La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudadanos, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Evelyne Paradis, FELGTB, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Lidia Falcón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Partido Feminista, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, Uge Sangil, VOX

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha multado a Rusia por violar la libertad de asociación al bloquear el registro de grupos LGTBI.

La denuncia fue presentada por los grupos Rainbow House, Movement for Marriage Equality y Sochi Pride House, los cuales alegan que su registro como entidades legales fue bloqueado simplemente porque su objetivo es promover los derechos de la comunidad LGTBI.

En una decisión dictada el martes 16 de julio, el Tribunal determinó por unanimidad que Rusia había discriminado por motivos de orientación sexual y había violado el derecho de las personas a la libertad de asociación. Por una votación de 4-3, el Tribunal también sentencia a Rusia pagar 42.500€ a los reclamantes.

En sus presentaciones ante el Tribunal, el Gobierno ruso citó sus leyes que prohíben la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales dirigidas a menores, y afirmó que los objetivos de los grupos son contrarios a las tradiciones nacionales, a la política estatal de familia y la ley rusa, que estipulaba que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el objetivo de dar a luz y criar hijos.

El Tribunal ha declarado que los ciudadanos deberían poder formar una entidad legal para actuar colectivamente en un campo de interés mutuo, describiéndolo como “uno de los aspectos más importantes del derecho a la libertad de asociación”.

“No se puede decir que las negativas a registrar a las organizaciones solicitantes sobre la base de que promovieron los derechos LGBT están justificadas de manera razonable u objetiva. De las decisiones de las autoridades nacionales y de las observaciones del Gobierno se desprende que para obtener el registro, las organizaciones solicitantes habrían tenido que cambiar sus objetivos, es decir, renunciar a la promoción de los derechos LGBT. [Las decisiones] tocaron el núcleo mismo de las organizaciones solicitantes y afectaron la esencia del derecho a la libertad de asociación”.

Es la tercera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia ha violado los derechos de las personas LGTBI, aunque tiene poco poder para tomar medidas de ejecución en caso de violaciones continuas. Sin embargo, la victoria ha sido celebrada por grupos de derechos humanos por el precedente que establece.

Joanne Sawyer, del Centro Europeo de Defensa de los Derechos Humanos, dijo: “Este juicio reafirma la importancia vital para que las personas puedan agruparse y organizarse en torno a causas compartidas. Los estados deben actuar positivamente para garantizar que este derecho sea significativo, especialmente cuando las personas pertenecen a grupos minoritarios vulnerables o marginados o tienen puntos de vista impopulares”.

Arpi Avetisyan, de ILGA-Europa, dijo: “Estamos muy satisfechos con la sentencia pionera del Tribunal Europeo que confirma el derecho vital a la libertad de asociación para quienes promueven los derechos de las personas LGBTI. Esta sentencia envía un mensaje clave a los activistas LGBTI en Rusia y otros países de Europa que enfrentan restricciones discriminatorias similares: la negativa a registrar asociaciones no puede justificarse por el motivo de la protección de la moral”.

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Arpi Avetisyan, Derechos Humanos, ILGA Europa, Libertad de expresión, Movement for Marriage Equality, Rainbow House, Rusia, Sochi Pride House, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

El próximo 8 de septiembre es la fecha elegida por los activistas LGTB de Bosnia-Herzegovina para celebrar en Sarajevo el primer Orgullo del país balcánico. Un anuncio que ya ha generado una ola de LGTBfobia en redes sociales y que ha desembocado incluso en una agresión a una trabajadora de una organización de defensa de los derechos humanos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen a las autoridades de la capital bosnia que el Orgullo LGTB pueda celebrarse de forma segura para sus participantes.

El anuncio fue hecho el pasado lunes por una quincena de activistas pertenecientes a organizaciones de diversos puntos del país (Prijedor, Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina y Tuzla). Según ha declarado Branko Ćulibrk, la intención de los organizadores es celebrar el Orgullo en el centro de la ciudad, tal y como sucede con otras manifestaciones, y para ello han cursado ya la correspondiente petición a las autoridades del cantón de Sarajevo. El lema de la manifestación será «ima izać’!», expresión que, según explican los propios organizadores, se utiliza en los autobuses bosnios cuando alguno de los pasajeros solicita una parada, y que podría traducirse por «abra la puerta, por favor», en un juego de palabras con la expresión «salir del armario».

Por el momento, solo el líder de HDZ BiH (La Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina, el principal partido de la minoría croata en Bosnia) ha manifestado de forma inequívoca su apoyo a la organización del Orgullo. El resto de partidos permanecen en silencio o se muestran reticentes. Pero si a nivel político el recibimiento del anuncio ha sido frío, en las redes sociales ha generado una ola de LGTBfobia que demuestra que los valientes activistas bosnios no lo tendrán fácil, con abundantes comentarios de odio y respuestas negativas a encuestas online en medios locales. A pesar de ello, el activista Branko Ćulibrk se muestra optimista y destaca el apoyo recibido. «Lo que más nos ha sorprendido ha sido los mensajes de apoyo y de ánimo, que tenemos presentes mucho más que los mensajes de odio», asegura.

Por desgracia, este mismo viernes la organización de defensa de los derechos humanos Civil Rights Defenders denunciaba la doble agresión sufrida por una de sus trabajadoras, Ehlimana Elma Muslija. La primera agresión tuvo lugar cuando paseaba con su novia por el centro de Sarajevo durante la noche del 3 al 4 de abril. Un hombre se les acercó y las amenazó con un cuchillo, haciendo además mención expresa al Orgullo LGTB y a cómo este ofendía sus creencias y añadiendo que «correría la sangre». Este viernes el mismo agresor, acompañado en esta ocasión de otro individuo, se acercó a la pareja cuando esta se encontraba frente a un comercio y golpeó a Ehlimana Elma Muslija en la cara, haciéndola caer al suelo. Intentaron también agredir a su novia, aunque esta consiguió evitarlo después de que otro viandante hiciera frente a los agresores. «Está claro que este ataque es resultado del anuncio del primer Orgullo LGTB de Bosnia-Herzegovina. Los miembros de la comunidad LGTB tiene derecho a vivir sin miedo de ser atacados por su identidad y es la obligación del Estado asegurar su protección», ha declarado Goran Miletic, director para Europa de Civil Rights Defenders. Esta organización ha exigido a las autoridades locales investigar el ataque sufrido por su trabajadora, así como asegurar una total protección a los participantes en el Orgullo de Sarajevo el próximo 8 de septiembre.

Una realidad política y social complicada

La vida de las personas abiertamente LGTB no es fácil en Bosnia-Herzegovina, la ex república yugoslava que desde los acuerdos de Dayton, que en 1995 pusieron fin a la guerra civil, permanece dividida en dos entidades independientes de facto, la serbia y la musulmano-croata. Estas se subdividen a su vez en regiones y cantones que en la práctica son étnicamente homogéneos. Las relaciones homosexuales no fueron despenalizadas hasta 1996 (en la entidad musulmano-croata), 1998 (en la entidad serbia) y 2003 (en el distrito de Brčko, un distrito fronterizo especial). Por lo que se refiere a la situación jurídica, no existe reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y las personas trans todavía deben someterse a esterilización quirúrgica para ver reconocida legalmente su identidad, entre otras deficiencias (ver último informe de ILGA Europa, páginas 29 y 30). De acuerdo a la clasificación de ILGA Europa, de hecho, Bosnia-Herzegovina ocupa la posición 27 de 49 estados, con solamente un 31,38% de objetivos logrados.

Pero si la realidad jurídica de las personas LGTB es complicada, más aún lo es su día a día, sometidos como están a una fuerte LGTBfobia social. De ahí la importancia de su próximo Orgullo. Fue en septiembre de 2008 cuando se intentó por primera vez celebrar un festival LGTB en Sarajevo, y ante los ataques sufridos por varios asistentes el primer día, el resto de los días se tuvo que celebrar a puerta cerrada  y bajo protección policial. Ojalá en esta ocasión la realidad sea por fin distinta.

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Las autoridades de Azerbaiyán vuelven a poner a la comunidad LGTB en el punto de mira. Activistas locales han denunciado la detención de hasta catorce personas, acusadas de ejercer trabajos sexuales. Los policías usaron la trampa de hacerse pasar por clientes para arrestarlas. Algunas de ellas fueron sometidas a pruebas forzosas de detección del VIH. En un proceso administrativo sin tutela judicial, los acusados se enfrentaron a multas y penas de hasta treinta días de cárcel. Tras la intervención del tribunal de apelaciones de Bakú, todos han sido liberados. Los sucesos recuerdan a las redadas practicadas en 2017 en la república caucásica.

Los hechos comenzaron el pasado lunes 1 de abril y a partir de los días siguientes se han ido conociendo los detalles que han podido facilitar los activistas locales y organizaciones como ILGA Europa. Las cifras varían según la fuente, pero la web azerí Minority habla de unos catorce detenidos, que fueron trasladados a dependencias policiales. En varios de los casos, las víctimas acudieron a hoteles de Bakú donde creían haber concertado una cita para ofrecer sus servicios sexuales. Se trataba de una trampa de la policía, que las arrestaron al llegar. Otras fueron detenidas en sus hogares. El trabajo sexual es ilegal en Azerbaiyán, pero los activistas denuncian que las personas LGTB son las principales víctimas de la persecución.

Los detenidos fueron sometidos a reconocimientos médicos forzosos, incluidas pruebas de detección del VIH. Algunos fueron acusados de «vandalismo menor», castigado con multas de acuerdo con el artículo 510 del Código de Infracciones Administrativas. Otros se enfrentaron a penas de prisión de hasta 30 días por desobediencia a la autoridad, tipificada en el artículo 535.1 del mismo texto. Al tratarse de un proceso administrativo, los arrestados no tuvieron derecho en un principio a la asistencia letrada.

La noticia de las detenciones ha devuelto al punto de mira la situación de la comunidad LGTB en Azerbaiyán. Un portavoz del departamento de Estado norteamericano expresó el jueves la «profunda preocupación» del Gobierno estadounidense por los hechos e instó a las autoridades azeríes a «cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos». Tras unos días de incertidumbre, el pasado viernes el tribunal de apelaciones de Bakú escuchó las alegaciones de los detenidos y decretó su puesta en libertad.

LGTBfobia de Estado en Azerbaiyán

Aunque las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en el año 2000, con la misma edad de consentimiento que la de las relaciones heterosexuales, la comunidad LGTB de Azerbaiyán sigue estando sometida a la LGTBfobia social y de Estado. El informe anual de ILGA Europa hecho público en mayo del año pasado situaba el país como el peor de Europa para las personas LGTB. En 2017 se producía el arresto de al menos 50 personas, justificado por el ministerio del Interior y la Fiscalía General como una medida para evitar la propagación del VIH.

La difícil situación de la comunidad ya había sido objeto de la atención internacional con anterioridad. El Parlamento Europeo aprobaba en 2015 una resolución mediante la cual, entre otros puntos, pedía «al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI». En este sentido, la Eurocámara condenaba «enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI».

Las personas LGTB no solo se enfrentan a la persecución del Estado, sino con frecuencia a su propio entorno social. En 2014 nos hacíamos eco del caso de un joven de 18 años al que sus propios padres le rociaron con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego al revelarles su homosexualidad. Afortunadamente, el joven logró escapar con vida. Dos años antes habíamos recogido las declaraciones del activista local Yadigyar Sadykov, que afirmaba que «si una familia decidiera matar a un pariente homosexual, la mayoría de la gente lo aprobaría (…) Nunca he encontrado una persona abiertamente homosexual aquí». Por este difícil marco social, son pocas las personas que se atreven a visibilizarse como LGTB en Azerbaiyán, y muchas de ellas encuentran en el trabajo sexual su única forma de vida.

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Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Macedonia por no disponer de un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los documentos oficiales se corresponda con su identidad de género. El fallo supone un espaldarazo a los derechos de las personas trans en aquellos países de Europa en los que estos no están todavía reconocidos.

El demandante, «X», es un hombre trans nacido en 1987. Ciudadano de Macedonia, vive en Skopje, la capital de la exrepública yugoslava. Desde muy temprana edad su identidad de género ha sido masculina, aunque no fue hasta 2010 cuando comenzó tratamiento hormonal en un centro especializado de Belgrado, en la vecina Serbia. En 2011 solicitó ante las autoridades de su país el cambio de nombre, que sí le fue concedido, pasando de tener un nombre claramente femenino a uno claramente masculino. Sin embargo, la mención al sexo en su documento de identidad permaneció invariable. El Ministerio de Justicia macedonio argumentó que no disponía de ninguna prueba de que X hubiera «cambiado de sexo». Se da la circunstancia de que X no se había sometido a cirugía de reasignación. X apeló la decisión, contraargumentando que en su país no existía ningún tipo de regulación sobre la materia y que exigirle una cirugía genital para ver reconocida legalmente su identidad masculina suponía obligarlo a un tratamiento al que él no quería someterse y que supone, de hecho, su esterilización forzada. El Ministerio de Justicia, sin embargo, rechazó la petición.

En 2013, X se sometió a una doble mastectomía, también en Belgrado, y X reactivó su demanda. De hecho consiguió un dictamen forense oficial que recomendaba que se procediese a la modificación de la mención al sexo, pese a lo cual el Ministerio de Justicia de Macedonia continuó negándose.

Ahora, tras examinar el caso y los diferentes informes presentados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la ausencia de reconocimiento legal de su identidad masculina sin necesidad de someterse a cirugía genital ha supuesto para X consecuencias negativas en su salud mental y en su vida, dictaminando que la ausencia de un procedimiento que se lo permita en Macedonia supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El alto tribunal condena a Macedonia a pagar una compensación económica de 9.000 euros al demandante.

Satisfacción de los colectivos LGTB

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia, «no solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008». Conviene recordar, en este punto, que Macedonia ocupa el puesto 41 de 49 en la última clasificación de ILGA Europa sobre los derechos LGTB  en el continente.

Precisamente, además de Subversive Front, ILGA Europa (organización paraguas que agrupa a cerca de 600 colectivos LGTB del continente) junto a Transgender Europe y Trans Network Balkan, se había personado también en el proceso como tercera parte.

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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La semana pasada, el gobierno polaco prohibió la celebración del evento anual Rainbow Friday, un día dedicado a crear conciencia sobre los derechos LGTBI en las escuelas de Polonia.

Se ha llevado a cabo durante los últimos tres años y las escuelas están invitadas a participar en él. Las organizaciones LGBT proporcionan material informativo a las escuelas que pueden compartir con los estudiantes y también organizan eventos y conversaciones en las escuelas.

Pero debido a una tormenta mediática en los medios de comunicación de la derecha antes del Rainbow Friday de este año, la Ministra de Educación Nacional, Anna Zalewska declaró que cualquier escuela que participase en el día violaría las leyes de educación. También dijo que las escuelas estarían sujetas a inspección e incluso visitó algunas escuelas para asegurarse de que cancelaran Rainbow Friday.

El decreto de Zalewska obligó a las escuelas a castigar a los estudiantes y maestros por tratar de seguir adelante con la celebración del día.

Durante el fin de semana, el Ministerio de Educación tuiteó que las inspecciones continuarán el lunes.

Las organizaciones LGTBI etiquetaron la prohibición como una señal de que el gobierno estaba tratando de reprimir a la comunidad LGTBI.

“Esto apunta al hecho de que no se trata de una tormenta mediática única, sino un ataque premeditado y continuo a la concienciación sobre las personas LGTB y la autonomía de las escuelas en Polonia“, un portavoz de ILGA Europa (Asociación Internacional de Lesbianas y Gais). “Este es otro nivel de ataque contra el estado de derecho en el país”.

Pero las buenas noticias son que la organización local LGTBI Campaign Against Homophobia (KPH) informó que algunas escuelas siguieron adelante con el Rainbow Friday haciendo caso omiso a la prohibición.

A pesar de la prohibición, los estudiantes publicaron fotos de sí mismos vestidos con los colores del arco iris y de las decoraciones que colocaron en sus escuelas bajo el hashtag de las redes sociales #teczowypiatek (Rainbow Friday).

#TeczowyPiatek the peoper way pic.twitter.com/q3VM2tauhP

— Sliveczqa! (@_sliveczqa_) 26 de octubre de 2018

#TęczowyPiątek ❤️ its 2018 we love gays pic.twitter.com/2x61HNIUVk

— Lil’ Alex from Daegu (@daegudicc) 26 de octubre de 2018

let’s get this bread #TeczowyPiatek pic.twitter.com/IyIwBwwn2n

— alex ⭕ ︽✵︽ (@allthluvhes) 26 de octubre de 2018

Extremely happy to be a part of #TeczowyPiatek pic.twitter.com/qKxNqdtim1

— Marta Staniszewska ️‍ (@truedarkalpha) 26 de octubre de 2018

Conservatives: /screaming and crying in the background/#TęczowyPiątek pic.twitter.com/WvSj10IihI

— Krakers (@Spanish_Dream_) 26 de octubre de 2018

C u T e #TeczowyPiatek pic.twitter.com/7VV0jUTz0T

— Ꮹϵϼαrδ Ꮯϟϵstϵr//23 (@xlaheyspixza) 26 de octubre de 2018

Fuente Oveja Rosa

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Como en tantas otras ocasiones, cuando los términos «Rusia» y «LGTB» aparecen en una misma noticia no suele ser buen presagio. La seguridad de los fans LGTB que acudan a Rusia sigue sin estar garantizada en el mayor evento deportivo del año, el Campeonato Mundial de Fútbol, a pesar de las promesas de las autoridades de que serían bienvenidos. Un buen ejemplo de ello es la denuncia de Pride in Football, organización británica que tiene como objetivo luchar por la visibilidad del colectivo LGTB en el mundo del fútbol, que ha recibido varios correos electrónicos amenazantes. En uno de ellos los autores adj untaron la imagen de un hombre sosteniendo un puñal de forma agresiva. En otro, se aseguraba que la organización «sodomita» está en el punto de mira de la Policía rusa, por lo que sus miembros deben abstenerse de viajar al país… Cuando la competición cumple su primera semana, hacemos un primer balance de la situación. 

La polémica empezó de hecho hace ya varios meses, cuando FARE Network (Football Against Racism in Europe, una organización europea contra el racismo en el fútbol) recomendó a las personas LGTB que no se cogieran de la mano por la calle mientras se encontrasen en Rusia con motivo del Mundial dado que «podría ser peligroso». Pocos días antes del inicio de la competición, por su parte, la británica Football Supporter’s Federation advertía también a las parejas del mismo sexo que viajaran a Rusia que no mostrasen «su sexualidad en público» y recomendaba a las personas trans que fueran siempre acompañadas a los baños públicos o que usaran los baños para personas discapacitadas.

Una falta de visibilidad con la que no pocos activistas se han mostrado en desacuerdo. Según apuntaba Joe White, director de campañas de Pride In Football, ocultar al colectivo LGTB en Rusia para evitar agresiones no es una opción, porque precisamente de lo que se trata es de evidenciar que tener que esconderse es un problema. «Si vemos que es seguro, llevaremos banderas arcoiris para aportar algo de visibilidad en los estadios y demostrar que los fans LGTB del fútbol también existen y que valemos lo mismo que cualquier otro aficionado», aseguraba.

Según los índices de ILGA Europa, Rusia se encuentra en el grupo de cola de los países europeos en cuanto a derechos LGTB se refiere. Aunque la homosexualidad dejó de ser considerada delito en 1993, es un país conocido por su apabullante homofobia de Estado. La ley contra la «propaganda homosexual», aprobada en 2013, dio inicio a una escalada discriminatoria que no parece tener fin. Se trata de una norma que sanciona con fuertes multas cualquier información positiva sobre la realidad LGTB que pueda alcanzar a menores, y que en la práctica hace imposible la lucha contra el acoso por LGTBfobia y los crímenes de odio y dificulta la celebración de cualquier evento LGTB, permitiendo por ejemplo que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso temporalmente encarcelados. La situación ha llegado a ser especialmente desesperada en la República rusa de Chechenia, donde el Gobierno local ha encontrado en el colectivo LGTB el perfecto chivo expiatorio y donde las autoridades rusas han demostrado una ausencia total de voluntad política para investigar los crímenes de odio y llevar a los responsables ante la justicia.

Según recogieron diversos medios internacionales, este contexto de LGTBfobia imperante en Rusia se materializó de forma dramática pocos días antes de la inauguración del Mundial, cuando un aficionado gay francés y su acompañante fueron brutalmente agredidos en San Petersburgo. El ciudadano francés sufrió una fuerte contusión cerebral junto a fractura de mandíbula y tuvo que ser hospitalizado. Es complicado saber hasta qué punto la homofobia de los agresores, ya detenidos, jugó un papel determinante (la agresión se acompañó del robo de los teléfonos móviles), pero de lo que no cabe duda es de que la homofobia sí estuvo muy presente en la forma en la que la noticia se difundió. «Aunque las víctimas sean homosexuales, eso no justifica a los monstruos que les atacaron», se llegó a comentar en el canal de Telegram ruso ‘OperSlil’.

Desafortunadamente, este no ha sido el único incidente en lo que llevamos de Mundial. El jueves 14, día en el que se inauguraba la competición, el activista LGTB británico Peter Tatchell era detenido por la policía rusa en la Plaza Roja de Moscú, tras protestar contra el historial de abusos del Estado ruso contra el colectivo LGTB. Tatchell mostró una pancarta frente al Kremlin en la que se podía leer «Putin no actúa contra la tortura de personas homosexuales en Chechenia». Al poco tiempo, fue abordado por diversos agentes policiales, quienes le advirtieron que su protesta no estaba autorizada. Fue detenido y llevado a dependencias policiales, y liberado al cabo de unas pocas horas. Según declaraciones del propio Tatchell, fue «más o menos bien tratado, en parte porque soy un ciudadano británico y porque un diplomático de la embajada del Reino Unido contactó con la policía. Supongo que los rusos no querían mostrar su faceta más dura durante el Mundial de Fútbol». De hecho, al activista británico se le ha permitido abandonar Rusia pese a estar pendiente de una citación judicial el próximo día 26.

Lo cierto es que Rusia se encuentra inmersa estos días en una gran contradicción. Mientras se suceden amenazas, agresiones y detenciones contra el colectivo LGTB, las autoridades del Mundial han asegurado que las personas homosexuales, bisexuales y trans recibirán una «cálida acogida» y podrán ondear banderas arcoiris a los estadios. Se ha permitido, en teoría, la instalación por parte de FARE de las llamadas «casas de la diversidad» en Moscú y San Petersburgo (espacios seguros donde los fans LGTB pudieran reunirse para ver los partidos y albergar actividades), pero la de San Petersburgo se quedaba sin local en el último minuto. Medidas contradictorias en un contexto social y político adverso hacia la diversidad sexual y de género, que nos recuerdan que el Mundial de Fútbol -y la consecuente mirada internacional posada sobre Rusia- terminará, pero los retos a los que debe enfrentarse la comunidad LGTB en la Federación Rusa persistirán.

Fuente Dosmanzanas

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Perfil de Twitter @HasanAtik04 | Foto: Uso Permitido

El activista LGTB Hasan Atik se postula para diputado en las elecciones de Turquía de junio con intención de combatir la represión de Erdoğan. Hasan Andreas Atik es un activista por los derechos de las personas LGBTI y con VIH, candidato para ocupar un puesto en el Parlamento turco en las elecciones del 24 de junio.

El próximo 24 de junio Turquía elegirá la composición de la Asamblea Nacional para la siguiente legislatura, así como al nuevo presidente de la república que, tras el referéndum constitucional de 2017, también ejercerá de primer ministro. En este sentido, se ha confirmado que Hasan Atik, abiertamente gay y VIH positivo, aspira a obtener uno de los escaños de la provincia noroccidental de Edirne en el parlamento unicameral turco por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). No es la primera vez que la Asamblea Nacional de Turquía cuenta con diputados LGTB fuera del armario. Sin embargo, dada la creciente LGTBfobia de Estado, auspiciada por el propio Recep Tayyip Erdoğan, la posible elección de diputados activistas y combativos despierta esperanzas de cambio para el denostado y discriminado colectivo LGTB turco.

Cristianos Gays viene recogiendo desde hace ya tiempo la deriva autocrática de Turquía y la indisimulada LGTBfobia de Estado ejercida por el presidente Erdoğan y otros líderes afines a este. El 24 de junio el país renueva sus representantes en las principales instituciones nacionales, tras el adelanto electoral anunciado por el presidente el pasado mes de abril (en un principio, la cita con las urnas se había previsto para 2019).

A pesar de la represión de Turquía contra las personas LGBTI+, el activista Hasan Atik, quien no oculta su condición de hombre homosexual y seropositivo, aspira conquistar un escaño en el Parlamento de su país como miembro del Partido Democrático Popular de Izquierda (HDP), en las elecciones anticipadas del 24 de junio.

Así pues, se ha hecho público que el activista Hasan Atik optará a ocupar uno de los escaños de la Asamblea Nacional. Atik ha desarrollado su campaña hablando sobre los estigmas que rodean el VIH-Sida en su país. “La situación, donde ya somos un monstruo ante los ojos del público, empeora”, ha dicho en entrevistas. Hasan ha luchado desde hace muchos años por los derechos de las personas LGBTI y pacientes con VIH.

Atik, en referencia a las personas LGTB, dice que «el derecho a la vida es nuestra solicitud más urgente», por lo que«lucharemos contra cuestiones como el estigma y la discriminación, que están desencadenándose fuertemente en Turquía». El valiente candidato alega que le preocupan conceptos como «ciudadanía, libertad, matrimonio, empleo, etc» y «ser iguales en estos campos se encuentra entre nuestras demandas. Lucharé por la identificación e implementación de crímenes de odio. Expresaré nuestro más fuerte deseo de vivir una vida basada en la ciudadanía igualitaria, no en la discriminación positiva».

El activista, que forma parte de una formación de izquierdas (el HDP) que defiende la inclusión de la comunidad LGTB y que suele ser muy crítica con el erdoğanismo, agrega que «lucharemos por el plan de estudios de educación sobre salud sexual en las escuelas. Entonces educaremos a la sociedad contra la fobia al VIH. Luchamos contra cuestiones como el estigma y la discriminación, que están teniendo lugar en gran medida en Turquía».

En el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), también pueden llegar a optar al escaño dos mujeres trans. En noviembre, precisamente, Erdoğan cargaba contra el CHP por establecer, supuestamente, una «cuota para homosexuales». «El partido que se hace llamar el principal de la oposición se ha alejado tanto de la nación que ahora en las elecciones a comités locales del CHP están poniendo una cuota de homosexuales, en proporción de uno de cada cinco», dijo entonces el presidente. El LGTBfóbico dirigente turco también añadió lo siguiente: «¡Que venga Dios y lo vea! No está claro cómo los distribuirán. Que sigan así. Nosotros somos los que defendemos la moral. ¡La moral es tan importante!».

En todo caso, «en nuestros comités desde luego integramos a todos, mujeres, hombres, transexuales, y nuestras políticas se ocupan de los derechos de los homosexuales. Es algo natural para nosotros, pero no existe una cuota», contestaron los socialdemócratas del CHP. Asimismo, denunciaron que «estas palabras del presidente reflejan un discurso de odio y discriminación».

También informó que está “obligado” a decirle a las personas que vive con el VIH. “En Turquía, debido a que no hay leyes sobre el VIH, existen sanciones severas. Me veo obligado a contarle a la gente sobre mi condición “, dijo a la publicación. “En la Constitución, tengo el derecho garantizado de no compartir mi información médica si no quiero. Sin embargo, las leyes, al impedirme usar mis derechos constitucionales, me obligan a contar mi historial médico”, expresó.

Sobre la situación que viven las personas con VIH en Turquía comentó en una entrevista en el año 2014 lo siguiente: “Estás expuesto a todo tipo de discriminación, incluso la más simple de las cosas. Por ejemplo, hace unos días fui al dentista para quitarme las muelas del juicio. No me quitaron los dientes y me contaron un montón de mentiras. Los doctores hablaban constantemente de mí el uno con el otro. Ni siquiera querían tomar una radiografía. Mientras esperaba en la sala de espera, oí que las enfermeras hablaban de mí. Hablaban en voz alta para que yo escuchara y me fuera. En términos de servicios de salud y comunicación personal, estamos expuestos a una gran cantidad de discriminación”. “El VIH es una enfermedad atribuida erróneamente solo a personas homosexuales. Me entristece ser la persona que confirma esto (estereotipo)”, dijo.

Atik se postula por un asiento en la provincia noroccidental de Edirme. Entretanto, el partido que lo respalda, el HDP, es conocido por su apoyo a los grupos minoritarios y desfavorecidos en las políticas públicas gubernamentales.

En el 2015 esta agrupación se convirtió en el primer partido político en seleccionar a una persona abiertamente homosexual para postularse a un escaño al Parlamento, se trató de Baris Sulu. Ese mismo año, el principal partido opositor de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo, postuló a dos mujeres trans en las elecciones.

Aunque en Turquía la homosexualidad fue despenalizada bajo el Imperio Otomano en el año 1858, y se convirtió en el segundo gobierno de mayoría musulmana en crear leyes que amparan al colectivo LGBTI. En la actualidad, la situación va en detrimento de la igualdad y según OutRight Action International, se ha ido “deteriorando”.

“La persecución de los LGBTIQ y todos los defensores de los derechos humanos turcos debe detenerse ahora”, dijo en el mes de febrero Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International. Recientemente, las autoridades detuvieron sin ninguna explicación al líder de la principal organización LGBTIQ de Turquía, Kaos GL.

Erdoğan y la Turquía de la represión, el silencio y la LGTBfobia

En Cristianos Gays hemos informado de la involución de derechos y de visibilidad pública del colectivo LGTB en Turquía. En 2013 nos hacíamos eco de la histórica manifestación del Orgullo de Estambul, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, eran reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015, según los organizadores del Orgullo, la marcha fue «prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul, a causa del mes de Ramadán, sin ningún aviso».

Una circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación en 2014 (un año en el que el Tribunal Constitucional de Turquía reconocía por primera vez que llamar “pervertidos” a las personas LGTB es lenguaje de odio). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul. Fue prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por “la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes”, pero desde el activismo LGTB se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB de Estambul correría la misma suerte. En agosto de 2016, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

Una situación que se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos.

En febrero de este mismo año publicábamos que los tribunales administrativos 4º y 13º de Ankara, respectivamente, rechazaban los recursos de apelación de las organizaciones igualitarias Kaos GL y Pink Life (o Pembe Hayat), que pretendían acabar con la prohibición de celebrar actos LGTB, impuesta por el gobernador de Ankara, Ercan Topaca. Para la justicia, que se posicionaba a favor de la oficina del gobernador, «la prohibición no causará resultados irrecuperables», dictaminando que tal decisión «no es ilegal».

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, el pasado abril Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento.

Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El diccionario de Suecia incluye oficialmente un pronombre de género neutro

“Hen”, el pronombre neutro que ya es oficial en Suecia

La Iglesia de Suecia usará el género neutro para referirse a Dios

El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans. En 2016, el ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, confirmó que el Gobierno sueco pagaría una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).

Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. “Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron”, ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.

La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. “Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes”, expresa el comunicado de Transgender Europe.

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.

En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.

Fuente Dosmanzanas

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Todavía resuenan los ecos de las gigantescas movilizaciones feministas en España y en cientos de países de todo el mundo. En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres también salieron a las calles para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”) y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se muestran detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. Y hasta estos días se ha mantenido el debate candente en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha retirado su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul es la supuesta introducción de la “ideología de género” en la sociedad búlgara.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión que han ejercido a partes iguales la Iglesia Ortodoxa, los grupúsculos ultranacionalistas y el retrógrado Partido Socialista Búlgaro ha provocado que el gobierno conservador de Borisov haya decidido echar para atrás la ratificación del Convenio de Estambul”.

Este eslavista español  explica que la clave del revuelo ha sido “el concepto de género social, al hablar de los roles de géneros como construcciones sociales, de defender a las minorías sexuales, incluida las trans, y también por defender la educación escolar en la diversidad sexual y de género. Todo esto, alimentado por la transfobia propia que caracteriza a los defensores del modelo tradicional y patriarcal de la familia, así a los detractores de la supuesta ‘ideología de género’”.

Previamente a la retirada de la ratificación, el pequeño partido nacionalista VMRO del ministro de Defensa Krasimir Karakachanov, un socio menor de la coalición con el GERB, aseveraba (aunque sin ningún tipo de veracidad) que el Convenio de Estambul es una forma de “introducir programas escolares para estudiar la homosexualidad y el travestismo y crear oportunidades para sacar adelante los matrimonios entre personas del mismo sexo”.

Para Marco Vidal “es cuanto menos llamativo que todos los que critican cualquier avance en materia de derechos sociales y civiles respecto al colectivo LGTB utilicen esa misma nomenclatura, la de ‘ideología de género, cuando precisamente lo que se critican son los géneros impuestos socialmente, sus roles y sus consecuencias. En Bulgaria, por desgracia, no es la izquierda parlamentaria la que aborda este tema ni se posiciona a favor del colectivo, sino que han decidido darle la mano a la Iglesia y aumentar y alimentar el monstruo de la transfobia”.

Un instrumento para la protección de las mujeres

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (solo 18 de ellos lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El pasado 18 de enero, Armenia era uno de los últimos países en rubricarlo (y no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

El propio Consejo de Europa manda un mensaje a Bulgaria

La ingente desinformación con la que distintos estamentos de poder (incluyendo políticos, religiosos y culturales) han sometido a la sociedad búlgara obligaron al Consejo de Europa a emitir un comunicado de prensa el 7 de marzo, en el que se criticaba que “en algunos países se están difundiendo ideas erróneas sobre el propósito” del Convenio de Estambul.

El Consejo de Europa alega que “con demasiada frecuencia” los roles asociados a mujeres y hombres “están definidos por estereotipos desactualizados y pueden hacer que la violencia contra las mujeres, la intimidación y el miedo sean más ‘aceptables’”. Asimismo, el Consejo explica que “algunos afirman que nuestra Convención promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no hace referencia al reconocimiento legal de dicho matrimonio. Ciertamente, el Consejo de Europa apoya los derechos LGTBI y la Convención se opone a cualquier forma de discriminación. Pero el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo está fuera del alcance de la Convención de Estambul”.

Fuente Dosmanzanas

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Ercan Topaca

Los tribunales administrativos 4º y 13º de Ankara, respectivamente, han rechazado los recursos de apelación de las organizaciones igualitarias Kaos GL y Pink Life (o Pembe Hayat), que pretendían acabar con la prohibición de celebrar actos LGTB, impuesta por el gobernador de Ankara, Ercan Topaca. Para la justicia, que se posiciona a favor de la oficina del gobernador, “la prohibición no causará resultados irrecuperables” y dictamina que tal decisión “no es ilegal”. En cambio, según argumenta el director de programas de ILGA-Europa, Björn van Roozendaal, “la prohibición general es indiscriminada, vaga, indefinida y una clara violación de las convenciones fundamentales de derechos humanos que Turquía ha suscrito voluntariamente”. El gobernador, alineado con la represión de estado LGTBfóbica del presidente Erdoğan, alega que, ante situaciones de “emergencia”, la Constitución de Turquía contempla “detener el uso de los derechos y libertades fundamentales”.

Como recogíamos, el gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado a finales de noviembre prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. El antecedente había sido el veto a la celebración del Festival de Cine LGTBI Alemán, organizado entre otros por la embajada germana. Para la oficina del gobernador, los actos LGTB pueden generar “resentimiento y odio contra una parte de la sociedad”.

Frente tal situación, Kaos GL y Pink Life presentaban sendas apelaciones ante los tribunales, que finalmente han sido rechazadas al considerar que la prohibición “no es ilegal”. Para Björn van Roozendaal, director de programas de ILGA-Europa, “legitimar el odio hacia las personas LGTBI a través de una medida como esta es inaceptable. Debe transmitirse el mensaje de que esto no está bien, la comunidad turca LGTBI no está sola y que sus amigos en otros países de Europa continúan apoyándolos en su lucha legal”.

Y aunque la justicia cree que “la prohibición no causará resultados irrecuperables”, lo cierto es que está influyendo en la escalada LGTBfóbica del resto de Turquía, más allá de los límites de la capital, Ankara, donde la medida es de aplicación. El activismo igualitario turco denuncia que un Festival Queer fue prohibido en Beyoğlu, que la policía irrumpió en una proyección de película LGTB en Bursa y que la administración universitaria de la Universidad Técnica de Medio Oriente evitó dos proyecciones de películas con trasfondo igualitario, entre otras acciones discriminatorias.

Hemos informado de la involución de derechos y de visibilidad pública del colectivo LGTB en Turquía. En 2013 nos hacíamos eco de la histórica manifestación del Orgullo de Estambul, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, eran reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015, según los organizadores del Orgullo, la marcha fue “prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul, a causa del mes de Ramadán, sin ningún aviso”.

Una circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación en 2014 (un año en el que el Tribunal Constitucional de Turquía reconocía por primera vez que llamar “pervertidos” a las personas LGTB es lenguaje de odio). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul. Fue prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por “la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes”, pero desde el activismo LGTB se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB de Estambul correría la misma suerte. En agosto de 2016, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

Una situación que se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos.

El deterioro democrático y LGTBfóbico de Turquía

Recep Tayyip Erdoğan

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, el pasado abril Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento.

Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Alemania, Ankara, Björn van Roozendaal, Censura, Cine, Discriminación, Ercan Topaca, Estambul, Homofobia, ILGA Europa, KAOS-GL, Kerem Dikmen, Levent Pişkin, LGTBfobia, Michael Roth, Pembe Hayat, Pink Life, Recep Tayyip Erdoğan, Romeos, Teatro, Turquía, Uğur Büber

La delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

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María Elósegui no solo se enroca en sus posiciones en una entrevista a El Confidencial, sino que incluso se muestra desafiante y responde con chulería cuando se le recuerda la petición de dimisión. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, ha declarado. Mientras tanto, los colectivos LGTB europeos muestra su preocupación por el nombramiento de Elósegui como magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: peticiones de cese por el falseamiento del currículum, solicitud de explicaciones al Gobierno, petición de dimisión en change.org… Como era previsible, nada de eso ha sucedido. La propia María Elósegui lo deja claro en la entrevista a El Confidencial. “Parte de la polémica se ha centrado en sus ideas. Miembros del colectivo LGTBI han promovido una recogida de firmas para que usted dimita. ¿Cree usted que debe dimitir?”, le preguntan. “He sido votada por una asamblea parlamentaria y me debo a mis electores. Los periódicos, con todos mis respetos, no es el lugar en el que se vota. Se vota con los procedimientos formales, no se hace un juicio en paralelo. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, responde. “La petición que le hacen es que dimita porque consideran que usted es homófoba”, insiste la periodista. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, añade Elósegui.

La nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste además en que sus palabras han sido manipuladas. “Niego la mayor. No son mis palabras, se han sacado de contexto y tergiversado, han puesto en boca mía cosas que no he dicho yo. Han hecho una mezcla, un popurrí, con idea de lesionar mi honor y buscando un acoso o discriminación laboral”, asegura.

Afirmaciones, es necesario insistir, que no son ciertas: son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Ni tergiversación ni manipulación.

Posicionamiento de ILGA Europe

La alarma por las opiniones de Elósegui, entretanto, ya ha sobrepasado nuestras fronteras. ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, hizo público hace varios días un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que expresa su preocupación y asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo. “Seguimos esperando a el Gobierno dé una respuesta sobre las negligencias que llevaron a que sus declaraciones homófobas y tránsfobas no supusiesen su automático descarte para ese puesto”, añade la FELGTB, en referencia a la exigencia al Gobierno español de explicaciones.

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Los políticos búlgaros están desplegando en los últimos días un abanico de declaraciones LGTBfóbicas en el marco del debate sobre la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”). En el Gobierno, el derechista GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo), es partidario de la firma, dejando claro que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo), principal partido de la oposición, justifica su rechazo a la violencia contra las mujeres, pero no apoya el convenio porque, según alega, fomenta la “ideología de género” y “la introducción de esta nueva ideología nos obligará a cambiar nuestra legislación”. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa Búlgara (institución representativa de la religión mayoritaria del país) asegura que la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

Bulgaria no ratificará por el momento el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres o Convenio de Estambul (aunque sí lo firmó el 21 de abril de 2016). Incluso el presidente de la república, Rumen Radev, ha dejado claro que, en su opinión, “no es el momento de ratificar el Convenio de Estambul”. Radev hacía estas declaraciones en la rueda de prensa, ofrecida el pasado lunes, con motivo de su primer año de mandato (recordemos que, aunque se presentó como independiente, contó con el respaldo de los socialistas y alcanzó la presidencia en la segunda vuelta).

El presidente, que tiene capacidad de veto si una ley o norma no cuenta con mayoría absoluta, considera que “un documento no debe ser firmado sin ser debatido en Bulgaria y sin saber lo que realmente se deriva de él”. Para el jefe del Estado, “detrás de la noble iniciativa de reducir la violencia contra mujeres y niños, otra ideología ha salido a la luz” y, en consecuencia, añade, “la convención disocia al público”. Esa “otra” ideología a la que se refiere Radev hace referencia a los derechos de las personas trans y a la no discriminación por orientación sexual.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (18 de ellos lo han firmado y otros 28, además, lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El último en rubricarlo, el pasado 18 de enero, ha sido Armenia (que no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Llamada LGTBfóbica de Iglesia Ortodoxa Búlgara

El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara ha sido una de las primeras voces de este país balcánico en alertar del “peligro” de la ratificación del Convenio de Estambul. A su juicio, conduce a la “muerte espiritual de la humanidad”. La Iglesia Ortodoxa argumenta, en este sentido, que la posibilidad de reconocer la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión de la Iglesia Ortodoxa, que tiene enorme influencia sobre la población de más edad del país, así como el bombo y la desinformación que se ha generado por la simple inclusión de las expresiones ‘tercer género’ y ‘género social’ ha provocado que un debate que debería ser sobre la situación de la mujer en Bulgaria, y cómo luchar, en definitiva, contra la violencia machista, se convierta en un debate sobre cuestiones de género. Un debate que realmente nadie esperaba y que ha cogido a todo el mundo por sorpresa, colectivos LGTB incluidos”.

Este eslavista español aclara que “hubo mucho revuelo por el concepto de ‘género social’ (‘социален пол’) y se propuso que se volviera a traducir al búlgaro el texto del convenio. En búlgaro ‘пол’ significa ‘género’ y ‘sexo’ y no existe el concepto de ‘género social’ y precisamente por este motivo fue por lo que se propuso, incluso, que se rehiciera la traducción”.

Vidal agrega que “la Iglesia Ortodoxa consideró desde un principio, usando su típico lenguaje apocalíptico, que aceptar y ratificar este convenio denigrará a la sociedad y la moral búlgaras; por otra parte, los neonazis y grupúsculos de patriotas varios también se han posicionado e incluso han convocado manifestaciones por el país negándose a una futura educación ‘de género’ en las escuelas”.

Al rechazo del Convenio de Estambul de la Iglesia Ortodoxa, en el ámbito confesional, se suman el de las iglesias evangélicas y la Oficina del Gran Muftí de Bulgaria, que lo califica de “amenaza para la identidad de los musulmanes búlgaros”. En su opinión, “este acuerdo internacional perjudica la estabilidad de la familia”, además de introducir “conceptos como ‘género’, ‘tercer sexo’ o ‘tercer género’ y ‘sociedad gay’, que son trampas peligrosas que presagian un gran drama para Bulgaria que vive una grave crisis demográfica”.

El Gobierno de derechas y los socialistas, unidos contra la “ideología de género”

Grupúsculo homófobo cuya pancarta dice: “Bulgaria es cristiana, no maricona”

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

La ministra de Justicia de Bulgaria, Tsetska Tsacheva, añade que “el Convenio de Estambul es el primer documento que sienta un marco jurídico integral con vistas a la defensa de las mujeres y chicas contra cualesquiera formas de violencia, incluida la doméstica”, pero niega que “tras el noble motivo de la igualdad entre el hombre y la mujer se escondan otros pensamientos”.

Y es que el gobernante partido de derechas GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha impulsado la ratificación del Convenio de Estambul por parte de este país balcánico, aunque aclara que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El eurodiputado de esta formación Emil Radev defiende que “no hay motivo para preocuparse por la ratificación”, en tanto que “el derecho de familia, el matrimonio, la cohabitación, etc. se encuentran en el campo de la subsidiariedad”.

Emil Radev, en calidad de abogado, ha sido uno de los líderes en tratar de calmar a la derecha búlgara al aseverar que “no podemos tener ningún ‘tercer sexo’ o matrimonios del mismo sexo, ni ningún otro caso atípico para las relaciones de la comunidad con el Convenio de Estambul. No abre la puerta a ninguna ideología de género”. Pese a la discrepancia sobre el alcance del convenio, tanto el GERB como el BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo) dicen compartir la necesidad de luchar contra la violencia machista y ambos comparten, además, su tajante posición contraria a una supuesta “ideología de género”.

Kornelia Ninova, líder de los socialistas búlgaros, declara que “el convenio ha generado una enorme tensión en la sociedad búlgara, diferencias de opiniones, la opinión de la Iglesia y una enorme discusión. Esto es división. En el convenio no hay un informe explicativo ni tampoco un informe del Consejo de Ministros que indique qué leyes nacionales hay que cambiar después de su ratificación. No está nada claro”. Para Ninova y el Partido Socialista, la única vía posible para la ratificación del Convenio de Estambul es mediante la celebración de un referéndum (que, más que presumiblemente, lo rechazaría con una amplia mayoría de los ciudadanos en contra).

El activista LGTB español Marco Vidal cree que “lo que provoca más shock y sorpresa es ver que, pese a la presión del Partido Socialista Europeo, el BSP se ha negado a firmar la ratificación de este convenio apoyándose en el argumento de que se está transmitiendo la ‘doctrina e ideología de género’ a los menores a través de la educación y consideran, falsamente, que se está usando el drama de la violencia machista para adoctrinar en esta supuesta ‘ideología’”.

Para Vidal, “el Partido Socialista Búlgaro ha demostrado estar más cerca de posiciones de la derecha conservadora y de la Iglesia que los propios conservadores. Estos últimos no son, en ningún caso, grandes defensores de los derechos civiles y de las minorías sexuales, pero su política neoliberal y pro europeísta les conduce a votar cualquier cosa, estén o no de acuerdo, por tal de acercar su entrada al euro”.

La puerta al matrimonio igualitario está cerrada en Bulgaria

Hace solo unas semanas, dosmanzanas recogía la noticia de que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen no ha admitido su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia, como adelantamos a través de Twitter:

La justicia búlgara, finalmente, se pronuncia en contra del matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary, por el momento, no verán reconocido su enlace (contraído en el Reino Unido en 2017). https://t.co/suPtc72TcL

— dosmanzanas.com (@dosmanzanas) 12 de enero de 2018

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre “entre un hombre y una mujer”, por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Tampoco las personas trans lo tienen fácil: hasta 1999 no hubo ninguna referencia legislativa que permitiera el cambio de identidad de género en el país y, todavía a día de hoy, a las personas trans que no se someten a una cirugía se les impide modificar la identidad en cualquier documento oficial, con el consiguiente estigma y discriminación al que se las somete.

Sí que hay que indicar que, muy lentamente, se van logrando pequeñas conquistas LGTB en Bulgaria. Según señala el último informe de ILGA-Europa sobre Bulgaria, “en 2016, tres personas trans recibieron reconocimiento legal de su identidad género por los tribunales sin tener que someterse a esterilización”.

Fuente Dosmanzanas

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Este 1 de enero Bulgaria asumía, por vez primera, la presidencia de la Unión Europea. Tiene el triste honor de ser el país comunitario con mayores tasas de pobreza y a la vez de corrupción. Y al tiempo que la delegación búlgara empieza a calentar los sillones europeos, quizá con el objetivo de mejorar la vergonzante imagen de la clase política del país en el plano internacional, conocemos la noticia de Lily Babulkova y su esposa Dary. Se trata de una valiente pareja de mujeres que ha iniciado la batalla en los tribunales de Bulgaria por el reconocimiento del matrimonio igualitario. Ambas se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen no admite su unión matrimonial. El activista LGTB español Marco Vidal, que actualmente reside en Sofía (capital de Bulgaria), considera que “independientemente de que la demanda sea o no aceptada, aunque tenemos el precedente de Italia que debería ayudarnos a ser más positivos, creo que esto marcará un antes y un después en la visibilización del colectivo”.

Lily Babulkova ha explicado que “no queremos provocar a nadie, ni nos gusta, solo queremos tener nuestro derecho a que no se esconda bajo la alfombra” su caso, que a su vez abre un precedente para el resto de parejas del mismo sexo en Bulgaria. Por su parte, Denitsa Lyubenova, abogada de la pareja y miembro de la organización igualitaria búlgara Youth LGBT Action, espera persuadir al tribunal al referirse al Código de Derecho Internacional Privado, que rige el matrimonio entre ciudadanos búlgaros en un país extranjero.

La abogada y activista Denitsa Lyubenova, en declaraciones a la publicación búlgara huge.bg, ha dicho que “si se cumplen estos requisitos y se establece tal jurisdicción, el matrimonio en cuestión debe ser reconocido en Bulgaria”. Bajo la ley de la UE, Lyubenova espera que la pareja pueda reconocer su matrimonio sobre la base de que la legislación establece que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual. “En ningún caso los Estados miembros pueden restringir los derechos de sus ciudadanos, a pesar de las limitaciones en la legislación nacional relativas al derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo”, añade Lyubenova.

Lily Babulkova y Dary, conscientes de ser las primeras personas en batallar ante los tribunales búlgaros por el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo, argumentan que quieren ser mamás y, por lo tanto, “queremos tener un documento que actúe como una póliza de seguro en caso de que algo malo le suceda a una de nosotras. Muchas personas no se dan cuenta de que este acuerdo legal protege a los niños si ocurre una situación desagradable con uno de los padres: en caso de problemas legales, pierden al otro padre”; madre, en esta ocasión.

La pareja, además, clarifica que han denunciado su caso ante la justicia “con la clara conciencia de que el matrimonio será admitido a largo plazo, ya que no puede reconocerse automáticamente en nuestro país. Pero al menos tenemos un camino por recorrer. Hemos decidido que vamos a estar más en una brecha legal si no lo registramos en Bulgaria que si lo registramos”.

El activista LGTB español Marco Vidal, que actualmente reside en Sofía por motivos profesionales (en calidad de eslavista), comenta a dosmanzanas que en el acto de inauguración de la pasada edición del Sofia LGBTI Community Fest “tuve la oportunidad de escuchar un emocionante discurso de la abogada que defiende el caso de estas dos mujeres búlgaras que quieren que se les reconozca su matrimonio contraído en el Reino Unido. La demanda contra la administración búlgara acababa de ser interpuesta, y la abogada nos comentaba su alegría y su ilusión por lo que puede provocar este caso”.

Vidal considera que “independientemente de que sea o no aceptada, aunque tenemos el precedente de Italia que debería ayudarnos a ser más positivos, creo que esto marcará un antes y un después en la visibilización del colectivo. Ya se empieza a hablar en las noticias con más frecuencia de la comunidad LGTB, hay debates televisivos en los que participan los principales activistas de Sofía, e incluso se hacen reportajes sobre la intersexualidad”.

Por ello, “sin duda alguna, esto nos va a servir de precedente y va a empoderar al colectivo LGTBI. Esperemos que la denuncia sea favorable a Lily y Dary y que esto haga que otras muchas parejas reconozcan su matrimonio aquí. Sería el primer paso para exigir un cambio en la Constitución”.

Matrimonio igualitario y activismo LGTB en Bulgaria

La iniciativa judicial de Lily y Dary abre un camino muy importante para el activismo en Bulgaria. En este sentido, Lily sostiene que “a lo largo de los años, he visto una evolución en la actitud de una parte de los medios y la gran ventaja para nosotras es que cada vez más personas quieren escucharnos, no poner palabras en nuestra boca”. Asimismo, asegura que “es un proceso gradual y uno de los pasos es que las familias como la nuestra dejen de estar fuera de la ley”, puesto que “nuestra victoria no sería una pérdida para nadie”.

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre “entre un hombre y una mujer”, por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Tampoco las personas trans lo tienen fácil: hasta 1999 no hubo ninguna referencia legislativa que permitiera el cambio de identidad de género en el país y, todavía a día de hoy, a las personas trans que no se someten a una cirugía se les impide modificar la identidad en cualquier documento oficial, con el consiguiente estigma y discriminación al que se las somete.

Sí que hay que indicar que, muy lentamente, se van logrando pequeñas conquistas LGTB en Bulgaria. Según señala el último informe de ILGA-Europa sobre Bulgaria, “en 2016, tres personas trans recibieron reconocimiento legal de su identidad género por los tribunales sin tener que someterse a esterilización”.

Del mismo modo, también en clave positiva, las asociaciones LGTB Bilitis Resource Centre y Deystvie LGBT ayudaron a un hombre gay de Irán con su solicitud de asilo en Bulgaria en 2016. Su solicitud de protección internacional basada en la orientación sexual fue presentada ante la Agencia Nacional de Refugiados en julio de ese año y recibió una respuesta positiva en octubre.

Un país atenazado por el conservadurismo heteronormativo

Miguel Rodríguez, autor de Homofobia en los Balcanes (al que entrevistamos en 2015 con motivo de la publicación del libro), reflexiona que “la sociedad búlgara, como el resto de sociedades balcánicas, es eminentemente conservadora en lo que se refiere al reconocimiento de la comunidad LGTB. El delito de odio contra sus miembros no está regulado, y la Iglesia Ortodoxa sigue siendo una gran opositora, cuya influencia se hace notar especialmente fuera de Sofia”.

En declaraciones a dosmanzanas, Rodríguez agrega que “hay dos procesos que han ido de la mano: cada vez más misiones diplomáticas muestran su apoyo públicamente, se involucran en favor del colectivo y la sociedad civil, en este sentido, se siente más protegida y llama a puertas que antes parecían inalcanzables e inaccesibles. Aunque sea una iniciativa particular y tenga al orden legal en contra, qué mejor momento que este, con Bulgaria en la presidencia de la Unión Europea, para desmontar la discriminación oficializada”.

Marco Vidal, el activista citado en párrafos anteriores, comparte con Miguel Rodríguez que “Bulgaria, como todos los países balcánicos, está compuesto por una sociedad conservadora y, por tanto, por partidos políticos conservadores”. En relación a los derechos de las personas LGTB, Vidal analiza que “a diferencia de otros países europeos donde son los partidos socialdemócratas los que elevan propuestas de derechos civiles como el matrimonio igualitario, en Bulgaria no solo no hay ningún partido mayoritario, ni el conservador adherido al Partido Popular Europeo, ni el socialdemócrata, adherido a la Internacional Socialista, que apoye y defienda los derechos del colectivo”.

Además, durante la celebración del último Orgullo LGTB de Sofía, “fue la mujer del presidente del país, del Partido Socialista Búlgaro, la que lanzaría peores palabras contra el colectivo, llegando a decir que esta era una lucha innecesaria mientras haya jubilados en situación de pobreza”.

Así pues, el activista y eslavista español finaliza diciendo que “este panorama político dominado por la derecha y la pseudoizquierda conservadoras no ofrece muchas esperanzas al colectivo LGTB búlgaro. Sin embargo, con la presidencia de Bulgaria en la Unión Europea, con precedentes similares en países como Italia y con la presión de instituciones extranjeras que sí defienden Sofia Pride, con el tiempo la comunidad LGTB logrará, cuanto menos, mayor comprensión y defensa, sobre todo entre los jóvenes del país”.

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UNI-FORM revoluciona los mecanismos de denuncia de los delitos de odio por homofobia, transfobia y bifobia en la Unión Europea

El lanzamiento oficial de la página web de denuncias y de la aplicación móvil tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Estará disponible en la web, la AppleStore y GooglePlay en Portugal, España, Reino Unido, Bélgica, Malta, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania.

UNI-FORM se presenta como la única plataforma de denuncia online que es específica de delitos de odio y de discurso de odio en internet hacia personas LGBTI o percibidas como LGTBI.

Puede ser utilizada por víctimas, testigos y/o cualquier otra persona que quiera denunciar un incidente de discriminación. Las denuncias pueden ser anónimas o proporcionando datos personales para su uso en los procedimientos de investigación policial y pondrá en contacto a las organizaciones LGTBI con los cuerpos de policía de países de la UE para que trabajen de forma conjunta con  el objetivo de motivar un aumento de denuncias y así combatir los delitos de odio hacia personas LGTBI y el discurso de odio online.

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El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans. 

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.

En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.

“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.

Por delante de España

Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Ramzan Kadyrov asegura en Twitter que Chechenia respeta los derechos humanos y que las acusaciones de persecución a la comunidad LGTB son una distorsión de la realidad con el objetivo de desestabilizar el país.

En un nada sorprendente giro de los acontecimientos el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha dicho que en su país no se está persiguiendo a la comunidad LGTB y que todo es una mentira que nos hemos inventado en Occidente.

Seguramente ya sabrás (ya sea porque lo has leído en los medios LGTB que llevamos semanas hablando del tema o porque lo has leído en uno de los generalistas que se acaban de despertar de la siesta) que el periódico Nóvaya Gazeta destapó a principios de mes que el gobierno de Chechenia, república “independiente” bajo control ruso, estaba llevando a cabo una purga de personas gays en el país. Las últimas informaciones hablan de la creación de un campo de concentración en el que se retiene a un centenar de hombres homosexuales que son torturados sistemáticamente para que suministren los nombres de otros homosexuales que aún no han sido identificados por las autoridades; y varios testimonios absolutamente aterradores explican cómo esos hombres luego son puestos en libertad para que sean sus propias familias las que acaben con sus vidas en lo que las sociedades musulmanas más radicales llaman “asesinatos por honor”.

Después de que los periodistas del Nóvaya Gazeta denunciaran que las autoridades políticas y religiosas de Chechenia habían lanzado una amenaza contra ellos, ahora el presidente de la república ha ido a las redes sociales a decir que todo es mentira y que nos lo hemos inventado. En un par de tweets, Kadyrov ha asegurado que se ha reunido con el consejo de derechos humanos para conseguir “mejoras grandiosas” en la región. Ese consejo de los derechos humanos lo creó él mismo y está bajo control del gobierno, así que resulta bastante insultante teniendo en cuenta que sobre Kadyrov penden decenas de acusaciones de haber violado precisamente los derechos humanos en múltiples ocasiones (sobre todo durante el conflicto checheno).

En otro mensaje, Kadyrov ha acusado a las organizaciones internacionales de haber perpetrado “un ataque de información masivo utilizando los métodos más despreciables, distorsionando la realidad, en un intento por oscurecer nuestra sociedad, nuestro estilo de vida, tradiciones y costumbres.” Ese mensaje, por cierto, recuerda pavorosamente a cuando Sudán del Sur le dijo a la ONU que no iban a dejar de asesinar homosexuales porque formaba parte de su “tradición cultural“.

La estrategia de Kadyrov negando la mayor coincide, casualmente, con la nueva línea argumental que desde el Kremlin están intentando implantar sobre los sucesos en Chechenia. Aunque en un principio un portavoz del gobierno ruso aseguró que iban a investigar las informaciones que llegaban desde Chechenia, poco después aseguraban no tener ningún tipo de prueba fehaciente (a pesar de que varias instituciones internacionales dan total validez a los testimonios de los supervivientes) de que en Chechenia se esté persiguiendo a la comunidad homosexual.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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