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El PP vuelve a incumplir un compromiso previo con los colectivos LGTBI y entierra el proyecto de ley de igualdad y diversidad sexual en Castilla y León

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xEl Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

colectivos-lgtbi-kos-624x385el-norteLos colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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Madrid modificará la ordenanza y permitirá a las personas con VIH acceder a licencias de taxi

Lunes, 18 de diciembre de 2017

taxi-madrid-dreamstimeSi no se cataloga el VIH como infectotransmisible, en lugar de infectocontagioso, continuará la discriminación en otros servicios municipales.

CESIDA solicita que esta exclusión se amplíe al resto de ordenanzas que impiden o dificultan el acceso a las personas con VIH a otros servicios municipales.

(Nota de prensa)

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) ha celebrado la decisión anunciada por el concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, de modificar el artículo 28.3.D de la ordenanza del taxi por la que se impide a personas con VIH obtener la licencia y ejercer como profesionales del sector. El anuncio se ha hecho durante la Comisión de Salud del consistorio madrileño a iniciativa de la concejal de Ciudadanos Ana María Domínguez.

En 2012 el Ayuntamiento de Madrid revisó la ordenanza que regula las concesiones de licencias de Taxi en la ciudad y mantuvo este impedimento, dejando sin posibilidades de obtener licencias a personas que tienen VIH y sida. Una decisión que no respondía a criterios científicos y que ahondaba en la discriminación y la exclusión laboral de las personas seropositivas.

Para CESIDA, lo más sorprendente era sin duda que mantenía la exclusión de las personas que padezcan “enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión”, lo que al parecer incluye a las personas con VIH. Un anacronismo que ya es grave que hubiera pervivido hasta ahora, pero que resultaba incomprensible que no se hubiera eliminado o matizado con ocasión de la renovación de la normativa.

 La infección por VIH, no se transmite, “ni se contagia” a través de la respiración, ni del contacto con la piel, ni al dar la mano, ni al compartir utensilios como vasos o cubiertos… Por ello, desde CESIDA se demanda hace años la descatalogación del VIH y el sida como enfermedad infectocontagiosa por enfermedad infectotransmisible.

Ramón Espacio, presidente de CESIDA, ha declarado que “Pese a que no se demande la prueba del VIH, sí está en las ordenanzas el impedimento de acceder a cualquier persona con una enfermedad infectocontagiosa aunque no se pida un certificado. Y hasta que no se modifique la inadecuada catalogación del VIH, tira para atrás a las personas seropositivas si no se excluye explícitamente de esta limitación al VIH. Este impedimento era propio de otro tiempo, ahonda en los prejuicios y fomenta la discriminación hacia las personas con este virus, por lo que celebramos que se vaya a excluir de una vez por todas”.

Por su parte, la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos, ha mostrado su satisfacción “Por una medida por la que tanto hemos trabajado desde CESIDA y Apoyo Positivo y que por fin va a solucionarse. Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid, al concejal Barbero, así como a la concejal de Ciudadanos Ana María Domínguez su iniciativa, y a los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE que la han apoyado, para acabar con la discriminación y el prejuicio hacia las personas que tienen el VIH”.

Esta medida es también resultado de la adhesión del consistorio madrileño a la declaración de París, a propuesta de Ciudadanos, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales hace dos años.

CESIDA recuerda que la incorrecta catalogación del VIH como enfermedad infectocontagiosa en lugar de infectotransmisible, como ha resaltado el propio Ayuntamiento a través del concejal Barbero, impide o dificulta el acceso de las personas con el VIH a otros servicios tales como centros de día, de mayores, instalaciones deportivas o piscinas municipales entre otros, por lo que reclama que la eliminación de esta exclusión se amplíe al resto de ordenanzas que rigen estos servicios.

Fuente CESIDA

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España se compromete a defender al colectivo LGTB desde su nuevo puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

ONU-GAYA partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de La Rioja aprueba, con la abstención del PP, la toma en consideración de una ley integral de transexualidad

Lunes, 4 de diciembre de 2017

4x3-parlamento-la-rioja-700x400El Parlamento de La Rioja ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular, que ya no dispone de la mayoría absoluta en la cámara riojana, ha preferido abstenerse. 

La Rioja, una comunidad atrasada respecto a otras por lo que al reconocimiento de los derechos LGTBI a escala autonómica se refiere, da un paso de gigante con la tramitación de la iniciativa. Es sin duda una excelente noticia, que esperamos se vea culminada tras el correspondiente proceso parlamentario. Representantes de los colectivos Marea Arcoíris, Gylda y Chrysallis, presentes en el Parlamento regional, desplegaron banderas trans para celebrar el momento, aunque confían en que el proyecto sea todavía mejorado en su tramitación parlamentaria. “Ahora se abre la fase de enmiendas, que mejorarán esta proposición de ley, haciéndola una de las leyes por los derechos de las personas transexuales más avanzada del estado, primando sobre todo los derechos de las niñas y niños trans”, expresaba en Twitter Marea Arcoíris.

Frente a las felicitaciones de los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos, la parlamentaria del Partido Popular Noemí Manzanos se lamentaba de “no haber sido invitados a formar parte de esta iniciativa”, sobre cuya tramitación su formación se ha abstenido. Lamentos que el activista riojano José Urbaneja reprochaba en Twitter: “Sí se os ha invitado a colaborar con los colectivos LGTB+, en esta y otras iniciativas, y nunca habéis venido a las reuniones”, aseguraba. “No se puede mentir con tanto descaro. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los correos electrónicos invitando a su formación a las mesas de trabajo sobre materia LGTB+ son una realidad que existen”, añadía en tuits posteriores.

Seguimos a la espera de una ley estatal

La tramitación de la proposicion de ley en La Rioja es una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana. En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Seguimos a la espera, por tanto, de la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto absolutamente desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (hasta el Tribunal Supremo ha cuestionado en el pasado su constitucionalidad por ese motivo). En este sentido, ya el pasado mes de febrero el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización, que a día de hoy sigue sin producirse.

También estamos a la espera, por cierto, de que avance la tramitación del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB, presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y que el pasado septiembre el Congreso aprobaba tomar en consideración, también con el apoyo de PSOE y Ciudadanos (además de otros grupos minoritarios) y también con la abstención del Partido Popular. Un proyecto que cuenta en su articulado con disposiciones a favor de las personas trans en materia educativa, sanitaria o laboral.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso aprueba reformar la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad con la oposición del PP

Sábado, 2 de diciembre de 2017

transflagEl Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

congreso_diputados-300x156-1La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

compromiso-javier-maroto-300x142Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

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Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.


Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

 

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El Congreso aprobará esta semana la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad

Jueves, 30 de noviembre de 2017

transflagNueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

congreso_diputados-300x156-1La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

compromiso-javier-maroto-300x142A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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Comunidad de Madrid: Sanidad no puede cambiar el nombre de la tarjeta sanitaria para transexuales al estar vinculada a la Seguridad Social

Jueves, 2 de noviembre de 2017

transflagLa imposibilidad de llevarlo a cabo ha sido reiterada esta semana por parte de la Comunidad de Madrid durante un encuentro a representantes de estos colectivos.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no puede proceder al cambio del nombre para transexuales en la tarjeta sanitaria, como habían reclamado varios colectivos en virtud de la Ley Integral de Transexualidad, al tratarse de un documento que está vinculado a la Seguridad Social y que implica obligaciones a terceros, como el caso de asistencia en otras comunidades autónomas.

Así lo han indicado fuentes de la Consejería madrileña en relación con las demandas de colectivos transexuales para que se habilitara el cambio de nombre en ese documento, al entender que la nueva normativa de la Comunidad de Madrid permite la modificación en documentos de identificación expedidos por la Administración regional.

De hecho, en mayo de este año realizaron una acción reivindicativa a las puertas de la Consejería de Sanidad donde presentaron su “propio” formulario de solicitud de nombre en las tarjetas y entregaron firmas para instar a realizar esa modificación de nombre.

“Ellos mismos han tenido que redactar un modelo de solicitud inexistente en este caso por parte de la Consejería”, dijo entonces la diputada del PSOE, Carla Antonelli, que apoyó la reivindicación y lamentaba la falta de aplicación de la Ley integral de Transexualidad.

La imposibilidad de llevarlo a cabo ha sido reiterada esta semana por parte de la Comunidad de Madrid durante un encuentro a representantes de estos colectivos.

Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que la tarjeta sanitaria es un documento que expide la Comunidad de Madrid acorde a su marco normativo pero que también está vinculado obligatoriamente con la Seguridad Social en diversos aspectos, como puede ser el copago farmacéutico para medicamentos.

Al no tener el mismo marco normativo a nivel estatal, no pueden producirse cambios en el nombre puesto que habría riesgo de distorsiones en el sistema de prestación de servicios. A su vez, relatan que la tarjeta sanitaria obliga también a terceros, como en el caso de otras autonomías en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes de la región.

Por tanto, desde Sanidad detallan que este nuevo marco “pionero” de la Comunidad de Madrid requiere un cambio a nivel estatal para que el cambio de nombre salga adelante, pues este documento excede el ámbito competencial de la región.

CONTENIDO DE LA LEY

La Ley Integral de Transexualidad recoge que las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar “todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, la que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer, así como que se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida y la heterogeneidad del hecho familiar“.

Por ello, y al objeto de favorecer una “mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad de Madrid proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole”.

Así, se expone que reglamentariamente se establecerá el prodecimiento de acreditación en base a diversos criterios integradores. Uno de ellos destaca que “se garantizará que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada y se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida”.

“No se alterará la titularidad jurídica de los derechos y obligaciones que correspondan a la persona ni se prescindirá del número del documento nacional de identidad, siempre que este deba figurar. Cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género”, concluye.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El Ayuntamiento de Oviedo repinta de arcoíris los cinco bancos que unos vándalos habían cubierto con la bandera rojigualda

Miércoles, 18 de octubre de 2017

bancos-la-escandalera-oviedo-300x171El Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a pintar con los colores del arcoíris los cinco bancos que unos vándalos habían repintado de rojigualda en la madrugada del pasado jueves, 12 de octubre. Los bancos, situados en la Plaza de la Escandalera, lucían los colores de la diversidad desde el pasado mes de junio, con motivo de la celebración del Orgullo LGTB.

Como gesto simbólico hacia la comunidad LGTB, el Ayuntamiento de Oviedo (gobernado desde las pasadas elecciones por PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida) pintó el pasado mes de junio los bancos con los colores del arcoirís. Una iniciativa novedosa en una ciudad que en 2015 estrenaba gobierno progresista tras quince años de gobierno del Partido Popular. Y así habían continuado hasta la madrugada del pasado jueves, cuando varios vándalos encapuchados los pintaron de rojigualda (los colores de la bandera de España) utilizando pintura en espray. De hecho, varios chavales presenciaron lo sucedido, y según contaba el diario local La Nueva España, avisaron a la Policía, aunque esta no se personó en el lugar mientras los testigos permanecieron allí. Al parecer el grupo que dio la voz de alarma ya había tenido un altercado previo con uno de los vándalos pocas horas antes.

Se da la circunstancia de que algo más de 6.000 personas habían pedido en change.org que los bancos fueran pintados con los colores de la bandera de España. “Viendo que el día del orgullo gay el ayuntamiento de Oviedo pinto varios bancos con la bandera del orgullo gay que solo representa una minoría de la población de Oviedo propongo que el día de la hispanidad, jueves 12 de octubre de 2017 se pinten los bancos de la ciudad con la bandera de España que es la que nos representa a todos [sic]reza la petición, que de hecho considera su objetivo “conseguido”. “¡Victoria! Al final pintaron cinco bancos en la plaza de la escandalera”, asegura una actualización de la petición. Lo cierto es que fueron los vándalos, y no el Ayuntamiento, los que quisieron utilizar la bandera de España, esa que ellos aseguran “representa a todos”, para invisibilizar el arcoíris. El día siguiente, por cierto, uno de los bancos pintandos de rojigualda aparecía a su vez con una pintada en asturiano, “Puxa Asturies”.

Por fortuna el Ayuntamiento de Oviedo, después de valorar la posibilidad de que los bancos volvieran a lucir el color madera previo al Día del Orgullo, decidía repintarlos con los colores de la diversidad. “Está claro es que se escogieron esos bancos para tapar una bandera que representa los derechos del colectivo LGTB”declaraba el concejal de Izquierda Unida Iván Álvarez, encargado del área de Interior. La noche del sábado, de hecho, recuperaban el arcoíris y este domingo ya estaban de nuevo en uso.

Desde dosmanzanas consideramos muy respetable que haya ciudadanos orgullosos de la bandera de España, como hay otros ciudadanos orgullosos de otras banderas y otros que no lo están de ninguna. Allá cada cual con sus sentimientos de identidad nacional. Lo que no creemos necesario es que para exaltarla sea necesario encubrir la bandera arcoíris. El propio texto de la petición en change.org, de hecho, deja clara la motivación homófoba, y no “patriótica”, de la iniciativa. Flaco favor, de hecho, a los que legítimamente defienden el argumento de que la bandera de España representa a todos sus ciudadanos.

Fuente Dosmanzanas

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“Plumífero pendoncete”: un periodista denuncia públicamente insultos homófobos por parte del presidente del PP de Mijas

Jueves, 28 de septiembre de 2017

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Iván Gelibter, periodista del diario Sur, firmó la información que destapó el denominado “caso Mijas”, un supuesto intento de compra de un concejal de Costa del Sol Sí Se Puede para conseguir, mediante una moción de censura, hacerse con el gobierno municipal de Mijas, gobernado desde hace un año por una coalición entre Ciudadanos y PSOE (acuerdo que se produjo después de la ruptura del anterior acuerdo entre Ciudadanos y el PP). El caso desembocó en la dimisión del concejal popular Santiago Martín, aunque el presidente local del partido (y alcalde de la localidad entre 2011 y 2015), Ángel Nozal, sí continúa como concejal, pese a estar implicado también en el escándalo. El caso se encuentra en la actualidad investigado por los tribunales para discernir su hubo comportamiento delictivo por parte de los ediles populares.

El caso es que Iván Gelibter, abiertamente gay (y que el pasado junio recibió un premio de manos de la Federación andaluza Arco Iris) ha denunciado ser fruto desde entonces de acoso. “Hace unos meses firmé en Diario SUR una información referente a un supuesto intento de compra de un concejal de CSSP en Mijas por parte del PP. En concreto hablaba de su presidente local y vicepresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, Ángel Nozal, y de un edil que dimitió al día siguiente de publicar la información, Santiago Martín. Desde entonces, he recibido por parte de militantes y simpatizantes del PP de la localidad insultos en las calles, seguimientos hasta los baños del Ayuntamiento, lindezas en redes sociales, e incluso se han compartido fotos mías y de mi pareja por los distintos grupos de Facebook de demandas vecinales de Mijas”, ha explicado en Facebook.

La gota que colmaba el vaso se producía cuando el pasado viernes el periodista firmaba una nueva información en la que se limitaba a recoger que Santiago Martín, el concejal dimitido, protagonizaba una nueva campaña en vídeo del PP local. “Vídeo de Santi que le ha encantado a falconetti, un plumífero pendoncete”, era el texto abiertamente homófobo con el que Ángel Nozal compartía el vídeo de la campaña en redes sociales, y del cual Gelibter ha difundido pantallazo:

Según explica el periodista, “Falconetti” es el apodo con el cual Nozal se refiere a él (por la doble “t” de su segundo apellido: Iván Gelibter Barbotta). Esta misma semana volvía a firmar una información en la que contaba que Santiago Martín protagonizaba una nueva campaña del PP pese a haber dimitido. Frente a esto, el señor Nozal ha usado el insulto homófobo para calificar mi información. Falconetti (por las dobles T de mi apellido) unido a ‘plumífero’ y ‘pendoncete’. La última vez que este individuo se dirigió a mí fue para pegarme un manotazo para evitar darme la mano”, explica en Facebook. “Homofobia en estado puro”, resumía en Twitter:


“Me gustaría saber si el PP de Málaga va a seguir defendiendo las actuaciones de este señor o si piensa ponerle coto a esto. Además de este insulto homófobo, Nozal tiene cuatro imputaciones por diferentes supuestos delitos, que van desde el cohecho hasta la prevaricación. Yo soy simplemente un periodista que puedo realizar mejor o peor mi labor, pero que desde luego no merezco que se me ataque por mi orientación sexual. Y sobre todo, señor Nozal, la próxima vez que tenga que decirme algo, hágalo a la cara”, acaba preguntándose Gelibter en el texto que publicaba en Facebook.

Trasladamos toda nuestra solidaridad a Iván Gelibter.

 Fuente  Dosmanzanas

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El Congreso admite a trámite la ley de Igualdad LGTBI con la oposición del PP

Jueves, 21 de septiembre de 2017

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Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI

El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.

El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.

Un poco de historia

c-_kczfxyaatv0aEl pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.

Las líneas generales del proyecto 

El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.

La discusión en el pleno

maroto-en-el-orgullo-300x169Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

El propio Javier Maroto estampó su firma en el documento, que la propia FELGTB divulgaba ayer en Twitter:

Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.

Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:

El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:

captura-el-mundoUna organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN,  Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.

Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:

Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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El Gobierno de España se escuda en el “Estado de derecho” para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios

Jueves, 14 de septiembre de 2017

zoido-parlament-efe_1_630x630El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

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El PP de Javier Maroto y Andrea Levy mantiene la “Utilidad Pública” de Hazte Oír

Martes, 8 de agosto de 2017

hazteoir-avioneta-transfobia-lgtbfobia-696x522El Gobierno del PP retira la categoría de Utilidad Pública a seis asociaciones pero se la mantiene a Hazte Oír, a pesar del voto de la oposición para retirársela.

Javier Maroto y Andrea Levy, fueron invitados por la FELGTB a llevar la pancarta de la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid el mes pasado

El Ministerio del Interior, cuando lo dirigía el homófobo ultracatólico Jorge Fernández Díaz, concedió a los cristofrikis de Hazte Oír la categoría de Organización de Utilidad Pública. Eso significa, básicamente, que aunque no reciban dinero público sus socios obtienen varios beneficios fiscales. Y esos beneficios ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara y pasara a ser de 2,6 millones de euros anuales.

En marzo de este año, justo cuando saltó la polémica del autobús tránsfobo, la oposición parlamentaria votó en bloque a favor de solicitar al gobierno que retirara la categoría de Utilidad Pública a Hazte Oír porque consideraban que las actividades de la gente de Arsuaga son “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principioes que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia.

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

Pues a pesar de que PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC votaron en contra, el PP ha decidido mantener esa categoría para HazteOír pero se lo ha retirado a otras seis asociaciones. Así la Asociación de Deportistas Contra la Droga, la asociación Pangea (una ONG que trabaja con personas desfavorecidas), Glackma (que trabaja por la concienciación y la sensibilización medioambiental), Rudraksha (ONG que trabaja por el desarrollo de las mujeres indias), Equus Zebra (que ayuda a personas en riesgo de exclusión social) y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género han visto cómo sus beneficios fiscales eran revocados por una orden firmada el pasado mes de marzo por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior: Juan Antonio Puigserver Martínez.

Así que ahí lo tenéis amigos, el gobierno del PP ha decidido retirar la Utilidad Pública a asociaciones que realmente trabajan por los más desfavorecidos y en pro de la igualdad pero han decidido hacer oídos sordos al resto del Parlamento y mantener los privilegios a Hazte Oír, que lo único que hacen es fomentar el odio y la LGTBfobia.

¿Sigues siendo gay y del PP? Pues mira qué bien.

Fuente | Público, vía EstoyBailando

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Denuncian la aparición de pintadas fascistas y LGTBfóbicas en un municipio de Madrid

Sábado, 29 de julio de 2017

lgtbfobia_torrelodonesEl PSOE de Torrelodones denuncia que este fin de semana aparecieron estos lemas en mobiliario que se había pintado con los colores de la bandera arcoíris con motivo del Día del Orgullo LGTB.

La formación socialista de Torrelodones ha denunciado la aparición de pintadas fascistas y LGTBfóbicas aparecidas en el mobiliario urbano de la calle del Instituto de la localidad.

En este sentido, denuncian que “aunque el conjunto de la sociedad española ha dado en estos años muchísimos ejemplos de respeto hacia el colectivo LGTB todavía quedan energúmenos que muestran su odio y su intransigencia a la menor ocasión”.

Asimismo, el portavoz socialista, Guillermo Martín ha calificado estos hechos como una “buena muestra de intolerancia” y ha condenado el suceso “con total firmeza”.

Los autores de esta “nueva muestra de odio hacia el colectivo LGTB sólo pueden merecen ser calificados por nuestra parte como intolerantes e ignorantes. Además, da igual las veces que intenten destruir este símbolo, volveremos a pintar la bandera del amor y el respeto cuantas veces haga falta”, ha añadido.

 Por otra parte, diversas entidades como Arcópoli o el Observatorio Madrileño contra la Homofobia, han anunciado que denunciarán este nuevo delito de odio, “un comportamiento que está absolutamente alejado de la tolerancia y respeto que hay en nuestro pueblo hacia el colectivo LGTB”, concluye el portavoz socialista en Torrelodones.

Fuente Cáscara amarga

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El PSOE quiere incluir la discriminación LGTBI en la Ley contra la violencia en el deporte

Lunes, 17 de julio de 2017

24633_zapatillas-de-deporte-gay“Un país moderno no humilla a sus deportistas, no ignora sus derechos, no reprime su libertad ni niega su identidad ni su orientación sexual”.

El PSOE quiere que la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte se refiera también a la discriminación contra las personas LGTBI en el ámbito deportivo.

Tras reunirse con la Agrupación Deportiva Ibérica LGTB, que agrupa a la mayoría de clubes deportivos de carácter LGTBI de España y Portugal, el PSOE se ha comprometido a conseguir que la Ley contemple la lucha contra las humillaciones homófobas en el deporte, así como a trabajar en la elaboración de una ley nacional contra la LGTBfobia, ha informado en un comunicado.

El PSOE se suma así a las “justas y necesarias” reivindicaciones de la citada asociación, que ha registrado en el Senado una solicitud –tras recoger 20.000 firmas– para que la Ley contra la violencia en el deporte incluya una mención expresa a la discriminación que padece el colectivo LGTBI.

“Un país moderno no humilla a sus deportistas, no ignora sus derechos, no reprime su libertad ni niega su identidad ni su orientación sexual”, han indicado los portavoces del PSOE en Igualdad y Deporte en el Senado, Laura Berja y Juan Luis Soto.

La Agrupación Deportiva Ibérica LGTB defiende que el deporte ha de ser “un ejemplo de respeto, inclusión y diversidad, en el que la discriminación por razón de orientación sexual o expresión de género no tenga cabida”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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Más de un millón de personas se unieron a la manifestación del World Pride en Madrid

Lunes, 3 de julio de 2017

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Madrid se vuelca con la manifestación del WorldPride Madrid 2017

Más de un millón de personas participaron en una multitudinaria manifestación que cierra los eventos del WorldPride Madrid 2017. La manifestación transcurrió sin incidentes durante más de seis horas por el centro de Madrid, por primera vez en con el apoyo y representación de todos los partidos políticos.

Más de un millón de personas han clamado este sábado en Madrid a favor de la libertad sexual en todo el mundo en una gran manifestación con la que han culminado las celebraciones del evento internacional WorldPride Madrid 2017, que ha convertido a la ciudad en epicentro mundial de las reivindicaciones en favor del colectivo LGTBI. Con el lema Por derechos LGBTI en todo el mundo, parte la primera pancarta del Orgullo de Madrid, un poco más tarde de las 18 horas de la tarde, desde la plaza Carlos V, para a continuación desfilar representantes de diferentes delegaciones internacionales, como la de Dinamarca, Suecia, Reino Unido o Estados Unidos, diferentes autonomías españolas y todo tipo de colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En total han pasado alrededor de 60 pancartas en diferentes idiomas y hasta 52 carrozas.

La marcha multicolor, de marcado carácter festivo y engalanada con 60 pancartas en numerosos idiomas y 52 carrozas, ha sido el eje de las celebraciones del evento mundial, que tiene como objetivo reclamar que todos los países legislen hasta alcanzar la plena igualdad entre personas LGTBI y el resto de la sociedad.

 Precisamente esa ha sido la principal reclamación de los activistas en defensa de los derechos LGTBI que, tras la manifestación entre la glorieta de Atocha y la plaza de Colón, han dado lectura conjunta a un manifiesto en el que han reclamado a los representantes políticos de todos los partidos una ley de igualdad. La asistencia a la marcha rebasó “de largo” el millón de personas, según los organizadores, que calificaron la jornada como “histórica” y mucho más multitudinaria que las anteriores.

No obstante, las reivindicaciones de los organizadores han tenido un carácter global debido a la condición de Madrid de sede del World Pride, lo que ha motivado la alusión a las “miles de personas LGTBI” que han sido asesinadas en los últimos años en países como México o Brasil, o la persecución a los homosexuales en lugares como Chechenia (Rusia).

El recorrido reivindicativo, convocado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto al colectivo Gay de Madrid (COGAM), ha contado por vez primera con el respaldo en la cabecera de la manifestación de todos los partidos políticos, incluido el PP.

Por ello, en el escenario de Colón han escuchado estas peticiones  una nutrida representación política pues por primera vez en la historia, se ha conseguido reunir en su cabecera a representantes de los principales partidos políticos: el portavoz del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, la responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana, el miembro de la Ejecutiva del PSOE  Francisco Polo y la diputada autonómica y activista Carla Antonelli, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el portavoz en el Cogreso de En Comú Podem, Xavier Domènech, y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde (Equo) y… por primera vez, a pesar de su negra historia contra los derechos LGTBI, el PP, representado pos sus diputados, Andrea Levy y Javier Maroto y el presidente del partido en Gipuzka, Borja Semper,  que han desfilado junto a representantes de los representantes sindicales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la Unión General de Trabajadores, José Álvarez, sin olvidarnos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.   Todos han acabado bailando una conga al ritmo del A quién le importa, himno oficial.

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A medida que la manifestación va concluyendo en la plaza de Colón, varios activistas han leído diversos manifiestos en los que han recordado que la homosexualidad sigue estando legalmente perseguida en 72 países: 33 en África, 23 en Asia, 10 en América y seis en Oceanía, según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), destacando que en 13 países se castiga hasta con pena de muerte a las personas que mantengan relaciones sexuales consensuadas con personas de su mismo sexo. Se han recordado situaciones de abusos y discriminación como la pena de 83 bastonazos a una pareja gay en Indonesia o el elevado número de asesinatos a personas transexuales en Brasil, algunos de ellos con una crueldad extrema.

En la lectura del manifiesto, los activistas han solicitado la aprobación de una ley que persiga la consecución de una sociedad igualitaria y sin discriminación de ningún tipo y han recalcado la necesidad de que se garantice el derecho a refugio y asilo para las personas LGTBI que son perseguidas en sus países de origen.

Han instado a las autoridades nacionales e internacionales a que “exijan que los derechos humanos de las personas LGTBI sean respetados” y que se supriman los castigos penales al colectivo, que aún perduran en torno a 80 países. “Manifestaciones como la de hoy siguen siendo necesarias. (…) Nos queremos libres e iguales en nuestras diferencias. Los derechos LGTBI son derechos humanos y hasta el día en que todos y cada uno no sean respetados, no cejaremos en nuestra lucha activista”, han zanjado.

780x580-youtube-q1wism0jxpy-madrid-se-vuelva-con-la-manifestacion-del-worldpride-madrid-2017También se ha instando al gobierno español a aprobar una ley de igualdad social, así como la importancia de garantizar el derecho de asilo a personas que son perseguidas en sus países de origen en base a su orientación sexual o su identidad de género. Jesús Generelo, director de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha señalado la necesidad de la celebración del Orgullo en nombre de todas aquellas personas que no pueden hacerlo en otros países, mientras que otros activistas han apelado a la Unión Europea a luchar por los derechos de las personas LGBT en todo el mundo, haciendo un particular énfasis en Rusia y Chechenia.

De esta manera concluye el World Price 2017, el tercer Orgullo Mundial organizado por InterPride, la asociación mundial de organizadores del Orgullo LGBTI, cuyo objetivo es el de promover los valores de una sociedad igualitaria, que se había celebrado anteriormente en Londres y en Toronto en 2014, y que está previsto se celebre en 2019 en Nueva York.

Si bien no había ninguna alerta de amenaza terrorista, el Ayuntamiento de Madrid no ha querido escatimar en seguridad desplegando un contundente operativo de hasta 3.500 personas entre agentes de policía y personal sanitario. Como medida de seguridad se ha vallado todo el recorrido, interponiendo vehículos y otros elementos de contención en las calles adyacentes al recorrido, además de limitar el desplazamiento de vehículos de gran volumen y cerrar las estaciones de Metro de Sol, Colón y Banco de España, suspendiendo la circulación en la Gran Vía, la Puerta de Alcalá y la zona del Paseo de la Castellana cercana a la plaza de Colón.

La manifestación y posterior desfile, tras el que miles de personas estuvieron de celebración en la capital, transcurrió sin incidentes relevantes y sin ningún altercado violento. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Policía Municipal de la capital han subrayado la ausencia de incidentes destacados y que la noche ha sido más tranquila incluso que cualquier sábado del año.

Para esta ocasión se había desplegado un dispositivo de 3.500 efectivos entre policías nacionales, municipales y servicios de emergencia. Samur-Protección Civil atendió durante la jornada a 270 personas, de las que 28 requirieron hospitalización, cuatro de ellas graves: dos por infarto y otras dos por intoxicación de drogas y etílica, informó Emergencias Madrid.

Además, los servicios de Metro y Cercanías también han experimentado modificaciones —refuerzos en algunas líneas y el cierre de estaciones como Sol, Banco de España y Colón— a raíz de la movilización.

La manifestación del World Pride que congregó ante ayer a cientos de miles de personas en Madrid por la defensa de los derechos LGTBI se produjo con total normalidad y sin ningún incidente destacado. El Samur tuvo que atender a 270 personas.

Aunque la mayoría de los afectados se han recuperado rápidamente, 28 personas han sido trasladadas a diversos centros hospitalarios de la capital, según ha informado Emergencias Madrid. De las cuatro personas que se encuentran en estado grave, dos presentaban afecciones cardiacas y otras dos sufrían una intoxicación etílica cuando fueron atendidas por el Samur. Entre las patologías más comunes se encuentran intoxicaciones etílicas, mareos, lipotimias y contusiones leves, todas ellas propias de este tipo de eventos con aglomeraciones.

Eso sí… No faltó el toque homófobo del día…

Fuente Universogay/Cáscara Amarga

 

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Respaldo “absoluto” de partidos políticos en la manifestación del World Pride en Madrid… Y la Falange inunda las calles de carteles y pegatinas LGTBfóbicas…

Sábado, 1 de julio de 2017

orgullo_madrid_copyActualizado: 01/07/2017 a las 11:42

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El lema de la cabecera será ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’ y habrá una segunda pancarta con la proclama ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. 

La manifestación del WorldPride tendrá lugar el 1 de julio en Madrid. Dará comienzo a las 17.00 horas y transcurrirá desde Atocha hasta Colón. La pancarta de cabecera, que partirá concretamente del Paseo del Prado (a la altura del Jardín Botánico, frente al CaixaForum Madrid), llevará por lema ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’, y, dada la gran afluencia de representantes del ámbito político, sindical y social que se esperan, habrá una segunda pancarta de cabecera con el lema ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Está previsto que el último grupo a pie salga de Atocha a las 19.30 horas. Inmediatamente después, la policía desplegará las vallas para que las carrozas empiecen a salir, previsiblemente sobre las 20.15 horas. Se prevé que la última carroza llegue a Colón sobre las 1.00 horas. El discurso de la alcaldesa de Madrid, el representante de la Comunidad de Madrid y las personas representantes de los colectivos tendrá lugar en el escenario de Colón a partir de las 19.30 o 20.00 horas. También se dará lectura al manifiesto, que se realizará entre diferentes personas LGTB.

La manifestación del Orgullo LGTBI tiene carácter local y estatal. COGAM es la organización responsable de la invitación de los representantes de ámbito local y autonómico, mientras que FELGTB se encarga de los representantes de ámbito estatal. En esta ocasión y por primera vez en España, la manifestación también tendrá carácter mundial, hecho que llevará a contar con personalidades de varios países e instituciones internacionales.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), como organización convocante junto con COGAM de la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid, ha invitado a la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de ámbito estatal, da a conocer las personas que estarán mañana en la pancarta de cabecera. Encabezando la manifestación estarán Jesús Generelo, presidente de FELGTB; Jesús Grande, presidente de COGAM; y Juan Carlos Alonso, coordinador general del WorldPride Madrid.

 Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. También estarán Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Albert Rivera, presidente de Ciudadanos; Mónica Silvana, secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF del PSOE; y Xavi Domenech, coordinador General de En Comú; Ricardo Sixto, por parte de Izquierda Unida; y Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo.

También está confirmada la presencia de José Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, en el que será su primer acto como nuevo secretario general de CCOO.

Como instituciones, en representación del Gobierno de España estará Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, está confirmada la presencia de Celia Mayer, responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid; Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid; y Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.

En la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial también estarán representantes de distintas organizaciones sociales, como Estrella Rodríguez, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Elena Rodríguez, directora de la Plataforma del Tercer Sector; Luis Cayo, presidente de CERMI; Concha Díez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas; Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional; Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano; Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia; Daniel Anibal García, secretario de organización de COCEMFE; Toni Poveda, gerente de CESIDA; Paloma Favieras, coordinadora jurídica de CEAR; Santiago Villanueva, miembro de la ejecutiva de Plena Inclusión; entre otras organizaciones españolas. También habrá varios representantes de Interpride y EPOA, organizaciones internacionales concesionarias del WorldPride y EuroPride respectivamente.

Fuente Cáscara Amarga

Las Juventudes Falangistas inundan Madrid de carteles y pegatinas LGTBfóbicas durante la celebración del World Pride 2017.

En los últimos días ha habido varias agresiones LGTBfóbicas por parte de grupos neonazis en pleno centro de Madrid.

Quienes acudan a Madrid al World Pride. El Orgullo LGTB Mundial. y paseen por sus calles viviendo la felicidad, la alegría, la diversidad, el respeto  se encontrarán todo lleno de banderas arcoiris y de carteles como éste:

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O  que te vuelvas a casa con un regalo homófobo:

Como denuncian decenas de personas en Twitter y como demuestran las varias agresiones neonazis que ya ha habido durante el World Pride en Madrid, las Juventudes Falangistas se han lanzado a la calle a difundir el odio y a colgar posters y pegatinas LGTBfóbicas.

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Que a lo mejor estas cosas pasan porque aunque Madrid es una ciudad lgtbfriendly alguien en el gobierno no se está tomando en serio la defensa del colectivo LGTB, de la libertad y de la diversidad y se está teniendo mucha manga ancha con ciertos discursos de odio que no deberían tener lugar en una sociedad pretendidamente moderna como la nuestra.

Claro que entonces viene el delegado del Gobierno en Murcia y te autoriza una manifestación neonazi el mismo día de la manifestación del Orgullo, y cuando los neonazis agreden a los manifestantes del Orgullo la policía identifica a los agredidos y escolta a los agresores.

Estamos celebrando el Orgullo y es justamente en estos días cuando más tenemos que luchar, más unidos tenemos que estar y más cara hemos de plantar frente al odio. (Y el “love is love” es un mensaje muy bonito, pero el “denuncia y a la cárcel” lo es más.)

Da igual que algunos políticos no hagan lo que tienen que hacer. La ley está de nuestro lado. Si sufres una agresión, te acosan en la calle, te reparten uno de esos carteles homófobos o te pegan una pegatina como las que están circulando por Madrid, ponte en contacto con el Observatorio contra la Homofobia.

Fuente EstoyBailando, por Jordi García

Menos mal que hay otras personas, católicas, con cabeza… y podemos ver esta imagen junto a la Basílica del Cristo de Medinaceli.

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La bandera arcoíris tampoco ondea este año en la fachada del Ayuntamiento de Alcorcón

Sábado, 1 de julio de 2017

blankbandera-arcoiris-alcorcon-2-300x273Mientras los colores del arcoíris inundan fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de la localidad de Alcorcón seguirá sin engalanarse con la bandera de la igualdad. El alcade, el popular David Pérez, ha decidido “ocultarla” y colocarla tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no es visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos había aprobado que ondease en el balcón del edificio. Además, el equipo de Gobierno sigue sin aplicar las medidas por la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI de Alcorcón, aun habiendo sido aprobadas en pleno. También se ha sabido que la Junta de Portavoces preparatoria del próximo pleno pretendía relegar al último lugar la intervención del colectivo Arcópoli, aunque la presión de los restantes grupos ha evitado el atropello.

De nuevo, el veto del alcalde David Pérez ha evitado que la fachada del Ayuntamiento de Alcorcón se vea engalanada por la bandera arcoíris, a pesar de que en el pleno del pasado 25 de enero se aprobó una moción para que se colocase en el balcón del edificio del consistorio y el municipio se sumase así a la conmemoración del Orgullo para “conseguir la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI”. El regidor ha decidido prácticamente “esconderla”, colocándola tras la puerta de entrada al edificio municipal, completamente plegada, de manera que no es posible verla desde el exterior y es difícil identificarla aun pasando a su lado. Además, por decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, en este 2017 siguen sin aplicarse las medidas aprobadas en pleno por la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI.

También el pasado 2016, David Pérez impidió que la bandera de la igualdad ondease en el edificio consistorial, aun cuando se había aprobado su colocación en pleno, a instancias del PSOE y con la anuencia del resto de los grupos, que ostentan la mayoría en la corporación municipal. Durante ese año, el equipo de Gobierno de Pérez también había vetado o ignorado reiteradamente cualquier resolución favorable a los derechos de las personas LGTB de la localidad madrileña.

Y todo ello ocurría, y sigue ocurriendo, a pesar de que el acuerdo de investidura por el que ostenta el cargo de alcalde David Pérez, llevado a cabo con Ciudadanos, quitaba atribuciones a la Junta de Gobierno Local para dárselas al pleno del Ayuntamiento, de tal forma las propuestas aprobadas por los grupos deben ejecutarse. Debido a esta actuación claramente LGTBfoba, a mediados de 2016 fue reprobado por el pleno del Ayuntamiento con los votos de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos y Grupo Mixto, que suman 17 ediles contra los 10 del Partido Popular.

La moción de reprobación fue seguida de cerca por el colectivo Arcópoli, a quien preocupaba la falta de medidas favorables a los derechos LGTB en un municipio de más de 170.000 habitantes. Por ello, emitió un comunicado en el que detallaba todas las resoluciones aprobadas en pleno a instancias de los grupos de la oposición, y que habían sido reiteradamente vetadas por el equipo de Gobierno de David Pérez. Arcópoli concluía que “todas las mociones fueron aprobadas, debido a la minoría del Grupo Popular en el Consistorio, pero el equipo de Gobierno se niega a ejecutarlas, de modo que no hay iniciativas de apoyo a un colectivo totalmente invisibilizado en Alcorcón”.

Pero esta reprobación no sirvió para que David Pérez reflexionara, sino que su repuesta en las redes sociales fue enviar un mensaje despectivo en el que afirmaba que “a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas”. También amenazó con presentar sendas demandas contra el edil del grupo Ganar Alcorcón, Jesús Santos, y Arcópoli, por calificar sus actuaciones políticas como LGTBfobia, si bien no ha habido constancia de que tales demandas fueran finalmente presentadas.

Pero parece que la animadversión del regidor alcorconero contra Arcópoli no ha cesado. El colectivo de defensa de los derechos LGTB ha sido invitado para intervenir en el próximo pleno del Ayuntamiento, para que, desde su experiencia, hable sobre la realidad del colectivo LGTB y de las medidas antidiscriminatorias que deben ser aplicadas de urgencia en la localidad. Sin embargo, se ha sabido que la Junta de Portavoces, con mayoría del Partido Popular, pretendía relegar la intervención de Arcópoli al final del pleno, un puesto habitualmente dedicado a asuntos menores y siempre limitado por la falta de tiempo. Afortunadamente, la presión de los restantes grupos ha evitado la tropelía, y la alocución de Arcópoli no estará relegada al último lugar.

Cabe recordar que David Pérez no solo destaca por su animosidad contra el colectivo LGTB en su labor como alcalde de Alcorcón. También lo hace desde su escaño como diputado de la Comunidad de Madrid, donde fue uno de los dos únicos representantes en ausentarse del pleno en el que se aprobó la Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que fue respaldada por la unanimidad de todos los presentes.

Fuente Cadena SER, vía Dosmanzanas

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El Congreso pide al Gobierno español que tome la iniciativa en la ONU en favor de una Convención Internacional de Derechos LGTBI

Sábado, 24 de junio de 2017

ONU-GAYLa Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a propuesta del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha aprobado de forma casi unánime la propuesta de que España lidere una iniciativa en el marco de Naciones Unidas que dé lugar a una Convención Internacional de Defensa y Protección de los Derechos LGTBI en el mundo. Ojalá que el Gobierno tome nota y las buenas intenciones de los grupos políticos allí representados (incluido el PP) se transformen en hechos.

“Hoy hemos logrado algo inédito en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso: aprobar por 35 votos a favor y una sola abstención (del representante de Unión del Pueblo Navarro) nuestra proposición para adoptar en el marco de Naciones Unidas una Convención Internacional de Derechos LGBTI”, se felicitaba el grupo parlamentario de UP-ECP-EM, cuyo portavoz en la Comisión es Pablo Bustinduy, coordinador de la secretaría internacional de Podemos. Ello ha sido posible tras negociar con el resto de grupos la siguiente enmienda transaccional (reproducimos literalmente):

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

  1. Tomar la iniciativa a nivel internacional y promover, en el ámbito de las Naciones Unidas, la adopción de una “Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género” basada en los Principios de Yogyakarta de 2006 y que sirva para amparar y proteger al colectivo frente a las concretas discriminaciones y violaciones que sufren.
  2. Promover que la Unión Europea en sus relaciones exteriores, en particular con los países de nuestra vecindad y con aquellos países que disfrutan de un estatuto privilegiado en su relación con la Unión, adopte un papel mucho más activo e impulse medidas tendentes a hacer que se respete, que se protejan y se hagan efectivos los derechos de las personas LGBTI.
  3. Incluir, en coherencia con las prioridades de España en materia de derechos humanos, los derechos de la población LGBTI en sus relaciones bilaterales, en particular con aquellos países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
  4. Apoyar a las defensoras y defensores de los derechos del colectivo LGBTI frente a la persecución que sufren en muchos países en defensa de los derechos humanos.
  5. Defender y promover el apoyo internacional al nuevo y primer Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
  6. Reforzar el mandato del Embajador en Misión Especial para los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho para incidir más en la defensa y promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTI.

Los promotores de la iniciativa buscan ahora crear un grupo específico de trabajo y presionar al Ministerio de Asuntos Exteriores para que dé los pasos necesarios. “Nos ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios y del Gobierno para conseguirlo: queremos que este sea un empeño de Estado, que España dé un paso adelante en la escena internacional y que -liderando los trabajos de esta Convención- nos haga sentir orgullosos de nuestro país, poniéndose a la altura de nuestra sociedad”, han expresado.

El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género, recordemos,  es el tailandés Vitit Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, que fue nombrado hace solo unos meses para ese puesto. Un nombramiento que fue recibido con gran satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. Muntarbhorn, de hecho, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los mencionados Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

Una oportunidad de que España recupere protagonismo en materia LGTBI

La aprobación de esta propuesta casi por unanimidad es una muy buena noticia. Falta, sin embargo, que el Gobierno de España recoja el guante y aproveche la oportunidad para devolver a nuestro país a la primera línea en defensa de los derechos LGTBI, una posición que no fue fácil conseguir y que en los últimos años se ha debilitado debido a la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy y a la parálisis legislativa.

Un protagonismo internacional que España puede lograr, si hay voluntad, pero que debe acompañarse como mínimo de la aprobación del proyecto de ley por la igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI promovido desde el activismo y de una actualización de la legislación de identidad de género, propuesta que presentó el PSOE que acabe con cualquier rastro de patologización de las identidades trans de las leyes estatales. Iniciativas todas ellas para las que supuestamente hay mayoría suficiente en el Congreso y en las que, con independencia de la actitud que finalmente decida adoptar el PP, partidos favorables a los derechos LGTBI como el PSOE, Podemos o Ciudadanos deberían converger, más allá de las legítimas diferencias que mantienen en otros aspectos.

Fuente Dosmanzanas

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Ochocientas personas exigen la dimisión del delegado del Gobierno de Murcia, quien por su parte minimiza la agresión neonazi al Orgullo

Viernes, 23 de junio de 2017

sanchez-solismanifestacion-dimision-sanchez-solis-300x166Unas 800 personas se concentraron este martes frente a la Delegación del Gobierno en Murcia, convocadas por la plataforma Murcia Diversa por la Igualdad, para exigir la dimisión de su titular Antonio Sánchez-Solís tras los sucesos del pasado sábado durante la manifestación del Orgullo LGTBI de Murcia. Un grupo de neonazis, recordemos, invadieron el espacio destinado al Orgullo y agredieron a varias personas. Una agresión que por cierto Antonio Sánchez-Solís ha minimizado.

Lo recogimos el pasado fin de semana. La Delegación del Gobierno en Murcia había permitido la convocatoria de una concentración de la organización neonazi “Lo Nuestro” el mismo día y a las mismas horas en que Murcia celebraba pacíficamente su Orgullo, compartiendo además espacio frente al Ayuntamiento. Finalmente, a petición de esta institución, la Delegación del Gobierno accedía a trasladar la concentración neonazi al Parque de Fofó, al norte de Murcia, lejos de la manifestación del Orgullo. Ello no impidió a los violentos actuar. Fue alrededor de las 19:00 horas, cuando las últimas carrozas comenzaban el recorrido. Un grupo de unos treinta individuos volcaron las vallas que lo protegían e irrumpieron en el espacio dedicado al Orgullo, agrediendo, según diversos testimonios, a varias personas (eldiario.es recogió declaraciones de una de las agredidas).

De hecho, un vídeo difundido por La Verdad muestra como efectivamente se produjo una estampida de personas (el vídeo muestra después a los nazis siendo escoltados por la Policía, así como algunas imágenes de su concentración):

El colectivo No Te Prives, convocante de la manifestación del Orgullo, ha denunciado ya a la Fiscalía lo sucedido. También ha pedido que investigue la actuación del delegado del Gobierno, cuya dimisión, como ya adelantamos en nuestra anterior entrada, han solicitado PSOE, IU, Cambiemos Murcia y Podemos.

Pese a todo, el delegado del Gobierno asegura “no tener constancia” de que se produjeran agresiones a participantes en el Orgullo. Según asegura La Opinión, Antonio Sánchez-Solís solo reconoce una agresión a un fotógrafo de ese mismo diario y que “cinco o seis personas” increparon a la manifestación a su paso por la Gran Vía. Sánchez-Solís ha defendido el operativo policial y asegura que la actuación de la Delegación del Gobierno fue la adecuada.

Piden su dimisión

No es, desde luego, lo que parece a tenor de las informaciones y testimonios recogidos por los medios de comunicación. Y tampoco es lo que piensan las alrededor de ochocientas personas que, convocadas por Murcia Diversa por la Igualdad, se concentraban en la tarde del martes frente a la Delegación del Gobierno, en la Avenida Alfonso X el Sabio de Murcia, para luego marchar hacia el Ayuntamiento. “Hace dos días, unos intolerantes llenos de odio decidieron convertir una jornada festiva y reivindicativa como es el día del Orgullo LGTBIQ en altavoz de su intolerancia, con la connivencia del delegado del Gobierno y ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, más pendientes de incomodar a los asistentes al desfile que de garantizar su seguridad”, se leyó en el manifiesto. “No fue casualidad que el colectivo fascista Lo Nuestro eligiera el día del Orgullo para exhibir su mensaje, destinado a dificultar la convivencia y a generar odio y desigualdad. Eligieron el día del Orgullo para agredir, para amedrentar, para asustar y para imponer, y eso es algo que no vamos a tolerar”, proseguía.

No parece que ni Sánchez-Solís tenga intención de dimitir ni el Gobierno de cesarlo, por desgracia. Que en pleno 2017 y en España tengamos que asistir al espectáculo de un Orgullo LGTB saboteado por energúmenos de extrema derecha no parece preocupar lo más mínimo al Gobierno. Una actitud, desde luego, bien poco tranquilizadora.

Fuente Dosmanzanas

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El PSOE ratifica su rechazo a la gestación subrogada y los vientres de alquiler

Miércoles, 21 de junio de 2017

congreso_psoeJuventudes Socialistas y un sector LGTBI reclaman que el partido regule esta práctica por su “vertiente altruista”.

La mayor parte del feminismo y el propio Pedro Sánchez son contrarios a esta iniciativa.

La ponencia de política social del 39 Congreso del PSOE ha ratificado su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler y a la gestación subrogada, han informado fuentes socialistas.

A la espera de la redacción definitiva del texto, el congreso socialista asume la equiparación de los vientres de alquiler y de la maternidad subrogada, de modo que en el documento definitivo aparecerán ambas expresiones.

Y aparecerán ambas para dejar claro que el PSOE rechaza estas prácticas por cuanto “suponen una mercantilización de las mujeres”.

De este modo queda rechazada la enmienda presentada por Juventudes Socialistas. Ha sido descartada con 175 “noes” y 31 tan sólo “síes”.

Sale adelante, por tanto, la posición del documento programático de Pedro Sánchez, en el que se plasmaba ese rechazo a la “mercantilización” de las mujeres a través de la gestación subrogada y de los vientres de alquiler.

El texto del equipo de Sánchez que venció en las primarias establece, además, que el PSOE “no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de las mujeres, de las niñas”, ni “apuntalar la feminización de la pobreza”.

La diputada Ángeles Álvarez y la asociación “No somos más hijas“, contraria a la maternidad subrogada, habían pedido antes del debate y de la votación de este punto que no se aceptaran “soluciones intermedias”.

“La única solución es que si soy de izquierdas y soy feminista, nunca aceptaré un contrato por el que una parte renuncia a sus derechos”, había resumido la portavoz de la citada asociación, Alicia Miralles.

780x580-notasdeprensa-son-nuestros-hijos-2Por su parte, La Asociación Son Nuestros Hijos hace un llamamiento a los miembros del PSOE para que consideren la importancia de legislar en materia de Gestación Subrogada, y rechacen la propuesta encaminada a perseguirla, contemplada en el punto 418 de su Ponencia Marco, por considerar que vulnera los derechos de los niños y niñas españoles nacidos bajo esta técnica, y contribuye a la estigmatización de sus familias.

Las leyes han sido objeto de los ajustes demandados por el avance del tiempo, cuando la realidad ha hecho más que evidente su obsolescencia. Con mayor o menor resistencia, el ordenamiento jurídico ha ido adaptándose a los cambios de la sociedad, y es lo que la Asociación Son Nuestros Hijos (SNH) considera necesario en lo relativo a la Gestación Subrogada (GS). Es un hecho y la legislación española no debería seguir ignorándolo o perseguirlo. Todo lo contrario, regular en este sentido favorece que se dé en las mejores circunstancias para los padres intencionales, la gestante y el bebé.

En la antesala del 39 Congreso Federal del PSOE, Son Nuestros Hijos ha lanzado una petición a través de la plataforma Change.org con el fin de solicitar a este partido el rechazo a la propuesta contra la GS, contenida en el punto 418 de la Ponencia Marco y encaminada, según la Asociación, a perseguir a la GS y las familias creadas gracias a ella.

“De prosperar dicha iniciativa, tanto por el vocabulario empleado como por la finalidad que tiene, su efecto más inmediato será la criminalización de miles de niñas y niños nacidos mediante esta técnica, que son españoles de origen y deben tener los mismos derechos que otros niños españoles”, señala la petición que ha iniciado Pedro Fuentes, presidente de la Asociación Son Nuestros Hijos, y que ha reunido más 12.000 firmas en 72 horas.

Desde hace cuatro años Son Nuestros Hijos busca el acceso al Registro Civil de los hijos de españoles nacidos en el extranjero mediante GS, y el cese de la discriminación que sufren las familias que recurren a esta técnica, a las que se les deniegan prestaciones sociales, como la de maternidad, entre otras.

Desde que Reino Unido la reguló, hace más de tres décadas, países de todo el mundo han ido modificando sus legislaciones buscando extender derechos. Holanda, Sudáfrica, Bélgica, Israel, Australia, Brasil, Nueva Zelanda, Grecia, Portugal… han legislado para permitir una GS libre y voluntaria. El Gobierno irlandés ha anunciado que ofrecerá en unas semanas su propia ley sobre GS; el Parlamento sueco ha presentado ya seis mociones para pedir a su Gobierno que regule; Islandia debate su borrador de ley; en Noruega los partidos políticos se posicionan a favor de legislar. Asimismo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice que hay que inscribir a los menores nacidos por GS.

De cara a este escenario, Fuentes señala que “oponerse a ella en España, con las leyes españolas, tan garantistas, y hacerlo en base a lo que se conoce de países donde no se respetan los derechos humanos o donde no hay legislación sobre GS, tiene el mismo sentido que oponerse a los trasplantes en España porque haya países donde se trafique con órganos”.

Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas sentencias concluyendo que, sin importar la regulación del estado de origen de los padres intencionales, las familias formadas por gestación subrogada en países donde esta técnica está regulada han de ser reconocidas y respetadas.

En la actualidad, los menores nacidos bajo esta técnica enfrentan un limbo jurídico que les niega los beneficios a los que tienen derecho como españoles. En la opinión de Pedro Fuentes, el Partido Socialista Obrero Español no puede pasar de ser un partido de libertades a ser un partido que criminalice a menores. “El respeto a todos los modelos de construcción familiar reconocidos por la legislación, nacional o internacional, debe ser algo consustancial al respeto a los derechos humanos. Máxime cuando desde las más altas instancias judiciales, españolas y europeas, se reconocen los derechos de niñas, niños y familias. Y por supuesto de las gestantes, mujeres empoderadas que, bajo legislaciones correctas, ejercen su derecho a decidir”.

Consciente de que puede haber mafias o redes que busquen lucrarse y explotar a mujeres en situación de vulnerabilidad, el presidente de SNH es categórico al señalar que es en la falta de ley, en la prohibición, en la marginalidad, donde medra la explotación. Y adicionalmente subraya que la mujer española tiene derecho a decidir. “¿Por qué la mujer canadiense puede elegir, libre y voluntariamente, si quiere ayudar a alguien a tener un hijo y la mujer española encuentra vetada esa posibilidad? ¿Acaso es menos inteligente, menos humana, menos mujer?”.

A través de la plataforma Change.org Son Nuestros Hijos solicita a las delegadas y delegados del 39 Congreso Federal que reflexionen sobre lo que implica para los menores su decisión respecto a la GS y que recuerden la Resolución del Parlamento europeo, del 5 de julio de 2016, en la que se pide revisar las políticas restrictivas sobre subrogación, por ser estas restricciones causa de subrogación forzada en otros países.

Más allá de la necesidad de priorizar el interés superior del niño, SNH defiende un modelo de Gestación Subrogada vigente en sociedades equiparables a la española, como puede ser el caso de Canadá o Reino Unido, que exige que la gestante se encuentre en una situación socio-económica estable, que dé su consentimiento de forma libre y voluntaria, estando debidamente informada de las distintas implicaciones médicas y jurídicas, sociales y éticas. La regulación en tal sentido permitiría a todo aquel que lo desee, acceder a la maternidad o paternidad mediante esta técnica de reproducción asistida, y no sólo aquellos que pueden permitirse acudir al extranjero.

“Los españoles recurrimos a la gestación subrogada en el extranjero por las inseguridades jurídicas que existen si se hace el proceso en España. Nuestro país ni garantiza derechos a la mujer gestante, ni a los menores, ni a los padres intencionales. Si se asume esta inseguridad, se puede realizar (de hecho, se realiza), el proceso en España. No hay modo de prohibir la Gestación Subrogada ni en España, ni en el mundo, salvo que se pretenda ignorar la filiación biológica de los menores. Esta filiación es reconocida sólo al varón, por tanto la prohibición sólo impedirá el acceso a la GS a mujeres solas, en parejas lesbianas y a las parejas heterosexuales que precisen donación de semen” –aclara Fuentes.

Fuente Agencias/Son Nuestros Hijos

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