El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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El Juzgado de lo Penal nº 6 de Alicante ha condenado por delito de odio, pero no por lesiones, a los acusados de la paliza homófoba ocurrida en el parque Monte Tossal de Alicante. La más que sorprendente sentencia reconoce que los agresores persiguieron a las víctimas al grito de «maricones, os vamos a matar» pero rechaza condenarlos por las graves agresiones físicas sufridas.

En su momento recogimos la terrible agresión, por la que inicialmente fueron detenidos trece personas, entre ellos varios menores. Si recordamos, la víctima se encontraba en compañía de otras dos personas en el Parque Monte Tossal de Alicante. Los agresores los acorralaron e increparon con insultos homófobos y amenazas. Dos de ellos consiguieron huir sin sufrir daños físicos, pero siguieron con una persecución con palos y pedradas para acabar en una grave agresión al tercero que fue alcanzado por el grupo de jóvenes, que lo agredieron con saña. Le produjeron, entre otras lesiones, fractura de tabique nasal, del hueso cigomático (el pómulo) y del fémur. Los agresores intentaron además robarle el móvil y otras pertenencias. La investigación tardó varias semanas en dar sus frutos, siendo claves las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia que recogieron un momento de la persecución.

Finalmente, resultaron imputados cuatro mayores de edad (Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. y Samuel G.I) y tres menores. Los mayores de edad fueron juzgados el pasado 30 de septiembre. Se enfrentaban, según detalla El Salto, a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo y personas pertenecientes al mismo por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual, así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, uno de coacciones leves, otro de delito de robo con violencia en grado de tentativa y otro delito de coacciones. Los tres menores imputados declararon como testigos en la causa pero están aún a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores.

Eugenio Alarcón, el juez que ha dictado una insólita sentencia a los cuatro mayores de edad, solo ha encontrado a los acusados culpables del delito de odio, por lo que simplemente deberán cumplir una pena de un año de prisión, abonar una multa de seis euros diarios durante ocho meses e indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, entre ellas la que sufrió la brutal agresión física. Ello es así porque el juez considera que, más allá de la persecución homófoba, no ha quedado acreditado que los acusados fueran los autores de la paliza que tuvo lugar inmediatamente después. Algo que para José Barragán, abogado de la acusación particular, resulta absurdo. «Condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida», denuncia Barragán. La víctima, recordemos, ha precisado varias intervenciones quirúrgicas, y según explica su abogado, aún está pendiente de otra operación y sufre, además, secuelas psicológicas. En este sentido, al juez no parecen haberle valido las hasta 16 declaraciones de testigos de las cuales «13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión», según el abogado, que ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo.

En el juicio, celebrado el pasado 30 de septiembre en Alicante, Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. Y Samuel G.I —hay otros tres menores imputados por los mismos hechos que declararon como testigos en esta causa y están a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores—se enfrentaban a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo, y personas pertenecientes al mismo, por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual; así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, un delito de coacciones leves, un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito de coacciones.

No obstante, en su sentencia el magistrado Eugenio Alarcón ha tomado una decisión insólita. Alarcón es un juez que ya se ha visto envuelto en otras polémicas, como la absolución del ex alcalde de la ciudad, Luís Díaz Alperi, por delito fiscal, o por firmar decenas de sentencias en un solo día tras recibir un toque de atención desde el CGPJ ante la saturación en su juzgado. En esta ocasión Alarcón ha determinado que los acusados de perseguir entre insultos homófobos y amenazas de muerte a tres hombres, acabando uno de ellos con secuelas físicas, finalmente sólo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, incluida la agredida.

Finalmente solo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indemnizar con 600 euros a cada una de las tres víctimas

El juez ha absuelto a los procesados del resto de acusaciones de tal manera que “condena un delito de odio por homofobia, que es el móvil de la agresión, y luego no mete la agresión”, resalta Barragán, abogado de J. R. B.F., la principal víctima, un hombre de 43 años que como consecuencia del ataque sufrió heridas en la pierna y la cadera que precisaron cirugía, tuvo que ser operado por los golpes en la cara y todavía está pendiente de otra cirugía maxilofacial, secuelas psicológicas aparte. Por ello Barragán insiste en que el resultado del procedimiento “es absurdo de verdad”, porque como abogado de la acusación ha “intentado desde el principio darle visibilidad al delito de odio, que era un poco como el más complicado, y fíjate condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida”, denuncia el letrado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, el juez considera como hechos probados que las tres víctimas, estando sobre las 20.00 horas del pasado 14 de febrero en el parque del Monte Tossal de Alicante, “oyeron gritos como ‘maricones os vamos a matar’, ‘gays de mierda’, ‘maricones de mierda, idos del parque’”. Los tres hombres, al ver que se acercaban, se marcharon a otro lugar, pero vieron que el grupo que profería los gritos “venía corriendo hacia ellos, por lo que también huyeron del lugar corriendo y fueron perseguidos por tales individuos”, según recoge la sentencia.

En la persecución, J. R. B. F. se separó de los otros dos y se dirigió a un parking que hay en las inmediaciones donde estaba aparcado su coche, pero la zona es un monte con varios desniveles y el parking se encontraba en un nivel inferior a una altura que no pudo sortear, fue al detenerse en este punto donde fue interceptado por un primer puñetazo en la cara seguido de varios golpes más de al menos tres agresores, uno de ellos armado con un objeto contundente, quienes también trataron de arrebatarle sin éxito el teléfono móvil que llevaba en la mano.

Al respecto, B. G. C, una de las otras dos víctimas declaró que, durante la persecución, “en la sombra se veían como palos y les lanzaban piedras”, sin poder precisar más porque “estaba en la oscuridad y solo veía siluetas”. Sin embargo la sentencia sí especifica inmediatamente después de la declaración del testigo-víctima que “igualmente, el propio J. R. B.F finalmente fue golpeado por un palo”, un palo que también se ve en la grabación de una cámara de seguridad, incorporada a la causa, donde se puede apreciar al grupo persiguiendo a J. R. B. F. momentos antes de la agresión, hasta el punto de que la cinta recoge también el momento en que Miguel M. B, uno de los acusados, lanza una piedra que no llega a impactar, algo que el mismo acusado reconoció en la vista oral.

Sobre la grabación de la cámara de seguridad, el abogado de la acusación particular destaca que en la imagen se puede ver como “los chicos que salen detrás de la víctima llegan al parking, lo que pasa es que lo ves muy pequeño, ves a las personas muy pequeñitas”, pero en su opinión este juez “no lo ve”, por lo que el letrado se pregunta con sorna si es que en ese punto “desaparecen del mapa y aparecen otros en escena”.

Así mismo, en la vista también declararon los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, quienes indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de Whatsapp en el que tres de los involucrados “tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’, —en referencia al Monte Tossal— la respuesta es que no”, y a continuación la transcripción concluye indicando “‘normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’”. Una conversación que creemos resulta evidente que denota una clara intención de proceder a una «cacería» homófoba pero que para el magistrado «solo muestra la burla y menosprecio hacia los gays, pero nada más».

Según el abogado de la víctima, en el juicio declararon 16 testigos relacionados con la agresión homófoba, de los cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”

En la causa obran hasta 16 declaraciones de testigos relacionadas con la agresión homófoba, de las cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”, asegura Barragán, quien ha avanzado que recurrirá el fallo en apelación ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo y vuelva a celebrarse con otro magistrado, “es verdad que volver a hacer pasar a la víctima por esto es bastante complicado, pero prefiero que pase por esto para que esa gente salga condenada que dejarlo así”, concluye el abogado de la acusación particular.

Entre los testigos que declararon se encontraban los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, que indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de WhatsApp en el que tres de los involucrados «tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’», en referencia al parque Monte Tossal, y al recibir «no» por respuesta, continuan señalando «’normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’».

Fuente El Salto Diario

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Tres jóvenes han sido detenidos en Málaga como presuntos autores de dos agresiones de carácter homófobo, según informaba el pasado viernes El Confidencial. Tanto los agresores, dos de ellos 19 años y uno de 20, como las víctimas son de origen marroquí. 

Aunque es ahora cuando han trascendido, las agresiones tuvieron lugar el 31 de agosto y el 2 de septiembre en el centro de Málaga, en ambos casos de madrugada. Las dos primeras víctimas eran dos chicos que se vieron rodeados por un grupo de jóvenes que les dirigieron insultos homófobos y les agredieron físicamente, llegando a darles a uno de ellos un botellazo en la cabeza. También les robaron alguna pertenencia. La segunda agresión, de naturaleza similar, fue contra dos chicas, una de las cuales precisó puntos de sutura por una herida incisocontusa en la cabeza.

Las declaraciones de las víctimas pemitieron identificar y detener a tres de los agresores, que están siendo investigados, entre otros, por presuntos delitos de odio. De hecho, según fuentes cercanas al caso han contado a El Confidencial, y siempre según la narración del diario digital, los agredidos habrían justificado sus ataques por la vergüenza que «como marroquíes» les producía la homosexualidad “de sus compatriotas”.

Fuente El Confidencial, vía Dosmanzanas

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La Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, ha aprobado en primera lectura una proposición de ley para prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión. El texto prevé multas de hasta 30.000 euros y penas de hasta dos años de prisión, que se incrementarían a 45.000 euros y tres años de cárcel en determinados supuestos, por ejemplo, si la víctima de estas peligrosas prácticas es menor o dependiente. La medida salió adelante por unanimidad y proseguirá su tramitación en el Senado. En Europa se han adoptado normas similares en Malta y Alemania, mientras que España sigue sin una legislación estatal.

La iniciativa surgió de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron y persigue la prohibición de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que provoquen «una alteración de su salud física o mental». Las sanciones previstas ascienden a los 30.000 euros de multa y dos años de prisión, que aumentan hasta los 45.000 euros y tres años de cárcel en el caso de que la víctima de estas pseudoterapias sea un menor, dependiente o descendiente del autor.

El alcance de estas prácticas en Francia no se conoce con exactitud. Pero una comisión parlamentaria puesta en marcha en 2019 por los diputados Laurence Vanceunebrock (LREM) y Bastien Lachaud (Francia Insumisa) reveló un centenar de casos en los que se llevaron a cabo pseudotratamientos de hipnosis, hormonales, electroshocks, exorcismos, llamadas a la abstinencia e incluso matrimonios heterosexuales forzosos. Vanceunebrock justificó la necesidad de un delito específico que castigue estas prácticas con el objetivo de detectarlas antes para ayudar mejor a sus víctimas.

También se pronunció a favor la ministra delegada de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, Élisabeth Moreno, que destacó que la medida permitirá salvar vidas. «No hay nada que curar», afirmó. «Ser uno mismo no es un crimen, no se debe intentar modificar la identidad de género ni la orientación sexual», añadió. La proposición de ley de LREM salió adelante por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 5 de octubre. La medida pasa ahora al Senado para continuar su tramitación. No está del todo claro, sin embargo, que su aprobación final se produzca antes del fin del actual periodo legislativo en febrero del año que viene. En abril de 2022 tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales.

Si finalmente llegara a buen puerto, Francia se podría convertir en el tercer país de Europa en proscribir las pseudoterapias de conversión. En mayo del año pasado, Alemania aprobaba una ley para prohibir, con algunas limitaciones, estas peligrosas prácticas en menores de edad. La pionera fue Malta, que aprobó su ley en 2016. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, el Gobierno de España aprueba el anteproyecto de la Ley Trans, que prohibirá las ‘terapias de conversión’.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional. En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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De su blog:

Los ataques de odio hacia el colectivo LGTBIQ han aumentado en los últimos años, así como la intensidad de la violencia, eso es lo que dicen los distintos observatorios contra la LGTBIQfobia. Se sienten impunes, ayer mismo un grupo neonazi se manifestaba en el barrio de Chueca de Madrid al grito de «Fuera sidosos de Madrid. Fuera maricas de nuestros barrios». Evidentemente esto no ocurre por arte de magia, los discursos de la ultraderecha, o de los fundamentalismos religiosos, ofrecen un marco ideológico que los alienta. Recordemos declaraciones como: «Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o los niños trans» (Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid), «Nos preocupa que el ejercicio de una opción de vida desde la orientación homosexual se confunda cada vez más con un derecho humano fundamental» (Comunicado de la Alianza Evangélica Española), «La persona homosexual que libremente quiera, siendo mayor de edad, o si es menor de edad con el permiso de sus mentores legítimos, puede buscar sanación espiritual» (Reig Plá, obispo católico de Alcalá), «La propuesta de ley trans dañaría gravemente los derechos de las mujeres en las cárceles. España bajo la dictadura LGTBI» (Con mis hijos no te metas).

En este momento las personas LGTBIQ vivimos con preocupación la pérdida de derechos en lugares donde la ultraderecha de Vox gobierna o apoya gobiernos del Partido Popular, y ya no nos sentimos seguros a la hora de manifestarnos públicamente como personas LGTBIQ. Dicha preocupación e inseguridad no está basada en percepciones subjetivas, sino en hechos tan reales como el asesinato de Samuel Luiz hace unos meses. Asesinato del que las entidades y lobbies que promueven la LGTBIQfobia trataron de borrar la motivación homofóbica: «Resaltamos y apoyamos la petición de Max Luiz al no querer que este terrible homicidio sea utilizado como bandera de nadie, porque precisamente el uso -y a veces manipulación- ante hechos terribles como este consiguen lo contrario a su teórico propósito, promoviendo más confrontación y tensiones» (Comunicado de la Alianza Evangélica Española). Que triste que se tenga que silenciar el motivo de un asesinato para no generar más confrontación y tensiones. ¿Tensiones?, ¿con quién?, evidentemente con los mentirosos que nos odian en nombre de dios. Como dice el proverbio: «El de labios mentirosos encubre el odio.» [1].

Es lamentable que muchas iglesias se identifiquen con los postulados de la ultraderecha. Los analistas políticos perciben que muchos católicos y evangélicos son votantes de Vox. Partido al que las instituciones y entidades cristianas invitan a sus foros y mesas redondas como si fuera un partido político más, blanqueando su discurso de odio, cuando jamás han invitado a representantes de los colectivos LGTBIQ que defienden los derechos y la dignidad de millones de personas. En muchos temas, es ya muy difícil diferenciar entre el discurso de Vox y el de los representantes religiosos. Puede parecer incomprensible que tantos cristianos coincidan con posiciones tan alejadas del evangelio, pero esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, claro, las instituciones evangélicas y católicas llevan décadas identificando el cristianismo con la defensa de una moral concreta, en vez de con el seguimiento del evangelio. Es increíble que no hayan sabido entender la diversidad, que no hayan conectado con la injusticia que padecen las personas LGTBIQ. Para mí, esto es aún más incomprensible en el movimiento evangélico, una minoría atrapada en las redes del literalismo.

Hasta ahora las disidencias católicas y evangélicas que apuestan por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ y la integración en sus comunidades, han tenido que defenderse ante los ataques de las instituciones LGTBIQfóbicas que las representan pidiendo respeto y apelando a la libertad de conciencia. Pero en este momento creo que nuestras convicciones cristianas, nuestra firme convicción por el respeto a la vida, nos exigen algo más. Es ahora urgente la denuncia de quienes utilizan el nombre de dios para promover el odio con sus discursos. Dejar de callar, y llamar diabólicos, inhumanos, indignos, origen de dolor y muerte, a todos estos discursos LGTBIQfóbicos que se realizan poniendo buena cara y haciéndolos pasar por cristianos. Exigiendo a quienes los hacen y los promueven: «Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el derecho, socorred al agraviado, haced justicia» [2]. Si no queremos ser cómplices, tenemos que levantar la voz, llamando al arrepentimiento y exigiendo la vuelta al evangelio de Jesús, al amor y la fraternidad, abandonando todo odio. Haciendo después un análisis de por qué este odio ha impregnado de forma tan generalizada nuestras comunidades, para evitar que pueda volver a hacerlo con muchos otros.

Lo que tampoco es comprensible es que instituciones que promueven la exclusión y la discriminación de personas LGTBIQ reciban dinero de subvenciones públicas. Dinero de una sociedad que se dice a sí misma inclusiva y respetuosa con la diversidad. Tendría que haber unos mínimos éticos a los que las entidades que reciben dinero público deberían comprometerse (incluyo aquí a partidos políticos). Es evidente que esto choca con el poder que la Iglesia católica tiene en nuestro país, y que el trabajo social que realizan tanto la Iglesia católica como las evangélicas es encomiable, pero no podemos caer en el chantaje de permitir los discursos de odio a cambio de esta labor. Se debe presionar por aquí para que, al menos, las instituciones que acepten estos mínimos éticos, tengan prioridad a la hora de recibir una subvención. Y vincular la recepción de las subvenciones a la aceptación de una formación en género y diversidad, por ejemplo. Es terrible que estemos subvencionando con nuestro dinero a entidades que promueven discursos de odio que acaban por matarnos a golpes. Una sociedad avanzada no se debería subvencionar el odio con dinero público.

Hemos avanzado mucho, y eso lo ven como una amenaza quienes estaban acostumbrados a discriminarnos, por eso se revuelven con violencia. Ahora necesitamos más que nunca determinación para no dar ni un paso atrás, para que el miedo no nos paralice. Lo que buscamos no va contra nadie, sino que va a favor de todas y de todos. Queremos justicia. Una justicia que nos proteja (a todas y todos) de los discursos, normas, violencias y leyes, que nos quieren discriminadas, silenciadas o muertas. Queremos libertad, pero no esa con la que se justifican los discursos de odio, libertad para vivir y dejar vivir en paz. Queremos la Ley Trans y de derechos LGTBI ¡ya!, que blinde nuestros derechos, y que incluya sanciones contundentes que lleguen a materializarse a quienes nos discriminan. Queremos una ley de educación que aborde la diversidad de una forma transversal desde la educación infantil, y que tanto los centros educativos públicos como los concertados y privados estén obligados a cumplir. Y todo eso no lo queremos para ir contra nadie, sino a favor de todas y todos. Para que nadie tenga que sufrir discriminación por no ser como los discursos de odio imponen, para que todas y todos puedan desarrollarse, definirse y amar, libremente.

Carlos Osma

Notas:

[1] Pr 10,18.

[2] Is 1,17.

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Continúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Demandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Un adolescente de 15 años ha sufrido una agresión homófoba y por su expresión de género a manos de otros menores, según adelantaba este viernes Periódico de Castilla-La Mancha. El menor, alumno del Instituto de Educación Secundaria Herminio Almendros de Almansa (Albacete), se encontraba el jueves en una clase de Educación Física en el exterior del centro cuando varios chicos de otro instituto le dedicaron insultos homófobos y se burlaron de que vistiese en ese momento con falda. El joven se enfrentó a ellos, lo que desencadenó además una violenta agresión física.

Según el diario castellano-manchego, la agresión comenzó cuando otros menores comenzaron a dirigirle insultos homófobos y se burlaron de su vestimenta. El chico les plantó cara y llegó a empujar a uno de agresores, tras lo cual recibió una paliza que terminó con la víctima sangrando por un oído y, según refiere Periódico de Castilla-La Mancha, «muy asustado, tal y como han señalado fuentes del centro educativo». La víctima, de hecho, precisó asistencia hospitalaria y varios puntos de sutura, lo que le impidió acudir el viernes a clase. Al parecer, no era la primera vez que la víctima recibía insultos homófobos y alusiones a su forma de vestir no normativa.

Aunque en un primer momento fue la Policía Local la que se personó en el lugar de la agresión, la investigación se encuentra en manos de la Guardia Civil, y si no se llegase a presentar denuncia por lo sucedido, fuentes de la Comandancia de Albacete han asegurado a Periódico de Castilla-La Manchaque se actuara de oficio ante la Fiscalía de Menores, puesto que los agresores también tienen menos de 18 años.

Estaremos pendientes de las novedades que se vayan conociendo.

Fuente Dosmanzanas

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Un hombre de 23 años, vecino de Salt y de nacionalidad española, ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra como presunto autor de una agresión homófoba ocurrida durante la madrugada del viernes en el parque de la Devesa, en Girona. El agredido sufrió contusiones leves.

Según explica Elcaso.com, medio que tuvo acceso al primer atestado de los Mossos, la agresión sucedió en el parque de la Devesa de la ciudad catalana, donde en ese momento tenía lugar un botellón. Un grupo de cuatro individuos se acercó al joven agredido y le espetó «¿tú eres el maricón?». Posteriormente uno de ellos lo agredió físicamente con puñetazos y patadas. El joven pudo escapar hacia la cercana avenida de Ramon Folch, donde una patrulla activó el servicio de emergencias. El joven, que sufría contusiones leves, fue trasladado al Hospital Josep Trueta para su valoración.

Los datos aportados tanto por la víctima como por los testigos ha permitido la detención del agresor principal. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Según asegura La Vanguardia, la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, la conversado telefónicamente con la víctima, estudiante de la Universidad de Girona, y le ha agradecido su actitud «valiente y determinada» a la hora de presentar la correspondiente denuncia. La alcadese también ha anunciado que el Ayuntamiento gerundense ejercerá la acusación popular.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Polonia por retirar a una madre la custodia de sus cuatro hijos debido a su orientación sexual. El alto tribunal europeo, por acuerdo de seis de los siete jueces encargados del caso (el séptimo, de nacionalidad polaca, se ha desmarcado del fallo que condena a su país) considera que los tribunales polacos que actuaron en los dos procedimientos judiciales analizados violaron los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La historia, según la narración de los hechos que hace en su comunicado de prensa el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pone los pelos de punta. La demandante (X) planteó en 2005 una demanda de divorcio de su marido (Y), con el que se casó en 1993 y había tenido cuatro hijos, después de que ella iniciara una relación con otra mujer. Los padres de X, que no estaban de acuerdo con la decisión de su hija, obtuvieron la custodia provisional, pero después de un primer acuerdo de divorcio entre X e Y la madre se hizo con la custodia de los cuatro hijos. La situación duró poco: un año después, en 2006, el padre acudió de nuevo a los tribunales y reclamó la custodia que antes no había querido. Durante aquel proceso la orientación de la madre fue objeto de discusión detallada, hasta el punto de que X se vio obligada a responder preguntas sobre el tipo de relaciones sexuales que mantenía con su nueva pareja. Como resultado de aquel proceso la custodia de los cuatro hijos pasó al padre.

X apeló, argumentando que ella había sido siempre la que había cuidado de sus hijos y que, de hecho, en el año en el que habían estado separados su expareja no se había preocupado de ellos. De nada sirvió: la justicia polaca rechazó la apelación en 2008 y confirmó que el padre tenía la custodia. Hasta tal punto llegó el sesgo discriminatorio del tribunal que este ignoró que el padre sí estaba dispuesto a cederle a su exmujer la custodia del hijo pequeño, atendiendo a su edad y a los vínculos emocionales del pequeño con la madre. De hecho, este se quedó junto a ella, mientras que sus tres hermanos se marcharon a la casa del padre. Unos meses más tarde X intentó, de hecho, que se revisara al menos la custodia del pequeño pero el tribunal no solo no le dio la razón, sino que obligó a que este se marchara definitivamente a la casa del padre. La apelación de X fue rechazada en 2009 con el argumento de que el pequeño necesitaba un «modelo masculino». La madre siguió peleando ante la justicia, argumentando que de hecho eran sus hermanas mayores y sus abuelos los que se encargaban de cuidar del pequeño en lugar de su padre, pero no consiguió recuperarlo.

Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que tanto durante el primer proceso (que concluyó con el otorgamiento de la custodia de los cuatro hijos al padre) como durante el segundo (durante el cual fue la custodia del niño pequeño la que estuvo en discusión), el Estado polaco trató de forma discriminatoria a X debido a su orientación sexual, violando los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos. El alto tribunal condena al Estado polaco y le obliga a indemnizar a la mujer con 10.000 euros. Lamentablemente, el daño emocional causado es irreparable: han pasado ya más de doce años desde que que la justicia polaca arrebató al más pequeño de sus hijos, entonces de siete años, de los brazos de su madre.

El resultado final del fallo, no obstante, ha sido recibido positivamente por el activismo LGTBI. «La sentencia confirma la igualdad de derechos de los padres LGTBI en relación a sus hijos. El mejor interés de los hijos en recibir el amor y el cuidado debe prevalecer en cualquier consideración de custodia al margen de la orientación sexual de los padres», ha declarado Arpi Avetisyan, del departamento de litigaciones de ILGA-Europa, una de las organizaciones que ha dado soporte a la demandante.

Fuente Dosmanzanas

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Sorprendente auto judicial, emitido por un juzgado de Valencia y hecho público por Olympe Abogados, un despacho valenciano que se define expresamente como feminista y LGTBIQ+, según el cual dirigirse con insultos homófobos a un activista LGTB no basta para considerar la posible existencia de un delito de odio. El auto ni siquiera considera que el denunciante tenga razones para ser percibido como LGTB, ya que llevar las uñas pintadas o una pulsera arcoíris (como era el caso) puede simplemente ser, según la jueza, un rasgo de una persona «alternativa» o de un simpatizante del movimiento LGTB. 

Los hechos a los que hace referencia el auto tuvieron lugar el 11 de febrero de 2020, cuando a Isaac Guijarro, que precisamente es director jurídico de Olympe Abogados, lo insultaron desde un coche mientras circulaba en moto. La agresión fue denunciada en su momento, y por lo que refiere a su trámite judicial, Guijarro entendía que los hechos, más allá del delito de amenazas, podían ser constitutivos de sendos delitos contra la integridad moral y con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (dos de los mecanismos de los que dispone el Código Penal español para castigar las conductas homófobas).

El relato que Isaac Guijarro hizo de los hechos ante la Policía, según detalla el auto, es el siguiente: «Mientras circulaba con su motocicleta por la vía pública fue abordado por dos individuos que circulaban en paralelo, los cuales tras increparlo y detenerse en uno de los semáforos de una rotonda, se dirigieron al mismo manifestándole ‘puto maricón’ y ‘te hemos visto la cara de chupapollas desde el coche’». «Tras comunicarles que iba a llamar a la policía, se dirigieron a él diciéndole ‘si llamas a la policía te hacemos hetero a hostias, te mato’ intentando tirarlo de la moto y sustraerle el terminal móvil cuando se percataron que las estaba fotografiando. Calificados los hechos inicialmente como constitutivos de un delito leve de amenazas, se interpuso contra la resolución que así lo acordaba recurso de reforma, manifestando en el mismo el denunciante que los hechos cometidos por los denunciarlos lo fueron por la orientación sexual del mismo y su pertenencia al grupo LGTBQI, manifestando que es activista de dicho colectivo, colaborando activamente en asociaciones que luchan contra la LGTBQIfobia, y en sus redes sociales así lo tiene dispuesto», continúa la narración.

El auto completa la descripción de lo sucedido con la declaración judicial de Isaac. Según el auto, Isaac relató que mientras conducía su motocicleta «en un momento dado se dio cuenta que un vehículo se acercaba a la motocicleta y le miraba. Al detener la marcha en un semáforo, se dirigió al conductor del vehículo reprochándole que acercaran tanto el mismo a su motocicleta». Fue en ese momento cuando los ocupantes del vehículo comenzaron a insultarle. Isaac, según la declaración judicial, considera obvio que los agresores se dirigieron a él por su condición sexual. Circunstancias importantes en este caso es el hecho de que llevaba las uñas pintadas y una pulsera arcoíris.

Pues bien, el auto mencionado concluye finalmente que los hechos no son de suficiente entidad para ser considerados delito de odio, ordenando que se continúe el procedimiento solo por la amenaza proferida y solo como un posible delito breve. Lo cierto es que al margen de complejas argumentaciones jurídicas sobre lo que constituye un delito de odio, tras la lectura del auto nos resultan especialmente sorprendentes algunas de las interpretaciones de lo sucedido. «No consta que los ocupantes del vehículo conocieran de nada al denunc iante, por lo que su activismo en la causa del colectivo LGTBQI resulta totalmente ajeno a la actuación que pudo tener el investigado y su acompañante. También no puede obviarse que los insultos y expresiones fuera de lugar proferidas por estos lo fueron como respuesta a las previas palabras que les dirigió el denunciante», expresa el auto. «Fue a raíz del reproche del denunciante cuando contestaron con las expresiones inadecuadas, expresiones que lamentablemente se vienen escuchando reiteradamente en situaciones de discusiones acaloradas, con independencia de la condición sexual de los participantes de las trifulcas. Según el denunciante, se dirigieron a él con esas expresiones por su condición sexual, dado que llevaba las uñas pintadas y una pulsera del colectivo LGTBQI. No comparte esta juzgadora dicho razonamiento, si tenemos en cuenta que llevar las uñas pintadas no es un signo distintivo o revelador de la condición sexual, pudiendo si acaso acercarse más a aquellas personas que viene siendo identificadas o denominadas como ‘alternativas’, ni tampoco llevar la pulsera del colectivo del que es activista el denunciante, lo señala o identifica sexualmente, dada la existencia cada vez más numerosa de numerosas personas simpatizantes de dicho movimiento».

En definitiva, un auto sorprendente y poco tranquilizador, que desde Olympe abogados ya han anunciado que van a recurrir. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Colombia Diversa, la organización LGTB más importante del país, ha publicado su último informe sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGTB en Colombia, con datos actualizados de 2020, y la evolución que dibuja es más que preocupante. De acuerdo al informe (que puedes descargar completo aquí), 2020 ha sido el año en el que más personas LGTB fueron asesinadas, amenazadas o fueron víctimas de violencia policial desde que se tienen registros. 

Según los registros de Colombia Diversa, desde 2011 se venían registrando en promedio 110 homicidios por año. En 2020, sin embargo, la organizació tuvo conocimiento de 226 (119 casos más que en el año precedente). Los casos de amenazas se triplicaron (pasando de 106 en 20219 a a 337 en 2020) mientras que los casos de violencia policial contra las personas LGTB se duplicaron (pasaron de 322 a 738):

Por lo que se refiere al tipo de víctimas (reflejamos la misma terminología que el informe de Colombia Diversa), las mujeres trans fueron las que sufrieron más violencia policial (71 incidentes registrados en 2020), mientras que los hombres gais fueron los que sufrieron más homicidios (71 en 2020).

Cabe destacar, en cualquier caso, que existe un número significativo de casos correspondientes a personas LGTB «sin determinar»:

Por lo que se refiere a la distribución geográfica, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.

El informe de Colombia Diversa destaca que en este incremento pueden influir tanto la mejora en el registro de casos de violencia contra población LGTB (al haber estado los colectivos más activos en la denuncia) como el aumento real de casos. El aumento contrasta, en cualquier caso, con el de hecho de que 2020 ha sido el año con la menor cantidad de información detallada sobre los casos de violencia hacia las personas LGTB por parte de organismos estatales. «Desde años anteriores Colombia Diversa ha venido haciendo un llamado de atención sobre el subregistro de datos y la necesidad de que el Estado mejores sus sistemas de información y, si bien el registro de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas mejoró en la información suministrada por las instituciones, los detalles como el arma o método empleados al momento de los homicidios, el lugar de ocurrencia del hecho, los posibles móviles o el avance en los procesos penales no fue suministrada, como sí se venía haciendo en años anteriores», se lamenta Colombia Diversa. «El poco acceso a información detallada impide hacer un análisis más minucioso que permita ratificar patrones de violencia que se han identificado en estudios anteriores o reevaluarlos a la luz de nuevos datos. Lo anterior dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minuciosos y puedan explicar este aumento de la violencia, que analicen el nivel de impunidad en las investigaciones o que propongan medidas de mitigación», añade.

Colombia Diversa tambien denuncia que el Gobierno actual «ha contribuido a que se debiliten los mecanismos para la protección de personas LGBT al no contratar personas competentes que se encarguen de trabajar por los derechos de esta población en entes como la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Lo anterior ha llevado a que la política pública LGBT continúe pausada y que se haya acabado con la mesa de atención de casos urgentes. Mecanismos como estos son más necesarios ahora que nunca y su falta de implementación redunda en una mayor desprotección frente a una violencia en aumento».

Numerosos episodios de discriminación

Además de los casos de violencia explícita, el informe de Colombia Diversa documenta numerosos episodios de discriminación contra las personas LGTB, principalmente en el ámbito familiar (126 casos), relacionados con el trabajo (54), asuntos con el Estado (51), servicios de salud (32) y relacionados con la vivienda (16). El informe destaca que en todos estos casos la oferta estatal de justicia no tiene en cuenta las necesidades diferenciales de las personas LGTB ni los contextos en los que viven. «En casos que involucran agresiones familiares, una de las grandes barreras es la posibilidad de que la víctima efectivamente denuncie los hechos de violencia intrafamiliar. Las consecuencias de denunciar este tipo de violencias, como puede ser la pérdida de redes de apoyo y situaciones de desprotección, ocasionan que muchas de las víctimas LGBT no denuncien y se vean sometidas a ambientes prejuiciosos», denuncia Colombia Diversa. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito laboral.

«En este sentido, a pesar de que formalmente hay un entramado de justicia robusto, las leyes no cuentan con un enfoque de género y, en general, con enfoques diferenciales que permitan interpretar y analizar adecuadamente los casos de personas LGBT. Además, los funcionarios que administran justicia cuentan con prejuicios y estereotipos que impiden que los casos de personas LGBT sean tramitados de forma adecuada. Esto demuestra la insuficiencia del aparato de justicia para resolver a los conflictos que esta población enfrenta. Más aún, esto puede llegar a aumentar sus factores de vulnerabilidad e, incluso, en ocasiones resulta en un escalamiento de la violencia», advierte la organización colombiana.

 Fuente Dosmanzanas

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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado, por 367 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones una resolución sobre los derechos de las personas LGBTIQ que pide que las parejas del mismo sexo tengan sus derechos, incluido el de libre circulación, asegurados en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, los representantes del PP se han abstenido, mientas que los de Vox han votado en contra. El resto de eurodiputados españoles presentes en el pleno han votado a favor. Puedes descargar aquí el detalle de lo que han votado los eurodiputados de cada grupo.

Cabe señalar que la posición del PP es autónoma dentro del grupo popular europeo, que ha votado dividido.  De hecho, 53 eurodiputados populares de otros países han votado a favor.

Entre los considerandos que han motivado la resolución, el pleno del Parlamento Europeo reconoce que, a pesar de las directivas que reconocen el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, existe un temor fundado a que no se reconozcan los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias a la luz de algunas decisiones políticas adoptadas en países como Polonia o Hungría.

En ese sentido, y «considerando que no existen normas de la Unión relativas al reconocimiento mutuo de las sentencias sobre parentalidad entre los Estados miembros ni tampoco disposiciones de la Unión destinadas a resolver los conflictos a este respecto; que algunos Estados miembros no reconocen los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados miembros a ningún efecto jurídico nacional salvo el del permiso de residencia; que algunos Estados miembros que autorizan los matrimonios homosexuales muestran reticencias a reconocer las parejas de hecho homosexuales registradas en otros Estados miembros; que en algunos Estados miembros puede negarse a las parejas homosexuales con hijos a ser reconocidas legalmente como padres conjuntos de sus hijos» y «que a menudo se niega a los padres transgénero el reconocimiento de su género legal en otros Estados, lo que se traduce en que las autoridades fronterizas no los reconocen como padres de sus propios hijos», el pleno del Parlamento Europeo (reproducimos textualmente):

• Acoge con satisfacción la primera estrategia de igualdad LGBTIQ para 2020-2025, adoptada por la Comisión Europea el 12 de noviembre de 2020 (COM (2020) 0698), dos de cuyas acciones clave son una iniciativa legislativa destinada a proteger los derechos de las familias arcoíris y una actualización de las directrices de 2009 sobre la libre circulación de aquí a 2022;
• Expresa su más profunda preocupación por la discriminación que sufren las familias arcoíris y sus hijos en la Unión y por el hecho de que se les prive de sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales de los padres o parejas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan esta discriminación y eliminen los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de ejercer el derecho fundamental a la libre circulación dentro de la Unión;
• Subraya la necesidad de trabajar en pro del pleno disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas LGBTIQ en todos los Estados miembros de la Unión, y recuerda que las instituciones de la Unión y los Estados miembros tienen por consiguiente el deber de defenderlos y protegerlos de conformidad con los Tratados y la Carta, así como con el Derecho internacional;
• Insiste en que la Unión debe adoptar un enfoque común para el reconocimiento de los matrimonios y las uniones homosexuales; pide específicamente a los Estados miembros que introduzcan legislación pertinente para garantizar el pleno respeto del derecho a la vida privada y familiar sin discriminación y a la libre circulación de todas las familias, incluidas medidas para facilitar el reconocimiento del género legal de los progenitores transgénero;
• Recuerda que el Derecho de la Unión prevalece sobre cualquier tipo de legislación nacional, incluso sobre disposiciones constitucionales en contrario, y que, por lo tanto, los Estados miembros no pueden invocar ninguna prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo ni la protección constitucional de la ‘moral’ o el ‘orden público’ para obstaculizar el derecho fundamental a la libre circulación de las personas dentro de la Unión vulnerando los derechos de las familias de arcoíris que se instalan en su territorio;
• Condena con la máxima firmeza el que la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual , de 2 de julio de 2008, no haya sido todavía aprobada; pide al Consejo que la apruebe; destaca que este bloqueo transmite una pobre imagen de las instituciones de la Unión, a saber, que cierran los ojos a los casos de grave discriminación que se registran en los Estados miembros de la Unión y que toleran que se reproduzcan;
• Pide a la Comisión que garantice que todos los Estados miembros de la Unión respeten la continuidad jurídica de los lazos de familia de los miembros de las familias arcoíris que se desplacen a su territorio desde otro Estado miembro de la Unión como mínimo en todas las circunstancias en que así lo exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos;
• Pide a la Comisión que proponga legislación que obligue a todos los Estados miembros a reconocer, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o del estado civil de los citados adultos, y que exija a todos los Estados miembros que reconozcan, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, los matrimonios o las uniones registradas celebradas en otro Estado miembro en todas las situaciones en las que los cónyuges o las miembros de las uniones registradas tengan derecho a la igualdad de trato con arreglo a la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos); Hace hincapié en la importancia del reconocimiento de los certificados de nacimiento en todos los Estados miembros, independientemente del sexo de los padres, ya que esto garantizaría que los niños no se conviertan en apátridas cuando se trasladen a otro Estado miembro;
• Apoya el compromiso de la Comisión de proponer una iniciativa legislativa con el objetivo de ampliar la lista de ‘delitos de la UE’ a los delitos de odio y la incitación al odio, también cuando estén dirigidos a personas LGBTIQ, así como la propuesta sobre el reconocimiento mutuo de la parentalidad y las posibles medidas para apoyar el reconocimiento mutuo de las uniones homosexuales en todos los Estados miembros; pide a las próximas presidencias del Consejo que incluyan estas cuestiones prioritarias en sus agendas;
• Pide a la Comisión que adopte medidas concretas para garantizar la libre circulación de todas las familias, incluidas las arcoíris, en consonancia con la sentencia recaída en el asunto Coman y Hamilton , que afirma que el término «cónyuge» utilizado en la Directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales; pide a la Comisión que examine si los Estados miembros cumplen la sentencia Coman y Hamilton y que adopte medidas de ejecución, en virtud del artículo 258 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) contra quienes la incumplen; pide a la Comisión que adopte medidas de ejecución contra Rumanía por su continuo incumplimiento de esta sentencia y la falta de vías de recurso que obligaron al demandante a recurrir al TEDH para obtener reparación;
• Pide a la Comisión que en sus próximas directrices sobre la libre circulación incluya una aclaración para garantizar que la Directiva 2000/78/CE se interprete, a la luz de las sentencias Maruko, Römer y Hay del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y de la sentencia Taddeucci y McCall del TEDH, en el sentido de que exige a los Estados miembros que prohíban toda discriminación contra las parejas homosexuales en el empleo, la formación profesional o cualquier otro ámbito incluido en el ámbito de aplicación material de la Directiva;
• Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, en particular para suprimir la condición ‘si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios’, de manera que se respete el artículo 21 de la Carta;
• Pide a la Comisión que, en sus próximas directrices sobre la libre circulación y al objeto de garantizar la correcta aplicación de la legislación en materia de libre circulación, inste a los Estados miembros a que apliquen de forma coherente la Directiva 2004/38/CE sin discriminación entre los beneficiarios de la misma, como por ejemplo entre parejas heterosexuales y homosexuales, aclarando que toda referencia a una ‘pareja’, un ‘progenitor’, un ‘padre’, un ‘hijo’, un ‘descendiente directo’ o un ‘ascendiente directo’ debe entenderse como inclusiva de las familias arcoíris, de manera que se garantice que, cuando estas ejerzan su derechos a la libre circulación en la Unión, disfruten de los mismos derechos de reagrupación familiar que las familias constituidas por parejas heterosexuales, y que la valoración de las circunstancias personales de la pareja que efectúen los Estados miembros para ‘facilitar’ la admisión en su territorio del compañero no registrado del ciudadano de la Unión no adolezca de discriminación alguna basada en la orientación sexual;
• Pide a la Comisión que aborde la discriminación sufrida por la comunidad LGBTIQ en Polonia y Hungría con el fin de instar a los Estados miembros a aplicar y respetar correctamente la legislación de la UE en este ámbito; pide al Consejo que reanude los debates sobre los procedimientos contra Polonia y Hungría en virtud del artículo 7 del TUE, inclusive sobre los derechos de las personas LGBTIQ; recuerda su posición de 17 de septiembre de 2020 y pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos de que dispone para hacer frente al claro riesgo de grave vulneración por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular de los procedimientos de infracción acelerados y de las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, así como de los instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso;
• Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.

Fuente Dosmanzanas

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La plataforma HBO Max (sucesora de HBO España a partir del próximo 26 de octubre) ha desvelado un primer aperitivo de la serie documental Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof, que recoge el testimonio de Dolores Vázquez, la mujer que fue injustamente acusada y condenada a prisión por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, hija de Alicia Hornos, con la que Vazquez había mantenido una relación sentimental. La lesbofobia social de la época, el retrato que los medios de comunicación hicieron de Dolores Vázquez como la perfecta villana y el relato acusatorio construido con hechos circunstanciales sin prueba alguna fueron suficientes para llevarla a la cárcel.

Las personas más jóvenes no recordarán el caso, pero el asesinato de Rocío Wanninkhof, la acusación a Dolores Vázquez y su juicio ocuparon horas interminables de televisión, páginas de periódicos y columnas de opinión durante meses. Un proceso a lo largo del cual se fue perfilando un relato que presentaba a Dolores Vázquez como una asesina sin corazón llena de odio, celos y rencor hacia la hija de la que había sido su pareja, con la que todavía mantenía una relación estrecha. Una villana de película, lesbiana despechada, aunque su lesbianismo rara vez se abordaba frontalmente, sino a través de dobles sentidos, circunloquios y cuidadas elipsis. Un proceso que en 2008 documentaba a la perfección Beatriz Gimeno, expresidenta de la FELGTB (y hoy en día diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid), en su imprescindible ensayo La construcción de la lesbiana perversa.

Entre las múltiples referencias de cómo la prensa de la época se refirió a Dolores Vázquez destaca, por su podredrumbre, el artículo que Juan Manuel de Prada le dedicó en el diario ABC en septiembre de 2000. Amor estéril, era su título. «La mujer que, según apuntan las indagaciones policiales, eligió como víctima de su crueldad a Rocío Wanninkhof lo hizo con el propósito de matar en vida a quien más amaba, que era la madre de la muchacha. Y lo hizo borrando el aliento de la belleza, que era algo que su amor estéril jamás podría incorporar al mundo. Al asesinar a Rocío Wanninkhof, esa mujer estaba excluyendo la posibilidad de un amor distinto al suyo, un amor que fuese fecundo y perdurara en otra carne», escribía De Prada. «La palabra que menciona ese amor estéril no ha sido aún pronunciada, en parte por respeto a la madre doliente, pero también por ese remilgo tan contemporáneo que se resiste a reconocer los peligros de degradación que encierran ciertas variantes del amor. Rocío Wanninkhof murió por culpa de un amor degradado (y uso el adjetivo en su pura acepción etimológica); un amor que jamás podría haber rendido un fruto tan sencillamente hermoso como esa muchacha que nos sonríe desde ultratumba». Una cuidada prosa que no oculta más que una repugnante homofobia.

Dolores Vázquez fue condenada a 15 años de prisión por un jurado popular. Durante el juicio, la acusación se concentró en descalificarla personalmente, dada la ausencia de pruebas (la investigación de la Guardia Civil solo sirvió para construir un relato basado en hechos circunstanciales tan débil que sorprende que pudieran sustentar una acusación formal, incluso teniendo en cuenta los prejuicios de la época…). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de hecho, ordenó un segundo juicio debido a la falta de motivación del jurado en su veredicto. Un juicio que nunca se llegó a celebrar, ya que en 2003, en el curso de la investigación del asesinato de Sonia Carabantes, la Guardia Civil encontró que el ADN del asesino de esta, el delincuente sexual Tony Alexander King, estaba presente en una colilla recogida junto al cadáver de Wannikhof. y un mes más tarde, en el curso de sus investigaciones, la Guardia Civil descubrió que el ADN del presunto asesino de Sonia coincidía con los restos biológicos hallados en una colilla recogida en el lugar donde había aparecido el cadáver de Rocío Wanninkhof cuatro años antes.

Una historia que recientemente muchos han conocido gracias al documental de Netflix El caso Wanninkhof-Carabantes, que sin embargo no contó con la participación de Dolores Vázquez, cuya historia sí contará de primera mano en la serie de HBO Max. Os dejamos con un primer tráiler:

Fuente Dosmanzanas

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Mahbub Rabbi Tonoy (izda) y Xulhaz Mannan (Dcha)

Un tribunal antiterrorista de Daca, la capital de Bangladés, ha condenado a muerte a seis de los implicados en el asesinato de dos activistas en 2016. Las víctimas fueron Xulhaz Mannan, fundador de la única publicación LGTBI del país surasiático, y Manhub Rabbi Tonoy, que se encontraba en el mismo domicilio. Los condenados pertenecen a una organización yihadista inspirada por Al Qaeda y responsable de otros ataques a líderes de opinión contrarios al fundamentalismo islámico.

En 2016 recogíamos la noticia del asesinato a machetazos, presuntamente a manos de islamistas, de los activistas Xulhaz Mannan y Mahbub Rabbi Tonoy, citado también como Tanay Fahim. Mannan era trabajador de USAID (la agencia estadounidense para el desarrollo internacional) y fundador de Roopbaan, la única publicación LGTB de Bangladés, lanzada en enero de 2014. Tonoy, un activista menos conocido, se encontraba con él (las fuentes locales lo identifican como amigo de Mannan, desconocemos si la relación que les unía era en realidad de pareja).

Los asesinatos se produjeron en el apartamento de Mannan en Daca, la capital del país, de una forma perfectamente planificada. Tres atacantes llegaron al edificio en el que vivía el activista y aseguraron que tenían un paquete para Mannan. El guarda de seguridad del edificio consultó con el activista, que le dijo que no esperaba ningún envío y le pidió que no los dejara entrar (Mannan había sido ya amenazado de muerte a través de internet). Los asesinos acuchillaron al guarda, que resultó herido pero salvó la vida, y penetraron en el edificio, asesinando a Mannan y a Tonoy.

Xulhaz Mannan, además de fundar Roopbaan, fue también el promotor del incipiente Orgullo de Bangladés o «Marcha Arcoíris», que comenzó a organizarse en 2014 el 14 de abril, aprovechando el paraguas de la celebración del tradicional Año Nuevo bengalí, y que de hecho en 2016 fue expresamente prohibido por la policía alegando razones de seguridad. Con el asesinato de Mannan desapareció una figura de referencia para el activismo de Bangladés, un país en el que declararse abiertamente LGTB es un acto de verdadero heroísmo. El homicidio se inscribía también en el contexto de una brutal campaña de violencia desatada por islamistas armados contra líderes de opinión contrarios al fundamentalismo islámico, entre ellos varios blogueros laicos.

Cinco años después, un tribunal de Daca ha dictado sentencia contra el caso contra seis miembros de Ansarullah Bangla Team, una organización yihadista inspirada en Al Qaeda e ilegalizada en Bangladés. Los asesinatos habían sido reivindicados en 2016 por Ansar al-Islam, relacionada también con Al Qaeda. Los acusados han sido condenados a la pena de muerte. Dos de ellos, entre los que se cuenta un exoficial del ejército, se encuentran huidos de la justicia. Cinco de los sentenciados están pendientes de un segundo juicio por el asesinato del bloguero Avijit Roy y el publicista Faisal Arefin Dipan en 2015. La defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Bangladés, recordemos, es una de las antiguas colonias británicas que mantiene en vigor la tristemente conocida sección 377, que establece que «el que voluntariamente mantenga relaciones carnales contra natura con varón, mujer, o animal, será castigado con pena de prisión de cualquier tipo, desde reclusión durante diez años hasta cadena perpetua, y podrá ser también castigado con una multa». El Gobierno de Bangladés, país de mayoría musulmana, rechazó en 2013 su derogación, pese a ser instado a ello por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Fuente Dosmanzanas

Nosotros, a pesar del dolor que causan estos horribles asesinatos, estamos de acuerdo con estas palabras del Papa Francisco al anunciar el cambio del punto 2267 del Catecismo que, hasta 2018 admitía, como última ratio, la pena de Muerte:

“La Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo…si de hecho la situación política y social del pasado hacía de la pena de la muerte un instrumento aceptable para la tutela del bien común, hoy es cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera luego de haber cometido crimines muy graves”.

… “independientemente de las modalidades de ejecución, «implica un trato cruel, inhumano y degradante». Debe también ser rechazada «en razón de la defectiva selectividad del sistema penal y frente a la posibilidad del error judicial»”.

“La nueva formulación del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica quiere ser un impulso para un compromiso firme, incluso a través de un diálogo respetuoso con las autoridades políticas, para que se favorezca una mentalidad que reconozca la dignidad de cada vida humana y se creen las condiciones que permitan eliminar hoy la institución jurídica de la pena de muerte ahí donde todavía está en vigor”

Fuente Cristianos Gays

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Enésima agresión homófoba, en esta ocasión en la provincia de Toledo. El joven Miguel Ángel Berraco fue agredido el pasado domingo, 5 de septiembre, durante las fiestas de Velada, localidad cercana a Talavera de la Reina. Sufre daños en un ojo y contusiones diversas.

Pedro Gómez, un amigo de la víctima, denunció lo sucedido en Twitter (ver hilo): «Pongo fin a uno de los días más tristes que recuerdo. Anoche, mi amigo Miguel Ángel sufrió una agresión homófoba en las fiestas de Velada (Toledo). Él, que es una persona que vive en libertad y muestra el amor a su pareja, Diego, delante de todo el mundo. Algo que siempre he admirado por ser capaz de hacerlo en un pueblo de 2.000 habitantes. Ni siquiera la aceptación que parecía tener en el pueblo le hizo salvarse de la homofobia de una chica y su grupo de amigos a los que pareció incomodar», comienza su detallada narración.

«La gente estaba aglomerada en un botellón y estábamos pidiendo el paso para salir. De repente noté que mis amigos no avanzaban. Una chica le dijo a mi amigo que ‘iba perdiendo aceite’. Ella le dijo ‘No me roces, ah no, ya sé que no te gusta hacerlo porque eres maricón’. Mientras, mi amigo intentaba retomar su camino ante la incredulidad de aquel ataque. Al segundo, vimos que estaba en el suelo. Le habían tirado de un puñetazo», continúa el relato del amigo de la víctima.

«Mi amiga que iba justo detrás defendió a Miguel Ángel: ‘No le llames maricón’. Lo que provocó aún más rabia en la chica homófoba, que se abalanzó sobre mi amiga al insulto de ‘puta’. Con la cantidad de gente que había y gracias a algunas personas que nos defendieron, mis amigos lograron escapar y evitar que la agresión fuera a más. Ante la rapidez de lo ocurrido, llamé a Miguel Ángel y cuando le vi aparecer con la cara hinchada, el ojo cerrado y sangrando… No pude evitar acordarme de Samuel. No pude evitar pensar que podía haber sido yo el primero que hubiera pasado por allí y el que se hubiera llevado los golpes. No pude evitar pensar en lo cerca que está la homofobia de todos nosotros, que nadie está a salvo mientras se siga sin educar a estos salvajes. Por supuesto, todo está ya denunciado y solo espero que el peso de la ley caiga sobre esta chica y sus amigos llenos de odio. Basta ya», termina Pedro Gómez. Un relato estremecedor que, en efecto, recuerda a lo sucedido en los primeros momentos de la agresión que desembocó en el asesinato del joven coruñés Samuel Luiz.

Según informa Periódico de Castilla-La Mancha, los hechos están efectivamente denunciados y la Guardia Civil ha abierto una investigación para identificar a los autores de la agresión, que han causado al joven Miguel Ángel daños en un ojo (con pérdida temporal de la visión) y contusiones diversas. El joven precisó, de hecho, asistencia en el Hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera. La agresión ha sido condenada, entre otros, por el alcalde de Velada, José Luis Cebadera, según el cual los hechos fueron cometidos por personas «de otros municipios» y por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. «Toda la sociedad debemos rechazar los delitos de odio de manera contundente y ninguno debería queda impune. Mi absoluta condena y todo mi apoyo a Miguel Ángel, víctima de una agresión homófoba en las fiestas de Velada», tuiteaba este martes el presidente de Castilla-La Mancha. Una de las pocas comunidades autónomas, por cierto, que todavía no han aprobado una ley de derechos LGTBI, una de las promesas del Gobierno regional para la actual legislatura, pero que todavía se encuentra en fase preliminar.

Insertamos a continuación un tuit de Informativos Telecinco que contiene unas breves declaraciones, tanto de Miguel Ángel como de su amigo Pedro:

📹 Miguel Ángel en Toledo, Javier en Jaén o el joven agredido en Madrid son las últimas víctimas de las agresiones homófobas que han aumentado en España: “no puede ser que nos estén pegando por esto” > https://t.co/Q84a2Z6387 pic.twitter.com/xpyRh3JNiz

— Informativos Telecinco (@informativost5) September 7, 2021

ACTUALIZACIÓN (08/09/2021)

La Guardia Civil ha identificado ya a dos de las personas, una mujer de 21 y un hombre de 27 años, que participaron en la agresión a Miguel Ángel Berraco. Ambos han prestado ya declaración en el cuartel de Talavera de la Reina, en calidad de investigados por un presunto delito de lesiones. En la tarde de este martes, por otra parte, ha tenido lugar en Velada una concentración de repulsa por lo sucedido en la que Miguel Ángel ha recibido el apoyo de sus vecinos.

Insertamos a continuación un vídeo de Televisión Española con una entrevista a la víctima de la agresión, que cuenta de nuevo cómo sucedieron los hechos y que confirma que los agresores, aunque se encontraban en el pueblo con ocasión de las fiestas, no son naturales de Velada. También añade que estos habían estado durante toda la tarde en el bar que él mismo regenta.

Fuente Dosmanzanas

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El joven que denunció haber sufrido una terrible agresión homófoba el pasado ha admitido, tres días después, que se inventó los hechos. Durante este tiempo, la Policía Nacional ha investigado en profundidad lo sucedido, sin encontrar indicio alguno del grupo de asaltantes descrito por el joven. Conforme pasaban las horas, las dudas policiales sobre la veracidad de su relato iban a más. Finalmente este ha confesado que las lesiones que presentaba fueron consentidas y se produjeron en el contexto de una relación de carácter sexual que al parece quiso ocultar a su actual pareja.  

El pasado lunes, los medios de comunicación recogían la noticia de una brutal agresión cometida en la tarde del domingo 5 de septiembre en el céntrico barrio de Malasaña de Madrid. Según la denuncia de la víctima, ocho individuos, ataviados con sudaderas negras y pasamontañas, le asaltaron cuando entraba al portal de su casa, le cortaron el labio y le marcaron la palabra «maricón» en el glúteo con un cuchillo, mientras proferían insultos homófobos y referencias al «anticristo». Fuentes policiales confirmaban la existencia de la denuncia y de las lesiones.

Agentes de la Policía Nacional investigaron la agresión (esta vez sí) como un posible delito de odio, de acuerdo a una reciente instrucción del Ministerio del Interior a las fuerzas de seguridad del Estado para que así se haga siempre que durante la agresión se viertan insultos homófobos o la víctima pertenezca a una minoría discriminada. Una instrucción que fue dictada después de la polémica surgida en los primeros días tras el asesinato de Samuel Luiz, cuando desde la propia policía se insistía en que no había pruebas de su carácter homófobo pese al relato que ya desde el principio hicieron las amigas de Samuel. Una negación en la que siguieron insistiendo durante días medios de comunicación y opinadores diversos.

De hecho, ante la gravedad de lo denunciado, que el mismísimo presidente del Gobierno condenaba pocas horas después, de forma inmediata se unieron a la investigación los expertos en delitos de odio de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Una investigación que ha derivado en la constatación de que los hechos denunciados eran falsos, tal y como el denunciante ha admitido finalmente.

«Si se confirma lo denunciado por el joven agredido, no hablamos de una agresión surgida de forma espontánea, sino de una banda organizada que ha planificado y perpetrado un ataque homófobo aleatorio que buscaba no solo atormentar a la víctima directa de la agresión, sino producir miedo en todo el colectivo LGTB. Auténtico terrorismo», terminábamos el pasado lunes el relato de lo sucedido. Finalmente no se ha confirmado. Por un lado, no podemos dejar de sentir alivio ante el hecho de que una agresión tan terrible no tuviera lugar. Son ya demasiadas las agresiones por LGTBIfobia que por desgracia sí estamos soportando de forma real en los últimos meses. Por otro, y aunque no seremos nosotros los que nos cebemos con él, qué duda cabe de que el comportamiento del joven denunciante demuestra irresponsabilidad y daña la causa de las verdaderas víctimas. Tocan días de soportar en medios de comunicación, en las declaraciones de ciertos políticos y en las redes sociales la satisfacción y las burlas de los que nos odian como colectivo, que ven reforzado su discurso negacionista de la violencia y de la discriminación.

Recordemos, ante todo, que una denuncia falsa no invalida las demás. Toca seguir luchando. Por las víctimas pasadas, presentes y futuras, a las que aún se les hará más cuesta arriba denunciar las agresiones que sufren.

 Fuente Dosmanzanas

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Según adelantaba a primera hora de la tarde eldiario.es y más tarde han publicado otros medios, la Policía Nacional investiga una brutal agresión cometida a media tarde de ayer domingo en pleno centro de Madrid. Según la denuncia de la víctima, ocho individuos, ataviados con sudaderas negras y pasamontañas, le asaltaron cuando entraba al portal de su casa, le cortaron el labio y le marcaron la palabra «maricón» en el glúteo con un cuchillo.

Por el momento los hechos que se conocen son los que detalla eldiario.es, confirmados a dicho medio digital por fuentes policiales.  Los hechos sucedieron en un portal del barrio de Malasaña, en pleno centro de Madrid, en torno a las 17:00 horas de ayer domingo, 5 de septiembre. Los encapuchados accedieron al edificio al mismo tiempo que su víctima, un joven de 20 años. Allí, en el mismo portal, lo agredieron brutalmente. Primero le cortaron el labio inferior con una navaja mientras le insultaban con términos como «maricón», «asqueroso» y «comemierda». A continuación lo tumbaron en el suelo, le bajaron los pantalones y le marcaron el glúteo con la palabra «maricón». La víctima ha contado además a la Policía que durante la agresión los encapuchados hicieron una referencia al «anticristo».

Agentes de la comisaría de Policía Nacional de Distrito Centro investigan la agresión (esta vez sí) como un posible delito de odio, de acuerdo a una reciente instrucción del Ministerio del Interior a las fuerzas de seguridad del Estado para que así se haga siempre que durante la agresión se viertan insultos homófobos o la víctima pertenezca a una minoría discriminada. Una instrucción que fue dictada después de la polémica surgida en los primeros días tras el asesinato de Samuel Luiz, cuando desde la propia policía se insistía en que no había pruebas de su carácter homófobo pese al inconfundible relato que ya desde el principio hicieron las amigas de Samuel. Una negación en la que de forma vergonzante siguieron insistiendo durante días medios de comunicación y opinadores diversos.

Estaremos atentos a la investigación de lo sucedido en Malasaña. Por el momento, lo único que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que estamos ante un paso más en la escalada homófoba que vivimos en los últimos meses en las calles de nuestro país. Si se confirma lo denunciado por el joven agredido, no hablamos de una agresión surgida de forma espontánea, sino de una banda organizada que ha planificado y perpetrado un ataque homófobo aleatorio que buscaba no solo atormentar a la víctima directa de la agresión, sino producir miedo en todo el colectivo LGTB. Auténtico terrorismo.

COGAM y Kifkif llaman a manifestarse el próximo sábado

Bajo el lema «Nos están matando» los colectivos COGAM y KifKif han convocado una concentración de protesta el próximo sábado 11 de septiembre a las 19:00 horas en la Puerta del Sol de Madrid como primera respuesta a lo sucedido este domingo en Malasaña:

Rubén López, coordinador del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia de la asociación Arcópoli, aún no se lo puede creer, a pesar de que ha hablado con la Policía Nacional y Municipal y con la Delegación del Gobierno. “Estamos en estado de shock, en un primer momento no nos podíamos creer que fuera solo homofobia, pensábamos que podía ser un ajuste de cuentas, algo más, pero parece que sí lo es. De ser así, es terrible, es lo más duro que he visto en Madrid en mis seis años al frente del observatorio y en mis 17 de activismo”, confiesa López, que subraya el hecho de que las heridas se las hayan producido en puntos claves del cuerpo relacionados con la sexualidad gay, como a Federico García Lorca, que “también le dispararon en el culo”. “Este mensaje de odio es tremendo, brutal”, añade.

El observatorio lleva contabilizadas 103 agresiones homófobas en lo que va de año en Madrid. “Los casos han descendido, pero la cifra es irreal, porque las agresiones se producen normalmente de noche y de copas y ahora no salimos. De los ocho meses que llevamos del año, en cinco ha habido estado de alarma”, recuerda López, que no conoce a la víctima, ya que no ha recurrido a ellos ni a ninguna otra asociación.

Condena del presidente del Gobierno español

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un tuit de condena de lo sucedido. «En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros»,

En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros.

Mi cariño al joven agredido. https://t.co/YDjWENyeVa

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 6, 2021

 Que, además, ha convocado de manera urgente la comisión contra los delitos de odio. El presidente del Gobierno asistirá a la reunión que analiza el seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio que Interior puso en marcha en 2018 cuando el PSOE llegó al Gobierno.

🔴ÚLTIMA HORA | Sánchez convoca de manera urgente la comisión contra los delitos de odio tras la última agresión homófoba en Madrid en la que un grupo de encapuchados grabaron “maricón” a un joven de 20 años en la nalga con un cuchillo https://t.co/ipS408iiRy pic.twitter.com/xWREy6osob

— EL PAÍS (@el_pais) September 7, 2021

Sánchez preside este viernes una comisión especial sobre delitos de odio tras las últimas agresiones homófobas https://t.co/ZFMIu8y3OD

— Ignacio Escolar (@iescolar) September 7, 2021

Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la asamblea, ha condenado el ataque y ha llamado a una “reacción colectiva por parte de la comunidad LGTBI”: “No basta con una simple concentración de repulsa ni con esperar a que llegue el Orgullo como cada año. Va a hacer falta mucho más para plantar cara a la involución”, ha dicho en su cuenta de Twitter. “Es innegable el papel de los discursos de odio que legitiman la violencia que están vertiéndose a diario desde las propias instituciones. Los discursos de la extrema derecha se amparan en quienes pactan con ellos y les convierten en decisivos”.

Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que”Madrid debe ser una ciudad libre Almeida ha aseverado en una entrevista en la Cadena SER que considera “excesivo” sostener que los mensajes de Vox “pueden estar detrás” de agresiones al colectivo LGTBI como la ocurrida en la tarde de ayer en el centro de Madrid.

Los delitos de odio han aumentado de manera alarmante desde que VOX vomita su dircurso, PP y Cs le dan acceso a las instituciones y varios medios los blanquean banalizando el peligro y el terror que viene con ellos: agresiones, insultos, mutilaciones, miedo y muerte. Y ante esto, ni Isabel Díaz Ayuso, ni Begoña Villacís, ni, por supuesto los voxasunos, han condenado el hecho. Normal… son esto:

Fuente Dosmanzanas/El Diario/ Cristianos Gays

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Una encuesta de YouGov, empresa demóscopia británica, realizada en ocho países occidentales (siete de Europa y Estados Unidos) coloca a España en primera posición en cuanto a aceptación social de la realidad LGTB. En concreto, España es el país con mayor proporción de ciudadanos que daría su apoyo a un familiar LGTB, así como el país en el que un mayor porcentaje se identifica como LGTBQ+ o conoce a una persona LGTBQ+.

A la pregunta «¿Cómo reaccionaría si su hijo, hermano u otro familiar cercano saliera del armario como gay, lesbiana o bisexual?», el 91% de los encuestados españoles responde que apoyándole, frente a un 3% que no lo apoyaría y un 6% que no está seguro de lo que haría. Cuando se pregunta por la reacción si el familiar sale del armario como persona trans o persona no binaria, el porcentaje de los que lo apoyarían desciende al 87%, frente a un 5% que no lo harían y un 8% que no está seguro. En ambos casos la reacción de los españoles es la más positiva, por encima de Reino Unido (85% y 71%, respectivamente), Italia (82% y 78%), Dinamarca (80% y 68%), Suecia (77% y 73%); Alemania (74% y 66%), Estados Unidos (66% y 57%) y finalmente Francia (57% y 47%). El país galo, de hecho, es el único en el que en uno de los ítems (la aceptación de un familiar trans o no binario) hay una mayoría de personas que lo rechazan o no están seguros de lo que harían:

Por lo que se refiere a la identificación de uno mismo, España es también el país en el que un mayor porcentaje de la población encuestada se identifica como LGTBQ+, en concreto el 10%, por encima de Estados Unidos (8%); Reino Unido, Francia y Alemania (7%), Suecia (6%) e Italia y Dinamarca (5%). En cuanto al conocimiento de una persona LGTBQ+ en su círculo cercano de familiares o amigos, un 54% de los españoles encuestados responde afirmativamente, frente al 38% de Francia, el 37% de Estados Unidos, el 31% de Reino Unido, el 28% de Italia, el 25% de Dinamarca y el 24% de Alemania y Suecia:

La alta aceptación social de la realidad LGTB en España, un clásico de las encuestas

Cabe señalar que los resultados de la encuesta de YouGov, más allá de la opinión que a cada uno le merezcan, son consistentes con lo que encuestas anteriores vienen mostrando desde hace años. En 2018, por ejemplo, una encuesta de Ipsos realizada en 16 países mostraba que los ciudadanos españoles eran los más abiertos a la realidad transgénero, liderando la clasificación en la la mayoría de aspectos analizados (como el acceso a cirugía, la posibilidad de contraer matrimonio y adoptar hijos o la de servir en el Ejército). También era el país, de los 16 analizados, en el que el porcentaje de personas que creían que las personas trans son enfermas mentales era más bajo.

Otra gran encuesta europea llevada a cabo en 2016, con resultados estadísticamente significativos en nueve países, mostraba que España era el segundo país con mayor porcentaje de población general que se identificaba como de la comunidad LGTB (un 6,9%, solo por detrás del 7,4% de Alemania), En 2015, por otra parte, un Eurobarómetro mostraba que España se situaba entre los puestos de cabeza de toda Europa en aceptación del matrimonio igualitario (4º de 28 países, con un 86% de aceptación).

Otra encuesta relevante fue la llevada a cabo por el instituto de investigación social estadounidense Pew Research Center en 2014, que colocaba a España a la cabeza de los países con mayor aceptación de la homosexualidad. Tan solo un 6% de los españoles estimaba entonces que la homosexualidad era «moralmente inaceptable», el menor porcentaje de los cuarenta países en que se realizó el sondeo. Un 93% de los españoles, por el contrario, opinaba que la homosexualidad era «moralmente aceptable» o que ni siquiera era un problema moral. Este resultado corroboraba otro estudio de parecido signo realizado en 2013 por el mismo instituto de investigación, en el que España también aparecía entonces a la cabeza del mundo en cuanto a la aceptación de la homosexualidad. Una nueva edición de este último estudio se llevó a cabo en 2019, y aunque España aparecía entonces en tercer lugar (tras Suecia y Holanda), nuestro país seguía el grupo de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

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Jesús Vázquez, un joven de 26 años natural del pequeño municipio de Valle de Santa Ana (Badajoz), sufrió el pasado 17 de agosto una brutal agresión homófoba por parte de varios menores que se acercaron a él para insultarle y golpearle cuando caminaba por la calle. Después de lo sucedido, Vázquez decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil, que en estos momentos se encuentra investigando la agresión. «Estoy mejor. La espalda me sigue doliendo bastante, pero ya estoy en manos de un fisio. Con respecto a la denuncia, no hay novedades. Está todo en manos de la guardia civil y de la Fiscalía de Menores», señala ahora a Dosmanzanas.

Todo sucedió mientras Jesús Vázquez —que actualmente trabaja como profesor en Tenerife— paseaba por las calles de su pueblo natal, Valle de Santa Ana (Badajoz), de camino a casa. En un momento dado, cuatro menores de entre quince y diecisiete años se acercaron a él y comenzaron a insultarle.«Me llamaron maricón y se metieron con mi forma de caminar y vestir. Se pusieron agresivos y me dijeron que me fuese de allí o me pegaban», ha señalado la víctima.

Vázquez se marchó entonces con su madre y una tía. Una vez con ellas, los agresores volvieron a acercarse a él, esta vez subidos en un coche que conducía un adulto. «Me dice en un tono jocoso, riéndose de mí: ‘¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué te han dicho estos muchachos?’. Yo me acerco a la ventanilla y le digo que estos muchachos son unos sinvergüenzas», explicó. En ese instante, dos de los menores, totalmente envalentonados, se bajaron del coche y comenzaron a golpear a Vázquez delante de su familia, hasta que consiguieron tirarle al suelo. Uno de ellos llegó incluso a amenazarle con una navaja —un arma que, por suerte para él, se le acabó cayendo al suelo—. «Mi madre se percató de eso y cogió la navaja del suelo para que no la cogiese él de nuevo».

Durante el tiempo que duró la agresión, Vázquez dice que no pudo evitar acordarse de Samuel, asesinado brutalmente en A Coruña hace apenas unas semanas. «No hay derecho», expresaría luego el joven agredido en su perfil en la red social Facebook. «El pasado mes de julio, Samuel fue asesinado en Galicia mientras disfrutaba de la noche junto a sus amigos. A Samuel lo mataron por vivir su vida libremente y ser fiel a sus sentimientos e ideas. Ayer me tocó a mí. Afortunadamente, yo puedo contarlo. Anoche me insultaron, me humillaron y me dieron una paliza. En mi pueblo, Valle de Santa Ana. En mi propia calle. Hoy, siento dolor, rabia y tristeza. Pero me quedan ánimo y fuerza para denunciar públicamente este hecho y gritar ¡Basta ya! No hay derecho a esto. La sociedad está totalmente loca».

Tanto los colectivos activistas LGTBI como muchísimos usuarios de las redes sociales condenaron inmediatamente la agresión y advirtieron del peligro de que todos los casos de violencia y odio hacia las personas gais, bisexuales y transexuales que se están dando últimamente queden impunes. «El apoyo ha sido increíble», apostilla ahora Vázquez, «tanto por parte de mis paisanos como de otros muchos puntos de la región y del país. Estoy muy agradecido».

Insertamos a continuación un vídeo con la narración que la víctima hizo de los hechos a La Sexta, que incluye además declaraciones del alcalde de Valle de Santa Ana, la localidad donde sucedieron los hechos:

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Le arrojaron a una fuente impactando su espalda contra uno de los caños, para luego tirarle bebidas y orinar sobre  él.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaén a seis jóvenes como presuntos autores de agredir física y verbal a un hombre, incluso miccionando sobre él, por su orientación sexual.

Los hechos se produjeron el pasado 17 de julio. La víctima, según informa la Policía en un comunicado, les manifestó que había estado en la inauguración de un nuevo pub de la ciudad y que tras tomar una copa se dirigió hasta su domicilio.

Una vez en él quiso salir para comprar hielo topándose con un joven al que preguntó si sabía donde podría comprar lo que buscaba, éste le dijo que no hacía falta ir a ninguna tienda ya que en una plaza aledaña había un grupo de jóvenes consumiendo alcohol y que tan solo tendría que bajar un vaso y éstos se lo darían.

Volvió a su domicilio para coger el recipiente, desplazándose hasta donde estaba el grupo tomándose una copa con ellos, al paso del tiempo, la víctima se fue para comprar tabaco siendo acompañado por el joven que le ofreció ayuda en la compra del hielo.

Habían pasado unos quince minutos hasta que ambos se volvieron a incorporar al grupo, en ese momento, fue increpado por uno de los jóvenes con palabras soeces y comentarios íntimos, comenzando el resto de grupo a gritarle e insultarle aludiendo a su condición sexual.

Posteriormente, le despojaron de su camisa y le arrojaron a una fuente, impactando su espalda contra uno de los caños, lo que podría complicar la situación física de la víctima que padece problemas de espalda.

Al conseguir salir de la fuente, los ahora arrestados, le arrojaron bebidas e incluso llegaron a miccionar sobre él.

Los investigadores recabaron diferentes testimonios, y numerosas pruebas para identificar y detener a los autores que ha sido presentados ante la autoridad judicial que decretó una orden de alejamiento amparando a la víctima.

Insertamos a continuación las declaraciones de la víctima a Antena 3. Su voz ha sido distorsionada, ya que prefiere permanecer en el anonimato. Su familia, de hecho, desconoce su orientación sexual:

Fuente Agencias

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