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Maxim Tabari sobrevivió a un ataque de transodio, luchó 10 años para que la Justicia la escuchara y… absolvieron al acusado de intentar asesinarla.

Sábado, 15 de abril de 2023
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En 2013 Maxim Tabari, una joven trans que vive en Traslasierra (Córdoba), sufrió un ataque al que sobrevivio con secuelas de por vida. Luchó 10 años para llegar a la Justicia. El acusado fue absuelto pero lo condenaron por lesiones leves a un policía.

Organizaciones LGBTIQ+ denuncian desidia policial y judicial.

Maxim Tabari era una joven trans de 19 años cuando el 28 de abril de 2013 fue atacada a palos por Matías Enrique Farías y su sobrino –entonces menor de edad–. La atacaron mientras dormía en su casa de barrio Villa Sarmiento, en la periferia de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. El ataque le causó un traumatismo de cráneo, lesiones en su rostro y la ruptura del tabique nasal. Y le dejó secuelas que hasta hoy demandan medicación y tratamiento.

Sin embargo, en los inicios la causa se calificó como “lesiones leves”. Diez años después, fue elevada a juicio en los Tribunales de Villa Dolores como “Farías Matías Enrique y otro, por homicidio calificado por alevosía con la intervención de un menor de 18 años en grado de tentativa”. Los colectivos LGTBQI+ que acompañan a la víctima consideran que este nombre – carátula- que le pone la Justicia, es insuficiente, por no contemplar “la explicación social que genera estos crímenes, el transodio que día a día vulnera los derechos de las diversidades en este territorio”. Así lo señalaron en un comunicado de Casa Diversa Traslasierra.

Maxim-Tabari-Mesa-de-Tb-DDHH-Trasl-2El juicio comenzó el 13 de marzo. Foto: Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.

“Esa no fue la primera agresión. Un año antes hubo otra. A Matías Farías se le habían perdido siete porros mugrosos y me echó a mí la culpa. Llegó una mañana a mi casa y me rompió las cosas y la puerta. Esa vez vino con un cuchillo. Yo fui a la Policía de Villa Sarmiento, de Villa Dolores y a la Fiscalía y no me tomaron la denuncia. Entonces, lo tuve que denunciar en la radio. Así empezó todo. Pero el segundo episodio fue peor”, relata Maxim a Presentes.

Según su relato, Farías y su sobrino entraron a su casa y la atacaron mientras dormía. “Primero me pegó con un palo el sobrino. El primer instinto que tuve fue de reducirlo, pero me pegaron otros palos y me desvanecí. Salieron corriendo, yo sentí como un tropel, ya no podía ni ver”. Auxiliada por sus vecinos, debió ser atendida primero en el Hospital de Villa Dolores y en Córdoba capital. Todavía padece secuelas y lesiones irreversibles, como dolores de cabeza crónicos y un hundimiento en el lado derecho del cráneo.

Primer juicio por transodio en Traslasierra

Demorado por varios motivos –el hoy acusado estuvo prófugo y lo capturaron en diciembre, el extravío del expediente, las restricciones durante la pandemia, un abogado defensor afectado por el Covid, pero sobre todo por la lentitud en la investigación policial y judicial–, el “primer juicio por transodio de Traslasierra” comenzó el 13 de marzo. En el banquillo de los acusados sólo está sentado Matías Farías. Su sobrino, hoy de 27 años de edad, permanece con paradero desconocido desde el día en que atacaron a la joven trans.

“Parece que la Policía y la Justicia de Córdoba no pueden dar con una persona sin influencias. Algo pasa. Hace diez años que está prófugo, o sea que nadie lo fue a buscar”, dice Germán Romero Marcón, abogado que representa a la víctima.

Maxim-Tabari-Mesa-de-Tb-DDHH-Trasl-1-1017x1024Maxine, en el centro, en las audiencias del juicio que se lleva a cabo estos días en Córdoba. Foto: Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.

«Nunca buscaron las pruebas para hacer justicia»

Para el querellante, la demora tiene una sola explicación: Estamos en el interior del interior y Maxim es una persona sin recursos. Si no hubiéramos intervenido nosotros y las personas que se solidarizaron con ella, en dos años más hubiera terminado prescribiendo, como tantos delitos que prescriben en esta jurisdicción”.

“La instrucción y la investigación han sido deficientes. Se carecen de estudios clínicos, el material con que se produjo la herida y otros que demuestran la poca importancia que se le dio al caso y a la víctima”, expresan desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra. En otro comunicado posteado en su sitio de Facebook, añaden: No habría juicio si no hubiera sido que ella amenazó con ‘traer un colchón y dormir en Tribunales hasta que hagan algo’ con su causa. Y así llegamos a un juicio tres veces cancelado”.

Para Ru Guzmán, militante de Casa Diversa, es necesario que exista “más formación en derechos humanos en las instancias legales. Y recordar siempre que las vidas trans existen y resisten en este territorio, a pesar de su obligada invisibilidad social”.

“Yo siempre fui a reclamar porque no pasaba nada y este (Farías) venía y me hacía burla. Se me reía en la cara –cuenta Maxim–. Si una se defiende porque la Justicia no hace nada, una tiene que hacer justicia por mano propia o esperar que Dios los castigue. En el juicio hay un montón de trabas para que yo no esté, porque saben que no me le callo a nadie. Nunca se ocuparon de buscar las pruebas para intentar hacer justicia”.

Una oportunidad

De los crímenes de odio en que fueron víctimas personas trans en los últimos años en Córdoba –Estrella Belén Sánchez, Denisse Montenegro, Cindy Arias, Pamela Torres, Marion Gorak, Viviana Echenique y Laura Moyano, entre otras– el único que llegó a juicio oral y público fue el de Azul Montoro. Azul fue asesinada de 17 puñaladas y un golpe en la cabeza el 17 de octubre de 2017. A su agresor, Fabián Casiva, se lo condenó a prisión perpetua el 22 de agosto de 2019 con la figura de femicidio.

El transfemicidio de Sofía Bravo, asesinada por el camionero Rodrigo Nicolás Espíndola el 6 de enero pasado en la ciudad de La Carlota, tiene la instrucción prácticamente concluida y debería llegar a juicio este mismo año.

El martes 4 de abril desde las 10, el juicio de Maxim Tabari tendrá su última jornada, con los alegatos de la fiscalía, querella y defensa, la deliberación de los jurados populares y la lectura de la sentencia.

Presentes consultó a la fiscal Eugenia Ferreyra si su calificación del episodio que se juzga contemplará el componente de discriminación y violencia de género, pero la funcionaria se excusó de responder: “Por ahora nada que informar, aún no ha terminado el juicio”.

Por su parte, el abogado de la querella anticipó que planteará la figura de “tentativa de homicidio calificado y agravado por alevosía, por la intervención de un menor y por violencia de género, por ser la víctima una persona trans”. “No sabemos qué va a solicitar la fiscalía, pero tenemos esperanza de que el jurado popular va a avalar la culpabilidad del acusado. Y que los jueces así lo van a apreciar”, manifestó a esta agencia el abogado Romero Marcón.

A días de que su pelea por justicia llegue al desenlace, Maxim les habla a quienes como ella han tenido que defender su identidad frente a discriminaciones y violencias. “A no callarse, a decir todo lo que uno siente y piensa. A luchar cada día por salir adelante y ser mejor persona. En esta vida nadie es perfecto y todos somos diferentes en cuerpo, pensamiento y actitudes. A nunca bajar los brazos y luchar por nuestros sueños, que después de la tormenta siempre sale el sol”.

Ahora, el Poder Judicial tiene en sus manos la opción de que este juicio sea para ella una experiencia de revictimización. O un punto de partida para empezar a reparar el daño con un poco de justicia.

30 de marzo de 2023
Alexis Oliva
Vic Guevara
 Edición: María Eugenia Ludueña
Y, al final…

 

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Maxim en los Tribunales, en la ;ultima jornada del juicio, antes de conocerse la sentencia. Foto: Mari Luque / Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra

CIUDAD DE CÓRDOBA, Córdoba. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, en el oeste de la provincia de Córdoba, absolvió a Matías Enrique Farías por el intento de homicidio contra la joven trans Maxim Tabari. Le aplicó una condena de dos años y ocho meses de prisión pero no por haber estado cerca de asesinar a Maxim sino por haber intentado agredir a la policía durante la investigación. La sentencia causó estupor e indignación en la víctima y militantes LGBTIQ+ y de derechos humanos que la acompañaban en este primer juicio por transodio en Traslasierra.

Maxim fue atacada a palos 28 de abril de 2013 por Farías y un sobrino, por entonces menor de edad y hoy prófugo. Sus vecinos la encontraron desvanecida y sangrando y la llevaron al hospital. La agresión le causó un traumatismo de cráneo, lesiones en su rostro y la ruptura del tabique nasal. Todavía sus secuelas demandan medicación y tratamiento.

El fallo se conoció anoche pasadas las 22, luego de más de dos horas de deliberación de los jurados populares. Fue la culminación de extensa jornada que comenzó a las 10 de la mañana y duró doce horas, entre los alegatos, y el frustrante desenlace después de diez años de reclamo de justicia. 

Sin agravante por transodio

“Es una vergüenza”, dijo a Presentes Germán Romero Marcón, representante legal de la víctima, luego de escuchar el fallo. En su alegato, había pedido 15 años de prisión por “tentativa de homicidio calificado y agravado por alevosía, por la intervención de un menor y por mediar odio de género”. También propuso que se investigue el posible “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” de los agentes policiales y funcionarios judiciales que instruyeron la causa.

Por su parte, la fiscal Eugenia Ferreyra descartó la figura de tentativa de homicidio y consideró a Farías “coautor de lesiones graves –con alevosía– y por cometer tal delito con un menor”. En su calificación no incluyó el agravante por violencia de género y transodioSolicitó para el acusado una pena de 5 años y 7 meses.

A su vez, el defensor Juan Pablo Bastos atribuyó toda la responsabilidad al sobrino de Farías prófugo e impugnó los informes forenses por estar “viciados de nulidad”. Planteó la absolución de su defendido, o en su defecto el mínimo de tres años que prevé la figura de tentativa de homicidio.

Es una injusticia, pero la vida sigue”

“Está loco el mundo. No sé qué pensar. Obviamente, es una injusticia. Cuando dijeron que lo absolvían me quería levantar e irme. Pero por respeto me quedé. Esto ha sido una gran humillación para mí, pero la vida sigue”, expresó Maxim al salir de Tribunales tras conocer la sentencia.

Integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, Mari Luque manifestó: En la sentencia ni se habló de la paliza que sufrió Maxim y que casi le cuesta la vida. Según la defensa, el que le pegó fue el menor, no Farías. Pero en estos diez años nunca se lo investigó ni se habló de que se vaya a hacer otro juicio. De terror. No sé cómo se sale de esto”.

Un juicio oral y público sin público

Desde el inicio del juicio, el 13 de marzo, los colectivos que acompañan a la víctima venían denunciando diversas irregularidades en el despliegue del juicio. El público estaba impedido de ingresar a la sala de audiencias y a Maxim no se le permitió escuchar los testimonios de la defensa, entre otras restricciones. “¿Por qué una causa pública impide a las organizaciones sociales y testigos populares entrar a la audiencia, convirtiéndose así y de repente en una causa privada? Al parecer jueces y fiscalía no trabajan en función de resguardar a la víctima”, cuestionaron desde la Casa Diversa Traslasierra.

En vísperas de la jornada de alegatos y sentencia, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra recurrió a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, para constatar si el tribunal presidido por el juez Carlos Escudero incurría en “una irregularidad al no permitir el acceso del público y de la víctima”.

En respuesta, Mariano Ariel Przybylski, titular de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, envió una carta a la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores, solicitando que “se tomen las medidas pertinentes para garantizar la asistencia a la audiencia del día 4 de abril del corriente del público en general, así como de las organizaciones de derechos humanos en particular”. “Teniendo en cuenta que el art. 372 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba establece, como uno de los principios fundamentales de todo juicio, la oralidad y la publicidad, resulta imperioso que este derecho no se vea afectado”, fundamentaba el pedido.

5 de abril de 2023
Alexis Oliva
Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra
Edición: María Eugenia Ludueña

Fuente Agencia Presentes

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