Crece la visibilidad LGTB dentro de la Iglesia católica, a pesar de que la supuesta apertura del pontificado de Francisco se haya limitado por el momento a gestos y palabras que se han acompañado de reafirmación de la doctrina tradicional (como el reciente compromiso común con el patriarca ortodoxo de Moscú para luchar contra el matrimonio igualitario). Sin embargo, fuera o no planeado, la nueva situación sí que está facilitando que algunos católicos LGTB se animen a vivir públicamente su fe. Más aún, comunidades enteras están haciendo una apuesta clara por la visibilidad.

Hoy nos ocupamos de una de estas apuestas, que ha ganado notoriedad en el ámbito anglosajón. Se trata del LEAD (LGBT Educating and Affirming Diversity) Ministry, en la iglesia de San Mateo en Baltimore (Maryland, Estados Unidos). Sus orígenes se sitúan en el año 2010, aunque como ellos mismos cuentan su proceso de definición y consolidación ha llevado tiempo. Actualmente están acompañados por el padre Joseph Muth y reúne a unas 50 personas, tanto LGTB como heterosexuales que les apoyan en su labor. Entre sus cometidos, se encuentra sobre todo ofrecer un lugar seguro para que la comunidad LGTB pueda reunirse y compartir experiencias en el seno de una iglesia que, en su conjunto, no les acepta plenamente. Según ellos mismos cuentan, el arzobispo de Baltimore, Edwin O’Brien, está al tanto de este ministerio pastoral y lo permite, aunque requirió del padre Muth que dimitiera de la junta directiva del grupo. La actitud inclusiva de esta parroquia de Baltimore ha sido reflejada por el artista gráfico Eric Kruszewski en su trabajo The Lost Flock (El rebaño perdido).

Las historias que se reflejan muestran una variedad de trasfondos vitales, de razas y de diferentes identidades. La más conocida es posiblemente la de John y Michael Sawyer, una pareja de hombres que bautizó a su hija adoptada en la propia iglesia de San Mateo, una historia que ha tenido cierta relevancia mediática. Pero hay más, como la de Gigi Biabo, procedente de Camerún y adoptada por una familia de Baltimore que la rechazó tras salir del armario. O la de Henry Kimani Mburu, procedente de Kenia, padre de familia heterosexual que ha descubierto en el LEAD Ministry una perspectiva diferente sobre la realidad LGTB.

Kruszewski también ha retratado la historia del padre Joseph Muth, quien señala las insuficiencias de la actual doctrina o de las aproximaciones pastorales que se han hecho a nivel oficial. Y la de Carolyn Scheide, una madre que casi llegó a perder el contacto con su hijo gay y que ahora se ha convertido en una luchadora a favor de la dignidad de las personas LGTB. También está la historia de una pareja de mujeres: Rachel y Vania Christian dos Passos. Ellas encontraron en la parroquia de San Mateo un lugar para celebrar, pero cuando quisieron casarse no pudieron hacerlo en la iglesia. Algo que deja claro que iniciativas como los LEAD Ministries tienen sus límites mientras no haya cambios doctrinales.

Un proyecto que es parte de un movimiento mayor

Esta iniciativa se suma a otra similar que citamos también en estas páginas, y que también surgió en el seno de una parroquia. Se trata de Owning Our Faith (cuya traducción más fiel al sentido original puede ser “apropiándonos de nuestra fe”). Surgió en noviembre de 2014, cuando algunas personas LGTB católicas de la iglesia de San Pablo Apóstol en Nueva York decidieron abordar públicamente la cuestión de la relación entre la Iglesia católica y las minorías sexuales y de género. También en su caso existe un proyecto (en este caso dirigido por Michael Tomae) para utilizar su realidad como plataforma de visibilización. En este sentido, se han publicado una serie de vídeos. El cortometraje de introducción fue presentado en esta página y cuenta con subtítulos al castellano, pero posteriormente han ido añadiéndose otros con las historias detalladas de los diferentes participantes.

Pero además de estos proyectos, que buscan una visibilidad de mayor alcance, hay otros casos de parroquias y comunidades que realizan una pastoral dirigida a personas LGTB. Es el caso, por ejemplo, de la parroquia de los jesuitas de San Francisco Javier, en Nueva York, que cuenta con un grupo de “gay catholics” desde hace años que se anuncia en su propia página web. Igualmente, en el Reino Unido se llevan a cabo desde hace años las “Misas del Soho”. Eso sí, después de que el arzobispo de Westminster ordenara poner fin a su celebración original en pleno Soho londinense, ahora tienen lugar en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Farm Street (Londres) también de los jesuitas. Una actividad pastoral integrada en la capellanía LGTB de la diócesis de Westminster, lo que conlleva un importante reconocimiento oficial.

Os dejamos con el video de introducción al LEAD Ministry de la iglesia de San Mateo realizado por Eric Kruszewski. En la página de su proyecto podéis encontrar agrupados el resto de vídeos.

Fuente Dosmanzanas

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Agresión homófoba a un joven de 18 años, ocurrida el jueves 25 de febrero en Orleans (en el centro de Francia). Una de tantas, por desgracia, solo que en esta ocasión un amigo del agresor la grabó en vídeo y la difundió en redes sociales. Las imágenes, que por un lado sirven como prueba irrefutable, muestran sin embargo la dureza del acoso al que tantos y tantos jóvenes LGTB deben enfrentarse a diario.

La historia no es, seguramente, muy distinta a la de tantos adolescentes LGTB que dan el paso y se visibilizan. El chico agredido había hecho comentarios en Facebook alusivos a su orientación sexual, sin cortapisa alguna. Ello había generado la reacción homófoba del agresor, a la que el joven agredido respondió abiertamente. Finalmente el agresor decidió ajustar cuentas y se encaró con él acompañado de varios amigos, uno de los cuales fue el que captó la agresión en vídeo.

Las imágenes son muy duras: en ellas se ve cómo el agresor, sin previo aviso, da una fuerte patada en la parte trasera de las piernas al agredido, al que previamente se había encarado, haciéndole caer de espaldas. Una providencial mochila que el chico llevaba a la espalda amortigua el golpe e impide que su nuca impacte fuertemente contra el suelo, quién sabe si salvándole la vida.

Un vídeo desagradable pero que muestra bien a las claras el carácter premeditado de la agresión. De hecho, la justicia francesa consideró la pasada semana que hay razones para que tanto el agresor como el autor de la grabación sean juzgados por un tribunal correccional que considere como agravantes de la agresión la premeditación, la comisión en conjunto y la motivación homófoba.

Imágenes muy desagradables

A continuación insertamos el vídeo (que muestra la misma agresión repetidas veces). Lo cierto es que hemos dudado si hacerlo. Según denuncia La République du Centre, un diario regional que ha preferido evitarlo, la grabación ha desencadenado todo un rosario de comentarios desagradables en redes sociales, tanto de tipo homófobo (burlándose de la víctima) como racista (el agresor es en este caso de raza negra). Dado que el agredido se levanta inmediatamente y milagrosamente no sufre secuelas, nosotros hemos optado por mostrarlo como ejemplo de un acoso que tantas otras veces queda invisibilizado y muchas veces ni siquiera se denuncia.

Advertimos en cualquier caso de lo desagradable de las imágenes.

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La Corte de Apelaciones de la localidad tunecina de Susa ha reducido la pena impuesta a los seis jóvenes estudiantes acusados de practicar la homosexualidad, condenados inicialmente a tres años de prisión, resolviendo que se limite a un mes. Al sobrepasar el tiempo de detención que ya cumplieron antes de la libertad condicional, los acusados no tendrán que volver a ingresar en la cárcel, ni se verán obligados a sufrir los abusos y torturas a que fueron sometidos durante ese período.

El pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, un juez de la localidad tunecina de Kaiurán dictó una condena a tres años de prisión, la máxima establecida por la ley, para seis jóvenes estudiantes, a quienes halló culpables de vulnerar el artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones sexuales entre varones adultos.

A este castigo, se añadió el de destierro de Kaiurán durante los tres años siguientes al cumplimiento de la pena. Uno de los condenados, además, fue hallado culpable del delito de “atentado al pudor” por haber sido encontrados en su ordenador vídeos que el juez consideró “inmorales”.

Una vez presentado el correspondiente recurso, el pasado 7 de enero la Corte de Apelaciones de Susa dictaminó la puesta en libertad provisional de los seis jóvenes, tras abonar una fianza de 500 dinares (225 euros, 245 dólares). La vista de la apelación se fijó inicialmente para el 25 de febrero, pero fue aplazada hasta primeros de marzo.

Más de dieciséis organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos hicieron llegar su protesta al Gobierno de Túnez, solicitando la retirada de los cargos contra los seis estudiantes y la derogación del artículo 230. El presidente Béji Caïd Essebsi, sin embargo, declaró durante un viaje oficial a Egipto que “rechazaba” esa medida, y que la derogación de la ley homófoba “no tendrá lugar”.

Finalmente, la Corte de Apelaciones ha fallado la anulación de la pena de destierro y la reducción de la condena por las prácticas homosexuales a un mes de prisión, tiempo que ya excede al transcurrido entre su detención y la libertad provisional, por lo que no tendrán que volver a ingresar en la cárcel. También ha establecido una sanción de 400 dinares (180 euros, 195 dólares). La decisión es semejante a la tomada con otro joven, conocido como Marwen, que fue condenado inicialmente a un año de prisión por el mismo delito, pena que luego se redujo a los dos meses de cárcel que ya había cumplido.

La abogada de los estudiantes ha comunicado que cuatro de ellos recurrirán al Tribunal de Casación, quizás en busca de que la primera condena sea anulada y así poder quedar libres de unos antecedentes que serán un obstáculo permanente para sus carreras universitarias y profesionales.

El espanto del abuso y la tortura

Aun denunciando lo esencialmente injusto de cualquier condena por homosexualidad, en este caso hay que congraturlarse al menos de que los jóvenes no tengan que volver a ingresar en la cárcel. El relato que uno de los estudiantes hizo a la organización LGTB tunecina Shams de su detención y estancia en prisión es aterrador. A partir de ese testimonio, así reconstruían los hechos desde la página de Shams (en árabe, traducido al inglés en esta página), con las palabras del joven de 19 años entrecomilladas:

El 1 de diciembre, los seis jóvenes estaban en un apartamento de estudiantes en Kaiurán. De los seis, solo cuatro eran residentes. De los otros dos, uno de ellos se había escapado de su casa después de un altercado con su familia. Su familia había denunciado su desaparición, y la policía lo localizó junto a los otros cinco.

Tras ello, la policía irrumpió en la casa de los estudiantes el 1 de diciembre, mientras que los seis jóvenes estaban cenando. Confiscaron los móviles y ordenadores portátiles de los seis jóvenes. Tres días más tarde, fueron detenidos después de que la policía encontrara un vídeo pornográfico gay en uno de los ordenadores.

“Me negué a ser sometido al examen anal en la clínica, por lo que me golpearon y torturaron física y mentalmente. Finalmente accedí”.

Nunca olvidará las palabras que usó el médico —”¡Agáchate, como si fueses a rezar!”— antes de introducirle un instrumento en el ano y realizar la exploración rectal.

“El calabozo de la comisaría era como una tumba”.

Pero la cárcel fue peor.

“Nos encerraron en una habitación con otros 190 presos, y los abusos por parte de los guardias de la cárcel comenzaron inmediatamente. Nos hicieron dormir en el suelo sin mantas ni colchones”.

Así es como el muchacho, condenado por violar el artículo 230 del Código Penal de Túnez, describió las circunstancias inhumanas de su primer día en prisión, un día de diciembre frío y húmedo.

Al día siguiente, los guardias les llevaron a la peluquería.

“Nos afeitaron la cabeza, mientras nos pegaban e insultaban”.

Pero eso no fue nada comparado con lo que les esperaba los siguientes días.

“Estoy enfermo, y necesito tomar medicación a diario. Cada día, el guardia que me llevaba a la enfermería me acosaba, me acariciaba y me golpeaba en las partes más sensibles de mi cuerpo”.

Eso hizo que su condición psicológica y médica empeorara.

Lo peor era cuando los guardias estaban aburridos. Un cuadro lleno de crueldad.

“Nos exigían que nos pusiéramos a su disposición para divertirles. Durante más de dos semanas, más de quince guardias nos golpearon con palos. Nos obligaban a arrodillarnos para que nos pudieran dar patadas más fácilmente. Nos escupían y nos torturaban con agua, y solo nos soltaban cuando ya no podíamos aguantar más”.

Los guardias difundieron a propósito entre los demás presos el crimen que les había enviado a los seis a prisión, lo que transformó sus noches en la celda en largas pesadillas.

“Los demás presos nos pegaron, nos golpearon en nuestras partes íntimas y trataron de robarnos la ropa. Su líder nos puso en el centro de un círculo, rodeados por los otros presos, que nos pegaban con un palo para que bailásemos. Nos hacían preguntas muy íntimas. Si no contestábamos, nos pegaban. Si lo hacíamos, también nos pegaban”.

Su estancia se convirtió en una lucha contra torturadores y violadores. No fueron capaces de dormir debido a las amenazas de los otros presos:

“Vais a ver lo que os vamos a hacer en cuanto cerréis los ojos.”

El joven proseguía:

“Después de dos semanas de horror y tortura, me tomé las medicinas de otro preso, que tenía un problema con los niveles de glucosa en sangre, porque quería suicidarme. Odiaba la vida. Había perdido la esperanza. No podía dormir. Ya no quería vivir. Nuestros seres queridos nos trajeron comida y ropa, pero nos las confiscaron”.

Estos ciudadanos tunecinos fueron sometidos a torturas y condiciones tan severas como las de Guantánamo. Fueron escupidos por el sistema judicial a las cloacas de la humanidad y al pantano de la injusticia. El joven concluía:

“Incluso después de salir de la cárcel, ya no puedo seguir viviendo: todo se me ha vuelto negro. No puedo comunicarme con mi familia o salir de mi habitación. Me han arruinado los estudios, me han arruinado la vida. No puedo enfrentarme a nadie. Mi país me ha destruido. Me han oprimido y me han destrozado”.

Esperemos que tanto él como sus compañeros logren encontrar la fortaleza y el apoyo necesarios para poder seguir con sus vidas. Aunque el recuerdo de la infamia sufrida será difícilmente superable.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de las Seychelles ha aprobado la tramitación de un proyecto de ley de reforma de su Código Penal, que eliminará la prohibición de las prácticas homosexuales masculinas, castigadas actualmente con hasta catorce años de prisión. La modificación, que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, lleva esperando desde que las autoridades del país insular la prometieron en el año 2011. Se espera que la despenalización tome efectos a finales de este 2016.

El consejo de ministros de las Seychelles, reunido el pasado lunes 29 de febrero, ha aprobado una iniciativa de reforma del Código Penal destinada a eliminar el artículo 151, cuyo texto es el siguiente:

Cualquier persona que:

a) Tenga conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza.

(…)

c) Permita a un varón tener conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza.

Será culpable de un delito grave, punible con pena de prisión de catorce años.

El artículo únicamente es aplicable a los varones que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo.

El Gobierno ha encargado al fiscal general del Estado, Ronny Govinden, la redacción del texto del proyecto de ley, para que sea sometido a votación en la Asamblea Nacional en las próximas semanas, como parte del paquete de reformas propuesto por el recién elegido presidente James Michel.

Aunque el Gobierno ha explicado que las leyes penalizadoras de la homosexualidad apenas si se habían aplicado en la práctica, su mera existencia era una espada de Damocles para los homosexuales. Ello repercutía en que fueran frecuentes víctimas de abusos policiales y chantajes, además de suponer un perjuicio para la defensa de los derechos de los homosexuales ante la opinión pública. Por ello, el presidente Michel ha afirmado que la reforma hará que “todas las personas estén libres de discriminación a todos los niveles”.

La despenalización de la homosexualidad masculina, según fuentes gubernamentales, sería además una consecuencia lógica de la adhesión de las Seychelles a tratados internacionales, como la Declaración de Derechos Humanos, que prohíbe toda discriminación. Según el fiscal Govinden, “es una prioridad para el país, dado que las Seychelles participan en convenciones internacionales… nos enfrentamos a presiones de otros países que nos piden que eliminemos esta ley”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Barry Faure, aclaraba de dónde partían algunas de esas presiones: “Las Seychelles se comprometieron en 2011 a revisar la ley sobre la homosexualidad y aún no se había hecho, por lo que el Reino Unido nos ha interpelado, afirmando que no hemos hecho progresos en este asunto”. Las Seychelles forman parte de la Commonwealth, y sus leyes contra la homosexualidad, como ocurre en muchos de los países pertenecientes a esa mancomunidad, provienen de la herencia colonial británica. En el caso del archipiélago africano, fueron introducidas en 1955, cuando las Seychelles aún eran una colonia.

Según la previsión del Gobierno, la tramitación parlamentaria del proyecto de ley hará que sus efectos no tengan lugar hasta finales de este 2016. En todo caso, se ha rehusado la convocatoria de un referéndum al respecto, pues, según el fiscal Govinden, “se trata de una simple enmienda al Código Penal, que puede ser llevada a cabo por la Asamblea Nacional y así evitar conflictos. Con esta modificación se concluirá por despenalizar la homosexualidad en las Seychelles”.

Muthoni Wanyei, el Director Regional de Amnistía Internacional en África oriental, ha querido recalcar el enorme paso hacia delante que se ha dado con la aprobación de esta medida:

A pesar de las Seychelles no han procesado a nadie, leyes como esto abre los miembros de la comunidad gay a la extorsión. A menudo oímos cuentos de hombres que son atraídos hacia una relación sexual y luego de ser amenazado. La jugada de las Seychelles se espera inspirar a otros. Esto le dará a la comunidad gay de apalancamiento, es otro ejemplo de un estado africano siendo progresiva en estos temas y seguir adelante.»

Las Seychelles, además, forman parte de los contados países africanos que cuentan con una legislación contra la discriminación laboral basada en la orientación sexual, junto a Botsuana, Cabo Verde, Mozambique, Sudáfrica y las islas Mauricio.

Cuando la reforma del Código Penal tenga efectos, las Seychelles se unirán a Mozambique, que lo hizo el pasado 2015, en ser uno de los pocos países africanos que han despenalizado la homosexualidad recientemente. También dejará de formar parte de las infame lista de 79 y territorios del mundo que siguen castigando las relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas/Chueca

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La realidad es tozuda y acaba por abrirse camino. Pocos días después de que el Gobierno italiano aceptase eliminar la stepchild adoption como única forma de que el proyecto de uniones civiles entre parejas del mismo sexo sobreviviese en su paso por el Senado, un tribunal de menores de Roma ha autorizado una adopción “cruzada” en el seno de una pareja de mujeres. Precisamente lo que el Senado acaba de negar… concedido por la justicia por partida doble. 

Cada una de las dos mujeres de la pareja es madre de una niña, en los dos casos recurriendo a reproducción asistida en Dinamarca. Las dos niñas tienen ya 4 y 8 años. Pero no ha sido hasta ahora cuando gracias a un recurso de la abogada Francesca Quarato, miembro de los colectivos Rete Lenford y Famiglie Arcobaleno, un tribunal de menores de Roma ha concedido la adopción de cada una de las niñas a su madre no biológica. De esta forma, ambas madres ven reconocidos legalmente sus derechos parentales sobre las dos menores.

Aunque se trata del primer caso en el que la justicia italiana reconoce una adopción “cruzada”, no es sin embargo el primer caso de stepchild adoption (término anglosajón que los italianos ha adoptado para designar la posibilidad de que, en el seno de una pareja del mismo sexo, uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro de la pareja). De hecho, el pasado diciembre un tribunal de apelaciones de Roma confirmaba la sentencia que año y medio antes había emitido un tribunal de menores de la capital italiana, y que por primera vez avalaba que una mujer pudiese adoptar a la hija biológica de su pareja del mismo sexo (ya en su momento recogimos la que entonces fue histórica sentencia. La pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero que no ha trascendido, donde también contrajeron matrimonio. Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica).

El caso abrió en su momento un camino que otros tribunales italianos ya están siguiendo. En enero de 2015, por ejemplo, era un tribunal de apelaciones de Turín el que reconocía los derechos de parentalidad de otra pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona, cuyo registro civil reconoce al niño como hijo de ambas. Y en diciembre otro tribunal de apelaciones, esta vez en Milán, reconocía como válida la adopción concedida en España a una mujer italiana que adoptó a la hija biológica de su pareja. La historia de esta pareja es bastante similar a la anterior: se casaron (luego se divorciaron) y tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en España, aunque en este caso ambas mujeres son italianas. Aún así, el tribunal considera que el procedimiento de adopción en España debe ser reconocido en Italia.

Italia: una justicia por delante de su clase política

Todas estas sentencias tienen lugar mientras la clase política italiana se muestra incapaz de aprobar una ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo que reconozca, aunque sea de forma limitada, a las familias homoparentales. La aprobación del proyecto en el Senado ha dejado, de hecho, al colectivo LGTB italiano con una sensación agridulce… tirando a agria. Si bien es cierto que supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, a la que se le supone una mayor hostilidad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, la habían adelantado ya), lo sucedido demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un primer ministro (Matteo Renzi) más preocupado de mantener unido a su partido, el Partido Democrático, o un Movimiento 5 Estrellas más preocupado de dejar en evidencia la división interna de los de Renzi que de reconocer los derechos de las familias homoparentales.

Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos.

Fuente Dosmanzanas

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La comunidad gay representa una «amenaza» y para combatirla hay que utilizar «técnicas de guerra moderna» insistió esta semana el ministro de Defensa Ryamizard Ryacudu.

La homosexualidad es un tema tabú en Indonesia, país musulmán más poblado del mundo.

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Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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Desde el inicio de la crisis de refugiados las personas demandantes de asilo que pertenecen al colectivo LGTB han experimentado la desprotección de los programas de acogida por toda Europa, algo que se suma al rechazo y la violencia a las que están expuestas en los centros

No es necesario introducirse de lleno en la información sobre la crisis de refugiados para conocer cómo Europa está fallando en en la protección de estas personas que huyen de la guerra, el terrorismo y el totalitarismo de países como Siria, Afganistán, Kosovo, Irak, Eritrea o Uganda -en su mayoría-.

Los programas de acogida desarrollados por los países miembros de la Unión Europea para atajarla se están encontrando con numerosos obstáculos que van desde el repugnante abandono de sus propias instituciones a no menos asqueroso rechazo xenófobo de la sociedad civil, como es el caso de Alemania.

Por otro lado, tanto las ONG dedicadas a la protección de los Derechos Humanos como los centros de acogida privada aseguran que se encuentran abrumados por la afluencia incesante de personas migrantes, cuya diversidad hace que las atención específica de cada colectivo sea prácticamente imposible.

Este descontrol y falta de voluntad política ha derivado en el hacinamiento de miles de personas en grandes salas sin habitaciones separadas o baños con puerta. Algo que motiva el choque interno de los diferentes colectividades que allí residen.

Todo ello teniendo en cuenta a su vez que cuenta que centenas de las personas desplazadas son homo, bi, trans o intersexuales, una condición que está lejos de ser generalmente aceptada en sus países de origen, y que es la razón de una persecución que no acaba al »pasar la frontera».

En este más que inadecuado contexto, parece simple cuestión de estadística que se registren numerosos enfrentamientos entre los demandantes de asilo. Como en Holanda, donde la reubicación de cinco refugiados LGTB por sufrir ataques y humillaciones motivó la decisión del Ministerio de Educación de instruirles en los derechos fundamentales del colectivo.

Y esta es una constante que se está dando en mayor o menor medida en países como Alemania, España, Dinamarca, Holanda, Finlandia y Suecia, donde la discriminación no sólo emana de las personas solicitantes de asilo, sino también del personal de seguridad y los equipos de traductores.

Como alarmante tasa de esta aberrante situación, se han registrado desde mitad del año pasado más de cien casos de violencia o abuso sexual contra refugiados homo o transexuales sólo en Alemania -todos fueron pepetrados dento del  área perimetral de un centro de asilo-.

Por ello, sólo se puede observar con estupefacción la retirada de la propuesta del gobierno alemán que pretendía incrementar la seguridad de los refugiados, a pesar de vulnerar las directrices específicas de la UE en este ámbito.

Ante esta despreocupación interesada, la iniciativa activista ha tomado el mando, como se puede observar tras el anuncio de la apertura del centro para refugiados LGTB de la asociación Schwulenberatung, que acogerá a 122 personas en Berlin y 10 en Nuremberg.

Otras entidades, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han presentado informes y campañas de concienciación como #PerseguidosLGTB, que pretende acabar con la doble discriminación que enfrentan los desplazados del colectivo.

Para lograrlo, CEAR defiende cuatro iniciativas:

• Apostar por la prevención como uno de los principales pilares para erradicar este tipo de exclusión múltiple.
• Destacar la importancia de la protección del colectivo LGTB.
• Mejorar los niveles educativos tanto en los países de origen como en los países que reciben a estos migrantes.
• Una especialización de los agentes que tengan en cuenta tanto las particularidades de las siglas que componen la comunidad LGTB como las características culturales y sociales de las personas demandantes

General, Homofobia/ Transfobia. #PerseguidosLGTB, CEAR, Homofobia, Homosexualidad, LGTBfobia, Refugiados

Ivan Kravistin es un joven ruso de 26 años que sufrió el ataque violento de un compatriota a quien le disgustó su apariencia de “maricón”. Pero Ivan no se resigna a ser una víctima, y ha defendido en las redes sociales su derecho a vivir su vida libremente, sin tener que ocultar su orientación sexual, ni recluirse para encontrar un refugio más seguro. Según sus palabras, ”si te sometes a los homófobos, si te encierras en el armario, no estarás viviendo plenamente”.

El pasado 24 de febrero, Ivan Kravistin hacía sus compras en un supermercado de Syzran, una localidad de unos 180.000 habitantes situada a 900 kilómetros al este de Moscú. Cuando se disponía a salir del local, le bloqueó el paso un hombre de gran estatura y corpulencia, que le preguntó si era “maricón”, pues Ivan lleva el pelo teñido de azul y las uñas pintadas.

El energúmeno continuó espetándole todo tipo de insultos homófobos, mientras empezaba a golpearle con saña en la cara y en el cuerpo. Un viandante intentó detenerle, diciendo que a él tampoco le gustaban los gais, pero que no creía que hubiera que golpearles así. Finalmente, acudió la Policía, que detuvo al agresor bajo el cargo de “gamberrismo”. Por supuesto, no hubo intención de considerarlo un crimen de odio.

Ivan fue conducido al hospital, donde se le diagnosticó una conmoción, además de grandes hematomas en cuerpo y rostro. Finalmente, fue dado de alta para que terminase su recuperación en su domicilio.

Una vez allí, Ivan decidió compartir su dolorosa experiencia en la red social Vkontakte, la más popular de Rusia y semejante en formato a Facebook, para que sirviera como denuncia. Allí además publicó unas fotografías en las que se podían comprobar las huellas de la agresión. Sin embargo, muchos de los comentaristas le instaron a que fuera más discreto e intentara pasar desapercibido, que dejara de teñirse el pelo y de hablar de los derechos de los gais, para así evitar más agresiones e insultos en el futuro. Pero Ivan se ha negado a cumplir con ese papel de víctima, dando la siguiente respuesta a quienes le recomendaban discreción y ocultamiento:

Según algunos, tengo que dejar de hablar de los derechos de los homosexuales y aceptar la realidad de que, como norma, los homosexuales nunca serán aceptados en Syzran y en Rusia. Vive para ti mismo, a puerta cerrada, con un novio, y todo irá bien. Si yo no fuera “buscando problemas”, mi vida sería un cuento de hadas. Pero ese “felices para siempre” es una mentira. Si te sometes a los homófobos, si vuelves al armario, no estarás viviendo plenamente. Yo puedo tener rota la cara, pero tú tienes rota la vida.

Si debo elegir entre vivir una vida plena y breve o una vida lenta y dolorosa encerrado en el armario, elijo lo primero. Piensa lo quieras sobre la homosexualidad, pero yo no me merezco esto. Nadie se merece esto. No voy a permitir que me obliguen a volver de nuevo al armario, porque esta es la razón por la que salí en su día: la gente necesita saber que existimos.

La absoluta desprotección de la comunidad LGTB rusa

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La ley se someterá a votación en el Congreso en dos meses

El texto mantiene el requisito de ayuda recíproca moral y material, la pensión de supervivencia, el permiso de residencia para el cónyuge extranjero y también la posibilidad de adquirir el apellido del compañero.

Sin embargo elimina la obligación de fidelidad, un tema emblemático para las asociaciones de defensa de los homosexuales.

La califican una “versión descafeinada” del matrimonio igualitario porque deja fuera el aspecto más controvertido, la posibilidad de adopción de los hijos naturales de uno de los miembros de la pareja pero no deja de ser un hito en un país donde la opinión del Estado Vaticano cuenta y mucho. Al final el primer ministro, Matteo Renzi, ha optado por someter el texto a una moción de confianza, que ha salido adelante con el voto favorable de 173 senadores, mientras que otros 71 han votado en contra. Los representantes del Movimiento Cinco Estrellas han abandonado la sala antes de la votación. De haber salido mal, Renzi se hubiera visto obligado a dimitir, después del acuerdo cerrado este miércoles entre el Partido Democrático, al que pertenece, y Nuevo Centro Derecha (NCD), su principal socio de coalición. El texto deberá ser votado ahora en la Cámara de Diputados.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, aceptaba descafeinar la propuesta de ley de uniones civiles como única forma de desatascar su aprobación por el Senado y superar la división interna de su propio partido. Finalmente ha sido retirada la “stepchild adoption”, es decir, la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro. Renzi también ha aceptado modificar algunos aspectos “simbólicos” para acentuar las diferencias entre uniones civiles y matrimonio. El proyecto ha sido aprobado finalmente por 173 votos a favor y 71 en contra. Ahora debe ser discutido por la Cámara de Diputados, donde no se esperan sorpresas.

La aprobación de una ley que reconozca las parejas del mismo sexo en Italia está siendo especialmente largo y trabajoso, y eso que ni siquiera estamos hablando de una ley de matrimonio igualitario, posibilidad a día de hoy imposible en Italia, el país de Europa occidental en el que la Iglesia católica sigue conservando una mayor influencia. Como en entradas anteriores hemos detallado, la propuesta que inicialmente estaba sobre la mesa era la presentada por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocía a las parejas del mismo sexo derechos civiles, patrimoniales y sociales similares a los del matrimonio, aunque no la adopción conjunta. Como gran paso adelante, sin embargo, sí que permitía, bajo ciertas circunstancias, la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos que ya tenga el otro miembro de la pareja (bautizada en Italia con el anglicismo stepchild adoption).

La tramitación del proyecto, sin embargo, no se aceleró hasta después del histórico referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario, cuando el primer ministro Renzi (Partido Democrático, PD) declaró que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Curiosamente, el propio Renzi era el que había actuado hasta entonces como freno al proyecto, pese a que el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debería haber tenido, de acuerdo a las posiciones defendidas por los partidos en ese momento, especiales dificultades para aprobarlo. El proyecto recibía por fin la aprobación de la Comisión de Justicia del Senado en mayo pasado, aunque finalmente no ha llegado al pleno del Senado hasta ya bien entrado 2016.

En todo este tiempo, Renzi ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo con su socio principal de gobierno, el Nuevo Centro Derecha de Angelino Alfano (actual ministro del Interior), que rechazaba el proyecto de Cirinnà y prefería una regulación de menor nivel que no contemple la stepchild adoption. Renzi, cuya primera y más importante dificultad era la división interna en su propio partido (una amalgama de democristianos, centristas, socialdemócratas y socialistas, y cuyo sector católico sigue siendo especialmente influyente), se vio finalmente abocado a dejar de lado a Alfano y confiar en que a una supuesta mayoría de parlamentarios del PD se sumasen diversas fuerzas menores de izquierda y sobre todo el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo (M5S), que se había mostrado a favor del proyecto. Pero no fue suficiente. El M5S se negó a validar la denominada “enmienda supercanguro”, un procedimiento parlamentario abreviado que tiene como objeto rechazar de un plumazo y sin discusión numerosas enmiendas menores, al que ese partido se opone por principio. Ello abocaba a un proceso de discusión más prolijo, y lo que en último término es lo importante, acentuaba la división interna entre los senadores del PD, a los que Renzi pensaba dejar libertad de voto por lo que a la stepchild adoption se refiere. El propio M5S había decidido también, después de las recientes y masivas movilizaciones populares tanto a favor como en contra del proyecto, dar libertad de voto a sus senadores en lo referente a este punto.

La discusión quedaba así suspendida mientras partidarios y detractores reagrupaban sus fuerzas. Matteo Renzi, sin embargo, no ha querido dejar pasar más tiempo, y esta misma semana daba su brazo a torcer y aceptaba descaifenar el proyecto en el sentido en el que le reclamaban tanto el sector católico de su partido como la derecha. La senadora Laura Cantini, del PD, plasmaba la reforma en una “maxienmienda” que contaba por el fin con el visto bueno mayoritario de la cámara y que recibía 173 votos favorables y 71 contrarios (los senadores del M5S prefirieron abandonar la votación en señal de protesta por el giro de los de Renzi).

Ahora el proyecto debe recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados, donde Renzi dispone de un margen más cómodo que en el Senado, y donde en principio no se esperan modificaciones significativas del texto.

Fuera, la stepchild adoption y la “obligación de fidelidad”

La aprobación del proyecto en el Senado deja al colectivo LGTB italiano con una sensación agridulce. Por un lado, supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, a la que se le supone una mayor hostilidad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, la habían adelantado ya). Por otro, lo sucedido estas últimas semanas en el Senado demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un Renzi más preocupado de mantener unido a su partido o un M5S más preocupado de dejar en evidencia dicha división interna que de los derechos de las familias homoparentales, que siguen estando desprotegidos.

Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos. Y es que los jueces italianos, salvo excepciones, se están mostrando más sensibles que la clase política de ese país hacia la realidad familiar de las personas LGTB. La propia stepchild adoption, por ejemplo, ha sido ya reconocida por los tribunales en el caso de una pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, que tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero, donde también contrajeron matrimonio (no reconocido en Italia). Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica.

Un detalle quizá menor para algunos pero especialmente simbólico, y que deja bien claro el afán de los senadores homófobos por dejar su impronta en el proyecto, ha sido la supresión de la “obligación de fidelidad” que, del mismo modo que la ley italiana exige a las parejas casadas, el proyecto inicial de Cirinnà exigía a las parejas del mismo sexo unidas civilmente. Por curioso que parezca, se trataba de un aspecto que había sido especialmente criticado por los contrarios al proyecto porque en su opinión hacía prácticamente indistinguible a esta institución de la del matrimonio. Eliminarlo supone, en cierto modo, oficializar que la relación afectiva que se le supone a dos personas del mismo sexo unidas civilmente es de peor calidad que la que se le supone a una pareja de distinto sexo casada.

Tras la aprobación del texto en la Cámara alta, la senadora Cirinná ha sido ovacionada por los miembros del Partido Demócrata, a pesar de que el texto aprobado parece no contentar ni al movimiento activista LGTBI ni a los sectores ultracatólicos y conservadores.

El ministro del Interior y líder de NCD, Angelino Alfano, ha celebrado este jueves desde Bruselas el acuerdo alcanzado. «Ha sido un bonito regalo a Italia haber impedido que dos personas del mismo sexo, algo que impide la naturaleza, tuvieran la posibilidad de tener un hijo. Hemos impedido una revolución contra natura y antropológica, creo que ha sido un resultado nuestro «, ha comentado en unas declaraciones que no han sido bien recibidas en las filas del PD.

«Creo que debería prevalecer el buen sentido también en las declaraciones. El regalo a Italia es decir que no hay ciudadanos de clase B. Y esta ley va en la dirección justa», ha subrayado la ministra para las Reformas, Maria Elena Boschi.

Grupos católicos y conservadores insistían en que «un niño debe tener un papá y una mamá». Si una pareja del mismo sexo desea adoptar, ahora no le quedará otro remedio que recurrir a los tribunales. Tal vez allí encontrará alguna puerta abierta.

Italia es el único país de la Europa Occidental que se encontraba en esta situación de limbo jurídico de las parejas del mismo sexo. El documento de ley lleva el nombre de la senadora del Partido Democrático que lo impulsó, Monica Cirinnà.

Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley han tenido como principal objetivo hacer el texto digerible para la formación conservadora Nuevo Centroderecha, liderada por el ministro de Interior, Angelino Alfano. Éste aclaró que su partido «no rechaza los derechos de los homosexuales, aunque sí es contrario a las adopciones y a la equiparación de sus uniones con el matrimonio».

En definitiva, y como la propia ILGA Europe ha reconocido en un comunicado, un paso adelante que es bienvenido pero que se demuestra insuficiente.

Fuente Agencias, Dosmanzanas, Cáscara Amarga, Chueca.com, Ragap

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Triste historia la que ha sucedido en Chile, donde Vladimir Urrutia ve desesperado como la madre del que fue su pareja (hoy fallecido) y que nunca aceptó la relación de su hijo con otro hombre, quiere que sus restos sean exhumados para que no reposen en una tumba propiedad de Urrutia, que ya con anterioridad fue despojado de bienes comunes e incluso de varias mascotas que compartían. Urrutia y Rodrigo Moreno fueron pareja durante doce años, hasta la muerte de este último.

Rodrigo Moreno falleció el 5 de octubre de 2014, por lo que la pareja no tuvo oportunidad de contraer una unión civil (algo que no pudo comenzar a ser posible hasta un año después). “Estamos en presencia de una situación tan injusta, como dolorosa, pues Moreno falleció el 5 de octubre del 2014, no alcanzando la pareja a formalizar su vínculo con el Acuerdo de Unión Civil, que entró en vigencia un año más tarde. Ello dejó en la completa desprotección jurídica a Urrutia, pues además de ser despojado de los bienes que adquirió conjuntamente con su pareja, hoy podría ser apartado de los restos de su amado”, ha indicado el portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) en la región del Biobío, Esteban Guzmán.

Esta organización está asesorando a Urrutia, que además de la muerte de Moreno se ha tenido que enfrentar a la inquina de la madre de este, Elba Rodríguez. “La familia de mi novio, que nunca aceptó nuestra relación, me ha quitado todo lo que ha podido; cuadros, ropa, muebles, incluso a mis cuatro perros. Cuando falleció Rodrigo, le pusieron un candado y una cadena a la puerta. Por sanidad mental, unos amigos y vecinos embalaron algunas cosas y las llevaron a un departamento donde estuve por más de un año. Viví sin cocina, sin muebles, sin mesa, sin sillas, afectado por una profunda depresión y dos intentos de suicidio. Pensé que lo peor había pasado, pero ahora me entero que quieren exhumar el cuerpo”, expresa Urrutia con un profundo dolor. Se da además la circunstancia de que durante los últimos tres años de la vida de Moreno tanto su madre como su su abuelo vivieron con la pareja, que los cuidó pese a que, según cuenta Urrutia, “nunca nos aceptaron y debíamos reprimir nuestros afectos”. Incluso llegaban a contar ante desconocidos que eran hermanos, y no pareja, “para que su madre se quedara tranquila, pero no sé si estos gestos ella los valoró alguna vez”.

Para rematar el dolor de Urrutia, el pasado 8 de febrero Elba González presentó contra él un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción por negarse a la exhumación del cuerpo, enterrado en una tumba -esta sí- propiedad de su yerno. La acción también fue cursada contra el Cementerio Parque Santa María de Los Ángeles, que tampoco ha autorizado la exhumación.

Elba González argumenta a su favor que el 23 de abril del 2015 la Oficina Provincial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío autorizó la exhumación de su hijo. Pero según revela Esteban Guzmán, en todas sus actuaciones  ha omitido que el propietario de la tumba era su pareja, con la que había convivido por más de una década. “Es una situación dramática”, opina el portavoz del MOVILH. “Es un caso difícil, pues si bien la justicia está sin duda del lado de Urrutia, nuestras leyes no reconocen derechos de convivientes para efectos de sepultura o exhumación. Por ello, junto a la asesoría legal, estamos gestionando una reunión con la Seremi de Salud par evaluar los mejores pasos a seguir. Urrutia, no merece sufrir más y esperamos que el Estado se haga cargo de ello”, añade.

Estaremos atentos a lo que suceda finalmente. En cualquier caso, desde la distancia trasladamos a Vladimir Urrutia todo nuestro cariño y solidaridad.

Fuente MOVILH y Dosmanzanas

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El informe de Delitos de Odio 2015 del Ministerio del Interior muestra que el colectivo LGTB ocupa el cuarto lugar en denuncias de los delitos de odio en España.

Quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no denuncia.

Según el Observatorio Redes contra el Odio de la FELGTB, este informe muestra la punta del iceberg de las agresiones por orientación sexual e identidad de género.

El Ministerio del Interior ha presentando esta semana el avance del informe 2015 sobre delitos de odio en España, cuyos datos completos se conocerán en próximas semanas. El total de casos registrados en 2015 ha sido de 1.324. De ellos, 168 (un 12,7%) lo fueron por orientación sexual o identidad de género. Unas cifras que fuera de contexto podrían llevar a pensar que ha habido un descenso respecto a 2014. Sin embargo, el cambio en el sistema de contabilización de las denuncias impide hacer una comparación precisa con los datos de años anteriores. Un registro de las denuncias contabilizadas durante el año que contrasta con el trabajo de campo efectuado en este ámbito por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

El Informe de 2015 sobre delitos de odio en España que ha presentado el Ministerio del Interior afirma que las agresiones a personas LGTB han descendido en un año del 40% al 12% del total de casos registrados.

Tal como FELGTB había trasladado al Ministerio del Interior en diversas ocasiones, este nuevo informe corrige por fin la recogida errónea de los 2 años anteriores (2013 y 2014) en los que el número de denuncias de víctimas de delitos de odio era mucho mayor y por causas diferentes a las que las organizaciones LGTB estaban recogiendo. De hecho, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha felicitado por el cambio en el criterio de recogida de los datos, que considera ahora más precisos que antes. “Tal como FELGTB había trasladado al Ministerio del Interior en diversas ocasiones, este nuevo informe corrige por fin la recogida errónea de  los 2 anteriores (2013 y 2014) en los que el número de denuncias de víctimas de delitos de odio era mucho mayor y por causas diferentes a las que las organizaciones LGTB estaban recogiendo. Según muestra el informe, este año se han contabilizado 168 agresiones e incidentes  por esta causa, frente a las 513 de 2014. Este descenso no muestra realmente una disminución de los delitos, sino una forma diferente de catalogarlos”, ha señalado esta organización en un comunicado. Algo que situa al colectivo LGTB en el 4º lugar de denuncias de los delitos de odio en España. Un fenómeno que se explica al haber sido modificada la recogida de los datos por parte del Ministerio para la elaboración del informe.

Pero la cifra total de delitos de odio registrados en 2015 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue de 1.324, lo que supone un aumento del 13% respecto a los datos registrado el año anterior. Según insiste el Ministerio, este aumento no significa que se haya producido realmente un incremento de estos delitos, ya que este año se contabilizan dos nuevos ámbitos que anteriormente no se computaban: la ideología, que he hecho en 2015 supuso el segundo mayor porcentaje de delitos de odio (308 casos, lo que supone un 23,8%) y el sexo o género (24 casos, un 1,8%).

El mayor porcentaje de delitos de odio fue el correspondiente a los casos de racismo y xenofobia (506, un 38,2% de los casos), seguido de la ideología (ya mencionada) y en tercer lugar la discapacidad (224 casos, un 16,9%). Los delitos por orientación sexual o identidad de género constituyen el cuarto grupo más numeroso, seguido de los delitos por creencias o prácticas religiosas (70, un 5,3%), por sexo o género, por aporofobia u odio a las personas “pobres” que se encuentran en situación de exclusión social (15 casos, un 1,1%) y por antisemitismo (9 casos, un 0,7%).

Puedes descargar el documento con los datos del avance del informe sobre delitos de odio (presentados a continuación de los datos referidos a trata de seres humanos) en este enlace.

Datos que en cualquier caso no permiten, como dijimos más arriba, establecer comparaciones con los de los dos años anteriores, únicos de los que existen una contabilidad oficial de los delitos de odio denunciados. A simple vista, parecería por ejemplo que el número de delitos de odio motivados por la orientación sexual o identidad de género reales o percibidas de las víctimas habría experimentando un importante descenso: de 513 en 2014, cifra que suponía el 39,9% (el grupo más numeroso, de hecho), a 168 en 2015, el 12,7%. Un descenso estadístico que no se corresponde con un descenso real, como los recientes episodios denunciados en diferentes puntos de España se encargan de demostrar. También los colectivos LGTB han querido aclarar que la variación se debe a un cambio metodológico.

Una noticia que la FELGTB ha acogido con prudencia y escepticismo, ya que confronta radicalmente con su experiencia a pie de calle y con el registro que efectua a través del Observatorio Redes contra el Odio, que defiende que el 70% de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género no son denunciados. La cifra de agresiones, por tanto, si extrapolamos datos, superaría el medio millar. El miedo a salir del armario o la sensación de que no habrá consecuencias para sus agresores, entre las principales razones para no acudir a la policía. Algo que apunta a que aunque se trabaja en la aproximación de los cuerpos y fuerzas del estado a esta realidad, se sigue considerando un colectivo bastante invisibilizado y vulnerable a sufrir violencia.

Desde FELGTB, demandan al Ministerio del Interior una serie de medidas para atajar este problema: Una Ley de Protección Integral contra los Delitos de Odio que mejore el tratamiento de las denuncias y la protección de las víctimas, mejoras en los registros policiales, formación policial estructural, formación de operadores jurídicos, aplicación del protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y una campaña de acercamiento a las víctimas y apoyo a las entidades que ejercen de mediadoras.

“La solución a un grave problema que carcome los cimientos de los valores de nuestra sociedad ha de ser integral. En general, se están colocando parches, pero es preciso ahondar en las raíces de la cuestión. Y el sistema educativo no puede quedar al margen”, ha afirmado Jesús Generelo, presidente de la FELGTB.

Consulta el Informe Redes Contra el Odio 2014 de FELGTB

Fuente FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Bifobia, Delitos de Odio, España, Estadísticas, FELGTB, Homofobia, Jesús Generelo, Lesbofobia, Ley de Protección Integral contra los Delitos de Odio, Ministerio del Interior, Transfobia

La vista de apelación contra la suspensión cautelar de las actividades de la asociación LGTB tunecina Shams ha resultado exitosa. El Tribunal de Primera Instancia ha fallado a su favor y ha dictado que la asociación puede continuar con su actividad como organización no gubernamental, pues sus estatutos se ajustan adecuadamente a la ley. De esta manera, Shams podrá continuar con su lucha por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta tres años de prisión.

La suspensión durante 30 días de la actividad de «Shams«, forzada por algunos miembros del Gobierno y del Parlamento, fue decretada el pasado 4 de enero por un tribunal de primera instancia tunecino.

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Ahmed Ben Amor, Discriminación, Hedi Shaly, Homofobia, Shams, Susa, Túnez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este 23 de febrero que las leyes de extranjería de Croacia, que no reconocen a las parejas del mismo sexo la condición de familia, violan la Convención Europea de Derechos Humanos. El caso afecta a una ciudadana de Bosnia-Herzegovina, que solicitó un permiso de residencia en Croacia por reunificación familiar, al acreditar que mantenía una relación estable con una ciudadana croata. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la no equiparación en derechos de las parejas del mismo o distinto sexo es una grave discriminación por razón de orientación sexual.

El 29 de diciembre de 2011, la ciudadana de Bosnia-Herzegovina Danka Pajić solicitó a la administración de extranjería de Croacia la concesión de un permiso de residencia. Dado que la concesión de permiso por ser cónyuge de una ciudadana comunitaria le estaba vedada, pues ni Bosnia-Herzegovina ni Croacia reconocen el matrimonio igualitario, la única vía que le restaba era el de conseguirlo por reunificación familiar, pues la Ley de Extranjería croata sí que considera como familia a las uniones de hecho, en determinados casos, aunque no estén formalizadas.

Pero esas mismas leyes de extranjería solo otorgan la consideración de familia a las uniones de hecho formadas por un hombre y una mujer, excluyendo de esa consideración explícitamente a las parejas del mismo sexo. Esa fue la circunstancia alegada por el Ministerio del Interior croata para denegar el permiso de residencia a Danka Pajić, a pesar de que la investigación policial había acreditado su relación continuada con la ciudadana croata D.B. (la sentencia solo deja conocer sus iniciales). Tanto la declaración de ambas al respecto, como las constantes visitas de una a otra, de una duración de tres meses en cada ocasión (el límite permitido para no necesitar un permiso de residencia), así lo atestiguaban.

Danka Pajić recurrió la resolución denegatoria ante el Tribunal Administrativo de Zagreb en julio de 2012. El Tribunal Administrativo tomó en consideración lo establecido en la Ley de Extranjería de Croacia, que en cuanto a la reunificación familiar se remite a lo que estipule la Ley de Familia. El apartado 3 de esa ley considera como familia a las parejas formadas por un hombre y una mujer que hayan mantenido una relación extramarital durante al menos tres años. El apartado 2 de la misma ley considera como parejas de hecho a aquellas del mismo sexo que hayan mantenido una relación extramarital también de al menos tres años, pero no las considera familia.

En aplicación de esa normativa, el Tribunal Administrativo resolvió que “la Ley de Extranjería establece como miembros de una familia a los cónyuges o personas que conviven en una relación extramarital con arreglo a la legislación croata. Las secciones 3 y 5 de la Ley de la Familia estipulan que el matrimonio y la relación extramarital son uniones entre un hombre y una mujer. De este modo, la unión entre dos personas del mismo sexo no puede considerarse conforme a las disposiciones legales pertinentes como matrimonio o relación extramarital”. El permiso de residencia le fue, por tanto, denegado.

Finalmente, Danka Pajić apeló a la última instancia dentro del cuerpo judicial croata, el Tribunal Constitucional, al estimar que había sido discriminada en base a su orientación sexual. El alto tribunal falló en mayo de 2013 que no encontraba discriminación ni violación alguna de los principios de igualdad recogidos por la Constitución de Croacia. La apelación, pues, fue asimismo denegada.

Tan solo le quedaba a Danka Pajić el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, amparándose en que se había violado el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que impide la discriminación, en conjunción con el artículo 8, que se refiere a la vida privada y familiar.

Y este 23 de febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de Danka Pajić, al considerar que las leyes de familia y de extranjería croatas, al impedir cualquier reconocimiento como familia a las parejas del mismo sexo, efectivamente las estaban discriminando en base a su orientación sexual.

El Tribunal estima que el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos concede a todos los ciudadanos el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otras personas, y que la orientación sexual forma parte de la esfera personal protegida por ese mismo artículo, por tanto, no puede haber diferencia de consideración entre un tipo de parejas u otro. El fallo final, que ha sido tomado por unanimidad, es aclaratorio:

Por último, este Tribunal desea subrayar una vez más que el presente caso no se refiere a la cuestión de si la solicitud de reagrupación familiar de la solicitante debería haber sido concedida en las circunstancias del caso. Se refiere a la cuestión de si los solicitantes son objeto de discriminación, debido al hecho de que las autoridades nacionales consideran que tal posibilidad es en cualquier caso jurídicamente imposible. De acuerdo con ello, a la luz de las razones expuestas anteriormente, este Tribunal considera que la diferencia de trato de la situación del solicitante en cuestión es incompatible con las disposiciones del artículo 14 en relación con el artículo 8 de la Convención.

Por consiguiente, este Tribunal considera que se ha producido una violación del artículo 14 en relación con el artículo 8 de la Convención.

La sentencia no solo obliga a la administración croata a conceder el permiso de residencia por reagrupación familiar a Danka Pajić, sino que además la condena a indemnizarla con 10.000 euros (11.000 dólares) por los perjuicios causados. También debe hacerse cargo de las costas, que ascienden a 5.690 euros (6.270 dólares).

Repercusión de la sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra a valorar las condiciones en que deben ser concedidos los permisos de residencia por reagrupación familiar, sino que valora si las leyes discriminan en base a la composición de las parejas, algo estrechamente enlazado con la orientación sexual. También es relevante que el Tribunal estime que las parejas que mantienen una relación estable caben dentro de la definición de “unidad familiar”, aunque las circunstancias las obliguen a vivir separadamente, como es el caso de aquellas en que uno de sus miembros ha emigrado a otro país.

Habrá que ver si esta jurisprudencia termina por aplicarse a los casos en que las leyes del país impiden el matrimonio igualitario y las leyes de extranjería solo permiten la concesión de permisos de residencia a las personas unidas en matrimonio, como ocurrió recientemente en Lituania. De ser así, el alcance de esta sentencia puede adquirir una enorme relevancia.

Evelyn Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, considera que “esta decisión arroja luz sobre un tipo de discriminación en la práctica que puede tener un efecto devastador para el día a día de las personas. No había ninguna razón real para que las autoridades croatas mantuvieran esta diferencia de trato, y nos alegramos de que el Tribunal haya protegido los derechos de las parejas del mismo sexo para que puedan disfrutar de su vida familiar, libres de discriminación”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bosnia-Herzegovina, Convención Europea de Derechos Humanos, Croacia, Danka Pajić, Evelyn Paradis, Familia, Homofobia, ILGA, Lesbianas, Lesbofobia, Lituania, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Entrevista realizada por Carlos Osma en su blog Homoprotestantes:

Hace algo más de cuatro meses que «salió del armario» y en tan poco espacio de tiempo ha perdido su trabajo como profesor de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, ha sido apartado de sus funciones como secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional y de oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha llenado portadas de periódicos, acudido a programas de televisión y radio, e incluso se ha venido a vivir a Barcelona. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Cómo valora lo que le ha ocurrido a niver personal?

Me siento cristianamente liberado y realizado. Yo creo que éste fue el verdadero buen “pasaje” (metanoia) de mi vida espiritual – una verdadera pascua de mi resurrección. Para mí fue también el cumplimento de mi misión como sacerdote. Paradójicamente, cuando las instituciones católicas me han impuesto la prohibición de ejercer el ministerio, en conciencia siento que justamente ahora he madurado la verdadera fidelidad a mi vocación como persona homosexual llamada por Dios a ser pastor. Es el momento de la liberación cristiana, de transparencia de mi buena y natural identidad que he ofrecido a Dios para ser sacerdote y que no puede continuar siendo negada y ofendida por mi Iglesia. Es también la liberación de las mentiras promovidas por la institución de la Iglesia sobre las minorías sexuales. Antes de mi salida del armario, en mi trabajo en el Vaticano fui obligado a decir estas mentiras, como en una dictadura irracional.

¿Cree que ha conseguido sacudir la conciencia de la Iglesia católica con su “salida del armario”? ¿O simplemente ha dado la razón a quienes ya eran conversos de la inclusividad dentro y fuera de la Iglesia?

Sobre todo he recibido muchísimos mensajes de apoyo y también de gratitud por mi “salida del armario”. Creo que la conciencia de la Iglesia y de los creyentes en el mundo necesitan estas señales. La comunidad necesita las “salidas” que mueven la conciencia. En este sentido mi coming out es algo que quiere tocar la conciencia de la Iglesia, aunque está claro que los efectos no se pueden ver de inmediato. La Iglesia católica quiere sólo eliminar el “problema” de un alto funcionario vaticano que dice una verdad incómoda. La primera reacción católica y de los ambientes homofóbicos (y no sólo católicos) fue una campaña para desacreditar y neutralizar a la persona que se libera y exige la reflexión sobre la situación de las minorías sexuales. Para tener dormida la conciencia de la Iglesia, su gente debe estigmatizar y desacreditar un gesto como el mío, concentrándose, por ejemplo, en el celibato, que en este caso es una cuestión del todo secundaria y conectada profundamente con la paranoica negación de la sana orientación sexual (el celibato está pensado en la Iglesia católica como el “armario” para los gays, y el “armario” va contra la dignidad personal, no puede ser un lugar de serenidad y de paz. A esta Iglesia le digo: primero debemos limpiar nuestra conciencia de ofensas contra los homosexuales y después hablaremos de celibato, que debe basarse en una serena aceptación de la propia identidad sexual).

El Coming out de un sacerdote es la manera de despertar la conciencia eclesial sobre el tema de la dignidad y de los derechos humanos y cristianos de las personas homosexuales, como yo, que en la Iglesia son discriminadas y odiadas. Cristianamente, el misterio y el respeto de la persona van antes de disciplinas que no son esenciales para  el servicio a la Iglesia. Pero no es así en la Iglesia católica. La Iglesia católica en este momento está paralizada por las emociones negativas de miedo anti-gay, que son emociones que bloquean el uso sereno de la razón. En esta dirección se mueve la jerarquía, el Vaticano, y una buena parte de fieles que son promovidos por el clero y gritan bastante fuerte (piensa solo en Manif pour tous o en las recientes manifestaciones católicas de Roma y en la promoción del odio contra las minorías sexuales y del desprecio a las personas LGBTIQ). Esos gritos exasperados, manipulados por la jerarquía, esconden que en realidad hay muchísimos católicos (silenciosos) que quieren la reflexión, el respeto, la inclusividad y, sobre todo, el conocimiento y la comprensión de los demás, en este caso de las personas LGBTIQ. Parece que el Papa mismo ha cerrado esta discusión, que al principio de su pontificado parecía que iba a abrir. Así, ahora en la Iglesia católica sólo pueden gritar los homófobos, que ofrecen y mantienen la imagen de la Iglesia. Al católico que no es homofobo se le acusa de ser infiel a la doctrina actual de la Iglesia, a la cual los católicos deben obedecer. Esta doctrina es en la actualidad profundamente homofóbica y prohíbe cualquier coming out a los católicos LGBTIQ, los considera personas incapaces de amar que solamente buscan sexo, establece discriminaciones precisas de homosexuales y juzga que discriminar gays en el trabajo y en la sociedad es justo; compara a las personas homosexuales con  enfermos mentales. Para darse cuenta de la realidad de la homofobia católica impuesta a todos los fieles, es muy importante leer los documentos de la Iglesia en esta materia, que ofenden la dignidad humana de las personas LGBTIQ.

Pienso que cada vez que se produce un coming out dentro la Iglesia, ésta en realidad se despierta, se inquieta, aunque los buenos frutos no se puedan ver de inmediato. El odio homofóbico en la Iglesia es demasiado fuerte y está gobernado por las oficinas vaticanas más importantes.

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Las autoridades de inmigración de Lituania han denegado el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. La decisión del Ministerio del Interior lituano contraviene abiertamente la directiva 2004/38 de la Unión Europea, que consagra el derecho de los nacionales de países de la Unión Europea y sus familiares a residir libremente en cualquier país de la Unión.

Es más, dado que no existía precedente respecto a la concesión de permisos de residencia a cónyuges del mismo sexo de nacionales de la Unión Europea que quisieran residir en Lituania, el Departamento de Migraciones de ese país consultó antes al Departamento de Leyes Europeas (dependiente del Ministerio de Justicia) y este consideró que el ciudadano bielorruso sí tenía derecho al permiso de residencia, con independencia de que Lituania no reconozca el matrimonio igualitario. “Carece de sentido denegar el derecho de residencia al cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea cuando el matrimonio ha tenido lugar de acuerdo a las normas específicas de un estado miembro y es reconocido por 13 países europeos”, expresaba el informe del Ministerio de Justicia, que alertaba de que denegar el permiso podría ser considerado una violación del derecho de libre circulación, unos de los principios fundamentales de la Unión Europea.

El Departamento lituano de Migraciones, dirigido por Evelina Gudžinskaitė, prefirió sin embargo seguir el criterio del Ministerio del Interior, que consideró lisa y llanamente que el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Lituania y que por tanto no debía concederse el permiso.

Ya en 2012 el Parlamento Europeo insistió sobre la materia

En esta misma página, en abril de 2012, hacíamos referencia a un informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión Europea. Por lo que a las parejas del mismo sexo se refiere, el pronunciamiento del Parlamento Europeo dejaba claro que los estados miembros deben asegurar la libertad de movimientos para todos los ciudadanos y sus familias sin discriminarlos por razones de orientación sexual o identidad de género, y que los derechos reconocidos por la directiva europea sobre libre circulación de personas deben considerarse también de aplicación a las parejas de hecho, uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo.

La alusión explícita a las parejas del mismo sexo fue introducida en forma de enmienda gracias al voto de una mayoría de europarlamentarios, debido precisamente al conocimiento de los obstáculos a la libre circulación a los que se enfrentan los ciudadanos europeos por razones de orientación sexual. Desde España no está de más recordar que entonces votaron en contra de introducir esta enmienda 17 eurodiputados del PP, además de uno de Unió Democràtica de Catalunya. Como nota positiva destacó la eurodiputada popular Pilar Ayuso, que se desmarcó de sus compañeros y votó a favor de la enmienda.

Lituania, un estado hostil a las personas LGTB

Desde la Liga Gay Lituana (LGL) han expresado su preocupación por lo que consideran un nuevo episodio discriminatorio por razón de orientación sexual. Lo cierto es que Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB, y de ello hemos dado cuenta en dosmanzanas. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

La última noticia que recogíamos sobre Lituania, en noviembre de 2015, tenía un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual” similar a la vigente en Rusia. La propuesta sigue viva, no obstante, y los activistas LGTB temen que pueda ser votada en cualquier otro momento en el que la presión europea se relaje aún más.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno francés ha renunciado a modificar la ley que impide a las parejas de mujeres o a las mujeres sin pareja acceder a la reproducción asistida. Lo ha confirmado la nueva ministra francesa de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, la socialista Laurence Rossignol, que asegura sin embargo estar a favor “a título personal” e incluso asegura estar convencida de que “toda la izquierda” lo está…

En Francia, la reproducción asistida solo está permitida a parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

La modificación de esta prohibición había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa estaba incluida en su programa electoral (“L’accès à l’AMP [Assistance Médicale à la Procréation] doit être ouvert aux femmes sans condition de situation de couple ou d’infertilité”, puede leerse en la página 50 del programa electoral con el que los socialistas franceses ganaron las elecciones legislativas de 2012). El propio presidente François Hollande se posicionó siendo candidato presidencial a favor del cambio. Fue en abril de 2012, justo antes de las elecciones, en una entrevista concedida a la revista Têtu. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

No fue sin embargo hasta 2014, tras la remodelación que siguió a la derrota socialista en las elecciones municipales y que convirtió a Manuel Valls en el nuevo jefe de gobierno, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal. Una marcha atrás que tenía lugar en el contexto de la derechización que Valls impuso al Gobierno socialista, uno de cuyos elementos ha sido el acercamiento a la Iglesia católica y a los contrarios a los derechos LGTB. La propia Laurence Rosignol, que entró con Valls en el gobierno francés como secretaria de estado de Familia, recibió, en el que fue uno de sus primeros gestos políticos, a los representantes de la Manif pour tous, el movimiento homófobo que lideró las protestas contra el matrimonio igualitario, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. 

Una renuncia que ahora la propia Rossignol, recién ascendida a ministra, se ha encargado de confirmar en una entrevista al diario francés Libération. “No tengo hoy más razones que ayer, cuando estaba al cargo de las políticas de familia, para relanzar este asunto. A título personal, soy favorable para las parejas de lesbianas, y creo que toda la izquierda lo es. El problema es claro: ¿hasta dónde volver a incrementar el nivel de excitación?”, justifica. “No quiero que se diga que la izquierda promueve debates sociales para distraer la atención, como fue el caso durante el debate sobre el matrimonio igualitario. La vociferación de la Manif pour tous lo paralizó todo. No quiero verme impotente en todo lo que tengo que hacer por lanzar un debate sobre la PMA [procréation médicalement assistée, o reproducción asistida]. Ahora, usted dice ‘PMA’ y las redes sociales arden. Estos temas deben ser tratados por una sociedad apaciguada. Y yo ahora trabajo para apaciguarla”,  añade.

Una argumentación cobarde

Una argumentación, la de Rossignol, que nos parece especialmente cobarde. Que un gobierno democráticamente elegido renuncie a acabar con una disposición legal discriminatoria en materia de derechos civiles, tal y como había prometido, para así mantener “apaciguados” a los defensores de dicha discriminación hace virtualmente imposible el avance.

No está de más recordar que la cobardía del actual Gobierno francés va incluso más allá de negar a las mujeres sin pareja masculina el derecho a la reproducción asistida, aún pagándola de su bolsillo en una clínica privada. El gobierno que preside Valls se negó incluso a apoyar en 2014 una enmienda legislativa presentada por dos diputados verdes cuyo objetivo era asegurar que al menos en aquellas parejas de lesbianas que ya son madres (por haber recurrido a la reproducción asistida en otros países) la madre no gestante fuese reconocida legalmente. Afortunadamente, pese a la negativa gubernamental, la Corte francesa de Casación acabó por confirmar ese derecho, aunque obligando a las madres no gestantes a iniciar un proceso de adopción de los que al fin y al cabo son sus propios hijos.

Fuente Dosmanzanas

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Cinco meses de prisión. Es la condena a la que se exponen tres estudiantes de la Universidad de Santiago por realizar una protesta en el aula contra Domingo Neira, el profesor que fue temporalmente suspendido en 2013 por sus comentarios homófobos en clase, pero al que finalmente la universidad compostelana permitió reincorporarse.

En su momento contamos la historia: en respuesta a la pregunta de una alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación, Domingo Neira relacionó pederastia y homosexualidad, de la que afirmó que era “una alteración congénita o vicio”. En declaraciones concedidas al diario El País, Neira ratificó luego sus opiniones, argumentando que “si no hay certificación de que sea congénito, no hay más que discutir; pero si hay esa certificación, también puede ser por vicio. ¿O no hay desviaciones por vicios?”. Es más, el profesor de la Universidad de Santiago se refirió a los homosexuales como“maricones” que sufren “desviaciones”, para distinguirlos de los “hombres-hombres”. Neira aseguró también que la adopción debería estar prohibida a parejas del mismo sexo, porque la homosexualidad es “contagiosa” y esas parejas “le pasarían el mal a su hijo”. Alumnos de Neira aseguraron de hecho que su discurso homófobo no era una novedad. Según denunciaron, el profesor les exigía además, para aprobar el examen de su materia, superar una prueba sobre un libro escrito por él mismo.

La Universidad de Santiago procedió a suspender de empleo a Neira durante el curso 2013-2014, pero el homófobo profesor volvió a las aulas el curso siguiente, ante la sorpresa de numerosos alumnos o de ALEAS EU (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida), que ya entonces manifestó su rechazo a que un individuo como Neira pudiera dar clases en una universidad pública. “El alumnado compostelano y la ciudadanía en general no deben y no pueden tolerar que una institución pública como la USC integre elementos reaccionarios y retrógrados, que se forme a los maestros y maestras en el odio y la discriminación, en mentiras más propias del franquismo”, expresaron desde esta organización.

El malestar por la reincorporación de Neira se reflejó, entre otras acciones, en una protesta que unos setenta alumnos vinculados a movimientos de izquierda llevaron a cabo en mayo de 2015 en forma de escrache al final de una de sus clases, y que ahora ha desembocado, tras la denuncia de la Universidad de Santiago, en el procesamiento de tres de ellos acusados de un delito de “desórdenes públicos”, por los que se les solicita cinco meses de prisión.

En declaraciones a Praza Pública, los estudiantes encausados aseguran que la acción de protesta (consistente en la muestra de carteles y banderas arcoíris y el grito de consignas reivindicativas) respetó el desarrollo de la clase y solo se llevó a cabo en los últimos minutos, ya cuando Neira había comenzado a recoger, sin que se registrase ningún tipo de incidente violento. Insisten además en que es intolerable la “complicidad” de la dirección de la Universidad de Santiago con Neira y su conducta homófoba.

Resulta incomprensible que mientras que la Universidad de Santiago permita dar clase a un individuo como Neira emprenda acciones legales precisamente contra los que denuncian y protestan contra su homofobia.

Fuente Dosmanzanas

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Una compañía de autobuses urbanos de Riga, la capital de Letonia, decidió celebrar San Valentín regalando el trayecto a las parejas que se besaran al subir a sus vehículos. Una campaña simpática si no fuera porque en un primer momento se anunció como aplicable solo a las parejas heterosexuales. Las quejas de los colectivos LGTB por la evidente discriminación llevaron a la empresa a rectificar y aceptar finalmente como “pago” los besos de todos los tipos de parejas.

El pasado jueves, la portavoz de RMS (Rīgas Mikroautobusu Satiksme) Maija Lazdiņa, anunció la promoción que, con motivo del día de los enamorados, eximía del pago del billete a las parejas que se besaran al entrar en sus autobuses. En un principio, la campaña sería aplicable solo a las parejas de distinto sexo, con el objetivo según Lazdiņa de “apoyar las relaciones establecidas como tradicionales”.

Al día siguiente, la organización LGTB Mozaika denunció el carácter discriminatorio de la medida, que atentaría contra los artículos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales prohíben expresamente la discriminación por género y orientación sexual. La portavoz de Mozaika Kristīne Garina afirmó que este tipo de situaciones “no se pueden ignorar más” y anunció una queja al Defensor del Pueblo letón. También el periódico en lengua inglesa The Baltic Times publicó un editorial protestando por una medida “que nos hace pensar si vivimos en 1916 en lugar de 2016”.

La protesta surgió efecto. El sábado pasado, la responsable de la compañía de autobuses declaró que la polémica se basa en un “gran malentendido” y trasladó la responsabilidad a una “interpretación errónea” de sus palabras por parte de los medios de comunicación. En cualquier caso, aseguró que la medida de San Valentín estaba abierta tanto a las parejas heterosexuales como a las “no tradicionales”. Mozaika ha celebrado el cambio con un bonito cartel en el que se puede leer: “Autobuses pequeños, grandes amores. Feliz San Valentín a todos los que aman”.

Pequeños pasos en un país hostil a la igualdad LGTB

Letonia, pese a contarse entre los más hostiles de la Unión Europea para su población LGTB, ha empezado hace poco a mostrar signos esperanzadores. El más simbólico, la salida del armario como gay de su ministro de Exteriores, Edgars Rinkēvičs, en noviembre de 2014. Anteriormente, tras el Orgullo Báltico celebrado en Riga en junio de 2012, el entonces ministro de Justicia anunciaba un proyecto de reconocimiento de derechos a las parejas no casadas, que incluiría a las del mismo sexo. Otros miembros del gobierno, como el ministro de Defensa Artis Pabriks, mostraban su apoyo a la medida, aunque la oficina del Defensor del Pueblo de Letonia había recomendado en enero que el Parlamento no reconociera este tipo de uniones.

En diciembre de 2005 se introdujo una enmienda a la Constitución de Letonia para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y así impedir a las parejas del mismo sexo el acceso a esta institución. Quienes se muestran contrarios al proyecto de reconocimiento de otro tipo de uniones consideran que se trata de un subterfugio para violar lo que la Constitución prohíbe taxativamente.

Esta actitud es la que el ministro Rinkēvičs calificaba el pasado noviembre de “montón de histeria” y contra la que se ha comprometido a luchar. Este tipo de grupos homófobos ya intentaron en 2006 aprobar, sin éxito, una ley contra la “propaganda homosexual” como la vigente en Rusia desde 2013. El año pasado, la celebración del Europride en Riga se vio amenazado por el boicot de grupos homófobos, aunque finalmente tuvo lugar sin grandes problemas.

Fuente Dosmanzanas

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El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia ha fallecido a los 79 años, mientras disfrutaba unos días de asueto en un rancho de Texas. De convicciones fuertemente conservadoras, el juez Scalia se ha significado por su pertinaz rechazo a cualquier avance en los derechos de las personas LGTB, al fallar en contra de los mismos en todas las ocasiones en que la discriminación del colectivo LGTB ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Queda ahora en manos del presidente Barack Obama, que debe proponerlo, y del Senado estadounidense, que debe corroborarlo, el nombramiento de su sucesor.

Las autoridades federales anunciaban el fallecimiento el pasado sábado 13 de febrero del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El magistrado se encontraba en un rancho del oeste de Texas, al que había llegado la víspera para participar en una fiesta de carácter privado junto a otras cuarenta personas. Según las mismas fuentes, la investigación llevada a cabo permitiría considerar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.

Antonin Scalia fue propuesto para ser miembro del Tribunal Supremo por Ronald Reagan en 1986. Desde entonces ha destacado por su fuerte conservadurismo y por pertenecer al grupo de jueces “textualistas”, es decir, aquellos que interpretan la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que consideran que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Así, estiman que asuntos como la pena de muerte, la prohibición del aborto o calificar como delito la sodomía son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto.

Él mismo declaró en 2012 que le resultaba “absolutamente fácil” sentenciar en contra de cuestiones como el derecho al aborto o “la sodomía homosexual”, cuya penalización justificaba en que “durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados”. Esta aseveración se ha visto repetidamente respaldada por sus votos discrepantes en todos los casos dilucidados por el Tribunal Supremo en materia de derechos LGTB en los últimos años.

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según la sentencia, “la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia”.

El juez Antonin Scalia discrepó de la sentencia, señalando en sus argumentos que “la enmienda constitucional que aquí nos ocupa no es la manifestación de un deseo de dañar a los homosexuales, a priori, sino más bien es un modesto intento por parte de los residentes de Colorado, aparentemente tolerantes, de preservar las costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría poderosa políticamente de revisar esas costumbres por medio del uso de las leyes”.

El magistrado justificaba repetidamente que se tratase de conservar en las leyes la desaprobación a la homosexualidad, bien sea penalmente o, como en el caso de Colorado, evitando la igualdad ante la ley de los homosexuales. Para el juez Scalia, que hacía así toda una declaración de principios y de prejuicios, el problema era que “quienes participan de la conducta homosexual tienden a residir en un número desproporcionado en ciertas comunidades, disponen de altos ingresos y se preocupan por los derechos homosexuales mucho más ardientemente que el público en general, tienen un poder político mucho mayor que el que les corresponde por su número, tanto a nivel local como a nivel estatal. Es bastante comprensible que dediquen ese poder político para lograr no solo una tolerancia social a regañadientes, sino la aceptación social plena de la homosexualidad”.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Uno de los tres jueces discrepantes fue, de nuevo, Antonin Scalia. En esta ocasión, en su argumentación denunciaba que la sentencia formaba parte de la, para él, bien conocida “agenda homosexual”, en la que estarían involucrados los más afamados bufetes de abogados. El juez justificaba su discrepancia en que “muchos estadounidenses no quieren que las personas que se dedican abiertamente a la conducta homosexual sean sus socios en los negocios, monitores de sus hijos, maestros en las escuelas de sus hijos, o formen parte del servicio doméstico. Ellos ven estas leyes como una protección para sí mismos y sus familias de un estilo de vida que creen que es inmoral y destructivo”. Finalmente llegaba a afirmar que la discriminación en este caso se trataba de “un derecho constitucional” al igual que lo era en cuestiones como el asesinato, el bestialismo, el incesto o la crueldad con los animales.

A pesar de los argumentos de Scalia, en la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente “Edie”) Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Leer más…

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