El ultraderechista Orbán aprueba en Hungría una ley que permite las denuncias anónimas contra familias homosexuales
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El presidente húngaro, socio de Vox en la UE, continúa con su persecución a la comunidad LGTBI alegando que quiere proteger a la infancia
El Parlamento de Hungría ha aprobado una ley que permite a cualquier ciudadano denunciar de manera anónima a las parejas homosexuales que tengan hijos a su cargo, en línea con los límites promovidos por el Gobierno del ultraderechista Primer Ministro Viktor Orbán a la comunidad LGTBI en aras de la protección de la infancia.
El texto, avalado esta semana por los diputados, autoriza que los ciudadanos puedan alertar las autoridades de aquellos comportamientos que supuestamente violen «el papel del matrimonio y la familia reconocido en la Constitución» y que no tengan en cuenta los derechos de los niños a identificarse «con el sexo de nacimiento», según Bloomberg.
El Gobierno también ha tomado medidas para limitar contenidos o alusiones a la comunidad LGTBI en las escuelas, argumentando que corresponde a las familias decidir la educación de sus hijos. Sin embargo, sus políticas han generado dudas entre organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, así como en la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario ha llevado a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la controvertida ley contra la pedofilia y la protección del menor, bajo la premisa de que es discriminatoria y atenta contra los derechos del colectivo LGTBI.
Condena casi universal de la ley anti-LGBTQ+ húngara
Mientras la Comisión Europea emprende acciones legales, otras instancias también se han pronunciado enérgicamente contra la legislación.
Poco después de aprobarse la ley, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, dijo que Hungría debía ser expulsada de la UE si no daba marcha atrás.
Al mismo tiempo, Rutte, junto con los líderes de otros 16 países de la UE, firmó una carta en la que afirmaba que los líderes “seguirán luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBT+”.
Aunque la carta no nombraba explícitamente a Hungría, estaba escrita “a la luz de las amenazas contra los derechos fundamentales y, en particular, contra el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual“.
En diciembre de 2021, la Comisión de Venecia, que asesora al Consejo de Europa, un grupo de derechos humanos, en asuntos de derecho constitucional, decretó que la ley contribuía a crear un “entorno amenazador” para los niños LGBT+ y “sólo deja espacio para una enseñanza unilateral y sesgada, abriendo las puertas a la estigmatización y discriminación de las personas LGBTQI”.
La Comisión de Venecia también afirmó que la amplia aplicación y ambigüedad de la ley implicaba que podía violar otros derechos humanos.
Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado
El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.
Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.
Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.
Fuente Cadena SER/Cristianos Gays
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