Leemos en Dosmanzanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación ante los “niveles inquietantes de violencia y ataques brutales” perpetrados en los últimos meses contra personas LGTBI y contra organizaciones y personas que defienden sus derechos en varios países de América. Baste un dato: entre octubre de 2013 y enero de 2014, al menos 58 mujeres trans, 58 hombres gays, dos lesbianas y un hombre bisexual han sido asesinados en el continente. La CIDH insta a los estados a adoptar medidas urgentes y efectivas para enfrentar y prevenir este tipo de violencia.

Haití, Honduras, Nicaragua…

A la luz de la información recabada entre octubre de 2013 y enero de 2014, la CIDH alerta del creciente número de ataques contra organizaciones LGBTI. “Por ejemplo, en Puerto Príncipe, Haití, una ONG LGBTI informó que su oficina fue ferozmente saqueada y que sus miembros fueron atacados físicamente, amenazados y hostigados. Los atacantes les habrían proferido agravios de carácter homofóbico y habrían robado computadoras y materiales”, expresa el comunicado de la CIDH (el informe se refiere en este punto al ataque a la oficina de la organización jamaicana Kouraj, recogido por dosmanzanas en noviembre).

“En Tegucigalpa, Honduras defensoras y defensores de personas LGBTI y de personas que viven con VIH se vieron en la necesidad de cerrar su oficina a causa de ser continuamente objeto de amenazas y ataques. Durante los meses previos, integrantes de la organización habrían sido víctimas de ataques físicos, persecuciones por la calle, ataques por parte de agentes de policía y, en julio de 2013, la hija de una de las lideresas habría sido secuestrada. Otros informes señalan que, en enero de 2014, una pandilla habría ingresado violentamente en la oficina de una organización trans nicaragüense en la ciudad de Managua y habrían atacado a integrantes de la organización, robado materiales y causado daños en el lugar”, continúa el texto.

Chile, Perú, México… pero también Estados Unidos

El comunicado de la CIDH prosigue mencionando ejemplos concretos: “En noviembre de 2013, una mujer trans defensora de derechos humanos fue brutalmente atacada en la puerta de su casa por un grupo de hombres y mujeres en Antofagasta, Chile. En el mismo mes, un hombre trans fue abordado y atacado por un grupo de hombres, cuando se encontraba camino a participar de una actividad para recaudar fondos organizada por una ONG LGBTI en Lima, Perú. La Comisión también manifiesta su preocupación por los obstáculos que encuentran quienes promueven y defienden los derechos de las personas LGBTI. En Monterrey, México, a una organización estudiantil LGBTI le fue denegado el permiso para operar en el campus de una universidad privada con el fin de concientizar sobre la homofobia. En Lima, Perú, una integrante del Concejo Metropolitano de Lima, quien insistía en incluir una referencia explícita a las personas LGBTI en la ley anti-discriminación, fue atacada verbalmente por otro integrante”.

“En California, Estados Unidos, una docente fue supuestamente despedida por defender abiertamente a alumnos LGBTI que estaban siendo víctima de hostigamiento escolar”, añade el comunicado.

Decenas de asesinatos en Brasil

La CIDH ha sido informada de que en los cuatro meses referidos al menos 58 mujeres trans han sido asesinadas en Argentina (2), Belice (1), Brasil (39), Chile (1), Colombia (2), Honduras (1), Jamaica (1), México (3), Perú (2), Estados Unidos (2), Uruguay (1) y Venezuela (3). Distintos informes señalan también que al menos 58 hombres gay habrían sido asesinados en el mismo período en Brasil (50), Chile (3), Cuba (1), Honduras (1), México (2) y Perú (1). Dos lesbianas y un hombre bisexual habrían sido también víctimas de asesinatos en Brasil, país que en números absolutos lidera el ranking de la infamia. Datos que van en la misma dirección que los de Transgender Europe, organización que hace un esfuerzo de monitorización de los asesinatos tránsfobos, y que también ha detectado el altísimo número de los que se cometen en Brasil, aunque en términos relativos, ajustados a su población, el caso de Honduras es especialmente sangrante (la dura realidad de las personas LGTB en ese país centroamericano ha llamado nuestra atención en numerosas ocasiones).

Además de los asesinatos, se han reportado ataques violentos contra mujeres trans en diferentes provincias de Argentina, en Brasil, Colombia y Estados Unidos (2). La CIDH también recibió información de graves ataques contra hombres gays en Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Uruguay.

La CIDH urge a los estados a actuar

La CIDH recuerda que los estados tienen la obligación de investigar estos actos de violencia y sancionar a sus responsables. “En términos generales, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes. Al respecto, la Comisión Interamericana reitera que la inefectividad de la respuesta estatal fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la indefensión”, expresa. La CIDH insta también a los estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) a “llevar adelante análisis exhaustivos de todas las hipótesis posibles sobre los crímenes cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos de las personas LGBTI y así establecer si el móvil de los mismos fue la actividad de promoción y defensa de derechos humanos de la víctima y a llevar registros de la violencia contra las personas LGBTI”.

La CIDH es un organismo autónomo de la OEA que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, integrada por siete miembros independientes. Muy recientemente este organismo ha puesto además en marcha una relatoría dedicada a los derechos LGTBI, al frente de la cual se sitúa la abogada jamaicana Tracy Robinson.

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La gobernadora de Arizona vetó recientemente una ley aprobada por las cámaras del estado que permitía discriminar a las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Ahora se ha dado a conocer una encuesta que revela la gran oposición popular a dicha ley, así como el cambio experimentado entre los ciudadanos de Arizona respecto al matrimonio igualitario, cuyos partidarios superan por primera vez a los detractores. La misma tendencia favorable a la igualdad se observa en otras encuentas realizadas a nivel nacional en los Estados Unidos.

No solo las grandes compañías como Apple, American Airlines o los organizadores de eventos deportivos como la Liga Nacional de Fútbol Americano se oponían a la ley homófoba que aprobaran las cámaras representativas de Arizona, también la mayoría de los ciudadanos del estado se han declarado contrarios en una encuesta realizada por la firma Public Policy Polling.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión”, hubiera autorizado la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Con su entrada en vigor, el propietario de cualquier negocio podría haberse negarse a atender a clientes cuando ello hubiera colisionado “de forma sustancialmente motivada” con su fe. Aunque el texto no las mencionaba, el objetivo de la ley no era otro que las personas LGTB pasaran a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podría denegar servicios sin que ello supusiera una infracción.

La encuesta de Public Policy Polling revela que un amplio 66 % de los ciudadanos de Arizona apoyan el veto de la gobernadora, que ha dejado la ley sin efectos, frente a un minoritario 22 % favorable a que la medida hubiera entrado en vigor.

En el sondeo, en el que se interrogaba a los ciudadanos sobre asuntos de interés social y político, se mostraba también interés por su opinión acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, ofreciendo datos que ponen de relieve el cambio social que se está experimentando hasta en las zonas tradicionalmente más conservadoras de los Estados Unidos. Un 49 % de los encuestados se mostraba favorable a la legalización del matrimonio igualitario en Arizona, frente al 41 % que se declaraba opuesto, siendo la primera vez que los partidarios de la igualdad superan a los discriminadores. Entre los menores de 45 años los porcentajes difieren aún más: un 56 % de partidarios frente a un 36 % de detractores.

Dean Debman, presidente de Public Policy Polling, señala que “Arizona es un buen ejemplo de cómo está cambiando la nación respecto a la cuestión de los derechos de los homosexuales”, constatando que “ahora no apoyan nuevas leyes que discriminen a los gais y sí apoyan nuevas leyes que les otorguen igualdad completa”. Hace un poco más de dos años, en noviembre de 2011, una encuesta semejante ofrecía el resultado de un 45 % de opositores al matrimonio igualitario frente a un 44 % de partidarios.

Apoyo al matrimonio igualitario en el conjunto de Estados Unidos

Otras encuestas publicadas recientemente confirman el apoyo mayoritario de la población al matrimonio entre personas del mismo sexo en el conjunto de los Estados Unidos. El estudio del independiente Public Religion Research Institute reflejaba que un 53 % de los estadounidenses apoya el matrimonio igualitario frente a un 41 % que se opone. En 2003 el mismo tipo de encuesta mostraba que solo un 32 % apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, al que se oponía un 59 %. El cambio es considerable.

El cuestionario ofrece datos interesantes, como el que se refiere a la opinión sobre la igualdad matrimonial por regiones. Los partidarios son mayoritarios en el Noreste (60 %), Oeste (58 %) y Medio Oeste (51 %), mientras que en el Sur hay un empate entre partidarios y detractores, alcanzando ambos el 48 % de los encuestados.

Por creencias religiosas, el matrimonio entre personas del mismo sexo cuenta con un apoyo mayoritario entre los judíos (83 %), los que no se adhieren a ningún grupo religioso (73 %), los blancos protestantes no evangélicos (62 %), los católicos no hispanos (58 %) y los católicos hispanos (56 %). Frente a ellos, un 69 % de los blancos evangélicos y un 59 % de los negros protestantes se oponen a la igualdad de derechos de las personas LGTB.

Otra encuesta, realizada para el New York Times y CBS News a finales del pasado mes de febrero, indagaba sobre la opinión de los ciudadanos estadounidenses respecto a los asuntos políticos de interés general. En ella se reflejaba que un 56 % de los encuestados estimaban que el matrimonio entre personas del mismo sexo debía ser legalizado, frente a un 39 % que opinaba que no debía serlo.

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De nuevo nos llegan malas noticias de África, en este caso desde Zimbabue. Su presidente Robert Mugabe, ya famoso por su odio a las personas LGTB, ha respaldado la ley homófoba recientemente aprobada en Uganda. En un gesto de amenaza, Mugabe ha asegurado además conocer desde hace poco tiempo la existencia de asociaciones LGTB en su país y ha insinuado que debería intervenirse contra ellas.

Según Robert Mugabe, en referencia a la ley ugandesa, “quieren decirnos que es una violación de los derechos humanos. Eso es lo que le están haciendo a Museveni [Yoweri Museweni, el presidente de Uganda]”. Mugabe añadió que “el derecho humano es a casarte con otra mujer, no tomar a otro hombre en matrimonio”, haciendo con ello referencia a un argumento usual entre grupos opuestos al matrimonio igualitario.

Pero el presidente de Zimbabue no se detuvo ahí, sino que hizo referencia además a la militancia LGTB de su propio país en términos que pueden describirse perfectamente como una amenaza. “Tengo entendido que hay un grupo de homosexuales en este país. No lo sabía hasta que me lo dijeron hace unos días. Por ello, queremos examinar quién está en ese grupo”. La asociación a la que se refería Mugabe no es otra que Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ), que lleva trabajando ya años a pesar de todos los obstáculos. Aunque Mugabe afirme ahora que ignoraba su existencia, lo cierto es que sus oficinas han sufrido ya registros de la policía en reiteradas ocasiones y en 2012 sus oficinas fueron incluso clausuradas. Esta misma asociación, por cierto, fue objeto de una triste polémica hace unos años en España, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les concedió una ayuda de poco más de 28.000 euros que medios conservadores y Partido Popular criticaron con dureza.

Robert Mugabe, en cualquier caso, cuenta con un amplio historial homófobo. En su última campaña electoral prometía convertir Zimbabue en un “infierno para los homosexuales”, amenazaba a gays y lesbianas con “cortarles la cabeza” y los tachaba de ser “peores que los perros y los cerdos”, porque “el cerdo macho conoce a la hembra”. Pero en cuanto a declaraciones homófobas del presidente de Zimbabue tenemos en dosmanzanas un amplio repertorio para elegir: calificó de “satánica“ la propuesta de David Cameron de asociar la ayuda británica al desarrollo al respeto de los derechos de la población LGTB y unos meses después, mandó al mandatario europeo “al infierno“ por defender los derechos LGTB. Antes había calificado a la homosexualidad de “inmundicia europea“. Otra de sus ocurrencias fue acusar a los gays de perjudicar los derechos de las mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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COLEGAS pide a Margallo que hable sobre los Derechos humanos de los homosexuales a los dirigentes iraníes

Este lunes dosmanzanas recogía en una entrada la noticia de la ejecución en Irán de dos hombres homosexuales tras ser declarados culpables de cometer “actos ilícitos”. Varios medios LGTB internacionales llegaban a hacerse eco de la historia, de hecho. Pero según apuntaba este martes el prestigioso activista Scott Long todo apunta a que en realidad se ha tratado de una manipulación. Nosotros por el momento hemos decidido eliminar la entrada previa y pediros nuestras más sinceras disculpas.

La noticia era difundida por Iran Press News, que se identifica como un medio de comunicación independiente centrado en la lucha a favor de los derechos humanos y en el avance de la democracia en Irán. Un medio que al parecer goza de cierto predicamento en círculos de la extrema derecha estadounidense, siempre dispuesta a vilipendiar al régimen iraní. Pero todo parece indicar que Iran Press News interpretó libremente que los ejecutados eran homosexuales, cuando remontándose a las fuentes originales en persa los ejecutados habían sido declarados culpables de la violación de varias mujeres. En dicha tergiversación podría haber tenido un papel relevante Banadseh Zand, exiliada iraní en Estados Unidos y colaboradora de medios conservadores de ese país, entre ellos Fox News. La noticia habría tenido como derivada el reproche de medios conservadores estadounidenses a activistas LGTB de ese país, a los que habrían acusado de guardar silencio sobre la situación en Irán mientras se quejan de que en Estados Unidos un pastelero pueda negarse a hacer un pastel de boda para una pareja del mismo sexo. En definitiva, una versión a la americana del “peor os tratan a los homosexuales en Cuba o Irán”, un argumento recurrente entre los homófobos conservadores españoles.

Conviene precisar que Scott Long, el activista que ha desmontado la historia, no es precisamente sospechoso de ser comprensivo hacia la situación de los derechos humanos en Irán. Long ha sido director ejecutivo de Human Rights Watch, organización que ha denunciado (como recogimos en diciembre de 2010) las situaciones de acoso policial, arrestos indiscriminados, malos tratos, tortura, condenas judiciales que llegan a la muerte, etc., que padecen las personas LGTB en ese país. La noticia de la posible tergiversación ha sido recogida también por prestigiosos medios LGTB que en su momento presentaron la noticia, como el blog Joe My God.

Ante las fundadas dudas de que la historia haya sido manipulada, hemos decidido retirar la entrada original, aunque reconociendo nuestro error, y pediros disculpas. Por desgracia dosmanzanas carece de la capacidad de contrastar de primera mano noticias de este tipo. Nos vemos obligados a fiarnos de fuentes accesibles a través de internet y hacer un esfuerzo de filtro y selección. Aún así, nos equivocamos, como ahora, por lo que reiteramos nuestras disculpas.

Lo que no cambia: la terrible situación de las personas homosexuales en Irán

Todo lo dicho no cambia el hecho de que las personas homosexuales en Irán sean víctimas de una situación terrible. La más reciente modificación del Código Penal iraní sobre la materia, efectuada en 2012, establece fuertes penas para los delitos relacionados con la homosexualidad, que pueden ir desde el castigo a recibir 60 latigazos (en el caso de dos hombres que se besan de forma apasionada) hasta la muerte (en el caso del sexo anal con penetración). Y no solo se castiga el sexo homosexual masculino. El lesbianismo (definido como encuentro sexual entre dos mujeres que incluya contacto genital), está castigado con una pena de 100 latigazos para ambas participantes, pero si hay reincidencia, se aplicará la pena de muerte cuando se repita la considerada ofensa por una cuarta vez.

En cualquier caso la situación de las personas homosexuales en Irán, cuya existencia el entonces presidente Mahmud Ahmadineyad empezó a reconocer solo en 2011, es difícil desde mucho antes, y así lo ha seguido siendo. En dosmanzanas hemos recogido varios casos (como el ahorcamiento en abril de 2012 de un joven por cometer “actos despreciables”, la ejecución en septiembre de 2011 de tres hombres acusados de mantener relaciones, o los casos anteriores de Ayun y Mosleh, Ebrahim Hamidi, Reza, Alireza, Hamid y Amir Hossein o Nemat Safavi, entre muchos otros de los que ni siquiera nos llega noticia). Y en octubre de 2013 informábamos, por ejemplo, de la detención de al menos 17 personas, acusadas de formar parte de un red de “homosexuales y satanistas”.

Por si todo ello fuera poco, el gobierno iraní ha defendido además las peligrosas “terapias reparadoras” de la homosexualidad. Es más, según activistas de defensa de los derechos LGTB, algunos homosexuales se ven obligados a someterse a operaciones de reasignación de sexo. De hecho, la reasignación de sexo no es opcional, y se produce inmediatamente después del diagnóstico. Aquellos que se niegan a cambiar su género se enfrentan a persecución por ser considerados homosexuales.

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Una pareja de activistas LGTB de Myanmar (también conocido como Birmania) ha celebrado este domingo una ceremonia pública de boda, que ha tenido gran repercusión mediática. Pese a carecer de validez leal (Myanmar no permite el matrimonio igualitario), su valor simbólico es indudable.

Tin Ko Ko, de 38 años, y Myo Min Htet de 28, son pareja desde hace 10 años. En este tiempo se han enfrentado al rechazo de parte de sus familias y a las dificultades económicas de la vida en común, pero poco a poco las han ido superando, hasta celebrar hoy día su boda acompañados de hasta 6 padrinos y delante de unos 200 invitados. Ha sido en un hotel de Yangon, y aunque el lugar se mantuvo en secreto hasta el último momento para evitar incidentes protagonizados por grupos homófobos algunos fotógrafos fueron invitados para que retrataran el momento.

Leemos en Ragap y en Dosmanzanas:

En Myanmar no es legal el matrimonio igualitario, pero la primera boda gay abierta a todo el mundo en este país tiene un gran valor simbólico. Vestidos con atuendos tradicionales, y adornados con guirnaldas, Tin Ko Ko y Myo Min Htet celebraron su enlace este fin de semana, el primero hecho público en este país asiático, según informaron a la agencia France Presse.

Los dos jóvenes, activistas LGTB locales, vestían un atuendo de boda tradicional adornado con guirnaldas. Una imagen que este lunes recogían los medios birmanos, poco acostumbrados a este tipo de acciones.

El intercambio de anillos tuvo lugar este domingo 2 de marzo en un hotel de la ciudad de Yangon. Todo un símbolo de la apertura que experimenta el país que trata de salir a flote después de casi cinco décadas de dictadura militar.

Como cualquier otra boda típica en el país, los contrayentes llegaron en solemne procesión hasta el lugar donde oficiaban la ceremonia. Les acompañaron seis padrinos y más de 200 invitados.

“Mi familia me acepta. Estoy muy contengo de que mis padres lo entiendan… pero él tuvo que enfrentar muchas dificultades por parte de su familia”, dijo Tin Ko Ko, de 38 años, en referencia a su pareja.

Los dos trabajan en un grupo de defensa de derechos. Viven juntos desde hace 10 años, pero ha sido ahora cuando han hecho pública su relación de pareja.

Y es que la situación de los derechos LGTB en Myanmar no es precisamente buena: el país, de cultura mayoritariamente budista, mantiene en vigor la sección 377 del Código Penal que castiga las relaciones homosexuales con penas de cárcel (que pueden llegar a cadena perpetua). Una herencia de la época colonial que aunque en la práctica no se aplica pende como una espada de Damocles sobre las personas LGTB birmanas. El Código Penal de ese país prohíbe incluso la celebración de este tipo de ceremonias de boda sin validez legal. “Esto es un desafío para nuestros vecinos, que no nos entienden y nos ven como gente extraña”, afirmaba en la boda Aung Myo Min, activista de Equality Myanmar. Si bien la ley no se hace cumplir estrictamente, los activistas denuncian que sufren acoso y discriminación. Pero los tabúes en torno a la homosexualidad han empezado a relajarse después del fin de la dictadura militar en 2011.  Poco a poco, en paralelo a una mayor apertura política, se vaya consolidando una cierta visibilidad. En 2012, de hecho, se celebró el que puede considerarse “primer Orgullo LGTB” de la historia del país: un festival que congregó entonces a varios centenares de personas. Confiemos en que el ejemplo de Tin Ko Ko y Myo Min Htet afiance esta situación y permita avanzar hacia el reconocimiento de derechos.

Los novios informaron a los medios locales sobre la celebración de la boda, pero mantuvieron el lugar en secreto por temor a que grupos homófobos pudiesen interrumpir la boda. Algunos periodistas pudieron acudir, y hoy las fotos de la boda abren los periódicos locales.

“Los dos nos esforzamos por hacer de esto realidad. Estoy casi sin palabras, estoy muy feliz”, dijo Myo Min Htet, de 28 años. Y agregó que el evento coincide con el décimo aniversario de la pareja.

“Esto es como un desafío a nuestros vecinos, que no nos entienden y nos ven como personas muy extrañas”, dijo Aung Myo Min, del grupo de derechos Equality Myanmar, dirigiéndose a los invitados.

Los invitados a la boda aplaudieron cuando la pareja se besó, después de cortar un pastel en forma de corazón.

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En medio del panorama desolador que ofrece el reconocimiento de los derechos de las personas LGTB en diversos países de África, conocemos una noticia que sirve de cierto contrapunto, por más que sea insuficiente. En Zambia, un tribunal ha absuelto al activista Paul Kasonkomona de promover la homosexualidad.

Kasonkomona fue detenido en abril de 2013, después de defender los derechos de las personas homosexuales en un programa de televisión. La policía le esperó a la salida de los estudios y, aunque sus amigos trataron de esconderle en un coche, terminó deteniéndole acusado de infringir la sección 178(g) del Código Penal de Zambia, que castiga la “conducta ociosa y desordenada”, al establecer que con la defensa de los derechos LGTB “incitaba al público a tomar parte en actividades indecentes”. Una vez iniciado el proceso, Kasonkomona solicitó que el caso fuera llevado a la Corte Superior, por entender que la vaguedad de la sección 178(g) vulneraba el derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución de Zambia, que ampara el derecho a la libertad de expresión. El juez estimó el recurso y trasladó los cargos al tribunal de mayor rango.

En septiembre pasado, sin embargo, la Corte Superior de Lusaka desestimó el recurso, resolviendo que “la fundada opinión de que el asunto del que trata la sección 178(g) del Código Penal no es el mismo que el referido en el artículo 20 de la Constitución. Ambos temas son distintos. Por tanto, al no haber un problema constitucional relativo a la violación de los derechos fundamentales del acusado, no habría motivo para que el juez nos remitiera el caso. Por ello, se envía el expediente de nuevo al magistrado para que disponga sobre él”. Es decir, el defender de palabra y en público los derechos LGTB no está amparado por el derecho a la libertad de expresión que recoge la Constitución de Zambia.

Finalmente el caso ha sido juzgado, y la sentencia ha resultado favorable a Kasomkomona. El juez, por cierto, ha enmendado la plana a la Corte Superior, al afirmar que “el debate público es importante incluso en temas polémicos que repugnan a algunos miembros de la comunidad”. La sentencia es importante, en tanto que abre las puertas a que hablar en público de relaciones sexuales no heterosexuales tenga cierto encaje legal. un pequeño rayo de esperanza en un entorno geográfico y político del que no paran de llegar malas noticias, como la aprobación de leyes fuertemente homófobas en Uganda y Nigeria. Una creciente homofobia gubernamental que, como señala Alberto Eisman, misionero español en Uganda, responde en buena parte a la necesidad de buscar un chivo expiatorio frente a los problemas sociales en esos países.

Zambia, homofobia social y de estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos como múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones de Edgar Lungu, su ministro de Interior, a principios de 2013. “Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país”, afirmaba entonces.

James Mwape y Philip Mubiana siguen en prisión

Peor suerte que Paul Kasonkomona han corrido James Mwape y Philip Mubiana, detenidos en mayo de 2013 bajo la acusación de “sodomía o de mantener relaciones sexuales contra natura”.

Ya en septiembre recogíamos la petición de Amnistía Internacional de liberar sin cargos a los dos jóvenes, que entre otros malos tratos habrían sido sometidos al infame “reconocimiento anal” (una práctica denunciada por organizaciones internacionales como una forma más de tortura). Desgraciadamente la pareja ha seguido en prisión durante todo este tiempo, como Amnistia Internacional volvía a recordar hace pocos días. El juicio ha tardado casi un año en celebrarse, y el pasado 25 de febrero se esperaba el veredicto (que en nuestro conocimiento aún no ha sido hecho público).

Existe, por cierto, una petición internacional en la plataforma Care2 a favor de la liberación de Mwape y Mubiana, que lleva recogidas casi 37.000 firmas. Puedes sumarte pinchando aquí y cumplimentando el formulario.

Fuente Dosmanzanas

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Uganda: ‘Occidente se puede quedar sus ayudas, aún nos desarrollaremos sin ellas‘

Un grupo de parlamentarios de Kenia pretende plantear el endurecimiento de las leyes contra la homosexualidad en el país africano, a semejanza de las legislaciones aprobadas recientemente en Uganda y Nigeria. Los activistas LGTB kenianos se disponen a luchar contra esta pretensión, utilizando todos los recursos a su alcance, incluso acudiendo a la Corte Constitucional.

Irungu Kangata, diputado por la coalición Jubilee Alliance (formada para apoyar electoralmente al actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta), lidera un grupo de parlamentarios que pretende endurecer las leyes kenianas contra la homosexualidad. El grupo responde a la presión que se ejerce desde determinados grupos y confesiones religiosas, que quieren emular las leyes ahora vigentes en la vecina Uganda y en Nigeria.

Kangata afirma que “vamos a plantear esta cuestión en el Parlamento,  y el director de la Seguridad del Estado y el fiscal general deberán explicar por qué la policía no ha podido detener a los autores de estos crímenes”, refiriéndose a quienes practican la homosexualidad, a la que equipara con el robo o el asesinato.

Si bien las relaciones homosexuales ya están castigadas en Kenia con penas de hasta 14 años de prisión, las recientes leyes ugandesas y nigerianas están encaminadas a hacer desaparecer cualquier rastro de actividad homosexual. La ley ugandesa llega a incrementar el castigo por mantener relaciones homosexuales hasta la cadena perpetua. En ambos países se penaliza, además, el activismo LGTB o cualquier acto de visibilidad de la homosexualidad. En Uganda incluso se llega a castigar a quienes no delaten a los sospechosos de comportamiento homosexual y en Nigeria a quienes colaboren con las asociaciones LGTB.

El activista LGTB Denis Nzioka mantiene un fundado temor de que un proyecto de ley semejante al ugandés se ponga sobre la mesa. “Me preocupa lo que vaya a suceder”, comenta Nzioka, “si bien el proyecto de ley aún debe ser tramitado en el Parlamento y eso llevará su tiempo. Pero la comunidad y los grupos de derechos humanos están preparando un plan de contraataque para asegurarse de que nunca vea la luz”.

Los recursos a los que pueden acudir los grupos de defensa de los derechos LGTB son los legales, ya que no cuentan con ningún apoyo entre la población. Más del 90% de los kenianos apoyan la discriminación de las personas LGTB. El único medio de que un proyecto de ley semejante no prospere se reduce a acudir a la Corte Constitucional de Kenia, y esperar a que esta lo declare inconstitucional.

Nzioka también teme que las leyes ugandesas y nigerianas se expandan por más países del entorno, sobre todo los del norte de mayoría musulmana. Aunque Kenia tiene una población mayoritariamente cristiana, existe una pujante comunidad musulmana en el noreste y las provincias costeras. En todo caso, tanto la una como la otra son fuertemente homófobas y la iniciativa parlamentaria, como en el caso de Uganda, parte de diputados de confesión cristiana.

Según Nzioka, la previsible expansión de estas leyes se cimenta en la ambición política de los líderes africanos, que ven en la homosexualidad el subterfugio perfecto para alcanzar mayor popularidad entre sus electores. “Sé que algunos de estos líderes se rebajan a ese nivel y hablan de criminalizar la homosexualidad”, afirma el activista. “Están jugando a la política con la homosexualidad, es su as en la manga. Los políticos usarán cualquier medio para asegurarse que son elegidos. Y no hay asunto más favorable para ello que la homosexualidad”, concluye.

Situación de las personas LGTB en Kenia

Como señalábamos antes, Kenia es un país mayoritariamente cristiano y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad con penas de hasta 14 años de cárcel (en base a leyes heredadas de la época colonial británica). Según un estudio del Pew Global Attitudes Project del año 2007, únicamente un 3% de sus 39 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 96% considera tal orientación sexual inaceptable.

Sin embargo, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB muy productivo. Entre sus miembros se encuentra el mencionado Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez una persona abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos y ser escuchado.

La reciente salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB.

Esperanza que no sobrevivirá al clima de fuerte homofobia que previsiblemente se desencadenará si el proyecto de ley homófobo es presentado. Recordemos las terribles atrocidades que se han sucedido tanto en Uganda como en Nigeria tras la promulgación de este tipo de leyes.

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Desde 2010, los matrimonios igualitarios son una realidad en la Argentina. Debido a la normalizada situación de las uniones LGTB en el país latinoamericano, la boda de una pareja homosexual en Buenos Aires ya no sería de por sí noticia. El hecho noticioso es que los recién casados, oriundos de la ciudad olímpica de Sochi, han querido escapar de la homofobia de estado de Rusia para formalizar su relación y vivir sin temor. Por ello, además, la pareja rusa solicitará que las autoridades argentinas les concedan el asilo político.

Alexander y Dimitri, de 47 y 35 años respectivamente, ya son un matrimonio legal. Tiempo atrás ya habían celebrado una ceremonia en Tailandia, pero carecía de validez legal. El pasado martes la feliz pareja se dio el “sí, quiero” en un registro civil de Buenos Aires (Argentina). Asimismo, Alexander y Dimitri contaron con unos testigos de excepción: Alex Freyre y José María Di Bello, la primera pareja en casarse en la Argentina, después de llevar al gobierno de Buenos Aires a los tribunales.

Di Bello y Freyre no se han limitado a acompañar a Alexander y Dimitri durante su enlace, sino que han estado con ellos desde que llegaron de Rusia y les han ofrecido asesoramiento legal. Según Alex Freyre “estos dos valientes hombres alzan su voz en nombre propio y de millones de rusos y rusas que han sido declarados ilegales. Ahora Alex y Dimitri estarán protegidos”.

El activista Freyre ha explicado que Alexander y Dimitri “tienen miedo por su libertad e integridad física una vez de vuelta en Rusia como hombres casados”. Además, la decisión de casarse y de solicitar asilo en la Argentina es, en palabras de Freyre, “una manera de denunciar las violaciones a los derechos humanos en Rusia”.

Fuente Dosmanzanas

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Nos cuenta Dosmanzanas que no ha pasado ni una semana desde que el presidente de Uganda, Yoweri Museweni, firmara -y defendiera con pasión- la ley que castiga con penas de hasta cadena perpetua a a gays y lesbianas e incluso criminaliza a todo aquel que les de cobertura o no los denuncie, y ya se empiezan a conocer las primeras consecuencias del clima homófobo generado por esta infame legislación. A las denuncias de intentos de suicidio, de historias de acoso e incluso de algún asesinato se une, y esto sí es un hecho cierto, la publicación por un tabloide ugandés de los nombres de supuestos 200 homosexuales, que ven como sus vidas pueden convertirse en un infierno de la noche a la mañana.

El tabloide Red Pepper ha publicado lo que ha llamado “el top 200″ de los homosexuales de Uganda, dando a conocer 200 nombres entre los cuales hay conocidos activistas LGTB (como Pepe Julian Onziema) pero también personas que nunca han expresado públicamente su orientación sexual y otras que sin ser LGTB han apoyado la igualdad de derechos. No se trata, desgraciadamente, de la primera vez que una publicación ugandesa hace algo así. Cómo no recordar el asesinato en enero de 2011 del activista gay David Kato, uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (otra publicación local), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la Horca”). Es cierto que el asesino de Kato fue finalmente detenido y condenado a 30 años de cárcel y que un juez llegó a prohibir la publicación de este tipo de listas, pero la propia Red Pepper hacía oídos sordos a la prohibición y seguía hace un año los pasos de Rolling Stone publicando una nueva lista de supuestos “reclutadores gays” que incluía nombres y fotos. Ahora, con el nuevo marco legal, es seguro que las publicaciones ugandesas se sentirán mucho más respaldadas para cometer este tipo de barbaridades.

Otra espantosa noticia que han recogido algunas webs es el asesinato de un joven, supuestamente gay, que habría sido quemado vivo en los días posteriores a la aprobación de la ley por el Parlamento de Uganda, que tuvo lugar a finales de diciembre. La historia no ha sido confirmada, y aunque algunas de las páginas que la recogen reproducen una terrible fotografía del cuerpo del joven aún en llamas siendo observado por un grupo de niños, bien podría corresponder a otro tipo de incidente (terrible en cualquier caso). Más fiable parece el testimonio de Kasha Nabagesera, una de las activistas LGTB más importantes de Uganda, que puesta con comunicación con Fundación Triángulo (ver más abajo) ha contado, entre otras cosas, que una pareja de chicos gays ha sido asesinada en Kampala “al no dejarse detener por la policía”.

También merece credibilidad el testimonio a la web británica Gay Star News del activista Pepe Julian Onziema (antes mencionado como una de las personas incluidas en la lista de Red Pepper) según el cual varias personas habrían intentado suicidarse -tres de ellas lo habrían conseguido- al no poder soportar la situación que se les viene encima.

Condena internacional y suspensión de la ayuda

En otro orden de cosas, la aprobación de la ley homófoba ha merecido la condena de personalidades y organismos internacionales. Algunas de ellas, como las de Desmond Tutu o las de la Casa Blanca, ya las recogíamos el lunes. Pero ha habido muchas más, entre ellas la del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que al igual que hizo Tutu comparó la legislación homófoba de Uganda al nazismo y al apartheid; la del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon; la de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navanethem “Navi” Pillay, o la de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la inglesa Catherine Ashton, por mencionar algunas de las más relevantes.

También resulta significativo que varios países hayan anunciado ya la paralización de las ayudas económicas a Uganda o al menos su revisión. Es el caso de Dinamarca, Holanda, Noruega, Reino Unido o Suecia. Varios de estos países han anunciado que derivarán dichas ayudas, en lugar del al Gobierno de Uganda, a organizaciones de la sociedad civil favorables a los derechos humanos. Conviene precisar, en este punto, que la retirada de ayuda internacional a Uganda es rechazada por la mayoría de los activistas LGTB de ese país, al considerar que no mejorará la situación y que incluso podría generar más hostilidad interna hacia las personas LGTB. El Gobierno de Uganda, entretanto, se muestra desafiante y ya ha manifestado a través de su portavoz que las amenazas de retirada de la ayuda occidental por este tema le son indiferentes.

Condena de los colectivos españoles

También en España se han sucedido las condenas, sobre todo por parte de los colectivos LGTB. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha hecho extensiva la condena a la situación que viven las personas LGTB en numerosos países de África y ha pedido al Gobierno español “que trabaje activamente por un cambio en esta zona del mundo, por la garantía de los Derechos Humanos, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género, y las garantías para el libre movimiento de las familias LGTB”.

Más rotunda se ha mostrado la Confederación COLEGAS, que ha exigido una condena pública del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Desde COLEGAS solicitamos al gobierno español a que se pronuncie oficialmente sobre estos temas y que haga unas reconvenciones a estos países, algo que tradicionalmente realizan la mayoría de países occidentales pero que no acaba de incorporarse a la política exterior española”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez. COLEGAS ha demandado a la Agencia Española de Cooperación Internacional que haga públicas las cantidades que España entrega a Uganda, Nigeria, Zimbabue y Gambia en concepto de ayudas y los conceptos en los que se entrega, así como la congelación inmediata de toda ayuda enviada directamente a sus gobiernos “con excepción de las ayudas a ONG y otro tipo de organizaciones humanitarias”.

La activista Kasha Nabagesera, “aterrorizada”

Fundación Triángulo, por su parte, se ha puesto en contacto con Kasha Nabagesera, una de las activistas LGTB más importantes de Uganda, que les ha transmitido que por el momento se encuentra bien pero “aterrorizada”. Nabagesera les ha comunicado, como hemos recogido arriba, que una pareja de chicos gays ha sido asesinada en Kampala “al no dejarse detener por la policía”. Si antes Nabagesera tenía que cambiar habitualmente de residencia, ahora no puede ni siquiera pensar en esto ante el miedo a ser descubierta.

“Esta situación nos ha llevado a replantearnos no solo el retroceso de derechos humanos de personas LGBT en Uganda, sino la demonización y la criminalización de personas que no elegimos amar de manera diferente. Desde Fundación Triángulo estaremos vigilantes de nuestros compañeros activistas con nombre propio que sin miedo y con toda la valentía que les caracteriza, han comandado una lucha por el respeto de sus derechos. Es en nombre de ellos y de David Kato que el activismo africano debe seguir en pie de lucha”, ha declarado el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez.

El Congreso declara 2014 año de los derechos LGTB

Siguiendo en España, es obligado referirse a la resolución del Congreso de los Diputados, que por una vez ha sido sensible a la ola homófoba que viven numerosos países de África y del mundo y ha aprobado por unanimidad una propuesta que la FELGTB había remitido a los grupos políticos y que ha materializado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tras acordarla con los grupos popular y socialista. La resolución condena “la persecución y criminalización de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, así como las leyes homófobas que las institucionalizan, en cualquier lugar del mundo” y declara 2014 “Año por el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB”.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

• Mantener el compromiso de defensa en la ONU y otros foros internacionales de la aplicación efectiva de las normas de derechos humanos, en especial del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, promoviendo la protección en todos los ámbitos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
• Seguir trabajando, en el marco de la UE y en otros foros, para promover activamente la derogación de las leyes que en numerosos países penalizan a las personas homosexuales y transexuales. Especialmente en los países del mundo que todavía permiten la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas.
• Buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación sexual y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas.
• Colaborar en los trabajos y actividades que se desarrollen con motivo del ‘Año por el Reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas LGTB’.

Desde dosmanzanas felicitamos tanto a la FELGTB como al Congreso por la aprobación de esta resolución. Ahora queda lo más difícil: que no quede en papel mojado y que el Gobierno español la haga efectiva. “Nos ponemos a disposición del Gobierno para trabajar en ello”, ha declarado al respecto Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB.

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Al menos diez personas LGTB han sido detenidas este jueves 27 de febrero en Ammán, la capital de Jordania, tras celebrar el día anterior una reunión en la sala de fiestas de un hotel. Según fuentes policiales, el gobernador administrativo del distrito de Marka ordenó su detención para “prevenir la perturbación de la paz”.

El comunicado de las mencionadas fuentes policiales se expresaba en los siguientes términos: “El gobernador administrativo del distrito de Marka, Adnan Qatarneh, ha ordenado la detención de 10 gais y lesbianas después de que se llevara a cabo una recepción en un salón de fiestas el pasado miércoles, con la intención de conocerse unos a otros. Las detenciones se produjeron para prevenir la perturbación de la paz“.

Desde otras fuentes de las fuerzas de seguridad se aclaraba que este tipo de arrestos son potestad de los gobernadores administrativos, quienes además de establecer los términos de la detención también fijan su duración. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estas prácticas discriminatorias son frecuentes, a pesar de la legalidad de las relaciones homosexuales en el reino hachemita.

Desde su página dedicada a aconsejar a quienes viajen a los distintos países, se informa de esta manera sobre Jordania: “Las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo no son ilegales en Jordania. Sin embargo, el comportamiento homosexual no se considera culturalmente aceptable. Los extranjeros que presentan este tipo de comportamiento son susceptibles de ser blanco de violencia o acoso por parte de la población, incluidas las autoridades. Las leyes contra el adulterio o las infracciones a la modestia se pueden utilizar contra los viajeros homosexuales”.

Derechos LGTB en Jordania

Jordania es uno los escasos  países de Oriente Medio de mayoría musulmana donde la homosexualidad no está penada. Sin embargo, la discriminación social hacia las personas LGTB es patente. Tras la reforma del Código Penal de 1951, las relaciones homosexuales consensuadas no comerciales son legales, fijándose en los 16 años la edad de consentimiento, la misma que para las relaciones heterosexuales.

Otra reforma efectuada en 2013 establecía la ilegalidad de los “crímenes de honor”, una práctica tradicional que justificaba el asesinato de gais y lesbianas por parte de sus familias. No obstante, desde el informe del Departamento de Estado estadounidense antes citado, se advierte que “los gais y lesbianas jordanos ocultan su sexualidad, especialmente a los miembros de la familia. Los miembros de la familia que descubren que un familiar es LGTB pueden hacerle objeto de un crimen de honor”.

Además de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, las personas transexuales tienen derecho a que su identidad de género sea reconocida legalmente. Sin embargo, no existe ninguna legislación ni política administrativa encaminada a luchar contra la discriminación de las personas LGTB ni ningún reconocimiento de las parejas del mismo sexo.

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Un nuevo miembro se suma a la lista de los estados norteamericanos en los que un juez federal ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y no hablamos de un estado menor, sino de Texas, un territorio de más de 26 millones de habitantes (el segundo en población del país, tras California), de gran importancia política y económica y acusada idiosincrasia. Eso sí, la aplicación de la sentencia queda en suspenso hasta que se resuelva el ya seguro proceso de apelación. Texas sigue así los pasos de Utah, Oklahoma, Kentucky y Virginia, estados todos ellos en los que hasta hace no mucho tiempo el matrimonio igualitario era poco menos que una quimera.

Orlando García, un juez federal de casi 20 años de experiencia (fue nominado por Bill Clinton en 1993 y ratificado por el Senado de Estados Unidos en marzo de 1994), ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario, formalizada en una enmienda a la Constitución de Texas aprobada en referéndum en 2005 (por un 76,25 % de votos a favor frente a un 23,74 % en contra)  viola la Constitución de los Estados Unidos. “Es ausencia de una correlación razonable con un propósito gubernamental legítimo, la imposición de la desigualdad por un estado no tiene cabida en la Constitución de los Estados Unidos”, argumenta la sentencia.

“La decisión de esta corte no se toma en contra del gran pueblo de Texas o de su legislatura, sino en cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos y del precedente sentado por el Tribunal Supremo”, aclara además el juez Orlando García, cuyo fallo tiene lugar como consecuencia de la demanda planteada por dos parejas del mismo sexo, las formadas por Victor Holmes y Mark Phariss, una pareja de hombres a los que se les ha negado su derecho a contraer matrimonio en Texas, y Cleo DeLeon y Nicole Dimetman, una pareja de mujeres ya casadas en Massachusetts (el primer estado del país que permitió el matrimonio igualitario) y con un hijo de dos años.

El juez, sin embargo, ha dejado en suspenso su propia sentencia hasta que se resuelva el proceso de apelación, que evidentemente daba por seguro. No se equivocaba: el fiscal general de Texas, el republicano Greg Abbott, ya ha anunciado que la recurrirá. Abbott, que además es uno de los candidatos a la nominación republicana para las elecciones a futuro gobernador, es un conocido opositor al matrimonio igualitario. El fiscal general de Texas no seguirá pues el ejemplo de otros fiscales generales de perfil más progresista, como los de Nevada, Oregón, Pensilvania o Virginia, que ya han dejado claro que no defenderán en los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario. Una posición que ha merecido durísimas críticas de los sectores más conservadores pero que el propio fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, ha avalado hace pocos días.

Al igual que las ya dictadas en Utah, Oklahoma, Kentucky o Virginia, la sentencia del juez García en Texas bebe de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Por lo que se refiere a la decisión de dejar en suspenso la sentencia, es similar a la adoptada también en Oklahoma, Kentucky o Virginia. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah, después de que en este primer caso sí se celebraran en pocos días numerosos matrimonios.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en los cuatro estados ya mencionados. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. La de Texas, por ejemplo, es la primera de las sentencias que tiene lugar en un estado del 5º circuito federal de apelaciones, uno de los más conservadores.

Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación. Quizá la extensión del matrimonio igualitario a todo Estados Unidos está más próximo de lo que pensábamos hace solo unos meses…

Fuente Dosmanzanas

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Arizona se enfrenta a una ola de oposición a la ley homófoba aprobada la pasada semana por las cámaras legislativas de ese estado, de mayoría republicana. Una oposición que no solo procede del colectivo LGTB o de políticos demócratas. Decenas de pequeñas y medianas empresas del estado, importantes organizaciones deportivas o grandes corporaciones como Apple o American Airlines también han expresado su contrariedad. La repercusión es tal que algunos de los legisladores que votaron a favor de la ley aseguran estar arrepentidos. Sigue la incógnita de si la gobernadora escuchará las peticiones y vetará la ley.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión” autoriza la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Si entra en vigor, el propietario de cualquier negocio podrá negarse a atender a clientes cuando ello colisione “de forma sustancialmente motivada” con su fe, una licencia discriminatoria que hasta ahora solo estaba permitida en Arizona para organizaciones religiosas. Aunque el texto no las menciona, el objetivo de la ley no es otro que las personas LGTB, que a partir de ahora pasan a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podrá denegar servicios sin que ello suponga una infracción.

Ya cuando informamos de la aprobación de la ley adelantábamos que importantes sectores económicos de Arizona no la veían con buenos ojos. Mencionábamos como ejemplo que el Consejo Económico del Gran Phoenix (Greater Phoenix Economic Council), una entidad que busca atraer inversiones a la capital del estado y a su región, dirigía una carta a la gobernadora Brewer en la que le pedían que vetara la ley. La carta estaba firmada por su presidente ejecutivo, Barry Broome, y por el presidente de su consejo, James Lundy (presidente del Alliance Bank of Arizona).

Pero en estos días se han acumulado nuevas e importantes peticiones en el mismo sentido. Más de 80 compañías radicadas en Arizona, muchas de ellas del sector de la tecnología y del turismo, han firmado una carta conjunta (que puedes descargar aquí) en la que piden a Brewer que vete una ley que directamente califican de “frívola, innecesaria y fiscalmente peligrosa”, que consideran que “intenta solucionar un problema que no existe” y que creen que transmite la idea de que Arizona es un lugar inhóspito. “Tiene la oportunidad de asumir el liderazgo en un tema que de lo contrario tendrá un impacto económico negativo en Arizona. Le instamos encarecidamente a vetar la ley SB 1062 y a que siga apoyando a Arizona, a las empresas locales y a la economía”, concluye la carta. Entre sus firmantes (que puedes consultar al final del texto) se encuentra por cierto la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.

Preocupación en compañías como Apple…

Uno de los párrafos de la carta, por cierto, hacer alusión a como la ley actuaría desincentivando la localización de negocios en Arizona y el traslado de trabajadores altamente cualificados al estado. La carta se refiere expresamente a la reciente decisión de Apple, el gigante de la informática, de abrir una fábrica en Mesa, cerca de Phoenix, que daría trabajo a entre 700 y 2.000 personas.

Y los empresarios locales de Arizona no van desencaminados: lo cierto es que la aprobación de la ley ha generado inquietud en la compañía de la manzana, cuya portavoz Kristin Hueget ha confirmado que se han dirigido a la gobernadora Brewer pidiéndole que vete la ley. No ha sido la única: otras grandes compañías que se han dirigido a la gobernadora en el mismo sentido son American Airlines y la cadena hotelera Marriott.

… en la liga de fútbol profesional…

Significativo es también el pronunciamiento del comité responsable de la organización de la Super Bowl (la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano) que precisamente tendrá lugar en febrero de 2015 en Phoenix. En un breve comunicado oficial, esta entidad asegura compartir los valores de la NFL (National Football League) que “abrazan la tolerancia, la diversidad y la inclusión y prohíben la discriminación”.

El comité añade que uno de sus objetivos es promover la vitalidad económica de Arizona, que según esta entidad sufrirá un durísimo golpe si la ley es aprobada. “No apoyamos esta legislación. En su lugar, deseamos seguir promoviendo los valores de la NFL, aprovechar el buen momento económico que vive Arizona y atraer la atención del mundo de una forma positiva mediante la organización de la 49 edición de la Super Bowl”, finaliza la nota.

…y entre políticos ¡que votaron la ley!

Incluso destacados políticos republicanos vinculados a Arizona han expresado su oposición a la ley y han pedido a Jan Brewer que la vete. Es el caso de los dos representantes del estado en el Senado de Estados Unidos, Jeff Flake y John McCain (este último candidato republicano a la Casa Blanca en 2008), de cinco de los siete candidatos republicanos a gobernador en las elecciones de noviembre (a las que Brewer ya no se presentará) o, y esto es los más sorprendente, de tres representantes republicanos en el Senado estatal de Arizona que la semana pasada votaron a favor de la ley: Adam Driggs, Steve Pierce y Bob Worsley.

“No me sentí cómodo con este voto”, ha afirmado Worsley. “Las leyes están en los libros, pero ahora veo cuales son las ramificaciones de mi voto. Me siento mal, fue un error”, ha añadido. Más gráfico ha sido Steve Pierce. “La jodí”, ha afirmado, “y ahora intento hacer lo correcto”, ha asegurado, en alusión a su petición a la gobernadora de que vete la ley que él mismo votó hace pocos días.

La última personalidad republicana en pedir a Brewer que vete la ley ha sido Mitt Romney, candidato a la Casa Blanca en 2012. “@GovBrewer: veto of #SB1062 is right”, reza el lacónico mensaje que Romney ha publicado en su perfil de Twitter. Habrá que ver que hace finalmente la gobernadora, que tiene esta semana para tomar una decisión, y que por el momento no ha dado pistas acerca de cuál será esta. Estaremos atentos.

Finalmente la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha sido receptiva a la ola de peticiones que desde sectores económicos y desde su propio partido ha recibido para que vete la ley (de hecho, al margen del posicionamiento de los políticos, el 57% de los votantes republicanos de Arizona se opone a la misma, según una encuesta conocida hace un par de días).

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa que tuvo lugar a última hora del miércoles, después de que Brewer mantuviera varias reuniones privadas con partidarios y opositores a la ley. La gobernadora justificó su decisión en el argumento de que a día de hoy no existe en Arizona una preocupación específica por la libertad religiosa que haga necesaria una norma que vaya más allá de la legislación ya vigente y que además la ley podría derivar en consecuencias “indeseadas y negativas”. “La libertad religiosa en un valor central de América y de Arizona, de la misma forma que lo es la no discriminación”, añadía.

A su juicio, la norma aprobada por la cámara legislativa «podría dividir Arizona en formas que ni siquiera podemos imaginar». La gobernadora explicó que se había reunido con partidarios y detractores de la ley y había concluido que la ley era demasiado «amplia» y podía tener consecuencias negativas. Brewer se mostró convencida de que la ley que había aprobado la cámara legislativa no estaba encaminada «a preocupaciones sobre libertad religiosa», y añadió que entre la documentación que le han presentado asesores, ciudadanos y legisladores no ha encontrado ejemplos de que la ley fuera a beneficiar la libertad religiosa.

 Mientras se producía la comparecencia, grupos de personas se manifestaban en las calles que rodean la sede de la gobernación con carteles en los que decían: «Gracias gobernadora Brewer».

 La Casa Blanca mostró su oposición a la ley homofóbica

 El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, consideró que esa propuesta sería declarada inconstitucional si llega al Tribunal Supremo: «No puedo imaginarme cómo esa ley podría sobrevivir al escrutinio del Tribunal Supremo de Estados Unidos», dijo Kerry en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.

 El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su conferencia de prensa de este martes, recordó que Obama defiende «la igualdad para los estadounidenses de la comunidad LGBT», y cree que todos los ciudadanos, «sin importar su orientación sexual o su identidad de género, deberían ser tratados de forma igualitaria con dignidad y respeto».

El veto de Brewer supone de facto el punto final de la ley. Aunque quisieran desafiar la decisión de la gobernadora (algo que en la coyuntura actual parece poco probable) los legisladores que votaron a favor -de los cuales hay que descontar, como mínimo, los tres senadores arrepentidos arriba mencionados- no reúnen la mayoría cualificada necesaria para levantar el veto.

Jan Brewer, gobernadora del estado de Arizona

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Cuenta Dosmanzanas que el parlamento del estado alemán de Baviera rechazó el jueves pasado, con los votos de la gobernante Unión Social Cristiana (CSU), una propuesta de la oposición para formar a los profesores en el respeto a la diversidad sexual e incluir este punto como objetivo pedagógico en el plan educativo bávaro.

La proposición presentada por Los Verdes expone la necesidad de luchar contra la discriminación y la violencia motivadas por los prejuicios racistas, homófobos o sexistas “en todas las partes de la sociedad”, incluyendo la escuela como el lugar en el que se producen “las principales improntas en el desarrollo de la personalidad de los niños y los adolescentes”. En la exposición de motivos se hace constar también que la homofobia está “ampliamente extendida” en los centros educativos alemanes, donde “gay, maricón o lesbiana siguen siendo insultos” y, lo que es más grave, un tercio de los profesores también utiliza la homosexualidad como motivo de burla.

Para cambiar esta situación, Los Verdes proponían un plan de acción con seis puntos principales:

• Una evaluación de la situación actual de la educación sexual en los colegios bávaros.
• La obligación de formar a todo el personal educativo en el respeto a diversidad sexual y la lucha contra la discriminación.
• La inclusión de estos puntos en los estudios universitarios para ejercer la docencia.
• La puesta a disposición de los escolares de todo el material necesario para desarrollar este nuevo objetivo pedagógico.
• La redacción de un código de buenas prácticas para enfrentarse a las situaciones de acoso escolar.
• Una mención a las aportaciones del movimiento LGTB a la historia de Baviera.

El proyecto se ha topado, sin embargo, con la oposición de la CSU, que gobierna con mayoría absoluta desde el año pasado en el estado del sur alemán. Los socialcristianos (partido “hermano” de la CDU de la canciller Angela Merkel) han despachado el asunto defendiendo que el plan educativo existente ya contempla la “tolerancia y el respeto por la dignidad de las personas, independientemente de sus formas de vida”, por lo que no consideran necesario incluir de forma específica la lucha contra la discriminación y el acoso homófobo. Ante el rechazo del gobierno regional, la diputada verde Claudia Stamm criticó que Baviera siga siendo “un país en vías de desarrollo” en este asunto. A la propuesta se había unido el grupo socialdemócrata (SPD), mientras que los Electores Libres (FW), una asociación de votantes apartidista que ha cosechado un relativo éxito en este estado alemán, se abstuvo.

Una vía abierta por Baden-Wurtemberg

La propuesta presentada en Baviera va en la misma dirección que el plan educativo para 2015 del estado vecino de Baden-Wurtemberg, donde Los Verdes gobiernan en coalición con el SPD. Allí, la inclusión de la “aceptación de la diversidad sexual” como uno de los objetivos pedagógicos se ha topado con una feroz oposición de grupos religiosos y ultraconservadores, que la han llegado a tachar de “propaganda homosexual”, utilizando un lenguaje que recuerda peligrosamente al de la Rusia de Putin. Tanto la CDU como los liberales del FDP, ambos en la oposición en el parlamento de Baden-Wurtemberg, se han mostrado contrarios al plan de estudios. También lo ha hecho, y de manera más beligerante, la Alternativa para Alemania (AfD), una formación populista y anti-euro que se quedó a las puertas del Bundestag el pasado septiembre. El partido incluso ha apoyado con entusiasmo la campaña de recogida de firmas contra la que han denominado “ideología del arco iris”.

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Informa Dosmanzanas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer el nombre de la persona que estará al frente de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, cuya creación recogimos en diciembre. Se trata de la comisionada Tracy Robinson, una abogada con conocimientos sobre derechos LGTB y de la mujer procedente de Jamaica.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA. Según la propia CIDH expresó en un comunicado hecho público en noviembre, desde hace varios años este organismo “ha venido recibiendo información preocupante sobre diversas formas de violencia y discriminación que enfrentan las personas en las Américas por sus orientaciones sexuales e identidades o expresiones de género, reales o percibidas, o porque sus cuerpos difieren de lo que es considerado el cuerpo de una mujer o un hombre”. Es por eso que en 2011 creó una primera unidad que ha llevado a cabo un trabajo de documentación de la situación de las personas LGBT en los países de la OEA, labor que ahora se verá reforzada con una relatoría específica sobre la materia, cuya creación ha sido muy bien acogida por los activistas LGTB de América Latina y el Caribe.

Quedaba por conocer el nombre de la persona que estaría al frente, incógnita que se despejó hace unos días. Se trata de Tracy Robinson, una abogada jamaicana que ha actuado como consultora para organismos como el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres y Unicef, y que ha asesorado a diversos gobiernos del Caribe en temas relativos a género y niñez. Ha sido también editora de la Revista de Derecho del Caribe y ha publicado informes sobre temas de género, derechos sexuales, derechos LGTB, trabajo sexual y derechos de los niños. Robinson, que es una de las siete comisionadas de la CIDH desde enero de 2012, estará también al frente de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres.

Una designación que ha sido celebrada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC). En palabras de Pedro Paradiso Sottile, activista gay argentino y secretario de dicha organización, “con su nombramiento se ratifica el histórico compromiso que la CIDH ha asumido para trabajar contra las vulneraciones de derechos cometidas por los Estados en base a la orientación sexual, identidad de género y sus expresiones de la ciudadanía. Deseamos a la comisionada Robinson una exitosa gestión y renovamos nuestro compromiso para seguir contribuyendo con el trabajo de la CIDH, y especialmente con las iniciativas de esta nueva e histórica Relatoría”.

Jamaica, el país más homófobo de América

Se da la circunstancia de que Tracy Robinson procede de Jamaica, al que muchos consideran el país más homófobo de América. Las relaciones homosexuales masculinas están castigadas con penas de hasta 10 años de cárcel, y aunque apenas se hace uso de esta legislación el acoso, la violencia y el asesinato de personas LGTB están a la orden del día. En dosmanzanas hemos recogido numerosos episodios, el último de ellos en octubre pasado, cuando cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron como un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

Una realidad ya denunciada por la CIDH, que en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica publicado en 2012 puso de manifiesto la vulnerabilidad de su colectivo LGTB. El informe (que se puede descargar en castellano aquí) dedicaba quince páginas a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género (páginas 105 a 120). Como respuesta el Gobierno de Jamaica anunció la aprobación de una normativa antidiscriminatoria contra las minorías que por el momento no se ha materializado. Precisamente la CIDH tiene pendiente de resolución la denuncia de un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual.

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Nota de Prensa:

La semana pasada una niña malagueña ha pedido el traslado de su colegio porque el centro, religioso y concertado, insistía en tratarla con el género que consta en su documentación oficial, en contra de lo que la niña manifiesta, la familia solicita y la Junta de Andalucía ha recomendado.

La FELGTB quiere mostrar su apoyo a la familia de la menor, que lleva meses luchando por el bienestar y la dignidad de su hija, e instar a las administraciones educativas autonómicas y al Ministerio de Educación a trabajar por la adopción de protocolos que atiendan la realidad de las y los menores cuya identidad no se corresponde con la que les inscribieron al nacer.

Asimismo Andalucía debe aprobar cuanto antes la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento del género de las personas trans, que ya cuenta con el aval del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta ley garantizará el derecho a la autodeterminación del género y será un instrumento más para alcanzar la igualdad de identidades.

“Aunque la discriminación transfóbica es ilegal, la Administración tiene que prevenirla haciendo pedagogía e impulsando protocolos de obligado cumplimiento que permitan a las niñas y niños trans vivir libres de los prejuicios y la discriminación de la sociedad en la que deben desarrollarse de manera integral”, ha pedido Sisi Cáceres, coordinadora del Área de Familias de la FELGTB.

Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación, ha insistido en que “el respeto a las identidades de nuestros niños y niñas es muy desigual según las comunidades autónomas. Es necesaria una normativa clara que garantice los derechos fundamentales de la infancia trans en todo el territorio”.

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Casi tres años después de la histórica sentencia que le entreabrió la puerta en Colombia, la Corte Constitucional de ese país debatirá de nuevo sobre el matrimonio igualitario. Dos acciones de tutela, una referida a una pareja del mismo sexo a la que un notario se negó a casar y otra a una pareja que ya está legalmente casada, forzarán a la alta corte colombiana a pronunciarse sobre un tema sobre el que sigue existiendo gran incertidumbre jurídica.

En su sentencia de 2011, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció el 20 de junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara en el Congreso, creando la actual situación de incertidumbre jurídica. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del alto tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución inexistente en las leyes de Colombia y que los colectivos LGTB rechazaron de plano. Los jueces pasaron entonces a ser la clave.

Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como ”matrimonio”. Otro juez ordenaba también en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo, Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

No se trata del único matrimonio celebrado y confirmado por la justicia colombiana. Adriana González y Marcela Rojas se casaron el 4 de octubre, y al igual que en el caso anterior vieron su matrimonio anulado y luego restaurado por el mismo Tribunal. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las de la Procuradoría General de la Nación. Dicha fundación está presidida por Javier Suárez, del que ha trascendido que sería en realidad un homosexual armarizado y que es en este momento candidato conservador al Senado de Colombia. Un tercer matrimonio es el formado por Elizabeth Castillo y Claudia Zea, que ya vieron su matrimonio confirmado en primera instancia y a las que el Tribunal Superior de Cundinamarca dio la razón frente al recurso interpuesto por la citada Fundación.

Dos casos ante la Corte

Decisiones judiciales contrarias a la estrategia de los homófobos pero que no han puesto final a la batalla jurídica, que a estas alturas parece que solo la Corte Constitucional puede dirimir. Por lo pronto, el alto tribunal ha aceptado discutir dos casos que parecen en sí mismos paradigmáticos. Uno es el de una pareja del mismo sexo a la que un notario se negó a casar bajo el argumento de que el Congreso no ha legislado esa materia y que la Corte Constitucional solo les otorgó competencia para establecer un vínculo contractual. La pareja ha recurrido argumenta que la negativa viola el derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, al impedirles el cambio de su estado civil de soltero a casado; el derecho a conformar una familia y protegerla, así como el derecho a la dignidad humana.

En el segundo caso, la acción de tutela se produce en sentido contrario: es la Procuraduría General de la Nación (al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra el matrimonio igualitario uno de los ejes de su acción) la que pide la nulidad del matrimonio celebrado entre Julio Albeyro Borbón y William Alberto Castro.

Una institución acosada

Conviene precisar que las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia reconociendo derechos a las parejas del mismo sexo (o fallando a favor del aborto en determinados casos) le han generado la hostilidad de los sectores conservadores. La Corte ya se vio obligada a salir al paso de las acusaciones de Alejandro Ordoñez. La mencionada Fundación Marido y Mujer, de hecho, denunció a los miembros de la Corte ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por “usurpación de funciones”.

Hasta ahora la Corte Constitucional la resistido los embates, pero habrá que ver qué sucede finalmente. En noviembre, por ejemplo, recogíamos la noticia de que el alto tribunal preparaba una sentencia a favor de la adopción homoparental, y han pasado ya más de tres meses sin que esta se haya materializado. Nos mantendremos expectantes.

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Un buen artículo que hemos leído en El Asombrario&Co:

Javier Fernández, sobre sus palabras sobre los gays: «Hay gente que lo entendió mal»

Javier Fernández, sobre sus palabras sobre los gays: «Hay gente que lo entendió mal«

La columna no escrita , por Paco Tomás

Autorretrato del patinador Javier Fernández, abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos de Sochi, publicado por el deportista en la red social Instagram.

Pedir a los homosexuales que “se corten” es muy peligroso, es dar argumentos a quienes los condenan incluso a pena de muerte. Lo dijo, se lió o fue malinterpretado Javier Fernández, abanderado del equipo español en los homófobos JJ OO de invierno en Rusia. Luego se disculpó, y eso, dados los tiempos que corren, ya es mucho. Paco Tomás reflexiona en su columna sobre el significado de sufrir en carne propia un ‘linchamiento’.

***

A modo de prólogo diré que nunca he logrado aficionarme a esa peligrosa satisfacción que siente un grupo, más o menos amplio, al notarse poderoso por concentrar su fuerza como oposición, incluso ataque, contra una sola persona. Tal vez sea una evocación de aquel “seis contra uno, mierda para cada uno” con el que nos defendíamos en el patio del parvulario. No me gustan los linchamientos, ni siquiera los de aquellos que no dudarían un segundo en hacerlo conmigo, y siempre intento que el sentido del equilibrio me permita llegar al final del alambre sin romperme una pierna. Solo la rectificación atenúa la intensidad de mi argumentario; el perdón de aquel que ridiculizó, menospreció, agredió verbalmente, insultó y, tras ser consciente de su error, se disculpa. Para mí no es lo mismo escribir un artículo incendiario contra el obispo de Alcalá de Henares o contra Javier Hurtado, ese joven militante del PP que le dijo a una mujer que protestaba contra la reforma del aborto que era “muy fea, igual te hubieran abortado”. No es igual porque ellos jamás piden perdón, jamás reconocen que sus fobias generan odios que fomentan la violencia, porque creen que están en posesión absoluta de la verdad y que el resto debemos someternos a sus criterios y valores, sin libertad alguna de decisión. Su intransigencia alimenta mi obstinación. Es natural. Lo que ya no lo es tanto es seguir atacando cuando se ha rectificado.

Puede que esta larga justificación tenga más que ver con la necesidad de explicarme que con su interés, como lectores, en conocer lo que sucede en mi cabeza cuando me siento en el escritorio, frente al documento en blanco, y empiezo a escribir esta columna. Estoy seguro de ello. En cualquier caso, todo lo escrito aporta razones por las que he estado a punto de no publicar esta columna contra las recientes declaraciones del abanderado español de los Juegos Olímpicos de Invierno, el patinador Javier Fernández. En el momento en el que leí su opinión, esa en la que animaba a los atletas homosexuales en Sochi a que ‘se cortasen un poco’ durante los Juegos y luego siguiesen con su vida, sentí la necesidad de contestar a su falta de empatía, a la injusticia que subrayaba esas palabras, a su ceguera, con un artículo inflamable. Pero cuando el patinador se disculpó, se excusó en la mala interpretación de sus palabras, comprendí que hacer leña de un árbol, que si bien no había caído sí había recibido un buen hachazo, no era algo que me hiciese sentir cómodo.

Independientemente de que nos creamos sus argumentos, aceptemos que siempre existe la posibilidad de que un comentario se saque de contexto o se malinterprete, o que pensemos que lo importante no es lo que se dice sino lo que se piensa, opino que, tras la disculpa, no se puede atacar con la misma intensidad con la que responderías si, al otro lado del debate, solo hubiese empecinamiento. Si yo alguna vez cometo un error, me gustaría que con mi disculpa, al menos se abriese un paréntesis de moderación. Sobre todo en un país como el nuestro, donde la aceptación de responsabilidades y el perdón parecen estar gravados con un 50% de IVA y por eso no los usa nadie.

Por eso no he escrito la columna ofendida que tenía en mente el pasado viernes. Ya no es necesaria. Al leer la disculpa de Javier Fernández noto cómo se ha puesto, inconscientemente, en la piel de la víctima. Al menos eso quiero pensar. Él declara: “No sabes cómo se sufre al ver que todos se ponen contra ti porque un periódico saca algo de contexto que yo no he dicho”. Te equivocas Javier. Sí lo sabemos. Cualquier ser humano que haya sufrido una persecución lo sabe. Los gays y lesbianas rusos lo saben. De hecho, hasta les apalean y les encarcelan. Por sentir.

No se puede dejar de ser quien uno es por unos días. No se puede ser gay en horario de oficina. No se puede limitar el sentimiento a la intimidad. Eso es colaborar a hacer de este mundo un infierno aún mayor. No voy a cortarme, Javier. Me he pasado muchos años de mi vida, muchos, cortándome. Me corté tanto que casi me desangro. Así que no. No voy a cortarme. Nadie debería cortarse. Lo que esta sociedad global necesita son personas que se coloquen a nuestro lado frente a la sinrazón, a la intransigencia que vulnera los Derechos Humanos, y no opiniones que nos animen a autolesionarnos.

Así que, Javier, si sufriste durante 24 horas el infierno de sentir que todos están contra ti, intenta que, de ahora en adelante, ese sentimiento espantoso te ayude a empatizar con las víctimas. Que eso que sentiste, que es una nimiedad comparado con lo que sufre un gay o una lesbiana ante la intolerancia y el fundamentalismo religioso y político, te haga aún mejor para que así no vuelvas a situarte, sin querer, en el bando de los malos.

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Nos informa Dosmanzanas del Varapalo del Tribunal Constitucional de Portugal a la propuesta de referéndum sobre la adopción homoparental promovida por la derecha portuguesa. Entre otras razones formales (como la exclusión de los residentes en el extranjero) el alto tribunal considera que el formato elegido, que mezclaba dos preguntas distintas (una sobre adopción por parte de uno de los cónyuges de un matrimonio del mismo sexo de los hijos del otro y otra sobre la adopción conjunta) impide avalar la consulta.

La historia es compleja, aunque la intentaremos resumir. La ley portuguesa de matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobada en febrero de 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impide optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista (PS) contra el criterio de otros grupos de izquierda y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución portuguesa recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional por iniciativa del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, pero curiosamente la prohibición de la adopción quedó fuera de la consulta, para evitar que fuera el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con dicha discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un nuevo proyecto que legalizara al menos la “coadopción”, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pueda adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes. Así se hizo, y de hecho en mayo de 2013 el ahora gobernante Partido Social Demócrata (PSD), de centro-derecha, permitía que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura.

Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras del PSD, opuestas a reconocer derecho de parentalidad alguno a las parejas del mismo sexo. Ello derivó en que ocho diputados pertenecientes a las juventudes del partido propusieran convocar un referéndum sobre la materia, para así evitar tener que posicionarse a favor o en contra. El grupo parlamentario del PSD hizo suya la idea, que incluía además la formulación de dos preguntas, e impuso a sus diputados la disciplina de voto. La propuesta de referéndum era así aprobada por 103 votos de los socialdemócratas contra 93 votos del Partido Socialista (PS), BE (Bloque de Izquierda), PEV (Verdes) y Partido Comunista. El CDS-PP, partido situado aún más a la derecha del PSD y que forma parte de la coalición de Gobierno, optó por la abstención, al igual que dos diputados socialistas.

La estratagema del PSD causó malestar entre algunos de sus diputados más progresistas, fue recibida por la oposición con grandes muestras de protesta y fue considerada en cualquier caso un ejercicio de cobardía política. También ha sido muy contestado el hecho de el PSD impusiera un referéndum que no se limitaba a preguntar sobre el proyecto de ley en disputa (la coadopción), sino que además incluía una pregunta sobre la adopción conjunta, posibilidad que el proyecto ni siquiera contempla.

“No” a preguntar por coadopción y adopción a la vez

Para que se celebre un referéndum en Portugal, sin embargo, es necesario el visto bueno del Tribunal Constitucional y del presidente de la República. Y el pronunciamiento del Constitucional ha sido claro, al considerar que no debe preguntarse al mismo tiempo sobre la coadopción, “donde existe una familia ya constituida de facto” y sobre la adopción conjunta, “donde se pretende constituir una familia ex novo”. El alto tribunal considera que el hecho de juntar ambas preguntas genera “ambigüedad” y que la respuesta a una de las preguntas puede generar un efecto de “arrastre”, de forma que una contamine a la otra.

Tras el dictamen del Constitucional, el presidente Aníbal Cavaco Silva se ha apresurado a devolver la patata caliente al Parlamento para que decida qué hacer sin entrar en valoraciones políticas. Está por ver que sucederá ahora. El PSD puede decidir hacer una nueva propuesta de referéndum limitada a la coadopción o hacer caso al resto de formaciones y regular el tema a través de una ley discutida y aprobada en el Parlamento.

Los activistas LGTB han recibido con prudente alivio el dictamen del Constitucional, que acentúa su convencimiento, ya expuesto cuando se aprobó la propuesta de referéndum, de que este no llegará nunca a celebrarse y de que lo sucedido no es más que una estrategia del PSD para demorar en el tiempo una decisión que le resulta incómoda.

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Mark Regnerus, autor del estudio que pretendía demostrar los efectos negativos de la homoparentalidad, ha protagonizado una nueva anécdota chocante. En esta ocasión, Regnerus ha afirmado que la aceptación del matrimonio igualitario llevará a que los hombres heterosexuales reclamen más sexo anal.

El autor que publicó el estudio que supuestamente “demostraba” los efectos negativos de la homoparentalidad, ha hecho unas afirmaciones que pasan el límite de lo ridículo. En esta ocasión, ha aprovechado un programa de radio, Good as You de Jeremy Hooper, para decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo favorecerá que los hombres heterosexuales pidan más a sus parejas tener relaciones abiertas y sexo anal. Según Mark Regnerus, “si el matrimonio gay es percibido como legítimo por mujeres heterosexuales, ello llevará al cabo de un tiempo a que novios de todas partes (y no solo algunos maridos) presionen para tener lo que los hombres históricamente siempre han querido, pero rara vez se les ha permitido: a la novedad sexual en forma de permiso para desviarse sin poner en riesgo su relación primaria”. Regnerus añadió que “la normalización del comportamiento sexual de los hombres gays” conduciría a un incremento de la “práctica del sexo anal heterosexual”.

No es la primera vez que Regnerus, profesor de Sociología en la Universidad de Texas, ocupa titulares por sus chocantes declaraciones. En diciembre de 2012 afirmó que el consumo de pornografía en hombres heterosexuales incrementaba el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, la notoriedad de Regnerus procede de un estudio que pretendía demostrar que los hijos de familias homoparentales tenían un peor desarrollo psicológico. Dicho estudio presentaba muy serios defectos metodológicos, algunos bastante elementales como la falta de aislamiento de otros factores. Estos defectos le valieron en su momento numerosas críticas y un amplio descrédito. Sin embargo, ese estudio sigue siendo citado con frecuencia por grupos ultraconservadores para dar un barniz científico a sus afirmaciones. Es más, en Rusia ha sido citado como apoyo para las leyes en contra de la “propaganda homosexual”. Por esta razón afirmaciones como las suyas, que no deberían pasar de una antología del disparate, pueden tener una mayor repercusión y también un mayor peligro de ser tomadas en serio.

Fuente Dosmanzanas

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No ha ocurrido en Rusia, en África ni en la América profunda. Ha sucedido en España, concretamente en Málaga. Una familia se ha visto obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, de un colegio religioso concertado (es decir, financiado con fondos públicos) ante la negativa del centro a respetar la identidad de género de la menor.

El caso es bien conocido. El Colegio San Patricio, centro dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se niega a respetar la identidad de género de la niña permitiendo que aparezca en las listas escolares con nombre femenino, que pueda vestir el uniforme de niña y que sea tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro sin que medie una orden judicial.

Tras divulgarse la historia hace pocos meses, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Pues bien, ante la persistencia del centro en su actitud, la familia de la niña se ha visto obligada a trasladar a la menor de colegio. Durante este tiempo la niña ha acudido a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según indica el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se había vuelto ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que ha tomado la decisión “con todo el dolor de su corazón”, ya que comparte el ideario del centro, se trata de hecho de una expulsión forzada. Roales también ha declarado que pese al archivo decidido por la Fiscalía se está estudiando iniciar acciones legales contra el centro.

La Junta de Andalucía lo lamenta…

Tras conocer la noticia, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, ha lamentado que “hayan sido los injustificados prejuicios ideológicos del centro docente los que hayan motivado” la decisión de la familia de la niña, que en todo caso “respeta”.

Como explicamos en su momento, el archivo decidido por la Fiscalía no supone que se ponga punto final al contencioso entre la Junta y el colegio, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. El pasado diciembre, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro que podría acabar con la retirada del concierto. Este procedimiento administrativo sigue adelante.

Veremos si finalmente la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado. En cualquier caso, y para evitar que se repitan hechos de este tipo, urge que se apruebe cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía, registrada en el Parlamento regional el pasado 16 de enero.

Un toque positivo

Terminamos esta entrada haciéndonos eco, al menos, de un hecho positivo relacionada con el caso. “La comparsa del futuro”, una de las ganadoras del certamen de comparsas del Carnaval de Málaga, rindió un homenaje a la niña en la letra de una de sus actuaciones. Un detalle de sensibilidad contra la discriminación tránsfoba que ha merecido el aplauso de la Federación Andaluza Arco Iris, que nos ha hecho llegar la noticia.

Os dejamos con el vídeo de la actuación:

http://www.youtube.com/watch?v=WvetGOEN1fs

Fuente Dosmanzanas

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