Un grupo de 10 jóvenes noruegos creó un perfil falso en una web de citas para homosexuales y atacó a un hombre de 50 años que, afortunadamente, logró huir sin ser herido. Sin embargo, el trauma tras el ataque le ha dejado graves secuelas psicológicas. Los agresores han sido condenados a una sanción económica y a prestar servicios comunitarios.

Lamentablemente, parece ser que las encerronas para atacar a homosexuales ya no son tan solo un asunto de homófobos rusos o bandas ultraderechistas españolas. En la localidad noruega de Ingierstrand, cercana a Oslo, un grupo de jóvenes de alrededor de veinte años de edad decidió vengarse porque su rincón favorito para las vacaciones se había convertido en un lugar de cruising para homosexuales.

Los miembros del grupo crearon un perfil falso en Gaysir.no, la página web más frecuentada en Noruega para citas entre homosexuales. Se citaron con un hombre de 50 años en un aparcamiento, al que acudieron armados con bates de béisbol y escopetas de aire comprimido. Cuando se presentó, se dirigieron hacia él gritándole “puto gay” y “maricón de mierda”, efectuando disparos de balines con sus escopetas. El hombre, aterrorizado, logró huir hacia su coche y escapar del ataque sin sufrir lesiones físicas.

Tras la correspondiente denuncia, los 10 jóvenes fueron arrestados. En el juicio, fueron declarados culpables de un crimen de odio y condenados a una multa conjunta de 100.000 coronas (unos 12.000 euros) y a entre 160 y 190 horas de servicio comunitario.

A pesar de la ausencia de lesiones físicas, el abogado de la víctima dejaba patente el grave daño psicológico que se le había ocasionado a su cliente. “No ha sido capaz de acudir a trabajar y ha sufrido varias hospitalizaciones. Su calidad de vida se ha deteriorado significativamente”, declaraba.

Fuente Dosmanzanas

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El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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Nota de Prensa:

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre del 2011. Varias personas trans, 3 chicas y un chico, intentaron acceder a la discoteca “Get Back” de Barcelona. Los porteros del local las interceptaron con una actitud violenta y no las dejaron entrar. El pretexto para impedirles el acceso fue que el aforo estaba lleno, cosa que no se ajustaba a la realidad, ya que personas que estaban haciendo cola no dejaron de entrar.

Las personas trans reclamaron el acceso en igualdad de condiciones que el resto de los clientes, pero lo que recibieron fue un trato degradante y vejatorio por parte de algunos porteros, que se refirieron a las chicas trans con improperios tales como “travelos” o “ellos” a viva voz, sometiéndolas a escarnio, burla y mofa, a la cual se fue sumando la clientela que en ese momento accedía al local.

Se produjo una situación de muchos nervios, llantos e histeria. Uno de los guardias de seguridad del local le dijo al chico que “ellos“, refiriéndose a las chicas trans, “no pueden entrar, pero tú si, no queremos mezclar ambientes“. A lo que el chico respondió que “ellas son mujeres trans y yo un hombre trans”. La respuesta del portero fue dar un manotazo en el pecho del chico, apartándolo bruscamente y diciéndole “pues ahora tú tampoco entras, maricón“.

Este día 13 de marzo, gracias en parte a las actuaciones del fiscal coordinador de Cataluña contra delitos de odio y discriminación, don Miguel Ángel Aguilar, se celebró el juicio. Comparecieron el chico trans y una de las chicas. Las otras dos chicas, por miedo, no se personaron en la denuncia.

La Asociación de Transexuales de Andalucía considera que el hecho de sentar en el banquillo de acusados a estos individuos ya es en sí un acto de justicia, por lo que exigimos una condena ejemplar para que estos hechos contrarios a los principios de igualdad y no discriminación contemplados en nuestra Constitución y demás normas que regulan la convivencia entre la ciudadanía, jamás vuelvan a ocurrir. “Catalunya es una comunidad que se ha destacado por ser un espacio de libertad, respeto y de reconocimiento de la diversidad, por lo que conductas como estas han de ser rechazadas por los responsables de velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía sin excepción alguna”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.

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Leemos en Dosmanzanas que los alumnos de la Newtown High School of the Performing Arts, un instituto cercano a Sydney especializado en artes escénicas, han dado toda una lección de tolerancia a Tony Abbott, el católico primer ministro de Australia, que se opone con fuerza a la aprobación del matrimonio igualitario pese a tener una hermana abiertamente lesbiana. Preguntado por la razón de tal oposición, Abbott tuvo dificultades para argumentar su oposición ante los estudiantes. Ante la abrumadora evidencia de que estos estaban a favor del matrimonio igualitario, el primer ministro no tuvo otro remedio que tomar nota y pasar a otra pregunta.

En el que por otra parte supone un ejemplar ejercicio de transparencia con el que ni soñamos en la España actual, el jefe del gobierno australiano se enfrentaba sin red a las preguntas de los estudiantes en un ambiente distendido. En un momento determinado, una estudiante le preguntó: “¿por qué se opone tanto a legalizar el matrimonio gay?”. La pregunta fue recibida con una gran ovación por el resto de los alumnos. “Bueno, mira…”, respondió Tony Abbott. “No estoy en contra de que las personas tengan una maravillosa relación, estoy totalmente a favor de que las personas tengan relaciones de amor permanentes, pero supongo que se trata de una cuestión de definición”, añadió el primer ministro, en un tono poco convincente.

“Hay un montón de gays en nuestra escuela. Tengo un montón de amigos gays, y es triste que no puedan casarse solo porque les gusta alguien de su mismo sexo”, le comentó en ese momento en voz alta otra estudiante. Una respuesta que fue recibida con alborozo por el resto de los alumnos, que la aplaudieron con fuerza.

“De acuerdo, he captado claramente el mensaje. Pasemos a otra pregunta”, concede Abbott.

Podeís ver las imágenes a continuación. El vídeo esta insertado de forma que comience en el momento en que la estudiante hace la pregunta:

http://www.youtube.com/watch?v=yBZwu5bAEdo

Matrimonio igualitario en Australia: una carrera de fondo

El debate sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Australia viene de lejos. Antes de las últimas elecciones fueron los laboristas, entonces al frente del Gobierno, los que actuaron como freno. La que hasta junio era primera ministra, Julia Gillard, era radicalmente opuesta, y  durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de dicho derecho dentro del Partido Laborista -en teoría mayoritarios- trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que en su último congreso nacional, celebrado a finales de 2011, los laboristas decidían incorporarlo a su ideario. Pero Gillard se encargó de convertir ese ideario en papel mojado al imponer que los legisladores laboristas tuvieran libertad de voto. Una libertad que Tony Abbott negó a los suyos y que finalmente desembocó en el fracaso de la iniciativa a nivel federal.

El deterioro de popularidad de la primera ministra y las previsiones de una contundente derrota llevaron a Kevin Rudd a desafiar a Gillard y arrebatarle en junio el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro (Rudd le devolvía la jugada a Gillard, que tres años antes hizo lo mismo con él). Rudd había hecho público su apoyo al matrimonio igualitario el pasado mayo, y eso pese a que su anterior etapa como primer ministro se caracterizó también por un rechazo frontal al mismo. Pero la sustitución de Gillard por Rudd no fue suficiente para evitar la derrota laborista, y tras las elecciones de septiembre Tony Abbott se convertía en el nuevo primer ministro al frente de un gobierno liberal-conservador. Abbott es conocido por ser católico conservador y por su clara oposición al matrimonio igualitario, pese a tener una hermana abiertamente lesbiana. Su victoria alejó las expectativas a corto plazo de la aprobación del matrimonio igualitario, pese a que un número no determinado de diputados de su partido son partidarios del mismo, y de hecho el propio Abbott ha reconocido que en el futuro le resultaría complicado mantener la disciplina de voto en esta materia.

En este escenario político a nivel nacional los partidarios de la igualdad LGTB intentaron dar la batalla a nivel de los estados y territorios de Australia. El Territorio de la Capital Australiana (ACT), donde se ubica Canberra, la capital federal, aprobó de hecho en octubre su ley de matrimonio igualitario, pero esta fue inmediatamente recurrida ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón al Gobierno federal en diciembre. Se cerraba así la vía de los estados, aunque el alto tribunal dejaba abierta la puerta a un posible cambio en la legislación matrimonial siempre que fuera a nivel federal.

Las encuesta de opinión, por su parte, muestran en este aspecto un divorcio claro entre la opinión de los ciudadanos australianos (un 65% de los cuales son partidarios del matrimonio igualitario, cifra que es aún mayor entre los más jóvenes) y sus políticos, reacios a aprobar este derecho. Mientras ello no ocurra, por cierto, la vecina Nueva Zelanda se ha convertido en destino preferente de las parejas australianas del mismo sexo para contraer matrimonio.

Las estrellas de Modern Family, a favor

Terminamos esta entrada con un delicioso vídeo de apoyo al matrimonio igualitario en Australia, protagonizado por dos de los protagonistas de la comedia Modern Family, Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet. Tras referirse a lo poco elegante que supone inmiscuirse en la política interna de otros países, los actores que encarnan a la pareja gay de la exitosa serie se preguntan cómo es posible que no exista matrimonio igualitario en un lugar tan paradisiaco como Australia, el país que ha visto nacer a iconos gays como Kylie Minogue, Olivia Newton-John o “Sandy, de Grease”. Cuando Ferguson le recuerda a Stonestreet que habían quedado en que no era correcto inmiscuirse en la política australiana, Stonestreet replica: “no se trata de política, sino de amor y derechos humanos”.

La pareja (cuyos personajes, Mitch y Cam, están por cierto preparando su boda en la serie) acaba decidiendo cruzar el mar con destino a Nueva Zelanda, país en el que sí es legal el matrimonio igualitario:

Se da la circunstancia de que Jesse Tyler Ferguson, el actor que interpreta a Mitch, es gay en la vida real, y él mismo contrajo hace varios meses matrimonio con el abogado Justin Mikita. Ambos son fundadores de la organización Tie The Knot, que colabora en la financiación de diversos grupos de defensa de los derechos LGTB.

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También han comenzado a publicarse listas de «sospechosos» de ser homosexuales

Uganda prepara la marcha del orgullo anti gay

Tras la promulgación por el presidente Yoweri Museveni de la ley que endurece los delitos relacionados con la homosexualidad, en Uganda no solo se ha desatado la violencia homófoba, también se ha instalado uno de sus frutos: la delación. Dos hombres homosexuales han sido detenidos al ser delatados por un trabajador del hotel donde se hospedaban, mientras se dan a conocer casos de homosexuales que son expulsados de sus domicilios por sus caseros. Por su parte, los activistas LGTB, en una acción no exenta de riesgo, han planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Se ha dado a conocer la que se supone que ha sido la primera detención en aplicación de la ley homófoba en Uganda, apenas dos semanas después de su entrada en vigor. Dos hombres fueron arrestados en Kampala tras ser delatados por uno de los trabajadores del hotel donde se alojaban. Según el informe, los gemidos que salían de la habitación de la pareja fueron escuchados por el empleado, que procedió a llamar a la Policía. Los agentes irrumpieron en la habitación, procediendo a la detención de los dos hombres, mientras procedían a fotografiar el arresto cuando aún estaba medio desnudos, en una escena que no cabe calificar más que de humillante. Si se confirman los hechos, los detenidos podrían enfrentarse a una pena de 14 años de prisión. Cabe recordar también que la nueva ley castiga a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denuncien a las autoridades.

Desde Sebaspace, un blog activista, se han dado a conocer dos casos de expulsión de su residencia de dos personas por ser homosexuales. El primero se refiere a una lesbiana a quien su casero le ha remitido una carta, fechada el pasado 5 de marzo, en los siguientes términos: “Usted ha sido una mujer maravillosa, así como una inquilina que no ocasionado ningún problema ni con la renta ni con ningún otro asunto. Pero debido a lo que está pasando en el país [refiriéndose a la ley homófoba] y a la manera en que usted y sus amigos se comportan, lo siento, pero creo que es usted una persona depravada a la que ya no puedo tolerar en mi casa. Además, no se puede luchar contra el gobierno. Por lo tanto, la quiero fuera de mi casa el 30 de marzo de 2014, de manera pacífica”.

En el segundo caso se trata de un hombre gay residente en Kampala, al que a su vez han dirigido el siguiente escrito: “Le escribo para informarle de que usted será desalojado de la casa donde vive por las historias [sobre su estilo de vida homosexual] que aparecieron en Bukedde televisión y en la prensa escrita. Ya no podemos vivir con alguien como usted. Por lo tanto, debe desalojar la propiedad antes del 5 de mayo 2014”.

Recurso de inconstitucionalidad contra la ley homófoba

En este ambiente de terror y delación, los activistas que luchan por el respeto a los derechos civiles han decidido que se oiga su voz. Un grupo denominado Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law ha presentado ante la Corte de Constitucional de Uganda un recurso de inconstitucionalidad contra la ley homófoba porque fomenta la discriminación basada en la orientación sexual.

Nicholas Opiyo, uno de los abogados que ha redactado el recurso, informa de que se ha solicitado que se suspenda cautelarmente la aplicación de la ley. Opiyo cree que la decisión de la Corte Constitucional puede demorar meses, o incluso años, debido al volumen de asuntos sobre los que debe decidir.

El abogado también espera que los jueces prohíban la publicación o emisión de listas de sospechosos de ser homosexuales. Recordemos que el tabloide Red Pepper publicó lo que dio en llamar “el top 200″ de los homosexuales de Uganda, dando a conocer 200 nombres entre los cuales hay conocidos activistas LGTB (como Pepe Julian Onziema) pero también personas que nunca han expresado públicamente su orientación sexual y otras que sin ser LGTB han apoyado la igualdad de derechos, con el consiguiente riesgo para su seguridad.

La actuación de estos activistas no está exenta de riesgo, puesto que la nueva ley castiga lo que denomina “promoción de la homosexualidad”, que incluye a las organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales.

Desde estas organizaciones, aunque se reconoce la popularidad de la nueva legislación entre el pueblo de Uganda, no se deja de insistir en que tanto la redacción de la ley como el odio hacia los homosexuales han sido fomentados por grupos evangélicos estadounidenses como parte de su campaña homófoba en África.

Los activistas también corroboran las informaciones acerca de detenciones y desalojos. Según sus datos, hasta diez homosexuales habrían sido detenidos desde la entrada en vigor de la ley y al menos cinco personas habrían sido desalojadas de sus domicilios.

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Las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado domingo 9 de marzo en Colombia han dejado un sabor agridulce desde el punto de vista LGTB. Una noticia muy positiva es sin duda la llegada al Congreso, por primera vez en la historia del país, de una persona abiertamente homosexual: Angélica Lozano, hasta el momento concejal en Bogotá. También es una buena noticia que varios candidatos de perfil fuertemente homófobo, como el conservador Javier Suárez, presidente de la Fundación Marido y Mujer, hayan quedado fuera. El resultado global de las elecciones arroja sin embargo una mayoría para las fuerzas que se oponen al reconocimiento expreso de derechos para las personas LGTB, lo que seguirá haciendo muy complicado su avance.

Angélica Lozano, representando al Partido Alianza Verde, logró su escaño gracias a los 30.950 votos recibidos en la capital, Bogotá. Lozano es una incansable luchadora a favor de los derechos LGTB y su llegada al Congreso (será miembro de la Cámara de Representantes) supondrá sin duda un soplo de aire fresco:

Otros candidatos favorables a la igualdad que resultaron elegidos son Agela María Robledo (también de Alianza Verde), que mantiene su escaño en la Cámara de Representantes, y Armando Benedetti (Partido de la U, el partido del presidente Juan Manuel Santos), que hace lo propio en el Senado. Benedetti, recordemos, fue el impulsor del proyecto de ley de matrimonio igualitario que fracasó en abril de 2013 y forma parte de un partido en el que dicha posición no es ni mucho menos la mayoritaria, por lo que su reelección es todo un éxito para los partidarios de la igualdad.

También es una buena noticia la no consecución de escaño de Javier Suárez, presidente de la Fundación Marido y Mujer, que había hecho de la homofobia uno de los ejes de su campaña y al que ya hemos dedicado algunas entradas. La Fundación que presiden Suárez, que era candidato al Senado, es pieza clave en la oleada de recursos judiciales contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Han perdido su escaño los senadores José Darío Salazar, Edgar Espíndola o Jorge Eduardo Géchem, todos ellos consumados homófobos.

También quedarán fuera del Senado el pastor Carlos Baena (que optaba a renovar su escaño) y Gloria Stella Díaz (hasta ahora representante en la Cámara y optaba ahora a un puesto en el Senado). Ambos son miembros del Partido MIRA, una formación vinculada a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. La líder de esta iglesia, María Luisa Piravique, se vio envuelta antes de las elecciones en un escándalo al difundirse públicamente un vídeo en el pedía a los pastores de su iglesia que no permitieran a personas con discapacidad subir a los púlpitos, al considerarlo antiestético. Una polémica que desde luego no parece haber beneficiado a los candidatos de MIRA. Se da precisamente la circunstancia de que el hijo de Piravique es gay y fue expulsado de la iglesia y del partido por su propia madre, aunque luego la familia lo volvió a acoger (ahora vive fuera de Colombia).

Noticias menos favorables para el colectivo LGTB

No tan buena noticia es el hecho de que es que los candidatos al Senado abiertamente homosexuales Elizabeth Castillo (candidata por el Partido Liberal) y Julio César Mancera (por el Polo Democrático Alternativo) no hayan conseguido escaño. Tampoco Lina María Palacio, abiertamente lesbiana y candidata a la Cámara de Representantes por el Polo, que llegó a recibir amenazas durante su campaña por parte de grupos paramilitares.

Ya considerando el resultado global de las elecciones, se mantiene la situación de la anterior legislatura, en tanto que la mayoría del Congreso está formada por fuerzas políticas mayoritariamente opuestas a la igualdad de derechos LGTB. Es el caso del Partido de la U (pese a excepciones como las del mencionado Armando Benedetti), del Partido Conservador o del Centro Democrático, nueva formación que irrumpe con fuerza en el panorama político colombiano. Segunda fuerza en número de votos, después del Partido de la U, el Centro Democrático es un partido promovido por el expresidente Álvaro Uribe que durante la campaña se significó contra el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el aborto, la eutanasia y la legalización de la marihuana. Uno de sus aliados fue la homófoba Iglesia Misión Carismática Internacional, que ha conseguido que dos de sus candidatos en las listas del partido de Uribe, los pastores Orlando Castañeda y Esperanza Pinzón, consigan escaño (en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente).

Una situación que apunta a que, como ha sucedido en los años previos, el avance de los derechos LGTB en Colombia seguirá dependiendo de las instancias judiciales, y muy singularmente de la Corte Constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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Fotografías del blog del Presbiterio de Madrid y Extremadura de la IEE.

Una celebración conjunta de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) y de la Iglesia Evangélica de España (IEE) ha provocado cierto revuelo en el mundo protestante y por extensión en el catolicismo conservador. El acto consistió en una mesa redonda sobre la mujer y la religión, seguido de un oficio religioso copresidido por pastores de la ICM e IEE.

El domingo 9 de marzo se celebró en los locales de la IEE en la calle Noviciado (Madrid) una mesa redonda sobre “Mujer y religión. Espacio de liberación o de exclusión”. La mesa contó con la participación de Mujeres Cristianas Homosexuales Nueva Magdala, Católicas por el Derecho a Decidir, Redes Cristianas y el Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB. Tras el debate tuvo lugar una celebración religiosa, la Santa Cena, que copresidieron Alejandro Medel y Margarita Sánchez de León, pastora de la ICM, y Alfredo Abad, de la IEE. Estuvieron también presentes las cámaras de La Sexta.

El hecho de que un acto así fuera organizado por la IEE ha conmocionado a una parte del mundo protestante español. Protestante Digital, un medio de comunicación evangélico de tendencia conservadora, se hizo eco con una noticia de tono meramente informativo, lo que por sí solo fue motivo para que les lanzaran críticas. El eco de esta publicación ha facilitado que medios católicos conservadores se recogieran también la noticia, en esta ocasión en un tono directamente descalificador.

Iglesias inclusivas en España

El revuelo organizado tiene sus razones. La IEE es una de las iglesias protestantes más importantes y con mayor solera de España. Su apoyo a las personas LGTB no es nueva. Ya en 2009 tomaron la resolución de abrirse a un modelo “inclusivo”. No obstante, la posición de la IEE es minoritaria dentro del conjunto de las iglesias evangélicas españolas, englobadas en la FEREDE (Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas). La divergencia entre la IEE y la mayor parte de iglesias evangélicas estriba en que la primera pertenece a las iglesias protestantes tradicionales, arraigadas directamente en la Reforma del siglo XVI, mientras que las iglesias evangélicas proceden en gran parte de la llamada “reforma radical” y de movimientos surgidos en los siglos XIX y XX que se caracterizan por una afirmación del literalismo bíblico.

En cuanto a la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), es una iglesia fundada en 1968 por el reverendo Troy Perry (antiguo pastor baptista, expulsado por homosexual). Desde el principio se ha definido como una iglesia inclusiva y abierta a todas las personas con independencia de raza, sexo u orientación sexual. Desde sus orígenes se ha ido extendiendo y desde hace dos años están presentes en España, bajo la dirección actual de Alejandro Medel. Actualmente se reúnen habitualmente en los locales de la IEE en la calle Noviciado, lo que da fe de que el apoyo de esta tradicional iglesia protestante está lejos de ser accidental.

Os dejamos con la grabación de la discusión que tuvo lugar el pasado domingo:

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Una pareja portuguesa con su hija, el pasado febrero en Lisboa. / PATRICIA DE MELO MOREIRA  (AFP)

Leemos en Dosmanzanas y en  El País:

Finalmente el Parlamento de Portugal ha dicho “no” al proyecto de ley propuesto por el Partido Socialista (PS) para legalizar la “coadopción”, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pueda adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes. Pese a que una quincena de diputados del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), de centro-derecha, ha votado a favor de la propuesta, esta ha sido derrotada por cuatro votos. El Parlamento votaba el proyecto después de que el Tribunal Constitucional portugués tumbara la propuesta de referéndum con la que el PSD quería eludir su responsabilidad.

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impide optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. La limitación fue impuesta por el entonces gobernante PS contra el criterio de otros grupos de izquierda y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución portuguesa recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional por iniciativa del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, la prohibición de la adopción quedó fuera de la consulta, para evitar que fuera el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con dicha discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción. Así se hizo, y en mayo de 2013 el PSD permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia, y así evitar posicionarse.

El grupo parlamentario del PSD hizo suya la idea, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta). La propuesta de referéndum fue aprobada en enero por 103 votos de los socialdemócratas contra 93 votos de la izquierda. El CDS-PP, partido situado aún más a la derecha del PSD y que forma parte de la coalición de Gobierno, optó por la abstención, al igual que dos diputados socialistas. La estratagema del PSD, sin embargo, se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no puede preguntarse al mismo tiempo sobre la coadopción, “donde existe una familia ya constituida de facto” y sobre la adopción conjunta, “donde se pretende constituir una familia ex novo”. El Constitucional estimó que hacer coincidir ambas preguntas generaba “ambigüedad” y que la respuesta a una de ellas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra.

La votación

Tras el dictamen del Constitucional, el presidente Cavaco Silva devolvió la patata caliente al Parlamento. Finalmente el PSD decidía dar libertad de voto a sus diputados y afrontar la votación parlamentaria, que ha tenido lugar este mismo viernes. Pese a que quince diputados del PSD han votado a favor de la propuesta, esta era derrotada por 111 votos contra 107 (solo cuatro votos de diferencia). Ha habido además cinco abstenciones (en realidad, siendo estrictos, este resultado se refiere solo a una parte del articulado, la que se ha votado inicialmente. Luego se ha votado otra parte, cuyo resultado ha sido casi idéntico, salvo porque la abstención de un diputado del PSD se ha convertido en un voto en contra).

En esta ocasión, y a diferencia de los sucedido cuando se votó la propuesta de referéndum, los diputados del CDS-PP sí se han pronunciado: todos ellos han votado en contra, salvo uno que estaba ausente. En los partidos de izquierda (PS, Bloque de Izquierda, Verdes y Partido Comunista) todos los diputados han votado a favor salvo dos socialistas (que se han abstenido) y un comunista que no estaba presente.

Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas. La diputada socialista Isabel Moreira ha asegurado que su grupo seguirá batallando porque se apruebe la coadopción durante la presente legislatura, mientras que las juventudes socialdemócratas insisten en “la necesidad” de un referéndum sobre la materia. Es posible también que el asunto quede ya aparcado hasta la próxima legislatura (Portugal debe celebrar elecciones generales en 2015), en la que si la tendencia que marcan las encuestas se mantiene las fuerzas de izquierda pueden recuperar la mayoría parlamentaria. Leer más…

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La Eurocámara ha dado luz verde, en primera lectura, al reglamento general de protección de datos. Entre otros muchos aspectos, el texto hace hincapié en la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. El socialdemócrata Martin Schulz, como presidente del Parlamento, será ahora el encargado de transmitir la propuesta al Consejo Europeo y a la Comisión, así como a las cámaras nacionales de los países miembros de la Unión Europea.

Estos días hemos conocido que el semanario ugandés Red Pepper alentaba la persecución pública de homosexuales, con nombres y apellidos, lo que le ha costado la retirada de la publicidad de la multinacional de telecomunicaciones Orange. La norma propuesta este miércoles por la Eurocámara impedirá que ataques a la orientación sexual, como el ocurrido en Uganda, queden libres de castigo cuando se produzcan en la Unión Europea.

Si no se cuenta con el consentimiento explícito del interesado o no se reúnen determinados condicionantes que lo posibiliten, se prohibirá el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias filosóficas, la orientación sexual o la identidad de género, la afiliación y las actividades sindicales, así como el tratamiento de aspectos genéticos o biométricos o informaciones relativas a la salud o la vida sexual, entre otros.

Las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo respaldan de forma mucho más clara que la propuesta inicial de la Comisión el derecho a la privacidad del colectivo LGTB y garantizan que cualquier acción encaminada a la discriminación personal intencionada, en la que se revelen o se hagan públicos datos privados con fines oscuros, tendrá consecuencias legales. En cualquier caso, la aprobada esta semana no es todavía la versión definitiva. Habrá que esperar a conocer las enmiendas que propone el Consejo Europeo (que agrupa a los gobiernos de los 28 países de la Unión) para ver si se producen cambios sustanciales.

Condena a Uganda y Nigeria y estudio de posibles sanciones

Apenas un día después, el Parlamento Europeo aprobaba con el acuerdo de los principales grupos una resolución de condena a las leyes homófobas recientemente aprobadas en Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicita su derogación y propone que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

La Eurocámara también sugiere a la Unión Africana que se posicione y pide a sus líderes y a los de la Unión Europea “que sitúen estas leyes en el centro de los debates de la 4ª Cumbre África-UE, que se celebrará los días 2 y 3 de abril de 2014″. El texto pide además que se examine la posibilidad de sanciones selectivas, como prohibiciones de viajes y de visados, para los principales responsables de la elaboración y la adopción de estas dos leyes.

El Parlamento Europeo acaba lamentando “la situación social, económica y política de las naciones africanas amenazadas por el fundamentalismo religioso que es, en general, cada vez más difícil y está cada vez más omnipresente, con nefastas consecuencias para la dignidad, el desarrollo y la libertad de las personas” y pidiendo a la Comisión y al Consejo Europeo que incluyan una mención a la no discriminación por motivos de orientación sexual en todo acuerdo futuro que sustituya al acuerdo de Cotonú.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno alemán de gran coalición entre los democristianos de la CDU/CSU y los socialdemócratas del SPD ha cumplido uno de sus muy escasos compromisos con los ciudadanos LGTB, que además era un mandato del Tribunal Constitucional del país, y ha presentado un proyecto de ley para que gays y lesbianas puedan adoptar también a los hijos adoptados de sus parejas.

Se trata de un procedimiento de adopción “en dos pasos” que el alto tribunal dictaminó en febrero del año pasado para que las personas que hayan contraído unión civil con una persona de su mismo sexo puedan adoptar a los hijos previamente adoptados por sus parejas, algo que solo estaba permitido en parejas heterosexuales; el plazo que daban los jueces del Constitucional para hacer efectivo el fallo concluía el 30 de junio de este año.

Democristianos y socialdemócratas incluyeron este punto entre sus mínimos compromisos con el colectivo LGTB, probablemente conscientes de que, en cualquier caso, estaban obligados a legislar en ese sentido. Bajo el epígrafe “Respetar la identidad sexual”, se anunciaba también la intención de “intentar acabar con las discriminaciones existentes” basadas en la orientación sexual y ampliar el Plan Federal contra el Racismo, la Xenofobia y el Antisemitismo para incluir la homofobia y la transfobia. También hacía mención, de forma vaga, a mejorar la situación de las personas intersexuales y transexuales.

En Alemania solo pueden adoptar las personas solteras y los matrimonios, por lo que están excluidas las uniones civiles entre personas del mismo sexo, en las que solo era posible la adopción del hijo biológico de la pareja. El ministro de Justicia, el socialdemócrata Heiko Maas, ha calificado la reforma presentada este miércoles como “un importante paso adelante en el camino hacia la igualdad legal completa de las parejas del mismo sexo”.

La iniciativa parece, sin embargo, un paso demasiado timorato en la equiparación de los derechos de parentalidad. El portavoz de Justicia de Los Verdes, Volker Beck, ha instado al SPD a “no dejar que los viejos homófobos de la Unión le dicten las políticas” y ha criticado que la coalición no haya abierto la adopción conjunta a las parejas del mismo sexo. La CDU/CSU de la canciller Angela Merkel se opone frontalmente a esta posibilidad, como se oponía también a la medida que ahora ha tenido que aprobar por imperativo legal.

Fuente Dosmanzanas

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Cuenta Dosmanzanas que la policía de San Petersburgo ha suspendido las investigaciones sobre el ataque homófobo a la  sede de la organización LGTB LaSky, en las que fueron heridos dos activistas. Uno de ellos, Dmitry Chyzhevsky, ha perdido definitivamente la visión del ojo izquierdo tras ser herido por una bala de goma durante el asalto.

Los hechos se produjeron a principios del mes de noviembre del pasado 2013, cuando se celebraba una de las habituales reuniones en la sede de LaSky. Dos encapuchados, armados con bates de béisbol y pistolas neumáticas, irrumpieron en el local y golpearon a la activista Anya Prutskova e hirieron de un disparo al joven Dmitry Chyzhevsky. La bala de goma se quedó alojada en la cuenca del ojo izquierdo de Dmitry, temiéndose desde un principio que pudiera perderlo definitivamente.

También desde un principio, las fuerzas policiales banalizaron el asalto calificándolo de simple vandalismo, provocando la indignación de las víctimas. “¡Maldita sea!, ¿puedo quedar inválido y lo llaman vandalismo?”, protestaba con evidente enfado Dmitry Chyzhevsky, que se planteaba incluso la contratación de detectives privados para que efectuasen la investigación. “Todavía puedo ver la homofobia, para eso tengo el otro ojo”, afirmaba con resolución.

Las protestas de Dmitry, lamentablemente, han caído en saco roto. La investigación ha quedado suspendida y un tribunal de San Petersburgo ha resuelto desestimar la calificación del brutal asalto como crimen de odio.

Amnistía Internacional ha expresado su protesta por la impunidad con que actúan los homófobos en Rusia. Según Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha declarado que “las autoridades rusas deben buscar, investigar y procesar a todos los responsables de estos ataques violentos. En este caso se trata de un asalto violento muy serio que ha causado lesiones graves y podría haber resultado mortal. Los responsables deben enfrentarse a las graves consecuencias de sus actos con todo el peso de la ley”.

En cuanto a Dmitry Chyzhevsky, hay que lamentar también que tras varias operaciones haya perdido definitivamente la visión del ojo izquierdo. Sin embargo, como podemos comprobar en la fotografía que él mismo subió a las redes sociales, el joven de 27 años sigue empeñado en la lucha por sus derechos, exhibiendo con orgullo los colores del arcoíris sobre su ojo mutilado.

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Informa Dosmanzanas que este jueves, 13 de marzo, el Parlamento lituano tenía previsto votar una norma muy similar a la ley contra la “propaganda homosexual” ya vigente en Rusia. Lituania es miembro de la Unión Europea, por lo que su aprobación constituiría un precedente muy preocupante. No se trata, por otra parte, de la única norma de contenido homófobo que el Parlamento de Lituania tiene previsto discutir en su periodo de sesiones de primavera, recién iniciado.

Actualización (17:00 horas)

Buenas noticias. El Parlamento lituano ha decidido finalmente no proceder a la votación de la propuesta, que por el momento queda en suspenso. A la hora de decidir si se tomaba en consideración, 39 diputados se han mostrado favorables, 34 desfavorables y 20 se han abstenido. Aunque disponían de mayoría simple, a los partidarios de que se votara la norma les han faltado 5 votos para que según el reglamento parlamentario esta pudiera ser votada. Un subterfugio procedimental que muy posiblemente esconde el delicado equilibrio entre los deseos de aprobar la norma y el temor a las consecuencias diplomáticas que la decisión acarrearía.

Muy importante para el resultado final ha resultado el voto contrario de 18 diputados de la Unión Patriótica-Demócrata Cristianos Lituanos (TS-LKD), principal partido del centro-derecha lituano. Otros 2 diputados de ese partido se abstuvieron, mientras que el resto de sus 33 diputados no votaron. Petras Gražulis, el promotor de la norma homófoba, ha acusado al TS-LKD de renunciar a sus principios. Vida Marija Čigriejienė, diputada de ese partido, le ha respondido muy acertadamente que dado que él mismo se acaba de divorciar, Gražulis no está precisamente autorizado para erigirse en defensor de los valores familiares tradicionales (Lituania, recordemos, es un país mayoritariamente católico).

Ojalá ocurra lo mismo con el resto de leyes de carácter homófobo incluidas para su discusión en el actual periodo de sesiones. Estaremos atentos a lo que sucede en próximas semanas.

Esta era la noticia que publicaba Dosmanzanas ayer y que resume muy bien la ituación…

La norma es una enmienda al Código de Faltas Administrativas que castigaría con fuertes multas cualquier acto público que atente contra los valores familiares tradicionales, tal y como se recogen en la Constitución de Lituania. Las multas oscilarían entre los 300 y los 900 euros, pero podrían llegar hasta los 1.800 euros en caso de reincidencia (en un país con un salario medio que no llega ni a la mitad del español). Cualquier evento en defensa de los derechos LGTB (congresos, reuniones, discursos, manifestaciones, etc.) vería muy dificultada su celebración. La iniciativa procede de Petras Gražulis, diputado lituano de conocidas convicciones homófobas, que ha hecho de la persecución de los derechos LGTB el eje de su acción política.

No se trata, por otra parte, de la única legislación homófoba que el Parlamento de Lituania tiene previsto discutir esta primavera. Otras tres normas de carácter homófobo podrían ser aprobadas. Una de ellas obligaría a que los organizadores de manifestaciones públicas costearan los gastos de seguridad que generaran. Ello impediría la celebración de eventos como el Orgullo LGTB (aunque fueran autorizados por orden judicial) dado que en Lituania es impensable organizar este tipo de manifestaciones sin contar con una importante protección policial (buen ejemplo de ello es lo sucedido el pasado verano, cuando la Marcha del Orgullo Báltico, celebrada en Vilna, fue atacada por extremistas). Una cobertura policial que evidentemente las organizaciones LGTB lituanas no pueden permitirse pagar de su bolsillo. Otra norma prohibiría de forma expresa la adopción por parejas del mismo sexo, mientras que la cuarta propuesta tendría como objetivo dar seguridad jurídica a los comportamientos homófobos, de forma que criticar “conductas sexuales” y persuadir a una persona para que intente cambiar su orientación sexual no pueda ser considerado acoso, incitación al odio o incitación a la discriminación.

Habrá que ver qué sucede finalmente. En septiembre ya recogíamos como el Parlamento lituano anunciaba la discusión de otro paquete de medidas de carácter homófobo y tránsfobo durante el periodo de sesiones de otoño, que sin embargo no se llegaron a aprobar. Tres de ellas eran similares a las anunciadas ahora. Una cuarta propuesta consistía en la prohibición total de la cirugía de reasignación de sexo (algo que ya se intentó en 2011). Esta última propuesta, afortunadamente, no ha sido rescatada para el periodo de sesiones de primavera. Y en agosto pasado una iniciativa de referéndum para aprobar otra norma contra la “propaganda homosexual” fue finalmente bloqueada.

Lituania ya ha aprobado normas homófobas

Los antecedentes son en cualquier caso muy preocupantes: Lituania ya ha aprobado medidas de carácter homófobo. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a “orientación sexual”. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a los menores.

Meses atrás, en marzo de 2010, había entrado en vigor la llamada ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública”. Pese a que posteriormente fue corregida tras las numerosas protestas (prohibía informar de forma positiva sobre homosexualidad en escuelas, lugares públicos y medios de comunicación que pudieran ser vistos por niños), su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad: se eliminó la referencia explícita pero se prohíbe toda aquella información “que promueva el abuso sexual a menores, las relaciones sexuales entre menores y en general las relaciones sexuales”, estipulando que no podrán promocionarse “concepciones de la familia distintas a las determinadas por la Constitución de la República y el Código Civil”.

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Leemos en Dosmanzanas que un nuevo estado de México se sumará a la cada vez más larga lista de territorios de ese país en el que la justicia obliga a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En Michoacán, un juez federal ordenó la semana pasada que se celebre de forma inmediata la boda entre Alejandra Banderas y Claudia López, a las que el Registro Civil negó su solicitud de matrimonio dado a día de hoy el Código Civil del estado no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Michoacán sigue así los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró a finales de diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre (ya se ha celebrado de hecho una segunda, y en el momento en que se celebren cinco la jurisprudencia ya será firme). Pero las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario se han ido sucediendo en muchos otros estados, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa o Yucatán. En el caso de Oaxaca, sin duda la sentencia que marcó la tendencia, fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en diciembre de 2012 amparó de forma unánime a tres parejas, permitiendo que el primer matrimonio igualitario de ese estado se celebrara hace ahora un año.

Por el momento estos primeros amparos afectan solo a las parejas recurrentes, pero conforme se vayan acumulando y generando la suficiente jurisprudencia estado por estado el matrimonio igualitario será pronto un derecho que se podrá ejercer de forma extensa. La batalla judicial, además, apunta ya a la posible inconstitucionalidad de las leyes que limitan el matrimonio igualitario. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, la norma que prohíbe casarse a dos personas del mismo sexo será debatida por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a una decisión adoptada también la semana pasada. El alto tribunal puede emitir una sentencia de efecto limitado a las parejas recurrentes (como sucedió en Oaxaca) pero no se descarta una sentencia más genérica que abra el matrimonio a todas las parejas del mismo sexo del estado.

Un derecho que se extiende por todo México

No se trata de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo de México, ya que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace ya más de cuatro años, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en agosto de 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho iniciativas de aprobación de leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco.

En este contexto no es de extrañar que grupo de senadores decidiera hace meses promover en el Senado mexicano una propuesta de modificación del Código Civil Federal (que convive con los códigos civiles de los diversos estados) para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. La propuesta partió del izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) y despertó adhesiones de senadores del PRI (Partido Revolucionario Institucional), gobernante a nivel federal.

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Marcha por el día del Orgullo LGBT en Río de Janeiro en junio de 2013 / Fernando Frazão (ABR)

Leemos en El País:

La región es una de las que ha adoptado más leyes contra la discriminación de homosexuales pero estos aún sufren exclusión, a un alto costo social y económico

ESPECIAL Termómetro económico y social de América

Mariana Kaipper Ceratti Brasilia 7 MAR 2014 –

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El activista LGTB sueco Showan Shattak ha sido víctima del ataque de un grupo de nazis el pasado sábado 8 de marzo. Su estado es crítico, permaneciendo hospitalizado tras sufrir graves puñaladas en brazos y pulmones. Aficionado al fútbol, Showan Shattak destaca por su actividad contra la homofobia en el deporte, lo que hace sospechar que haya sido un objetivo premeditado.

Según testigos, la agresión se produjo cuando el joven abandonaba un acto conmemoratorio del Día Internacional de la Mujer en el que se instaba a luchar contra el sexismo. Tanto Shattak como el grupo de asistentes al acto que le acompañaban recibieron el ataque de un grupo de nazis armados con cuchillos. Dos mujeres y otros tres hombres fueron salvajemente golpeados, aunque Shattak fue víctima de la agresión más severa, al ser repetidamente apuñalado.  Todos ellos tuvieron que ser ingresados en el hospital a consecuencia del brutal ataque. Las heridas por apuñalamiento que sufría Shattak eran de tal magnitud que su estado se calificó de riesgo vital, aunque por el momento permanece estable.

Fuentes policiales informan que al menos tres miembros del Partido Nazi de Suecia han sido detenidos por estos hechos, acusados de intento de asesinato, aunque no se ha podido precisar el número de implicados en el ataque. Un testigo presencial estima que la agresión, tal y como se produjo, tiene visos de haber sido premeditada.

Shattak, que cuenta 25 años de edad, es uno de los fundadores de la asociación “Aficionados al Fútbol contra la Homofobia”. El joven es aficionado a su vez del equipo de fútbol sueco Malmö FF y miembro de una de sus peñas, aunando así su interés deportivo con su activismo en defensa de los derechos LGTB.

El domingo posterior al ataque, se celebró una manifestación de protesta ante la agresión por las calles de Malmö. También el fútbol sueco en su conjunto, y el Malmö FF en particular, han mostrado su indignación por los hechos y su apoyo al joven aficionado. Desde la peña de la que es miembro, se ha emitido el siguiente comunicado:

“Todos nuestros pensamientos y nuestro amor están hoy con nuestro amigo Showan, que fue apuñalado y golpeado por nazis ayer por la noche. Showan se encuentra actualmente completamente sedado en el hospital. Showan es una de las figuras más activas del Malmö, y ha contribuido en gran medida a construir el espíritu actual de las peñas del Malmö FF.

“Nuestra peña es un lugar para compartir, donde todo los que tienen un corazón azul celeste [los colores del equipo] son bienvenidos. Nunca aceptaremos el racismo y el nazismo en nuestras peñas ni en nuestra ciudad. Invitamos a todos a que dirijan sus pensamientos hacia Showan y su familia. Todo nuestro amor para ti, Showan. ¡Lucha! “

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La Asociación de transexuales, indignada con el acuerdo entre la Junta andaluza y el colegio transfóbico de Málaga

“Veremos si la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado”. La frase es nuestra: la incluíamos en nuestra anterior entrada dedicada al tema, en la que expresábamos nuestro temor de que la Junta de Andalucía no se atreviera a retirar la subvención al colegio religioso de Málaga que se negó a respetar la identidad de género de una niña transexual, hasta el punto de que la familia se vio obligada a cambiarla de centro. Un temor que se ha visto confirmado este lunes. La Junta ha llegado a un acuerdo con el centro que salda el episodio con un simple “apercibimiento”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

Como informamos hace poco más de dos semanas, la familia se vio obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, del Colegio San Patricio. Se trata de un centro concertado (es decir, financiado con fondos públicos aportados en este caso por la Junta de Andalucía) dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, vinculada al Obispado de Málaga. El centro se negó desde principios de curso a respetar la identidad de género de la niña, negándose a que apareciera en las listas escolares con nombre femenino, a que pudiera vestir el uniforme de niña y a que fuera tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro.

Tras divulgarse la historia, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. El centro no dio marcha atrás y la Fiscalía decidió finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Mientras tanto la niña acudía a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según explicó el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se volvió ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que tomó la decisión de sacar a la niña del centro “con todo el dolor de su corazón” se trató de hecho de una expulsión forzada.

Un acuerdo sobre la no obligatoriedad del uniforme

Tras conocer el abandono del centro por parte de la niña, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, lamentó que fueran los “injustificados prejuicios ideológicos del centro docente” los que motivaron la decisión de la familia, que en todo caso “respetaba”. A la Junta, sin embargo, le quedaba un as en la manga. En diciembre Educación anunció la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Un procedimiento administrativo que ha seguido adelante… hasta ahora. Este lunes Junta y colegio alcanzaban un acuerdo por el que este simplemente era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. “El el caso de que el centro reincidiera en mantener dicha medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto educativo”, añadía el Ejecutivo andaluz. La Junta ha recordado al centro que la legislación vigente “especifica taxativamente que los centros no pueden exigir contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de estas, aspecto contemplado en los términos contractuales de los conciertos educativos”.

Aspecto sin duda muy loable, el de censurar la uniformidad obligatoria, pero que más bien parece una forma alambicada de soslayar el problema de fondo: la discriminación tránsfoba ejercida por el colegio. El problema no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se ha limitado a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme “se garantice al máximo la convivencia aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. Nos preguntamos qué grado de compromiso supone esto para el colegio. Si la pequeña Gabi volviera ¿se le permitiría vestir ropa de niña con total libertad? ¿se usaría su nombre femenino en las listas? ¿se le permitiría usar el baño de niñas?

La Fundación Diocesana, gran vencedora

El episodio se salda con la victoria clara de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que una vez firmado el acuerdo de conciliación se ha permitido incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no ha llegado ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, resulta significativo que la Fundación no exprese rectificación alguna y argumente que la Fiscalía archivó el procedimiento. No parece que exista propósito de enmienda.

Un final decepcionante, aún más si se tiene en cuenta que la decisión de sancionar al centro dependía de una administración gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA, a la que se supone mayor sensibilidad a los derechos LGTB. Resulta en cualquier caso poco creíble que la Junta no dispusiera de suficiente margen de maniobra como para haber forzado un acuerdo más favorable a los intereses de la menor discriminada.

Fuente Dosmanzanas

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Leemos en Dosmanzanas que la empresa francesa de telecomunicaciones Orange ha comunicado que cesará de insertar publicidad en el semanario ugandés Red Pepper, desde donde se alienta a la persecución pública de los homosexuales. La organización de defensa de los derechos LGTB All Out insta a las empresas ubicadas en Uganda a que actúen del mismo modo, retirando su publicidad de los medios homófobos y comprometiéndose a proteger y apoyar a sus trabajadores LGTB.

Como informábamos hace unas semanas, tras la promulgación por el presidente Yoweri Museveni de la ley que endurece el trato penal a gais y lesbianas, en Uganda se ha instalado el horror homófobo. Uno de los que han contribuido a esa exacerbación de la homofobia es el tabloide Red Pepper, que ha publicado lo que ha llamado “el top 200″ de los homosexuales de Uganda, dando a conocer 200 nombres entre los cuales hay conocidos activistas LGTB (como Pepe Julian Onziema) pero también personas que nunca han expresado públicamente su orientación sexual y otras que sin ser LGTB han apoyado la igualdad de derechos. No hay que olvidar que el asesinato en enero de 2011 del activista gay David Kato se produjo tras ser uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (otra publicación local), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la horca”).

Desde la organización de defensa de los derechos LGTB All Out se constató que Red Pepper exhibía publicidad de la empresa francesa de telecomunicaciones Orange, iniciándose el pasado miércoles 5 de marzo una petición para que tanto la multinacional francesa como el resto de empresas implantadas en Uganda cesen de colaborar con una publicación empeñada en una cruel caza de brujas contra un colectivo tan desamparado como el de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. La petición ha recogido hasta el momento más de 70.000 firmas.

Dos días más tarde, el jefe de prensa de la empresa francesa, Jean-Bernard Orsoni, comunicaba que Orange había tomado la decisión de cesar su colaboración con el tabloide homófobo. Orsoni explicaba que “nos anunciamos en todos los países donde operamos, y, por desgracia, nuestra publicidad se publicó en esa revista. Nos ha impactado, pero no tenemos ningún control editorial sobre los medios de comunicación en los que insertamos nuestra publicidad”.

Instan a seguir el ejemplo de Orange

Guillaume Bonnet, responsable de la campaña de All Out en Francia, cree que “Orange puede desempeñar un papel importante tomando la iniciativa y mostrando las consecuencias que puede tener el proyecto de ley contra la homosexualidad en Uganda para los negocios. Si  Orange y otras compañías actúan de este modo, enviarán un mensaje inequívoco a los medios de comunicación y al gobierno de Uganda”. Desde All Out también se insta a que tanto Orange como las demás empresas protejan y apoyen a sus trabajadores en Uganda, incluidos los trabajadores LGTB.

En este sentido, la asociación de trabajadores LGTB de Orange, Mobilisnoo, remitía el mismo viernes 7 de marzo un comunicado al comité ejecutivo del grupo de telecomunicaciones, en el que recordaban que la empresa es “signataria de la carta de compromiso LGTB desde enero de 2013 y que desde el año 2000 la carta deontológica de las Naciones Unidas obliga a condenar enérgicamente estos actos”. El jefe de prensa de Orange aseguraba que “tenemos por costumbre proteger a nuestros trabajadores, sean quienes sean”.

Guillaume Bonnet no dejaba de señalar que la ley recientemente aprobada castiga también a las empresas y multinacionales que apoyen de algún modo a los homosexuales, pudiendo sus responsables ser condenados a penas de prisión de hasta 7 años. “Si Orange defendiera a sus trabajadores LGTB, la empresa sería culpable según la ley”, afirmaba el responsable de All Out, constatando lo absurdo y desproporcionado de la legislación homófoba ugandesa.

Hasta ahora, tan solo una gran empresa ha protestado públicamente contra dicha legislación. El pasado mes de diciembre, el presidente de Virgin, Richard Branson, comunicaba su negativa a hacer negocios en Uganda como consecuencia de la aprobación de la ley homófoba e invitaba a otras empresas a hacer lo mismo. “Los Gobiernos tienen que comprender que las personas deben poder amar a quienes quieran. No es asunto de ningún Gobierno (ni de nadie) juzgar la sexualidad de las personas. En su lugar, deberían celebrar que las personas construyan relaciones amorosas que fortalezcan la sociedad, sin importar quiénes son”, expresaba Branson en una entrada publicada en su propio blog.

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La pasada semana se presentó la investigación Homofobia en las aulas: ¿Educamos en la diversidad?, investigación llevada a cabo por voluntarios del colectivo madrileño COGAM durante el curso 2012/2013 en 37 centros educativos de la comunidad de Madrid. Se trata del estudio más amplio realizado hasta la fecha en Madrid sobre homofobia y bifobia escolar, y los datos que arroja son muy preocupantes: de todos aquellos alumnos de entre 12 y 17 años que se definen como no heterosexuales, el 80 % oculta su orientación por miedo al rechazo. Y es que 1 de cada 10 de los que la han revelado sufre agresiones físicas.

Leemos en el Huffington Post que ya no se puede mirar hacia otro lado. Ahora ya tenemos cifras que ponen de manifiesto sin dudar lo que tantas veces hemos denunciado. El 32% del alumnado piensa que se discrimina a los alumnos con orientación sexual diferente a la heterosexual. Así lo demuestra la Investigación Homofobia en las Aulas: ¿educamos en la diversidad afectivo-sexual?, llevada a cabo por el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), a través de encuestas realizadas a más de 5.200 alumnos de entre 12 y 17 años repartidos en 37 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Se trata, por tanto, de una muestra lo suficientemente amplia como para que se empiece a abordar esta intolerable situación con la seriedad que merece.

Si bien es cierto que se ha conseguido mucho en los últimos años -matrimonio igualitario (2005), ley de identidad de género (2007), etc.-, lo cierto es que aún queda mucho por hacer para alcanzar la plena igualdad real de las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Esta es la principal conclusión que se deriva del estudio referido. La discriminación por orientación sexual e identidad de género sigue muy presente en nuestra sociedad, y, de manera singular, muchas veces dramática, en los centros educativos.

 El estudio presentado en COGAM recientemente analiza siete dimensiones o variables de la homofobia: prejuicios, comportamiento homófobo, rechazo familiar, discriminación en el centro educativo, rechazo por parte de los compañeros, actitud del profesorado y agresiones físicas. Más del 90% del alumnado LGB percibe rechazo hacia la homosexualidad en al menos una de estas dimensiones.

 Son muchos, en efecto, los alumnos que consideran que «las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo son reprobables». De igual manera, son numerosos los alumnos que opinan que los homosexuales y bisexuales son «seres inferiores», que no están capacitados para ocupar determinados puestos de trabajo, o que la transexualidad es una enfermedad. Como dato curioso, los varones bisexuales con progenitores de origen extranjero son los más susceptibles de ser víctimas de acoso de carácter homofóbico y, además, son quienes más rechazo experimentan.

 Urge hacer frente a esta situación. La sociedad, los progenitores y, especialmente, los poderes públicos tienen que empezar a actuar para mostrar la realidad de esta comunidad, fomentando el respeto y la convivencia entre todas las personas con independencia de cuál sea su orientación sexual o identidad de género.

 En el ámbito doméstico, son muchos, a día de hoy, los alumnos que creen que serían rechazados por sus familias. Particularmente, el 78% del alumnado que manifiesta rechazo hacia las personas LGTB piensa que, a su vez, sería rechazado por su familia si fuera homosexual, transexual o bisexual. Este dato demuestra que aún existen muchos núcleos familiares que no educan a sus hijos en la igualdad, mostrándoles, probablemente, que «lo normal» es ser heterosexual y que todo lo que no se ajusta al orden heteronormativo merece ser rechazado. De ahí la necesidad de poner en práctica campañas dirigidas a los progenitores y orientadas a garantizar que los adolescentes puedan desarrollar libremente su sexualidad, sin miedo a ser discriminados o rechazados por sus familias.

 En relación con los docentes es alarmante que prácticamente el cincuenta por ciento del alumnado encuestado considere que casi la mitad de los profesionales de la educación tienen una actitud pasiva ante los ataques o agresiones homófobos. Cuanto mayores son los alumnos más críticos se muestran con esa actitud pasiva. El profesorado necesita herramientas para poder actuar con criterio ante situaciones de discriminación por motivo de raza, sexo, religión u orientación sexual o identidad de género. Los docentes son un pilar esencial en la labor educativa de la sociedad; de hecho, es por todos sabido que muchos alumnos toman como referencia a sus profesores, llegando a imitar su actitud y comportamiento.

 Casi 90 de cada 100 adolescentes LGB viven en el armario por miedo a ser agredidos física o psíquicamente. Son también clara mayoría los que piensan que dar a conocer una orientación sexual diferente a la heterosexual multiplicaría por tres la posibilidad de sufrir agresiones verbales o físicas en su centro educativo. Además, los alumnos críticos con las agresiones hacia la comunidad LGTB no actúan al respecto por miedo a ser el próximo objetivo de burla. El temor al contagio está muy extendido entre los adolescentes, hasta el punto de que constituye el principal obstáculo a la hora de generar un círculo amistoso entre los compañeros de clase, lo que condena al aislamiento a muchos jóvenes LGTB.

 Todo estos datos, junto con muchos otros recogidos en la Investigación Homofobia en las aulas, ofrecen una idea muy aproximada de cómo se sienten, actúan y viven muchos de nuestros alumnos en el seno del sistema educativo. Si esto es lo que ocurre en Madrid, una de las comunidades autónomas con ciudades más populosas, en las que, en principio, se puede vivir con más libertad la propia sexualidad, cabe imaginar que en otras ciudades y pueblos de España los datos, seguramente, son más alarmantes.

 Pues bien, a la vista de estas cifras, la conclusión es clara: resulta imperioso educar en el respeto a la diversidad afectivo-sexual, sobre todo, aunque no solo, a los agentes que más influencia tienen en la educación de nuestros adolescentes y jóvenes. Los poderes públicos deberían dotar de las herramientas necesarias a los docentes para generar un clima de convivencia igualitario en los centros educativos, desmitificando las percepciones erróneas que los más jóvenes tienen ante la comunidad LGTB. De igual modo, sería importante realizar campañas dirigidas a las familias en las que se pusiera de manifiesto que el adolescente o joven con una orientación sexual diferente a la heterosexual necesita el apoyo de los más cercanos para poder desarrollar su sexualidad (parte intrínseca de su personalidad) con total normalidad.

 No se puede esperar más. Una sociedad sana y un Gobierno responsable no pueden permitirse que ni uno solo de sus miembros, sobre todo cuando es de corta edad, se plantee salidas drásticas e irreversibles para poner fin al sufrimiento que le acarrea su orientación sexual, como consecuencia de la discriminación que padece. Son miles y miles los adolescentes y jóvenes que están esperando respuestas. Hay que actuar ya.

 Mario Campano es miembro del Grupo de Educación de COGAM.

“No podemos abandonar a los menores LGB a su suerte, pues la homofobia que perciben como modelo en su hogar convierte en víctimas a los alumnos LGB (o a los que lo parecen). Es necesario contrarrestar esa influencia responsabilizando a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de incorporar la educación en la diversidad sexual y de género a través de programas y unidades específicas complementados con acciones transversales, como el uso de un lenguaje inclusivo o el recurso a referentes LGTB en el aula”, ha declarado el coordinador de la investigación, Ekaitz López. “No podemos pedirle a las y los docentes que se conviertan en héroes y heroínas, las autoridades administrativas, y en este caso, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, debe afrontar el problema mediante protocolos específicos y la formación suficiente al profesorado”, ha considerado por su parte la presidenta de COGAM, Esperanza Montero.

Puedes descargar el estudio completo (en formato PDF) pinchando aquí. Si te interesa el tema, en este enlace puedes acceder a la información sobre otro estudio sobre la materia, “Diversidad y convivencia en los centros educativos”, que difundimos en enero.

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Nota de Prensa:

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, como entidad feminista que es, se suma a la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, uniéndose también a las marchas por los derechos de las mujeres que tendrán lugar en todo el país.

El actual Gobierno ataca a las mujeres de forma gravísima en la protección de su salud sexual y reproductiva. Por un lado está la amenaza del Ministerio de Justicia en forma de ley que restringiría el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por otro, el Ministerio de Sanidad ha decidido discriminar en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja varón, atentando contra la igualdad de todos los modelos de familia.

La falta de acción para la protección de las mujeres transexuales, uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión según la Comisión Europea, es otra de las vergüenzas que la FELGTB quiere denunciar hoy. El ataque a la actriz María Díaz, La Vikinga, con una fuerte carga transfóbica, así como las dificultades de acceso al mercado laboral de las mujeres trans, son sólo algunas pruebas de la necesidad de educar en diversidad sexual y de género como antídoto a la discriminación y a los crímenes de odio.

Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB, ha destacado que “la lucha contra el sistema que nos excluye y marca nuestra desigualdad como mujeres ha de ser una prioridad. Ese sistema es el mismo que construye la masculinidad en unos términos exclusivistas que dejan fuera a tantos jóvenes LGTB. Contra ese heteropatriarcado lucharemos en la calle, en los despachos y en nuestra cotidianeidad”.

Y en Argentina, se conmemora se conmemora el Día de la Mujer y la Visibilidad Lésbica

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) realizará hasta el domingo actividades para conmemorar el Día internacional de las mujeres y el de la Visibilidad lésbica, que recuerda a Natalia “Pepa” Gaitán, asesinada en Córdoba por su condición de lesbiana.

La jornada de resistencia lésbica “Pepa Gaitán” se realizará el día de hoy a partir de las 17 en la Plaza de los dos Congresos para recordar el 7 de marzo de 2010, día en que fue asesinada a manos del padrastro de su pareja en la ciudad de Córdoba en medio del debate parlamentario por el Matrimonio Igualitario.

“Ese crimen expuso con total crudeza la violencia que padecen miles de mujeres todos los días en nuestro país, en especial aquellas de orientación sexual o identidad de género diferente a la heterosexual“, denunció la FALGBT en un comunicado.

El asesino de “Pepa”, Daniel Torres, fue condenado a 14 años de prisión en 2011, sin embargo “la falta de inclusión de la orientación sexual e identidad de género en la legislación que penaliza la discriminación en nuestro país, impidió que este primer caso visible de lesbofobia fuera castigado con todo el peso de la ley”, añadieron desde la Federación.

Este año la jornada se realiza en el marco del Primer Encuentro de lesbianas de la FALGBT, que se extenderá hasta el domingo y propone reflexionar, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, sobre “la agenda pendiente en materia de derechos para lesbianas y mujeres bisexuales“.

Desde el organismo anunciaron también que participarán en las movilizaciones convocadas por el movimiento de mujeres en Argentina para reclamar “la aprobación de la ley de legalización del aborto” -que el Congreso debate desde 2007- y “la modificación de la media sanción que dio el Senado a fines de 2013 para un nuevo Código Civil“.

“Dichas modificaciones se orientan a garantizar que el texto final del Código no implique retroceso alguno en materia de derechos y garantice la perspectiva de la diversidad sexual y la consolidación de los avances logrados en los últimos años, libre de toda injerencia por parte de la iglesia católica u otras confesiones religiosas”, apuntaron.

Por su parte, César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) dijo que “Pepa Gaitán es una clara referente de lo que es un crimen de odio, de la más violenta expresión de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La visibilidad de Pepa es una denuncia y reclamo a la justicia y al estado, así como también de sensibilización de nuestra sociedad.”

Pedro Paradiso Sottile, secretario y coordinador del Área Jurídica de la CHA manifestó: “Con Pepa mantenemos la memoria sobre los crímenes de odio contra las personas en base a su orientación sexual e identidad de género y sus expresiones, denunciando estas violaciones a los Derechos Humanos, exigiendo justicia y solicitando este año la reforma urgente de la Ley Nacional Antidiscriminatoria, para empezar a poner fin a la homo/lesbo/transfobia que nos mata”.

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Maribel Blanco ha pasado siete años de luchas judiciales. / R. Gutiérrez

Importante sentencia del Tribunal Supremo, que ha reconocido a Maribel Blanco, una mujer lesbiana, como madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello. El fallo supone la equiparación por parte del Supremo de las parejas del mismo sexo a las de distinto sexo por lo que a este aspecto se refiere. Ya en el año 2011 el Tribunal Supremo había concedido a esta misma mujer derecho de visitas sobre el niño. Leemos en El País:

L. Rivas Martínez Madrid 5 MAR 2014

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