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El alcalde de Alcorcón rechaza colaborar con colectivo LGTB

Martes, 29 de noviembre de 2016

alcalde-alcorcon-1026x520El grupo municipal popular vuelve a negarse a aprobar una propuesta para la igualdad del colectivo LGTB en la ciudad y el alcalde David Pérez exhibe, sin datos, que no hay agresiones en Alcorcón.

 El martes 22 de noviembre, el grupo municipal socialista de Alcorcón llevó a pleno una iniciativa para la firma de un convenio entre el Consistorio y la asociación Arcópoli para adherirse al Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia; PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e IUCM- La Izquierda votaron a favor. Desgraciadamente el grupo municipal popular no quiso sumarse y se abstuvieron.

Desde Arcópoli contemplamos con abatimiento como el grupo liderado por el alcalde David Pérez reitera no querer trabajar en ningún caso con los colectivos LGTB para poder construir un Alcorcón inclusivo, plural y abierto a toda la ciudadanía. Desde Arcópoli hemos solicitado al grupo municipal popular en numerosas ocasiones una reunión para tratar la igualdad y nunca hemos recibido contestación.

Esta vez el alcalde ha ido más allá poniendo en cuestión la labor de Arcópoli, afirmando que desde instancias superiores no tiene aval de nuestro trabajo. Le recomendamos que hable con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el que Arcópoli colabora desde hace años, con los Ayuntamientos populares de Alcobendas o Parla o con la propia Universidad Rey Juan Carlos, cuya sede está en Alcorcón y con quienes acabamos de firmar un convenio muy similar al que nos gustaría establecer con Alcorcón. Pero, sobre todo, pedimos al alcalde que nos conceda una reunión para que conozca nuestro trabajo y nuestros objetivos, que no son otros que construir un Alcorcón más igualitario.

El alcalde no revela de dónde saca el dato de que en Alcorcón no hay agresiones al colectivo LGTB. Suponemos que utiliza nuestro informe hasta junio a pesar de que pone en duda nuestra acción y nuestra trayectoria. Nos preocupa que, estando el colegio Juan Pablo II en su término municipal, no haya mostrado sensibilidad por la situación del estudiantado LGTB que acude a ese centro educativo y recibe mensajes adoctrinadores tan homófobos.

Fuente Cáscara Amarga

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El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz nombró comisario “honorífico” a un juez del Constitucional que rechazó el matrimonio igualitario con argumentos ultraconservadores

Jueves, 17 de noviembre de 2016

ministro-interior-homofobia-marceloY se habló de nombrarlo embajador en El vaticano aunque parece que allí dijeron que “nones”… Y el PSOE le ha dado un buen bofetón vetándole para que presida cualquier comisión.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los políticos del Partido Popular que con más ahínco se han opuesto al avance de los derechos LGTB en España, nombró comisarios de honor del Cuerpo Nacional de Policía a siete personas que nada tienen que ver con este cuerpo polícial. Una de ellas ya era conocida: el director del diario La Razón Francisco Marhuenda, afín al PP. Estos días hemos sabido además que otro de los “merecedores” de este premio político fue Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que se opuso al fallo que en 2012 consideró constitucional el matrimonio igualitario y que utilizó en su voto particular buena parte de los argumentos que suelen utilizar los ultraconservadores en esta materia.

Ramón Rodríguez Arribas fue, de hecho, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España entre 2011 y 2013, formando por entonces parte de la mayoría conservadora que desde hace años domina el alto tribunal. Su intervención posiblemente más destacada en aquellos años consistió en la de ser uno de los tres magistrados que se opusieron al que el matrimonio igualitario fuese considerado constitucional. Rodríguez Arribas era partidario de aceptar el recurso que en su momento fue planteado por el PP, y emitió de hecho un voto particular discrepante plagado de “perlas”. Aseguró, por ejemplo, que la interpretación que la mayoría de sus compañeros hacían de la institución matrimonial era “un tanto enrevesada y poco eufónica” y realizaba “una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino. “Con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu”, añadía.

“En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir”, argumentaba con una lógica bastante difícil de comprender. “Y no se diga – que se dice– que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva, añadía.

Rodríguez Arribas también exponía sus reservas sobre el hecho de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar (recordemos que ese constituía el supuesto cuarto motivo de inconstituiconalidad que el PP argumentaba) al argumentar que “si nada puede oponerse a que una persona homosexual, sea hombre o mujer, pueda adoptar individualmente a un menor, la cuestión está en que desde el punto de vista del niño, que es lo único importante, no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o sólo un padre o sólo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre”. Una argumentación más propia de la barra de un bar que de una sentencia legal.

Tres comisarios honoríficos “secretos

Según cuenta eldiario.es, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha conseguido que se revele la identidad de cuatro de los siete comisarios “honorarios” nombrados por Fernández Díaz. Además de Marhuenda y Rodríguez Arribas, lo son el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Pero quedan tres personas a las que el Ministerio se niega a identificar (uno de ellos, según aseguraba en junio El Plural, podría ser el confesor del ministro, el sacerdote Silverio Nieto)

Fernández Díaz, ¿presidente de la Comisión de Exteriores?

La salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz ha sido una excelente noticia en clave LGTB. Se trata, recordemos, de uno de los políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en una entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas).

Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB, y más recientemente adjudicaba la formación de los futuros policías nacionales a una universidad de ideario católico.

Mariano Rajoy, en cualquier caso, pretende asegurarle a su exministro un “retiro dorado” como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Una decisión que muestra la supuesta comodidad absoluta con la que el PP se mueve en esta cámara, pese a no disponer de mayoría absoluta, y para la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, necesitaba también la abstención de alguno o del resto de partidos, pero el PSOE ha vetado que presida cualquier comisión y los populares aseguran que abren un “periodo de reflexión”.

Fuente Dosmanzanas

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La “Plataforma por las libertades” pide a la Defensora del Pueblo que recurra la ley LGTB de Madrid

Lunes, 14 de noviembre de 2016

soledad-becerril.-hagan-ustedes-el-favor_detalle_articuloSoledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

Ahora que se cumplen cuatro años del fallo del Tribunal Constitucional desestimando el recurso del Partido Popular contra el matrimonio igualitario, nos encontramos con que un centenar de organizaciones de corte ultraconservador, de esas que dicen defender a la familia,   han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que utilice su capacidad legal para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad de las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio, incluyendo al Partido Popular de Cristina Cifuentes. Detrás de varias de estas organizaciones se esconden, curiosamente, diversas figuras del sector más extremista del PP, entre ellos uno de los dos diputados del grupo popular en la Asamblea de Madrid que aquel día se ausentaron del pleno para no votar la ley. Por cierto, entre los miembros de dichas asociaciones están antiguos miembros del Partido Popular como como Jaime Mayor Oreja y ex diputados y senadores como Lourdes Méndez, Javier Puente, Ángel Pintado y Gari Durán

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Colectivos LGTB+ de Castilla y León acuerdan un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género

Jueves, 3 de noviembre de 2016

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xOrganizaciones LGTB de Castilla y León han elaborado un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que tienen previsto presentar a la Junta de Castilla y León para su tramitación. La propuesta está inspirada en la ley que en marzo de 2015 fue aprobada en la vecina Extremadura, con la mirada puesta en lo que allí sucedió: aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos en una cámara en la que el también gobernaba el Partido Popular.

Hay que tener en cuenta que tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo. Parece que el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley de este tipo.

Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo. El texto, como mencionamos antes, adopta como modelo la Ley de Igualdad Social de Extremadura, promovida en su momento por el gobierno de José Antonio Monago y que aborda también en su articulado la realidad de las personas transexuales. No obstante, incluye mejoras que han sido tomadas de leyes aprobadas más recientemente en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Recordemos que en las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés.

“Este borrador, este texto valiente, es un paso adelante más hacia conseguir la Ley de Igualdad Social LGTB+ que llevamos pidiendo en la calle varios años. Y ya estamos cerca de lograrlo”, ha señalado Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, ha declarado por su parte Pepa Tascón, su vicepresidenta.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso insta a actualizar la ley de identidad de género a propuesta de Ciudadanos y con la abstención del PP

Viernes, 28 de octubre de 2016

78527749001_5019473835001_5019476894001-vsLa Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que ha preferido abstenerse, una proposición no de ley que insta al gobierno a modificar la legislación que regula la rectificación del sexo registral de las personas trans y adecuarla al principio de autodeterminación de género. La proposición, presentada por Ciudadanos y que ha recibido aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pide eliminar el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo, así como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

La proposición no de ley, tal y como figura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11 de octubre, y tras la correspondiente exposición de motivos, decía así:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de las personas transexuales menores de edad, atendiendo a su interés superior, independientemente de su edad y sin necesidad de someterse a tratamientos médicos obligatorios y a un previo diagnóstico de salud mental.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se elimine el límite de edad establecido para poder solicitar la rectificación de la mención registral del sexo.

b. Eliminar la obligatoriedad de recibir tratamiento médico para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado como requisito para acordar la rectificación.

Una redacción que era bien recibida por los colectivos trans, que aun así la consideraban mejorable. Es el caso de la Plataforma por los Derechos Trans, que en una nota de prensa hecha pública antes de su aprobación pedía que se modificase el apartado 4.b, para el que proponía la siguiente redacción: “Eliminar la obligatoriedad del informe médico y todos los requisitos mencionados en el artículo 4 de la mencionada Ley”.

Finalmente, y según nos han confirmado desde la propia plataforma, la solicitud de modificación era atendida y tramitada mediante enmienda transaccional acordada entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Así ha quedado el texto definitivo:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de los menores.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se permita la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

b. Eliminar la obligatoriedad de los requisitos mencionados en el artículo 4.

5. Permita el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia de los migrantes trans.

En definitiva, una proposición muy positiva, que esperamos sea atendida. En la actual coyuntura política española, conviene precisarlo, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo no dispone de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que si las fuerzas que ayer aprobaron esta proposición se ponen de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado.

Ahora bien,  y como en estos últimos días muchos analistas han destacado al hilo de una supuesta “capacidad del Congreso” para legislar en contra del Gobierno, este debe dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso, en el que a priori parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Ley integral de transexualidad a nivel estatal

Desde la Plataforma por los Derechos Trans, en cualquier caso, no dejan de insistir en que la aprobación de una reforma de este tipo no invalida la más que necesaria aprobación de una ley integral de transexualidad a nivel estatal. “Es una medida urgente que esperamos que el gobierno asuma y entienda, aunque desde esta federación de entidades trans pedimos de nuevo no meter en el cajón del olvido la propuesta  de una ley trans estatal, que esta federación puso en la mesa de todos los partidos políticos, para poner fin a las desigualdades que se dan de unas comunidades con respecto a otras”, ha declarado a este respecto su presidenta, Mar Cambrollé.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento andaluz aprueba tramitar dos propuestas de ley contra la LGTBIfobia: una de Podemos, y otra del PSOE

Martes, 11 de octubre de 2016

noticias_file_foto1_765153_1397130656El Pleno del Parlamento de Andalucía aceptó el pasado miércoles la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una presentada por Podemos y otra por el PSOE, contra la LGTBIfobia y la no discriminación de las personas LGTB. La toma en consideración del texto de Podemos, más ambicioso, recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas. La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, grupo que espera que se pueda llegar a un acuerdo y confluir en un único texto. Ambas proposiciones deberán ahora ser trabajadas en comisión. Esperamos que ahora todos los grupos políticos sean capaces de dejar atrás sus rencillas y consigan, en efecto, aprobar la mejor ley.

¿Cuál es la causa de que se hayan presentando dos proposiciones? Podemos ha optado por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo de la formación con varios colectivos LGTB andaluces. Ello ha dado lugar a un texto especialmente ambicioso, que incluye por ejemplo dar preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que va en la línea de respetar el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE está en desacuerdo.

No es algo nuevo, por cierto: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE andaluz, que en aquel momento gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar en más detalles y simplemente remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añadía de hecho el texto de aquella ley. Una solución un tanto ambigua que el texto presentado ahora por Podemos clarifica.

El PSOE, por su parte, ha preferido elaborar un proyecto alternativo al del Podemos, que ha presentado posteriormente. La propuesta socialista, en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans, remite simplemente a la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

No se trata, de todas formas, de único punto de discrepancia. Las hay, e importantes, a nivel laboral. El texto presentado por Podemos recoge una reserva de cuota de empleo público específica para personas transexuales. E incorpora el principio de inversión de la carga de la prueba: en casos de discriminación por LGTBIfobia, será el infractor el que deberá demostrar que no ha cometido la infracción.

Rivalidades políticas de fondo

PSOE y Podemos bien podrían haber intentado llegar a un acuerdo previo, pero lo que resulta en cualquier caso poco comprensible es la actitud de los socialistas, oponiéndose incluso a que el texto de Podemos fuese tomado en consideración. Una opinión extendida es que PSOE andaluz no ha querido que Podemos “se apuntase un tanto” ante el colectivo LGTB. En este sentido, resulta llamativo que tanto Ciudadanos como el PP hayan apoyado la toma en consideración de ambas propuestas, y que incluso la portavoz popular, Esperanza Oña, haya reconocido expresamente que el texto de Podemos es “más avanzado”. IULV-CA, por su parte, apoya el texto de Podemos.

Cabe destacar, de hecho, que el apoyo del PP a la toma en consideración de la propuesta de Podemos ha levantado ampollas en círculos conservadores. Buen ejemplo es el artículo publicado en ABC por Antonio Burgos, uno de los más ilustres representantes de la carcundia, que utilizando su habitual lenguaje faltón reprocha al PP que apoye “algo que les encanta a los votantes del PP (¡tararí!): una ley para que los menores puedan cambiar de sexo sin permiso de los padres y para que en el funcionariado reserven plazas para homosexuales y transexuales. Como ven, grandes preocupaciones que traen sin sueño a los votantes del PP”.

Un argumento de fondo, por cierto, que Burgos comparte con la diputada socialista en el Parlamento de Andalucía Soledad Pérez, encargada de defender la propuesta de su grupo el pasado miércoles. “Y, señora Oña, y señores y señoras del Partido Popular, ¿es menos o más ambicioso, que sin permiso paterno y sin pedirle ni opinión a los médicos, un menor de edad, transexual, se pueda hormonar solo? ¿Eso es más progresista o no? Eso es lo que dice la iniciativa del Grupo Podemos. ¿Eso es progresista, eso es avanzado…?”., le espetó la socialista a la diputada popular, después de que esta anunciase su apoyo a la toma en consideración de la proposición de Podemos.

Mar Cambrollé pide al PSOE que “deje de utilizar a los menores transexuales”

Todo apunta a que el tema de los menores transexuales seguirá dando que hablar. La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, ha solicitado de hecho al PSOE y al Gobierno andaluz “el cese de la campaña iniciada por este partido contra la ley contra la LGTBIfobia redactada por los colectivos” y en concreto ha pedido a Mario Jiménez, portavoz socialista en el Parlamento andaluz (por cierto, uno de los miembros de la gestora que actualmente gobierna al PSOE tras la caída de Pedro Sánchez) “la rectificación inmediata” de unas declaraciones en las que el socialista precisamente pedía al PP que pensase “si es coherente con su trayecto y pensamiento político aprobar una norma que permite que los menores, por su cuenta y riesgo, sin consentimiento paterno, puedan iniciar un procedimiento de reasignación de sexo” (cabe precisar, en este punto, que el procedimiento en discusión no es la cirugía de reasignación, sino un tratamiento médico que permite al menor que tras la pubertad su desarrollo corporal no se produzca en sentido opuesto a su identidad de género y que es reversible).

El político socialista, de hecho, cargaba en esas mismas declaraciones contra el hecho de que “la administración tenga que reservar plazas para transexuales en las convocatorias públicas”, algo que en su opinión “no es coherente ni razonable y que rompe la igualdad de oportunidades”, e incluso contra el principio de inversión de la carga de la prueba, algo que no se acaba de entender cuando ese mismo principio ha sido incorporado ya en diversas leyes autonómicas contra la LGTBfobia que han contando con el respaldo del PSOE o que incluso han sido promovidas directamente por este partido…

Y ahora otras organizaciones critican a Cambrollé

Para acabar de embrollar aún más el asunto, este viernes varias organizaciones (Junt@s tod@s por la igualdad, Glaidis, Fraternidad Apostólica de María, Adriano Antinoo, DeFrente y Andalucía Diversidad) hacían público un comunicado en el que “lamentan” el protagonismo de Mar Cambrollé y piden directamente a Podemos que elimine de su proposición de ley los aspectos que ya se abordan en la ley andaluza de transexualidad. “Ni Cambrollé ni su supuesta asociación son representantes de las personas LGTBI en Andalucía. No compartimos en absoluto las manifestaciones de Mar Cambrollé, quién se arroga una representatividad que no tiene, ya que no representa, ni mucho menos, al conjunto de entidades que se ven afectadas por el contenido de estas iniciativas legislativas”, expresa el comunicado, que llega incluso a considerar que Cambrollé “no está legitimada para ser portavoz del colectivo transexual desde el mismo momento en que fue expulsada de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por unanimidad de los representantes del área trans de esta federación”.

Para estos colectivos, es más adecuado “encauzar las reivindicaciones en materia de transexualidad en la evaluación de la ley integral aprobada en Andalucía” y muestran su rechazo a que “se inicie la tramitación de dos leyes en el Parlamento de Andalucía, porque esto generaría un bloqueo, un retraso en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”. “Creemos que este tema no puede esperar y ante el análisis de las dos iniciativas consideramos que el texto del Grupo Socialista es el mejor punto de partida posible porque incorpora todas las sensibilidades y permitiría un acuerdo unánime de la Cámara andaluza”, añade el texto.

Mar Cambrollé, por su parte, ha expresado a dosmanzanas su indignación por unas acusaciones que directamente considera calumniosas hacia su persona. La presidenta de ATA insiste, en primer lugar, en que en ella habla en nombre de su asociación. Y respecto a su salida del área trans de la FELGTB, Cambrollé asegura que fue ella la que en su momento presentó la dimisión por propia voluntad, por lo que es “absolutamente falso” que fuera expulsada. Cambrollé señala, de hecho, que está estudiando emprender acciones legales para defender su honor e imagen.

Chrysallis Andalucía, a favor de la propuesta de Podemos

También la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis Andalucía ha terciado en la polémica, rechazado “el uso demagógico en la batalla política que se ha hecho del articulado de la proposición de ley presentada por Podemos en el Parlamento autonómico para garantizar los derechos de las personas LGTBI”. Chrysallis asegura en un comunicado que las afirmaciones de que esta permite que los menores inicien un procedimiento de reasignación de sexo sin consentimiento paterno simplemente “no se ajusta a la realidad”.

Chrysallis insiste en que a lo que se refiere el texto es a los “tratamientos hormonales, bloqueadores del inicio de la pubertad y cruzados, no a ninguna cirugía de ‘reasignación’ o reconstrucción genital, ‘como insidiosamente se ha pretendido hacer ver’”. Tratamiento que “para los y las adolescentes trans es esencial para su bienestar emocional, de modo que negárselo es tanto como abocarles al suicidio. Por ello todas las leyes autonómicas que han regulado en las últimas fechas esta materia recogen expresamente el derecho de los menores trans a recibir ese tratamiento hormonal; leyes en la mayoría de los casos aprobadas por unanimidad en sus respectivos parlamentos, porque en esta materia no debería haber intereses partidistas”.

Es por eso, según Chrysallis, que para proteger el interés del menor y dar cobertura a los profesionales sanitarios “que se encuentran impotentes antes la negativa injustificada de algunos padres, consideramos muy acertada la previsión contenida en la Proposición presentada por Podemos y cuya toma en consideración ha contado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del socialista”. “Instamos a todos los grupos parlamentarios a que den prioridad al interés superior de estos menores trans que no cuentan con el apoyo de alguno de sus progenitores, y que están siendo objeto de arma arrojadiza en una batalla política que no debería haber llegado a producirse”, añade el comunicado.

Confiemos en que se imponga el sentido común

El PSOE tiene en su haber una larga trayectoria de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTB, eso es indiscutible. Pero eso no debería suponer un cheque en blanco para que se arrogue en exclusiva una causa que no pertenece a ningún partido. En este sentido, no podemos sino calificar las mencionadas palabras de Soledad Pérez durante el pleno del miércoles, o las declaraciones de Mario Jiménez (anteriores a la votación), como muy poco afortunadas. Resulta especialmente difícil de entender que el portavoz socialista pareciese en ellas más preocupado de descalificar la propuesta de Podemos o de que el PP se saltase “sus propios principios y lo que viene defendiendo desde hace mucho tiempo [sic] que de defender las bondades de la propuesta del PSOE.

Es legítimamente discutible si esta ley debe entrar o no de lleno en la realidad sanitaria de los menores trans o ese capítulo debería reservarse para las discusiones sobre el desarrollo de la ley trans. Pero la descalificación de fondo que han hecho los portavoces socialistas del derecho de los menores trans a su autodeterminación de género, y sobre todo los términos en los que la hacen, es absolutamente reprochable.

Ojalá el PSOE sea capaz de reconducir la situación y en lugar de entrar en una absurda pelea para ver quien “se pone la medalla” sea capaz de confluir con la propuesta de Podemos y dar lugar al mejor texto posible. Y que las asociaciones LGTB andaluzas, libres de intromisiones de partidos y gobiernos, personalismos y luchas cainitas, remen también en ese sentido. Por el bien de todo el colectivo.

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Para todos los que queráis conocer las posturas de los grupos políticos sin intermediarios, en este enlace podéis acceder a la transcripción literal del debate que tuvo lugar el día 5 en el pleno del Parlamento andaluz (Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, páginas 6 a 32 del PDF).

Para los que queraís consultar las dos propuestas legislativas que están sobre la mesa, aquí tenéis el texto presentado por Podemos (páginas 8 a 38 del PDF), publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 5 de agosto, mientras que aquí podéis consultar el presentado posteriormente por el PSOE (páginas 3 a 32 del PDF), publicado en ese mismo Boletín el 20 de septiembre.

Fuente Dosmanzanas

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FECyLGTB+ considera la Universidad Católica de Ávila no puede formar en delitos de odio a los policías

Viernes, 7 de octubre de 2016

fecylgtb-logoLa formación contra delitos de odio es fundamental para garantizar la seguridad de las minorías.

La máxima autoridad de la Universidad Católica de Ávila es Jesús García Burillo, que considera que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad.

FECyLGTB+ pide a la Junta de Castilla y León que apoye a su Universidad Pública de Salamanca, como garantía de calidad e imparcialidad científica en la docencia.

 La FECyLGTB+, Federacion Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, considera preocupante para la protección de las minorias que una Universidad católica asuma la docencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de los funcionarios que nos protegen a todas y todos. Una institucion con una ideología religiosa determinada, contraria a la igualdad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más, no puede impartir una docencia de calidad, imparcial y científica, que garantice la formación que necesitan los policias para identificar, comprender y proteger a las minorías frente a los delitos de odio.

Queremos recordar que la Universidad Católica de Ávila está encabezada jerarquicamente por el Obispo de Ávila, que considera la homosexualidad como menos legítima que la heterosexualidad llegando a afirmar estar alarmado de que con la aprobación del matrimonio igualitario “la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”. A juicio de FECyLGTB+, una institución encabezada jerarquicamente por alguien que afirma que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, dificilmente podrá impartir la formación necesaria para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de delitos de odio, como recoge el Protocolo de Actuacion para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de Odio y Conductas que Vulneran las Normas Legales sobre Discriminación , aprobado por el ministerio del interior.

Queremos recordar que en los dos últimos años, el numero de delitos de odio, especialmente las agresiones a la diversidad sexual, no han hecho más que aumentar en España. Es necesario mejorar la implementación del protocolo y promover nuevas medidas contra las agresiones a la diversidad sexual, pero esta concesión a una Universidad con una ideología que no respeta dicha diversidad nos genera, como colectivo, gran inquietud, pues tememos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lejos de avanzar para protegernos de los delitos de odio, sean formados en la creencia de que la homosexualidad no es tan legitima como la heterosexualidad, con las consecuencias que ello puede tener para nuestra seguridad.

Para Ignacio Paredero, Presidente de FECyLGTB+ “Una Universidad Católica no puede formar a la policía que nos protege a todos, incluso a los que dicha iglesia considera ilegítimos. Como colectivo LGTB+, que los policías que nos protegen reciban formación de una Universidad encabezada por quien nos considera ilegítimos, sencillamente, nos da miedo”.

Pepa Tascón, vicepresidenta de FECyLGTB+ ha afirmado que “España ya no es que sea aconfesional, es que es multicultural y está poblada por habitantes de diferentes religiones y creencias. Confiamos en que se inste a la Junta de Castilla y León a que la formación de nuestra Policía, la de todos, vuelva a la Universidad pública, neutral y aconfesional”.

Fuente FECyLGTB+

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El Ministerio del Interior adjudica la formación de los futuros policías nacionales a la Universidad Católica de Ávila

Miércoles, 5 de octubre de 2016

ministro-interior-homofobia-marceloEl Ministerio del Interior, en manos del ultraconservador Jorge Fernández Díaz, ha adjudicado el concurso de formación de la Escuela Nacional de Policía, el lugar en el que se forman como agentes de la Policía Nacional aquellas personas que han aprobado la correspondiente oposición, a la Universidad Católica de Ávila, un centro de ideario católico, en lugar de a la Universidad de Salamanca, que ejercía hasta ahora esa función. Una noticia altamente preocupante, también en clave LGTB.

La Universidad Católica de Ávila, según se define ella misma“fue erigida por Decreto del Obispo de Ávila el 24 de agosto de 1996. Es una universidad de la Iglesia católica en España, canónicamente instituida a tenor del Artículo 3.1 de la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae del 15 de agosto de 1990; y civilmente amparada por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979”.

Su “gran canciller” (cúspide de su organigrama de gobierno) es el obispo de Ávila, Jesús García Burillo. Un personaje, no está de más recordar, que criticó duramente al Tribunal Constitucional por su sentencia favorable a la ley que hizo posible en España el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un escrito dirigido a los fieles, García Burillo calificó al 6 de nvoiembre de 2012, fecha elegida por el alto tribunal para hacer pública la sentencia, como “dies amara valde” (“día de gran amargura”, en latín). Según el gran canciller de la Universidad Católica de Salamanca, ese día “se asestó un golpe letal a la institución familiar en España y se puso en peligro la educación afectiva de nuestros jóvenes”. García Burillo también aseguró que con dicha sentencia el Estado español se otorgaba “un papel totalitario” [sic]. “Pero más grave aún, y lo que hiere el alma de los educadores de jóvenes, es que con esta medida la homosexualidad se presenta como una opción tan legítima como la heterosexual”, añadía en otro momento de la carta…

La “ideología de género”, equiparable al Estado Islámico

No es esta, de hecho, la primera vez que hacemos mención a la Universidad Católica de Ávila en esta página en el curso de pocos meses. El pasado mayo hacíamos referencia a una conferencia organizada por dicha institución, titulada “Teoría de género: sus repercusiones”, en la que el cardenal africano Robert Sarah, sucesor de Antonio Cañizares como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, equiparaba la “ideología de género” con el Estado Islámico (como por otra parte ya había hecho meses antes).

En la ciudad castellana, Sarah afirmó que “se ve claramente que hay un plan para destruir la familia y el matrimonio”, lo que supone “destruir la humanidad”. En este contexto, Según Sarah existen “dos fuerzas diabólicas: el ISIS o Estado Islámico y la teoría del género“. El Estado Islámico trata “a la mujer como una mercancía, una esclava“, y la teoría del género “niega la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino”En aquel acto estuvo, acompañando a Sarah, la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez.

Malestar en la Universidad de Salamanca, protesta de PSOE y Podemos

La elección de la Universidad Católica de Ávila se ha justificado en el hecho de que este centro ha rebajado a la mitad el presupuesto de licitación, de 200.000 euros. Algo que ha causado malestar en la Universidad de Salamanca, cuyo rector, Daniel Hernández, se ha mostrado “dolido”, argumentando que una cuestión así no debe dirimirse solo por criterios economicistas. Los servicios jurídicos de la Universidad salmantina, de hecho, van a estudiar si la Universidad Católica de Ávila cumple los requisitos de profesorado exigidos. Se da la circunstancia además de que su profesorado, que tenía previsto seguir impartiendo la docencia a los futuros policías, había elaborado ya el programa para este curso.

250px-escuela_nacional_policia_espanaEn el plano político, tanto PSOE como Podemos han expresado su condena por la decisión y han pedido explicaciones. Para el PSOE, debe ser siempre una universidad pública la que se encargue de la formación universitaria de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los socialistas han anunciado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso como en las Cortes de Castilla y León oponiéndose a esta medida (la Universidad de Salamanca, no lo olvidemos, es un centro público dependiente de la Junta de Castilla y León). El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León, por su parte, ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación de dicha comunidad, Fernando Rey, para que explique la posición de la Junta ante la decisión de Interior, y ha anunciado que su grupo registrará una Proposición No de Ley en la que reclamará a la Junta que inste al Gobierno de España a “evitar este atropello”.

Profundo desasosiego

Nuestra opinión como ciudadanos LGTB es clara: estamos ante una noticia muy grave. Saber que la formación jurídica (entre otras materias) de los futuros policías está en manos de una institución cuya máxima autoridad asegura que el Estado español se otorga “un papel totalitario” por aprobar una legislación que nos concede los mismos derechos nos produce un profundo desasosiego. Por muchas iniciativas de formación que luego se desarrollen para sensibilizar a aquellos para la LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas
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Obispos sin “olor a oveja” pueden destruir todo el rebaño

Lunes, 19 de septiembre de 2016

l71ycJuan Cejudo, miembro de MOCEOP y de Comunidades Cristianas Populares,
Cádiz.

ECLESALIA, 16/09/16.- Estos últimos meses estamos escuchando atónitos las declaraciones de un grupo significativo de obispos en una línea muy lejana a la que se esfuerza por marcar el papa Francisco.

Declaraciones contra la igualdad de género o la libertad sexual y actuaciones absolutamente dictatoriales contra algunos sacerdotes que no son de su línea, sin el menor sentido pastoral ni de respeto a las personas, están provocando en no pocos sectores cristianos y de la sociedad civil, verdadero asombro e indignación.

Así:

Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba ha dicho recientemente que “la igualdad de género es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina que profesan y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”.

También dijo que «la Unesco tiene programado para los próximos veinte años que la mitad de la población sea homosexual». Criticaba así la supuesta implantación a través de diversos programas educativos promovidos por el organismo de la ONU de una ideología de género que permitiría a las personas elegir su sexo sin tener en cuenta la realidad biológica y que la fecundación artificial es un “aquelarre químico de laboratorio” o que “la ideología de género destroza la familia”.

Fernández se refirió sobre el anuncio papal sobre la nulidad del matrimonio afirmando que “nadie puede deshacer -ni siquiera el Papa- lo que Dios ha unido por voluntad de los esposos en el sacramento del matrimonio”, intentando ser más papista que el papa y mostrando muy poca consideración y respeto hacia los esfuerzos del papa Francisco por implantar reformas muy necesarias en la Iglesia.

Es muy significativo que los partidos con mayor representatividad en el Ayuntamiento de Córdoba, PP, PSOE, IU y Ganemos, hayan condenado unánimemente las últimas declaraciones de este obispo.

Joaquín María López de Andújar, Obispo de Getafe destituye con nocturnidad y alevosía al párroco Francisco Javier Sánchez, aprovechando que éste estaba de vacaciones.

Es significativa la Campaña en Change org contra el obispo. El propio Consejo de pastoral, disconforme, recoge en 120 folios 3.600 firmas contra su decisión

¿Por qué este cese? “Javi no es un cura al uso, no viste de sotana ni usa el lenguaje eclesial ni tampoco impone reglas estrictas, ni ordena ni chilla, aunque sí puedes contar con su ayuda seas quien seas, hagas lo que hagas y pienses lo que pienses. Todo el mundo le conoce cuando pasea por el barrio, y, lo que es más importante, él conoce a todos los que pasan dificultades reales: familias sin empleo, delincuentes, presos, discapacitados, etc. y todos tienen su ayuda”, apuntan desde la parroquia.

Francisco Javier Sánchez asegura que “me sentí humillado, maltratado y vapuleado, quizás como se sienten muchos trabajadores de cualquier empresa, con la diferencia es que mi empresa se llama Iglesia, comunidad, y el que me lo estaba diciendo no era el jefe de personal de la empresa, sino supuestamente mi pastor”. (Jesús Bastante en Religión Digital)

Casimiro López LLorente, obispo de Segorbe-Castellón abre expediente disciplinario a un sacerdote por bendecir el amor entre dos lesbianas. ¡Increíble!

Juan Antonio Reig Plá, Obispo de Alcalá de Henares, ha hecho declaraciones ofensivas contra los derechos de las mujeres; una de las últimas fue contra el aborto y contra el voto. En la primera compara el aborto con los trenes que llevaban a los deportados a los campos de exterminio nazis.

Reig Pla había levantado polémica al celebrar la misa anual en el cementerio de los mártires de Paracuellos del Jarama junto a una bandera de España con el águila franquista, colocada en el mismísimo altar, y ante la presencia de figuras destacadas de la ultraderecha, como Blas Piñar.

Obispos de Getafe (López de Andújar y Rico Pavés) y de Alcalá (Reig Pla) publican carta conjunta contra la ley de transexualidad que provoca escándalo en gran parte de la sociedad y especialmente en el colectivo de LGTB.

Estas actitudes tan poco en consonancia con las actitudes, palabras y gestos del Papa Francisco chocan por su absoluta falta de sintonía con las necesarias actitudes pastorales que se deben exigir a un obispo. Evidentemente no tienen “olor a oveja”. Pero lo que me parece más grave, parece que forman parte de un no pequeño grupo de obispos y cardenales que en todo el mundo se posicionan contra la manera de pastorear del buen papa Francisco que entre otras cosas dijo:”¿Quién soy yo para condenar a los homosexuales?”. Se enfrentan a él.

Así entre los opositores a Francisco figuran el Cardenal Sarah que quiere volver a la misa de espaldas al pueblo, Gerhard Müller, a quien trajo a Oviedo el arzobispo Sanz Montes; junto a estos, como opositores a Francisco figuran también Angelo Sodano, Tarcisio Bertone, Marc Ouellet, Leo Burke, George Pell, Camilo Ruini, Carlo Cafarra, Giovanni Batista Re, Angelo Scola, Elio Sgreccia, Walter Brandmüller, Antonio Rouco con sus afines de Getafe, Oviedo (que en diciembre pasado expulsó, sin justificación ni explicación alguna, a los 35 voluntarios de Pastoral Penitenciaria de la cárcel de Villabona de Asturias), Toledo, Sevilla, Granada, Pamplona y Segovia, así como Martínez Camino, auxiliar de Madrid. (Cita de Faustino Vilabrille en su artículo “Muy bien, Francisco” en Reflexión y Liberación).

Estos obispos por sus posturas tan retrógradas y tridentinas no sólo no huelen a oveja, sino que pueden terminar destruyendo todo el rebaño.

(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).

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Piden la retirada de un libro de texto por su tratamiento de la gestación subrogada

Lunes, 19 de septiembre de 2016

valores_eticosLa asociación Son Nuestros Hijos denuncia que el texto usa tanto un vocabulario como unos planteamientos que “desde el desconocimiento de la realidad de esta técnica reproductiva, ponen en riesgo de acoso escolar a los menores nacidos mediante esta”.

El colectivo Son Nuestros Hijos, que agrupa a familias -muchas de ellas homoparentales- que han tenido a sus hijos mediante el procedimiento de gestación subrogada, ha pedido la retirada inmediata del libro de texto escolar “VALORES ÉTICOS 3”, de tercero de secundaria (editorial Anaya). Para Son Nuestros Hijos, la forma de presentar las implicaciones éticas de este procedimiento “usa tanto un vocabulario como unos planteamientos que, desde el desconocimiento de la realidad de esta técnica reproductiva, ponen en riesgo de acoso escolar a los menores nacidos mediante esta”.

Desde Son Nuestros Hijos lamentan que se utilice en la aulas este libro editado en 2015 por ANAYA Educación, del grupo editorial ANAYA, y redactado por Fernando Martínez Llorca, José Javier Fernández Pereira y Sebastián Salgado González.  El texto denunciado por Son Nuestros Hijos, abiertamente crítico con la gestación subrogada (procedimiento al que llama “maternidad alquilada”, pese a que gestación y maternidad sean conceptos bien diferentes), es el siguienteEste trata la gestación subrogada en estos términos::

Dilemas morales en medicina y biotecnología: Maternidad alquilada. Una pareja desea tener descendencia pero, por problemas genéticos, no puede. Entonces contrata a una mujer joven para que sirva de “madre de alquiler”: los médicos han fertilizado a esta mujer con esperma del futuro padre. Una vez que haya dado a luz, la madre biológica cederá sus derechos de maternidad a la mujer estéril. Pero ¿qué ocurre si la madre de alquiler cambia de opinión o si el bebé nace con alguna enfermedad genética? En cualquier caso, ¿debe estar permitido el alquiler de la maternidad?

Para Son Nuestros Hijos, este texto “ofrece un desconocimiento total de cómo es la técnica reproductiva y de la legislación internacional sobre gestación subrogada incluidas las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, o las consideraciones sobre la técnica de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Española de Fertilidad y de otras sociedades médicas nacionales e internacionales”.

Pero más allá de estas consideraciones, “que de por sí descalificarían cualquier escrito”, para este colectivo lo más preocupante es “la terminología y las insinuaciones utilizadas en un texto destinado a ser analizado en clase y en el que se vulneran flagrantemente el respeto, dignidad y honor de menores nacidos por gestación subrogada, convirtiéndolos en presa fácil para el bullying”. “No es aceptable, de ninguna de las maneras, que se evalúe en el aula la idoneidad del modelo de familia de ningún menor. Por ello, se ha exigido la retirada del libro a la editorial y se ha solicitado a las autoridades educativas que, antes de autorizar cualquier texto que ponga en riesgo la integridad de los menores, se valore adecuadamente o se consulte con las familias implicadas, pues nada hay mas grave que estimular el acoso escolar desde dentro del propio centro educativo”, explican desde Son Nuestros Hijos.

Gestación subrogada: ¿debate tabú?

La gestación subrogada es una cuestión que despierta gran polémica. En España, por ejemplo, siempre ha habido gran resistencia a regularla, tanto desde posturas conservadoras como desde parte del movimiento feminista (representada por ejemplo por la plataforma No Somos Vasijas), que se opone por considerarla una forma de explotación mercantilista del cuerpo de la mujer. Ni siquiera entre los colectivos LGTB las posiciones son unánimes.

Hace pocos meses asistíamos a cómo por primera vez el debate llegaba a la Asamblea de Madrid de la mano de Ciudadanos, que propuso que el Gobierno madrileño solicitase al Gobierno de España que regulase esta práctica. Una propuesta que contó con el apoyo de la mayor parte de los representantes del PP de Cristina Cifuentes (aunque tres de sus diputados más conservadores se rebelaron y votaron en contra), el rechazo frontal del PSOE y la oposición matizada de Podemos, que presentó varias enmiendas con objeto de pedir garantías máximas para las mujeres gestantes, incluyendo el derecho a exigir la custodia del niño durante un periodo de tiempo establecido. La oposición del PSOE a la regulación de la gestación subrogada ya se había hecho evidente en junio del año pasado, cuando desde el entonces grupo socialista del Congreso se llegó incluso a proponer prohibir la difusión de cualquier información que facilitase el acceso a dicho procedimiento, legal en varios países (los socialistas acabaron por retirar la propuesta).

La iniciativa de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, de hecho, fue finalmente rechazada, gracias a la rebelión de los tres populares díscolos. El PSOE votó en contra y Podemos también, estos últimos al no ver admitidas su enmiendas. Sirvió, al menos, para que se abriera el debate. Especialmente interesante, a este respecto, fue la carta que Marta López, presidenta de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, dirigió a la diputada de Podemos Clara Serra, en la que López argumentaba de forma detallada por qué su asociación se oponía a las enmiendas sugeridas por Podemos. Un debate que sin embargo se encuentra de nuevo paralizado.

Y como siempre, las parejas del mismo sexo pagan el pato

No seremos nosotros, desde dosmanzanas, los que demos solución a la disyuntiva. Pero creemos que el debate debe continuar. La gestación subrogada es legal en países a los que España reconoce su capacidad para determinar la filiación, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ya en un par de ocasiones a favor del pleno reconocimiento en suelo europeo de los hijos nacidos por ese procedimiento en terceros países. La primera de las sentencias se produjo, de hecho, justo cuando en España algunos tribunales avalaban rechazar la inscripción de estos niños y el entonces gobierno del PP se planteaba un cambio legislativo que los dejaba absolutamente desprotegidos. Curiosamente, todos los problemas dieron comienzo cuando fueron parejas de hombres los que comenzaron a acceder a este procedimiento: a las parejas heterosexuales estériles no parece que el Registro Civil español les haya tradicionalmente puesto problema alguno para inscribir a sus hijos.

Países socialmente avanzados, como Canadá, se han llegado a plantear incluso su cobertura por la sanidad pública. Hay países, por otra parte, que han optado por legalizarla siempre que no medie interés económico, como es el caso del Reino Unido, donde por ejemplo una pareja de hombres pudo tener un hijo gracias a que la hermana de uno de ellos se ofreció para gestarlo y dar a luz o que un gay soltero sea padre gracias a la generosidad de su propia madre.

Lo que en cualquier caso no es de recibo es lo que ha sucedido en México o en Portugal, en los que finalmente se admite la gestación subrogada pero se excluye de ella a las parejas del mismo sexo. En el caso de México, lo que comenzó como una iniciativa que parecía en principio destinada a prohibir esta práctica (que había sido regulada en los estados de Tabasco y Sinaloa, y sobre la que existía un vacío legal en el resto del país) acabó por legalizarla cuando exista una estricta indicación médica. En definitiva y en la práctica, solo para parejas heterosexuales estériles. En el caso de Portugal, la alianza parlamentaria entre socialistas y Bloque de Izquierda, apoyada por alrededor de un tercio de los diputados del Partido Social Demócrata (oposición de centro-derecha, que tuvo libertad de voto) permitió la aprobación del procedimiento para parejas heterosexuales que no pueden concebir hijos, dejando fuera, en la práctica, a las parejas del mismo sexo.

En España, dentro del mundo LGTB, es el colectivo madrileño COGAM el que más se ha significado a favor de que se regule la gestación subrogada, y de hecho COGAM y otras organizaciones se han agrupado en la Plataforma de entidades LGTB+ por la legalización de la Gestación por Subrogación, presenta este miércoles en Madrid (puedes descargar aquí su manifiesto). Lo que pide COGAM es una regulación que respete los derechos de todas las personas intervinientes, vetando la posibilidad de intercambio económico más allá del abono de las molestias y gastos. “Tenemos el convencimiento de que el activismo LGTB debe estar presente en este debate ante la más que previsible legalización de esta técnica de reproducción asistida que se producirá antes o después, pero que tenemos el convencimiento de que llegará como está ocurriendo en los países de nuestros entorno”, expresaron desde COGAM en su momento. Otros colectivos LGTB, sin embargo, prefieren mantenerse al margen de este debate.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara amarga

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Carla Antonelli amenazada de muerte a través de twitter: “Lo único que espero es que todo esto sirva para poner fin a la impunidad”

Martes, 6 de septiembre de 2016

carla-antonelliLa LGTBfobia en redes sociales ha alcanzado un nuevo punto culminante este fin de semana, cuando la cuenta de Twitter de Carla Antonelli ha sido víctima de un cúmulo de insultos y amenazas de muerte procedentes de diversos perfiles. La diputada socialista en la Asamblea de Madrid, en conversación telefónica con dosmanzanas, solo espera que todo lo que ha sucedido “sirva de algo” y suponga un punto de inflexión en la impunidad de la que este tipo de cuentas han gozado hasta la fecha.

Antonelli ya está acostumbrada a un cierto nivel de ataques en redes sociales, pero este sábado por la tarde la situación se agudizaba de repente tras salir en defensa de @IgualdadLGBT, cuenta de Twitter de un activista que estaba sufriendo un acoso intolerable, hasta el punto de anunciar su marcha de la red social:

“Las ordenes son claras @IgualdadLGBT, los vamos a cazar a todos y vamos a quemar sus cuerpos llenos de SIDA”, rezaba por ejemplo uno de los mensajes que IgualdadLGBT había recibido, acompañado de la fotografía de un hombre portando un arma:

 

captura-mensaje-homofobo-TwitterUn ataque que se producía en el contexto de la detención en Mataró de José Miguel C. Q., que a su vez había difundido numerosos mensajes en redes sociales incitando a la violencia contra las personas homosexuales (su página “Stop homofascistas” sigue de hecho en funcionamiento), incluyendo una amenaza de repetir una masacre como la de Orlando.

acusado-de-amezas-de-atentado-en-barcelonaEs a raíz de la denuncia de lo que le estaba sucediendo a @IgualdadLGBT cuando el foco de las amenazas pasa a ser la diputada socialista. Carla Antonelli comienza a recibir diversas amenazas de muerte. Algunos de los mensajes recibidos son: “Diputada sus amigos de Podemos le suplicamos tenga precaución, los accidentes pasan a diario”, “Cállese puta que a usted también la mataremos, violaré a su hija de paso”, “A ver diputada no sabe con quienes se está metiendo, el patrón Koji ya puso precio a tu cabeza, puta [Koji Kabuto es precisamente en alias en Twitter de José Miguel C. Q.], etc.:

Mensajes que Carla Antonelli ha ido recopilando en pantallazos y que este lunes tiene previsto entregar en comisaría. En este sentido, la diputada ha confirmado a dosmanzanas que la propia Policia Nacional se puso en contacto con ella para acordar una cita y tramitar convenientemente la denuncia. Algunos de los perfiles, de hecho, han sido ya bloqueados.

Entre los mensajes de amenaza recibidos, por cierto, se encuentran los procedentes de @bd9cama5, una “cuenta clónica” de la cuenta original de José Miguel C. Q. (@db9cama5), y que sigue activa en el momento de publicar esta entrada (desconocemos, obviamente, si es el mismo individuo el que está detrás o se trata de un troll con afán de protagonismo).

Abrumada por el apoyo

Carla Antonelli, mientras tanto, manifiesta sentirse abrumada por el apoyo recibido, muy especialmente de sus compañeros del Partido Socialista, volcado en las redes sociales con la diputada madrileña. Susana Díaz, Eduardo Madina, Ángel Gabilondo, Patricia Hernández… son solo algunos de los nombres que Antonelli, incapaz de recordarlos, todos, menciona, y cuyos mensajes de apoyo ha ido retuiteando en su cuenta a lo largo del fin de semana. Según nos comenta, la diputada también ha recibido un mensaje en WhatsApp del secretario general de su partido, Pedro Sánchez, dándole ánimos.

Antonelli destaca también los mensajes de ánimo recibidos por parte de representantes de Ciudadanos y de Podemos, así como de numerosas organizaciones y colectivos LGTB, pero echa de menos un pronunciamiento explícito de la Delegación del Gobierno en Madrid, o del propio Gobierno.

Sin miedo, pero inquieta

“Ojalá sirva para algo”, es la reflexión que Antonelli repite varias veces en nuestra conversación. La diputada socialista asegura no tener miedo alguno, pero sí muestra su inquietud por un fenómeno protagonizado por “un hatajo de descerebrados” que nunca se sabe en lo que puede desembocar. Y sobre todo, por la “impunidad de ciertas cuentas” que siguen en funcionamiento pese a ser reportadas por sus mensajes de odio. “Solo espero que lo que me ha pasado sirva para ponerle fin”, repite.

Desde Cristianos Gays trasladamos nuestro cariño y solidaridad a Carla Antonelli, sin olvidarnos de @IgualdadLGBT, cuya cuenta afortunadamente sigue activa.

Fuente Dosmanzanas

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Denuncian una nueva agresión por LGTBfobia, esta vez en Albacete

Jueves, 25 de agosto de 2016

STOP-lgtbfobia-300x271El colectivo Abanico ha denunciado públicamente la agresión de la que fueron objeto tres jóvenes el pasado jueves, 18 de agosto, en Albacete. Todo comenzó cuando una chica explicó a unos jóvenes que “que querían ligar con ella” que era bisexual. En ese momento la chica y dos amigos que la acompañaban comenzaron a ser acosados.

Fue ya de madrugada, en la zona de copas de la ciudad manchega, en pleno centro. Los agresores, tres jóvenes de entre 18 y 23 años, increparon a las víctimas, a las que dirigieron insultos homófobos y machistas y empezaron a propinar “collejas” (llegaron incluso a agarrar del cuello a la chica) y persiguieron por las calles, hasta el punto de verse obligados a llamar a la Policía Nacional. De hecho, los agentes pudieron identificar a los agresores y recomendaron a las víctimas interponer la correspondiente denuncia. Las víctimas, una chica y dos chicos, son muy jóvenes (uno de ellos menor de edad). El presidente del colectivo Abanico, Álvaro Cuenca, confiaba este martes en que acaben cursando la denuncia, a pesar de que “tienen miedo” de su repercusión. Cuenca ha lamentado, de hecho, que en Albacete este tipo de incidentes no se denuncien “por ese miedo a tener que ir a un juicio o que la familia conozca la orientación sexual”.

El colectivo Abanico, en cualquier caso, ha pedido en un comunicado al Ayuntamiento de Albacete que, en cumplimiento de la moción aprobada el pasado junio por unanimidad de todos los grupos, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB, que se persone como acusación particular contra los agresores. “Aunque afortunadamente el alcance de las lesiones no ha puesto en peligro la integridad de las víctimas ni, en principio, les dejarán secuelas, Abanico estima que el desencadenante de este delito es lo suficientemente grave para que el Ayuntamiento se persone como acusación popular, pues sí que cumple con la propia definición para los delitos de odio establecida por el Ministerio del Interior”, explica el comunicado.

“Además, de cumplir el Ayuntamiento de Albacete con esta moción se estaría mandando un mensaje de profunda pedagogía social: los delitos y crímenes de esta naturaleza no quedan impunes en la ciudad de Albacete, y además se prestaría apoyo y se respaldaría a las víctimas que sufrieron esta agresión únicamente por no compartir la orientación sexual de sus agresores”, añade el texto de Abanico. En este sentido, la agresión ha recibido ya la condena tanto del PSOE de Castilla-La Mancha como de Ganemos Albacete, si bien estas formaciones se encuentran en la oposición municipal.

Fuente Dosmanzanas

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Munilla, Fernández, Cañizares… Más obispos españoles, alentados por declaraciones tránsfobas del Papa, condenan la ley madrileña contra la LGTBfobia

Miércoles, 17 de agosto de 2016

obispos-Munilla-y-Fernandez-300x159Demetrio Fernandez (izda) y José Ignacio Munilla (dcha)

El sector más conservador de la Iglesia católica española parece sentirse reforzado en su oposición a los derechos LGTB tras recientes posicionamientos del papa Francisco, que pese a algunos gestos mediáticos de cara a la galería sigue mostrando su absoluta condena de la “ideología de género”, término que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente la lucha en favor de los derechos trans. Dos ejemplos recientes son los obispos de San Sebastián y de Córdoba, que han mostrado su apoyo al reciente documento hecho público por tres obispos madrileños contra la recientemente aprobada ley madrileña contra la LGTBfobia. Munilla, el obispo de San Sebastián, lo hacía además en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Hace ahora una semana hacíamos referencia al siniestro texto firmado por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa (diócesis titular sin territorio asignado) y auxiliar de Getafe, José Rico (se trata de los mismos tres obispos que ya antes habían cargado contra el órgano legislativo autonómico por aprobar una avanzada ley integral de transexualidad). En su última nota, los tres obispos criticaban la aprobación de la norma contra la LGTBfobia, que en esta ocasión recibió el apoyo de todo el espectro político madrileño (excepto dos diputados del PP que no quisieron dar su apoyo a la ley, Luis Peral y el alcalde de Alcorcón, David Pérez).

Los obispos consideraban la ley “un ataque a la libertad religiosa” y se mostraban especialmente enfurecidos por el hecho de que incluyese entre las infracciones muy graves la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Algo que los obispos consideran “un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar”. Tras expresar su rabia por los contenidos de la ley, los obispos aseguraban que “cuando no se busca la Verdad, cuando no se respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la persona, se impone por ley la ideología – en este caso la ‘ideología de género’ – y se coacciona la libertad con sanciones y persecución: nada nuevo bajo el sol”.

218840Las palabras de los obispos provocaron, como era de esperar, reacciones de rechazo, como las del Observatorio Español contra la LGBTfobia (entidad vinculada al colectivo COLEGAS), que anunció que las pondría en conocimiento de la Fiscalía, o las del colectivo Arcópoli, para la que resultaba “sorprendente que quienes no representan a nadie ya que no han sido votados se arroguen la representatividad de todos afirmando que la Asamblea de Madrid intenta ‘imponer’ una medida que llevaban todos en su programa electoral y que hemos votado todos los madrileños”. Pero la reacción más destacada políticamente fue  la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que aseguró que su discrepancia con el texto era “absoluta”“Respetamos la opinión, pero no la compartimos. La ley contra la LGTBIfobia lo único que pretende es evitar la discriminación y para eso no hay más que educar en la diversidad. Es una ley positiva que solo pretende orientar”, aseguró. Cifuentes, además, consideró que el texto no representa a la totalidad de la Iglesia católica. “En mi equipo de Gobierno hay muchas personas católicas y ninguna comparte las declaraciones de estos dos obispos, pese a que las respetamos”, dijo.

Munilla, a Cristina Cifuentes: “lea al papa”

A esas declaraciones de Cristina Cifuentes fue precisamente a las que contestó en Twitter el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla (uno de los jerarcas católicos que con más fiereza se ha opuesto en el pasado al avance de los derechos LGTB), recomendando a la presidenta de la Comunidad que “leyese” las recientes palabras de Francisco a los obispos polacos:

Munilla hace referencia, como también recogimos en esta página, a las palabras del papa Francisco a un grupo de obispos polacos durante su estancia en Cracovia con ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Francisco, motu proprio y sin que nadie le preguntara por ello (respondía, en realidad, a una pregunta sobre la crisis de los refugiados), aseguró entonces que vivimos un momento de “aniquilación del hombre como imagen de Dios”, momento que relacionó con el hecho de que a los niños “se les enseñara en las escuelas” que cada uno puede “elegir su sexo”.

“Detrás de esto hay ideologías. En Europa, América, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas —lo digo claramente con «nombre y apellido»— es el gender. Hoy a los niños —a los niños— en la escuela se enseña esto: que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Y esto es terrible. Hablando con Papa Benedicto, que está bien y tiene un pensamiento claro, me decía: «Santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador». Es inteligente. Dios ha creado al hombre y a la mujer; Dios ha creado al mundo así, así, y nosotros estamos haciendo lo contrario. Dios nos dio un estado «inculto» para que nosotros lo transformáramos en cultura; y después, con esta cultura, hacemos cosas que nos devuelven al estado «inculto». Lo que ha dicho el Papa Benedicto tenemos que pensarlo: «Es la época del pecado contra Dios creador». Esto nos ayudará”, aseguró entonces Francisco.

Por otra parte, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha señalado hoy que “nuestro cuerpo no es una especie de prótesis, que podamos manipular o cambiar a nuestro antojo” y ha advertido de que cuando “jugamos” con él “lo hacemos con nuestra propia alma, es decir, nuestra propia persona”. Munilla ha hecho estas reflexiones durante la homilía de la misa en honor a la Virgen celebrada en la basílica de Santa María del Coro de San Sebastián.

El prelado ha aludido a lo que ha denominado “ecología del hombre” y el respeto a la “corporalidad”, frente a la tendencia “dualista” que busca “disociar la materia del espíritu o el cuerpo del alma”. El ser humano es una “unidad sustancial” de cuerpo y alma, ha señalado el obispo, quien ha citado al papa Benedicto XVI que aseguró que “también el hombre posee una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a su antojo”.

Obispo de Córdoba: “lo que el papa dice, lo compartimos todos”

También el obispo de Córdoba hacía referencia a las palabras del papa, en declaraciones a la web ultraconservadora Infovaticana. Preguntado si compartía el texto de los obispos madrileños sobre la ley contra la LGTBfobia, Demetrio Fernández contestó: “¡Cómo no lo vamos a compartir! Lo que el papa dice, lo compartimos todos los obispos”. Fernández recordó que la oposición a los obispos más conservadores llaman “ideología de género” es explícitamente compartida con el papa. “Teniendo delante lo que dice el papa,-este papa, los anteriores y los que vengan- tenemos lo que piensa la Iglesia”. Fernández añadió que la “ideología de género” es “una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”. Palabras que nos hacen recordar, curiosamente, otras declaraciones de Francisco en las que comparaba la “teoría de género” a las armas nucleares. Además, Demetrio Fernández ha defendido el derecho a la libertad de expresión de los obispos y ha criticado las “cruzadas que emprenden algunos” contra los que piensan distintos.

Las declaraciones del obispo de Córdoba, han provocado la condena de numerosas formaciones políticas y asociaciones LGTB. La formación política Ganemos Córdoba ha pedido a través de una nota de prensa a la Fiscalía que actúe de oficio y el PSOE ha criticado el contenido de estas declaraciones, también en una nota, pidiendo al obispo que “por humanidad se sume a la lucha contra la LGTBfobia, una causa que trata de conseguir la igualdad y el respeto a la diversidad en una sociedad justa y democrática”.

Juan Antonio Reig Pla,  y Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe reivindicaban que es posible ”cambiar la orientación sexual” rezando. ¿Cambiar la orientación sexual rezando? Parece difícil superar tal disparate. Sin embargo, dentro de la institución que tiene cardenales que justifican los abusos a niñas sin ser sancionados, el obispo de Córdoba ha puesto todo de su parte para optar al premio del homófobo del año al indicar que la ideología de género “es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”. La comparación es tan ofensiva que es difícil imaginar que esté hecha al azar. Todo lo contrario, parece una declaración estudiada, con el ánimo de herir a todo un colectivo y compartida por la jerarquía eclesiástica católica.

Junto a Munilla, el cardenal Antonio Cañizares o el “triunvirato del odio” madrileño, Demetrio Fernández es otro de los miembros de la jerarquía católica española que con más fiereza se ha opuesto al avance de los derechos LGTB, y en concreto de las personas trans. En enero de 2013 difundía su mensaje tránsfobo en una carta pastoral en la que criticaba la “ideología de género” que “sitúa al hombre por encima de Dios”. “Ya no valdrían las ecografías que detectan el sexo de la persona antes de nacer. Esperamos un bebé. ¿Es niño o niña? La ecografía nos dice claramente que es niña. No. Lo que vale es lo que el sujeto decida. Si quiere ser varón, puede serlo, aunque haya nacido mujer. Y si quiere ser mujer puede serlo, aunque haya nacido varón. No se nace, se hace. Al servicio de esta ideología existen una serie de programas formativos, médicos, escolares, etc. que tratan de hacer ‘tragar’ esta ideología a todo el mundo, haciendo un daño tremendo en la conciencia de los niños, adolescentes y jóvenes”, aseguraba entonces el obispo de Córdoba. En nada parece haber moderado su opinión, tres años después…

Cañizares critica a los “nuevos dragones” que tratan “la ideología de género como dominante” y la compara con los “imperios nazi y soviético”

6552G_Arzobispo_Antonio_CanizaresEl cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha alertado este lunes de “los nuevos dragones” que tratan “la ideología de género como dominante” y que, con “fuerza propagandística” defienden la “ideología materialista, que no respeta ni defiende al pobre”.

Cañizares se ha pronunciado de este modo durante su homilía en la Catedral de Valencia con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen apenas dos meses después de que la Fiscalía de Valencia archivase una denuncia contra él por delitos de odio a raíz de una homilía en la que advertía sobre una “importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos, ayudados por otros poderes como el ‘imperio gay’ y ciertas ideologías feministas”.

El cardenal pidió posteriormente perdón por unas palabras con las que también subrayó que las “leyes que comentan la ideología de género” son “las más insidiosas que ha habido en toda la historia de la Humanidad”.

Este lunes, el cardenal Cañizares ha destacado que la Asunción de la Virgen “es un día para la esperanza”, por “la protección cierta de María que nunca nos deja” y porque supone la “victoria total de Dios frente al mal”.

El arzobispo de Valencia ha defendido que “siguiendo la lección de María alcanzamos la capacidad creadora para una nueva humanidad para evitar los nuevos dragones que con fuerza propagandística defienden la ideología materialista. Entre los «dragones» que han amenazado a la humanidad a lo largo de la historia citó al imperio romano, a los imperios nazi y soviético del siglo XX y ahora el materialismo y la «ideología de género». Por eso, animó a imitar a la Virgen, de quien salieron las palabras, tal como recordó el cardenal, «he aquí la esclava del señor».

Ante estas palabras, los grupos PSPV y Compromís en las Cortes Valencianas han criticado este martes las últimas declaraciones del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares,

“El arzobispo demuestra que el machismo no se toma vacaciones”, ha indicado la diputada Marian Campello, mientras que la socialista Rosa Mustafá le ha reprochado que ataque principios básicos como la igualdad y la tolerancia.

En un comunicado, la socialista ha denunciado “la misoginia manifiesta” del máximo representante de la Iglesia valenciana y lamenta que “mientras el Papa Francisco pide justicia para las mujeres oprimidas, Cañizares siga atacando principios básicos como la igualdad y la tolerancia”

Así, ha anunciado que desde el grupo socialista se va a enviar una carta al Papa Francisco en la que se detallarán los “ataques reiterados que el arzobispo realiza a principios básicos como la igualdad y la tolerancia”.

A raíz de las declaraciones realizadas este lunes por el cardenal Cañizares durante su homilía con motivo del día de la Asunción, la diputada ha censurado que haya “vuelto a atacar a aquellos movimientos que defienden el reconocimiento de los derechos de las mujeres, comparándoles incluso con el nazismo”. “Con sus palabras, Cañizares se posiciona contra aquello que predica el Papa Francisco, que ha pedido recientemente justicia para las mujeres oprimidas y esclavas de la prepotencia de los poderosos”, ha subrayado Mustafá.

La transfobia de Francisco da alas a los obispos

papa-francisco-serio-2En cualquier caso, si algo comparten las más recientes declaraciones de este grupo de obispos es su continúa referencia a las palabras del papa Francisco, que pese algunos gestos mediáticos amables sigue dando alas a la discriminación de las personas LGTB, y muy especialmente de la personas trans. Y es que el argentino, a diferencia de sus predecesores, para haber escogido a las que al fin y al cabo constituyen el colectivo más vulnerable dentro de este grupo como objeto primordial de sus ataques en materia LGTB. En su ya famosa encíclica “ecologista” Laudato si’, Francisco vertía de hecho el que posiblemente ha sido el más importante ataque a las personas transexuales surgido del ámbito católico en los últimos años. Es, en concreto, en el punto 155 de la encíclica, donde el papa aprovecha para considerar que el respeto a la ecología incluye “la aceptación del propio cuerpo como don de Dios” y su “valoración en su femineidad o masculinidad” para “reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente”. Según aseguraba el papa, “cancelar la diferencia sexual” no es una actitud sana.

En nuestro anterior entrada sobre el papa recogíamos las opiniones de Cristina Traina, profesora de Estudios Religiosos en la prestigiosa Northwestern University (Illinois, Estados Unidos), para la que la actitud de Francisco hacia las personas trans puede deberse a su herencia cultural. Según Traina, el papa “tiene un entendimiento del género muy latinoamericano, como binario y natural”. No sabemos si es así, pero lo cierto es que pese a algún gesto hacia personas concretas, como Diego Neria, el hombre transexual español al que recibió privadamente en 2015 tras conseguir este hacerle llegar una carta, el papa que tantos gestos está mostrando en otros aspectos se está revelando como especialmente dañino hacia este colectivo.

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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PP y PSOE rechazan la crítica de los obispos a ley madrileña contra LGTBIfobia

Sábado, 13 de agosto de 2016

img_39372218840Sara Hernández (PSOE) apuesta por leyes “que favorezcan la igualdad”

Cifuentes (PP) considera amparados por la libertad de expresión los comentarios episcopales

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“La mayoría de los católicos no comparten la opinión de los dos obispos”

La alcaldesa de Getafe y secretaria del Partido Socialista en Madrid, Sara Hernández, ha sido la última dirigente en sumarse al rechazo a las declaraciones de los obispos de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares y Getafe censurando la ley de la Comunidad de Madrid en contra de la LGTBIfobia.

La polémica se desencadenó tras hacerse pública una carta de los obispos Juan Antonio Reig (Alcalá de Henares) y Joaquín María López (Getafe) en contra de la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia, que consideraron un “atentado” contra la libertad religiosa y de conciencia.

Según ambos prelados, la normativa, que obliga a educar sobre diversidad sexual en las aulas de los centros madrileños, públicos o concertados, es un un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones”.

Los obispos critican la legislación, porque, a su juicio, “niega la diferencia sexual varón-mujer”, defienden la “sanación” de la homosexualidad y transexualidad y llaman a una acción conjunta de las familias en contra de la norma.

Sara Hernández ha indicado que se debe apostar por leyes “que favorezcan la igualdad y la no discriminación”, sumándose así a la defensa de ley, aprobada el 14 de julio por unanimidad, que han esgrimido el Observatorio Español contra la LGTBfobia y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y precursora de la ley que el Parlamento regional aprobó con el apoyo de todos los grupos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), también ha sido crítica con las opiniones de los obispos que, aunque “no ayudan”, considera que están amparadas por la libertad de expresión.

La presidenta autonómica aseguró ayer que no se puede extrapolar la opinión de los dos prelados a la posición de toda la Iglesia católica y ha añadido que cree que “la mayoría de los católicos no comparten la opinión de los dos obispos”.

Por su parte, tras conocer la carta de los prelados, bajo el título “Tiempo de sanación y no de lamentaciones”, el Observatorio Español contra la LGTBfobia puso en conocimiento de la Fiscalía los argumentos de los dos religiosos por considerar que incurrían en delitos de odio, incluidos en el artículo 150 del Código Penal. El Observatorio estudia además interponer una querella.

El presidente del Observatorio, Paco Ramírez, manifestó ayer su temor ante un discurso que “vuelve a destilar odio y humillación” contra la lesbianas, gais, bisexuales y transexuales y calificó el escrito de “infame”.

Fuente Religión Digital/EFE

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El alcalde de Alcorcón anuncia ahora una demanda contra el colectivo Arcópoli

Jueves, 4 de agosto de 2016

alcalde-alcorcon-1026x520El alcalde ha anunciado que demandará a la ONG por afirmar que ha sido reprobado en el Pleno del Ayuntamiento con motivo de su desprecio hacia el colectivo LGTB, ya que ni apoya ni trabaja las mociones LGTB presentadas por cualquier grupo de la oposición (Ciudadanos, PSOE y Ganar Alcorcón). “Toda mi vida he combatido contra la discriminación y la desigualdad y no toleraré esa acusación, tras una maniobra política que nada tiene que ver con mi compromiso probado de igualdad y derechos humanos”, ha indicado David Pérez tras confirmar que demandará a la ONG por acusarle de LGTBfobia.

Lejos de volver a las aguas a su cauce, el alcalde de Alcorcón anunciaba este mismo lunes, a través de la página web del Ayuntamiento de Alcorcón, su intención de demandar a Arcópoli “por acusarle de ‘homófobo’, al tiempo que pedirá la rectificación de informaciones que han publicado diversos medios de comunicación haciéndose eco del comunicado de la asociación” (el propio David Pérez ha anunciado por Twitter su iniciativa a dosmanzanas, entre otros medios que han recogido la noticia, asegurando que “Jamás en mi vida he sido homófobo ni lo seré nunca, detesto toda forma de discriminación. Campaña de calumnias”).

“Toda mi vida he combatido contra la discriminación y la desigualdad, y no toleraré ser acusado de homofobia, transfobia y bifobia, tras una maniobra política que nada tiene que ver con mi compromiso probado de igualdad y derechos humanos”, prosigue el comunicado del alcalde de Alcorcón. David Pérez argumenta que la reprobación aprobada el viernes “en ningún caso incluía que esta conllevara a declarar al alcalde una persona homófoba”. “Ni el texto, ni el sentido de los votos responde a ninguna acusación de homofobia, simplemente a discrepancias políticas entre los diferentes grupos sobre la aplicación de acuerdos”, añade. El alcalde de Alcorcón también asegura que demandará, además de Arcópoli, al portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, por decir de él en Twitter que era “Un alcalde que le reprueban por homófobo y encima se enorgullece de ello”.

logo-de-arcopoliAsombro en Arcópoli

La respuesta de Arcópoli no se ha hecho esperar y ha enviado una nota de prensa en la que muestra su asombro y decepción por la decisión que ha tomado el alcalde de Alcorcón.

El colectivo Arcópoli ha respondido a la amenaza de demanda con un comunicado en el muestra su asombro. “Arcópoli ha conocido hoy por los medios de comunicación que el alcalde de Alcorcón no se muestra preocupado por lo ocurrido en el pleno del Ayuntamiento al que no acudió y donde se votaba su reprobación por no querer cumplir un acuerdo de todos los grupos municipales (incluido el suyo, el Popular) para colgar la bandera arcoíris en la fachada del Consistorio, sino orgulloso de su actitud, y por eso aumenta la escalada de sus acciones”, aseguran desde el colectivo madrileño. “No creemos que la judicialización de la política sea la solución. Les tendemos la mano. Nuestra junta directiva se encuentra a plena disposición del equipo de Gobierno alcorconero para ponernos manos a la obra cuanto antes y no perder más el tiempo, puesto que llevamos más de un año sin ninguna iniciativa LGTB ejecutada. El mismo día de la celebración del pleno, al terminar, nuestro vocal de Municipios Eduardo García estuvo hablando con la concejala de Asuntos Sociales para concertar una reunión y poder sentarnos a trabajar”, añaden.

Desde la asociación se insiste en que no buscan perjudicar a nadie, sino hacer reaccionar al Equipo de Gobierno y poder avanzar en la mejora de las condiciones de un colectivo LGTB alcorconero que está invisibilizado y sin iniciativas institucionales proactivas en su ciudad, como requiere el artículo 9.2 de la Constitución.

Arcópoli piensa que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para tratar de silenciar su labor. “Creemos que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para silenciarnos. La mejor forma de que Arcópoli crea que el grupo municipal popular tiene interés por el colectivo LGTB es que lo demuestre mediante iniciativas y no a través de demandas”, continúa el comunicado de Arcópoli, que pone de ejemplo el trabajo que el colectivo está llevando adelante en más de veinte municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por partidos de todos los colores políticos, aportando iniciativas en el ámbito educativo, policial, delitos de odio, cultural, sanitario o deportivo, entre otros.

Su único propósito es que la ciudad de Alcorcón, la séptima más poblada de nuestra Región, se sume a la defensa de los derechos del colectivo LGTB. “Si el alcalde quiere demostrar que no es bífobo, tránsfobo y homófobo denunciar entidades LGTB no parece la mejor alternativa, sino todo lo contrario”, argumenta Arcópoli.

En palabras de su coordinador, Yago Blando,

“David Pérez debe dejar de considerarnos como un enemigo y entender que somos un aliado de la ciudadanía, que puede ayudarle en su gestión municipal para mejorar la situación del colectivo LGTB en Alcorcón, que es nuestro único propósito”.

 Carta de la FELGTB a David Pérez

897_felgtb-jpg_bigJESUS GENERELOEste mismo martes, el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización de la que Arcópoli es miembro, acaba de enviar una carta pública al alcalde de Alcorcón en la que le reprocha su actitud, le informa de que la FELGTB dará todo su apoyo a Arcópoli si decide seguir adelante con su amenaza y le pide que en lugar de demandar a un colectivo en defensa de los derechos LGTB se ponga a trabajar para combatir los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género.

Por su interés, la reproducimos literalmente:

Señor D. David Pérez, Alcalde de Alcorcón:

Con sorpresa y consternación hemos recibido la noticia de que piensa demandar a la asociación Arcópoli por haberle acusado de “homofobia, transfobia y bifobia”. Es difícil comprender que un representante público no admita una crítica por parte de una organización que trabaja en defensa de los derechos del colectivo LGTB, además dice poco de su talante democrático, de su respeto por la libertad de expresión y la participación política de la sociedad civil.

La asociación Arcópoli no sólo está en su derecho de juzgar su trabajo como Alcalde de Alcorcón y diputado de la Asamblea, sino que está en su deber. Si usted no está de acuerdo con la calificación que hace de sus políticas puede demostrar que no son ciertas llevando a cabo algunas de esas medidas pro-igualdad que, según Arcópoli, brillan por su ausencia en su localidad.

Además, repasando su trayectoria más cercana, no parece que el juicio de Arcópoli sea exagerado:

  • En el mes de junio usted se ausentó de la Asamblea de Madrid para no votar la Ley por la igualdad LGTBI que, finalmente, se aprobó por unanimidad y que puede ser una herramienta muy eficaz frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
  • En los últimos meses, se ha negado a ejecutar diversas resoluciones a favor de la igualdad del colectivo LGTB aprobadas por mayoría en el Ayuntamiento de Alcorcón.
  • A las diversas demandas del colectivo Arcópoli y el Observatorio Madrileño contra la Homofobia de reunión para trabajar frente a los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género en su localidad, usted ha dado la callada por respuesta.
  • Cuando Arcópoli lo apeló vía Twitter para obtener esta reunión, usted se limitó a bloquear la cuenta de esta organización.
  •  Tampoco ha respondido cuando desde la sociedad civil se le han requerido explicaciones por estas actitudes, como poco, escasamente dialogantes.

Tras este historial, que su gestión como alcalde y diputado pueda ser calificada de homófoba, insistimos, no parece algo descabellado.

Independientemente del análisis que, en su derecho a la libertad de expresión, cada cual pueda hacer de esta cuestión, resulta toda una bravuconería utilizar el poder que le otorga estar al frente del Ayuntamiento de una ciudad tan importante como Alcorcón para intentar amedrentar a una ONG defensora de los Derechos Humanos. Especialmente chocante es la sensibilidad que demuestra frente a la acusación de “homofobia” cuando usted no ha tenido reparos en calificar públicamente a todos los concejales de la oposición como “cuatro politicastros”.

Nos consta que ningún juez puede hacer caso a este absurdo intento de judicializar el derecho constitucional a la libertad de expresión, pero, en cualquier caso, ante un ataque semejante debemos manifestarle que Arcópoli cuenta con todo el apoyo de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, así como de todas las organizaciones que pertenecen a ella, y que no vamos a tolerar en ningún modo que se coarte su trabajo con amenazas de ningún tipo. Dicho esto, consideramos que una reunión con Arcópoli para negociar medidas que pongan coto en su localidad a una lacra tan terrible como son los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género sería una solución más inteligente, sensata y razonable.

Atentamente,
Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales

Fuente  Nota de prensa de Arcópoli/Redacción Chueca/Dosmanzanas

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El alcalde de Alcorcón, David Pérez, reprobado por el pleno del Ayuntamiento por sus incumplimientos en materia LGTBI

Martes, 2 de agosto de 2016

alcalde-alcorcon-1026x520El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), ha sido reprobado por incumplir las decisiones tomadas por el pleno municipal en materia de derechos LGTB. El equipo de Gobierno de Pérez veta o ignora reiteradamente cualquier resolución favorable a los derechos de las personas LGTB de la localidad madrileña, a pesar de que el acuerdo de investidura por el que ostenta el cargo, llevado a cabo con Ciudadanos, quitaba atribuciones a la Junta de Gobierno Local para dárselas al pleno del Ayuntamiento, de tal forma las propuestas aprobadas por los grupos deben ejecutarse.

Con los votos de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e Izquierda Unida, el pleno del Ayuntamiento de Alcorcón, un municipio del sudoeste de Madrid de 170.000 habitantes, ha reprobado al alcalde del Partido Popular David Pérez por sus reiterados incumplimientos de las proposiciones aprobadas en materia LGTB. Se trata del primer regidor a quien se ha aplicado una moción de este tipo en la Comunidad de Madrid, y posiblemente en España, por su persistente LGTBfobia.

El equipo de Gobierno de David Pérez ha rehusado ejecutar todas las resoluciones en materia de derechos LGTB presentadas por los partidos de la oposición y aprobadas por el pleno municipal (el PP cuenta con 10 concejales, mientras que el conjunto de la oposición alcanza los 17). Y lo ha hecho a pesar de que el acuerdo de investidura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos, mediante el que este último partido se abstuvo para facilitar su proclamación como alcalde, estipulaba que las competencias tanto del regidor como de la Junta de Gobierno debían limitarse al mínimo legal, dotando de mayores competencias al pleno municipal.

Resulta que el pasado mes de junio se presentó una moción en el Ayuntamiento de Alcorcón instando al mismo a colocar la bandera LGTB y a realizar acciones por la visibilidad… y dicha moción se aprobó por unanimidad, votos del PP incluido. Sin embargo, nunca se colgó la bandera y nunca se llevó a cabo acción alguna. ¿El motivo? Según la concejala popular Susana Mozo, el PP fue vetado en la manifestación estatal del Orgullo y por lo tanto “no podemos ceder a los intolerantes que piden tolerancia”. Afirmó también que ya se atiende al colectivo “desde los Servicios Sociales, que están a disposición de todas las personas, sin favoritismos y en igualdad de condiciones, no hay que englobarse en ningún colectivo para tratar las materias, no hay que encasillarse ni ponerse una etiqueta”.

34279_david-perez-alcorconDavid Pérez acompañado por Cristina Cifuentes…

Desde aquí le recordamos a la Sra. Mozo que nadie ha vetado la presencia del Partido Popular en ningún acto. Si el PP quería salir en la cabecera de la manifestación sólo tenía que declarar que apoyaba las reivindicaciones de la misma. ¿O tiene usted la costumbre de manifestarse para pedir cosas con las que usted no está de acuerdo? Además, nos resulta curioso que una señora del PP hable de “las etiquetas” y de que no hay que encasillarse. Lo dice el mismo partido que hablaba de que la etiqueta “matrimonio” no podía aplicarse a maricones y bolleras, porque la íbamos a ensuciar. De su referencia a los servicios sociales, casi mejor ni hablamos porque deja muy claro su clasismo y que no le interesan los derechos ni la igualdad. Para usted, los derechos del colectivo LGTB son algo así como una limosna. Por cierto, estamos encantados de que nos expliques eso del favoritismo porque no terminamos de pillarlo. ¿Si se hubiera invitado al PP a la manifestación ya no habría favoritismos para el colectivo LGTB? ¿Para qué quiere ir a una manifestación como esa si a usted no le gustan las etiquetas? Debemos ser muy tontos, porque no entendemos nada. Claro que a lo mejor es porque no dice la verdad y se lía dando explicaciones, pero sólo es una suposición.

Pero David Pérez no solo destaca por su animosidad contra el colectivo LGTB en su labor como alcalde de Alcorcón. También lo hace desde su escaño como diputado de la Comunidad de Madrid- Por cierto, al Sr. Pérez le encanta marcharse cuando se habla de maricones. Fue uno de los dos diputados sancionados por el partido al ausentarse de la votación de la ley contra la LGTBfobia de Madrid, que fue respaldada por la unanimidad de todos los presentes.

No es la primera vez que el alcalde es reprobado por sus incumplimientos. Ya lo fue el 1 de marzo de este año, por la larga lista de propuestas aprobadas y no ejecutadas por la Junta de Gobierno, en materias como los desahucios, la pobreza energética, la paralización del proceso de desfuncionarización o la desprivatización de la tala de árboles y de servicios generales.

Pero el disparate no termina aquí. De su talante acre sirve de muestra la reacción que ha dejado ver en las redes sociales, de las que hace uso frecuente, después de su última reprobación. Se reprobaba al alcalde, David Pérez,  por no respetar la dichosa moción. ¿Y qué hizo el Señor Alcalde? Pues marcharse junto a todo su equipo para no tener que dar la cara. Luego, eso sí, puso este bonito tweet que le retrata estupendamente:

Desde el colectivo Arcópoli, que ha visto con preocupación la total ausencia de políticas favorables a los derechos LGTB en Alcorcón, y ha seguido de cerca la moción de reprobación, se denuncia que “en febrero se aprobó una iniciativa de Ciudadanos con la abstención del grupo Popular, en mayo el grupo Socialista presentó una moción para que con motivo del Orgullo LGTB la Corporación Municipal colgara la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento y, a pesar de ser aprobada, la iniciativa fue vetada por el alcalde. La concejal de Igualdad Susana Mozo (PP) afirmó que ’no se puede ser tolerante con los intolerantes [refiriéndose al Colectivo LGTB]’. En junio el grupo Ganar Alcorcón presentó otra moción para trabajar con el colectivo LGTB, y el grupo Municipal Popular nuevamente votó en contra. Todas las mociones fueron aprobadas, debido a la minoría del Grupo Popular en el Consistorio, pero el Equipo de Gobierno se niega a ejecutarlas, de modo que no hay iniciativas de apoyo a un colectivo totalmente invisibilizado en Alcorcón”.

Para Yago Blanco, coordinador de Arcópoli, “si un alcalde no trata de corregir las discriminaciones hacia un importante grupo de habitantes de su ciudad, y no muestra ningún interés por el aumento de las agresiones homófobas en nuestra comunidad, no es válido para ejercer el gobierno. Hoy se ha demostrado que la ciudadanía alcorconera, representada por la mayoría absoluta del Pleno, quiere que el Gobierno Municipal trabaje contra la LGTBfobia y reprueba esta forma de gobierno que ignora deliberadamente las necesidades de la población. Desde Arcópoli nos volveremos a poner en contacto con la Concejal de Asuntos Sociales, tal como hicimos al terminar el acto, para ofrecernos una vez más a colaborar porque, a pesar de todo, nos gustaría poder trabajar por los derechos del colectivo LGTB en Alcorcón y apoyarlo en una ciudad con total ausencia de medidas y campañas específicas contra la homofobia, transfobia y bifobia“.

Fuente EstoyBailando/Dosmanzanas

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El Gobierno de Mariano Rajoy amaga con recurrir la ley madrileña de transexualidad al Tribunal Constitucional

Viernes, 29 de julio de 2016

rajoy_lgtb_copyLa historia se repite. El PP vuelve a recurrir al Tribunal Constitucional para paralizar una ley del colectivo LGTB. Muchos años hemos sufrido que el Partido Popular recurriera la ley del matrimonio, y ahora el colectivo transexual ve cómo la historia se repite con la recién aprobada Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Nuevamente el Gobierno de Mariano Rajoy maniobra contra los derechos LGTB, y nuevamente lo justifica con argumentos técnicos. De la misma forma que ya hiciera con la ley andaluza, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que dos artículos de la nueva ley madrileña sobre transexualidad (aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos y que contó con la abstención del PP) exceden las competencias de la Comunidad de Madrid. Se abre ahora un proceso que si el Gobierno se empecina podría acabar ante el Tribunal Constitucional.

Los artículos por los cuales el Gobierno central cree invadidas sus competencias serían el  7 y el 48. El artículo 7 (puedes descargar aquí la ley, si deseas conocerlo entero), referido a la documentación administrativa, establece claramente que las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, “en el ámbito de sus competencias”, deberán adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género. Para ello, la Comunidad de Madrid proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones correspondientes.

El artículo 48, por su parte, se refiere a la inversión de la carga de la prueba: en el ámbito autonómico, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables de haber sufrido discriminación por razón de identidad o expresión de género, corresponde al presunto discriminador aportar las pruebas de que dicha discriminación no ha sucedido.

Se trata, conviene destacarlo, de dos elementos que ya están presentes en diversas leyes aprobadas por otras comunidades autónomas (en algunos casos con el voto favorable del propio PP, como sucedió por ejemplo con la ley andaluza de transexualidad o con la ley extremeña contra la discriminación de las personas LGTBI), y que en todo momento se limitan al ámbito competencial autonómico.

El Gobierno de Rajoy ya ensayó la misma jugada en Andalucía

Se da la circunstancia de que ya en Andalucía, y pese a que la ley integral de transexualidad se aprobó allí con unanimidad de todos los partidos (incluido el PP), el Gobierno central ensayó la misma jugada, forzando a la Junta a poner en marcha un grupo de trabajo conjunto que “propusiera soluciones” a sus reticencias sobre varios artículos básicos de la ley, que regulaban aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa, el reconocimiento del derecho de los menores a utilizar libremente el nombre que eligiesen o la inclusión en la cartera de prestaciones sanitarias de los tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas trans para adecuarlos a su identidad. De no llegarse a un acuerdo, la norma sería recurrida ante el Tribunal Constitucional en un plazo de nueve meses.

Aquello fue en noviembre de 2014, y finalmente todo quedó en agua de borrajas. La ley andaluza de transexualidad sigue vigente en su integridad, y aunque a menos velocidad de la que sin duda sería deseable ha ido desplegando su armazón normativo.

Todo apunta a que en Madrid acabará sucediendo lo mismo. De hecho, desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid ya se anuncia la creación de una comisión mixta que despeje lo que considera es simplemente un error de interpretación.

Antonelli: “están perdiendo el tiempo”

Para la diputada socialista en la Asamblea de Madrid y activista LGTB Carla Antonelli la maniobra del Gobierno de Mariano Rajoy quedará en nada. Antonelli, que ha recordado lo sucedido en Andalucía (“parece que el Gobierno no tiene antecedentes de sus propios trámites”, ha declarado), cree que “o no se enteran de que son procesos fallidos o es una cortina de humo para desviar la atención”.

Antonelli espera ver ahora cual es el comportamiento de la presidenta regional, Cristina Cifuentes. La diputada socialista, de hecho, no vería extraño que Cifuentes quiera apuntarse sin coste alguno un tanto y “quiera convertirse en salvadora de algo que ya está salvado”. Y con el hashtag #LeyNoSeMueveUnaComa le recordaba en Twitter a ella y a su consejero de Presidencia, Ángel Garrido, que lo que ahora pretende el Gobierno de Rajoy ya lo intentó antes en Andalucía:

Beatriz Gimeno: “el PP rezuma transfobia” Las críticas al Gobierno de Mariano Rajoy también han llegado de parte de Podemos, otro de los partidos que dieron su voto afirmativo a la ley. Su diputada ¡en la Asamblea de Madrid y también activista LGTB Beatriz Gimeno cree que si la ley llega finalmente a ser impugnada ante el Tribunal Constitucional significará que el PP vuelve a plegarse a los intereses de su sector ultraconservador. En su perfil de Twitter, Gimeno se mostraba aún más rotunda. “El PP rezuma transfobia”, aseguraba, con el hashtag #LaLeyTransSeQueda:

Eva Borox: “luego se sorprenden de que les veten en el Orgullo”

Por su parte, la que como diputada de Ciudadanos (ahora dimitida) fuera principal impulsora de la participación de su grupo en el proceso de elaboración de la ley, Eva Borox, no ha dudado en expresar en su perfil de Twitter su sorpresa. “El PP anuncia recurso de inconstitucionalidad de Ley Trans por dos artículos vigentes en Andalucía. Luego se sorprende de que les veten en el Orgullo”, tuiteaba Borox:

Cifuentes defenderá la Ley de Transexualidad y aclara que solo hay “discrepancias técnicas” con el Gobierno   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado este martes que el Ejecutivo madrileño defenderá la Ley de Transexualidad y ha aclarado que solo hay “discrepancias técnicas” con el Gobierno de Mariano Rajoy sobre dos artículos de la misma pero no ha presentado recurso de inconstitucionalidad.   La presidenta madrileña ha reiterado su compromiso con esta ley y ha enfatizado que la defenderá al haber sido aprobada por la Asamblea de Madrid. “Aunque @PPAsamblea se abstuvo (por el veto recibido de otros grupos) la Ley fue aprobada por #AsambleaMadrid y por lo tanto la defendemos”, ha hecho hincapié en una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter.   La ley fue aprobada en marzo gracias al voto conjunto de la oposición y la abstención de los populares. En cualquier caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado que el Ejecutivo no ha presentado ningún recurso de inconstitucionalidad y “solo hay discrepancias técnicas”   La presidenta madrileña ha defendido además la creación de una comisión mixta integrada por el Ministerio y la Consejería para estudiar los artículos con detenimiento. “En leyes similares de otras comunidades autónomas también ha habido discrepancias y han sido solucionadas en la Comisión Bilateral”, ha defendido.   Finalmente, Cifuentes ha reafirmado su defensa de los derechos del colectivo LGTB. “Frente a críticas de extremistas de izquierda y derecha, cumplimos los compromisos electorales”, ha concluido para recordar el impulso de políticas a favor de este colectivo  

Fuente: Dosmanzanas/Cáscara amarga/AmbienteG

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La justicia europea condena por segunda vez a Francia por no registrar a hijos nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero

Lunes, 25 de julio de 2016

tribunal-europeo-de-derechos-humanos-de-estrasburgoSegunda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado francés en el intervalo de poco más de dos años, por negarse a registrar a tres niños nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada. El alto tribunal europeo, por unanimidad de los jueces que han examinado el caso, vuelve a considerar que la negativa viola el derecho de los menores al respeto de su vida privada. El Estado francés, empeñado en una cruzada contra la gestación subrogada, ha preferido por el momento no trasponer la jurisprudencia europea a su ordenamiento, y deja que sean los tribunales los que decidan caso a caso.

En este caso, los demandantes (por separado) eran dos hombres, Didier Foulon y Philippe Bouvet. Foulon es padre de una niña, nacida en Bombay en julio de 2009. Bouvet es a su vez padre de dos gemelos, nacidos también en Bombay, en abril de 2010. Ambos recurrieron a la gestación subrogada en la India, país que por entonces permitía el acceso a dicho procedimiento a ciudadanos extranjeros (posteriormente lo ha prohibido). Francia, país que prohíbe la gestación subrogada, se negó sin embargo a registrar a los tres niños como hijos de los que de hecho son sus padres biológicos.

Tras agotar las instancias judiciales francesas, ambos padres acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en una sentencia conjunta ha fallado, por unanimidad de los jueces que han examinado el caso, que el Estado francés ha violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra el derecho al respeto a la vida privada (ver sentencia). El alto tribunal explica que se trata de la misma situación que la planteada por los casos Mennesson y Labassee.

Dominique y Sylvie Mennesson y Francis y Monique Labassee son dos matrimonios franceses que tuvieron a sus hijas en Estados Unidos, también por el procedimiento de gestación subrogada, y a las que Francia negó también la inscripción. En junio de 2014, como ya entonces recogimos, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que pese a que las autoridades francesas conocían que las tres niñas habían nacido como hijas legales de sus padres en Estados Unidos, les habían denegado la protección que la ley francesa ofrece, socavando su identidad en el seno de la sociedad francesa. Aquella sentencia admitía que los estados disponen de un amplio margen para legislar como cada uno decida las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada, rechazando que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria, y centrando su condena en cómo la decisión afectó a sus hijas. En este sentido, el tribunal consideró que el margen de los estados se reduce mucho cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, debiendo prevalecer el interés del menor y su derecho a la identidad.

De la misma forma, el alto tribunal considera ahora que Francia violó el derecho al respeto a la vida privada de los hijos de Didier Foulon y Philippe Bouvet, aunque no el derecho al respeto a su vida familiar, fijando además una indemnización similar a la que fijó en la anterior sentencia: el Estado francés deberá indemnizar con 5.000 euros a cada uno de las menores por el daño causado y tendrá que desembolsar además 15.000 euros a cada una de las familias demandantes en concepto de costas.

En definitiva, y como ya resumimos en 2014: la Corte Europea de Derechos Humanos permite que los estados (Francia, en este caso) puedan prohibir la gestación subrogada a sus ciudadanos, pero al negarles los derechos de filiación a los hijos que hayan nacido mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca estima que lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de los menores. Una jurisprudencia que, sin embargo, Francia se niega a incorporar a su ordenamiento jurídico, dejando en manos de los tribunales la decisión tras analizarlo caso a caso.

La primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Francia se produjo cuando precisamente en España algunos tribunales avalaban rechazar la inscripción de estos niños con argumentos similares a los del Estado francés, y el entonces gobierno del PP se planteaba un cambio legislativo que los dejaba absolutamente desprotegidos. Curiosamente, todos los problemas dieron comienzo cuando fueron parejas de hombres los que comenzaron a acceder a este procedimiento: a las parejas heterosexuales estériles que también recurren a este procedimiento no parece que el Registro Civil español les haya tradicionalmente puesto problema alguno para inscribir a sus hijos.

Un debate pendiente

embarazoComo recogíamos hace varias semanas, el debate sobre la gestación subrogada se ha abierto tímidamente en España de la mano de Ciudadanos, que propuso en la Asamblea de Madrid solicitar al Gobierno de España que la regulase. La propuesta contó con el apoyo de la mayor parte de los representantes del PP, incluido el de la presidenta Cristina Cifuentes (aunque tres de sus diputados más conservadores se rebelaron y votaron en contra), el rechazo frontal del PSOE y la oposición matizada de Podemos, que presentó varias enmiendas con objeto de pedir garantías máximas para las mujeres gestantes, incluyendo el derecho a exigir la custodia del niño durante un periodo de tiempo establecido.

Las posturas son desde luego difíciles de reconciliar. En España siempre ha habido gran resistencia a regular la gestación subrogada, y no solo desde posturas conservadoras: una parte del feminismo (representada por ejemplo por la plataforma No Somos Vasijas) se opone frontalmente, por considerarla una forma de explotación mercantilista del cuerpo de la mujer. También se opone abiertamente el PSOE, que en junio del año pasado llegó a proponer que se prohibiera la difusión de cualquier información que facilitase el acceso a dicho procedimiento, legal en varios países (los socialistas acabaron por retirar la sorprendente propuesta). Ni siquiera entre los colectivos LGTB las posiciones son del todo unánimes. El colectivo madrileño COGAM es desde luego el que más se ha significado a favor de que se regule, y junto a otras organizaciones ha promovido de hecho la Plataforma de entidades LGTB+ por la legalización de la Gestación por Subrogación (cuyo manifiesto puedes descargar aquí). Lo que pide COGAM es una regulación que respete los derechos de todas las personas intervinientes, vetando la posibilidad de intercambio económico más allá del abono de las molestias y gastos.

Más allá de la discusión de fondo, lo que en cualquier caso no parece de recibo es lo que ha sucedido en México o en Portugal, en los que finalmente se admite la gestación subrogada pero se excluye de ella a las parejas del mismo sexo…

Fuente Dosmanzanas

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Turquía y su colectivo LGTB se enfrentan al autoritarismo de Erdoğan tras el intento fallido de golpe de Estado

Sábado, 23 de julio de 2016

erdoganEl viernes 15 de julio un grupo de militares iniciaba un frustrado golpe de Estado en Turquía. Como resultado del mismo fallecían unas 300 personas, en su mayoría civiles, y otras 1.400 sufrían heridas de distinta consideración. La comunidad internacional, de forma prácticamente unánime, condenaba estos hechos y defendía la legitimidad democrática turca. Sin embargo, en estos momentos crece la preocupación indisimulada por las medidas autoritarias que pueda establecer la administración que encabeza el presidente Erdogan. El colectivo LGTB, estigmatizado y ninguneado por el Gobierno durante los últimos años (cuando no directamente perseguido), se enfrenta en adelante a un todavía peor escenario.

Los que pensaban que las aguas volverían a la calma relativa tras la intentona golpista en Turquía se equivocaban. La “limpieza” de Recep Tayyip Erdoğan no puede darse por concluida. A los 29 coroneles y 5 generales que han sido destituidos (hasta aquí, lo que se podría considerar razonable en relación a los hechos) se han sumado, entre otros, cerca de 3.000 jueces. También hay 36.000 profesores, fiscales, más de 1.500 decanos de facultad, otros 1.500 funcionarios del Ministerio de Finanzas, una veintena de medios prohibidos… Cuesta determinar la relación de estos funcionarios con el fallido golpe de estado, por lo que ser apartados de sus cargos, justo después, parece un pretexto para ejecutar un plan trazado con anterioridad…

Son decenas de miles de personas las que se ven amenazadas por el auge del autoritarismo presidencial. Se acaba de declarar el “estado de emergencia” en Turquía durante 3 meses y miles de personas están siendo arrestadas. Una actitud que, a pesar de todo, no es nueva o excepcional: el pasado 19 de junio la Policía turca cargaba con violencia contra los activistas LGTB que decidieron manifestarse en la plaza Taksim de Estambul este para reivindicar el Orgullo Trans. El gobernador había prohibido las distintas celebraciones del Orgullo, aduciendo problemas de “seguridad”.

A pesar de la prohibición del gobernador, la plaza fue ocupada pacíficamente por valientes activistas LGTB, encabezados por mujeres y hombres transexuales que no querían renunciar a expresar sus reivindicaciones. Precisamente, la Marcha del Orgullo Trans debía ser la que diese inicio a los actos que tendrían lugar del 19 al 26.

Una semana más tarde, la Policía ejercía una nueva demostración de fuerza contra los activistas que intentaban celebrar el Orgullo LGTB en Estambul, pese a la mencionada prohibición. Al menos 19 personas fueron detenidas (entre ellas varios políticos alemanes, miembros de Los Verdes). Y si esto ocurría antes del fracasado golpe de estado, ahora el Gobierno erdoganista tiene la excusa para justificar sus posturas LGTBfóbicas y para silenciar a colectivos incómodos o críticos (por más que no tengan ninguna vinculación con el golpe). Pero no todo vale, ni todo es justificable.

Apoyo a la diversidad turca desde la FELGTB

Hemos querido recoger el mensaje de solidaridad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) con el activismo y la comunidad LGTB turca. En declaraciones a dosmanzanas, el presidente de la organización igualitaria más importante de España, Jesús Generelo, se ha lamentado de que “las minorías LGTB siempre son especialmente vulnerables cuando se produce una situación de crisis como la de Turquía”.

Asimismo, Generelo ha dejado claro que “desde España vamos a instar a la diplomacia española para que la libertad de orientación sexual e identidad de género sean una prioridad en cualquier debate o discusión relacionados con los derechos humanos”. La FELGTB, en este sentido, se mantendrá “alerta” para apoyar cualquier iniciativa que fortalezca y defienda los derechos de la comunidad LGTB turca.

Finalmente, el activismo LGTB español confía en que la Unión Europea “incluya la perspectiva LGTBI a la hora de abordar diplomáticamente los derechos humanos en Turquía”. Sobre todo, teniendo en cuenta que “Turquía está haciendo el trabajo sucio para Europa en cuestiones relacionadas con los refugiados”.

Turquía: puente entre Europa y Oriente Medio, salvoconducto de refugiados y personas LGTB

Los países de Oriente Medio vecinos de Turquía, como Siria, Irán o Irak, viven una situación de LGTBfobia absolutamente insoportable. Hace un mes publicábamos la historia del mulá gay Taha. Peligrando su integridad física, e incluso su vida, Taha se veía obligado a abandonar Irán. En un primer momento se refugió en Estambul, una ciudad en la que buscan refugio muchas personas LGTB que consiguen escapar de países de cultura islámica con sociedades más intransigentes. Sin embargo, el objetivo último de Taha es conseguir el asilo en Canadá.

No obstante, aunque la realidad de esos países sea aún más dramática que la de Turquía, no es motivo suficiente para permanecer impasibles (especialmente teniendo en cuenta que Turquía es candidata a la adhesión a la Unión Europea). En 2015, el programa para refugiados de Iranian Queer Organization (IRQO), grupo iraní de defensa de los derechos LGTB radicado en Canadá, denunciaba el incremento de las agresiones que sufren los refugiados LGTB iraníes en Turquía. Muestra de ello es la que padecieron dos hombres gais por parte de un oficial de policía en enero de ese año, por el simple hecho de dar a conocer su condición de pareja.

IRQO apuntaba también que la confusa nueva Ley de Extranjería y Protección Internacional turca, que entró en vigor en 2013, está aumentando la inseguridad y la violencia contra los refugiados LGTB. La situación adquiere mayor gravedad al ser Turquía el destino preferente de los cada vez más numerosos refugiados LGTB iraníes que sufren en su país una represión política y social creciente.

LGTBfobia social y política en Turquía

La violenta represión del Orgullo Trans y el Orgullo LGTB de Estambul este año, desgraciadamente, no es la única. En 2015, por ejemplo, se volvieron a repetir las lamentables escenas de violencia policial exagerada contra los manifestantes, así como detenciones arbitrarias y difícilmente justificables. Según los organizadores del Orgullo, la marcha fue “prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul a causa del mes de Ramadán sin ningún aviso”. Pero este deterioro de las libertades sociales del colectivo LGTB se ha intensificado en los últimos años.

Otra de las extrañas coincidencias es que las prohibiciones, las dificultades y la represión contra la comunidad LGTB se hiciera más evidente tras la exitosa manifestación del Orgullo de Estambul de 2013, en la que participaron unas 15.000 personas. Ese año, la marcha del Orgullo LGTB de la metrópoli turca coincidía con las grandes movilizaciones populares contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, en las que el colectivo LGTB jugó un papel relevante.

Pero el ninguneo político de los afines de Erdogan viene de antes. En 2012 se oponían a la inclusión de una mención explícita en la nueva Constitución de Turquía a la orientación sexual y a la identidad de género en el artículo referido a la igualdad. Así lo habían solicitado dos partidos de la oposición, el Partido de la Paz y de la Democracia (BDP) y el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Un diputado del partido de Erdogan dijo entonces que “no consideramos correcto incluir una mención expresa a los homosexuales en ninguna parte de la Constitución”.

En 2011 Amnistía Internacional hizo público un informe en el que acusaba a las autoridades turcas de no actuar contra el acoso, la violencia y la discriminación de las personas LGTB. Todo ello por no hablar de los asesinatos y los delitos de odio LGTBfóbico, a menudo ignorados o minimizados por el Gobierno y por la policía. Sirva de ejemplo el fallecimiento de una mujer trans en Estambul, tras ser brutalmente agredida por la policía en 2013.

Pero esas mismas autoridades también han tenido que asumir políticas igualitarias en materias que se negaban a implementar. En marzo de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que el requisito de infertilidad permanente vinculado a una cirugía de reasignación de género, que pretendía imponer Turquía, es una “violación del derecho a la intimidad”, garantizado por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La relación de Erdoğan con la justicia

La relación de Erdoğan con la justicia no siempre ha sido muy buena que digamos y, como dice el refranero popular, “donde las dan, las toman”. El actual presidente turco, que lleva más de dos décadas en la primera línea política, fue condenado a prisión por “intolerancia religiosa”, después de pronunciar una conferencia en la ciudad anatolia de Siirt. Corría 1998 y se le acusó de violar el artículo 312/2 del Código Penal, que castiga la “incitación a la enemistad por razón de clase, raza, religión, sexo o diferencias regionales”.

Erdoğan leyó un “poema” de carácter islamista y nacionalista de Ziya Goekalp en el que se asegura que “la democracia es solo el tren sobre el que subimos para alcanzar el objetivo. Las mezquitas son nuestros cuarteles, los minaretes son nuestras bayonetas, las cúpulas nuestros cascos, los creyentes nuestros soldados”. Entonces se encontraba al frente de la alcaldía de Estambul (un cargo que ostentó entre 1994 y 1998) y se le prohibió ocupar cualquier puesto en la administración pública durante varios años.

Algunos dieron por concluida su carrera política, pero esta no había hecho nada más que comenzar. Más tarde, otros se preguntarían si un islamista es la persona más adecuada para liderar la modernización del país. En 2001 fundó el partido “Justicia y Desarrollo” (AKP), con el que llegó a primer ministro en 2002. Un aspirante a futbolista se convertía en presidente del Gobierno. No obstante, debido a la condena que pesaba sobre él, tuvo que esperar varios meses para poder acceder de forma efectiva al cargo, ya en 2003. Y en él se mantuvo hasta 2014, para “asumir” la presidencia de la República de Turquía.

El islamista que “escondía” a su propia familia

Turquía es una república con una trayectoria laica que se remonta a principios del siglo XX, a pesar de que la mayoría de la población profesa la fe musulmana (concretamente el 90 %, del cual el 75 % se adscribe a la rama sunita). Curiosamente, al ejército se le ha considerado garante de la secularidad del estado turco. Y, con todo, el intento golpista del pasado 15 de julio no es el primero al que se ha enfrentado el país (ya lo hizo antes en 1960, en 1971, en 1980 y en 1997).

Como Erdoğan ha sido un defensor tradicional del uso del pañuelo por las mujeres y su propia esposa e hijas, que lo vienen utilizando, han tenido que lidiar con la prohibición de acceder con esta prenda a los edificios públicos de Turquía. Por ello, en la medida de lo posible, Erdoğan solo aceptaba su participación en recepciones de estado en las que no se exigiera la asistencia de su familia. Del mismo modo, sus hijas estudiaron en los Estados Unidos para evitar el dilema del pañuelo.

Pero en 2013 Erdoğan aprovechó una visita a España para anunciar el “acuerdo” mediante el que se ponía fin a la prohibición del velo islámico (se empezó por las universidades). Por supuesto, no sin el enfado de los laicos turcos, que salieron a la calle para protestar.

El machismo y otras “lindezas” de Erdoğan

Tan solo hay que remontarse al mes de junio para recuperar las declaraciones machistas del presidente turco, en las que calificaba a las mujeres sin hijos como “deficientes” e “incompletas”. En palabras del presidente turco, “rechazar la maternidad significa renunciar a la humanidad”. Asimismo, considera que la legitimidad de la mujer para desarrollar sus propias carreras no debería ser un “obstáculo” para tener hijos. “Al menos tres”, añadió.

No menos llamativas fueron sus palabras del pasado mes de marzo sobre el uso del preservativo: “nadie puede interferir en la obra de Dios. El primer deber aquí pertenece a las madres”. Ninguna familia musulmana, siguiendo su discurso, debería someterse a la planificación familiar. Anteriormente ya había espetado que el condón es una “traición” a la Patria y al Islam. La lista completa de exabruptos y salidas de tono excede las posibilidades de este artículo.

Casualidad o no, únicamente una mujer se encuentra al frente de un ministerio actualmente en Turquía: Fatma Betül Sayan Kaya. Su cartera es la de Familia y Políticas Sociales.

Las dos caras de la Unión Europea

Turquía, tras años de acuerdos económicos con las instituciones de Europa, solicitó su adhesión a la Unión Europea en 2005. Pero, a pesar de que el ingreso turco en la Europa comunitaria es uno de los objetivos programáticos del presidente desde hace más de una década, mientras estuvo al frente de la alcaldía de Estambul defendió lo contrario, definiéndola como “la unión de cristianos, en la que Turquía no debe buscar nada”.

Ahora, los Gobiernos se atropellan al exigirle a Erdogan que no utilice el golpe de estado como arma arrojadiza para una criba que menoscabe la integridad democrática de Turquía, el estado de derecho y las libertades civiles. Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, le ha advertido de que la reacción al fallido golpe “no puede ser un cheque en blanco”. A los líderes europeos les preocupa que Erdogan cumpla su anuncio de reinstaurar la pena de muerte. Incluso la propia canciller alemana, Angela Merkel, llamaba el lunes al presidente turco para dejarle claro que esta medida es incompatible con la entrada en la UE.

Pero resulta difícil olvidar, por otro lado, el acuerdo del pasado mes de marzo entre los 28 y Turquía por el que se calificaba de “irregulares” a los solicitantes de asilo sirios. Según dicho acuerdo, se permitía devolver a Turquía a las miles de personas llegadas masivamente a Grecia a partir de ese momento. A cambio, la UE prometía acelerar la liberalización del visado para los nacionales turcos e impulsar el apoyo financiero para la población de refugiados de Turquía. Un caramelo envenenado que, para muchos críticos, supuso la ruptura de la Unión Europea con sus propios estándares humanitarios y con las políticas sobre personas refugiadas, que venía exportando por todo el mundo.

Y no son las únicas nubes que amenazan los derechos humanos en el país. Turquía volvía a bombardear objetivos kurdos por primera vez tras el golpe. Un grupo de aviones F-16 de las Fuerzas Armadas ha abierto fuego en Hakurk, al norte de Irak y en medio del Kurdistán, una región que abarca territorios de Irán, Irak, Siria, Armenia y Turquía, cuyo objetivo es la independencia.

Reacciones políticas desde España

Lo que escribía Mariano Rajoy:

Desde Jueces para la Democracia han exigido al presidente en funciones a intervenir ante los intentos de Erdogan de comprometer la independencia de la justicia. “Con posterioridad al intento de golpe de estado ocurrido en Turquía, hemos recibido noticias sobrecogedoras de nuestros colegas jueces/as y fiscales, incluidos los miembros de la asociación profesional YARSAV”, aseveran en una carta los responsables de esta asociación de jueces progresistas.     Así se expresaba el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez:  

  Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, lanzaba el siguiente mensaje:  

Finalmente, recogemos un tuit de Albert Rivera, líder de Ciudadanos:  

 

Fuente Dosmanzanas

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Aprobada por unanimidad la ley madrileña contra la LGTBfobia

Viernes, 15 de julio de 2016

34256_ley-lgtbi-comunidad-de-madridDía histórico para el colectivo LGTB madrileño este 14 de julio de 2016. Los cuatro grupos políticos de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han aprobado por unanimidad la denominada “Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid”. Una norma, en definitiva, contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género y contra la LGTBfobia, que coloca a Madrid entre las comunidades que ya han aprobado iniciativas similares.La Asamblea de la Comunidad de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad la ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, más conocida como ley contra la LGTBfobia.

Cuando Paloma Adrados, presidenta de la cámara, confirmaba que la ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid había sido aprobada por unanimidad, la Asamblea desbordaba euforia.

La mayor parte del color y de la alegría ha venido por parte de los activistas LGTBI que tanto sudor y esfuerzo han derrochado para crear una ley que consigue que Madrid de un gran paso para alcanzar una igualdad real para el colectivo.

Un momento en el que hasta los cimientos de la Asamblea de la Comunidad de Madrid han temblado de pura emoción y en el que el activismo que se encontraba en la sala ha celebrado con sonoros aplausos y ondeando banderas arcoíris.

La ley, que busca la no discriminación de las personas LGTBI así como la protección de las mismas, ha salido adelante gracias a los votos a favor de las cuatro formaciones que componen el parlamento regional, a pesar de que como ha recordado la oposición, esta presentaba 138 enmiendas al proyecto inicial del Partido Popular.

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Formalmente, la nueva ley ha sido impulsada por el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, pero a nadie se le oculta que el hecho de que el Partido Popular no disponga de mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid es el que ha permitido que los grupos de la oposición hayan podido enriquecer el texto durante la tramitación parlamentaria de acuerdo a las reivindicaciones de los colectivos LGTB. El pasado mayo, la Comisión de Políticas Sociales y Familia aprobaba el correspondiente dictamen, que incorporaba hasta 138 enmiendas gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos (el PP prefirió entonces abstenerse). Pero no ha sido hasta hoy, casi dos meses después, que el pleno la ha votado, contando, en esta ocasión sí, con el voto favorable del grupo popular.

El texto de la ley, de este modo, incorpora plenamente las demandas de los colectivos LGTB, como ha sucedido ya en otras comunidades en las que el PP no gobernaba o lo hacía sin mayoría absoluta, como Cataluña o Extremadura y más recientemente Baleares y Murcia. La única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares ha sido la de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

La ley madrileña, en este sentido, sí incluye un capítulo sancionador y contempla medidas como la inversión de la carga de la prueba (debe ser el acusado de conducta discriminatoria el que demuestre su inocencia) o la creación de un Consejo LGTBI que permita la participación de los colectivos en las políticas públicas referidas a esta materia, así como de un Centro de Documentación y Memoria Histórica LGTBI. También obliga a los centros educativos, y ello es especialmente importante, a abordar en las aulas la diversidad sexual y de género, e incluye medidas en ámbitos tan importantes como el sanitario, el laboral.

Por lo que se refiere al capítulo sancionador, las multas podrán llegar, en los casos muy graves, hasta los 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un período de hasta tres años, la inhabilitación temporal por un periodo de hasta tres años para ser titular de centros o servicios dedicados a las prestación de servicios públicos e incluso la prohibición de contratar, también por por un periodo de hasta tres años, con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos.

En espera de que el texto de la ley sea publicado oficialmente, puedes acceder a él en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del pasado 2 de junio, donde fue publicado tal y como fue aprobado en Comisión (páginas 6.990 a 7.026).

Dos históricas activistas LGTB en la tribuna

Se da la circunstancia, en este caso, de que dos de las diputadas intervinientes en el Pleno que ha aprobado la ley, representando a PSOE y Podemos, son además históricas activistas LGTB: Carla Antonelli y Beatriz Gimeno. Insertamos a continuación sus dos intervenciones, especialmente cargadas de emoción, que os invitamos a disfrutar:

Carla Antonelli recuerda a Zerolo

Carla Antonelli, diputada del PSOE, ha reivindicado la figura del activista Pedro Zerolo y ha dado la bienvenida al PP a “la igualdad real después de votar 40 años en contra de los derechos LGTBI”.

La diputada socialista ha realizado una de las intervenciones más emotivas al recordar las “historias de dolor y sufrimiento” con las que pretende acabar la ley.

Antonelli ha querido señalar que hace no tanto tiempo “había torturas y brutales palizas en comisaría, donde nos daban la patada de gracia, en la Dirección General de Seguridad, donde ya en el suelo nos daban la patada de gracia y nos decían, ahora me denuncias, maricón”.

La parlamentaria ha indicado que la ley inicial del PP “no contaba con la presencia de las asociaciones LGBTI“, algo que ha definido como una “aberración”. “Ya no es su ley, sino que es la ley de sus colectivos con todas sus enmiendas, porque la verdad solo tiene un camino“.

Además, ha recriminado la actitud del Partido Popular puesto que “quieren ponerse detrás de la pancarta pero tienen que haber demostrado un compromiso con el colectivo, y aquí están de perfil”.

Beatriz Gimeno y la lucha

Beatriz Gimeno, parlamentaria de Podemos, ha hecho hincapié en la lucha continua del activismo. Gimeno ha mirado a un pasado oscuro repleto de ”cárceles, manicomios, violaciones correctivas, chistes de mariquitas, discriminación, del maltrato y la segregación, y a pesar de esta ley no hemos ganado, ya que una parte del mundo todavía está en esa parte”.

En su intervención también ha querido recordar que “hace once años el PP llamó al Senado a un experto psiquiatra, depositario de una cierta visión de la realidad, que trató de combatir la ley del matrimonio igualitario.

33921_asamblea-madrid-bandera-arcoirisSegún ha asegurado Gimeno, la ley cambiará muchos aspectos para el colectivo LGTB ‘‘las terapias para curar la homosexualidad serán prohibidas, nunca más habrá adolescentes empastillados y padres engañados, y nunca más se podrá decir que la homosexualidad se puede curar”.

Ciudadanos y la Revolución Francesa

Tomás Marcos ha sido el parlamentario de Ciudadanos que ha intervenido en la mañana. El diputado ha indicado que la ley se votaba en una fecha tan señalada como el 14 de julio, Día Nacional de Francia en el que se conmemora la Revolución Francesa cuyo lema, ‘Igualdad, Libertad, Fraternidad’, ha querido recordar puesto que es lo que “grita” esta ley.

Marcos ha agradecido de manera constante durante su intervención la presencia de asociaciones en defensa de los derechos LGBTI, como FELGTB, Arcópoli, Triángulo, COGAM, de quienes ha reconocido su “activismo comprometido”.

Para finalizar, el diputado de Ciudadanos ha recalcado que la ley “reparara una discriminación histórica, sobre todo en educación, sanidad y deporte, para luchar contra la LGTBfobia” y que además “garantiza la protección efectiva”.

Enrique Ossorio, el portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea, ha recordado que esta ley era el punto 156 del programa electoral con el que el PP se presentó a las pasadas elecciones autonómicas y que la actuación de la oposición ha puesto “en evidencia la exclusión que hicieron del proyecto”.

“El resultado que se obtiene es un marco para la defensa, un marco para la protección de actos contra estas conductas”, y que ello se ha conseguido gracias a reuniones con las diversas asociaciones.

Así, Ossorio ha indicado que la ley recoge principalmente la protección de personas LGTBI frente a discriminación, protección de víctimas, y cauces de participación.

Dos diputados populares se ausentan para no votar la ley

La histórica votación ha quedado mínimamente empañada por la ausencia de dos diputados del PP, Luis Peral y David Pérez. Luis Peral, de hecho, no disimula sus posiciones contrarias a la igualdad LGTB. En esta misma página recogimos, por ejemplo, su asistencia a la ya extinta “misa de las familias”, el evento contra los modelos familiares distintos al tradicional promovía cada mes de diciembre el anterior arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela.

Por lo que se refiere a David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón, hace solo un par de semanas protagonizaba otro triste episodio de homofobia al negarse a izar la bandera arcoíris en el Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB pese al requerimiento de toda la oposición.

Los dos diputados “díscolos” deberán abonar a su grupo una multa de 300 euros.

Ahora, a por leyes estatales 

Con independencia de que otras comunidades autónomas sigan extendiendo derechos, lo que pone de manifiesto lo sucedido en Madrid es que a día de hoy se dan las condiciones para que se produzcan por fin avances a nivel estatal, después de la parálisis de los últimos cuatro años y medio de gobierno popular.

Lo decíamos después de las últimas elecciones: gobierne quien gobierne, la composición del Congreso de los Diputados, con un PP lejos de la mayoría absoluta (y muy especialmente teniendo en cuenta que la sensibilidad hacia la realidad LGTB de sus dirigentes nacionales dista mucho de la de Cristina Cifuentes), permite aprobar con comodidad varias iniciativas fundamentales en las que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos podrían coincidir: una nueva ley de identidad de género desprovista de anacronismos (sin enfoque patologizante y que incluya a los menores trans), una ley de igualdad de trato y no discriminación, un compromiso contra el VIH y medidas educativas contra la LGTBfobia.

Por Redacción Chueca/Dosmanzanas

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