El juez John Bowers, de la Alta Corte de Justicia, ha denegado la condición de refugiada en el Reino Unido a Aderonke Apata, una activista LGTB oriunda de Nigeria. Según la controvertida versión del juez, la activista nigeriana se habría involucrado “en relaciones del mismo sexo con el fin de fabricar una solicitud de asilo basada en la sexualidad lésbica”. Sin embargo, el magistrado ignora en su auto el temor fundado de Apata: regresar a su país de origen después de haberse declarado públicamente como lesbiana en el Reino Unido puede suponerle la persecución legal y colectiva, en una sociedad (la nigeriana) profundamente homófoba.

Si la deportación de la activista LGTB nigeriana Aderonke Apata se hace efectiva por parte del Reino Unido, su suerte puede resultar fatal. Y es que si el auto de John Bowers, juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, acaba traduciéndose en la devolución de Apata a Nigeria, a la activista no le sobran motivos para temer por sus derechos, por su integridad física o incluso por su propia vida. En 2014, Nigeria dio luz verde a una ley que agrava el tratamiento penal para cualquier aspecto relacionado con la homosexualidad y que castiga con penas de hasta 14 años, por ejemplo, a los participantes de una unión homosexual. Desde entonces, se han incrementado los ataques de la población civil contra las personas LGTB. La irresponsable utilización de discursos anti LGTB por parte de las autoridades religiosas y políticas de Nigeria no hace más que alimentar el odio homófobo entre la sociedad y los improvisados “juicios populares”, a menudo manchados de sangre y violencia extrema (y que suelen quedar impunes).

El juez Bowers comparte en buena medida el no menos polémico dictamen del Ministerio del Interior del Reino Unido, según el cual, supuestamente, la activista nigeriana habría modificado sus hábitos públicos, adoptando otras costumbres, vestimenta y las costumbres de “un determinado grupo social” (las lesbianas), como una manera de obtener el estatuto de refugiada. Incluso se ha cuestionado la veracidad de su sexualidad por el hecho de ser madre (a pesar de haber presentado al tribunal en verano un DVD que contenía vídeos y fotografías de carácter privado, que apoyaría su petición). Especialmente preocupantes resultaron las declaraciones del abogado del Ministerio del Interior, según el cual “uno no puede ser heterosexual un día y homosexual al otro”. Unas palabras, por cierto, recogidas en la campaña iniciada en apoyo a Aderonke Apata y que en el momento de redactar esta noticia sumaba más de 64.000 firmas.

La recogida de firmas no es, en cualquier caso, la única muestra de solidaridad con la denostada activista nigeriana, ya que otros activistas LGTB han creado también un blog o una cuenta de Twitter, entre otras acciones. Todo ello se suma a las firmas de apoyo presentadas ante el juez y que este no ha tenido en consideración a la hora de firmar su auto. Para Peter Tatchell, activista por los derechos humanos, Aderonke Apata “ha sido identificada públicamente en el Reino Unido y en Nigeria como una mujer lesbiana o bisexual. Estas mujeres se enfrentan a la doble amenaza de la persecución legal y la violencia colectiva en Nigeria”.

En Cristianos Gays nos hemos hecho eco de la escalada de violencia homófoba del estado africano y de la violación de derechos humanos por parte de sus autoridades judiciales, políticas y administrativas. La última noticia que recogimos ocurrió a principios de este año, cuando la policía islámica de Kato (una ciudad al norte de Nigeria) detenía a doce personas acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos, sin embargo, negaron los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños.

Anteriormente, en enero de 2014 una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Por cierto que la Iglesia Anglicana Nigeriana obligaba a abjurar de ser gay o bisexual, mientras el líder de los anglicanos Justin Welby protestaba ante los gobiernos de Nigeria y Uganda por sus políticas homófobas y el Papa recibía al homófobo presidente de Nigeria…

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El pasado lunes 30 de marzo, el Senado irlandés aprobó la nueva Ley para la Infancia y las Relaciones Familiares, que permite la adopción homoparental. Pendiente de ser promulgada por el presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, para su entrada en vigor, la nueva ley desliga asuntos como el derecho a la adopción de las parejas del mismo sexo del referéndum sobre el matrimonio igualitario que tendrá lugar el próximo 22 de mayo.

Tal como se comprometió en su día, el gobierno irlandés ha querido desligar el próximo referéndum sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo de cuestiones como la adopción homoparental y la custodia de los hijos. Para ello, el equipo gubernamental aprobó el pasado mes de febrero el proyecto de Ley para la Infancia y las Relaciones Familiares, que, tras pasar por la Dáil (o cámara baja) y el Senado, ha experimentado más de 120 enmiendas y largas horas de debate. Una ley que finalmente ha sido de gran consenso, como avala el dato de que haya sido aprobada en el Senado por 20 votos a favor y tan solo 2 en contra.

Hasta la aprobación de esta nueva ley, la legislación irlandesa tan solo permitía adoptar a las parejas unidas en matrimonio o a personas solteras. Para la ponente, la ministra de Justicia Frances Fitzgerald, el proyecto de ley era “una respuesta sustancial y detallada a la realidad de la vida familiar en Irlanda hoy”. Para la ministra “el factor clave es ser buenos padres, no el tipo de familia”, puesto que los niños tienen derecho “a ser criados por un padre o padres que les amen y se dediquen a su bienestar, independientemente de su sexo u orientación sexual “.

También era importante para la responsable de Justicia que se reconociera el derecho al acceso a las nuevas técnicas de reproducción asistida, puesto que ningún estudio científico ha hallado diferencias en el comportamiento emocional entre niños concebidos por reproducción asistida y los concebidos de forma natural. Se establece además que los hijos concebidos por reproducción asistida tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, por lo que se creará un registro de donantes.

Frances Fitzgerald estima que esta ley es ”una amplia reforma del derecho de familia, que ha sido recomendada durante muchos años, que afecta a una amplia variedad de tipos de familia, a la diversidad familiar en Irlanda”. El taoiseach (primer ministro del gobierno irlandés) Enda Kenny, encargado de presentar la ley aprobada ante el presidente de la  república Michael D. Higgins para su promulgación, cree por su parte que se trata “del cambio más importante en la legislación de la familia desde la fundación de Irlanda”.

Entre las novedades de la ley que afectan a las personas LGTB se incluyen:

• La extensión de la elegibilidad para adoptar a un niño en igualdad de condiciones a quienes hayan contraído unión civil y a las parejas de hecho que hayan convivido durante tres años, sean del mismo o distinto sexo. Una licencia de adopción preexistente se extenderá al otro miembro de la unión civil o la pareja de hecho, sea del mismo o distinto sexo.
• El cónyuge, miembro de unión civil o pareja de hecho conviviente, del mismo o distinto sexo, podrá solicitar la custodia del hijo de su pareja tras haber participado en su crianza durante dos años.
• Una gama más amplia de padres no casados ​​podrá obtener la custodia de sus hijos, con la extensión de la tutela automática a los padres solteros, independientemente de su sexo, que hayan convivido con la madre de su hijo al menos 12 meses y haya desempeñado un papel activo en la crianza de su hijo.

El referéndum del 22 de mayo dirimirá si se reforma la Constitución irlandesa para que se permita unirse en matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sea cual sea finalmente el resultado de la consulta popular, las parejas del mismo sexo seguirán teniendo derecho a la adopción en igualdad de condiciones, debido a la nueva ley aprobada.

Los expertos están alertando de que los partidarios de que no se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la jerarquía católica a la cabeza, siguen sustentando su oposición en un argumento de gran fuerza emocional entre sus bases: los niños deben tener un padre y una madre. Pero esa cuestión no se dirime en el referéndum, y de hecho queda ya zanjada con la aprobación de la Ley para la Infancia y las Relaciones Familiares. Un argumento basado en una falsedad que no obstante parece estar dando sus frutos y que hace prever una movilización masiva de los detractores de los derechos LGTB, a pesar de ser minoritarios en las encuestas. La postura favorable a esos derechos, que se basa en la bondad de la igualdad, cuenta con la simpatía de la mayoría de la población, pero no parece tener la fuerza emocional necesaria para que esa simpatía se materialice en votos.

Los mismos expertos recuerdan la campaña de los contrarios al derecho al divorcio cuando se convocó el referéndum en 1995. Se basó en unas imágenes que mostraban a un niño que rebotaba de su padre a su madre, hasta que el padre desaparecía y el niño quedaba con un mano tendida en espera de la figura paterna. El divorcio, según sus detractores, suponía el abandono de los hijos. Las encuestas mostraban que los partidarios del derecho al divorcio doblaban en número a los detractores. Sin embargo el referéndum se ganó por un escueto 50,2% de votos favorables frente a 49,72% de votos contrarios. La movilización de la minoría que se oponía al divorcio, fuertemente motivda emocionalmente, fue masiva, la de los partidarios, no.

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Una pareja de mujeres de 48 años ha denunciado el trato discriminatorio que sufrió el pasado día 25 en la cafetería Store Café de Barcelona, después de que uno de los responsables del establecimiento les reprobara que se estuvieran besando y les pidiera que abandonasen el local y no volvieran. El Observatorio contra la Homofobia ha presentado ya una denuncia ante el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat y ante el Ayuntamiento de Barcelona contra el propietario del local.

El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña ha presentado una denuncia ante el Departamento de Bienestar Social y ante el Ayuntamiento de Barcelona contra el propietario de la cafetería Store Café, que la semana pasada instó a no volver a una pareja de lesbianas porque se besaban en el local.

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Según el texto de la denuncia, que hicieron llegar a la Síndica de Barcelona, los hechos sucedieron sobre las 15:55 horas del pasado día 25 cuando la pareja, clientes habituales de esta misma cafetería, fue inquirida por el propietario para que dejaran de besarse aduciendo que su comportamiento había levantado quejas de otros clientes y últimamente habían bajado los ingresos.

Según la denuncia, el propietario exigió a las dos mujeres que «se comportaran de una manera diferente, que no se abrazaran y no se besaran, que aquel local no era una casa ocupada ni un local de copas, que no eran las doce de la noche ni un lugar donde estas conductas estuviesen permitidas».

El presidente del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, Eugeni Rodríguez, ha considerado que el propietario del local dispensó «un trato discriminatorio» a las dos lesbianas y que ello vulnera la Ley contra la Homofobia, que tipifica que como falta grave «el impedimento por razón de orientación sexual a una persona en un establecimiento público».

Rodríguez ha considerado como «muy grave e inadmisible la conducta del café» y que no se puede afectar «ningún menosprecio a personas LGTBI ni el libre ejercicio de su afectividad«.

 Este caso supone la primera denuncia de un caso de discriminación homófoba en la ciudad de Barcelona desde que el pasado mes de octubre el Parlamento catalán aprobara la ley contra la LGTBfobia, cuyo objetivo es “desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTB y evitar situaciones de discriminación y violencia hacia este colectivo, conocidas socialmente como homofobia, lesbofobia y transfobia”.

Por su parte, la propietaria de la cafetería ha desmentido la versión de las denunciantes, que además eran clientes habituales del local. Según ella, las mujeres se sometieron a “tocamientos en sus genitales” en un sofá y ante la presencia de otros clientes, que se quejaron, lo que llevó al encargado del local a pedirles que parasen. “Alucino con este tema. Es el colmo tener que demostrar que no somos culpables, cuando el encargado del local se comportó con ellas de forma exquisita, simplemente pidiéndoles con educación que no tuvieran esa actitud porque no era ni el momento ni el lugar“, sostiene la dueña del café, que prefiere no identificarse y que añade que en su local tratan a todo el mundo igual, “sin importar su condición sexual”.

Para Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia, el propietario del local trató de forma discriminatoria a la pareja, vulnerando la ley antes citada, que tipifica como falta grave “el impedimento por razón de orientación sexual a una persona en un establecimiento público”.

Además, el Observatorio también decidió presentar el pasado martes la denuncia ante la Síndica de Greuges de Barcelona, María Assumpció Vilà. En caso de que las autoridades consideren culpable la conducta del dueño del local, la norma prevé una sanción económica de “varios miles de euros“, junto a la imposibilidad de disfrutar de ayudas y subvenciones públicas durante el periodo que se estableciese. A través de su perfil en la red social Facebook, Rodríguez quiso expresar también su apoyo a “todas aquellas mujeres que han sido heridas por su orientación sexoafectiva” y aplaudió “su coraje para denunciar los hechos“.

Convocatoria de besada en señal de protesta

El Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y el Observatorio contra la Homofobia han anunciado a través de las redes sociales la convocatoria de una besada general del colectivo LGTB en el barrio de Gràcia para el próximo día 15 de abril.

Desgraciadamente, este tipo de incidentes homófobos se siguen produciendo en nuestro país con más frecuencia de lo que cabría esperar. Hace solo unos meses dábamos cuenta de un caso similar en el que un vigilante de seguridad de un establecimiento de la cadena Burger King de Madrid expulsaba a una pareja de chicos por besarse, lo que provocó la convocatoria en redes sociales de otra besada de protesta que acabo teniendo una gran repercusión internacional.

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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.

Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.

En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.

Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.

“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.

La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: «Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia».

Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.

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“Arreglen esto ya”. Era el titular que ocupaba el martes la portada de Indianapolis Star, el diario local más importante del estado. Un ruego a los legisladores de Indiana para que pongan remedio a la situación abierta por la aprobación de una ley que da carta blanca para discriminar a las personas LGTB argumentando motivos religiosos. Y es que la reacción social ha sido tal que el gobernador Mike Pence, que hace pocos días sancionaba la ley rodeado de líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos, ha anunciado ya su retoque. La tormenta ha llegado también a Arkansas, otro estado cuya legislatura acaba de aprobar una ley muy similar, y donde el gobernador se niega ahora a sancionarla hasta que no quede claro que no podrá usarse para discriminar a las personas homosexuales.

El editorial de Indianapolis Star no era otra cosa que la expresión de la gran inquietud que ha cundido en Indiana ante la inesperada (para muchos) reacción contra la ley. Como comentamos hace pocos días, ya en el mismo momento de aprobarse comenzaron a desatarse las alarmas: la llamada al boicot al estado de Indiana, que el actor George Takei (Star Trek) impulsaba en Twitter con el hashtag #BoycottIndiana, se convertía casi inmediatamente en Trending Topic. Marc Benioff, presidente de la tecnológica Salesforce, anunciaba la cancelación de aquellos programas que supusieran a sus trabajadores la necesidad de viajar a Indiana. Gen Con, una de las principales convenciones mundiales de juegos (juegos de rol, cartas, estrategia, etc.), y que el año pasado atraía a casi 60.000 visitantes a Indianápolis, avisaba por carta a Pence de que se estaba planteando marcharse del estado. Otros líderes empresariales, sin llegar a amenazar directamente con el boicot, expresaban su contrariedad en Twitter. Era el caso de Max Levchin, fundador de compañías como Affirm, HVF, Slide o PayPal, o del presidente de Apple, Tim Cook.

Precisamente fue la actitud de Cook la que acabó de precipitar la situación. El presidente de Apple no se limitó a su tuit inicial, sino que el domingo 29 de marzo publicó un artículo de opinión en The Washington Post en el que alertaba de los peligros que este tipo de leyes suponen al abrir la puerta a la discriminación. El artículo no descubría nada nuevo, pero el hecho de que su autor sea el presidente de una de las marcas más influyentes del mundo -quizá la que más en este momento- hizo que diera la vuelta al mundo. “Tim Cook se pasa al activismo y alerta del ‘peligro’ de las nuevas leyes contra los gays en EEUU”, llegaba a titular El Mundo, ejemplo de un medio español que hasta entonces no se había hecho eco de lo sucedido. El final del artículo de Cook marcaba además el rumbo a seguir. “Esto no es una cuestión política. No es una cuestión religiosa. Se trata de como los seres humanos nos tratamos entre nosotros. Oponerse a la discriminación supone valor, pero cuando las vidas y la dignidad de tantas personas están en juego, es la hora de que todos seamos valientes”, finalizaba el texto.

Llegados a este punto, los anuncios de boicot y cancelaciones de viajes y actos se precipitaban uno tras otro: EMC, Cloudera, Amazon, el sindicato AFSCME (el más importante sindicato de empleados públicos del país), la Mid-American Conference (subdivisión regional del deporte universitario), etc. Diferentes organismos públicos anunciaban también que no financiarían desplazamientos a Indiana, entre ellos las ciudades de Denver, Oakland, San Diego, San Francisco, Seattle o Washington D.C. (la capital federal) y los estados de Oregón y Vermont. La preocupación cundía y la presión sobre los legisladores republicanos que han promovido la ley aumentaba. Finalmente, el gobernador Mike Pence anunciaba el martes la inmediata aprobación de una legislación adicional que clarificará los límites de la ley e impedirá, supuestamente, la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Pence aseguraba que la intención de la ley no había sido la de “crear un permiso para discriminar” pero aceptaba que así se había interpretado, “no solo aquí en Indiana sino en todo el país, y tenemos que afrontarlo”.

Y en Arkansas el gobernador exige retoques antes de sancionarla

Pero el “efecto Indiana” se ha hecho ya sentir también Arkansas, otro estado cuya legislatura, también bajo control republicano, acaba de dar su visto bueno a una ley similar. Y si hace solo unos días el gobernador Asa Hutchinson se mostraba dispuesto a refrendarla tal cual había sido aprobada, ahora exige que se modifique para incluir garantías antidiscriminatorias. “Lo que es importante desde la perspectiva de Arkansas es alcanzar un correcto equilibrio. Y en segundo lugar, trasladar la idea de que este no es un estado que no reconoce la diversidad en los lugares de trabajo, en la economía y en nuestro futuro”, declaraba en una conferencia de prensa en la que anunciaba su nueva posición.

En definitiva, y a la espera de conocer ambas modificaciones legislativas, a los sectores homófobos que han impulsado estas leyes puede haberles salido mal la jugada, consiguiendo como resultado final la implementación de una normativa antidiscriminatoria que antes no existía con carácter estatal ni en Indiana ni en Arkansas.

Seguiremos atentos a lo que suceda, que más allá de las fronteras de estos dos estados será un buen indicador de la fuerza de las posiciones homófobas en los Estados Unidos, a punto de perder la batalla del matrimonio igualitario a nivel federal pero empeñadas en trasladar la batalla al ámbito local.

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A pocas semanas del referéndum sobre el matrimonio igualitario en Irlanda, que tendrá lugar el próximo 22 de mayo, se suceden las opiniones tanto de partidarios como de detractores de la igualdad LGTB. También se están dando a conocer testimonios de quienes han sufrido toda una vida de discriminación y ocultación, y ven en la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo un símbolo de aceptación que era inimaginable hace apenas unos años. Al director del diario Sunday Independent llegaba una carta de un homosexual de 60 años, cuya trayectoria vital de hombre que “sufrió el daño de una sociedad que me escarnecía activamente” puede ser el fiel reflejo de generaciones enteras de personas LGTB.

Quizás a algunos les resulta difícil comprender el profundo significado que la igualdad legal tiene para quienes han sido permanentemente humillados y ofendidos. No es tanto un fin sino un comienzo esperanzador, y para quienes han sufrido el oprobio y el escarnio, público y generalizado, durante toda una vida, la esperanza suele ser un lujo que se percibe inalcanzable. De todo ello habla el remitente de una carta estremecedora, certera y lúcida. Un homosexual de 60 años que nunca ha salido del armario.

La reproducimos por completo:

Muy señor mío, este año cumpliré 60 y soy un hombre gay que nunca ha “salido del armario” formalmente. Mis queridos padres, que lamentablemente han fallecido, nunca supieron la verdad. Lo hice más por ellos que por mí. La religiosa Irlanda rural lo hubiese hecho muy difícil para ellos, para sus creencias y para su entorno. Yo no podía esperar, en los años 70, para salir de ese entorno.

Fui consciente de mi sexualidad desde que tenía ocho años. Definitivamente me escapé a la ciudad a los 22 años de edad, que eran 15 emocionales y aún menos en sabiduría callejera. Visité parques y baños públicos, no por sexo, sino por encontrar el consuelo de la intimidad y la identificación. El consuelo de que todo el mundo podía mostrarse abiertamente y ser aceptado.

Fui bien educado y tenía una saludable guía moral, por lo que traté de que la mayoría de mis encuentros se acomodaran a ello. Pero sufrí el daño de una sociedad que me escarnecía activamente y los que conocí habían sufrido un daño semejante. Las personas dañadas se sienten inclinadas hacia otras personas dañadas, que frecuentemente se dedican a dañarse entre sí. Abusaron de mí, pero estoy seguro de que no era culpa mía, sino por ser “uno de ellos”. Los policías me acosaban constantemente y me sometían a humillantes interrogatorios. Solo “hacían su trabajo” pero algunos tenían un exceso de celo.

Sentí entonces que tendría que moverme entre las criaturas de la noche, y que eso me conduciría a la clandestinidad, al abuso, a los robos y atracos. Sentí que tener que negar mi verdadero yo me conduciría a la negación de mis verdaderas capacidades potenciales y reales. Luché contra ello. A veces para bien, a veces para mal, pero siempre he pagado mis impuestos y he sido un excepcional voluntario para muchas causas.

Probablemente no exagere si digo que en el proceso ayudé a salvar muchas vidas. He tenido buenos compañeros de viaje. Y mi secreto permanecía, incluso para mi familia.

Algunos otros de mi generación optaron por casarse, muchos incluso por tener hijos. Sé que muchos de ellos llevaban una vida más torturada que la mía. Sostengo que la “caritativa” Iglesia, dominante en aquellos tiempos, fue la principal responsable de mi aislamiento.

Históricamente, he sentido su insidiosa doble moral y su abuso de la sociedad. Lo tenían todo bien atado. Incluso mientras escribo ahora noto su actual descontrol, su insidiosa hipocresía disfrazada de compasión. No busco que pidan perdón, pero en esta época de retribución muchos consideran que sería oportuno.

Este referéndum me permite albergar la idea del matrimonio por primera vez, a mis 60 años, algo que muchos otros chicos podían considerar desde que nacieron. Me imagino la euforia cuando pase el referéndum. Sin duda aún dañado por mis experiencias y todavía inseguro, buscaré activamente, a mi edad, una pareja. Lo haré con la intención última de pedirle que se case conmigo.

Una lágrima se me escapa con ese pensamiento. Mi pérdida ha sido elevada y aún más vívida si se considera ahora la posibilidad de un cambio así. Hubiera sido un padre fantástico. Esa oportunidad ya llega tarde para mí. Pero no la de envejecer con alguien al lado, en una relación de igualdad.

Cuando todo haya pasado, sé que voy a llorar, probablemente en privado y a solas, pero mis lágrimas serán de alivio, reconocimiento, aceptación y esperanza.

Por último, es posible que hasta experimente una sensación de inclusión en ese entorno rural del que no podía esperar para escapar. Mis esperanzas, sueños y aspiraciones están depositadas en vuestras papeletas de voto. Por favor, tratadlas con el máximo cuidado, porque son frágiles. Después de 50 años, me atrevo a soñar.

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Una encuesta en el Reino Unido muestra que el tabú de la homosexualidad en el mundo del fútbol profesional esconde una realidad de no pocos jugadores gays que no revelan públicamente su orientación, aunque sí a sus compañeros de equipo. El 11% de los futbolistas consultados afirma conocer a alguno de ellos.

En la encuesta, realizada por la revista deportiva FourFourTwo y de la que se ha hecho eco la web Gay Star News, se preguntó a cien futbolistas de las distintas categorías, once de los cuales declaró tener conocimiento de compañeros gays. Por ejemplo, el integrante de un club de la Premier League (la primera división inglesa), aseguró haber compartido equipo con un jugador homosexual: “Todos los saben y la mayoría de los chicos no tienen ningún problema con ello. Algunos se sienten un poco incómodos, pero es su problema”, afirmó.

También manifestó una actitud comprensiva aunque cauta otro de los consultados, quien juega en la League One o segunda división: “Si un jugador saliera del armario, creo que todos lo apoyarían, pero estoy seguro al 100% de que la gente en el vestuario haría bromas”. El mismo futbolista entendería que un compañero gay no quisiera salir del armario por la posible reacción de los demás.

Sin duda el fútbol británico se encuentra entre los más abiertos a la diversidad afectiva y sexual, a pesar de que, en la actualidad, no cuente con ningún futbolista abiertamente gay de primer nivel. En septiembre del año pasado, por ejemplo, nos hacíamos eco de un spot contra la homofobia en el fútbol en la que participaron los españoles Mikel Arteta y Santi Cazorla. La campaña también contó con la implicación activa del exfutbolista alemán Thomas Hitzlsperger, que en enero de ese año hacía historia al salir del armario pocas semanas después de retirarse. Se trata, recordemos, de un futbolista que además de haber formado parte de la selección alemana jugó en tres de las ligas más importantes del mundo (la italiana, la inglesa y la de su propio país) y cuya salida del armario suscitó grandes apoyos y tuvo una gran repercusión internacional.

Y es que si bien varios otros jugadores como Robbie Rogers, el estadounidense David Testo o el sueco Anton Hysén ya habían dado el mismo paso, se trataba de jugadores de segundo orden en el momento de dar este paso. El gesto de Hitzlsperger inspiró también, según ellos han reconocido, al jugador británico Liam Davis y a la capitana de la selección inglesa Casey Stoney, que hicieron pública su homosexualidad el año pasado. Rogers, por su parte, salió del armario al mismo tiempo que anunciaba que dejaba el fútbol profesional, decisión que luego revirtió. Y afortunadamente, porque hace pocos meses hizo historia al convertirse en el primer futbolista abiertamente gay en conquistar el título de liga en Estados Unidos.

En mayo de 2013, antes de la salida del armario de Hitzlsperger, supimos también que al menos ocho jugadores de ligas británicas habrían anunciado su homosexualidad a sus compañeros, aunque sin hacerlo público por temor a la reacción de los aficionados. Una realidad que queda de nuevo confirmada con este sondeo.

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 Filip Vaněk (izda) y Pavel Kortan(Dcha)

Las declaraciones de Domenico Dolce y Stefano Gabbana contra las familias homoparentales no solo han encontrado comprensión en entornos socialmente conservadores. También hay personas abiertamente LGTB que les han mostrado apoyo e incluso suscriben sus palabras. Es el caso de Pavel Kortan y Filip Vaněk, de la República Checa.

La controversia por las declaraciones de Dolce y Gabbana en la revista Panorama aún sigue viva. En el entorno LGTB la gran mayoría de las reacciones han sido, desde luego, de repulsa. Pero tampoco faltan quienes les apoyan y suscriben sus opiniones. Es el caso de dos personajes checos conocidos, el estilista Pavel Kortan y el maquillador Filip Vaněk, los dos abiertamente gais y reconocidos profesionales en su país. Ha sido en unas declaraciones a medios checos, publicadas el 24 de marzo. Así, Kortan, después de señalar su sorpresa por la reacción ante la entrevista a Dolce y Gabbana, señala que “¿Acaso no puedes tener otra opinión sólo porque pertenezcas a la minoría? Pues yo, aunque no me gusta nada su moda, estoy completamente de acuerdo con Dolce y Gabbana“.

Filip, por su parte, declara también su apoyo, “decididamente, vestiré la ropa de DG“, afirma, discrepando de su colega, “y también estoy de acuerdo con su opinión de que los gais no deben educar niños. Ya me he llevado palos por decir esto pero lo mantengo“, añadió.

Estas declaraciones tienen lugar en un país que, dentro del contexto del antiguo bloque comunista, es bastante favorable a las personas LGTB. En el año 2006 se aprobó una ley de unión civil (registrované partnerství) que reconocía derechos a las parejas del mismo sexo y que era similar a la ley alemana. En cuanto a la aceptación social, presenta unos índices algo más bajos que en Europa occidental, pero notablemente mayores que lo habitual en Europa central y oriental. Así, por ejemplo, según una encuesta reciente, un 56% se mostraba de acuerdo con la adopción de niños por parejas del mismo sexo mientras que un 51% aprobaba que las parejas de mujeres tuvieran hijos por inseminación artificial. Curiosamente, donde había menor aceptación era con que una persona homosexual sola pudiera adoptar un niño de un centro de menores: sólo un 33% lo aprobaba, lo que contrasta con un 47% que lo respaldaba si la adopción la hacía una pareja del mismo sexo y no una persona sola.

Además, desde 2011 se organiza una manifestación del Orgullo LGTB en Praga (Prague Pride), que ha alcanzado unas dimensiones notables. Por otro lado, hay un festival de cine LGTB, Mezipatra, que lleva varios años en Praga y Brno. Asimismo, hay en marcha una campaña en internet de visibilización del colectivo LGTB (Pride Voices) por parte de la misma organización que coordina el Orgullo de Praga. En definitiva, difícilmente puede interpretarse la posición de Kortan y Vaněk como motivadas por la presión de amoldarse a un entorno hostil.

Y Dolce y Gabbana se retractan… parcialmente

Volviendo a los iniciadores de la polémica, Dolce y Gabbana se han visto obligados a retractarse parcialmente, tras la reacción en su contra personificada en el boicot a su marca promovido por Elton John. Aunque inicialmente su reacción fue la de enrocarse en sus declaraciones, el impacto internacional que alcanzó la noticia les llevó a conceder una entrevista a la CNN, en la que matizaban sus palabras. Domenico Dolce, el autor original de las declaraciones contra el uso por las parejas del mismo sexo de la gestación subrogada o de las técnicas de reproducción asistida, que según él daban lugar a “niños sintéticos”, insistía en que sus opiniones eran estrictamente personales y se basaban en su visión tradicional de la familia, resultado de la educación “siciliana” que había recibido, pero que en ningún momento pretendió dar lecciones a nadie. “Quizá escogió las palabras equivocadas”, le apoyaba su colega (y expareja), Stefano Gabbana.

“Nos encantan las parejas gais. Somos gais. Nos encantan las parejas gais, la adopción gay, todo… Solo expresaba mi punto de vista privado”, añadía Gabbana. Los diseñadores intentaban además rebajar la tensión hacia Elton John, del que aseguraban “aman su música”. Eso sí, insistían en verse como víctimas de una supuesta intolerancia hacia las opiniones diferentes. “¿Boicot a Dolce & Gabbana por qué? ¿Porque no pienso como tú? ¿Es esto correcto? No es correcto, estamos en 2015. Esto es medieval”, insistía Gabbana.

Una forma de pensamiento, por cierto, que parece haber calado entre algunos articulistas. El pasado sábado, el diario El País sorprendía por ejemplo con un artículo de opinión titulado La polémica sinceridad de Dolce y Gabbana, en el que su autor presentaba a los diseñadores como víctimas de la intransigencia de la red social Twitter solo por expresar una opinión que consideraba políticamente poco correcta. Como si el llamamiento a un boicot por parte de un padre que vio como llamaban a sus hijos “niños sintéticos” -y que sus seguidores tienen la libertad de seguir o no seguir- no fuera al fin y al cabo ejercicio de la misma libertad de expresión a la que apelan los diseñadores.

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El sector más conservador del Partido Republicano se niega a aceptar las sucesivas derrotas en su batalla contra el matrimonio igualitario en Estados Unidos y se ha lanzado a promover una serie de iniciativas de corte homófobo en varios de los estados bajo control republicano. El primero de sus éxitos es el de Indiana, un estado cuyo gobernador, Mike Pence, ha sancionado una ley, aprobada por la legislatura del estado, cuyo objetivo es impedir que entes locales o el propio estado puedan aprobar normativas antidiscriminatorias que afecten a la “libertad religiosa”.

La ley aprobada en Indiana pertenece a las llamadas leyes “de restauración de la libertad religiosa”, vigentes en más de una veintena de estados del país, que blindan las creencias religiosas frente a otras posibles normas legales. La última de ellas fue la aprobada hace un año en Mississipi. De hecho, existe una norma similar a nivel federal, que fue aprobada en 1993 con la unanimidad de demócratas y republicanos y sancionada por el entonces presidente, Bill Clinton. Una norma, por cierto, que jugó un papel clave en la polémica sentencia del Tribunal Supremo que por 5 votos a 4 dio el pasado año la razón a Hobby Lobby, una cadena de tiendas propiedad de un multimillonario evangélico que reclamaba su derecho a no costear una serie de tratamientos anticonceptivos como parte del seguro médico de sus trabajadoras, como obligaba la reforma sanitaria de Obama. El Supremo falló a favor de Hobby Lobby, considerando que dicha obligación violaba la libertad religiosa de sus propietarios y que el Gobierno federal estaba obligado a buscar otra solución para que las empleadas de la empresa pudieran acceder a contraceptivos.

La de Indiana, sin embargo, es la primera de estas leyes que podemos considerar producto directo de la reacción contra el impulso judicial al matrimonio igualitario en Estados Unidos, que de aquí a junio libra su batalla final ante el Tribunal Supremo. Indiana es, de hecho, uno de esos estados a los que el matrimonio igualitario ya ha llegado como consecuencia de una decisión judicial. En septiembre de 2014, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, fallaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin violaba el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Lo hacía además con una sentencia en la que uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculizaba los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse. Pocas semanas después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazaba las apelaciones de los contrarios al matrimonio igualitario en Indiana (y en otros cuatro estados), dando de esa forma validez a lo que la justicia federal había dictaminado en el nivel inferior.

La reacción homófoba no se hizo esperar, cristalizando en el proyecto de ley ahora aprobado, que no busca otra cosa que reforzar legalmente a todas aquellas personas e instituciones que se niegan a aceptar las relaciones entre personas de su mismo sexo, permitiéndoles discriminarlas alegando motivos religiosos. Una pareja del mismo sexo, por ejemplo, podría no ser atendida por el propietario de un negocio si este alega que ello entra en contradicción con sus creencias religiosas, sin que ninguna norma local o estatal contra la discriminación se lo pueda ya impedir. Algo que niegan los promotores de la ley (que en ningún momento se refiere expresamente a la las personas LGTB o a la homosexualidad) pero que a ningún observador se escapa.

El proyecto, pese a la polémica generada, fue finalmente aprobado por el Senado de Indiana por 40 votos a favor (todos republicanos) y 10 en contra (todos demócratas) y por la Cámara de Representantes por 63 votos contra 31 (todos los votos favorables fueron republicanos. De los votos contrarios, 26 fueron demócratas y 6 republicanos). El gobernador republicano, Mike Pence, firmó de forma casi inmediata la ley rodeado de religiosos, una imagen que simboliza de una forma perfecta lo sucedido:

El gobernador de Indiana Mike Pence (sentado) en una ceremonia privada para firmar una enmieda en la ley de libertad religiosa el jueves, 26 de marzo de 2015.

Lo sucedido en Indiana ha tenido una gran repercusión a nivel de todo el país, provocando reacciones de profundo desagrado e incluso llamadas al boicot al estado de Indiana, que el conocido actor George Takei (Star Trek) impulsaba en Twitter con el hashtag #BoycottIndiana, que en pocas horas se convertía en Trending Topic en Estados Unidos. Además, Varias estrellas de Hollywood protestan contra la ley antigay de Indiana: Miley Cryrus o Asthon Kucher son algunos de los famosos que se han pronunciando en contra esta nueva normativa que discrimina claramente a los homosexuales.  Numerosos rostros conocidos se han posicionado tajantemente en contra de la misma. Esta normativa –conocida como «Ley de restauración de la libertad religiosa»– permite utilizar las creencias religiosas como defensa para que, por ejemplo, determinados negocios se opongan a dar servicio a homosexuales y lesbiana

Marc Benioff, presidente de la tecnológica Salesforce (con sede en California) ya ha anunciado en Twitter la cancelación de aquellos programas que supongan la necesidad de que trabajadores de la compañía viajen a Indiana. Por su parte, Gen Con, una de las principales convenciones mundiales de juegos (juegos de rol, cartas, estrategia, etc.), y que el año pasado atraía a casi 60.000 visitantes a Indianápolis, ya había anunciado en una carta enviada por su presidente Adrian Swartout al gobernador Pence que se plantearía abandonar Indiana si la ley llegaba finalmente a buen puerto.

Otros líderes empresariales, sin llegar a amenazar tan directamente con el boicot, han expresado su contrariedad por lo sucedido en Indiana. Es el caso de Max Levchin, fundador de compañías como Affirm, HVF, Slide o PayPal, o del mismísimo presidente de Apple, Tim Cook.

Asimismo, en la ciudad de San Francisco, el alcalde anunció que ningún funcionario viajará a Indiana a cargo de erario público debido a la legislación “discriminatoria” contra gays, lesbianas y transexuales.

Hay que recordar que la amenaza a la economía local fue precisamente la que impidió hace poco más de un año que una ley muy similar viera la luz en Arizona (fue aprobada por la legislatura del estado, pero la entonces gobernadora Jan Brewer, también republicana, decidió finalmente vetarla).

Está por ver qué sucederá ahora en Arkansas, otro estado cuya legislatura, también bajo control republicano, acaba de dar su visto bueno a una ley similar que está ya solo pendiente de la firma del gobernador. Las expectativas desde luego no son buenas. El gobernador Asa Hutchinson ya ha anunciado que la refrendará, argumentando que no se trata de una ley distinta a la ya vigente en otros muchos estados, “de Illinois a Connecticut”.

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Más de un millón de correos electrónicos han sido enviados a los parlamentarios australianos que sostienen al gobierno liberal-conservador para pedirles que voten en conciencia el proyecto de ley de matrimonio igualitario que promueve el senador liberal David Leyonhjelm.

Han sido cerca de un millón de correos electrónicos los recibidos por el portal Australian Marriage Equality dirigidos a los 134 miembros de la coalición exigiendo la libertad de voto en el matrimonio gay para los integrantes del gobierno australiano. Se trata de una gran reacción de la sociedad de Australia, que con este masivo envío de correos electrónicos, pide la libertad de voto para los matrimonios entre homosexuales.

Australian Marriage Equality asegura que han sido un total de 7,634 australianos los que redactaron correos a favor del matrimonio gay. Rodney Croome, coordinador nacional del sitio web Australian Marriage Equality, afirma que «la mayoría de los austriacos que han enviado correos a los miembros del gobierno federal reflejan un fuerte apoyo para un voto libre de igualdad en el matrimonio». Mientras tanto, algunos ciudadanos austriacos que han enviado sus correos electrónicos argumentan que «es hora de que los partidos Liberal y Nacional estén a la altura de su principio de la libertad individual, al permitir a sus miembros parlamentarios la libertad de votar por la igualdad del matrimonio». «Espero que los miembros de estos partidos sepan apreciar nuestra implicación y luchen por el reconocimiento de este oleaje de apoyo comunitario para una votación libre por el matrimonio gay», ha manifestado otro ciudadano que ha participado en el envío de un millón de correos electrónicos en Australia.

La cuestión de la libertad de voto es la que está centrando en estos momentos el debate: todos los observadores dan por seguro que en el momento en que los parlamentarios liberales dispongan de libertad de voto, el matrimonio igualitario será una realidad en Australia.

Hace ahora una semana revisábamos precisamente el estado de la situación, a raíz de la aprobación por el Senado australiano de una moción de los Verdes a favor de la libertad de voto en esta materia. El debate viene de lejos: antes de las elecciones de septiembre de 2013 fueron los laboristas, entonces al frente del Gobierno, los que actuaron como freno al matrimonio igualitario. La que hasta junio de ese año había sido primera ministra, Julia Gillard, se oponía, y durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de la igualdad dentro del Partido Laborista -en teoría mayoritarios- trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que en su congreso nacional de 2011 el partido lo incorporaba a su ideario. Ideario que Gillard se encargó de convertir en papel mojado al imponer que los legisladores laboristas tuvieran libertad de voto, política que hasta ahora el partido no ha modificado. Una libertad que el liberal Tony Abbott negó entonces a los suyos, obligándolos a acatar la disciplina de partido contraria a la igualdad, y que desembocó en el fracaso de la iniciativa.

La impopularidad de Gillard llevó a Kevin Rudd a arrebatarle el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro. Ya por entonces Rudd se había convertido en defensor del matrimonio igualitario, pese a que su anterior etapa como primer ministro se caracterizó también por un rechazo frontal al mismo. Pero la sustitución de Gillard no fue suficiente para evitar la derrota laborista, y tras las elecciones el liberal Tony Abbott se convertía en primer ministro. Abbott es un católico conservador opuesto al matrimonio igualitario, pese a tener una hermana abiertamente lesbiana. Su victoria alejó las expectativas de aprobación a corto plazo, pese a que un número no determinado de diputados de su partido son partidarios del matrimonio igualitario, y de hecho el propio Abbott reconoció que resultaría complicado mantener la disciplina de voto en esta materia.

El verano pasado (invierno en Australia), el senador liberal David Leyonhjelm anunciaba por fin sus intenciones de presentar un proyecto de matrimonio igualitario y hacía un llamamiento a los “verdaderos liberales” a dar su apoyo al proyecto. El senador insistió entonces en que solo lo presentaría cuando tuviera la seguridad de que su partido permitiría votar en conciencia. Por ello, a pesar de que medios australianos daban por prácticamente seguro que Leyonhjelm presentaría la iniciativa pasadas unas pocas semanas, el senador se contuvo tras escuchar a los partidarios del matrimonio igualitario, que le pidieron esperar al momento idóneo. Finalmente, el pasado 26 de noviembre Leyonhjelm presentaba el proyecto. El senador revelaba además que el primer ministro Tony Abbott le había pedido que no lo hiciera. Según el senador, la intención del líder del Ejecutivo era retrasar indefinidamente la medida para no tener que permitir a sus diputados votar libremente. Es por ello que decidió iniciar la tramitación.

La presentación del proyecto y la aprobación de la moción de los Verdes precipitaron los acontecimientos. Partidarios y opositores al matrimonio igualitario se movilizaban, y la organización Australian Marriage Equality conseguía reunir más de un millón de correos electrónicos (enviados por casi 8.000 personas) para los parlamentarios del Partidos Liberal y de su socio minoritario, el Partido Nacional (con el que está coaligado a nivel federal), pidiéndoles un voto en conciencia. Eso sí, los activistas han tenido la cortesía de “empaquetar” todos los correos en un único archivo para no bloquear los correos electrónicos de los parlamentarios.

Una demanda, la del voto en conciencia, que a día de hoy sigue sin ser reconocida por Abbott, lo que ha motivado que Leyonhjelm decidiera no presentar al debate el proyecto este jueves 26 de marzo, tal y como en principio se esperaba.

Está por ver cuando volverá a intentarlo, aunque algunas informaciones lo retrasan a después de la discusión presupuestaria, que tiene lugar en mayo.

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La extenista de élite Martina Navratilova, abiertamente lesbiana y activista de los derechos de la comunidad LGTB, ha declarado en una entrevista concedida a laureus.com que “en la cancha de tenis, sin duda me gustaría ver más jugadores fuera del armario”. En su opinión, la situación global es muy diferente a la de los años 80 (cuando ella confesó públicamente su orientación sexual), especialmente en cuanto a una eventual pérdida de patrocinadores.

“No creo que los jugadores tendrían que pasar ahora por algo como lo que yo pasé hace 30 años”, ha reconocido Martina Navratilova. “Creo que los tiempos han cambiado”, asegura. Bajo su punto de vista, los deportistas que salgan ahora del armario lo tienen más fácil que décadas atrás en el terreno de los patrocinios, razón por la que “me gustaría ver más jugadores fuera del armario”. La visibilidad de deportistas como la propia Navratilova, los jugadores de fútbol americano profesional Michael Sam o Marcus Juhlin, el futbolista Robbie Rogers o el baloncestista Jason Collins, por citar solo algunos ejemplos recientes, son referentes positivos para la normalización y la reivindicación de derechos de las personas LGTB.

Sin embargo, Navratilova admite que “por supuesto, depende de en qué país se encuentre el deportista, porque todavía tenemos países donde la homosexualidad es castigada con la muerte, por lo que estamos hablando de situaciones diferentes aquí”. Por este motivo, mientras que en Estados Unidos “estamos luchando por la igualdad de derechos y por el derecho al matrimonio igualitario, en otros países la gente está luchando por el derecho a mantenerse con vida”.

Retirada de la primera fila del tenis profesional desde 2006, la jugadora checoamericana Martina Navratilova contrajo matrimonio el pasado diciembre con su novia, la rusa Julia Lemigova, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía seis años y con quien reside en Florida. Navratilova, ganadora de 18 títulos de Grand Slam y que en su día se convirtió en la primera deportista de élite en salir del armario públicamente, tiene dos hijas, Victoria y Emma, y siempre se ha mostrado comprometida con la causa LGTB. En 2010 le fue detectado un cáncer de mama pero fue tratada en una fase temprana de la enfermedad y hoy se encuentra totalmente recuperada.

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A inicios de marzo, informábamos de cómo Rusia pretendía cargarse la igualdad de beneficios que tenían las parejas de trabajadores homosexuales respecto a las de los heterosexuales, pues el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, emitió una orden administrativa en junio del año pasado para que todos los empleados de la ONU que se encontrasen en una relación reconocida legalmente por un Estado miembro podría recibir los mismos beneficios sin importar el lugar donde estuviesen trabajando ni si se tratan de personas homosexuales o heterosexuales. Y es que Rusia quería dejar a los gobiernos nacionales el determinar si los empleados de la ONU que trabajan bajo su jurisdicción son elegibles para beneficios conyugales, algo que finalmente no ha sido posible.

Por ello, diplomáticos rusos se oponía a esta igualdad de derechos para lo que se ha llevado a cabo una votación en la Quinta Comisión y en la que por suerte no han contado con el respaldo mayoritario. Rusia ha perdido su pulso contra el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por lo que al reconocimiento de los beneficios para aquellos de sus empleados que cuenten con parejas del mismo sexo que sean legalmente reconocidas se refiere. El Comité de Presupuestos de la 69ª Asamblea General ha rechazado las pretensiones de Rusia de forzar a la organización a dejar de reconocer las uniones contraídas por sus empleados con personas de su mismo sexo en países donde estas sean legales con independencia de su lugar de origen. Lo ha hecho por 80 votos contra 43, con 37 abstenciones (otros 33 países ni siquiera han votado). La decisión se puede considerar todo un triunfo para los derechos LGTB.

Antes de que en junio del año 2014 Ban Ki-moon promoviera la orden administrativa que ahora Rusia buscaba invalidar, Naciones Unidas tan solo reconocía las uniones entre personas del sexo de aquellos de sus empleados que provinieran de países donde estas tuvieran reconocimiento legal. Esto era así desde 2004, cuando el entonces secretario general Kofi Annan emitió otra orden que ampliaba los beneficios matrimoniales a las parejas en una unión civil que tuviera validez en el país de origen de los contrayentes. Una decisión que ya entonces recibió una fuerte contestación por parte de la Santa Sede y de países de mayoría musulmana, a pesar de ser claramente discriminatoria para los empleados de la ONU procedentes de estados que no permiten las uniones entre personas del mismo sexo.

Como explicábamos el pasado junio, la nueva medida promovida por Ban Ki-moon sí permite el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo legalmente contraídas, sea cual sea su país de origen. De esta manera, los cónyuges del mismo sexo de un empleado de Naciones Unidas (incluyendo agencias y organismos especializados, como Unesco, UNICEF, FAO o ACNUR) pueden ya beneficiarse, entre otras prestaciones, de su seguro de salud o del acceso a visados de residencia. Un ejemplo real, que ya entonces mencionamos, es el de Anna Guerraggio, una ciudadana italiana que trabaja para Naciones Unidas, que se felicitaba de poder contraer matrimonio con su pareja, también italiana, en Nueva York, y que esta accediese así a las prestaciones. Con la normativa anterior, al no reconocer Italia el matrimonio igualitario los beneficios a su cónyuge estaban vedados.

La decisión despertaba sin embargo la oposición de Rusia, cuyas autoridades parecen haber asumido el liderazgo político mundial en contra de los derechos LGTB, y que argumenta que con esta decisión el secretario general se ha extralimitado en las funciones que tiene reconocidas. Rusia, como informábamos hace pocas semanas, tenía intención de forzar una votación sobre el asunto en el Comité de Presupuestos de la 69ª Asamblea General, donde no existe derecho de veto, al considerar que podría convencer a una mayoría de países hostiles a los derechos LGTB para derogar la orden administrativa emitida por Ban.

Pues bien, finalmente la votación tenía lugar este martes 24 de marzo, y el resultado ha arrojado una contundente derrota de Rusia. Defendieron el voto contrario a la propuesta rusa Letonia (en representación de la Unión Europea), Estados Unidos, Australia (en representación suya y de Canadá y Nueva Zelanda), Finlandia (en representación del bloque de países nórdicos), Suiza, Francia, Sri Lanka, Reino Unido, Alemania y México. Defendieron el voto favorable la propia Rusia, Arabia Saudí, Bielorrusia y China. Tras la votación algunos países quisieron explicar su voto, como Brasil (que votó en contra), Malasia (que votó a favor) o Indonesia (que se abstuvo, argumentando que aunque la decisión hubiera merecido una discusión previa, entraba dentro de las atribuciones del secretario general).

En la página web de Naciones Unidas puedes consultar algunas de estas argumentaciones (ítem 137). Para México, por ejemplo, por citar al único país de habla hispana que intervino…

“(…) Durante las discusiones previas a la votación de esta propuesta, quedó claro (…) que el boletín del Secretario General no establece la existencia de un estándar internacional para los matrimonios, sociedades de convivencia o figuras equivalentes, ni sobre otros arreglos legales en los que participan las personas en el ejercicio de su libertad. Las acciones del Secretario General tampoco invaden las competencias de las legislaciones nacionales, en donde se regulan este tipo de actos.

Por esta razón, mi delegación apoya la decisión del Secretario General, en el sentido de que el otorgamiento de prestaciones a los empleados de las Naciones Unidas se determine tomando en cuenta la legalidad del acto en el lugar en que sea efectuado, en sustitución de la nacionalidad del empleado. Este ajuste permite dotar de mayor certidumbre a los funcionarios de las Naciones Unidas y a sus familias, en beneficio de la Organización diversa y plural a la que todos pertenecemos.

La decisión del Secretario General promueve, además, la eliminación de la discriminación con base en cualquier motivo (…)”.

Hasta el momento no hemos encontrado en la página web de Naciones Unidas el listado completo de países que han votado en un sentido u otro. Según medios internacionales, además de los países ya citados, han votado a favor de la propuesta rusa numerosos países de mayoría musulmana, africanos y la India. En contra, la mayoría de países europeos y latinoamericanos.

No cabe duda de que se trata de una buena noticia de la que felicitarse.

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Se llama Tom Sosnik, vive en California, y tiene solo 13 años. Es un chico transexual que conmovido por la historia de Leelah Alcorn, la también adolescente transexual de 17 años que se quitó la vida hace pocas semanas, decidió salir públicamente del armario con un discurso ante sus amigos y compañeros de instituto. “Ya no soy Mia. Nunca lo fui, en realidad. Y ahora aparezco ante vosotros con mi verdadera identidad de género, como Tom. Aparezco ante vosotros como un chico de 13 años”. 

“Durante un tiempo, intenté obviar el hecho de que odiaba mi cuerpo. Fingía estar contento con lo que me había sido asignado, hasta que un determinado momento estallé”, cuenta el joven Tom Sosnik. “Para algunos de vosotros puede ser un shock, y otros, bueno, ya lo sabíais, o ya lo imaginabais, que yo era transexual”, añade después. El chico aclara que él sigue siendo la misma persona que antes, y recomienda a sus compañeros y amigos preguntar a sus propios padres sobre aquellas dudas que les pudieran surgir, pero evitando, eso sí, “el cotilleo”.

El momento era grabado en vídeo por la familia del chico y difundido a través de YouTube:

“Así es como salí del armario como trans ante mi comunidad. Por favor, compartid mi historia y mi mensaje con vuestros seres queridos. A todos aquellos que en estos momentos luchan por acomodarse a su verdadero y auténtico género, o sexualidad, quiero que sepáis que si nadie más os acepta, yo siempre lo haré. Descansa en paz, Leelah”, es el mensaje con el que el chico acompaña en YouTube el vídeo.

Un buen testimonio de vida el de Sosnik y justo homenaje a Leelah Alcorn. Con solo 17 años, Leelah no pudo soportar más la incomprensión de su familia y su entorno hacia su condición de chica transexual, cruel y farisaicamente negada por sus padres, y terminó por quitarse la vida. Miembros de una comunidad fuertemente religiosa, y amparándose en la idea de que “Dios no se puede equivocar”, las únicas respuestas que sus padres le habían ofrecido eran el castigo y sesiones de “terapias” reparadoras por parte de un miembro de su iglesia.

Leelah dejó una estremecedora nota de suicidio, con la idea de que su muerte “tiene que significar algo”. “Solo descansaré en paz el día en que las personas transexuales no sean tratadas como me han tratado a mí, cuando sean tratadas como seres humanos, con sentimientos válidos y derechos humanos”, decía . El suicidio de Leelah, por cierto, desencadenó una fuerte reacción contra las “terapias” reparadoras de la transexualidad, con peticiones tanto en la web de la Casa Blanca (con más de 120.000 firmas recogidas hasta la fecha) como en change.org (con unas 350.000).

Gracias a Dios,  la historia de Tom Sosnik es muy distinta a la de Leelah. Tom cuenta con su familia, como lo demuestra el mensaje de apoyo que su hermana Gil ha dejado en Facebook. “Al ver como sus palabras inspiraban y emocionaban a su propia familia y red de amigos, Tom empezó a darse cuenta de que había algo en su discurso que era universal y humanizador, algo que podía empoderar a trans y a otras personas de género no conforme al tiempo que despertaba la empatía y la comprensión de los aliados”, escribía Gil Sosnik.

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El Bundestag (cámara baja del parlamento alemán) aprobó el pasado jueves con los votos de la gobernante gran coalición un proyecto de ley para endurecer las penas a los delitos de odio. A pesar de las protestas de la oposición, el nuevo texto solo menciona explícitamente los crímenes con una motivación racista o xenófoba, pero relega otros agravantes como la homofobia y la transfobia a la categoría general de otros actos “contra la dignidad humana”.

La iniciativa parte de la comisión de investigación contra el grupo terrorista neonazi NSU (“Clandestinidad Nacionalsocialista”), que propuso que, a la hora de establecer la pena para un delito de odio, se tengan en cuenta no solo las víctimas directas, sino todo el colectivo al que se quiere amedrentar con el crimen. Para ello se consideran “los móviles y objetivos del autor” del delito, frase en la que en la última modificación se introdujeron el racismo y la xenofobia entre esas motivaciones. El proyecto de ley pretende mejorar la detección por parte de policías, fiscales y jueces de indicios racistas en los delitos perseguidos.

En el Comité de Leyes del Bundestag se han escuchado las protestas de los grupos de la oposición, Los Verdes y La Izquierda, al proyecto aprobado por democristianos y socialdemócratas. Los primeros querían incluir explícitamente el odio religioso y ambos, la homofobia y la transfobia en la redacción del proyecto de ley. Una iniciativa que rechazó el portavoz del SPD, Johannes Fechner, con el argumento de que estas categorías ya están incluidas como actos “contra la dignidad humana”. El texto propuesto por CDU/CSU y SPD se aprobó en el pleno del Bundestag con los votos de estas dos formaciones y la abstención de la oposición.

También la Federación Alemana de Lesbianas y Gays (LSVD) ha expresado su decepción con las limitaciones de la medida. En un comunicado con el título “La homofobia también es un crimen de odio”, el portavoz Manfred Bruns lamentaba que la exclusión de los delitos contra la comunidad LGTB del texto legal no facilitará la lucha contra estos ataques, porque “lo que no expone explícitamente en la ley cae por lo general, en el olvido durante la práctica de las investigaciones policiales y la evaluación penal” de estos hechos.

Contra las recomendaciones de la Unión Europea

El criterio que ha impuesto el Gobierno de gran coalición va, además, en sentido contrario a las recomendaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en octubre del año pasado instaba, entre otros, a reconocer y proteger a las personas LGTB que son víctimas de delitos motivados por prejuicios.

Los estados miembros, según esas recomendaciones, deben considerar la adopción de leyes que aborden la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios homofóbicos y transfóbicos.

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La manifestación recorrerá una de las principales arterias de Madrid, de Atocha a Colón, exigiendo medidas legislativas concretas que superen las barreras de discriminación que aún existen en España y que se abordan con desigualdad en las diferentes comunidades autónomas.

Los colectivos LGTB demandan específicamente una Ley Integral de Transexualidad y una Ley antiLGTBfobia tanto de ámbito estatal como autonómico.

El colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid, COGAM, y FELGTB, convocarán la Manifestación Estatal del Orgullo en Madrid 2015 el próximo 4 de julio, sábado, con el lema “Leyes por la Igualdad Real, ¡Ya!”.

La transfobia es una de las principales batallas pendientes. La conocida como Ley de Identidad de Género aprobada hace 8 años deja fuera a menores y a personas migrantes y además requiere un diagnóstico médico que trata la transexualidad como una enfermedad. Los derechos de las personas trans, además, dependen del territorio en el que vivan: sólo Navarra, Euskadi, Andalucía y Canarias tienen leyes integrales que les garantizan los derechos sanitarios, sociales y laborales. Además, la sanidad pública les cubre el proceso transexualizador en Madrid, Cataluña y Asturias, pero en el resto de comunidades, no. El PP de Madrid se negó a apoyar una ley integral de transexualidad hace un año que protegía a los menores con un protocolo educativo, entre otras medidas contra la exclusión.

En cuanto a las medidas efectivas contra la discriminación y los delitos de odio, Cataluña aprobó una ley específica y Extremadura ha seguido sus pasos. Estas leyes incluyen medidas de promoción de la igualdad en la escuela, un régimen sancionador y la inversión de la carga de la prueba. Así, las víctimas de LGTBfobia están más protegidas por la ley en unas comunidades que en otras y no cuentan con un marco común que aborde la cuestión con igualdad.

“El Orgullo es encuentro, es alegría y es visibilidad, pero el Orgullo es también una oportunidad única para demandar a la sociedad que apueste por la igualdad y eso pasa por una leyes contra las barreras que perpetúan la discriminación y el odio”, ha destacado Jesús Generelo, presidente de FELGTB.

Jesús Grande, presidente de COGAM, ha recordado que “con el aumento de ataques a personas LGTB que estamos sufriendo no se puede seguir retrasando un plan efectivo de fomento de la igualdad en centros de enseñanza y de formación de jueces, policías y fiscales para abordar con garantías para las víctimas los crímenes de odio.” Grande exige también “una reforma en las leyes para que las consecuencias para los agresores sean mas serias”.

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Paul Britton, en la foto llegando al tribunal laboral en Reading, Berkshire

Un tribunal de Reino Unido ha acogido una audiencia reciente en la que Paul Britton, un instructor deportivo, reveló los distintos episodios de discriminación que sufrió por parte de su jefe en un club de natación. El dueño de la empresa llamó «maricón» y «pedófilo» a Britton, obligándole a cambiarse en el vestuario para discapacitados.

Paul Britton, el instructor deportivo que llevó ante los tribunales la discriminación laboral que estaba sufriendo, reveló en la audiencia que su jefe llegó a llamarlo «pedófilo» y «maricón». El tribunal escuchó que Paul Britton tambiénhabía recibido imágenes inapropiadas por colegas, entre ellos uno de un hombre en un mankini, en un intento de conseguir que él renunciase a su trabajo.

Trabajó en el centro durante tres años, sin que pasase nada pero Britton manifestó que la discriminación por su orientación sexual comenzó después de que Britton, también abogado en prácticas, representase a un colega ante los tribunales y declaró en contra del Centro Deportivo High Wycombe en un juicio que había emprendido un empleado discapacitado del centro. El denunciante consiguió una gran indemnización.

Tras dicha declaración a favor de un compañero de trabajo por parte de Britton, el jefe del mismo comenzó a acosarlo de forma constante usando para ello la homosexualidad de Britton. Britton describe que el abuso comenzó cuando su manager Graham Ashby lo llamó un «gay codicioso» de nuevo en 2013, cuando le oyó diciendo que iba a pedir una pizza.

El jefe del denunciante obligó al mismo a cambiarse en el vestuario destinado a discapacitados, alegando que ir al baño de los hombres hubiera sido como si él, un hombre heterosexual, acudiera al baño de las mujeres. Continuando en el tribunal de Reading, Britton también dijo que Ashby le dijo que sería «incorrecto» para él  enseñar a los niños.

En otro incidente, Britton describió cómo Ashby le preguntó si él era un Tory (miembro del Partido Conservador), y cuando se le preguntó por qué quería saberlo, le dijo: «Gay y Tory sólo puede significar una cosa.» Cuando le preguntó lo que significaba para él, Ashby entonces supuestamente dijo «pedófilo«, y se alejó.

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La Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda desde el año 2001 la no exigencia de la prueba de detección VIH en los reconocimientos médicos de las empresas, ni en el momento de contratar a los trabajadores ni como requisitos para la continuación de la relación de trabajo. La realización de esta prueba, dice la OIT, es “innecesaria” e “injustificada”.

Gran parte de los casos de discriminación laboral son debidos a la desinformación sobre el VIH y sus vías de transmisión, como posiblemente sea el caso que ha salido a la luz estos días del guardia civil apartado de su puesto de trabajo, presuntamente por vivir con el VIH. CESIDA denuncia que en España sigue existiendo veto en las profesiones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, rechazando el acceso laboral a personas con VIH a pesar de haber superado las pruebas físicas y de aptitudes.

“Una buena información y educación son fundamentales para evitar casos de rechazo, hay que insistir en que el VIH no es una enfermedad contagiosa, como puede ser el ébola, sino transmisible. De ahí también la importancia del lenguaje para eliminar discriminaciones”, afirma Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA.

Así, CESIDA demanda desde hace años una revisión de protocolos y de legislación que dificulta el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con VIH como la errónea categorización del VIH como “enfermedad infecto-contagiosa” en lugar de “infecto-transmisible”, que provoca que con la legislación en la mano se produzcan casos de rechazo laboral.

Las vías de transmisión (sexual, vertical y sanguínea) son conocidas desde el inicio de la epidemia y existe un acuerdo unánime sobre la importancia que tienen las medidas universales de prevención de la transmisión para evitar que se produzcan nuevas infecciones. Estas medidas fueron adoptadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se han incorporado a nuestros sistemas de salud pública.

Las personas con VIH que gracias al tratamiento antirretroviral tienen una carga viral indetectable, y por lo tanto sin capacidad de transmisión del virus, están asintomáticas, “son tan aptas para desempeñar con éxito su labor como aquellas personas que no tienen VIH”, aclara el presidente de CESIDA.

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Me pregunto si «podemos» llamar homófobo a este representante de la Venezuela que encandila a algunos… Es que nos «apetece»…

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial de Venezuela, Freddy Bernal, ha declarado, en una entrevista concedida a la cadena Globovisión, que un homosexual puede formar parte del cuerpo policial venezolano “siempre y cuando no manifieste públicamente su apetencia sexual, porque imagínate un oficial de policía que quiera ponerse camisa rosada o que se pinte los labios”. Según Bernal, la manifestación pública de la homosexualidad va “contra la estructura de formación de lo que debe ser un oficial de policía”.

«Sí, puede ser funcionario policial, siempre y cuando no manifieste públicamente su apetencia sexual, porque imagínate un funcionario que quiera ponerse camisa rosada o pintarse los labios», dijo Bernal en una entrevista al canal Globovisión, al ser consultado sobre si un funcionario policial puede ser homosexual. «No sé en otras partes del mundo pero en Venezuela, eso no va ni con nuestra cultura», añadió Bernal, quien también remarcó que no está contra «la diversidad sexual» y que «cada quien tiene derecho a la libre determinación sexual».

Bernal, que dirige una comisión encargada de depurar los cuerpos policiales venezolanos, aseguró que en Venezuela «no hay discriminación de raza, sexo, o condición social». «Como somos socialistas, aceptamos y valoramos por encima de la condición sexual la condición humana, que es lo más importante, pero en una academia de policía tiene que haber hombres y mujeres que den el ejemplo», dijo.

Asimismo, el también exfuncionario policial, reprobó el que personas con tatuajes, zarcillos o hippies formen parte de la Policía Nacional Bolivariana e indicó que la gente con estas características podría ser enviada «al ministerio de Cultura, o al ministerio de las Comunas». «Cómo nosotros vamos a formar un funcionario de policía con un zarcillo, y no tengo nada contra los que usan zarcillo, o cómo vamos a formar un funcionario de policía a un hippie», señaló el también exparlamentario.

Freddy Bernal ha sido nombrado por el gobierno de Nicolás Maduro como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, cuyo objetivo es la revisión exhaustiva del desempeño policial venezolano y una reestructuración en profundidad de las fuerzas de seguridad venezolanas. Licenciado en Ciencias Policiales y antiguo policía él mismo, Bernal llegó a ejercer como subinspector antes de dedicarse a la carrera política, en la que, entre otros, desempeñó el cargo de alcalde del municipio de Libertador, situado en el área metropolitana de Caracas, la capital venezolana, desde el 2000 al 2008.

Entrevistado respecto a sus tareas de reforma por la cadena televisiva Globovisión el pasado 18 de marzo, Bernal fue interrogado sobre la posibilidad de que las personas homosexuales pudieran servir abiertamente en los cuerpos de seguridad venezolanos. Su respuesta evidenció una fuerte homofobia basada en prejuicios y estereotipos, apenas velada por reafirmaciones sobre la igualdad de derechos de los ciudadanos de Venezuela.

Reproducimos el vídeo con sus declaraciones sobre este asunto (comienzan a partir del segundo 39), y las transcribimos a continuación:

Un homosexual puede ser funcionario policial siempre y cuando no manifieste públicamente su apetencia sexual, porque imagínate un oficial de policía que quiera ponerse camisa rosada o que se pinte los labios. No sé en otras partes del mundo, pero en Venezuela eso no va ni con nuestra cultura.

Y lo ratifico, yo no tengo nada contra la identidad sexual, cada quien tiene su derecho a la libre determinación sexual, y hay hombres y mujeres de la diversidad sexual bien calificados, intelectuales, profesores, universitarios… pero en materia de las Fuerzas Armadas nacionales, en mi opinión, o en materia de la Policía Nacional Bolivariana, podría haber una persona que sea gay, y eso es el derecho de cada quien a serlo, pero no podría manifestarlo públicamente, ¿por qué?, porque va contra la estructura de formación de lo que debe ser un oficial de policía.

Ese tipo de concepto y ese tipo de debate… sin ser xenófobo, sin ser homofóbico, sin discriminación. Porque todo el mundo en la Constitución… aquí no hay discriminación de raza, sexo o condición social. Y los socialistas, como somos socialistas, aceptamos y valoramos por encima de la condición sexual la condición humana, que es lo más importante, pero en una academia de policía tiene que haber hombres y mujeres que den el ejemplo de idoneidad, de trabajo, de sacrificio a la sociedad.

En fin, que está claro que para Bernal,  las personas LGTB no parecen ser dignas de dar ese ejemplo.

Venezuela, como en tantas cosas, está quedando atrasada respecto a otros países del entorno latinoamericano en lo que se refiere a los derechos de las personas LGTB. La discusión sobre un posible reconocimiento de las parejas del mismo sexo o la adopción homoparental a nivel legislativo está congelada, a pesar de que en enero de 2014 más de 40 colectivos consignaron ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de matrimonio igualitario.

Tampoco hay avances desde el ámbito judicial, que han sido el acicate para el reconocimiento de los derechos LGTB en otros países. En diciembre de 2013 se produjo la negativa del Registro Civil de Caracas a inscribir el matrimonio celebrado en Argentina entre dos ciudadanas venezolanas. Una negativa que tenía lugar poco después de que la justicia de ese país se negara también a reconocer a otra pareja la posibilidad de ver reconocida su unión de hecho al entender que las leyes venezolanas solo permiten entender esta unión como “entre un hombre y una mujer”, dejando como única posibilidad para la pareja la constitución de una comunidad de bienes ordinaria.

El camino no parece fácil en un país en el que, al margen de tensiones ideológicas, existe una fuerte homofobia social de base. Lo cierto es que en un ámbito como el latinoamericano, donde ya Argentina, Uruguay y Brasil permiten el matrimonio igualitario, México lo permite en algunos territorios (y su extensión a todo el país parece imparable), en Colombia hay ya varias parejas del mismo sexo casadas como consecuencia de sentencias judiciales y Chile ha aprobado una avanzada ley de uniones civiles (mientras mantiene abierto el debate sobre el matrimonio igualitario) el retraso en materia LGTB en Venezuela queda cada vez más en evidencia.

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La trabajadora social india Meena Seshu, fundadora de la organización de lucha por los derechos humanos Sangram, ha querido explicar su aprendizaje como activista con la población LGTB y los trabajadores del sexo de su país. La principal lección que ha aprendido es que hay que acercarse a estos colectivos con humildad, respeto y ausencia de prejuicios.  De otra manera se obtiene el rechazo más profundo, que se resume en el lema “Salvadnos de nuestros salvadores”, que las personas LGTB y los trabajadores del sexo de la India enarbolan ante quienes, en su labor social, demuestran un desconocimiento profundo de su realidad.

El pasado mes de diciembre tuvieron lugar en Nueva York unas jornadas sobre la realidad LGTB alrededor del mundo, bajo en nombre de Quorum: Global LGTB Voices. En ellas, la fundadora de Sangram, Meena Seshu, presentó una conferencia en la que dio a conocer una colección de vídeos que resumen su experiencia como trabajadora social en la India. Su labor estaba dedicada, entre otras, a colaborar con los colectivos LGTB y de trabajadores del sexo de la región de Maharashtra, donde radica Bombay, el centro económico del país.

En la conferencia, Meena Seshu contó sus inicios como trabajadora social. Unos inicios en los que tuvo que asimilar que no solo los evangélicos americanos deben aprender a respetar a las personas LGTB y a los trabajadores del sexo, también deben hacerlo los activistas progresistas como ella. Sus palabras fueron elocuentes:

Fui entrenada como trabajadora social. Ya sabéis que los trabajadores sociales guiamos comunidades. Ese es nuestro trabajo. Así que estaba completamente preparada para ir y empezar a trabajar con esta comunidad y guiarla. Podéis imaginaros cuál fue  mi sorpresa cuando la comunidad se resistió totalmente y me dijo: “No tienes ningún conocimiento sobre el trabajo sexual, no tienes comprensión alguna de lo que significa ser un trabajador sexual ¿Qué quieres decir con que quieres guiarnos?”. Me quedé boquiabierta y dije algo como: “Lo siento. Tenéis razón. No sé nada. ¿Podéis enseñarme?”

Resultado de toda la experiencia adquirida en años de servicio a la comunidad es la Declaración de Derechos formulada por Sangram, de la que Meena Seshu habló en el último vídeo que presentó en su conferencia. La Declaración incluye estos cinco derechos fundamentales, que fueron comentados por la activista:

1. Las personas tienen derecho a que se les dirijan con humildad y respeto: La clase media, las mujeres de casta alta de la India, no tienen idea de cómo viven los trabajadores del sexo comunes. Sin embargo nos creemos con el privilegio de pensar que les podemos enseñar algo, incluso sobre su propia vida y sus propias experiencias. Hemos aprendido que eso no se puede hacer. Hay que dejar que la comunidad conduzca sus programas. Hay que ir allí y ser humildes, hay que ser respetuosos con la comunidad para poder obtener para ellos algún tipo de justicia.
2. Las personas tienen el derecho de rechazar las normas sociales que las perjudican: Si las mujeres transexuales opinan que son mujeres, entonces el movimiento de los derechos de la mujer tendrá que aceptarlas y decir que son mujeres, que tienen derechos como mujeres, y que sus derechos deben ser respetados. Las activistas de los derechos de las mujeres como nosotras tenemos que aprender que esas normas sociales perjudiciales también han imbuido a las feministas y a parte del movimiento por los derechos de las mujeres. Eso tiene que cambiar.
3. Las personas tienen derecho a rebelarse y cambiar el equilibrio de poder.
4. Las personas tienen el derecho a no ser “rescatadas” por extraños que ni les entienden ni les respetan.
5. Las personas tienen el derecho a vivir como quieren vivir.

Una lección aprendida desde la primera línea de trabajo, que sin duda todos deberíamos tener en cuenta. Podéis ver a continuación el vídeo de la conferencia (en inglés):

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