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El barrio de Chueca contará con una Plaza de la Memoria Trans por acuerdo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos

Lunes, 24 de abril de 2017

plaza-de-la-memoria-trans-300x167Madrid contará con una Plaza de la Memoria Trans, que estará situada en pleno barrio de Chueca. La iniciativa ha sido aprobada por el pleno de la Junta Municipal del Distrito Centro. La propuesta partió de Ahora Madrid y contó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. El Partido Popular prefirió abstenerse.

La futura Plaza de la Memoria Trans se ubica en el cruce de las calles San Gregorio y San Lucas, a algo más de cien metros de la emblemática Plaza de Chueca. Es un espacio arbolado, en el que se sitúa un pequeño parque infantil, que hoy día carece de nombre diferenciado, pese a ser un cuadrado bien definido. El grupo municipal de Ahora Madrid había propuesto llamarlo Plaza de Alan Oliveira Costa, el joven adolescente trans cuyo suicidio en Rubí (Barcelona) en diciembre de 2015 supuso un auténtico mazazo para el colectivo LGTB. La familia, sin embargo, no estaba de acuerdo, motivo por el cual se modificó la propuesta para convertir la plaza en un homenaje genérico a todas las personas trans víctimas del odio y la intolerancia.

La iniciativa ponía de acuerdo en la Junta Municipal del Distrito Centro a Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, pero sorprendentemente el Partido Popular ha preferido abstenerse. Y decimos sorprendentemente porque el espacio que ahora será renombrado fue precisamente el que el PP propuso en su momento como Plaza de Pedro Zerolo. En aquella ocasión, uno de los argumentos que llegaron a defender los populares era el “gasto” que suponía renombrar la antigua Plaza Vázquez de Mella. Resulta difícil entender por qué en esta ocasión, en la que no hay que proceder a ninguna sustitución de nombre, el PP sigue sin sumarse al acuerdo del resto de los partidos…

Fuente Dosmanzanas

 

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Activistas LGBT gritan: “Parad el exterminio y tortura de homosexuales en Chechenia”Unas 300 personas se manifiestan contra la persecución LGTBI en Chechenia

Viernes, 21 de abril de 2017

200x200-noticias-parad-el-exterminio-y-tortura-de-homosexuales-en-chechenia“Al menos tres personas han sido asesinadas” y asegura que la persecución “está orquestada por el estado checheno”.

Activistas de México, España y Reino Unido se movilizan contra la purga homosexual en Chechenia, exhortando al gobierno de Vladimir Putin a reaccionar y a la comunidad internacional a iniciar una investigación mediante la que se aclaren los hechos y se detenga esta violación de los derechos humanos. Se han convocado manifestaciones en el Reino Unido, México y España: Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar han confirmado que asistirán a la de Madrid.

A veinte días de que Novaya Gazeta publicara la noticia de la salvaje purga de homosexuales en Chechenia, pocas son las reacciones que ha habido contra Rusia y su presidente, pero mucha la rabia contenida de muchos miembros del colectivo LGBT. Ni hubo reacciones al hablar de campos de concentración ni cuando Vladimir Putin y Ramzan Kadyrov afirmaban que nos lo estábamos inventando todo. Pero después de unas primeras tímidas condenas y acciones de protesta iniciales en Madrid, Londres, México y Barcelona, y, sobre todo, de la contundente condena de Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos en la ONU, algunas televisiones han comenzado a difundir la noticia, mientras que activistas de México, España y Reino Unido preparan acciones pacíficas más contundentes, contando en España con el apoyo de los cineastas Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.

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Parad el exterminio y tortura de homosexuales en Chechenia – Foto: Uso permitido

Velada en México D.F.

«Exhortamos a las autoridades del Gobierno de Rusia a llevar a cabo acciones que garanticen la protección de los derechos humanos y la vida de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en ese país (…). Repudiamos todo acto y acciones que fomenten discursos discriminatorios y que induzcan a la violencia, así como todo acto que promueva el odio contra las personas homosexuales. Denunciamos las detenciones arbitrarias y todos los espacios ilegales de reclusión (…). Las tradiciones y argumentos morales no justifican la privación de libertad por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. Hacemos un llamado enérgico para que el estado ruso emprenda las investigaciones necesarias y sancione los actos de tortura», reclamaba ayer, 19 de abril, un grupo de activistas ante la embajada de Rusia en México D.F., quienes hicieron entrega de una carta en la que solicitan una investigación que ponga fin a unas acciones que vulneran los derechos humanos.
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Activistas ante la embajada de Rusia en México – Foto: Uso permitido

Para esta misma noche, 20 de abril, la activista Alexandra Rodríguez Durán ha convocado lo que denomina una velada en apoyo de las personas recluidas en campos de concentración en la federación rusa, donde se les tortura para que identifiquen a personas homosexuales de su entorno. El encuentro tendrá lugar en la embajada de Rusia, ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, y aspiran a congregar a más de 200 personas a las que han animado a acudir con velas, flores, lámparas y todo tipo de pancartas.

Manifestación en Madrid

Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, los dos cineastas españoles más internacionales, han confirmado su intención de encabezar la manifestación convocada en Madrid para este viernes, 21 de abril, a las 20 horas, delante de la embajada rusa en España, ubicada en el número 155 de la calle Velázquez. Se trata de una manifestación pacífica en la que tratarán de unir « fuerzas, dejando atrás divergencias e ideologías para mostrar nuestra repulsa como colectivo y conseguir dar visibilidad y movilizar a la comunidad internacional en contra de la caza, tortura y exterminio de homosexuales en Chechenia», explican en la convocatoria de la manifestación, en la que denuncian que se haya desdeñado esta información en los mass media.

630x800-noticias-parad-el-exterminio-y-tortura-de-homosexuales-en-checheniaParad el exterminio y tortura de homosexuales en Chechenia – Foto: Uso permitido

Por el momento, sólo La Sexta ha dado cobertura a esta situación, aunque lo hacía después de muchos días de ostracismo, cuando no paraban de llegar testimonios desgarradores y condenas desde el exterior. Tan sólo el Partido Socialista Obrero Español ha condenado esta situación de manera oficial, días después de que lo hiciera el PSC, como también lo han hecho miembros de En Comú Podem e Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. La convocatoria de la manifestación surge en Facebook, de manera expontánea, promovida por Juan Carlos Rodríguez Morante, publicista y diseñador de moda, y Víctor Alonso, fotógrafo y DJ con el alter ego de Pepino Marino.

Concentración en Barcelona

Unas 300 personas se manifestaron el martes en Barcelona en protesta contra la persecución del colectivo LGTBI en la República de Chechenia, que se conoció a través de la publicación Novaya Gazeta la semana pasada.

La plataforma LGTBIcat, con motivo de la manifestación, ha hecho público un manifiesto en el que recuerda que “al menos tres personas han sido asesinadas” y asegura que la persecución “está orquestada por el estado checheno”.

barcelona_homofobia_checheniaLa protesta, que ha tenido lugar en la plaza Sant Jaume, ha contado con los parlamentos del presidente de LGTBIcat, Joaquim Roqueta, y del presidente del Observatorio contra la Homofobia, Eugeni Rodríguez y, al final del acto, se ha dado lectura al manifiesto.

Según el mismo, “la persecución en Chechenia no es un hecho aislado y existen 77 países del mundo con legislaciones que rechazan el colectivo LGTBI, de los que 10 mantienen la cadena perpetua o la pena de muerte”.

 La plataforma LGTBIcat ha expresado su “firme y contundente rechazo y su solidaridad y apoyo a las víctimas de esta barbarie”.

La plataforma advierte a la comunidad internacional de “la necesidad de hacer frente a esta lacra y de frenar los ataques contra las libertades y derechos fundamentales del colectivo LGTBI”.

El manifiesto concluye que los responsables de la vulneración de los derechos de las personas LGTBI “deben ser detenidos y puestos en manos de los tribunales internacionales correspondientes”.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los concejales de Barcelona Jaume Collboni y Jaume Asens y la directora general de Igualdad, Mireia Mata, son algunas de las autoridades que han participado en la manifestación.

Acciones conjuntas en el Reino Unido

Aunque Boris Johnson condenaba lo que está sucediendo en Chechenia en su cuenta de Twitter, la reclamación no llegaba a ningún despacho, ni Theresa May llegaba a pronunciarse respecto. Por eso es también el colectivo LGBT en el Reino Unido el que tiene que movilizarse para exigir que se detenga la barbarie y luchar por sus derechos. Está previsto que se realicen acciones conjuntas en Bristol, Leeds, Manchester, Liverpool, Edimburgo y Londres este sábado, 22 de abril.

«Es importante que personas de todos los orígenes (…) hablen cuando las personas LGBT + están siendo silenciadas simplemente por existir. No podemos darnos el lujo de ser complacientes», declara Forzana Khanom, estudiante universitaria detrás de la convocatoria de Bristol, quien creció en una familia musulmana en Londres y considera importante conseguir una condena de esta vergonzosa situación de todo tipo miembros de la sociedad, seas cuales sean sus ámbitos políticos, religiosos, sociales y culturales.

«Bristol Pride ha estado trabajando duro para ayudar a aumentar la conciencia de lo que está sucediendo en Chechenia desde que salió la noticia, recabando cartas, instando a las investigaciones urgentes y pidiendo a la gente que enviara tuits de apoyo a las víctimas. Eventos como este nos recuerdan la persecución que existe para la gente LGBT + en todo el mundo y la importancia de usar nuestra voz para apoyar a aquellos a los que les han quitado sus voces y sus vidas. No podemos dejar que esta forma de flagrante abuso de los derechos humanos pase sin plantarle cara», declara Daryn Carter, directora de Bristol Pride.

 

Fuente Universogay/Cáscara Amarga

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El gobierno socialista de Portugal propone dar reconocimiento civil a las personas intersexuales

Martes, 11 de abril de 2017

bandera-portugalAyer informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba que los 22 países de la UE que obligan a las personas trans a esterilizarse para poder ver su género reconocido legalmente están vulnerando los derechos humanos y prohíbe su práctica. Hoy, publicaos esta nueva y buena noticia que ya adelantábamos en enero pasado…

Ya no sería necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil.

El Gobierno socialista de Portugal aprobó el pasado jueves en consejo de ministros una propuesta de ley que establece el régimen de identidad de género y otorga reconocimiento civil a las personas intersexuales (que tienen características físicas de ambos sexos).

El documento también establece el marco legislativo para los transgénero y los transexuales, “suprimiendo las discriminaciones subsistentes en la ley, como forma de protección y promoción de los derechos fundamentales de estas personas”, recoge el comunicado del consejo de ministros, que no avanza más detalles.

Con ello, el Gobierno que preside Antonio Costa pretende avanzar en el respeto de los derechos humanos de transexuales, transgénero e intersexuales, “con procedimientos que garanticen una mayor calidad de vida y una mayor inclusión de un grupo social que con frecuencia es objeto de discriminación, estigma y violencia”.

El mes pasado, la secretaria de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad, Catarina Marcelino, adelantó que la ley que estaba preparando el Ejecutivo establecería que ya no era necesario un informe médico para pedir un cambio de sexo en el registro civil. Además, reduciría la edad mínima para poder realizar esta solicitud de los 18 a los 16 años y garantizaría que los menores transexuales serían tratados en la escuela con el nombre con el que ellos mismos se identificaban. También fue anunciado que la norma prohibiría realizar intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro a las personas intersexuales hasta que fueran lo suficientemente mayores como para elegirlo libremente.

La propuesta de ley aprobada el jueves por el Gobierno deberá ser sometida a tramitación en el Parlamento, donde los socialistas no tienen mayoría absoluta pero están apoyados por otras fuerzas de la izquierda.

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En este sentido, el pasado 20 de febrero, el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad. La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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Más de 70 eurodiputados de todo signo político alertan a la Comisión Europea del ataque transfóbico de Hazte Oír

Jueves, 30 de marzo de 2017

arsuaga-en-el-parlamento-europeoInstan a Bruselas a tomar medidas contra HazteOír

Que presione a la ONU para retirarle el estatus de ‘organización consultiva’

Urgen al Gobierno español a retirar el estatus de “organización de utilidad pública”.

 Arsuaga, invitado por los ultras a hablar en el Parlamento Europeo

Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”. A esta conclusión han llegado más de 70 eurodiputados de todo signo político, quienes han instado este martes al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora.

Como reacción a la campaña del bus de la organización Hazte Oír que propaga un mensaje transfóbico, más de 70 eurodiputados de diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo han enviado una carta a la Comisaria Vera Jourova denunciando este ataque a la comunidad transgénero que incita al odio y constituye una grave violación de los principios fundamentales de la Unión Europea.

La misiva de los políticos coincide con la presencia en Bruselas del presidente de la asociación, Ignacio Arsuaga, quien este mismo martes ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo, invitado por el eurodiputado de la Lega Nord, Lorenzo Fontana, del mismo grupo al que pertenece el partido de Marine Le Pen.

Los eurodiputados firman una carta en la que denuncian que los mensajes del autobús de HazteOír que recorrió las calles de Madrid van en contra de los derechos fundamentales de la Unión Europea y los derechos humanos de todo el colectivo LGTBI, “reforzando la cultura de la exclusión y la discriminación”.

Por ello, instan a Jourova que tome medidas para presionar al Gobierno español para que retire a esta asociación el estatus de ‘organización de utilidad pública‘, ya que esta clasificación le permite disfrutar de beneficios fiscales.

La misiva, promovida por los eurodiputados Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Iratxe García Pérez (PSOE) y Ernest Urtasun (ICV), reclama también que se suspendan las subvenciones públicas que recibe HazteOír y pide a Bruselas que interceda para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) le retire el estatus de ‘organización consultiva’.

La carta termina con el llamamiento a que campañas como esta no vuelvan a repetirse ya que dejan a los menores en un estado de completa indefensión y cuestionan gravemente los pilares fundamentales de tolerancia y de coexistencia democrática.

Este tipo de campañas “condenan a la total desprotección” de los sectores expuestos a la vulnerabilidad como, por ejemplo, los menores y “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia”, concluye el texto firmado por los eurodiputados.

Junto a Lola Sánchez, Iratxe García y Ernest Urtasun, firman la carta eurodiputados españoles del PSOE, Izquierda Unida, Podemos, PNV y ERC, pero también de otras nacionalidades y familias políticas, como el conservador británico Ian Duncan, la belga de los liberales Lieve Wierinck o el socialista francés Eric Andrieu.

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol también remitió la víspera una carta al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, lamentando que se permitiera ofrecer un “discurso de odio” en las instalaciones de la Eurocámara.

Estimada Sra. Vera Jourova,

Durante estas últimas semanas ha circulado por las calles de Madrid un autobús con un mensaje tránsfobo de incitación al odio. El vehículo, que lleva inscritas frases como “los niños tiene pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen”, forma parte de una campaña contra la aprobación de leyes de protección de los colectivos LGTBI.

Consideramos que:

Se trata de una acción de incitación al odio en contra de la comunidad transexual e intersexual.

Estos mensajes vulneran claramente los principios fundacionales del estado de derecho, la carta de derechos fundamentales de la UE, y los derechos humanos de todo el colectivo LGTBI, reforzando la cultura de la exclusión y la discriminación hacia este colectivo.

Exigimos que la Unión Europea encomiende:

  • Al Gobierno de España a retirar la condición de “utilidad pública” a la asociación HazteOír: entre los requisitos para que una asociación sea declarada de utilidad pública está que respeten los valores constitucionales y de promoción de los derechos humanos o de fomento de la tolerancia. Esta condición permite a las organizaciones beneficiarse de exenciones y beneficios fiscales y asistencia jurídica gratuita.
  • A la Organización de las Naciones Unidas a que retire el estatus consultivo del que goza dicha organización, y no se le permita la asistencia, en Marzo, a las jornadas sobre derechos de la mujer organizadas en el seno de esta institución.
  • A las instituciones españolas a que le sean retiradas todo tipo de subvenciones públicas.
  • A que este tipo de campañas no se vuelvan a permitir, pues por un lado condenan a la total desprotección a los sectores más expuestos a la vulnerabilidad, como los menores, y por otro, ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia democrática.

Atentamente,

MEP AGUILERA GARCÍA, Clara Eugenia

MEP ALBIOL GUZMÁN, Marina Leer más…

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El Ayuntamiento de Granada impulsa una campaña contra la homofobia y la transfobia infantil

Miércoles, 29 de marzo de 2017

ayuntagranadaOfrecen a los colegios, por primera vez, material didáctico para su uso por parte de los alumnos de infantil y primaria.

El Ayuntamiento de Granada ha impulsado una campaña de sensibilización y promoción del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a la identidad de género en colaboración con la Federación Andaluza Arco Iris y el colectivo Familias por la Diversidad.

‘Mi hijo, mi hija quizás sea lesbiana…quizás sea gay…tal vez transexual…o incluso hetero’ es el título de esta iniciativa presentada este lunes y que pretende divulgar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos emergentes, entre los que están incluidos los sexuales y reproductivos.

Jemi Sánchez, concejala de Derechos Sociales de Granada (PSOE), ha puesto en marcha dos actuaciones contenidas en la declaración institucional contra la homofobia y la transfobia que aprobó el pleno del Ayuntamiento el pasado mes de noviembre.

El objetivo es afrontar con normalidad y naturalidad la problemática de los niños y niñas cuando descubren su identidad y quieren manifestarla a las familias, ha declarado la edil.

Isabel Martínez, de Familias por la Diversidad, ha incidido en la necesidad de trabajar y concienciar a la sociedad en la tolerancia.

 La campaña de sensibilización se desarrollará en centros municipales de servicios sociales, educativos, cívicos, de mayores, oficinas desconcentradas, bibliotecas y en las instalaciones deportivas.

Los carteles y charlas incidirán en la necesidad de garantizar la educación en valores, la libertad y respeto a todas las personas con independencia de su identidad de género o su diversidad afectivo-sexual.

En paralelo, hasta el 31 de marzo podrá visitarse la exposición “Es natural en el reino animal” en el Ayuntamiento, que consta de dos cuentos, dos cuestionarios y 25 paneles con dibujos y textos, de los que 12 giran en torno a las curiosidades, efemérides y especies animales de cada uno de los meses del año.

La exposición intenta derribar los tópicos existentes sobre el reino animal y mostrar la realidad acerca de las diferentes orientaciones del deseo.

El contenido de la muestra y el material didáctico que la acompaña se facilitará a los centros educativos para su uso como recursos didáctico y pedagógico.

Será la primera vez que el Ayuntamiento ofrece este tipo de actividad escolar a los alumnos de infantil y primaria, desde los 3 a los 12 años.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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Según el nuevo presidente del Constitucional, el matrimonio igualitario “desnaturaliza” la institución y la adopción homoparental “atenta al interés del menor”

Sábado, 25 de marzo de 2017

pedro-gonzalez-gonzalez-2015El Tribunal Constitucional, renovado parcialmente tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE, ha elegido nuevo presidente. No se trata de una figura simbólica: entre otras prerrogativas propias del cargo, el voto de calidad del presidente es el que decide en caso de empate. Es, por tanto, una elección muy importante. Y la persona elegida, gracias a la mayoría de la que gozan en el alto tribunal los afines al PP, ha sido Juan José González Rivas, uno de los magistrados que votó en contra del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos.

Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Supremo y de perfil conservador, es miembro del Tribunal Constitucional desde julio del año 2012, cuando fue elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP (también en virtud de un acuerdo entre PP y PSOE para repartir los puestos entonces vacantes, como ha sucedido ahora). Recién llegado al Constitucional, González Rivas participó en las deliberaciones sobre el recurso del PP contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, y de hecho fue uno de los tres miembros que entonces se opusieron a su constitucionalidad, junto a Ramón Rodríguez Arribas (que dejó el Constitucional en 2013) y Andrés Ollero. Este último, que fue diputado del PP y es miembro del Opus Dei, era de hecho el que hasta hace pocos días sonaba como probable nuevo presidente, cargo que finalmente ha recaído en González Rivas.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, González Rivas expresó, en su voto particular, que “la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, desnaturaliza, en mi opinión, la esencia de la institución”. El ahora presidente del Constitucional se remontó además a un auto de 1984 del alto tribunal para afirmar que “las relaciones homosexuales no son equiparables con las relaciones heterosexuales entre personas de sexo distinto”. 

Por lo que se refiere a la adopción homoparental, González Rivas aseguró que de los artículos 32 y 39 de la Constitución “se infiere la imposibilidad de desarrollar una relación de filiación adoptiva por dos adoptantes del mismo sexo” (a pesar de que ninguno de los dos artículos, uno el referido al matrimonio y otro a los deberes de los padres respecto a los hijos y a la protección que estos merecen hacen referencia alguna a dicha circunstancia), defendió que no es discriminatorio negar la adopción a las parejas del mismo sexo y afirmó, para finalizar, que permitir la filiación por adopción efectuada por adoptantes del mismo sexo “atenta al prevalente interés del menor”.

Si quieres verlo por ti mismo, puedes acceder a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio igualitario y leer los votos discrepantes en este enlace. El voto de González Rivas es, de hecho, el que cierra el texto.

Opuesto a las pensiones de viudedad en parejas del mismo sexo

González Rivas no solo se ha opuesto, como miembro del Tribunal Constitucional, al matrimonio igualitario y la adopción homoparental. También lo ha hecho, y de forma reiterada, a que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio por tenerlo prohibido puedan acceder a la pensión de viudedad. Un derecho que la mayoría conservadora de la que goza el Tribunal Constitucional ha negado sistemáticamente en los últimos años.

Una mayoría, recordemos, que sigue sólida como una roca tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE para repartirse al 50% los cuatro puestos del alto tribunal que tocaba renovar por parte del Senado, de forma que no se ha visto alterada su composición ideológica, ya claramente escorada hacia la derecha. Y que ha permitido a González Rivas acceder a la presidencia, por ocho votos a favor (los de los siete miembros propuestos por el PP y el de Encarnación Roca, propuesta en su día por el PSOE pero frecuentemente alineada con el sector conservador) y cuatro abstenciones. Un mandato que mantendrá durante tres años, transcurridos los cuales puede optar a otra renovación más. Como vicepresidenta ha sido elegida Encarnación Roca, con los mismos votos.

La actual composición del Constitucional se mantendrá hasta julio de 2021, cuanto haya que renovar a los cuatro miembros que elige el Congreso. Unos años durante los cuales no es descartable que el alto tribunal se tenga que pronunciar sobre leyes que afectan directamente a los derechos de las personas LGTB. De ahí la importancia, no solo de su composición ideológica, sino de la persona que ocupa la presidencia, encargado de deshacer posibles empates.

No podemos, por tanto, sino expresar nuestra preocupación por el nombramiento de González Rivas, un nuevo ejemplo de que pese a los cambios políticos operados en España en los últimos años las más altas instituciones del Estado siguen férreamente controladas por los más conservadores.

Fuente Dosmanzanas

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El parking madrileño de Vazquez de Mella se llamará Pedro Zerolo… con la abstención del PP

Lunes, 20 de marzo de 2017

header-parking-vazquez-mella-696x403Se aprueba la iniciativa presentada por el PSOE para el cambio de nombre.

El pasado jueves, el Pleno de la Junta Municipal de Centro de Madrid aprobó el cambio de nombre el aparcamiento Vázquez de Mella por el de Pedro Zerolo con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid. Sí, efectivamente, el PP no votó a favor… ni en contra. Al menos desde su punto de vista porque si no votas a favor de algo tan sencillo, es como votar en contra ¿no? En cualquier caso, el PP se abstuvo.

¿La razón para no apoyar el cambio? El dinero. Y es que los populares aseguran que esto conllevará “costes administrativos” que se podrían evitar.

Sí. Has leído bien. Costes administrativos por cambiar el nombre de un parking… ¿cuáles son esos costes más allá de cambiar algún impreso? Pues… ni idea pero es el mismo argumento que utilizaron en su día para oponerse a cambiar el nombre de la Plaza Vázquez de Mella y que nos sonó a cuento chino.

Luego se quejan de que no les invitan al Orgullo… Y es que, como le recordaba Carla Antonelli, Señora Cifuentes, la pancarta del Orgullo exige compromiso demostrado

Fuente: Europapress, vía EstoyBailando

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El Congreso de los Diputados de España exige al Gobierno que revoque la declaración de “utilidad pública” a HazteOir

Viernes, 17 de marzo de 2017

Congreso de los Diputados cercaSostiene que promueve “el odio, la intolerancia y la discriminación de LGTBI”

El grupo ultracatólico vuelve a cambiar el logo de su autobús: “Lo dice la Biología”

El texto sometido a votación ha sido aprobado por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones. Es una transaccional suscrita por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC.

(J. Bastante/Agencias).- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, en virtud de la cual se exige al Consejo de Ministros que incoe el procedimiento y los trámites necesarios para la revocación de la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, “cuyas actuaciones promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI“.

El texto sometido a votación, una transaccional suscrita por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, ha sido aprobada por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones.

La propuesta ha contado con 205 votos a favor y uno solo en contra. El grueso del Partido Popular (129) se abstuvo en la votación. El texto de la propuesta sostiene que las acciones de esta organización “promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI”.

Los grupos parlamentarios firmantes consideran que las actividades de esa organización resultan “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”. Además, “no responde a los requisitos fijados en la ley orgánica reguladora del derecho de asociación”.

La moción inicial de Podemos que dio origen a la transaccional insta también al Gobierno a tramitar un proyecto de ley que regule los derechos de las personas LGTBI y un proyecto de ley integral para las personas ‘trans’ que no vulneren las competencias de las comunidades autónomas.

 Dichos proyectos de ley se trabajarán en coordinación con los colectivos de defensa de los derechos de esos colectivos y prestarán especial atención a las mujeres.

En las últimas semanas, Hazte Oír ha generado una gran controversia por su autobús tránsfobo que bajo el lema “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen” recorrió la capital. La Policía inmovilizó el autobús y HazteOir incluyó la palabra “censurado” en su nuevo autobús “por la libertad de expresión”. Ahora, ha vuelto a cambiar el lema del bus, que saldrá en las próximas horas hacia Barcelona. Ahora dice lo siguiente: Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biología. Respeto para todos. No al bullying”.

Los tres vehículos de HazteOir fueron multados por el Ayuntamiento de Madrid por incumplir la ordenanza de publicidad. El grupo ultracatólico asegura que con este autobús recorrerá varias ciudades españolas, todavía por determinar. Este mismo miércoles, HazteOir denunció ante la Fiscalía General del Estado a varios políticos, entre los que se encuentran Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Cristina Cifuentes y Alberto Garzón, “por insultar, amenazar y acusar de incitar al odio” a varios miembros de esta asociación

Fuente Agencias/Religión Digital

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Alfa y Omega denuncia que “HazteOir no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos” y la Asamblea de Madrid pide por unanimidad que HazteOír debe dejar de ser entidad de utilidad pública

Sábado, 11 de marzo de 2017

alfa-omega-644x362nachoIgnacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

asambleaLa proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ministro-interior-homofobia-marceloultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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Crónica anunciada: La Transfobia de Hazte Oír y la pasividad del Gobierno Autonómico y del Estado de derecho

Sábado, 4 de marzo de 2017

antonelli_carlaReproducimos íntegramente la nota de prensa remitida por Carla Antonelli con fecha 1 de Marzo de 2017.

Carla Antonelli-. El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid llevará el pleno del jueves día 9 una Proposición No de Ley, donde se instará al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que tome las medidas oportunas para la paralización de la campaña Transfóbica y LGTBIfóbica de la Plataforma HazteOír, cuyas últimas acciones han sido pasear un autobús por Madrid donde claramente se incita al odio hacia niñas y niños transexuales, en la negación del derecho a su propia identidad y sexo sentido. Además, se pedirá la aplicación del régimen sancionador de la Ley Integral de Transexualidad y de LGTBIfóbia por infracciones graves y muy graves, que se pueden elevar hasta 45.000 euros.

A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado 45 preguntas de respuesta oral en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ante el incumpliendo y desarrollo de la Ley Integral de Transexualidad, por cada uno de los artículos y puntos de la normativa que aún no se ha desarrollado, a pesar de haber pasado los plazos prescriptivos para llevarse a cabo.

Esta nueva acción de la Plataforma HazteOír, no es, sino que una más de las que vienen realizando desde hace meses, que tuvo su inicio en el reparto de más de 100.000 folletos por todos los centros educativos de España y que llamaban a la insumisión de las leyes promulgadas en diferentes comunidades autónomas y en concreto la de Madrid, que dio origen a la campaña.

Desde un primer momento el PSOE en la Asamblea de Madrid denunció públicamente e instó al Gobierno Regional a que tomara medidas en aplicación de las dos leyes promulgadas en la región, la del 17 de marzo, Integral de Transexualidad y la del 14 de julio Contra la LGTBIfóbia, ante la pasividad del Gobierno de Cristina Cifuentes que no tomó ninguna iniciativa.

Posteriormente dicha plataforma apretó más las tuercas y anunció una conferencia de Richard Cohen “ex gay” y destinada a “curar la homosexualidad y transexualidad”, siendo retrasmitida en streaming en directo desde Estados Unidos, pero presentada y emitida desde los estudios de televisión que la organización ultra católica tiene en el Paseo de la Habana, en Madrid. Nuevamente el Grupo Parlamentario Socialista denunció el hecho, que constituye una infracción muy grave en las dos leyes, con multas hasta de 45.000 euros, pero una vez más el Gobierno del Partido Popular en Madrid miró hacia otro lado y no ejecutó ningún tipo de acción.

Así que de aquellos lodos estos barrizales, donde además de pasear el “artefacto del odio” por delante de los colegios y la capital madrileña, anuncian que harán un recorrido por diez ciudades españolas “si nadie los para”, como ellos mismos afirman, por lo que la cuestión es que si desde el ámbito comunitario con las leyes que tenemos en la mano se podía haber ejercido algún tipo de acciones.

Así que veamos que dicen las dos leyes en el ámbito de las sanciones e infracciones. El artículo 51.3.A dice que son infracciones graves aquellas que en “La reiteración en el uso o emisión de expresiones vejatorias por razón de identidad o expresión de género en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas, o en las redes sociales” luego en el punto 51.3.B también indica que “El uso o emisión de expresiones que inciten a la violencia contra las personas trans o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas, o en las redes sociales” y a su vez el 51.3.G señala que “Realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad o expresión de género”. Por lo que nos encontramos de momento ante varias infracciones graves que son sancionadas en el artículo 53.2 “con multa de 3.001 hasta 20.000 euros” (…)”

Pero pasamos al capítulo de las infracciones muy graves en el artículo 51.4.A donde dice que “Adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados en función de la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma” que es justo lo que ha hecho la Plataforma HazteOír con el paseo de los autobuses de la Transfóbia delante de los colegios, el de crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo para los menores transexuales y su familias.

Así que nos volvemos al artículo 53.3 de las sanciones y dice lo siguiente “Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 20.001 hasta 45.000 euros” (…)

Con lo que queda claro que la Administración del Gobierno de Cristina Cifuentes tenía en su mano las herramientas suficientes en el ámbito comunitario para paralizar lo que desde un principio fue la crónica anunciada de la Transfóbia y la LGTBIfóbia de la Plataforma HazteOír, aunque a su vez la Fiscalía tenía que haber actuado de oficio con el nuevo código penal en la mano y el artículo 510 del mismo, donde por primera vez se habla de la identidad sexual de las personas y no solo de su orientación.

Artículo 510 del Código Penal Español

“1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

(….)

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo. ( www.hazteoir.org )

Por lo que la pasividad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y del Estado de derecho han dado alas a un grupúsculo reaccionario contra las libertades públicas y los derechos de las personas LGTBI, pasando por encima de los artículos 10 y 14 de la Constitución Española y cualquier normativa vigente contra la incitación al odio y la discriminación.

¿Quién repara ahora el daño ya ocasionado?

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Significativa reacción institucional contra la campaña tránsfoba de HazteOír en Madrid, Valencia y Cataluña

Miércoles, 1 de marzo de 2017

transfobiaA lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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El PSOE propone actualizar la ley de identidad de género para despatologizar la transexualidad y hacerla extensiva a menores

Sábado, 25 de febrero de 2017

psoe-actualizacion-ley-identidad-generoEl PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

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Monseñor Martínez, arzobispo de Granada: “Hay una patología detrás de la ideología de género”

Martes, 21 de febrero de 2017

arzobispo-javier-martinez-granadaHartitos de las “peras y las manzanas” de la sra. Ana Botella, ahora nos viene este ciudadano con las “patatas y las rosas“. Se creen graciosos y resultan patéticos… Que se preocupe de resolver sus propios problemas y limpie su casa

El arzobispo de Granada, denunciado por “apología del odio”

El Observatorio contra la LGBTFobia critica la “infame” homilía del prelado

El PSOE dice que sus declaraciones “perpetúan la discriminación”

La Junta de Andalucía: “Flaco favor le hace a las mujeres y a los derechos humanos”

(José M. Vidal/Agencias).- Otra salida de tono más del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. Y van… Esta vez, el prelado arremete contra la ideología de genero, que, a su juicio, trata de imponerse a los niños en la educación. Una dinámica detrás de la cual considera que “hay una patología“, además de “una cortedad y una torpeza de la inteligencia”.

Durante la última homilía que ofreció en la Catedral, cuya transcripción recoge la página web de la Archidiócesis de Granada, el prelado recordó las palabras de un sacerdote amigo en las que le decía que Cristo había venido a enseñar a distinguir “una patata de una rosa y un hombre de una mujer”.

“Pienso ahora mismo en todas las implicaciones de la ideología de género, que además trata de imponerse como ley en la educación de los niños. Hay una patología detrás de eso. Hay una cortedad y una torpeza de la inteligencia”, reflexionó el arzobispo.

Según Martínez, los seres humanos son “iguales en dignidad” pero no son “intercambiables más que para los intereses del mercado, y del Ministerio de Hacienda”. “En la vida real somos iguales en dignidad, hermanos y compañeros (…) Pero, en todo lo demás, no reaccionamos igual, no pensamos de la misma manera. Pero hasta eso, perdemos el contacto con lo natural y una ideología puede enseñarnos las cosas más inverosímiles”, añadió.

El arzobispo sostuvo además en su intervención que es posible el amor entre el hombre y la mujer no como una “pasión de luchas de poder” o de usar al otro para satisfacer necesidades afectivas, sexuales, del tipo que sean, sino “deseando que el otro, que es diferente, que la otra, que es diferente, pueda cumplir su vocación, su participación plena en la vida de Dios”.

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ha mostrado su “absoluto rechazo” a las polémicas declaraciones del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, “por perpetuar la discriminación” y le ha instado a pedir disculpas “y a cumplir con los derechos y con las leyes, incluida la de igualdad de género”.

Así se ha pronunciado Jiménez en un comunicado después de que el arzobispo de Granada haya advertido acerca de “todas las implicaciones de la ideología de género” tras la que ha considerado que hay “una patología”.

La dirigente socialista ha indicado que las citadas declaraciones, “además de ser inconcebibles, incitan al odio y al desprecio” y ha recordado al obispo que “la defensa de la igualdad está por encima de cualquier ideología, religión o cultura porque es un valor democrático”.

Jiménez, que ha incidido en que las afirmaciones del prelado son “impropias e inadecuadas“, ha señalado que la defensa de la igualdad de género pretende que a todas las personas se les trata con igualdad y con los mismos derechos y libertades. “Lo contrario es perpetuar la discriminación y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres”, ha añadido la socialista, quien ha insistido en que el arzobispo debe asumir la responsabilidad que le corresponde, “pedir disculpas y cumplir con los derechos y con las leyes, incluida la de igualdad de género“.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha calificado como “absolutamente intolerable” que, cuando se trabaja en la igualdad entre hombres y mujeres, haya posicionamientos que lo cuestionen como el del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.

Estas declaraciones se producen después de que el prelado, en su última homilía en la catedral, lamentara que la ideología de género trate de imponerse como ley en la educación de los niños y ha considerado que “hay una patología detrás de eso”, además de “una cortedad y una torpeza de la inteligencia”.

“No parece razonable que personas que tienen responsabilidad en el ámbito de la Iglesia hagan este tipo de declaraciones. Flaco favor le hacen a las mujeres y, en general, al compromiso que debe tener la ciudadanía con los derechos humanos”, ha señalado la consejera.

Por su parte, el Observatorio Español contra la LGBTFobia ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, al considerar que sus declaraciones en las que dijo ver una “patología” detrás de la ideología de género constituyen apología del odio.

En un comunicado, este observatorio que combate la fobia al colectivo LGTB ha anunciado que ha formalizado ante la Fiscalía Provincial de Granada, con copia a la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio, una denuncia contra Martínez por la “infame” homilía que ofreció el pasado 14 de febrero.

La denuncia se basa en la comisión de varios delitos contemplados en el Código Penal al considerar que Martínez promovió con su discurso el odio contra las personas LGBT, además de difundir un escrito cuyo contenido fomenta el odio y la discriminación contra las personas debido a su orientación sexual e identidad de género, tachándolos de “enfermos” y “poco inteligentes”.

En la denuncia se pide que se le tome declaración y considera un “hecho grave” las palabras recogidas en la homilía, por lo que el Observatorio ha instado a solicitar las penas máximas que establece la ley para este tipo de delitos.

“Desde el Observatorio consideramos esta “Homilía del Odio” donde se nos tacha poco menos que de enfermos y tarados una grave injuria y una humillación fomentando un discurso del odio que propugna la exclusión social, la discriminación y injusticia contra las personas LGBTI”, ha explicado el director del Observatorio, Francisco Ramírez.

Ha calificado además de inaudito que la Justicia archive “una y otra vez” las denuncias formalizadas por los discursos del odio de diferentes miembros de la jerarquía católica, que se basan en la libertad de expresión y de religión para atacar, acosas, humillar y despreciar a todo un colectivo.

“Esperamos sin duda que aparezca de una vez ese juez valiente y consecuente con nuestras leyes, y las aplique de forma expresa y ejemplar, para acabar con esta lacra injusta del discurso del odio bajo un disfraz de falsa libertad de expresión y falsa libertad de religión”, ha enfatizado Ramírez.

Fuente Religión Digital

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La Asamblea de Madrid aprueba una proposición de Ciudadanos de apoyo al World Pride, pero sin varias enmiendas del PSOE que la mejoraban de forma considerable

Lunes, 20 de febrero de 2017

asambleaCiudadanos aprueba en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para declarar la Comunidad como LGTBIfriendly y dejar claro que nos “toleran”, pero no nos “respetan”.

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el prupo parlamentario de Ciudadanos que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha una serie de actuaciones para intensificar el apoyo institucional a la celebración del World Pride, que este 2017 se celebrará en la capital española. La aprobación ha quedado sin embargo empañada por la negativa de Ciudadanos a admitir una serie de enmiendas propuestas por el grupo socialista y consensuadas con los colectivos LGTB organizadores del Orgullo y Cesida para mejorar (de forma notable) el texto.

El texto de la proposición aprobada pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo siguiente:

  1. Promover la Declaración de la Comunidad de Madrid como “Comunidad Autónoma abierta, amigable y tolerante con las personas LGTBI” bajo la denominación “Comunidad de Madrid LGTBI friendly” como expresión del compromiso de la Comunidad de Madrid con las personas LGTBI y sus justas causas.
  2. Colocar la bandera LGTBI en la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid del viernes 23 de junio de 2017 al domingo 2 de julio de 2017 en un lugar destacado.
  3. Impulsar una campaña informativa y de sensibilización contra las agresiones a personas LGTBI, en todos los espacios que competen a la Comunidad de Madrid, especialmente en los lugares de ocio, entretenimiento, educativos, asistenciales, administrativos y de transporte.
  4. Impulsar una campaña institucional para la erradicación de las actitudes y demostraciones de rechazo a las personas LGTBI en las competiciones deportivas dependientes de la Comunidad de Madrid. Desde la implicación y la colaboración de los principales clubes y federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid.

Las enmiendas que proponía el grupo socialista (defendidas como siempre con gran convicción por la diputada y activista Carla Antonelli), acordadas por los colectivos organizadores del Orgullo LGTB (FELGTB, COGAM y AEGAL) y Cesida (la Coordinadora Estatal de VIH y sida) eran las siguientes:

  • En el punto 1, sustituir “tolerante” por “respetuosa”.
  • En el punto 2, añadir al final “así como en la sede de la Asamblea de Madrid el día 28 de junio”.
  • En el punto 3, añadir “con especial incidencia en la Radio Televisión Pública de Madrid.

Se proponía además añadir varios puntos más:

  • Un 5º punto, “Realizar una campaña de sensibilización a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la identidad de género y para obtener el respecto efectivo de la identidad de género de las personas trans”.
  • Un 6º punto, “Impulsar una campaña institucional de prevención del VIH hacia la comunidad LGTBI”.
  • Un 7º punto, “Colaboración con la empresa de Metro Madrid y los ferrocarriles de cercanías para la ampliación de horarios, facilitando el transporte público para los millones de personas que se van a congregar en esas fechas. Concretamente, la noche del sábado 1 de julio es imprescindible que Metro Madrid permanezca abierto las 24 horas y que haya un gran refuerzo de los trenes de cercanías”.
  • Un 8º punto, “Establecimiento de tarifas reducidas específicas en los transportes públicos para esos días con precios accesibles, especialmente para el colectivo de jóvenes y/o parados”.
  • Un 9º punto, “Colaboración por parte del Gobierno regional en el alojamiento de jóvenes que quieran acceder a este acontecimiento, mediante la cesión de espacios de alojamiento en albergues o habilitando espacios públicos y promoviendo colaboraciones privadas”.
  • Un 10º punto, “Implicación por parte del Gobierno regional tanto económica como logística en las actividades culturales que van a tener lugar durante el World Pride, una de las cuales, la conferencia de Derechos Humanos, va a estar ubicada en la Universidad Autónoma, o la exposición organizada por el Museo de América para divulgar la realidad histórica de la comunidad trans, obteniendo un efecto social pedagógico de primer orden”.
  • Un 11º y último punto, “Potenciar los actos del Orgullo LGTBI dentro del Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad de Madrid”.

Un desacuerdo que no debería repetirse

A la vista del texto de la proposición no de ley y de las enmiendas denegadas, queda claro que estas hubieran mejorado mucho la primera, que en cualquier caso ha sido aprobada por unanimidad. Esto es así, a nuestro juicio, porque lo que es una demanda de compromiso fundamentalmente simbólico y de imagen de la Comunidad de Madrid hubiera pasado a ser una demanda de compromiso logístico y económico (que las instituciones madrileñas no han tenido problema en el pasado en tener con otros acontecimientos de masas, como la Jornada Mundial de la Juventud católica de 2011).

Desde dos manzanas no hemos tenido problema alguno en alabar la convergencia en materia LGTB que PSOE, Podemos y Ciudadanos vienen demostrando a lo largo de la actual legislatura madrileña, y que ha permitido por ejemplo aprobar una avanzada ley integral de transexualidad. También  hemos dado la bienvenida a la actitud del Gobierno de Cristina Cifuentes, sin duda más comprometido con los derechos LGTB que ninguno de sus antecesores, como se demostró con la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia. Nos llama la atención, sin embargo, que en esta ocasión no se haya aprovechado la ocasión de reproducir ese mismo espíritu.

Ojalá este desacuerdo no se repita. Los derechos LGTB son demasiado valiosos para que ninguna formación política quiera utilizarlos de forma partidista. No hay mejor forma de demostrar que no es así que llegar a acuerdos para desarrollarlos al máximo.

Dicho, esto bienvenida sea la proposición aprobada, aunque no obstante, coincidimos con la opinión de Littlebab en EstoyBailando de la que reproducimos algunos extractos:

Después del proceso de cambio en materia LGTB de Ciudadanos (que a nosotros nos parece estupendo siempre que sea un cambio de verdad), los del partido naranja acaban de demostrar que lo LGTB está muy bien siempre que sea para el espectáculo y dar colorido, pero para cosas más serias, como “pedir respeto” a las personas LGTB no. Que ellos si acaso los toleran, pero que de ahí no pasan. Literalmente.

Sí. Han dicho”tolerante. Y nosotros no necesitamos que nos “toleren” sino que nos “respeten“, que ya va siendo hora de dejar de “llevarnos con paciencia” o de “permitirnos aunque no nos tengan por algo lícito“, que son los primeras acepciones de “tolerar” en el diccionario. Y sí, la RAE también dice que tolerar es “respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” pero la connotación negativa de la palabra no la hace precisamente la más adecuada.

¿Puede ser simplemente que se hayan expresado mal? Pues… No. Y es que el Partido Socialista presentó junto a Cogam, FELGTB, Cesida y Aegal (sí, Aegal) una serie de enmiendas al texto que entre otras cosas proponía cambiar la palabra “tolerante” por “respetuosa.  ¿Y qué pasó entonces? Pues que Ciudadanos le ha dicho al Partido Socialista que con su pan se lo coman, que el texto se queda así. Que ellos antes que respetuosos son tolerantes.

Eso nos lleva a pensar, que la elección de la palabra no es un error:  Ciudadanos nos está diciendo a la cara que está muy bien que un hombre se ponga tacones y lo llene todo de brilli brilli, que ellos “lo toleran“… Pero no lo respetan.  Y la Comunidad de Madrid ahora también, porque la Asamblea aprobó la propuesta.

Ay. Albert, te imaginamos cantando “porque soy la reina del postureo” al ritmo de Baloncesto. Y es que no se nos ocurre otra definición mejor para lo de ayer. En la exposición de motivos de la propuesta dice:

La dignidad de cada persona y el libre desarrollo de la personalidad constituyen la base del Estado de Derecho y están amparados en el artículo 10 de la Constitución española. La igualdad de trato y ante la ley de las personas, independientemente de su orientación sexual, es un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14 de la Constitución española.
A pesar de esto, la homosexualidad (y con ella implícitamente la bisexualidad y la transexualidad) está castigada penalmente en 76 estados.”

A esos 76 Estados podéis añadir ahora a la Comunidad de Madrid, que tolera pero SE NIEGA a respetar al colectivo LGTB. Porque es la descripción exacta de lo que ha pasado: os negáis a poner la palabra respeto. Pero lo del respeto no debe ir mucho con vosotros a raíz de esta respuesta a la diputada Carla Antonelli cuando os afeó lo que habíais hecho:


Ese Tweet es una muestra fantástica de la enorme diferencia entre “tolerar” y “respetar”. ¿Verdad?

El siguiente punto del texto aprobado hace referencia a “colocar la bandera LGTBI en la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid“… Luego ya,  lo de respetar su significado lo dejamos para otro día. De momento, mientras no moleste mucho, la toleran. Por cierto,  que en las enmiendas rechazadas figuraba que la bandera LGTBI ondease también en la sede de la Asamblea de Madrid. Pero claro, allí igual no la toleran tanto y han decidido mejor no ponerla.

El resto de enmiendas rechazadas eran bastante razonables y complementan estupendamente la propuesta que se ha aprobado como una campaña institucional sobre VIH dirigida al colectivo LGTB, la ampliación de los horarios de metro (aunque finalmente Metro Madrid, por primera vez en su historia, abrirá las 24 horas durante el World Pride) o la implicación de Telemadrid.

Pero dicen en Ciudadanos que todo eso ya es pasarse. Será que bastante tienen con tolerarnos.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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San Fernando (Cádiz) estrena por San Valentín semáforos igualitarios a coste cero

Sábado, 18 de febrero de 2017

semaforos-igualitarios-san-fernando-300x167Ya hay un lugar en España con semáforos igualitarios, siguiendo la estela de otras ciudades europeas. Se trata de la localidad gaditana de San Fernando, que ha estrenado este 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, varios semáforos que representan parejas del mismo sexo. El Ayuntamiento de San Fernando ha querido destacar que se trata de una iniciativa de “coste cero” en el contexto de la renovación de semáforos que en cualquier caso se iba a hacer.

La delegada del área de Inclusión y Políticas Sociales de San Fernando, la socialista Ana Lorenzo, ha explicado que esta actuación comenzó a gestarse hace algo más de un año a raíz de una moción del grupo municipal socialista para poner en marcha un plan contra la LGTBfobia, del que ya se han realizado varias actuaciones y actividades, como la inauguración hace unos días del primer punto de información LGTBIQ+ en la Casa de la Juventud. Durante todo este tiempo el Ayuntamiento de San Fernando ha venido trabajando conjuntamente con colectivos LGTBIQ+ gaditanos (Arco Iris, ALEAS, Equiláteras, Lambda La Isla y Trans Huellas).

La iniciativa de los semáforos, pionera en España, sigue el ejemplo de los ya instalados en otras ciudades europeas, como Viena , Utrech (Holanda), Alemania o Londres y persigue sensibilizar de una forma simpática a las personas que transitan por la ciudad hacia la diversidad. “Existen muchos tipos de parejas, no solo los heterosexuales, y es lo que queremos que la gente visualice de una manera tan normal como es cruzar una calle”, explica Ana Lorenzo. “Seguiremos trabajando por una sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género. Creemos que la visibilidad de la diversidad sexual es un instrumento imprescindible para avanzar hacia una sociedad libre de prejuicios y estos semáforos vendrán a ayudar a este gran trabajo que tenemos por delante”, ha añadido.

Sustituyendo a la clásica figura masculina, los nuevos semáforos reflejan a dos mujeres cogidas de la manos con un corazón en el centro y a otros dos hombres en la misma situación. En concreto, se han instalado un total de cinco parejas de semáforos en la avenida León Herrero, en la esquina de la calle San Juan Bosco con Ronda del Estero, en el acceso al Parque del Oeste, junto a los colegios Raimundo Rivero y Reina de la Paz y frente al Instituto de Secundaria Isla de León.  El Ayuntamiento ha querido destacar además que la puesta en marcha de estos semáforos ha sido a coste cero para el municipio, ya que la inclusión de las imágenes de parejas diversas en los semáforos de la ciudad era una de las condiciones incluidas en el pliego técnico de la empresa adjudicataria de los semáforos.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento Europeo reconoce las necesidades de las personas LGTBI (y muy singularmente trans e intersexuales) en materia de salud mental

Sábado, 18 de febrero de 2017

beatriz-becerra-comision-200x300El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el voto a favor de 364 eurodiputados, el informe sobre igualdad de género en salud mental e investigación clínica elaborado por la eurodiputada española Beatriz Becerra (en la fotografía). Si lo mencionamos aquí es porque el informe contiene importantes recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI que han merecido el aplauso de ILGA Europe.

El Parlamento Europeo, de esta forma, reconoce expresamente, entre otros muhcos considerandos:

  • que las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas trans e intersexuales se enfrentan a problemas de salud mental derivados del estrés de las minorías, que se define como los altos niveles de ansiedad y estrés causados por prejuicios, estigmatización y experiencias de discriminación, así como por medicalización y patologización;
  • que las personas LGBTI pueden enfrentarse a problemas de salud mental y bienestar específicos que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de salud mental;
  • que las identidades trans no son patológicas pero lamentablemente todavía se consideran trastornos de salud mental, y que la mayoría de los Estados miembros requieren diagnósticos para tener acceso al reconocimiento de género legal o a la asistencia sanitaria relacionada con las personas trans, a pesar de que las investigaciones han demostrado que el diagnóstico de ‘trastorno de identidad de género’ es una fuente de gran angustia para las personas trans;
  • que los niños prepúberes con variantes de género siguen sometidos a prácticas de diagnóstico perjudiciales e innecesarias, a pesar de que todos los niños deben poder explorar de forma segura su identidad y expresión de género;
  • que las personas trans muestran niveles significativamente altos de ideación suicida e intentos de suicidio;
  • que la educación en materia de sexual y relacional es fundamental para superar los estereotipos de género, afrontar la violencia de género y mejorar la salud mental y el bienestar para las niñas y los niños y las mujeres y los hombres;
  • que existe una falta de datos comparables, disponibles, accesibles y de calidad sobre la asistencia sanitaria específica para personas trans y que los productos utilizados en las terapias hormonales sustitutivas no se han probado ni autorizado debidamente;
  • que las personas intersexuales sujetas a mutilación genital sufren consecuencias en su salud física, psicológica y sexual y reproductiva;
  • que las personas trans todavía están expuestas a una esterilización forzada en los procedimientos de reconocimiento de género en 13 Estados miembros.

Hay muchos más considerandos, pero hemos seleccionado aquellos que más directamente tienen que ver con la realidad LGTBI en la Unión Europea. A partir de ellos, y entre otras muchas recomendaciones, el informe:

  • pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que sus estrategias en materia de salud mental aborden los retos de salud mental a los que podrían enfrentarse las personas LGBTI;
  • anima a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones que figuran en el documento CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa y tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, bisexuales y trans en el desarrollo de las políticas, programas y protocolos sanitarios;
  • pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que desarrollen políticas adaptadas específicas con el fin de prestar servicios de salud mental a los grupos de mujeres vulnerables en comunidades marginales, y a aquellos que se enfrentan a discriminación interseccional, como las mujeres refugiadas y migrantes, las mujeres que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social, las personas trans e intersexuales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las mujeres de las zonas rurales;
  • pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las estrategias de prevención se destinan específicamente a las mujeres que corren riesgo de discriminación interseccional, como las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, las migrantes y las refugiadas, las mujeres que viven en situación de pobreza y las personas trans e intersexuales;
  • pide a los Estados miembros que prevengan, prohíban y condenen la esterilización forzosa de mujeres, un fenómeno que afecta en particular a las mujeres con discapacidad, a las personas trans e intersexuales y a las mujeres romaníes.

En definitiva, una serie de recomendaciones que han sido específicamente bienvenidas por ILGA Europe, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente. “Gracias a la ponente Beatriz Becerra Basterrechea y a los eurodiputados que han votado a favor, ahora disponemos de un informe detallado sobre las necesidades de las personas LGTBI [en materia de salud mental y bienestar], y que en particular recoge las experiencias de vida de las personas trans e intersex. El lenguaje interseccional e inclusivo que Becerra ha utilizado en su informe es especialmente bienvenido”, ha declarado su directora ejecutiva, Evelyne Paradis.

El voto español

Como siempre intentamos hacer en dosmanzanas cuando nos referimos a una votación en el Parlamento Europeo, listamos a continunación el voto de los eurodiputados españoles (tal y como refleja el acta de votaciones):

Han votado a favor:

  • por ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa): la propia Beatriz Becerra (ahora independiente, fue elegida en las listas de UPyD), Izaskun Bilbao (PNV), Enrique Calvet (ahora independiente, elegido en las listas de UPyD), Maite Pagazaurtundúa (UPyD) y Ramón Tremosa (elegido en las listas de la entonces Convergència).
  • Por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Javier Couso (IU), Tania González (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Paloma López Bermejo (IU), Lola Sánchez Caldentey (Podemos); Maria Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), Estefanía Torres (Podemos) y Miguel Urbán (Podemos).
  • Por S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas): Clara Eugenia Aguilera (PSOE), Inés Ayala (PSOE), José Blanco (PSOE), Soledad Cabezón (PSOE), Jonás Fernández (PSOE), Eider Gardiazábal (PSOE), Enrique Guerrero (PSOE), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ramón Jáuregui (PSOE), Javier López (PSC), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).
  • Por Los Verdes/Alianza Libre Europea: Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC),  Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verts).

Han votado en contra: ninguno.

Se han abstenido:

  • Por ALDE: María Teresa Giménez Barbat (elegida en las listas de UPyD, ahora en Ciudadanos) y Javier Nart (Ciudadanos).
  • Por el grupo popular europeo: Pilar Ayuso (PP), Pilar del Castillo (PP), Agustín Díaz de Mera (PP), Rosa Estarás (PP), Santiago Fisas (PP),  Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes (PP), Esther Herranz (PP), Carlos Iturgaiz (PP), Teresa Jiménez-Becerril (PP), Verónica Lope (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Gabriel Mato (PP), Francisco José Millán (PP), Ignacio Salafranca (PP) y Ramón Luis Valcárcel (PP).

Fuente Dosmanzanas

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La OMS redefine la transexualidad y ahora la llama “incongruencia de género”

Lunes, 6 de febrero de 2017

trans-oms-enfermedadLos colectivos trans aplauden que la OMS deje de considerar la transexualidad una patología, pero lamentan que no den el paso definitivo y reconozcan la parte social del problema.

Incongruencia de género.

Ése es el nuevo término con el que la OMS ha dicho que hay que referirse a partir de ahora cuando hables de las personas trans.

La Organización Mundial de la Salud publicará en 2018 la nueva edición de su manual de enfermedades. Es la edición que sustituirá a la actual, que está vigente desde 1990 y fue en la que se dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. La exigencia de que al OMS dejara de considerar la transexualidad como una patología y pasara a reconocerla como una de las diversas formas de la sexualidad humana es una de las más importantes y ansiadas por la comunidad trans, pero en la OMS parece que no se atreven a dar el paso definitivo y no entendemos muy bien por qué.

A partir de ahora la transexualidad seguirá formando parte de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aunque ahora cambia de epígrafe y pasa a ser considerada un “trastorno de la personalidad y el comportamiento“. Tendrá su propio subcapítulo, el de los “trastornos de la identidad de género“, se llamará “incongruencia de género” y formará parte de las “condiciones relativas a la salud sexual“; junto a conceptos como las “disfunciones sexuales“.

Sí, estamos un poco igual. Pero básicamente significa que aunque no se considere una enfermedad, se tratará como un factor que influye “en el estado de salud“, por lo que ha de existir contacto con los servicios de salud. El cambio es definitivo, se publicará en 2018 y tardará entre uno y dos años en implementarse.

¿Y por qué se llamará ahora “incongruencia de género“? Pues porque la OMS ha cambiado la definición de qué significa ser trans. En el manual actual se dice que la transexualidad es “un deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto, por lo general acompañado de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico, y de deseo de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.” No puedes empezar diciendo que las personas trans tienen el “deseo” de vivir como un miembro del sexo opuesto. Primero porque no es un “deseo” como el que “desea” comerse una tarta de chocolate, segundo porque ese “deseo” es más bien una imposición social, y tecero porque -si te fijas- no hace mención al género sino al sexo.

A partir de ahora la transexualidad -tanto para adultos como para adolescentes- será “una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado del individuo y el sexo asignado, que a menudo conduce a un deseo de ‘transición’ para vivir y ser aceptado como una persona del género experimentado a través del tratamiento hormonal, la cirugía u otras prestaciones sanitarias para alinear el cuerpo, tanto como se desee y en la medida de lo posible, con el género experimentado. El diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad. El comportamiento y las preferencias de género por sí solas no son una base para asignar el diagnóstico.” Parece una definición bastante más aceptable y sobre todo muchísimo más acertada.

La parte buena es que sí, la transexualidad ya no se percibe como una enfermedad que tiene que ser diagnosticada y tratada. La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, ve este cambio como un “paso importante que por fin se da“, aunque lamenta que la nueva definición no diga que la transexualidad es, simplemente, “una manifestación más de la diversidad del ser humano“ y que reconozca el derecho a la “autodeterminación de género“. Pero como dice la propia Antonelli, es una pena que se siga “hablando de diagnóstico” y añade que “la definición debería reflejar que el malestar o el sufrimiento que pueden sentir muchas personas trans vienen dados por condiciones y presiones sociales.

En eso coincide el activista trans Pol Galofre, que explica que el problema es que la OMS sigue ligando la transexualidad a lo sexual en lugar de a lo social, y que ese “deseo” de modificar el cuerpo “viene dado por el hecho de que vivimos en un mundo binario y excluyente en el que se entiende que todo el mundo es hombre o mujer cuando en realidad son categorías creadas en las que intentamos encajar a todo el mundo, sea lo diverso que sea.” Básicamente: “Si tener tetas o no tenerlas no tuviera ninguna consecuencia social ni tuviera el significado que tiene, la gente no tendríamos la necesidad de modificar el cuerpo.

En general los colectivos trans coinciden con Antonelli, están contentos con este cambio del manual de la OMS aunque se lamentan de que no se haya dado el paso definitivo. En un artículo para ElDiario.es, Mar Cambrollé (portavoz de la Asociación de Transexuales de Andalucía) explica que a pesar del cambio las identidades trans seguirán siendo patologizadas porque “la ‘incongruencia de género’ también evita diagnosticar a las personas trans sólo por quienes son, atendiendo más bien al malestar que pudiera causar la incongruencia entre la identidad de género y el modo en el que se encarna.” Y de nuevo coincide con Galofre: “sólo se puede patologizar la incongruencia a través de invocar implícitamente un ideal cisexista de congruencia.

Por cierto, para entenderlo todo mejor es conveniente leer el citado artículo de Cambrollé y luego releerlo sustituyendo las referencias a la transexualidad por homosexualidad. Es muy esclarecedor.

El cambio de la OMS, eso sí, divide la “incongruencia de género” de adolescentes y adultos de la “incongruencia de género en la infancia” y, sobre todo, recomiendo que cuando se hable de cuestiones trans se evite fervientemente hablar de “trastorno mental“.

 Resumiendo: lo que la OMS dice ahora es que la transexualidad no es, de por si, una enfermedad. Pero falla a la hora de señalar que las personas trans “sufren” por la necesidad de “modificar” su cuerpo y por ende necesitan estar en contacto con los servicios de salud. Y falla porque la nueva definición sigue perpetuando los roles cisexuales de género  (la mujer tiene tetas y vagina, el hombre no tiene tetas y tiene pene) que son los que hacen que las personas trans se sientan excluidas y, por lo tanto, busquen la forma de encajar.

Fuente: ElDiario.es, vía EstoyBailando

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Alcorcón, declarada ciudad ‘gayfriendly’ con la abstención del PP

Lunes, 30 de enero de 2017

pleno_alcorcon_0Los grupos municipales de Ciudadanos C’s, PSOE, Ganar Alcorcón e IU-LV han aprobado, con 17 votos a favor y con 10 abstenciones del PP, convertir a Alcorcón en ‘ciudad gay-friendly, después de que el alcalde David Pérez (PP) “haya mancillado la imagen abierta e igualitaria del municipio”.

La moción, que ha sido llevada al pleno municipal por el portavoz de C’s, Alfonso Reina, pretende que el Ayuntamiento “adquiera un compromiso real” con la comunidad homosexual reconociendo institucionalmente el Día del Orgullo LGTBI, el 28 de junio, y el Día Internacional de lucha contra la LGTBIfobia, 17 de mayo.

La propuesta aprobada recoge también organizar charlas periódicamente en centros municipales acerca de cómo tratar la diversidad afectivo-sexual y de género, y temática LGTBI, dirigidos a profesionales o voluntarios que desarrollen tareas informativas o de dinamización con adolescentes, jóvenes y mayores.

Desde el PP han decidido finalmente abstenerse, dado que no ha sido aceptada por el resto de los grupos una enmienda de sustitución a la presentada por C’s en la que planteaban, entre otras cuestiones, la creación de una unidad policial local especializada en delitos de odio y discriminación, “no solo del colectivo LGTBI”.

El regidor ha pedido a la oposición que se sumara a dicha enmienda de sustitución, ya que ha insistido en que muchas de las medidas propuestas en ella “son muy importantes y valiosas”, frente a algunas medidas “propagandísticas” de la oposición, lo que, según él, demuestra “su compromiso” por este asunto.

En defensa de ese compromiso contra la homofobia, la concejal del PP Susana Mozo también ha destacado que en el municipio de Alcorcón, según el Observatorio madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, “no ha habido en todo el año 2016 ninguna denuncia y ninguna agresión por homofobia”.

Sin embargo, el portavoz de C’s ha reiterado que, con la abstención a la moción presentada por su grupo, el alcalde de Alcorcón “se vuelve a olvidar del colectivo LGTBI y no apoya el cumplimiento de la Ley aprobada en la Asamblea de Madrid”.

“Pérez ha perdido la oportunidad en ocho ocasiones de condenar las declaraciones del director del colegio Juan Pablo II, multado por la nueva ley contra la LGTBIfobia aprobada en la Asamblea de Madrid”, ha recordado Reina, quien ha vuelto a solicitar al alcalde que condene dichas declaraciones “homófobas”.

El portavoz de C’s ha subrayado durante el pleno que le parece “inaudito” que insultar al alcalde “acarree una multa de 3.000 euros” mientras que el director del colegio Juan Pablo II ha sido condenado a pagar 1.000 euros tras comparar en unas declaraciones la nueva ley sobre la LGTBIfobia con el terrorismo islamista.

Fuente Cáscara Amarga

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El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta un protocolo de atención integral a menores trans

Viernes, 27 de enero de 2017

2017012517470020892Buenas noticias desde Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno regional ha presentado en Guadalajara un protocolo de atención a menores trans con actuaciones en los ámbitos educativo, social y sanitario. A la espera de que esta comunidad autónoma legisle en materia de protección contra la discriminación de las personas LGTBI, la presentación de este protocolo supone un importante paso en una región que parte, en esta materia, de una situación de considerable atraso respecto a otras comunidades vecinas como Andalucía, Extremadura o -desde hace menos tiempo- la Comunidad Valenciana.

El protocolo presentado hoy tiene como objeto “establecer orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención y la necesaria protección a la persona menor de edad no conforme con la identidad de género asignada, reconociendo su derecho a la identidad sexual, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género” e implica a diferentes organismos y consejerías: Bienestar Social; Educación, Cultura y Deportes; Sanidad y el Instituto de la Mujer. Este último es el organismo designado para la implementación de las estrategias de transversalidad y enfoque de género y el que convoque y coordine tanto la Comisión Regional de Seguimiento del Protocolo como las cinco comisiones provinciales.

En el acto de presentación han estado presentes el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez. Esta última ha subrayado que con este protocolo se pretende además “dar un paso adelante” hacia la aprobación de una ley que reconozca los derechos de las personas LGTBI y evite la discriminación por razón de identidad de género u orientación sexual.

También han estado presentes el gerente de la Fundación Daniela, Isidro García; la vicepresidenta de Chrysallis, Saida García, así como representantes de diferentes asociaciones LGTB de Castilla-La Mancha, como la alcarreña WADO LGTBI+ o la albaceteña Abanico.

Algunas medidas contempladas en el protocolo

En el ámbito educativo, el protocolo ayudará a equipos directivos y orientadores de los centros escolares a tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad como opciones sociales normalizadas y prevenir el acoso. Contempla, por ejemplo, que el centro escolar vele por el respeto a las manifestaciones de identidad de género que se realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su identidad. También se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado trans por el nombre elegido por esta persona, sin perjuicio de que en las bases de datos de la administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales. Con este fin, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado.

Del mismo modo, se permitirá a alumnos y alumnas usar la vestimenta que consideren que se ajusta a su identidad y se le denominará con el nombre elegido o género sentido en los documentos internos no oficiales, tales como listas de clase o exámenes, con independencia de que en los documentos oficiales aparezca el nombre legal hasta que por resolución judicial (mientras no cambie la normativa estatal) se proceda al cambio. El protocolo también contempla que el o la menor acuda a los baños y vestuarios que se correspondan con su identidad en caso de que el centro no cuente con baños mixtos. En las actividades extraescolares que el centro educativo pueda realizar, se garantizará que este alumnado participe atendiendo a su identidad sexual.

En el ámbito sanitario, las demandas relacionadas con la diversidad de género serán atendidas inicialmente a través de los servicios de Atención Primaria, que en función de las necesidades planteadas, derivarán al menor al especialista que corresponda, principalmente del ámbito de la endocrinología. El acceso al sistema sanitario deberá poder llevarse a cabo de acuerdo con el nombre del género con el que se identifican, por lo que se procurará que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

El protocolo prevé también el desarrollo de intervenciones en el ámbito social y cara al entorno familiar de los menores, tanto desde el punto de vista informativo como motivacional o actitudinal (charlas, talleres, asesoramiento, programas de apoyo a las familias, etc.).

Felicitamos por este paso a Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE desde las elecciones de 2015 (tras perder el PP la mayoría absoluta de la que disfrutó durante los cuatro años anteriores y apoyar Podemos la investidura de Emiliano García Page como presidente regional). Solo esperamos que el protocolo no se quede en papel mojado y se implemente de forma efectiva en todos y cada uno de los ámbitos a la mayor velocidad posible.

Fuente Dosmanzanas

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“El nacional-catolicismo que no acaba de morir y el laicismo que no acaba de nacer”, por Juan José Tamayo

Sábado, 21 de enero de 2017

felipe-vi-ante-obispo-blazquez-2015El Rey Felipe VI rindiendo pleitesía al Presidente de la CEE Ricardo Blázquez

Simbólico gesto… ¿Por qué si el jefe del Gobierno, ministros y ministras y gentes varias amén de todos los “súbditos” que se le acerquen a saludar, se inclinan ante el Jefe del Estado, éste sólo lo hace ante un obispo? Nos daría  igual que lo hiciera como Jefe de la Casa de Borbón, pero es que es el Jefe de un Estado aconfesional que no tiene por qué hacer este gesto de sumisión al presidente de una de las religiones que existen en España.

Tras cuarenta años de democracia representativa y varias transiciones en España, el nacional-catolicismo no acaba de morir y el laicismo no acaba de nacer. La responsabilidad de ambos fenómenos es compartida a partes iguales por los diferentes gobiernos de derechas, de centro y de izquierda, que no dieron los pasos adecuados para enterrar el modelo nacional-católico y crear un Estado laico. Una responsabilidad no menor le corresponde a la jerarquía católica que, desde el principio, exigió conservar buena parte de los privilegios del franquismo, empezando por la referencia a la Iglesia católica en la Constitución de 1978 y siguiendo por los pingües beneficios recibidos por el Estado en campos fundamentales como la educación, las exenciones fiscales, la dotación económica, los bienes culturales eclesiásticos, la atención a las fuerzas armadas, etc.  Y todo con el beneplácito, en buena medida, de los diferentes poderes del Estado. Cuanto más elevaban la voz los obispos y los sectores conservadores a ellos vinculados, cuantas más manifestaciones apoyaban en defensa de sus privilegios, más favores conseguían.

Tales beneficios y privilegios quedaron plasmados en los Acuerdos de rango internacional de 1979 firmados entre el Estado Español y la Santa Sede, que suponían una clara discriminación de las demás confesiones religiosas. Solo trece años después se firmaron los Acuerdos de rango nacional con las comunidades musulmanas, judías y evangélicas, que en ningún caso lograban llegar a la situación privilegiada de la Iglesia católica, pero que también concedían mejoras a las religiones minoritaria consideradas de notorio arraigo.

Es innegable la complicidad de los sucesivos dirigentes eclesiásticos y de los sucesivos gobiernos que, o bien aprobaron los Acuerdos con la Santa Sede, o bien no los denunciaron. En el caso del  PSOE no fueron suficientes 21 años de gobierno para cambiar el paradigma de relaciones Iglesia-Estado, tan beneficioso para la Iglesia católica.  Son esos beneficios los que están salvando a la iglesia católica de la crisis profunda en que está sumida, que se traduce en una creciente pérdida de católicos, una generalizada desafección de la juventud hacia ella, la cada vez más baja práctica religiosa, el envejecimiento de las personas católicas, el no seguimiento de las orientaciones morales de la jerarquía, etc.

Yo creo que ni los gobernantes ni los obispos han seguido el ritmo de la sociedad española, que, ya desde finales del franquismo, inició una transición serena de la confesionalidad a la secularización de la vida cívica y de la ética religiosa caracterizada por la moralina, a la ética laica basada en la dignidad de la persona, los derechos humanos y la ciudadanía. Concedo especial importancia al proceso de secularización y de emancipación en lo referente a los derechos de las mujeres gracias a los análisis críticos de la teoría de género y a las reivindicaciones del movimiento feminista, que han obligado a elaborar leyes de igualdad y contra violencia de género.

Los gobernantes, sin embargo, han seguido mirando con el rabillo del ojo a los jerarcas católicos intentando no molestarlos con sus actuaciones políticas que rozaran aspectos relacionados con la religión consagrada en la constitución como mayoritaria y privilegiada. A su vez, los obispos siguen considerándose los guardianes de la moral y los verdaderos intérpretes de una supuesta “ley natural” que los lleva a condenar la legislación relativa a los modelos de pareja, familia y matrimonio que no coincidan con el modelo heterosexual, así como al origen y el final de la vida, que defiendan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. Felizmente hace tiempo que la ciudadanía española ha conseguido liberarse de dicha ley de sus intérpretes, apelando a la autonomía de la conciencia.

A pesar de la evolución de la sociedad española en dirección a la secularización, hoy siguen dándose manifestaciones de nacional-catolicismo y de resistencia al laicismo en el campo político. Una fue el juramento de Rajoy y de once de sus trece ministros en la Zarzuela en la toma de posesión de sus respectivos cargos reconociendo a la Biblia el mismo rango que a la Constitución y con presencia del Crucifijo que venía a legitimar la política del Gobierno del PP. Esta estampa confesional nos retrotrae a épocas históricas que creíamos superadas.

La segunda manifestación nacional-católica ha sido la presencia de una delegación oficial de las tres instituciones del Estado: nacional –Rafael Catalá, ministro de Justicia, en representación del Gobierno español, secretarios de estado, embajador ante la Santa Sede, etc.-; autonómica –Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y Ángel Garrido, consejero de la Presidencia y Justicia-; municipal -José Javier Barbero, concejal de Seguridad, Salud y Emergencia-, en el Vaticano en la imposición del capelo cardenalicio al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra.

reyes-visitan-cee-1Ni el Rey es constitucionalmente católico, ni la Iglesia católica es teológicamente monárquica. Y, sin embargo, el pasado mes de noviembre el rey Felipe VI visitó oficialmente, en calidad de Jefe de Estado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo del cincuenta aniversario de su creación. Estuvo acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que copresidió el acto. En su discurso el rey elogió la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia católica y el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, expresó lealtad a la monarquía y pidió a Dios bendiciones para la familia real.

A tenor del carácter oficial de la visita podemos estar ante una reedición de la alianza entre el Trono y el Altar, dos instituciones no democráticas y patriarcales, ya que, por una parte, el Jefe del Estado español no es elegido por la ciudadanía y el varón tiene preferencia sobre la mujer para acceder al Trono, y, por otra, los obispos no son elegidos por la feligresía católica ni las mujeres pueden acceder al sacerdocio y al episcopado.

Ante las iniciativas que empiezan a surgir a favor de un pacto educativo, los obispos ya han empezado a tomar posiciones y no precisamente de diálogo, sino de exigencias que consideran irrenunciables, como el mantenimiento de la enseñanza confesional de la religión como asignatura troncal, su carácter evaluable y computable a todos los efectos. Tal exigencia está en contradicción con su propia afirmación de que la educación tiene que ser neutra. ¿Cómo puede ser neutra la educación si se introduce la enseñanza confesional de la religión en una institución laica como es la escuela?

Otra cosa muy distinta es el estudio de las religiones de manera científica y no apologética, laica y no confesional, a través de las ciencias de las religiones, que estudian el hecho religioso y su significación social y cultural, así como la historia de las religiones en el contexto de la historia de la cultura. Un estudio que no enseña a creer –ya que no es esa la misión de la escuela-, sino la historia de las creencias religiosas y el papel –positivo o negativo- jugado por las mismas en las diferentes etapas de la humanidad.

Hora es ya de terminar con los restos de nacional-catolicismo, que dura ya varios siglos en España y que es incompatible con una sociedad civil secularizada y con un Estado democrático. Hora es de defender el laicismo como filosofía política, movimiento social y modelo de organización política social práctica pública y de establecerlo en todos los campos del saber y del quehacer humano y en todos los poderes del Estado. Demorarlo por más tiempo aleja de la construcción de la utopía de la democracia.

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid, Investigador del Instituto DEMOSPAZ, de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis (Trotta, Madrid)

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