General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Artículo 534 (Líbano), Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Ejército, Homofobia, Janet Hanna, LGTBfobia, Líbano, Peter Germanos, Sociedad Libanesa de Psiquiatría

La misma app había sido ya retirada de sus catálogos por el resto de las grandes plataformas, Apple, Amazon y Microsoft. La decisión de la ONG Human Rights Campaign de no calificar a Google en su ranking sobre Equidad Corporativa ha precipitado la decisión de la compañía de Silicon Valley. Además, una campaña ha recogido 140.000 firmas en Change.org para que este programa sea eliminado de cualquier base de descarga.

Google se ha quedado atrás respecto a otras plataformas a la hora de retirar una aplicación de carácter religioso cristiano que incluía consejos y prácticas para «recuperarse de la atracción a personas del mismo sexo». Una condición que los responsables de esta aplicación trataban como «enfermedad mental», en claro anacronismo con nuestros tiempos y que obvia el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ya descatalogó la homosexualidad como enfermedad mental. Una decisión que este 17 de mayo cumplirá 28 años y que multitud de colectivos cristianos se empeñan en negar al proponer diversas «terapias» de conversión, por las que se promete que los individuos son capaces de dejar atrás su homosexualidad.

La decisión del gigante tecnológico se produce tras el gesto de Human Rights Campaign de no calificar el grado de Equidad Corporativa de esta compañía en su ranking anual hasta que esta descatalogase la aplicación. Un hecho que ha empujado finalmente a la compañía a retirar de su catálogo de Play Store esta herramienta «en línea con otras tiendas de aplicaciones», según informa la compañía en un comunicado.

La aplicación de la organización Living Hope Ministries, una organización que busca «proclamar la verdad de Dios entre los que buscan una plenitud afectivo-sexual a través de una relación más estrecha con Cristo», suponía hasta ahora la presencia de esta organización en plataformas digitales. Su contenido y temática se centra (ya que sigue estando presente en otras plataformas más minoritarias) en la «conversión» de personas atraídas hacia personas del mismo sexo. La metodología utilizada son sermones religiosos y experiencias de conversión relatadas por sus protagonistas. Unos testimonios que afirman poder «cambiar» o «ignorar su sexualidad».

La retirada de la aplicación de las plataformas más importantes ha sido principalmente impulsada por Truth Wins Out («La verdad triunfa»), una ONG que combate los estragos que causan las organizaciones religiosas de carácter LGTBfobo. Tras la retirada de la aplicación de Apple en diciembre del año pasado, la organización ultraconservadora defendió a través de una carta abierta de uno de sus miembros publicada en su web que la herramienta no pretendía la discriminación de las personas LGTB o promover terapias de reparación. Algo cuestionable en los términos en los que se expresa el autor, ya que en la misma se citan términos como «curar la homosexualidad» o se diferencia entre «la luz» (una conducta heterosexual de cara al público) y «la oscuridad» (una conducta homosexual llevada a cabo de manera casi clandestina). Además habla de «lucha contra la atracción hacia personas del mismo sexo» para referirse al camino que se emprende tras ingresar en esta comunidad.

La decisión de Google de mantener hasta ahora esta aplicación en su catálogo (en este enlace se puede comprobar que la app ya no está activa) ha contrastado con el tradicional apoyo de esta compañía a las personas LGTB que ha incluido campañas, doodles (interfaces de Google) especiales durante las celebraciones del Orgullo LGTB, la presencia de carrozas de la compañía en el Orgullo de Madrid, o la participación activa de la compañía en otras campañas de concienciación como It Gets Better.

Prohibición de «terapias» de conversión: en Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzans/Cristianos Gays

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El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha calificado de «histórica»la sentencia dictada por el Juzgado de Menores nº 2 de Alicante que condena a cuatro menores que en 2017 agredieron a una pareja gay en las fiestas de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Desde la entidad valenciana se felicitan especialmente por las medidas de recuperación de los menores, al entender, al igual que las propias víctimas, que estos pueden cambiar su actitud. 

La agresión, de la que en su momento nos hicimos eco, ocurrió en la madrugada del 23 de julio de 2017 en el racó fogueril «Las Acacias» de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Según considera probado la sentencia conocida este viernes, los jóvenes comenzaron a increpar a la pareja después de que esta se diera un beso, con expresiones como «maricones» e «hijos de puta», y diciéndoles que se marcharan. Una de las víctimas respondió levantándose de la mesa donde se encontraban sentados con otros amigos, dando un golpe a la misma al tiempo que preguntaba si pasaba algo. En ese momento varias personas, entre las que se encontraban los menores ahora juzgados, le golpearon con una silla en la cabeza, como consecuencia de lo cual cayó al suelo, donde continuaron propinándole patadas, causándole erosiones y hematomas en cabeza, cara y piernas. Su pareja, también agredida, sufrió también erosiones y hematomas diversos, a demás de dolor cervical y de cabeza, mareos y ansiedad.

Los cuatro menores participantes en la agresión han sido finalmente condenados como autores responsables de dos delitos leves de lesiones y un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 510 2 a). En este sentido, la sentencia considera probada la existencia de homofobia como desencadenante de la agresión. «El Tribunal Constitucional ha mantenido que, en este tipo de delitos, a falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria es hábil para sustentar un pronunciamiento de condena siempre que parta de datos fácticos plenamente acreditados y que de los hechos en que se basa el delito se deduzcan los indicios necesarios, a partir de un proceso mental razonado acorde con las reglas del criterio humano y de la lógica. Los insultos homófobos son uno de esos indicios, palabras que denotan claramente un prejuicio, siendo indicadores claros de esa actitud de vulneración de los derechos y libertades que, debe insistirse, fue la que desencadenó la agresión al protestar Manuel [una de las víctimas] porque ya no podía soportar más los insultos que estaban recibiendo», expresa la jueza.

A tres de los menores se les impone una pena de 100 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad y una tarea socioeducativa con una duración máxima de doce meses, con contenido en educación en valores y resolución pacífica de conflictos, para uno de ellos. Al cuarto menor, en atención a sus circunstancias específicas, se le impone una pena de seis fines se semana en centro educativo, además de una tarea socioeducativa con una duración máxima de doce meses, con contenido en educación en valores y resolución pacífica de conflictos. Los menores y sus padres han sido además condenados a abonar a cada una de las víctimas 160 euros por las lesiones y a una de ellas 600 euros por las secuelas causadas.

«Es una sentencia histórica porque reconoce el delito de odio, por la orientación sexual de las víctimas y porque las víctimas y la acusación particular motivamos que a esos menores se les pudiera recuperar realizando formación en valores y trabajos en beneficio comunidad», se ha felicitado en Twitter el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que junto a las víctimas había solicitado precisamente la aplicación de medidas de este tipo al considerar que los menores pueden cambiar su actitud. Confiemos en que así sea.

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Casi la mitad de los jóvenes bisexuales han considerado seriamente el suicidio durante el año previo, según arroja la macroencuesta sobre conductas de riesgo en población juvenil llevada a cabo entre 2015 y 2017 por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (los conocidos CDC) cuyos datos ha analizado The Trevor Project. Según esa misma encuesta, un 7% de los jóvenes se identifican a sí mismos como bisexuales, frente a un 2% que se identifican como gais o lesbianas y un 4% que en el momento de la encuesta no se identificaban claramente con ninguna orientación. 

The Trevor Project, organización de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores que trabaja para prevenir el suicidio de adolescentes LGTB (a través, entre otros medios, de talleres escolares, material educativo, recursos online y asistencia a través de una línea telefónica de 24 horas al día) es la que ha dado la voz de alarma tras analizar los datos de la encuesta de los CDC (cuyo resumen puedes descargar aquí, si bien los datos que aquí aparecen muestran como un único grupo a los jóvenes LGB).

Según los datos analizados al detalle, un 48% de los jóvenes bisexuales habían considerado seriamente la posibilidad de quitarse la vida durante el año previo. Un 40% habían llegado a hacer planes concretos sobre cómo hacerlo y un 27% lo habían llegado a intentar. Dos tercios de los jóvenes bisexuales (el 66%) referían haberse sentido tristes y desesperanzados de forma continua durante dos o más semanas en el año previo, frente a un 49% de los jóvenes que se identificaban como gais o lesbianas y a un 46% de los que estaban seguros sobre su orientación sexual. Entre los jóvenes que se identificaban como heterosexuales este porcentaje cae al 27%.

Cifras que por otra parte son coherentes con el hecho de que un 36% de los jóvenes bisexuales reportaron haber sufrido acoso en la escuela, frente a un 27% de gais y lesbianas, un 24% de los que no estaban seguros sobre su orientación y un 18% de los heterosexuales. Por lo que se refiere al ciberacoso, también el grupo de jóvenes bisexuales es el que más lo ha sufrido: un 30%, frente a un 21% de los jóvenes que no estaban seguros sobre su orientación, un 20% de gais y lesbianas y un 14% de heterosexuales.

La encuesta arroja también datos muy inquietantes sobre el porcentaje de jóvenes que fueron obligados a mantener relaciones sexuales: un 21% entre los jóvenes bisexuales (más las chicas, un 24%, que los chicos, un 8%), frente a un 16% de gais y lesbianas (15% de las chicas y 17% de los chicos), un 12% de los jóvenes que no estaban seguros de su orientación (11% de las chicas y 13% de los chicos) y un 5% de los jóvenes heterosexuales (9% de las chicas y 2% de los chicos).

Otros datos referidos a la población juvenil LGB

Al margen de este análisis específico sobre el riesgo de suicidio entre los jóvenes bisexuales realizado por The Trevor Project, la encuesta de conductas de riesgo en población juvenil de los CDC (cuya metodología es compleja, pero que incluye datos de encuestas parciales llevadas a cabo tanto a nivel nacional como estatal y local) arroja datos muy significativos sobre la situación de especial vulnerabilidad de los jóvenes LGB en Estados Unidos. Por lo que se refiere a los intentos de suicidio propiamente dichos, por ejemplo, un 23% de los jóvenes LGB reportaban haberlo intentado en el año previo, frente a un 14,3% de los jóvenes que no tienen clara su orientación y un 5,4% de los heterosexuales.

El grupo de jóvenes LGB también era el que reportaba más episodios de violencia sexual con alguna pareja/cita/ligue: un 15,8%, frente al 14,1% de los jóvenes que no tienen clara su orientación y el 5,5% de los heterosexuales.

Invitamos a los lectores a indagar por sí mismos en los datos de la encuesta. Lamentablemente en este caso no se preguntaba por identidad o expresión de género, lo que impide extrapolar datos referidos, por ejemplo, a personas trans o de género no binario.

Bisexualidad: una situación de especial vulnerabilidad

Volviendo a la bisexualidad, lo cierto es que la realidad de las personas que se identifican a sí mismas como bisexuales sigue siendo de especial vulnerabilidad. Baste un ejemplo:  en 2015 nos hacíamos eco de un estudio de la organización Human Rights Campaign, que hacía un balance del estado de salud de las personas bisexuales en base a diferentes fuentes. La investigación apuntaba a que la mayor prevalencia en este colectivo de numerosos problemas de salud se explicaba en buena parte por la ausencia de medidas preventivas, derivada de su especial vulnerabilidad. Muy especialmente de las mujeres bisexuales, que se someterían por ejemplo a menos pruebas de cribado, como la mamografía o la citología (para detectar precozmente cáncer de mama y de cuello de útero, respectivamente). Este peor acceso de las mujeres bisexuales a los cuidados de salud estaría explicado, al menos en parte, por la bifobia institucionalizada. Una encuesta en Reino Unido, por ejemplo, mostraba que solo un tercio de las personas bisexuales sienten suficiente confianza para hablar abiertamente con su médico sobre su orientación sexual, y casi la mitad de ellas han experimentado episodios de bifobia durante su contacto con los servicios de salud. Otro estudio de The Williams Institute, en Estados Unidos, mostraba que las personas bisexuales se sinceran significativamente menos que las personas gais y lesbianas cuando acceden a los servicios de salud.

Por lo que se refiere a la salud mental, el peso del estereotipo, la discriminación y la falta de soporte social se deja notar en mayores tasas de depresión, conductas adictivas, trastornos de la conducta alimentaria e incluso ideas suicidas. Según una encuesta de Human Rights Campaign de 2012, el porcentaje de jóvenes no LGTB que se reconocían como «muy felices» ascendía al 21%. Entre los jóvenes que se reconocían como gais y lesbianas ese porcentaje se reducía al 8%, mientras que entre los que se reconocían como bisexuales se quedaba en el 5%.

Lo decíamos entonces: hablamos de estudios que hacen referencia a la realidad anglosajona, pero no hay razones de peso para pensar que en España o América Latina, cuyo colectivo bisexual está especialmente invisibilizado, la situación sea mejor. En definitiva, las personas bisexuales no son, por desgracia, esas personas felices y despreocupadas, afortunadas por «tener más posibilidades» que el resto y adornadas por un aura de modernidad y cosmopolitismo que muestra el cine o la televisión, cuando no promiscuas o viciosas. Se trata, por el contrario, de un grupo  vulnerable, con dificultades durante la adolescencia y juventud para asumir su propia orientación por falta de referente sólidos, con frecuencia menospreciado por el resto del colectivo LGTB, y que en el caso de las mujeres y/o de las personas transexuales añade estigmas y dobles o triples discriminaciones. Una situación que urge revertir.

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Una comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado 16 de marzo. El Partido Demócrata estadounidense presentó de nuevo el pasado miércoles en el Congreso y el Senado un proyecto de Ley de Igualdad que reformaría la vigente Ley de Derechos Civiles, con el objetivo de impedir a nivel federal la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en ámbitos como el trabajo, la vivienda, la educación, subvenciones del Estado o servicios y establecimientos públicos. La mayor dificultad será su aprobación por el Senado, de mayoría republicana, a pesar de que una reciente encuesta revela que la mayor parte de la población estadounidense se opone a este tipo de discriminación en todos los estados que conforman los Estados Unidos, entre los ciudadanos de todas las edades, etnias, ideologías políticas o creencias religiosas. Además, una ley de este tipo también cuenta con el apoyo de las grandes corporaciones empresariales.

Se trata de la segunda ocasión en que se intenta introducir este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue presentado por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El presente proyecto de ley, versión del presentado infructuosamente en 1974, pretende añadir a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. El proyecto de ley quiere que esa protección sea de ámbito federal. Como señalaba el congresista David Cicilline, abiertamente LGTB y ponente del proyecto de ley, «en la mayoría de los estados de este país, una pareja gay puede casarse el sábado, publicar sus fotos de boda en Instagram el domingo y perder sus empleos o ser expulsados de sus apartamentos el lunes solo por ser quienes son».

Según destaca la organización de defensa de derechos civiles ACLU, el proyecto de ley, además «aclara que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa no puede usarse en contextos de derechos civiles, prohibiendo que la libertad religiosa, que es un valor estadounidense fundamental, sea utilizada como una licencia para discriminar».

Si bien no parece que haya problemas para que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, dada la mayoría demócrata que ostenta en la actualidad, la principal dificultad la encontrará en el Senado. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos. Las posibilidades de aprobación parecen pues escasas, ni nadie cree que vaya a obtener el apoyo presidencial. Aunque, como curiosidad, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, Donald Trump afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo». 

La nueva normativa propuesta cuenta, sin embargo, con el apoyo de más de 160 de las mayores compañías y corporaciones empresariales estadounidenses, muchas de las cuales ya cuentan con políticas antidiscriminatorias de ámbito interno.

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Pero el dato más positivo es el que ha revelado una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), según la cual un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla.

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ACLU, David Cicilline, Discriminación, Donald Trump, Estados Unidos, LGTBfobia, Partido Demócrata, Partido Republicano, Public Religion Research Institute, The Advocate

El escritor jamaicano Marlon James ha hablado públicamente sobre el exorcismo al que se sometió en su juventud para intentar dejar de ser homosexual, en una entrevista concedida a BBC Radio. El autor ha revelado como, en su deseo de integrarse en la sociedad jamaicana, trató por todos los medios de alterar su orientación sexual con la ayuda del pastor de una iglesia evangélica a la que acudió durante un tiempo.

Marlon James, de 48 años, ha publicado hasta ahora cuatro novelas. En 2015, se convirtió en el primer jamaicano en obtener el premio Man Booker por su tercera novela Breve historia de 7 asesinatos, inspirada en el intento de asesinato de Bob Marley a mediados de los setenta, y en la que incluyó personajes homosexuales, según sus propias palabras, para reflejar «la hipocresía en Jamaica». Su último libro, Black Leopard, Red Wolf, acaba de ser publicado en Estados Unidos.

Hijo de detectives y abiertamente homosexual, James decidió abandonar su país —uno de los más homófobos del planeta— en 2007 para instalarse en Mineápolis (Estados Unidos), en busca de un lugar menos hostil. «En mi adolescencia, antes de ir a la universidad, pasaba casi todo el tiempo en mi habitación. Pasé tanto tiempo allí que mis vecinos pensaron que hice la escuela secundaria en Estados Unidos. Iba a clase y luego desaparecía. Básicamente, venía a casa para cenar, dormir y dibujar cómics. Tenía pocos amigos», contaba en una entrevista con The Guardian.

Sus años en Jamaica supusieron toda una evolución personal. Se graduó en Lengua y Literatura. A principios de los noventa, encontró trabajo en una agencia de publicidad y, poco después, comenzó a asistir a una iglesia evangélica de Kingston, en busca de respuestas a ciertas preguntas existenciales que se hacía. James, que ya estaba en la treintena, había visto a otros feligreses recibir exorcismos, y pensó que él también necesitaba uno.

«Los libertadores recitaron versículos de la Biblia y rechazaron las mentiras de James en el nombre de Jesús. James, traumatizado, comenzó a vomitar  […] Finalmente, gritó: ‘Veo a dos hombres follando cada vez que cierro los ojos para rezar’. Los libertadores le sacaron el espíritu de la homosexualidad, el de la blasfemia y el del espíritu de incredulidad. Le dijeron que habían oído ocho demonios dentro de él […] Después de un rato, dejó de llorar y ordenó a sus demonios que se fueran. La mujer sostuvo su rostro en sus manos y le dijo que estaba libre». Así describe la periodista Jia Tolentino en un reciente artículo para The New Yorker las sensaciones de James en aquel momento.

Durante unos pocos meses, James se sintió libre de luchas internas. Poco a poco, sin embargo, comenzó de nuevo a consumir pornografía. Afortunadamente, su vida dio un vuelco el día que se sintió liberado de culpa y comprendió que sería más fácil cambiar sus creencias sobre la homosexualidad que reprimir su sexualidad. «Un día, súbitamente, lo pensé: ‘¿y si me deshago de la iglesia?’. Y funcionó de forma radical. Soy demasiado raro para ser un ateo, pero no creo que tenga fe ya», señaló en su entrevista radiofónica. Su asunción como hombre gay, sin embargo, le condenaba en la que posiblemente es una sociedad tan homófoba como la jamaicana. «Ya fuera en avión o en ataúd, sabía que tenía que salir de Jamaica», escribía él mismo en 2015 en The New York Times.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de Botsuana ha anunciado que el próximo 11 de junio emitirá una sentencia sobre la posible despenalización de la homosexualidad. Se trata de la respuesta a una demanda presentada el año pasado contra la ley de origen colonial que castiga las relaciones «contra natura». La corte ha pospuesto la fecha del fallo, previsto inicialmente para este mes, después de escuchar los argumentos de los activistas LGTB. La adopción de varias medidas antidiscriminatorias en los últimos años animan a un cierto optimismo sobre el sentido final del fallo.

El proceso que puede concluir con la despenalización de la homosexualidad lo inició un estudiante de la Universidad de Botsuana llamado Letsweletse Motshidiemang en noviembre de 2017. La organización LGTB LEGABIBO se personó en la causa como amicus curiae. La demanda persigue la derogación de los artículos 164 y 167 del código penal botsuano, que castigan las relaciones «contra natura» y los actos de «indecencia grave». Se trata, como en tantos otros países, de una herencia de la época colonial británica. Las penas pueden alcanzar los siete años de cárcel y afectan tanto a hombres como a mujeres, aunque en la práctica se aplican raramente.

Los demandantes alegan que la ley homófoba es inconstitucional por coartar los derechos fundamentales de libertad y privacidad y que la sociedad botsuana ha evolucionado en su aceptación de la realidad LGTB. Los representantes del Estado, sin embargo, han defendido la permanencia de la norma. Alegan que no discrimina contra las personas LGTB porque prohíbe ciertas prácticas con independencia de la orientación sexual de los implicados y retan a los demandantes a demostrar que la población realmente ha cambiado su percepción de la homosexualidad.

El Alto Tribunal fijó inicialmente marzo de 2018 como la fecha en la que escucharía los argumentos orales, pero la cita fue pospuesta en dos ocasiones y en diciembre del año pasado se anunció que la vista se produciría el 14 de marzo de 2019, como finalmente ha ocurrido. La sentencia se conocerá, si no hay retrasos, el próximo 11 de junio. Los activistas guardan un moderado optimismo sobre el resultado final, habida cuenta de que en los últimos años se han producido algunos avances significativos en el país.

En 2016, por ejemplo, se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Otro hito fue la aprobación por unanimidad de una moción de apoyo a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo el ayuntamiento de la capital Gaborone en marzo de 2016. Y en septiembre de 2017, el Alto Tribunal reconocía por primera vez la identidad de género de una persona trans, que tres meses después pudo obtener un nuevo documento de identidad, poniendo fin a un proceso que se había alargado por diez años.

Fuente Dosmanzanas

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Dos personas han sido detenidas y se encuentran ya en prisión como presuntas responsables de la muerte de una mujer trans, cuyo cuerpo sin vida apareció la semana pasada en un huerto cercano a Castellón. Colectivos LGTB valencianos habían pedido una rápida respuesta, además de condenar el tratamiento informativo que por enésima vez recibió la noticia en los primeros momentos por parte de algunos medios de comunicación.

El cadáver de la mujer, de 49 años, fue encontrado el viernes, 1 de marzo, en un huerto cercano a la ermita de Sant Jaume de Fadrell, en las cercanías de la capital castellonense, una zona en la que al parecer se ejerce de forma habitual la prostitución. Según las primeras investigaciones murió asfixiada. Tras investigar al entorno de la víctima y lo que había hecho durante sus últimas horas de vida, agentes de la Policía Nacional detuvieron un día después a dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 46, que ya se encuentran en prisión como presuntos responsables de su muerte. Uno de los detenidos había salido recientemente de prisión.

A la indignación por lo sucedido se sumó, en los primeros momentos, la condena por el trato que algunos medios de comunicación, como El Periódico Mediterráneo, hicieron del caso, llegando a referirse a la víctima como «un varón disfrazado de mujer». En este sentido, además de expresar su condena y solicitar, como «lo principal»,determinar quién o quienes habían sido los agresores y que fueron puestos a disposición judicial cuanto antes, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, Castelló LGTBI y el Colectivo LGTBIQ Queer Fest de Castelló hicieron público un comunicado en el que insistieron, una vez más, en que este tratamiento informativo «caricaturiza a la víctima, la revictimiza y vulnera su dignidad». «Negar la identidad a la víctima es revictimizar a las personas, someterlas a un señalamiento público innecesario y desinformar, alentar el prejuicio y el estereotipo», señalaron.

«Hay que seguir trabajando por la erradicación de toda violencia que sufren las personas trans, especialmente las mujeres, y recuerda que hay que desarrollar la ley trans del País Valenciano de forma que se proteja a las personas trans, formar a los cuerpos policiales y evitar que se trate la información de estos casos de forma estereotipada», declaró Pastora de Florencio, presidenta de Castelló LGTBI. «En un momento en el que el odio contra las mujeres y personas LGTBI centra el discurso de la extrema derecha insistimos en la necesidad de alargar la acción protectora de la legislación contra la violencia machista, no segregando por concepciones biologicistas. Decimos no al terrorismo machista y a la violencia contra las mujeres trans», añadió por su parte María de Castro, miembro de la ejecutiva de LGTBIQ Queer Fest de Castelló.

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, por su parte, recordó que a lo largo de 2018 la entidad ha registrado 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes. El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se ha producido en la provincia de Castellón, que han aumentado el registro de incidentes y delitos de odio de 8 registrados en 2017 a 21, lo que supone triplicar la cifra.

«Es imprescindible desarrollar la ley LGTBI de la Comunitat Valenciana aprobada en noviembre de 2018, que contiene medidas para erradicar la LGTBIfobia, su prevención y condena, como son la formación a los cuerpos de las policías locales de la Comunitat en ciudades de más de 50.000 habitantes», ha declarado Toño Abad, director de Observatorio, que ha reclamado muy especialmente formar a los agentes de la Policía Local, «la más cercana a la ciudadanía y la que más habitualmente acude cuando se ha sufrido una agresión homofóbica o tránsfóbica». «Exigimos implicación del Ministerio del Interior para que haya agentes de enlace en Guardia Civil y Policía Nacional, formados y especializados,  a quien poder acudir en caso de que tengamos constancia de una agresión discriminatoria, lo que ya se hace en otros tipos de crímenes (xenofobia, por ejemplo). Las organizaciones que defendemos los derechos de las personas LGTBI nos sentimos muy desamparadas en el trato con aquellos que tienen que cuidar de que no se vulneren nuestros derechos y que se proteja nuestra seguridad», ha añadido Abad.

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El alcalde de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid David Pérez ha sido el elegido por Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, como su número dos en las próximas elecciones autonómicas madrileñas. Pérez, que se significó por no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia y que ha impedido que la bandera arcoíris ondee en el balcón del Ayuntamiento, llegó a amenazar al colectivo LGTB Arcópoli con una demanda.

David Pérez fue uno de los dos diputados «díscolos» que en julio de 2016 prefirieron ausentarse y no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia, que el PP de la entonces presidenta Cristina Cifuentes apoyó y que de hecho fue aprobada por unanimidad de la cámara regional (el otro diputado ausente fue Luis Peral).

Un par de semanas antes de aquella votación Pérez protagonizaba otro triste episodio al negarse a izar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB, pese al requerimiento mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Alcorcón. Una actitud que desembocó finalmente en una reprobación del alcalde popular por parte del resto de grupos políticos. El equipo de Gobierno de David Pérez, de hecho, había rehusado ejecutar todas las resoluciones en materia LGTB presentadas por los partidos de la oposición y aprobadas por el pleno municipal (el PP cuenta con 10 concejales, mientras que el conjunto de la oposición alcanza los 17, si bien Pérez es alcalde gracias al apoyo que le brindó Ciudadanos). Una reprobación que en lugar de mover a Pérez a la reflexión fue despreciada por el propio alcalde en un tuit en que aseguraba de forma despectiva que «a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas». Cabe destacar que esta reprobación no es la única de la que ha sido merecedor David Pérez a lo largo de esta convulsa legislatura municipal: la pasada semana, de hecho, era reprobado por sexta vez.

En aquella ocasión, sin embargo, la reprobación de Pérez tuvo una vergonzante derivada, y fue la amenaza del alcalde de demandar al colectivo LGTB madrileño Arcópoli por haber criticado su actitud LGTBfoba. Una amenaza que Arcópoli recibió con asombro. «Creemos que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para silenciarnos. La mejor forma de que Arcópoli crea que el grupo municipal popular tiene interés por el colectivo LGTB es que lo demuestre mediante iniciativas y no a través de demandas», expresaron entonces desde el colectivo activista. «Si el alcalde quiere demostrar que no es bífobo, transfobo y homofobo denunciar entidades LGTB no parece la mejor alternativa, sino todo lo contrario», añadían.

El tiempo ha pasado, y aunque no tenemos constancia de que la amenaza de Pérez se materializase, el alcalde ha continuado con su actitud de desprecio. En junio de 2017, por ejemplo, mientras los colores del arcoíris inundaban fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, David Pérez, decidía ocultar la bandera LGTB tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no fuese visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos habían aprobado que ondease en el balcón del edificio. Lo mismo sucedió, de hecho, en 2018.

Rubén López: «parece que el PP más rancio ha escalado posiciones»

Rubén López, destacado activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha lamentado en declaraciones a dosmanzanas la decisión de los populares madrileños. «La elección de David Pérez como número dos de la lista del PP de Madrid es una muy mala noticia para las políticas de igualdad y en especial las del colectivo LGTB. Pérez es famoso por ausentarse de la votación de la ley LGTB, por negarse a poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento o por organizar en Alcorcón unas jornadas de familias excluyentes. Desde Arcópoli además nos causa un gran recelo: este señor amagó con denunciarnos tras llamarle homófobo después de su comportando tras el Orgullo de 2017», ha recordado.

«Parece que el PP más rancio ha escalado posiciones en la Comunidad de Madrid. Políticos como Pérez que estaban ya defenestrados pasan así a la primera línea de nuevo, retrocediendo una década y volviendo al PP más conservador. Colocarlo como número dos en la lista es un contundente gesto a ese sector más conservador contrario a los avances LGTB que se estaba marchando a Vox. Realmente una noticia muy negativa para quienes luchamos contra la LGTBfobia en nuestra región», ha añadido.

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El Gobierno de Taiwán ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que regulará las uniones de las parejas del mismo sexo, a quienes se otorgarán derechos semejantes a las parejas de distinto sexo unidas en matrimonio. Sin embargo, no se conceden derechos como la adopción conjunta o la consideración de «pareja infértil» para acceder a los procedimientos de reproducción asistida. Mientras algunas asociaciones de defensa de los derechos LGTB consideran un avance la presentación del proyecto de ley, otras encuentran que es insuficiente, al estimar que se trata de una simple ley de uniones civiles que no establece la plena igualdad. Los opuestos al matrimonio igualitario exigen, por su parte, que se cumpla con el resultado del referéndum que se celebró al respecto, y se haga constar en el Código Civil que el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y una mujer. Se espera que el proyecto de ley sea puesto a consideración del Parlamento a finales del mes de mayo, fecha en que vence el plazo dado por la Corte Constitucional para legislar sobre este asunto.

El pasado miércoles 20 de febrero, el primero ministro taiwanés, Su Tseng-chang, comunicó que el Gobierno que preside ha elaborado un proyecto de ley sobre las uniones de personas del mismo sexo. La normativa se presentará bajo el título «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748», que hace referencia a la resolución de la Corte Constitucional de mayo de 2017, que obligaba a reformar las leyes necesarias para que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a la institución del matrimonio. En aquella sentencia, se daba un plazo de dos años para que el Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) legislara al respecto, y se establecía que, de no hacerlo, las parejas del mismo sexo podrían automáticamente inscribir sus uniones como matrimonios en el Registro Civil.

La elección de un título aséptico para el proyecto de ley responde al deseo del Ejecutivo de evitar polémicas antes del inicio del trámite parlamentario. Sin embargo, ha despertado gran preocupación entre los grupos de defensa de los derechos LGTB, que temen que se trate de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo y no de matrimonio igualitario. Según Hsu Hsiu-wen, miembro de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, «el nombre de la ley es un tanto diferente a lo que esperábamos, nombrar a una ley con la interpretación constitucional no tiene precedentes».

Esa suspicacia también se fundamenta en las declaraciones del primer ministro respecto al proyecto de ley. Su Tseng-chang afirmaba cuando comunicó su elaboración que «son de esperar controversias sobre este proyecto, pero realmente confiamos en que nuestros amigos homosexuales puedan esperar un poco más. Esto podría no cumplir con las expectativas, pero después de todo es un comienzo».

Según lo adelantado, la nueva ley otorgará derechos semejantes a los del matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero con algunas excepciones. Seguirá sin permitirse la adopción conjunta, no se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida y no se permitirán los enlaces con personas de otros países donde no esté permitido este tipo de unión.

Jennifer Lu, coordinadora de la Coalición por el Matrimonio Igualitario de Taiwán, estima que el proyecto no brinda protección legal completa a las parejas del mismo sexo y, aunque reconoce la presión que recibe el Gobierno desde todos los ámbitos, afirma que los activistas LGTB continuarán luchando por la igualdad de derechos. Chi Chia-wei, un activista que ha promovido la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, se muestra satisfecho con el proyecto presentado por el Gobierno, al que «daría una nota de 85 sobre 100, no es un sobresaliente, pero al menos es un notable alto». Chi espera que en el trámite parlamentario no se contravenga el dictamen de la Corte Constitucional.

Por su parte desde la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, que convocó el referéndum para impedir el matrimonio igualitario, han expresado su insatisfacción con la resolución gubernamental, que considera «inaceptable». Según Yu Hsin-yi, uno de sus miembros, el Gobierno está obligado a implementar el resultado de la consulta popular y establecer en el Código Civil que el matrimonio únicamente puede estar formado por un hombre y una mujer.

Habrá que esperar a cómo se presenta ante el Yuan el proyecto de ley, qué modificaciones experimenta en ese proceso y si, finalmente, de lo que se trata es de una ley de uniones civiles y no de matrimonio igualitario. En ese caso, también habrá que comprobar si una legislación de ese tipo satisface los requerimientos de la Corte Constitucional. Se estima que la aprobación final por el Yuan tendrá lugar a finales de mayo, para cumplir con el plazo establecido por el alto tribunal.

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El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, firmó la semana pasada una declaración de apoyo a la comunidad LGTB y lucha contra la discriminación. Se trata de la primera de este tipo que se aprueba en Polonia y ha sido consensuada con colectivos locales. La iniciativa prevé medidas para proteger a la población LGTB frente a las agresiones y fomentar su inclusión, también mediante la introducción de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual y de género en las escuelas. Este ha sido, precisamente, el punto que ha provocado una reacción más furibunda de la derecha reaccionaria.

La Declaración (que puedes consultar aquí en polaco) es una iniciativa pionera en Polonia y el resto de la región para fomentar la integración de la comunidad LGTB. Contiene una serie de actuaciones que el ayuntamiento de Varsovia se compromete a desarrollar en la actual legislatura 2018-2023. Está estructurada en cinco bloques: seguridad, educación, cultura y deporte, trabajo y administración. Se describen doce medidas concretas:

• La instalación de un albergue que sirva de refugio para las personas LGTB expulsadas de sus hogares o que teman por su integridad física en los mismos.
• La puesta en marcha de un servicio de asistencia a las víctimas de agresiones LGTBfobas y el registro de estos delitos.
• La asignación a cada centro escolar de un orientador para ayudar a los alumnos víctimas de acoso LGTBfobo.
• La introducción de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual y de género y de lucha contra la discriminación en las escuelas.
• El patrocinio del ayuntamiento y el alcalde en los actos del Orgullo LGTB.
• La creación de un Centro Social y Cultural LGTB.
• El apoyo a las asociaciones culturales y deportivas LGTB.
• La redacción de una Carta de la Diversidad en el Trabajo.
• La cooperación con empresas LGBT-friendly.
• La implementación de unas cláusulas antidiscriminación para las empresas que quieran contratar con la Administración local.
• El nombramiento de un representante del alcalde para la comunidad LGTB.

El valor del documento, incluso antes de que se pueda evaluar su cumplimiento, es indudable. Se trata de la primera declaración de este tipo que se adopta en Polonia y en los países de su entorno y supone todo un correctivo a las políticas reaccionarias del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS). Trzaskowski, que pertenece a la liberal-conservadora Plataforma Cívica (PO), recordó su promesa de campaña: «Varsovia es una ciudad para todos que no discrimina a nadie. Varsovia para todos es un lugar donde todos se sienten seguros y absolutamente todos pueden contar con apoyo independientemente de su sexo, color, religión, origen, orientación sexual u opiniones».

La Declaración es el resultado de ocho meses de reuniones entre el ayuntamiento y la organización LGTB Amor sin Exclusión (Miłość nie wyklucza), cuyo portavoz Oktawiusz Chrzanowski se ha felicitado de que Varsovia se convierta en un referente en la región. También destacó la importancia de la protección a las víctimas de acoso o violencia LGTBfoba.

La derecha ultraconservadora de PiS y otros grupos, como era de esperar, ha reaccionado airadamente. Las actuaciones relacionadas con la educación en la diversidad han sido especialmente atacadas. El director de la Mesa Regional de la Educación en Cracovia las ha tachado de «promoción de la pedofilia». Desde medios gubernamentales se ha lanzado también esta idea, acusando a los activistas LGTB de abusar a menores para «convertirlos en gais». Tanto los colectivos como el alcalde Trzaskowski han asegurado que no cederán a la presión LGTBfoba.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia ha hecho público su primer informe anual. Fruto de la colaboración entre el colectivo A.L.A.S. A Coruña y el Ayuntamiento, el observatorio coruñés se sumó a finales de 2017 a otras entidades similares que han surgido en otros puntos de la geografía española, y que permiten hacer un seguimiento más preciso del estado de la LGTBIfobia así como prestar una mayor atención a las víctimas.

Desde diciembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018, el Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia atendió a 61 personas, de las cuales, según el desglose de los que contiene el informe, el 45,9% fueron hombres gais, el 24,6% personas trans, el 11,5% mujeres lesbianas y el 1,6% personas bisexuales. El resto (un 16,4%) fueron personas heterosexuales. La mayoría de las atenciones se prestó a personas de la ciudad, aunque también se atendieron algunas solicitudes de otros puntos de Galicia, sobre todo de Santiago de Compostela. El 83,6% fueron personas de nacionalidad española, frente a un 16,4% de personas extranjeras. En este último caso, el 40% eran personas en situación de refugio, con las que el Observatorio realiza una función de doble inclusión, tanto en la ciudad como en el propio colectivo.

En 33 casos las personas atendidas habían sido objeto de una agresión. Predominaron los casos de homofobia (el 57,6%), seguidos de transfobia (21,1%), lesbofobia (18,2%) y bifobia (3). Según el informe, el predominio de las agresiones a hombres gais está en la línea de lo que recogen otros observatorios, en muy posible relación a su mayor visibilidad. Con respecto a la transfobia cabe destacar que en todos los casos esta se dirigió contra mujeres trans.

Por lo que se refiere a la tipología de las agresiones, en un 42,4% de los casos se trató de una agresión puramente verbal, en un 15,2% de una agresión física y en un 27,3% se combinaron agresión física la agresión verbal:

Finalmente, por lo que se refiere a los espacios donde ocurrieron las agresiones, predomina la vía pública, seguida de locales de ocio/fiesta, domicilios particulares y entorno laboral:

El informe ((que puedes descargar en su totalidad aquí) fue presentado este viernes en el Ayuntamiento de A Coruña por el presidente de A.L.A.S, Carlos Emilio Mella, la concejala de Igualdad, Rocío Fraga, y la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil.

La importancia de los observatorios en el proceso de denuncia

Este tipo de observatorios surgidas del activismo LGTB (aunque en algunos casos cuenten con cierto grado de patrocinio institucional) se han convertido en espacios de referencia para denunciar la LGTBIfobia. Afrontar la problemática de este tipo de agresiones no es una tarea sencilla, y la perspectiva LGTB con la que trabajan estas entidades es clave para poder dar una atención adecuada a las víctimas de estos delitos.

Ello permite, además, obtener un retrato más preciso que el que ofrecen las estadísticas oficiales, que solo recogen los incidentes por LGTBfobia que son denunciados ante las autoridades, y que constituyen solo una minoría de los casos. Y ello teniendo en cuenta que hay muchos incidentes que ni siquiera llegan a conocimientos de los observatorios. El último informe del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia estimaba, de hecho, que solo eran capaces de registrar en torno al 2-5% de los incidentes de odio o discriminatorios.

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Este sábado, 23 de febrero, ha tenido lugar el acto de colocación de una placa en honor a las personas trans víctimas de discriminación y violencia, y que por fin hace reconocible a los viandantes la Plazuela de la Memoria Trans, en pleno barrio de Chueca de Madrid. Una denominación que por fin hace hueco en el callejero madrileño a tantas personas perseguidas, violentadas, asesinadas y masacradas por su identidad de género. 

La Plazuela de la Memoria Trans se ubica en el cruce de las calles San Gregorio y San Lucas, a algo más de cien metros de la emblemática Plaza de Chueca. Es un espacio arbolado, en el que se sitúa un pequeño parque infantil, que carecía de nombre diferenciado pese a ser un cuadrado bien definido. El grupo municipal de Ahora Madrid propuso dedicarla a Alan, el adolescente trans cuyo suicidio en Rubí (Barcelona) en diciembre de 2015 supuso un auténtico mazazo para el colectivo LGTB. La familia, sin embargo, no estaba de acuerdo, motivo por el cual se modificó la propuesta para convertir la plaza en un homenaje genérico a todas las personas trans víctimas del odio y la intolerancia. Formalmente aprobada el 21 de septiembre de 2017 por el pleno de la Junta Municipal de Centro (con la significativa abstención del Partido Popular), no fue hasta el 4 de abril de 2018 cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid le dio su visto bueno definitivo.

«Un espacio recoleto motivo de mucho orgullo, solidaridad y donde se escuchan los pájaros», ha señalado esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. «Es un objetivo fundamental que Madrid sea solidaria porque la vocación de la ciudad es la solidaridad y que todos podamos vivir juntos y felices. Por eso estamos muy orgullosos de haber hecho realidad esta propuesta que recuerda que todos los seres humanos tenemos como esencia la diferencia y la diversidad», ha añadido Carmena, para la que «la historia de la memoria trans es la historia de una lucha a favor de la felicidad de todos los seres a pesar de la esencia de su naturaleza y que enriquece la diversidad humana». «Todos somos conscientes de que hemos de impedir que Madrid vuelva para atrás. Madrid no puede volver al pasado porque pensar en futuro es necesario y nos lo está pidiendo toda la ciudadanía. Además es una suerte contar con una ciudad como Madrid, tan abierta y acogedora. Una ciudad del abrazo. Por eso es necesario que la memoria se convierta en futuro y el futuro sirva para hacer olvidar todo el sufrimiento inferido a esas personas, solo por tener una forma diferente de amar y de elegir a sus parejas», ha finalizado la alcaldesa.

La alcaldesa ha estado acompañada, entre otras personalidades, de la primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Vivienda y Derechos Sociales, Marta Higueras, del concejal presidente del distrito Centro y delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, de los concejales socialistas Purificación Causapié y José María Dávila, del concejal de Ciudadanos Bosco Labrado, de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid e incansable activista Carla Antonelli y de la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, primera mujer trans que preside el colectivo madrileño. Les acompañaban un nutrido grupo de activistas trans y LGTB.

Insertamos a continuación algunos de los mensajes que tanto la alcaldesa como otros asistentes han publicado en Twitter:

Hemos inaugurado la ‘Plaza Memoria Trans’ en Chueca. Ha sido muy hermoso. Lo hacemos en recuerdo a toda la lucha por la tolerancia y la diversidad. Seguiremos viviendo en este Madrid libre al que nadie podrá hacerle retroceder. pic.twitter.com/VJN69fuABf

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 23 de febrero de 2019

Hemos inaugurado la ‘Plaza Memoria Trans’ en Chueca. Ha sido muy hermoso. Lo hacemos en recuerdo a toda la lucha por la tolerancia y la diversidad. Seguiremos viviendo en este Madrid libre al que nadie podrá hacerle retroceder. pic.twitter.com/VJN69fuABf

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 23 de febrero de 2019

Madrid hoy es una ciudad más libre y más justa. Hoy inauguramos la Plazuela A la Memoria Trans@CarlaAntonelli @LGTBPSOE @COGAM @PSOEMadridAyto @AhoraMadrid @FELGTB pic.twitter.com/z7TD7MzqKb

— Puri Causapié (@PuriCausapi) 23 de febrero de 2019

Hoy hemos inaugurado la plazuela de la Memoria Trans.
👏Un pequeño reconocimiento a todas las personas luchadoras por nuestros derechos.
👏Nos mantiene viva la memoria de la lucha que nos queda por librar. pic.twitter.com/LSVC2d4R9n

— COGAM (@COGAM) 23 de febrero de 2019

369 personas trans y género-diversas asesinadas en un año

Según los datos que Transgender Europe hizo públicos con ocasión de la celebración, el pasado 20 de noviembre, del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se registraron 369 asesinatos de personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trataba, por cierto, de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil volvió a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Fuente Dosmanzanas

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Ernesto Folgueira junto a Javier Maroto, vicesecretario nacional de organización del PP / Ernesto Folgueira

Ernesto Folgueira, a quien el comité electoral local del Partido Popular en la localidad madrileña de El Molar había elegido candidato a alcalde por su partido en las próximas elecciones municipales de mayo, ha denunciado públicamente que su condición de gay ha llevado al PP regional a preferir a otro candidato, Borja Díaz.

Ernesto Folgueira, que además del aval del comité electoral local contaba con el respaldo del exalcalde y líder local del partido, Emilio de Frutos, ha asegurado a la cadena Ser que el PP se «está saltando todos los procedimientos» y ha acusado a Borja Díaz de trasladar en las reuniones internas del partido que «un homosexual» no podía encabezar la lista de los populares en su pueblo.

Folgueira está convencido de que en efecto esta es la principal razón de que el PP regional, que según las normas internas de ese partido tiene la potestad de ratificar o no a los candidatos propuestos a nivel local, haya decidido en el caso de El Molar que él no sea el candidato a alcalde. «Ahora que se supone que el Partido Popular era renovación y tolerancia, etcétera, etcétera, parece un poco radical la verdad», ha opinado. Fuentes del PP han señalado a la cadena SER que en efecto Borja Díaz será proclamado candidato a la alcaldía del El Molar por «ser más idóneo», sin que supuestamente la orientación sexual de Folgueira tenga que ver en esa menor idoneidad.

De acuerdo a las declaraciones de Folgueira, bien podríamos encontrarnos ante un nuevo episodio de discriminación por razón de orientación sexual, en este caso en el seno del PP madrileño.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Borja Díaz, Discriminación, El Molar, Emilio de Frutos, Homofobia, LGTBfobia, Madrid, PP

Cantabria no tendrá una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, al menos por el momento. El Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos han rechazado la petición que les había hecho el colectivo Alega y no han retirado la solicitud de comparecencias de expertos previa a la discusión de la que hubiera sido ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», cuyo anteproyecto aprobó el pasado octubre el Gobierno de Cantabria. Por una cuestión de plazos ello hace imposible su aprobación antes del final de la legislatura. 

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) seguía, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTBI aprobadas en otros lugares de España: una regulación transversal que abarcaba diferentes áreas de actuación, con un texto que contenía tanto principios orientadores de la actuación de los poderes públicos como medidas concretas de acción positiva a ejecutar, y que además reconocía de forma expresa el principio de autodeterminación de género (por lo que al ámbito autonómico se refiere, ya que las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades). El texto incluía, en este sentido, medidas en los ámbitos educativo, sanitario y laboral, así como de la cultura, el ocio y el deporte. Contaba, además, con un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supusiesen una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

No era fácil, sin embargo, dada la tardanza del Gobierno cántabro a la hora de lanzar la iniciativa. Ya el pasado octubre, cuando el anteproyecto fue aprobado, hacíamos alusión a lo apretado del calendario, lo que había generado críticas por parte de Podemos (formación que en su momento consiguió 3 diputados electos en el Parlamento de Cantabria, si bien su grupo parlamentario ha sido formalmente disuelto como resultado de sus divisiones internas). El Gobierno cántabro, recordemos, está formado por una coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC, que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece sin embargo de mayoría absoluta. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos (o mejor dicho, sus restos, ya sin formar grupo parlamentario) 3, Ciudadanos 1, y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido, también por disensiones internas).

Críticas que han resultado ser fundadas, como cuenta de forma detallada El Faradio. Curiosamente, la falta de voluntad política de acelerar el proceso ha encontrado un excelente caldo de cultivo en la propia crisis de grupo parlamentario de Podemos, cuya disolución ha llevado a que la comisión que debía valorar las comparecencias solicitadas (la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social) no se celebrase hasta hoy. La presidenta de la comisión era Veronica Ordóñez, diputada de Podemos que ha pasado a ser no adscrita, lo que forzó a la elección de un nuevo presidente. Algo que no ha ocurrido hasta esta semana, a pesar de que Ordoñez pasó a ser no adscrita hace más de un mes.

Aun así hubiera sido posible cumplir con los plazos, si los grupos políticos que habían solicitado comparencias de expertos (PRC y Ciudadanos) hubieran renunciado a ellas. No solo no lo han hecho, sino que el PP se ha sumado a la solicitud, lo que hace ya imposible apurar los plazos: hasta que no finalicen las 21 comparecencias aprobadas por PP, PRC y Ciudadanos no se iniciará el trámite de enmiendas. El propio Víctor Casal, diputado socialista y nuevo presidente de la citada comisión, reconocía que ya «no hay tiempo». 

Desde el colectivo Alega Cantabria lanzaban ayer miércoles un llamamiento desesperado a regionalistas y a Ciudadanos. «Desde Alega nos ponemos en contacto por última vez con su partido, en un intento desesperado por conseguir derechos, algo que es triste tener que estar pidiendo por favor, pero que a día de hoy en nuestra sociedad aún no tenemos, y que penden de sus manos. Entendemos que este jueves para ustedes será un día laboral más, en el que sumergirse en papeles, informes y trámites. Sin embargo, seremos muchas y muchos quienes, durante toda la mañana, estaremos expectantes, con una mezcla de miedo a la par que esperanza aun cuando sabes que no tienes a lo que aferrarte. Volvemos a solicitarles, por justicia social, que retiren sus comparecencias y permitan el trámite de la ley LGTBI. Compartimos la idea de democracia y lo positivo que siempre es el debate, y siempre estamos y estaremos dispuestas a ello. Pero no cuando no queda tiempo, no cuanto la LGTBIfobia campa a sus anchas en las calles de Cantabria, sin tener una ley específica que otorgue derechos para remediarlo», expresaba el texto.

«A día de hoy en Cantabria se sigue prohibiendo a niños y niñas trans que usen el baño y el vestuario que les corresponde. Se les sigue llamando por el nombre que ya no tienen en vez de usar su nombre sentido. Imaginen el dolor y la desesperación que se siente cuando te persiguen 20 personas para agredirte solo por ser una chica trans. Cuando por darle un beso a tu novio te pegan a la vez que gritan ‘maricón’. Cuando por ir de la mano con tu novia te señalan, te insultan y se ríen. Cuando te echan de casa y pierdes el contacto con tu familia por decir que eres bisexual. Desde ALEGA nos desgarramos cada vez que tenemos que atender un caso así y no les podemos otorgar la atención y la protección necesaria. Como decía Desmond Tutu, ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor’. Nuestros derechos penden de sus manos. Ojalá el jueves demuestren que están ahí para combatir injusticias, para mejorar el mundo, y no para colaborar con la opresión hacia nuestro colectivo», finalizaba la petición:

⚠️🏳️‍🌈COMUNICADO🏳️‍🌈⚠️
Mañana jueves es el último día que tienen @prcantabria y @CsCantabria para retirar sus comparecencias y que dé tiempo por fin a aprobar la #LeyLGTBI de Cantabria, una de las cinco comunidades que aún no la tienen.
Este es el correo que les hemos mandado👇 pic.twitter.com/Ia35nNo80J

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 20 de febrero de 2019

Ni el Partido Regionalista de Cantabria, ni Ciudadanos, ni tampoco el PP (que ha acabado sumandose a las peticiones de comparecencia) la han escuchado. «Ley LGBTI de Cantabria bloqueada. No saldrá adelante. ¡Gracias políticos y políticas del Parlamento de Cantabria! ¡Nos sentimos súper protegidas y representadas gracias a vosotros!», se lamentaba en Twitter el colectivo cántabro:

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado al PSOE de ser el responsable del retraso en la tramitación y ha justificado la necesidad de hacer comparecer a representantes de muy diversos colectivos y organizaciones para «que se conozca la opinión de todos y todas sobre los problemas del colectivo LGTBI en Cantabria». Entre los invitados a opinar, por mencionar un ejemplo llamativo, se encuentra el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE). La portavoz regionalista en la materia, Matilde Ruiz, ha incidido en que los tiempos en la presentación de los proyectos de ley, que tienen un media de tramitación de seis meses, «no los fija» su partido, y ha recordado que el anteproyecto llegó al Parlamento a finales de octubre, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos de Cantabria para 2019. Ruiz también ha querido responsabilizar a la crisis interna de Podemos del hecho de que la comisión que debía aprobar las comparecencias solicitadas no se haya celebrado hasta hoy. Según Ruiz, «es un derecho y una obligación de los diputados» estudiar y analizar el texto remitido por el Gobierno, para «mejorarlo» con las opiniones de expertos y presentar las correspondientes enmiendas.

Desde Ciudadanos, por su parte, se insiste en descargar la responsabilidad de lo sucedido sobre el Gobierno cántabro. «¿Por qué se ha retrasado la tramitación de esta ley? El Gobierno la anuncia en mayo del 17 pero no es hasta noviembre de 2018 cuando la traslada al Parlamento. Se une a otra docena de leyes que tramitar todas a final de legislatura y en mitad del debate de presupuestos», ha justificado en un hilo de Twitter su portavoz parlamentario, Rubén Gómez. «Ante el volumen de leyes remitido por el Parlamento los portavoces acordamos un calendario con el objetivo de tramitar todas las posibles antes del parón en navidades. Aun cuando las tramitaciones coinciden con los presupuestos. Dentro del acuerdo se habilita enero para tramitación parlamentaria previendo poder tramitar la ley LGTBI a continuación de la de Igualdad y la de Emergencias y 112. El grupo parlamentario Podemos se disuelve y paraliza el Parlamento. La presidenta de la comisión es la diputada de Podemos que pasa a ser no adscrita. Al perder la comisión a su presidenta todas las tramitaciones quedan paralizadas hasta la elección de un nuevo miembro. Desde Ciudadanos pedimos un total de 6 comparecencias, todas ellas debidamente justificadas como detallamos en el comunicado publicado el 30 de enero. No es hasta el viernes cuando la presidenta del Parlamento convoca la comisión para elegir a un nuevo presidente. Paso imprescindible para retomar la actividad. La ley de Igualdad se encuentra igualmente bloqueada por la misma razón. La responsabilidad de los grupos parlamentarios es trabajar adecuadamente las leyes y esto supone, en la mayoría de las ocasiones, escuchar a expertos para poder mejorarlas en la medida de lo posible. Mañana se propondrá un calendario con el objetivo de poder realizar las comparecencias de manera que sea posible tramitar la ley antes de finalizar la legislatura, como siempre ha sido voluntad de Ciudadanos Cantabria. La responsabilidad del retraso en la ley es en primer lugar del Gobierno, que la trajo tarde y junto con otra docena de leyes y posteriormente de quienes bloquearon la cámara por la desaparición de su grupo (Podemos)», concluye.

También Izquierda Unida de Cantabria se ha pronunciado, arremetiendo en un duro comunicado contra lo que ha calificado de «alianza conservadora de PP, Ciudadanos y PRC». «Los tres partidos están pensando en las elecciones y la futura e hipotética configuración del Parlamento y no en proteger a la sociedad cántabra, en este caso, a un colectivo históricamente oprimido y discriminado y que ve todo su trabajo hecho durante años en el texto ninguneado por sus representantes», ha expresado Israel Ruiz Salmón, el ya candidato de IU a la presidencia del Gobierno cántabro en las próximas elecciones regionales, y que ha prometido que su formación retomará la propuesta «de inmediato» tras las elecciones de mayo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ALEGA, Cantabria, Ciudadanos, Discriminación, El Faradio, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), LGTBfobia, Matilde Ruiz, Miguel Ángel Revilla, Partido Regionalista de Cantabria, Podemos, PP, Rubén Gómez, Veronica Ordóñez, Víctor Casal

Trece parejas del mismo sexo de diferentes ciudades de Japón presentaron el pasado jueves sendas demandas al Estado por la imposibilidad de contraer matrimonio legalmente. Cada una reclama un millón de yenes (unos 8.000 euros) como reparación del daño psicológico que les supone la situación de discriminación en la que se encuentran. El objetivo final de esta acción conjunta, sin embargo, es conseguir la apertura del matrimonio para todas las parejas al amparo de la Constitución japonesa, que consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y prohíbe la discriminación.

El proceso comenzó a gestarse en noviembre del año pasado, cuando varias parejas se pusieron de acuerdo para demandar al Estado por impedirles el derecho a casarse legalmente. Argumentan que el artículo 24 de la Constitución japonesa, por el que se regula el matrimonio, no excluye a las parejas del mismo sexo cuando hace referencia al «consentimiento mutuo entre los dos sexos». El primer ministro Shinzō Abe se había escudado en esta redacción para rechazar la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los demandantes, sin embargo, aluden a un fallo del Tribunal Supremo del año 2015, que interpretó el artículo en el sentido de que el matrimonio se debe basar en una decisión libre entre iguales, sin aludir al sexo de los contrayentes. Defienden, por tanto, que la Constitución no prohíbe casarse a las parejas del mismo sexo, sino que consagra la libertad en el acceso al matrimonio. De hecho, opinan que la propia Carta Magna los ampara al consagrar la igualdad de todas las personas ante la ley en su artículo 14. La apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en la mayoría de los países desarrollados es otro de los argumentos del que pretenden hacer uso.

Las trece parejas, ocho de hombres y cinco de mujeres, aprovecharon el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, para presentar sus demandas ante sendos juzgados de Tokio, Osaka, Sapporo y Nagoya. Se trata de la primera acción conjunta sobre el asunto en Japón. Reclaman una compensación por el sufrimiento psicológico que les produce la situación de inseguridad legal que supone carecer del acceso a herencias, decisiones médicas, visitas hospitalarias o visados de matrimonio. Este último derecho es especialmente relevante para la pareja formada por una ciudadana japonesa y una alemana legalmente casadas en Alemania y cuyo matrimonio no reconoce la Administración nipona.

Cada uno de los demandantes reclama al Estado japonés la suma de un millón de yenes (unos 8.000 euros) en concepto de daños y perjuicios. Pero la reparación económica no es la última meta de las demandas. Como explica uno de los abogados que asesora a las parejas, el objetivo final es una sentencia judicial que reconozca la inconstitucionalidad de la situación actual.

Pequeños avances a nivel local

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

Fuente Dosmanzanas

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Un joven tunecino ha sido condenado a ocho meses de prisión por haber mantenido relaciones homosexuales tras haber denunciado la violación y robo que sufrió por parte de dos agresores. Estos últimos también han sido castigados con penas semejantes por cargos de sodomía, agresión y robo. El denunciante, además, fue sometido a un examen anal, considerado una forma de tortura, durante el proceso de investigación. Las asociaciones de defensa de los derechos LGTB de Túnez denuncian el extraordinario incremento de sentencias por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos años, que atribuyen a la «creciente influencia» del partido islamista Ennadha en los tribunales.

Durante el proceso, que tuvo lugar el pasado día 12 de febrero, el joven de 26 años Anas pudo dar su versión de los hechos, que habían sido adelantados por miembros de la asociación LGTB Shams, encargada de su defensa. Según su declaración, había concertado una cita con otro joven a través de la red social Facebook, sin embargo, cuando acudió al lugar del encuentro halló a dos personas, por lo que supo que le habían tendido una trampa. Ambos lo redujeron, lo violaron y le robaron algunos efectos, como el teléfono móvil y la chaqueta.

El joven procedió a dirigirse a comisaría de Sfax, la localidad donde ocurrieron los hechos, donde quiso interponer una denuncia por violación y robo. Sin embargo, el fiscal ordenó que se le practica un examen anal para determinar si había mantenido relaciones homosexuales con anterioridad. Posteriormente, se procedió a su detención al amparo del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta tres años de prisión.

Tras más de un mes en prisión preventiva, donde, debido a los cargos a los a que se enfrentaba, ha sido objeto de amenazas y agresiones por parte de los otros presos, ha tenido lugar el juicio. El juez no ha creído la versión del joven y ha estimado que no había tenido lugar una violación, sino una disputa tras haber mantenido relaciones sexuales. Por ello, ha condenado al joven Anas a seis meses de prisión por practicar la sodomía y a dos meses más por denuncia calumniosa. Sus dos agresores han sido condenados también a seis meses de cárcel por mantener relaciones homosexuales, a quince días por agresión y a un mes y medio más por robo.

Las asociaciones de defensa de los derechos LGTB de Túnez han expresado su repulsa por la condena. Desde la asociación Damj la califican de «violación flagrante de los derechos humanos y de la dignidad moral», e instan al cese inmediato de todos los procesos abiertos en aplicación del mencionado artículo 230 del Código Penal, así como al abandono definitivo de la práctica de los exámenes anales.

El abogado de Anas y presidente de la asociación Shams, Mounir Baâtour, denuncia que las condenas por delitos relacionados con la homosexualidad se han incrementado extraordinariamente en los últimos años. Si en 2016 se produjeron 56 condenas, en 2017 sumaron 79 y en el pasado 2018 ascendieron a un total de 127. Según Baâtour, «los jueces se están volviendo cada vez más estrictos con respecto a la moralidad», lo que atribuye a la «creciente influencia» del partido de inspiración islamista Ennahdha, miembro de la coalición de Gobierno actual, en los tribunales.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

Efectivamente, la persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses. En marzo de pasado año 2018 recogíamos una de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Damj, Discriminación, exámenes anales, Homofobia, Islam, LGTBfobia, Mounir Baâtour, Sfax, Túnez

Un joven tunecino se enfrenta a cargos por mantener relaciones homosexuales después de denunciar haber sido víctima de violación y robo con violencia. Además, ha sido sometido a la infame práctica de un examen anal, considerada como una forma de tortura. Se enfrenta a penas de hasta 3 años de prisión, en un juicio que tendrá lugar este 11 de febrero. Desde las asociaciones de defensa de los derechos LGTB se reclama la retirada de los cargos y su liberación inmediata.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad portuaria de Sfax, según relata Mounir Baâtour, abogado y presidente de la asociación Shams. El joven Anas, de 23 años, se había citado con otros dos jóvenes, que le habían tendido una trampa a través de la red social Facebook. La supuesta cita concluyó con la violación de Anas por parte de los dos agresores y del robo de su teléfono móvil y su chaqueta.

Cuando Anas procedió a denunciar ante la policía la violación y el robo, fue inmediatamente detenido, acusado de haber mantenido relaciones homosexuales, condenadas en Túnez con hasta 3 años de prisión en aplicación del artículo 230 de su Código Penal. Además, fue sometido a un examen anal para comprobar si había «signos de práctica habitual de la sodomía». Esta infamia, considerada como una forma de tortura, ha sido denunciada ampliamente por los defensores de los derechos humanos y de las personas LGTB, pero las autoridades tunecinas se excusan en que no es obligatorio someterse a ella. Sin embargo, la negativa es habitualmente considerada por los jueces como una prueba de culpabilidad.

Al joven se le ha negado además la libertad provisional en espera de juicio, por lo que lleva más de un mes en prisión. Según Mounir Baâtour, su estado psicológico es preocupante, pues se enfrenta a diario al acoso y los ataques de los otros presos. Por ello, han dirigido al jefe de Gobierno tunecino, Youssed Chahed, una carta en la que le exhortan a que intervenga para que la Fiscalía levante los cargos contra Anas, así como para que cumpla con su promesa de ordenar poner fin a la práctica de los exámenes anales, y, finalmente, a la despenalización de la homosexualidad con la derogación del mencionado artículo 230.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses. En marzo de pasado año 2018 recogíamos una de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Fuente Dosmanzanas

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El juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Totana ha dictado un auto con el sobreseimiento y archivo provisional de las diligencias por la querella interpuesta por la autodenominada Asociación Libertas contra el alcalde y la concejala de Igualdad  de Totana por el repintado de varios pasos de peatones con los colores de la bandera arcoíris con motivo de la celebración del pasado Orgullo LGTB. Una iniciativa que en su momento despertó las iras del Partido Popular y de La Falange. La formación de extrema derecha promovió de hecho una sonora campaña en la localidad murciana.

El Ayuntamiento de Totana, en el contexto de la «Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI»  que se celebró en la localidad murciana del 18 al 29 de junio pasado, repintó varios pasos de cebra con los colores de la bandera arcoíris. Una iniciativa que por cierto se lleva a cabo en diversas ciudades del mundo con motivo de las celebraciones del Orgullo. La iniciativa desencadenó las iras del Partido Popular de la localidad, que la consideró ilegal y argumentó «no se pueden modificar ni alterar las señales y marcas viales de forma arbitraria y caprichosa, máxime cuando están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de Totana», así como de La Falange, que colocó pancartas junto a los pasos de cebra con el lema «No a la imposición ideológica de género. Totana adoctrina». Los pasos, además, fueron emborronados con pintura. El Ayuntamiento de Totana, conviene precisar, está gobernado por una coalición entre el PSOE y Ganar Totana IU.

Sin embargo, la polémica no se quedó ahí. La Asociación Libertas (organización constituida precisamente en respuesta a la aprobación de una ley de igualdad LGTBI en la Región de Murcia) presentó una querella criminal contra el alcalde, Andrés García, y la concejala de Igualdad, Eulalia Moreno, a los que acusaba de un delito de prevaricación, y que fue admitida a trámite el 12 de septiembre. Ahora la justicia, en primera instancia, ha dictado un auto con el sobreseimiento provisional de las diligencias, argumentando que «no ha quedado suficientemente justificada la concurrencia de ningún delito de prevaricación, al desprenderse de las mismas la ausencia del elemento subjetivo configurador del mismo».

Una querella «ideológica, política y sectaria»

Una vez conocida la noticia, el alcalde de Totana y la concejala de Igualdad comparecieron públicamente para manifestar sus impresiones. Andrés García no dudó el calificar la querella de «ideológica, política y sectaria» y señaló a las personas que la interpusieron como «próximas» hoy día a Vox, la formación de extrema derecha que recientemente irrumpió en el Parlamento andaluz. El alcalde tuvo también palabras de reproche hacia el Partido Popular de Totana y hacia el único concejal no adscrito de la localidad, elegido en su momento en las listas de Ciudadanos, a quienes acusó de haber fomentado la polémica, junto a la Falange y a la Asociación Libertas.

Os dejamos con el vídeo de su comparecencia, publicado por Totana Noticias:

https://www.youtube.com/watch?v=d2wOOx-MhZk

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrés García, Asociación Libertas, Bandera Arcoiris, Discriminación, Eulalia Moreno, Ganar Totana-IU, Homofobia, La Falange, LGTBfobia, Murcia, PP, PSOE, Totana, Totana Noticias, Videos