mismo sexo. Se trata, de hecho, de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Suiza se convertiría, si los ciudadanos lo aprueban en el referéndum, en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución.

El concepto es que algunas parejas casadas tienen que pagar más impuestos que las parejas heterosexuales no casadas; la iniciativa está tratando de cambiar esto. Este referéndum sobre la desgravación fiscal para parejas casadas también podría cambiar la Constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio es a largo plazo y legalmente regulada la relación entre el hombre y la mujer. En lo que respecta a la fiscalidad, es una comunidad económica”, se propone en el párrafo adicional. “No se debe poner en una situación de desventaja en comparación con otros modelos de relación, ni en los impuestos, ni en los seguros sociales”.

Los críticos contra estos cambios alegan que el voto rompería la unidad de la regla de procedimiento del referéndum suizo, ya que obligaría a los ciudadanos a decidir sobre dos cuestiones – la fiscalidad de las parejas casadas y la definición de matrimonio – en lugar de sólo uno. Un informe del Consejo Federal Suizo dice que no hay problema con el voto, ya que hay una “coherencia fáctica” entre las dos partes de la iniciativa.

Los activistas LGTB reprueban lo que consideran una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacen hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación homófoba de la medida queda oculta si no se lee la literalidad de la reforma constitucional propuesta. También critican que la cuestión que se somete a referéndum no cumpla la regla de la “unidad de la materia”. Esto es, que las consultas ciudadanas deben abordar un solo tema y no dos como en este caso (derecho fiscal y definición del matrimonio).

El Gobierno suizo ha rechazado esta crítica con el argumento de que los asuntos que se someten a votación guardan relación entre sí. Ahora solo queda esperar al resultado de las urnas el 28 de febrero de 2016. Para ser aprobada, la reforma debe contar con una mayoría favorable en votos globales y en cantones. No se requiere una participación mínima. Cabe destacar que ambas cámaras del Parlamento han votado contra la medida, si bien ello no impide un resultado favorable a la misma en la consulta.

Aunque el Parlamento rechazó las modificaciones propuestas, el informe del Consejo Nacional también pide a los representantes de los cantones que recomienden a los ciudadanos votar a favor de la propuesta.

Según la ley suiza, para que una iniciativa se apruebe no sólo la mayoría de los ciudadanos deben votarla, también se tiene que producir similar resultado en los cantones.

Con independencia del resultado de este referéndum, la iniciativa de matrimonio igualitario cuya tramitación adelantábamos en febrero de este año continúa su andadura parlamentaria. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre, el proyecto superaba otro trámite al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

En 2014, una encuesta realizada por la organización LGBTI suiza Cruz Rosa mostró que, en el referéndum para reducir los impuestos e ilegalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 30,2% tendería a votar sí, en comparación con un 52,1% que votaría en contra y el 17,6% de los votantes estaría indeciso.

Pacto civil de solidaridad (PACS). El término alude a una forma de unión civil entre dos adultos bajo la ley francesa. El PACS establece derechos y responsabilidades pero menos que un matrimonio, en particular en materia de adopción. Ofrece un cierto estatuto legal a las parejas del mismo sexo, pero es utilizado mayoritariamente por parejas de sexo opuesto. Una forma de unión civil se estableció en unos 20 países, principalmente en Europa y América del Norte, desde finales de 1990, entre ellos, Suiza.

En el ámbito social, la propia diversidad cultural y étnica de la Confederación, favoreció un mayor grado de respeto y tolerancia hacia los distintos grupos que conforman la nación. Cada año se celebran diversos eventos en favor de los derechos LGBTI y la diversidad sexual, tales como marchas del orgullo gay, festivales y manifestaciones varias, entre los que se destacan el Festival de Cine Pink Apple, el Christopher Street Day, el Día para salir del armario y el Festival del Orgullo de Zúrich.

Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, se percibe como una ciudad tolerante hacia la comunidad gay, ofreciendo una amplia variedad de atractivos para el turismo homosexual. En julio de 1993 se creó en la ciudad el «Schwulenarchiv Schweiz», organización sin fines de lucro destinada a recopilar y preservar el material referente a los homosexuales en el país. En marzo de 2009, fue electa Corine Mauch como alcaldesa de Zúrich, convirtiéndose en la primera mujer y abiertamente lesbiana en ostentar dicho cargo.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Bielorrusia, Bulgaria, Consejo Federal Suizo, Corine Mauch, Croacia, Cruz Rosa, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Matrimonio igualitario, Moldavia, Montenegro, Pacto civil de solidaridad (PACS), Partido Democrático Popular Cristiano, PDC (Suiza), Polonia, Referendum, Serbia, Suiza, Ucrania

Los organizadores del Orgullo de Bratislava, la capital eslovaca, han comunicado su decisión de cancelar la Marcha de este año. El fracasado referéndum que tuvo lugar el pasado mes de febrero, en el que se pretendía cercenar los derechos de la comunidad LGTB, ha ocasionado un ambiente generalizado de hostilidad que los responsables del Orgullo encuentran poco propicio para este tipo de evento. Sin embargo, si se celebrarán otros actos reivindicativos, con la promesa de volver a desfilar por las calles de Bratislava en 2016.

Este hubiera sido el sexto Orgullo celebrado en Bratislava, cuyo objetivo principal hubiera sido el de propiciar un debate sobre la igualdad de derechos de la población LGTB eslovaca. Tras unos primeros años en los que el hecho de salir a las calles reivindicando esa igualdad fue sobre todo un acto de valentía, en los últimos años la Marcha del Orgullo había añadido a ese carácter reivindicativo un matiz festivo y cultural, como sucede en muchos otros países de todo el mundo.

Este año, sin embargo, la población eslovaca se ha visto enfrentada a un referéndum, convocado a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia) y que contaba con el apoyo explícito de la iglesia católica eslovaca. En la consulta se pedía a los eslovacos que privaran aún más de derechos a sus conciudadanos LGTB, con una reforma legal que impediría la adopción homoparental y reforzaría la prohibición del matrimonio igualitario, que ya consta en la Constitución eslovaca después de que fuera modificada a este respecto en 2014.

El referéndum, sin embargo, tan solo logró sacar a las calles a un 21,4% de la ciudadanía, que aunque votó masivamente en contra de los derechos LGTB, estaba muy lejos del 50% necesario para alcanzar la validez. Pero lo que sí consiguió es crear un creciente ambiente de hostilidad generalizada hacia gais, lesbianas y bisexuales, propiciado sobre todo por la intervención directa en la campaña de la jerarquía de la Iglesia católica, cuya labor en contra de la igualdad de derechos mereció incluso la felicitación del papa Francisco.

Las asociaciones LGTB han considerado que ese ambiente hostil era poco propicio para la celebración de la ya tradicional Marcha del Orgullo. Debido a ello, los organizadores del  Orgullo Dúhový (arcoíris) de Bratislava han aplazado la convocatoria de esa Marcha hasta el 2016, aunque sí que será convocado otro tipo de actos reivindicativos e informativos. El equipo formado por las organizaciones NGOs Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť y Nomantinels emitía un comunicado en los siguientes términos:

Queremos que el Orgullo sea percibido como una expresión pacífica, placentera y cultural de orgullo, como contraste a las degradaciones y sacrificios que los LGBTI experimentan constantemente en sus vidas. Por lo tanto, hemos decidido expresar nuestro orgullo de una manera diferente a la de una marcha por la ciudad. Participaremos en diversos eventos y campañas. Eslovaquia necesita conocer las historias de las personas LGBT, de sus padres, sus hijos, amigos y colegas. Por lo tanto, vamos a recopilar esas historias, en colaboración con la Plataforma de Asociaciones Medioambientales, para a continuación poder llevarlas a todo el pueblo de Eslovaquia.

Esperemos que las convocatorias que aún persisten se desarrollen con total tranquilidad, y que la Marcha de Bratislava pueda volver a celebrarse en 2016.

La realidad LGTB eslovaca

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia, como se puede comprobar, sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Asimismo, cabe recordar que Eslovaquia cuenta con un elevado índice de población católica y que forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Aliancia za Rodinu, Bielorrusia, Bratislava, Bulgaria, Croacia, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Iniciatíva Inakosť, Jorge Bergoglio, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, NGOs Queer Leaders Forum, Nomantinels, Orgullo LGTB, Papa Francisco, Polonia, Referendum, Serbia, Ucrania

Un año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

• Reino Unido: 86 %
• Bélgica: 83 %
• Malta: 77 %
• Suecia : 72 %
• Croacia: 71 %
• Holanda: 69 %
• Noruega: 69 %
• España: 69 %
• Dinamarca: 68 %
• Portugal: 67 %
• Francia: 65 %
• Islandia: 63 %
• Finlandia: 62 %
• Alemania: 56 %
• Austria: 52 %
• Hungría: 50 %
• Montenegro: 46 %
• Luxemburgo: 43 %
• Albania: 42 %
• Irlanda: 40 %
• Grecia: 39 %
• Georgia: 36 %
• República Checa: 35 %
• Estonia: 34 %
• Eslovenia: 32 %
• Andorra : 31 %
• Bosnia-Herzegovina: 29 %
• Serbia: 29 %
• Eslovaquia: 29 %
• Rumania: 28 %
• Suiza: 28 %
• Bulgaria: 27 %
• Polonia: 26 %
• Italia: 22 %
• Liechtenstein: 19 %
• Lituania: 19 %
• Chipre: 18 %
• Kosovo: 18 %
• Letonia: 18 %
• Moldavia: 16 %
• Bielorrusia: 14 %
• San Marino: 14 %
• Macedonia: 13 %
• Turquía: 12 %
• Mónaco: 11 %
• Ucrania: 10 %
• Armenia: 9 %
• Rusia: 8 %
• Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Felipe de Borbón, Fernando Sebastián, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Maribel Blanco, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Soraya Sáenz de Santamaría, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

El Parlamento de Eslovenia ha aprobado este 3 de marzo la reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares, que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. La votación se ha saldado con una gruesa mayoría de 51 votos favorables frente a 28 en contra. Tan solo falta la promulgación por parte del presidente Borut Pahor para que Eslovenia se convierta en el 13º país europeo en permitir el matrimonio igualitario. También será el primer país perteneciente a la antigua Europa del Este, y el primero de mayoría eslava, en hacerlo.

La reforma de la Ley de Matrimonio ha sido una iniciativa del grupo parlamentario de Izquierda Unida, que presentó su propuesta ante el Parlamento el pasado mes de diciembre. El 10 de febrero de este 2015, el comité parlamentario correspondiente aprobó dicha propuesta por una mayoría de 11 votos a 2, con lo que podía proseguir su tramitación.

Según el ponente de Izquierda Unida, Matej T. Vatovec, “esta enmienda define el matrimonio como la unión de por vida de dos personas, independientemente de su sexo, lo que elimina la situación discriminatoria en vigor hasta ahora”. El proyecto de ley, asimismo, reforma los capítulos pertinentes para que las parejas del mismo sexo gocen de los mismos derechos que las heterosexuales, incluida la adopción.

Todas estas medidas han conseguido el respaldo del Parlamento, por una abrumadora mayoría de 51 votos contra 28. A favor han votado los diputados de Izquierda Unida, los del centrista Partido de Miro Cerar (el actual primer ministro), los Socialdemócratas y los liberales de la  Alianza de Alenka Bratušek. El Partido Democrático de los Pensionistas ha dejado libertad de voto a sus parlamentarios. En contra han votado los diputados del centroderechista Partido Democrático Esloveno y los del democristiano Nueva Eslovenia.

Estos dos últimos partidos ya han comunicado que se enfrentarán a este resultado por todos los medios a su alcance. Plantearán un recurso ante el Tribunal Constitucional e intentarán que se convoque un referéndum para derogar la reforma. Ambas acciones no parecen, sin embargo, que tengan visos de prosperar. El Tribunal Constitucional esloveno ya se ha posicionado a favor de los derechos LGTB en varias ocasiones, y la ley establece que un referéndum que intenta derogar una ley aprobada por el Parlamento necesita el respaldo del 20 % de los electores para ser convocado. Eso supone el apoyo de 340.000 eslovenos, muy por encima de los 280.000 que votaron en contra de la adopción homoparental en el referéndum de 2012.

Con esta reforma, Eslovenia marca distancias con otras repúblicas exyugoslavas, como Croacia, Serbia, Montenegro o Macedonia, cuyas constituciones prohíben o están en proceso de prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo.  Por el contrario, en cuanto la reforma sea promulgada, Eslovenia se convertirá en el decimotercer estado de Europa en aprobar el matrimonio igualitario tras Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (con la excepción de Irlanda del Norte) y Suecia. Según Matej T. Vatovec, “Eslovenia ha entrado hoy en el siglo XXI”, convirtiéndose en “una comunidad verdaderamente tolerante e inclusiva”.

Para conocer la evolución del matrimonio igualitario en Eslovenia, hay que echar la vista atrás hasta remontarnos al año 2010, cuando el entonces gobierno esloveno, que se había comprometido a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en el nuevo código de familia, se vio obligado a recular ante la reacción de los sectores católicos y de la derecha eslovena, que centraron su oposición especialmente en la cuestión de la adopción. En el mes de marzo de 2010 el Parlamento aprobaba la reforma que introducía el matrimonio igualitario en primera lectura, pero las presiones fueron tan fuertes que el Gobierno capituló y anunció en enero de 2011 que retiraba la medida.

Pese a ello, el Parlamento aprobó meses más tarde una versión modificada que al menos reconocía importantes mejoras en derechos a las parejas del mismo sexo (que en Eslovenia son reconocidas como parejas de hecho desde 2006). En lo que a la adopción se refiere, la nueva ley no permitía adoptar conjuntamente, pero sí que uno de los miembros de la pareja adoptara los hijos del otro. Pero ni siquiera estas modificaciones lograron apaciguar a los sectores católicos, que promovieron un referéndum vinculante, celebrado en 2012, en el que el código fue rechazado por un 55% de los votos. La participación ni siquiera llegó al 30%, y en la capital del país, Liubliana, el resultado fue favorable.

Eso no significó un parón en la evolución de los derechos LGTB en la más que sin duda es la más socialmente avanzada de las repúblicas exyugoslavas. En 2013, tras la celebración del referéndum, el Tribunal Constitucional de Eslovenia consideró inconstitucional la legislación eslovena en materia de herencia por discriminar a las parejas del mismo sexo. El fallo completaba una sentencia previa que ya consideraba inconstitucional la legislación eslovena de parejas de hecho por un motivo similar.

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En su audiencia general de este miércoles, el papa Francisco ha querido mostrar su apoyo a la iglesia eslovaca por su labor ante el referéndum LGTBfóbico que tendrá lugar este sábado 7 de febrero. Francisco valida así el trabajo denodado que los líderes católicos eslovacos han llevado a cabo, tanto para que la consulta popular fuera convocada como para propiciar un resultado desfavorable a los derechos LGTB. Una muestra más de que, fuera de puntuales gestos por parte de Francisco, la oposición a los derechos LGTB por parte de la jerarquía católica sigue siendo rotunda e inamovible.

Como informábamos el pasado mes de noviembre, Eslovaquia celebró un referéndum LGTBfóbico este sábado 7 de febrero, en el que se consultará a la ciudadanía sobre la privación de derechos a las personas LGTB. El pebliscito se realizará a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia) y cuenta con el apoyo explícito de la iglesia católica eslovaca. Las tres preguntas que se formularán, después de obtener la aprobación del Tribunal Constitucional son: “¿Cree que el matrimonio debe considerarse exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer?”, “¿Cree que debe prohibirse que las parejas o grupos de personas del mismo sexo puedan adoptar hijos?” y “¿Cree que la escuela no debe poder obligar a los niños a asistir a clases de educación sexual o sobre eutanasia sin que sus padres estén de acuerdo con lo que se les va a enseñar?”.

En realidad, la respuesta a la primera pregunta no cambiará nada en el marco legislativo eslovaco, pues en junio del pasado 2014 se modificó la Constitución para que el matrimonio quedara definido como “el vínculo entre un hombre y una mujer”. Para los integrantes de la asociación LGTBfóbica, según declararon en su día, “el cambio de la Constitución no es suficiente” ya que “nos negamos a que Eslovaquia permita experimentos sociales con niños y familias”, en alusión a la adopción homoparental, y por ello iniciaron la recogida de firmas para la convocatoria del referéndum. Lamentablemente, con gran éxito, pues consiguieron 420.000 firmas de apoyo a la consulta discriminatoria, sobre una población de aproximadamente 5.425.000 habitantes.

A escasos días de la consulta, el papa Francisco quiso mostrar su apoyo a la postura de la iglesia católica eslovaca, aprovechando la audiencia general del pasado miércoles. En su alocución, les dirigió las siguientes palabras: “Saludo a los peregrinos de Eslovaquia y, por medio de ellos, quiero expresar mi agradecimiento a toda la iglesia eslovaca, animando a todos a continuar en sus esfuerzos en defensa de la familia, célula vital de la sociedad”.

Entre estos esfuerzos que han merecido el agradecimiento del papa se cuentan la participación de algunos miembros de su Conferencia Episcopal en un programa televiso, alentando el voto contrario a los derechos LGTB en el referéndum, o la publicación de una carta pastoral de idéntico propósito el pasado 1 de febrero. También han solicitado expresamente desde su página web fondos para la Alianza por las Familias.

Martin Macko, director ejecutivo de la organización LGTB Iniciatíva Inakosť, lamenta que “por primera vez en la historia moderna de Eslovaquia la iglesia católica esté tan involucrada en una campaña política”. Según Macko, el debate público LGTBfóbico fue iniciado por la iglesia católica en 2013, cuando convocó una marcha en contra del aborto y de los derechos LGTB, pues “antes había organizaciones y grupos contrarios a los derechos de las personas LGBT en Eslovaquia, pero eran marginales, como marginales eran esos temas en el debate público”·

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Eslovaquia forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario. A este grupo probablemente se unirá Macedonia, cuyo Parlamento votó en enero de 2015 una reforma constitucional en este sentido, que aún debe ser convalidada y promulgada.

Por otra parte, el Papa advierte a los obispos lituanos de la “influencia de ideologías” que pretenden “desestabilizar la familia”. Les pide que colaboren a la “construcción civil y cultural de la sociedad” y “Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas“

‘Han venido a Roma con su juventud, y también con su heroísmo. De hecho, entre ustedes hay algunos hermanos jóvenes, pero sobre todo prelados que han atravesado el triste período de la persecución. Gracias por su testimonio de Jesucristo y por su servicio al santo pueblo de Dios”, escribe el Santo Padre en el discurso que entregó el lunes a los obispos de la Conferencia Episcopal de Lituania al final de su quinquenal visita ‘‘ad Limina”.

‘Lituania siempre ha tenido pastores cercanos a su rebaño y solidarios con él -prosigue- A lo largo de la historia de la nación, han acompañado con entrega a su gente, no sólo en el camino de la fe y a la hora de afrontar las dificultades materiales, sino también en la construcción civil y cultural de la sociedad, que tiene su sustrato histórico y de identidad en la fuerza de Evangelio y el amor a la Santísima Madre de Dios. Ustedes son los herederos de esta historia, de este patrimonio de caridad pastoral, y lo demuestran con la energía de su acción, la comunión que los anima y la perseverancia en la consecución de las metas que les indica el Espíritu”.

”Queridos hermanos, conozco sus fatigas apostólicas. Si durante mucho tiempo la Iglesia en su país ha sido oprimida por regímenes fundados en ideologías contrarias a la dignidad y la libertad humana, ahora se enfrentan a otros peligros, como el secularismo y el relativismo. Para ello, junto a un incansable anuncio del Evangelio y los valores cristianos, no hay que olvidar un diálogo constructivo con todos, incluso con los que no pertenecen a la Iglesia o están lejos de la experiencia religiosa. Preocúpense porque las comunidades cristianas sean siempre lugares de acogida, abiertas y constructivas, estímulo para toda la sociedad en la búsqueda del bien común’‘.

Francisco no olvida el esfuerzo incesante y la atención que los obispos lituanos prestan a su clero y los invita a rezar para que Dios les conceda ”sacerdotes generosos y capaces de sacrificio y dedicación”. Y también ”laicos convencidos que sepan asumirse responsabilidades dentro de la comunidad eclesial y dar una valiosa contribución cristiana a la sociedad” a quienes los prelados deben animar a estar presentes, ”con la fuerza de una fe adulta , en la vida civil, cultural, política y social’‘.

El Papa toca después el tema de la familia sobre cuya belleza, valores y retos que enfrenta en nuestra época la Iglesia está reflexionando, y llama a los prelados a dar como pastores ”su contribución a esta gran obra de discernimiento’‘ y sobre todo a prestar gran atención a la pastoral familiar, ”de modo que los cónyuges sientan la cercanía de la comunidad cristiana y se sientan ayudados a “no conformarse a la mentalidad de este mundo, sino a renovarse continuamente en el espíritu del Evangelio.

”De hecho, su país -observa el Santo Padre- que ha entrado de lleno en la Unión Europea, está expuesto a la influencia de las ideologías que querrían introducir elementos de desestabilización de las familias, fruto de un malentendido sentido de la libertad personal. Las seculares tradiciones lituanas en este ámbito les ayudarán a responder, según la razón y la fe, a tales desafíos’‘.

Tras instar a los prelados lituanos a prestar una especial atención a las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y a no esperar que sean sus sacerdotes los primeros en buscarlos, sino a salir ellos a su encuentro, el Papa los exhorta a la solicitud por los pobres.

‘‘Incluso en Lituania, a pesar del desarrollo económico actual -concluye- hay muchos necesitados, desempleados, enfermos, abandonados. Estén cerca de ellos. Y no se olviden de aquellos. Especialmente entre los jóvenes, que por diversas razones abandonan el país y tratan de abrirse un camino nuevo en el extranjero. Su creciente número y sus necesidades requieren atención y cuidado pastoral por parte de la Conferencia Episcopal, para que puedan mantener la fe y las tradiciones religiosas de Lituania”.

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Por si no fuera suficiente el ataque a los derechos humanos y a la igualdad de las personas que supuso el veto al matrimonio igualitario la pasada primavera, Eslovaquia celebrará un referéndum LGTBfóbico con el pretexto de “proteger a la familia”. La consulta ciudadana previsiblemente se producirá el 7 de febrero de 2015, según ha anunciado el presidente de la república, Andrej Kiska. La organización católica Alianza por las Familias (en eslovaco “Aliancia za Rodinu”) ha sido la principal promotora de esta iniciativa discriminatoria. Para sus integrantes “el cambio de la Constitución no es suficiente” ya que “nos negamos a que Eslovaquia permita experimentos sociales con niños y familias”, en alusión a la adopción homoparental.

La LGTBfobia sigue avanzando en el seno de la Unión Europea. Eslovaquia, país miembro desde 2004, aprobó en junio de este año un artículo en su Constitución que impide el matrimonio a toda pareja no heterosexual. Ahora, planea la celebración de un referéndum para principios de 2015 a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia). En un principio, la consulta contemplaba cuatro preguntas, aunque una de ellas fue considerada inconstitucional en octubre. Las tres que han superado el “análisis” constitucional son: “¿Cree que el matrimonio debe considerarse exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer?”, “¿Cree que debe prohibirse que las parejas o grupos de personas del mismo sexo puedan adoptar hijos?” y “¿Cree que la escuela no debe poder obligar a los niños a asistir a clases de educación sexual o sobre eutanasia sin que sus padres estén de acuerdo con lo que se les va a enseñar?”.

La única de las preguntas que ha sido excluida perseguía prohibir el reconocimiento de cualquiera de los derechos que tradicionalmente se consideran propios del matrimonio a otras formas de convivencia alternativa, lo que en la práctica cerraba la puerta al reconocimiento jurídico de uniones civiles o incluso de parejas de hecho. El propio presidente de la república, Andrej Kiska, se había opuesto previamente a esta cuestión.

Alianza por las Familias, a través de su página web, ha recogido hasta el momento 420.000 firmas de apoyo a esta consulta discriminatoria (sobre una población de aproximadamente 5.425.000 habitantes). “Nos complace que la enmienda a la Constitución fuera un primer paso necesario para proteger a la familia. Sin embargo, es necesario ir más allá, para evitar el escenario de Croacia, donde después de definir el concepto de ‘matrimonio’ se introdujeron las uniones civiles”, abiertas a parejas del mismo sexo. Así, sin ningún tapujo a la hora de defender una postura tan cargada de odio homófobo, Alianza por las Familias justifica la “necesidad” del referéndum.

Activistas LGTB fomentarán la abstención

Para Romana Schlesinger, directora ejecutiva de la asociación LGTB eslovaca Queers Leaders Forum, “el hecho de votar sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, como el derecho a la familia, solo ilustra lo absurdo de la situación”. En este sentido, Schlesinger ha añadido que “vamos a apelar a la gente a no participar en el referéndum. El motivo particular de esta decisión es el principio de que los derechos humanos no se deben votar”. Del mismo modo se ha expresado Martin Macko, perteneciente a Iniciatíva Inakosť, otra agrupación LGTB: “animamos a la gente a no participar en el referéndum”. Este activista, planteaba una pregunta, “si los problemas de las familias eslovacas se resolverán tras la prohibición de adoptar niños a la comunidad LGBT”.

Quien sí ha anunciado su movilización a favor del referéndum es la Conferencia Episcopal de Eslovaquia, ya que “son temas por los que trabaja la Iglesia”. Por su parte, el presidente de la república, Andrej Kiska, ha anunciado que acudirá a las urnas. Sobre la fecha anunciada, el 7 de febrero de 2015, Kiska cree que es una buena opción porque no coincidirá con vacaciones. Asimismo, el presidente espera que los debates durante la campaña y el proceso de referéndum sean “tolerantes” y “respetuosos”. Cabe recordar que Andrej Kiska asumió la presidencia el pasado 15 de junio. A las elecciones se presentó como independiente, compitiendo directamente contra el homófobo primer ministro Robert Fico.

La difícil realidad de Eslovaquia

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia, por lo demás, sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Eslovaquia forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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