El Parlamento Europeo ha hecho público un informe sobre la aplicación de la directiva de permisos de paternidad y maternidad aprobada en 2010. Una de sus conclusiones es la necesidad de acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso a estos derechos laborales.

La directiva 2010/18/EU contiene el marco común por el que se tienen que regir los permisos parentales en la Unión Europea. En ella se fijan derechos como el de poder regresar al puesto de trabajo tras un periodo de cuidado de los hijos nacidos o adoptados, o el de baja por enfermedad o accidente de familiares directos. La competencia para fijar la cuantía de la prestación y otros criterios recaen en los Estados miembros.

El texto de la directiva, sin embargo, no hace ninguna mención a las familias LGTB. El Parlamento Europeo ha analizado la aplicación de sus provisiones y, entre otras conclusiones, reconoce en un informe la importancia de unos permisos de paternidad “adecuados, individuales y remunerados” para que “las parejas del mismo sexo con hijos a cargo puedan conciliar su vida laboral y familiar”. También se felicita por la equiparación, que ya han llevado a cabo algunos Estados miembros, del derecho a los permisos parentales entre las parejas del mismo y de distinto sexo.

La eurodiputada belga Maria Arena, miembro del Intergrupo LGBTI del Parlamento, expresó la necesidad de garantizar el derecho de los progenitores a pasar el tiempo con sus hijos nacidos o adoptados. “Esto es igual para todos los progenitores, con independencia de su orientación sexual”, añadió. Su colega la vicepresidenta del Intergrupo Malin Björk se felicitó por haber conseguido que el texto final del informe incluya referencias a la homoparentalidad, en contra del criterio del Partido Popular Europeo.

La Red Europea de Asociaciones de Familias LGBTIQ* (NELFA) también ha saludado la mención explícita del informe del Parlamento a las familias homoparentales. Su presidenta Maria von Känel espera que todos los Estados miembros de la UE sigan el ejemplo de aquellos que han ido más allá de las exigencias de la directiva y ya garantizan “igualdad real para todas las familias”.

Fuente Dosmanzanas

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El gobierno conservador de Hungría bloquea un acuerdo para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB propuesto a la Comisión de la Unión Europea por Holanda.

El Consejo de la Unión Europea, integrado por los representantes de los gobiernos de los estados miembros, ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre igualdad de las personas LGBTI. La oposición del gobierno húngaro impidió que una lista básica de acciones propuestas por la Comisión Europea recibiera el respaldo unánime del Consejo. Un nuevo ejemplo de hasta qué punto la la pujanza de la derecha más conservadora en los países del Este de Europa arrastra a la Unión Europea hacia posiciones cada vez más alejadas de la igualdad.

El gobierno holandés, que actualmente preside la Unión Europea, ha presentado el borrador de un acuerdo al Consejo de la Unión Europea haciendo un llamamiento para hacer frente a la discriminación homofóbica a través de diversas medidas con el objetivo de avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB e intensificando esfuerzos para recoger datos sobre el tratamiento de los ciudadanos homosexuales, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ha quedado vetado por los representantes de Hungría, el mismo día que también han bloqueado una propuesta de acuerdo con Turquía referente a la crisis migratoria. «Hungría no está en posición de aceptar la lista de acciones para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB», ha manifestado en un comunicado del gobierno conservador de Viktor Orbán.

La actual presidencia holandesa de la Unión Europea quería impulsar el desarrollo de las políticas de igualdad en lo referente a la situación de las personas LGBTI, y por eso había situado la discusión de la propuesta de la Comisión Europea (que puedes descargar en su totalidad aquí) en la agenda de Consejo sobre Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores que los representantes de los gobiernos europeos celebraron el pasado 7 de marzo en Bruselas. La propuesta daba respuesta a la petición del Parlamento Europeo de una hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (el ya conocido como “informe Lunacek”, aprobado en febrero de 2014 pese a las protestas de los grupos ultraconservadores) y enumeraba una serie de diez acciones a desarrollar de aquí a 2019:

1. Cerrar la brecha existente en la Unión Europea en lo referente a la protección contra la discriminación en materia de educación, protección social y acceso a bienes y servicios.
2. Facilitar la vida cotidiana de las familias LGBTI que se trasladan de un lugar a otro de Europa.
3. Reforzar y monitorizar la transposición e implementación del derecho comunitario en materias como la reasignación de sexo, la atención a la víctimas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, el asilo, la libertad de circulación o el acceso al empleo.
4. Promover campañas de comunicación para mejorar la aceptación social de las personas LGTBI.
5. Dar apoyo a los estados miembros para el desarrollo de políticas clave para las personas LGTBI en materia de no discriminación, delitos de odio, educación y salud.
6. Dar soporte financiero a organizaciones que trabajan aspectos clave en materia LGBTI, tanto públicas como privadas.
7. Dar apoyo a las empresas y entornos de trabajo inclusivos.
8. Mejorar la disponibilidad de datos acerca de la situación de las personas LGBTI en áreas como la discriminación, desigualdades en salud, educación, delitos de odio, libertad de movimiento de las familias LGBTI, situación de las personas intersexuales o reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transexuales.
9. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en territorios vecinos a la Unión Europea, como los Balcanes o Turquía, en el contexto de las negociaciones de adhesión o asociación.
10. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en terceros países.

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El Parlamento Europeo ha emitido una resolución en la que expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en la península de Crimea desde la ocupación rusa, cuya anexión sigue considerando ilegal. Aunque el texto aprobado abunda especialmente en la opresión que sufre la minoría tártara y quienes no aceptan la ciudadanía rusa, también incluye un apartado en el que “expresa su profunda preocupación por la situación de las personas LGBT en Crimea”.

El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, decía esta semana que la homosexualidad es una manifestación “vulgar” de la cultura occidental en un nuevo ataque contra las personas LGBTI en este país de Asia Central en el que la relación sexual voluntaria de dos individuos de sexo masculino es castigada con hasta tres años de prisión. Una situación similar se vive en Crimen, sobre todo, desde que Rusia se anexionó la península en marzo de 2014 hasta el punto de que la Unión Europea ha expresado su ‘profunda preocupación’ por el deterioro de la situación de los derechos LGBTI en la región. El primer ministro, Sergei Aksyonov (en la fotografía), sobre el que pesa la acusación de presuntos vínculos con el crimen organizado, ha prohibido todas las manifestaciones públicas del colectivo LGBTI intensificando la ‘caza de brujas’ contra la diversidad.

El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en relación a la situación de los Derechos Humanos en la Península de Crimea, condenando las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica, así como los reiterados discursos de odio homofóbico. El Parlamento Europeo adoptó una resolución este pasado 3 de febrero en el que condena la “acción represiva y amenazas por parte de las autoridades de facto y grupos paramilitares contra las personas LGBTI“. La eslovena, Tanja Fajon, vice-presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGBTI, dijo que estaba “profundamente preocupada” por la situación: “Con la retórica homofóbica procedentes de los niveles más altos y la violencia que impera con total impunidad, no es de extrañar que muchos no ven otra opción que abandonar la península”, dijo la política de la UE.

La resolución, fechada el pasado 4 de febrero, hace un detallado análisis de la situación de los derechos humanos en la península de Crimea desde la ocupación rusa. Según la resolución, tanto las fuerzas rusas ocupantes como los grupos paramilitares son responsables de la discriminación y violencia a que son sometidas las minorías que no aceptan la anexión a Rusia. Despierta gran preocupación en el Parlamento Europeo la situación de quienes se han negado a adoptar la ciudadanía rusa y, en especial, la minoría tártara, que se situó en el bando ucraniano durante el conflicto.

En el apartado 17, además, el Parlamento Europeo “expresa su profunda preocupación por la situación de las personas LGBT en Crimea, que se ha agravado sustancialmente tras la anexión a Rusia, y respecto a los actos de represión y amenazas por parte de las autoridades de facto y los grupos paramilitares”.

El Parlamento Europeo recuerda a Rusia que “como potencia ocupante tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población, y el respeto de los derechos humanos, culturales y religiosos de los tártaros indígenas y de todas las demás minorías de Crimea, así como la defensa del orden jurídico en Crimea”.

La independencia de la Península de Crimea de Ucrania y su posterior anexión a la Federación Rusa en 2014 ha traído severos ajustes para la población que van mucho más allá de la asunción de a un nuevo huso horario.

Se trata de la ”importación” de los preceptos más reaccionarios impulsados por el gobierno de Vladimir Putin, que han agudizado la merma de los derechos humanos en un territorio que históricamente tampoco se había abierto de manera adecuada a su reconocimiento.

Por esta razón, y ante el conflicto de intereses que enfrenta a la Federación Rusa con la Unión Europea desde entonces, el Parlamento Europeo ha vuelto a poner el foco en la inseguridad y riesgo que atraviesa la comunidad LGTB en el territorio emancipado.

A través de la resolución adoptada ayer, la cámara comunitaria mostró su preocupación ante la situación de los derechos humanos en Crimea y las graves restricciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

En su inicio, la resolución condena “los niveles sin precedentes de violaciones de los derechos humanos perpetrados contra residentes de Crimea” después de la anexión rusa.

Y en lo que respecta específicamente a la ciudadanía LGBTI, la resolución “expresa su grave preocupación por la seguridad del colectivo, añadiendo que su situación de vulnerabilidad ha “empeorado sustancialmente” a raíz de la ocupación. A su vez, el Parlamento destaca que se encuentra alarmado por los  “actos y amenazas que llevan a cabo las autoridades de facto represivo y grupos paramilitares” en el territorio.

Prueba de ello es que todas las organizaciones LGBTI con presencia en Crimea han tenido que cesar sus actividades, debido a la ley federal de Rusia que prohíbe la expresión pública de la homosexualidad, así como la represión y amenazas por parte de las autoridades de ocupación y los grupos paramilitares.

En este sentido, la vicepresidente del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGBTI Tanja Fajon ha expresado:

Estoy profundamente preocupado por la situación de las personas LGBTI en Crimea. Con la retórica homofóbica procedentes de los niveles más altos, y la violencia va en total impunidad, no es de extrañar que muchos ven otra opción que abandonar la península “. […] Como potencia ocupante, Rusia tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población, incluidas las personas LGBTI. Hago un llamamiento a los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea y el Consejo de Europa para mantener la presión sobre las autoridades rusas “.

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Contra cristianos, yazidíes y otras minorías

“Rotunda condena del denominado Daesh y de sus atroces violaciones de los derechos humanos”

Además, piden presionar a la Corte Penal Internacional para que investigue estas violaciones perpetradas por el Daesh a minorías religiosas y étnicas

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución conjunta en la que por primera vez se asegura que el grupo terrorista Daesh “está perpetrando un genocidio contra cristianos, yazidíes y otras minorías religiosas y étnicas” en Siria e Irak.

El texto expresa su “rotunda condena del denominado Daesh y de sus atroces violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe tomar medidas para que estos crímenes sean reconocido como genocidio!“.

Según afirmó la Fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) en un comunicado, esta resolución, presentada y apoyada por eurodiputados de todos los grupos del Parlamento Europeo, representa “un importante paso para que la comunidad internacional reaccione contra el genocidio de cristianos y otras minorías religiosas en ciertos países de Oriente Medio y frene lo que ya ha sido calificado como genocidio”.

En la resolución se recuerda que los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen la obligación legal de prohibir todo tipo de ayuda al Daesh, en particular el suministro de armas y ayuda financiera, incluido el comercio ilegal de petróleo, y les exige que tipifiquen como delito en su Derecho nacional este tipo de ayuda.

Asimismo, los eurodiputados instan a los países que apoyen, colaboren o financien estos crímenes “que cumplan plenamente sus obligaciones legales” y “pongan fin a esta conducta inaceptable que está causando un daño enorme a las sociedades iraquí y siria y está desestabilizando gravemente los países vecinos y la paz y la seguridad internacionales”.

Además, piden presionar a la Corte Penal Internacional para que investigue estas violaciones perpetradas por el Daesh a minorías religiosas y étnicas.

Fuente Religión Digital/Agencias

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“Za” (Sí) al matrimonio igualitario

La ciudadanía de Eslovenia ha comenzado a dirigirse a las urnas para decidir si la ley aprobada el pasado mes de marzo que propone los derechos matrimoniales en términos de género neutro es anulada o no. El domingo conoceremos el resultado, pero hasta entonces varios representantes políticos y sociales han instado al país a conservar el derecho.

Los ciudadanos eslovenos votan esta semana en un referéndum sobre la derogación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento el 3 de marzo de 2015. La votación anticipada ya ha tenido lugar los días 15, 16 y 17 de diciembre, y concluirá el próximo día 20. Los votos contrarios al matrimonio igualitario no solo tienen que superar a los favorables, sino que además deben suponer al menos el 20 % del total del censo electoral esloveno. Los votos necesarios para invalidar la ley no se sabrán con exactitud hasta el mismo día del referéndum, dado los cambios que puede experimentar el censo, pero se prevé que rondarán los 343.000. Según las últimas encuestas, aunque los detractores de los derechos LGTB logran una pequeña ventaja sobre los partidarios, no lograrán alcanzar el total de votos exigidos para derogar el matrimonio igualitario.

El Parlamento esloveno fijó para el 20 de diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogar la reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares aprobada el pasado 3 de mayo, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), los contrarios a los derechos LGTB lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular para invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional lo consideró pertinente, por lo que finalmente ha tenido lugar. No obstante, el referéndum debe adaptarse a las exigencias de una enmienda Constitucional aprobada en 2013, que endurecía las condiciones para que se pueda derogar mediante consulta popular una ley aprobada por el Parlamento. El texto de la enmienda que se refiere a ese aspecto, dice literalmente:

Una ley será derogada mediante referéndum si una mayoría de los votantes que han emitido votos válidos vota en contra de la ley, siempre que al menos una quinta parte de todos los votantes calificados hayan votado en contra de la ley.

Es decir, además de obtener la mayoría de los votos, el total de votantes contrarios a la ley debe suponer al menos el 20% del total del censo electoral esloveno, independientemente del número de participantes en la consulta.

La Comisión Nacional Electoral estableció el pasado mes de noviembre las condiciones del referéndum. La votación tendría lugar a lo largo de las jornadas del martes 15, miércoles 16, jueves 17 y domingo 20 de diciembre, en horario de 7 a 19 horas. Su presupuesto no podría superar los 3.200.000 euros (3.463.000 dólares). Finalmente, ofrecía el dato del total de electores del censo esloveno en esa fecha, que ascendía a 1.715.518, y consiguientemente el total de votos negativos necesarios para derogar la ley si se mantuviera esa cifra, que debían ser al menos 343.104. La cifra exacta necesaria, sin embargo, no se sabrá hasta la misma jornada del 20 de diciembre.

Integrantes del Parlamento Europeo, entre los que se incluye la Comisaria de Transportes de origen esloveno Violeta Bulc, han iniciado una campaña pública respaldando el respeto a la normativa, con el objetivo de evitar que se revoque la ley que da derechos igualitarios a las parejas hetero y homosexuales en el acceso a la institución matimonial.

A la espera del conocer los resultados del mismo, que se harán públicos este domingo, sus bases detallan que con una participación mayor del 20% su resultado será vinculante, con el consecuente riesgo de que sean cercenados los derechos matrimoniales de las parejas del mismo sexo.

Borut Pahor, Presidente de Eslovenia, ya ha respaldado públicamente su apoyo a la Ley. Y de acuedo con Eurobarómetro de 2015 el 54% de la ciudadanía eslovena está a favor del derecho, frente a un 40% que se opone.

Si el país apoya el respeto a la ley, se convertiría en el primer país de Europa Central que somete a consulta pública la conservación de este derecho, en un contexto que tiene como precedente que más de 10 países europeos ya han implementado leyes en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo –incluyendo a Irlanda, el primero que usó un referéndum para hacerlo-.

Un resultado incierto hasta el último momento

Las diversas encuestas realizadas en los últimos días ofrecen resultados contradictorios, dada la poca diferencia existente entre detractores y partidarios de los derechos LGTB, que parece dividir en dos partes casi iguales a la población eslovena. En lo que coinciden es en el perfil de ambos bandos: los favorables al matrimonio igualitario se encuentran en la izquierda política, las personas más jóvenes, los habitantes de las grandes ciudades y con estudios superiores; los contrarios son mayoritarios entre la derecha, las personas con bajo nivel educativo y profesional, las personas mayores y en el mundo rural.

Dos de los últimos sondeos, efectuados el 16 de diciembre, dan muestran de lo apretado del resultado previsto, pues cada uno de ellos otorga la victoria a un bando diferente por un margen de diferencia muy pequeño.

Según el diario Delo, un 40 % de los eslovenos votaría en contra del matrimonio igualitario y un 43 % lo haría a favor. El restante 17 % se mostraba indeciso.

En el sondeo efectuado por la empresa Episcenter, sin embargo, un 51,5 % afirma que votará en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y un 48,5 % lo hará a favor. Episcenter ofrece además el porcentaje de participación en la consulta, que prevé en un 37,4 % del electorado. Las cifras entonces serían las siguientes:

• Según Episcenter, el total del censo electoral esloveno al 11 de diciembre era de 1.714.050 ciudadanos.
• La quinta parte de ese censo electoral es 342.810, que sería el total de votos negativos necesarios para derogar la ley de matrimonio igualitario.
• La participación del 37,4 % daría un total de 641.055 votantes.
• El 51,5 % de esos votantes que se prevé que voten negativamente ascendería entonces a 330.143, por lo que no se alcanzaría el mínimo necesario para invalidar la ley.

En todo caso, dado lo apretado de la diferencia entre detractores y partidarios, el margen de error de ese resultado previsto es muy amplio. Estaremos atentos a los resultados del domingo 20 de diciembre.

Una aprobación histórica puesta en la cuerda floja

El Parlamento de Eslovenia aprobó el 3 de marzo de 2015 una reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares que abría la institución a las parejas del mismo sexo y permitía además la adopción homoparental. La medida fue aprobada por una abrumadora mayoría  de 51 votos contra 28. A favor votaron los diputados de Izquierda Unida, los del centrista Partido de Miro Cerar (el actual primer ministro), los Socialdemócratas y los liberales de la Alianza de Alenka Bratušek. El Partido Democrático de los Pensionistas dejó libertad de voto a sus parlamentarios. En contra votaron los diputados del centroderechista Partido Democrático Esloveno y los del democristiano Nueva Eslovenia. Eslovenia se convertía así en el 13º país europeo en aprobar el matrimonio igualitario (posteriormente Irlanda sería el 14º). También era el primer país perteneciente a la antigua Europa del Este, y el primero de mayoría eslava, en hacerlo.

Pero los opositores al matrimonio igualitario se pusieron inmediatamente manos a la obra para conseguir la convocatoria de un referéndum que anulase la nueva redacción de la ley, tal y como sucedió en 2012, cuando una reforma mucho menos ambiciosa, referente a la adopción de los hijos de la pareja del mismo sexo, fue invalidada por un 54,55% de los votos en un referéndum cuya participación fue del 30,31%. En poco tiempo, los contrarios a los derechos LGTB lograron recoger las 40.000 firmas necesarias para instar la consulta popular, pero el Parlamento decidió de forma muy mayoritaria suspender el proceso, al considerar que el referéndum tenía como objeto derogar una ley que reconoce derechos fundamentales, y que por lo tanto sería contrario a la enmienda a la Constitución aprobada en 2013. Según dicha enmienda, no pueden ser sometidas a consulta popular “las leyes que supriman una inconstitucionalidad en el campo de los derechos humanos y las libertades fundamentales o cualquier otra inconstitucionalidad”.

Sin embargo, el bando homófobo decidió recurrir la resolución del Parlamento ante Tribunal Constitucional, al no considerar el matrimonio entre personas del mismo sexo un asunto de derechos humanos o libertades fundamentales, causando de ese modo la suspensión de su entrada en vigor hasta que se dilucidase el recurso. Comenzó también una fuerte campaña contraria a los derechos LGTB, a la que se sumó con entusiasmo la jerarquía de la iglesia católica. El arzobispo de Liubliana, Stanislav Zore, apoyó la convocatoria del referéndum contrario al matrimonio igualitario, pues, según sus palabras, viola “una de las verdades fundamentales de nuestra fe” que dicta que “el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer contraída de manera legal”.

Lamentablemente, los argumentos de los intolerantes convencieron a los miembros del Tribunal Constitucional, que resolvieron anular la disposición del Parlamento y permitir la convocatoria de la consulta popular. Como las 40.000 firmas necesarias ya habían sido recogidas, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar la fecha de celebración del plebiscito, haciéndolo, como hemos expuesto, para este 20 de diciembre.

Fuente Dosmanzanas y politico.eu / Redacción chueca

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Han pasado ya más de ocho años y medio desde que entrase en vigor la ley española de identidad de género. Una norma que en aquel momento supuso un enorme paso adelante sobre la situación previa, que exigía un proceso judicial, y que incluso hoy día sigue colocando a España por delante de muchos países de nuestro entorno, pero que sigue manteniendo la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que presume –cada vez con menos razón– de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB debe ya replantearse.

Países como Irlanda, Argentina, Dinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la muy católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, dio a conocer hace pocos meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento).

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. A lo largo de estos últimos meses hemos visto también como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia emitía un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que también sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, país donde los avances conseguidos en la anterior legislatura quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque después leyes más recientes, como la ley integral de transexualidad de Andalucía  y la de Canarias, o las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporen ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo.

Una demanda que nació en los márgenes

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una demanda marginal de los colectivos, aunque no está de más mantener viva la memoria histórica y recordar que fue la presión de los grupos más radicales (en su acepción más literal: aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que mantuvo viva la reivindicación y la hizo crecer hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado cuatro años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo.

Instituciones, todo sea dicho, que por el momento poco han hecho a la hora de forzar a los estados a actualizar sus legislaciones.

Los colectivos se movilizan

Así lo exigen los diferentes colectivos LGTB y de personas trans con ocasión de la celebración, el 24 de octubre, del Día Internacional por la Despatologización Trans. El Grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha convocado, por ejemplo, una marcha que partirá desde la madrileña Plaza de Chueca, a las 19:00 horas de la tarde. Entre las demandas de la FELGTB para este día se encuentra la inmediata y definitiva retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. Por lo que se refiere a España, la FELGTB pide que se adecúe la legislación a esta realidad, “cejando en su empeño de exigir diagnósticos médicos para reconocer los derechos de las personas transexuales”. El Grupo de Políticas Transexuales de la FELGTB exige también medidas referentes a luchar contra la transfobia en el ámbito laboral, la protección de las trabajadoras sexuales y el reconocimiento los derechos de las personas transexuales menores e inmigrantes. Puedes descargar su manifiesto para este día pinchando aquí.

Demandas similares a las de Fundación Triángulo, para la que, sin negar los avances obtenidos, es necesaria “la adopción a nivel estatal de una Ley de identidad de género que reconozca este derecho fundamental de todos los ciudadanos, el derecho a ser y desarrollarse libremente y sin presiones; la  defensa de los menores transexuales, de sus derechos sanitarios y educativos”. Fundación Triángulo reclamará hoy la identidad de género como un derecho fundamental bajo el lema “Mi identidad es mi derecho” (#MiIdentidadEsMiDerecho en Twitter).

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, por su parte, ha hecho público un manifiesto en el que niega cualquier tipo de reconocimiento a la American Psychiatric Association (APA) ni a la Organización Mundial de la Salud para “decidir sobre nuestras identidades ni las de nuestras hijas e hijos”. “No toleramos ningún tipo de tutela psiquiátrica o psicológica encaminada a coartar nuestra autonomía, rechazamos el rol paternalista del Estado y sus intentos de control sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, no identificamos ni la disforia ni la incongruencia como definiciones válidas de la transexualidad, no avalamos la supuesta ‘especificidad’ de los tratamientos, que determina el poder político sobre nuestros cuerpos convirtiéndonos en objetos de la medicina”, prosigue el texto.

La plataforma reivindica, en este sentido, la eliminación de todas las categorías diagnósticas que afectan de una u otra manera a las personas trans, el derecho a recibir una atención sanitaria “que no implique segregación ni praxis patologizantes” y un acceso a dicha atención sanitaria que supere el modelo de las clásicas “UTIG” (unidades de trastornos de identidad de género), “encaminadas a las modificaciones corporales, las cuales siguen siendo concebidas, intolerablemente, como el ‘tratamiento’ indicado para un padecimiento diagnosticado, y nunca como un modo de atención armonizadora de expresión del ser”.

Por cierto que la convocatoria de Madrid arriba mencionada no es ni mucho menos el único acto convocado con motivo de este día. En la web de la Campaña Stop Trans Pathologization podrás encontrar información sobre diversas convocatorias tanto en el resto de España como  en otros países de África, América Latina, Asia y Europa.

Petición en change.org

Por cierto que sigue viva una petición promovida desde hace tres años por Carla Antonelli en la plataforma change.org a favor de la despatologización de la transexualidad y que lleva reunidos más de 90.000 apoyos. Si aún no lo has hecho, puedes sumarte aquí.

Fuente Dosmanzanas

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El jueves pasado, el Parlamento Europeo adoptó un informe instando a la Comisión ya los Estados miembros a prohibir la discriminación contra las personas transexuales en el empleo y trabajar en pro de la plena integración de las personas trans en el puesto de trabajo. Las demandas fueron hechas en un informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva sobre la igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación. En el informe, el Parlamento pide a la Comisión a garantizar que cualquier futura refundición de la Directiva incluye específicamente el terreno de la identidad de género.

Actualmente, los Estados miembros están obligados a incluir a las personas trans que se someten o se han sometido a cambio de sexo, bajo el denominador de “sexo”, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, muchos estados no lo hacen y el Parlamento insta a la Comisión a celebrar dichos Estados miembros responsables. Además, el informe insta a los Estados Miembros a que utilicen el Fondo Social Europeo para abordar la discriminación en el empleo contra las personas trans.

Por último, el Parlamento pide a la Comisión que realice un estudio sobre la forma (ausencia de) los procedimientos de reconocimiento de género legales afecta a la posición de las personas trans en el mercado laboral.

Catherine Bearder, eurodiputada y miembro del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGBTI, reaccionó: “La mitad de las personas transgénero en la UE dicen que han sufrido discriminación en la búsqueda de un trabajo y más de un tercio han experimentado discriminación en el trabajo.” “Esta situación no puede continuar. Debemos consagrar claramente los derechos de las personas transgénero en la legislación de la UE contra la discriminación y garantizar la correcta aplicación por los gobiernos nacionales de los 28 países de la UE. ”

Sirpa Pietikäinen MEP, Vicepresidente del Intergrupo, ha añadido: “La aprobación de este informe es un gran éxito y envía una señal muy clara a la Comisión ya los Estados miembros: Discriminación contra las personas transexuales en el empleo es grave y debe ser abordado seriamente. También estoy contento de ver que muchos de mis colegas del PPE votaron a favor de los derechos humanos de las personas transgénero y por un mercado laboral verdaderamente incluyente.” Aunque la oposición con el informe, incluyendo el contenido de trans, vino de PPE y ECR, muchos eurodiputados del PPE de los Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Malta, España, Suecia y Polonia votaron a favor de los contenidos específicos trans.

Resolución del Parlamento Europeo de 8 de octubre 2015 sobre la aplicación de la Directiva 2006/54 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación (2014/2160 (INI)).

Puedes leer la resoludión aprobada y el artículo completo pinchando sobre este enlace en ATC Libertad.

Fotografía de portada: Anja Weber por LADS, Departamento de Integración Laboral del Senado y de la Mujer

Fuente ATC Libertad

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La Eurocámara ha aprobado una resolución mediante la cual, entre otros puntos, “pide al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI”. Asimismo, el parlamento “condena enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI”. Aunque la homosexualidad es legal en este país de la Europa oriental desde el año 2000, no parece mejorar la situación de las personas LGTB, a menudo víctimas de la fuerte homofobia social y política. Además de la carencia de derechos como las uniones civiles, la adopción o la falta de libertad de expresión para los colectivos LGTB, la impunidad para actos de odio por razones de orientación sexual e identidad de género está prácticamente generalizada.

El Parlamento Europeo urge al Gobierno de Azerbaiyán a proteger a las personas LGTB, en lugar de azuzar el odio públicamente contra ellas. Varios eurodiputados han expresado su preocupación por la situación del colectivo. La copresidenta del Intergrupo de Derechos LGBTI del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, ha recordado que “en el último año, por lo menos 3 personas LGBTI fueron asesinadas con motivos homófobos, lo que, desgraciadamente, no es de extrañar en el contexto de un discurso incendiario contra las personas LGBTI que proviene de los más altos niveles, incluidos los políticos”. En palabras de Lunacek, “es hora de que el Gobierno deje de perseguir a aquellos con los que hay que colaborar para crear un país mejor y respetuoso”.

Como muestra de la realidad a la que se enfrentan muchas personas LGTB en Azerbaiyán, podemos referir la brutal agresión que sufrió un joven gay a manos de sus propios padres, en agosto del año pasado. Como recogíamos desde dosmanzanas, un activista LGTB de 18 años, al salir del armario ante sus progenitores, era rociado con gasolina por ellos, con la intención de prenderle fuego. Aún con esto, y además de las patadas, vejaciones e insultos que recibió el muchacho de sus padres, logró escapar con vida al final.

Gobierno de Azerbaiyán: en tela de juicio

La Eurocámara, además de condenar la LGTBfobia de este país, ha pedido “la liberación inmediata e incondicional de la cárcel de todos los presos políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros activistas de la sociedad civil”. A principios de mes, la periodista azerí Khadija Ismayilova era condenada a siete años y medio de prisión, acusada de evasión fiscal, malversación de fondos y abuso de poder. Para el Parlamento Europeo y diversas ONG internacionales, las acusaciones carecen de fundamento y esconden un cribado político.

En realidad, el verdadero ‘delito’ de Ismayilova fue hacer público un informe en el que se denuncia el enriquecimiento ilícito de la familia de Ílham Aliyev, primer ministro de Azerbaiyán. Fondos públicos desviados, cuentas en el extranjero, sobornos… Nada de lo que al Gobierno de Aliyev le interesa que se hable. Por ello, Ismayilova (de 39 años y con varios premios internacionales en su haber) permanecía desde el pasado mes de diciembre en prisión preventiva y era finalmente condenada. Y no es la única.

Así pues, mientras que no se garantice el respeto de los derechos humanos en Azerbaiyán, el Parlamento suspenderá las negociaciones para su acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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La Unión Europea en su conjunto es una de las regiones del mundo en la que más países han legalizado ya el matrimonio igualitario, aunque todavía quedan estados como Italia, Grecia o Polonia en los que el hecho de que dos hombres o dos mujeres puedan casarse es una auténtica quimera.

Ahora, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre los derechos fundamentales en la Unión, que incluye, pese a los intentos del Partido Popular Europeo por excluirlo, un amplio apartado sobre los derechos LGBT en el conjunto de la UE.

En este informe se señala al grupo de nueve países que todavía no han legalizado el matrimonio para todos, ya que según advierten, todos los ciudadanos europeos tienen el derecho de acceder al registro de su unión sin que importe el lugar de la UE en el que viven.

Además, el informe recoge por primera vez las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales. En este sentido, el Parlamento Europeo ha condenado la cirugía genital médicamente innecesarios en bebés intersexuales y pide a los Estados miembros que prohíban estas prácticas, ya que en estos momentos, solo Malta prohíbe de forma expresa en este tipo de operaciones.

Vía | Lgbt-ep.eu , vía AmbienteG

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La homofobia de Estado en Kirguizistán es más fuerte que las protestas. El Parlamento de la ex república soviética de Asia Central ha aprobado este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyan. El texto, más duro que el ya vigente en Rusia, establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

En abril del año pasado informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 73 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (88 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (24 euros). Según denunció Human Rights Watch (HRW), para ello Kirguizistán ha debido modificar sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación (así como su código penal), algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

El texto tiene que pasar aún una tercera lectura en el Parlamento y ser firmado por el Presidente, pero los resultados de las dos votaciones hasta el momento (79 a favor frente a 7 en contra en la primera, 90 a favor frente a solo 2 en contra en la segunda) hacen presagiar que saldrá adelante sin dificultades. La ratificación definitiva podría producirse en octubre, antes de las elecciones legislativas previstas para entonces. El proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También ha sido rechazado por el Parlamento Europeo, que pidió expresamente al gobierno kirguís su retirada.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos a principios de 2014. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a su elaboración fue amenazado de muerte. La sede de Labrys, una asociación de defensa de los derechos LGTB de Kirguizistán, fue atacada con cócteles molotov el pasado 3 de abril, sin que por suerte hubiera que lamentar daños personales. Y el mes pasado, un grupo de activistas que se habían congregado para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia fue acosado por radicales y retenido durante horas por la policía. Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado martes los eurodiputados adoptaron una resolución sobre la estrategia de la Unión Europea para impulsar la igualdad de género. Con 341 votos a favor, 281 en contra y 81 abstenciones se aprobó un informe no vinculante que incluye objetivos más claros y un sistema de vigilancia más efectivo, para lograr avances reales contra la discriminación en el mercado laboral, la educación y en los procesos de toma de decisiones

“Las leyes europeas deben adaptarse” y tener en cuenta los nuevos modelos familiares “como las familias monoparentales y homoparentales, a la hora de criar a sus hijos” señala el citado informe.

Este no es el primer posicionamiento en este sentido del Parlamento en Estrasburgo. El pasado marzo la asamblea votó por amplia mayoría a favor del reconocimiento de las uniones civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo, calificando este acto como un derecho humano.

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La incorporación más reciente al sistema de partidos alemán, la formación de derecha populista y anti-euro Alternativa para Alemania (AfD), vuelve a mostrar su cara más homófoba. Militantes del partido han redactado una moción contra lo que denominan “ideología de género” que, entre otras propuestas, incluye la prohibición de la “propaganda homosexual”.

Desde su fundación en febrero de 2013, la AfD se va implantando en las instituciones alemanas tras cada nueva elección. Pocos meses después de su presentación oficial, y con un programa centrado en la salida de la zona euro, la AfD daba la sorpresa en las elecciones federales de septiembre de 2013 al alcanzar un 4,7 % de los votos y quedarse a las puertas de entrar en el Bundestag (la barrera de entrada a la cámara baja del Parlamento alemán es el 5 %). En las siguientes citas electorales, el nuevo partido ha conseguido entrar en el Parlamento Europeo con siete diputados, y en los parlamentos regionales de Brandeburgo, Hamburgo, Sajonia y Turingia, con resultados de entre el 6 % y el 12 %.

La formación no tardó en mostrar su lado más reaccionario en materia de libertades, y en concreto, de derechos LGTB. Para empezar, se apuntó con entusiasmo al movimiento homófobo Demo für alle, un calco de la francesa Manif pour tous que lucha contra la educación en la diversidad afectivo-sexual en las escuelas alemanas. El plan educativo propuesto en enero de 2013 por el Gobierno regional de Baden-Wurtemberg, integrado por verdes y socialdemócratas, incluye entre sus objetivos la “aceptación de la diversidad sexual”; algo que ha motivado la ira de los ultraconservadores, que han desarrollado una serie de manifestaciones en las cuales ha participado activamente la AfD.

El próximo mes de junio tendrá lugar la cuarta conferencia del partido, durante la cual se discutirán varias propuestas programáticas. Una de ellas contiene ocho medidas de lucha contra lo que denominan “Gender Mainstream” o “ideología de género” (término que desde el ámbito más conservador se utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente la lucha en favor de los derechos trans). Los promotores de la iniciativa quieren “terminar por completo con la ideología de género” en los ámbitos “político, legal y mediático” y en “todas las instituciones públicas y privadas”.

Para ello, si el congreso del partido aprueba la propuesta, la AfD se comprometerá a: ayudar a las madres que decidan abandonar su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos; eliminar las cuotas de género para el acceso a determinados trabajos o cargos; modificar las clases de educación sexual para evitar la “sexualización prematura de los niños”; fortalecer el “derecho de los padres” a educar a los hijos con arreglo a sus creencias; proteger la libertad religiosa contra el “lobby de género”; y, lo más preocupante en lo que concierne a la comunidad LGTB:

d. La Alternativa para Alemania considera incompatible con los intereses vitales de los alemanes la promoción política, burocrática y legal y la publicidad activa en los medios de comunicación de la anticoncepción, el aborto y el comportamiento homosexual.

Estaremos pendientes para ver si esta reaccionaria iniciativa, que se acerca peligrosamente a la ley contra la “propaganda homosexual” aprobada en Rusia, se convierte en junio en parte del ideario oficial del partido. Lo que está claro es que la AfD, como explicábamos antes, ya viene mostrando síntomas preocupantes de homofobia. Además de su participación en las marchas de la Demo für alle, otros indicios fueron invitar a un defensor de los homófobos en Francia y Rusia como Jürgen Elsässer a un acto de su partido o reafirmar su posición contraria a la adopción homoparental.

En resumen, una formación que, si ha venido a ocupar el espacio de los ahora extraparlamentarios liberales del FDP (cuya ambigüedad en materia LGTB hemos comentado en varias ocasiones), confirmaría una derechización de la política alemana y abriría un panorama aún más sombrío para los derechos de gays, lesbianas y transexuales en el país más poblado y económicamente poderoso de la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. AfD, Alemania, Baden-Wurtemberg, Brandeburgo, Bundestag, Discriminación, FDP, Hamburgo, Manif pour tous, Parlamento Europeo, Rusia, Sajonia, Turingia

El pasado jueves 12 de marzo  tuvo lugaren el Parlamento Europeo  una votación, de especial interés para las personas LGTB, la del “Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto”, que por primera vez sitúa de forma explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo en el campo de los derechos humanos. Un avance aprobado por 472 votos a favor (entre ellos los de  50 eurodiputados españoles) 115 en contra y 46 abstenciones. Por lo que se refiere a los derechos de las personas trans, sin embargo, 16 eurodiputados españoles (15 populares y 1 de Unió Democràtica de Catalunya) se desmarcaron.

Para comprender lo que supone el texto, insertamos en su integridad el fragmento referido a los derechos LGTB:

(…)

Derechos de las personas LGBTI

159. Lamenta que la homosexualidad sigua aún tipificada como delito en setenta y ocho países, siete de los cuales prevén la pena de muerte (Arabia Saudí, Nigeria, Mauritania, Sudán, Sierra Leona, Yemen, Afganistán, Irán, Maldivas y Brunei), y que veinte países aún tipifiquen como delito la identidad transgénero; condena firmemente el reciente aumento de leyes discriminatorias, y cree que las prácticas y los actos de violencia contra las personas motivados por su orientación sexual o su identidad de género no deberían quedar impunes; alienta a que se lleve a cabo un seguimiento estrecho de la situación en Nigeria, Uganda, Malawi, la India y Rusia, donde nuevas leyes o recientes cambios legislativos suponen una grave amenaza para la libertad de las minorías sexuales; reitera su apoyo a la continuación de los trabajos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para luchar contra estas leyes y prácticas discriminatorias y, más generalmente, al trabajo de las Naciones Unidas en este ámbito;

160. Apoya la idea de que el SEAE priorice sus acciones en este ámbito y ponga especial énfasis en situaciones en que esté en vigor la pena de muerte, o en las que personas LGBTI sufran torturas o maltrato, mediante la condena de estas prácticas de conformidad con las Directrices de la UE sobre la pena de muerte y las Directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

161. Acoge con satisfacción la adopción en 2013 de las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI); pide al SEAE y a la Comisión que planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos con terceros países y en los foros internacionales; destaca la importancia de que la Comisión y el SEAE planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos y utilicen la IEDDH para apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI, capacitándoles para oponerse a las leyes homófobas y transfóbicas y a la discriminación contra las personas LGBTI, sensibilizando al público en general sobre la discriminación y la violencia que sufren las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diferentes y prestando asistencia urgente (desde psicológica y sanitaria hasta de mediación y de ayuda a la reintegración) a las personas que lo necesitan;

162. Toma nota de la legalización del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo en un creciente número de países —diecisiete en la actualidad— en todo el mundo; alienta a las instituciones y a los Estados miembros de la UE a que contribuyan en mayor medida a la reflexión sobre el reconocimiento del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo como cuestión política, social y de derechos humanos y civiles;

163. Pide a la Comisión Europea y a la OMS que retiren los trastornos de identidad de género de la lista de enfermedades mentales y del comportamiento; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para acabar con la medicalización de las identidades trans; anima a los Estados a garantizar procedimientos de reconocimiento de género rápidos, accesibles y transparentes que respeten el derecho a la autodeterminación;

164. Celebra el creciente apoyo político a la ilegalización de la esterilización como requisito para el reconocimiento legal del género, tal y como expresa el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, y respalda la opinión de que dicho requisito debería ser tratado y perseguido como una violación del derecho a la integridad personal y del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

165. Se felicita de la revocación, en octubre de 2013, de la ley moldava por la que se prohibía la «propaganda de relaciones distintas de las matrimoniales o familiares», y pide a los demás países de la región que sigan el ejemplo de Moldavia;

(…)

Una serie de puntos a los que ninguna formación política que diga defender los derechos LGTB puede oponerse. De hecho, el texto contaba con el apoyo genérico de los principales grupos de la Eurocámara, incluyendo el Grupo Popular Europeo, aunque numerosos diputados de este grupo votaron en contra o se abstuvieron. Examinemos, el voto de los eurodiputados españoles por lo que a las dos votaciones relacionadas con los derechos LGTB que tuvieron lugar se refiere:

• El párrafo 162, referido al matrimonio entre personas del mismo sexo recibió inicialmente el apoyo de 49 de los 54 eurodiputados españoles. Se opuso una (la popular Pilar Ayuso), mientras que dos estaban oficialmente ausentes (el popular Santiago Fisas y el socialista Enrique Guerrero) y dos no votaron (la popular Pilar del Castillo y el socialista Ramón Jáuregui). Sin embargo, el acta provisional de voto recoge la corrección del voto de Pilar Ayuso en sentido positivo, por lo que consideraremos que fueron 50 diputados.
• La decepción llega con la votación del párrafo 164, otro de los que se votaron de forma específica, referido a la esterilización de las personas trans. Este párrafo recibió solo el apoyo de 35 de los 54 eurodiputados españoles. Se opusieron 16, 15 de ellos del PP (Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Esteban González Pons, Luis de Grandes, Esther Herranz, Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope, Antonio López-Istúriz, Gabriel Mato, Francisco José Millán, Ramón Luis Valcárcel y Pablo Zalba) y 1 de Unió (Francesc Gambús). Estaban ausentes los ya mencionados Fisas y Guerrero y tampoco votó Jáuregui.

El párrafo 164, aunque finalmente aprobado por 404 votos a favor, 187 en contra y 46 abstenciones, recibió por parte del Grupo Popular Europeo más votos negativos (124) que positivos (56), lo que demuestra el intenso trabajo que queda por hacer en el campo de los derechos trans, y muy especialmente en el de la autodeterminación del género. Según el acta de voto nominal, el punto de discordia que llevó a que el párrafo 164 fuese votado de forma expresa fue la alusión final al “derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos” de las personas trans.

————————————

La anterior información se refiere a las dos votaciones referidas a los derechos LGTB, no a otros aspectos del texto, más amplio y que aborda muy diferentes aspectos referidos a todos los Derechos Humanos. Pero, como personas LGTB cristianas, sabemos que no vivimos en una isla. Si hablamos de derechos Humanos nos importan todos, no sólo los que se refieren a nuestra identidad sexual, por lo que es muy importante no sólo referirse a las votaciones específicas LGTB, sino al respaldo a la globalidad de un texto, que no respaldaron,  ni los eurodiputados de Podemos (que votaron en contra) ni los de Izquierda Unida o Bildu (que se abstuvieron). No podemos defender sólo nuestros Derechos y mirar para otro lado cuando se vulneran también otros en demasiados lugares… Y lo mismo valen estas reflexiones para quienes votan a favor de los no nacidos y en contra de los derechos de los que ya viven…

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Importante sentencia sobre identidad de género en el marco de la justicia europea. El Tribunal Europeo de de Derechos Humanos (TEDH), dictaminó el pasado martes que el requisito de infertilidad permanente vinculado a la cirugía de reasignación de género es una “violación del derecho a la intimidad”, garantizado por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El artículo 40 del Código Civil de Turquía, sin embargo, estipula que las personas que se someten a cirugía de reasignación de género deben esterilizarse obligatoriamente. Las autoridades turcas, acogiéndose a esta legislación retrógrada, se negaron a conceder la autorización para la cirugía de reasignación a una persona con capacidad de tener hijos.

21 países de Europa, entre ellos 13 Estados miembros de la Unión Europea, todavía requieren la esterilización de las personas trans para que pueden tener reconocido su verdadero género. Turquía es uno de dichos países y la sentencia del TEDH pone entre las cuerdas este premisa obsoleta. Según Dennis de Jong, vicepresidente del Intergrupo LGBTI del Parlamento Europeo, “este fallo judicial debe alentar a los Estados miembros a empezar a trabajar para poner fin a esta esterilización forzada”.

Por su parte, el vicepresidente del Intergrupo LGBTI, Sirpa Pietikäinen, ha dicho que “acojo con gran satisfacción este fallo de la Corte, lo que tendrá un impacto positivo en las vidas de las personas transexuales en Turquía y en otros países”. Asimismo, ha continuado Pietikäinen, “es muy alentador el hecho de que el Tribunal haga hincapié en el aumento de la aceptación social y el reconocimiento legal de las personas transexuales en el mundo”.

La abolición de la esterilización como requisito para el reconocimiento de género ya ha sido censurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales, previamente a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Este tipo de procedimientos siguen por desgracia a la orden del día en numerosos países, entre ellos muchos desarrollados. Por ejemplo, Suecia no eliminó hasta 2013 la esterilización de las personas transexuales como requisito previo a ver reconocida su identidad, y fue gracias a un pronunciamiento judicial. Francia, por mencionar otro ejemplo aún más cercano, carece de una legislación específica que regule la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación, por lo que la decisión debe pasar a la fuerza por las manos de un juez.

En España, aunque la situación es mucho más favorable, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo que debería ser actualizado para acercarse, por ejemplo, al modelo de Argentina, que en 2012 aprobó una avanzada ley de identidad de género que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

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La policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, ha comunicado la detención de doce personas, acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos, sin embargo, niegan los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños. La ley vigente en Nigeria, promulgada a principios del año pasado por el presidente Goodluck Jonathan, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual.

La policía islámica, o Hisbah, es quien vela en los territorios del norte de Nigeria, donde rige la sharia (o ley islámica), el cumplimiento de sus preceptos. Su jefe en la ciudad de Kato, Aminu Daurawa, comunicaba a los medios de comunicación la detención de doce hombres por participar en lo que sospechan que era una “boda gay”. Según Daurawa, fuentes de la investigación habían detectado días atrás que los supuestos novios habían invitado a un grupo de amigos para celebrar su unión bajo el pretexto de una fiesta de cumpleaños.

Las fuerzas de la Hisbah irrumpieron en la fiesta, donde se encontraban catorce personas, a quienes describieron como “de aspecto y comportamiento afeminado”, lo que provocó su detención inmediata. Los supuestos contrayentes eran Faruk Maiduguri, de 20 años de edad y a quien las responsables policiales identifican como “novio”, y Abba Mohammed, de 25 años, a quien identifican como “novia”. Faruk, entre lágrimas, repetía a los agentes que se trataba tan solo de su fiesta de cumpleaños y no de una boda homosexual.

Según el informe policial, dos de los presentes lograron huir, por lo que el total de los detenidos asciende a doce personas. El jefe Daurawa afirma que la intervención de sus fuerzas impidió que los invitados fueran linchados por una horda de vecinos, que habían tenido conocimiento de la celebración del enlace.

Aunque aún no se conocen los cargos definitivos de los que serán acusados, las familias de los jóvenes han sido convocadas. La sharia, vigente en esa zona del país, puede llegar a castigar las relaciones homosexuales con la pena de muerte, aunque son más habituales las penas de prisión y los fuertes castigos físicos. La ley aprobada el pasado año, que rige en todo el territorio nigeriano, establece que “las personas implicadas en la formalización de un contrato de matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo cometen un delito y podrán ser condenadas a una pena de 14 años de prisión”.

Desde su exilio en Londres, donde vive refugiado por temer por su vida de permanecer en Nigeria, el activista LGTB Davis Mac-Iyalla mostraba su indignación por estas detenciones. “La policía de Nigeria y el gobierno no tienen derecho a invadir la privacidad de las personas”, afirmaba con contundencia. “La prensa va a etiquetar esto como una boda para que se vea como un crimen y un tabú”, proseguía, añadiendo que “es una vergüenza que las autoridades nigerianas no sean capaces de combatir a los terroristas de Boko Haram, que sacrifican a los ciudadanos, pero que sí estén siempre dispuestas a perseguir a los gais… (…) Me enfurece que las autoridades de mi país de nacimiento no tengan ninguna clase de respeto por los derechos humanos. Esto también incluye a los principales líderes religiosos de Nigeria”.

Violencia social y de estado

Desde la promulgación de la ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad en Nigeria, no cesan de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. En dosmanzanas hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Actuaciones de este tipo han provocado que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicita su derogación y propone que si no hay marcha atrás se suspenda a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

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El Parlamento Europeo ha pedido a Kirguizistán la retirada del proyecto de ley homófobo que tramita el Parlamento de ese país. El texto, que fue aprobado en primera lectura en octubre, es aun más duro que el vigente en Rusia, y establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre homosexualidad.

En su resolución (que puedes leer en castellano pinchando aquí) el Parlamento Europeo “lamenta profundamente la presentación de este proyecto de ley y todas las acciones que puedan conducir a un trato cruel, inhumano y degradante, y pide a todos los países que pongan fin inmediato a la penalización de la homosexualidad” y “reitera que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que se enmarcan en el ámbito del derecho individual a la intimidad garantizado por el Derecho internacional en materia de derechos humanos, según el cual deben protegerse la igualdad y la no discriminación y salvaguardarse asimismo la libertad de expresión”.

La resolución recuerda también al Parlamento kirguís “sus obligaciones internacionales y las derivadas del acuerdo de colaboración y cooperación con la Unión Europea, que incluye el pleno respeto de los derechos humanos como elemento esencial de esta cooperación” y pide expresamente la retirada del proyecto de ley “sobre la difusión de información sobre relaciones sexuales no tradicionales”.

El Parlamento Europeo pide a las autoridades kirguisas “que reafirmen públicamente que todas las personas de Kirguizistán tienen derecho a vivir libres de discriminación y violencia basadas en su orientación sexual e identidad de género, y que todo acto contrario a este derecho es ilegal y será sancionado” y recuerda que la Constitución de la República Kirguisa prohíbe adoptar leyes “que nieguen o deroguen derechos y libertades humanos y civiles” y afirma “la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de reunión”.

El europarlamento se muestra además “profundamente preocupado por las consecuencias negativas del debate sobre este proyecto de ley y su posible adopción, que no hacen más que aumentar la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI” y en este sentido pide a los políticos y los líderes religiosos “que eviten la retórica contra la comunidad LGBTI, incluidos el lenguaje del odio y la incitación al odio”. Entre otros puntos, la resolución recuerda a Kirguizistán que la posible adopción de este proyecto de ley “podría afectar a las relaciones con la Unión Europea”.

Varios eurodiputados españoles, entre los promotores

La resolución fue presentada por eurodiputados de varios grupos políticos, entre los cuales se encuentran ocho españoles: Elena Valenciano (PSOE), Beatriz Becerra, Fernando Maura y Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Javier Nart y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Ramón Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya) y Lola Sánchez (Podemos).

Un proyecto profundamente homófobo

Ya en abril informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto, que tiene que pasar dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado por el presidente, prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 72 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (86 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (23 euros).

Antes de ser rechazado por el Parlamento Europeo, de hecho, el proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, aun en el supuesto de que el proyecto no vea finalmente la luz, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos hace un año. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.

Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gais, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Dosmanzanas

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El informe define las prioridades en materia de igualdad que el Parlamento deberá adoptar para el año 2015

Hace 14 años Naciones Unidas aprobó lo que se denominó la Declaración del Milenio. En ese año, los jefes de Estado y de Gobierno de 189 países adquirieron el compromiso de reducir la pobreza y conseguir una educación y sanidad universal para todos.

Partiendo de esa base el Parlamento Europeo acaba de aprobar un informe, con el voto en contra de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde se fijan parte de esos objetivos para que la Unión cumpla con los compromisos adquiridos. Una hoja de ruta que fija 2015 como el año de ir progresando en materias de igualdad y que se debe poner especial interés en “la protección y el respeto de los derechos de los inmigrantes y las minorías, incluida las personas LGTB y aquellas que sufren el VIH” Según el Parlamento debe ser prioritario “el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

Ulrike Lunacek, eurodiputada de los Verdes y copresidenta del intergrupo por los derechos del colectivo homosexual en el Parlamento ha señalado que “sólo garantizando el acceso universal a servicios de salud, de manera no discriminatoria, podemos tener éxito en nuestra lucha con el VIH”.

El informe llega en un momento de aumento de la legislación antigay en muchos países. ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud han advertido que tales leyes empeoran la salud pública y obstaculizan el desarrollo.

Fuente Cáscara Amarga

General Declaración del Milenio, OMS, ONUSIDA, Parlamento Europeo, VIH/SIDA

Ulrike Lunacek, parlamentaria europea del grupo de los Verdes, es una de las representantes políticas más comprometidas con los derechos de la comunidad LGTB del viejo continente. Así lo ha vuelto a demostrar durante la visita del papa Francisco a la sede del Parlamento Europeo. Lunacek ha hecho entrega de una bufanda con los colores del arcoíris y una carta de su coalición al sumo pontífice. La bufanda, que fue tejida por las mujeres indígenas del Ecuador, es un “símbolo de la protección de los pueblos indígenas en los Andes, por los derechos de gais y lesbianas y por la paz”.

La acción de Lunacek, al regalarle a Francisco una bufanda con los colores del emblema LGTB, guarda un importante simbolismo: representa un claro mensaje por el cambio de actitud de la Iglesia católica hacia el colectivo LGTB. Ha ocurrido durante la visita del líder religioso a la sede parlamentaria europea, que tuvo lugar ayer. Desde que Juan Pablo II lo hiciera en 1988, la Eurocámara no había vuelto a recibir a ningún papa. En aquel momento, Europa estaba a punto de romper con la bipolaridad clásica entre capitalismo y comunismo, que desembocaría en la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y la Unión Europea comenzaba además a abrirse hacia los países del este.

Los muros actuales son mucho más sutiles. La discriminación, la homofobia y la transfobia así como el avance de los partidos eurófobos de extrema derecha son amenazas con las que se topa la comunidad LGTB europea para avanzar en el reconocimiento y la consolidación de sus derechos. En el aspecto estrictamente religioso, si bien la postura del actual papa es menos beligerante hacia las personas LGTB que la de pontífices anteriores, lo cierto es que Jorge Mario Bergoglio (nombre secular del papa Francisco) ha acabado asumiendo una decepcionante postura conservadora y excluyente.

En el escrito que Lunacek ha entregado al papa, junto con la bufanda LGTB, los Verdes expresan que “estamos gravemente preocupados por la continua condena de la homosexualidad” por parte de la Iglesia católica. Asimismo, también manifiestan una posición expectante “en lo que respecta a las mujeres, especialmente cuando se trata de sus libertades personales y los derechos reproductivos y su lugar y su papel en la Iglesia”. También han manifestado su conmoción “por la magnitud de los abusos sexuales –tanto heterosexuales como homosexuales– cometidos por personas ordenadas por la Iglesia católica”.

La austriaca Ulrike Lunacek abanderó el informe contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género que respaldó el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero. El texto, aprobado por 394 votos a favor, 176 en contra y 72 abstenciones, condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y “deplora profundamente” que los derechos fundamentales de las personas LGTBI no se respeten siempre en la Unión Europea.

Cabe recordar que el compromiso de Lunacek con la igualdad de las personas LGTB ha grajeado odios y recelos entre agrupaciones ultras. Sin ir más lejos, durante su participación en la pasada edición del Orgullo de Viena sufrió un intento de agresión en plena calle. La política progresista fue atacada con ácido butírico mientras concedía una entrevista. Ni la eurodiputada ni las personas que la entrevistaban sufrieron lesiones, pero sí resultaron dañados tanto la ropa de Lunacek como la cámara y el equipo de los entrevistadores. Tras este suceso, la propia Lunacek declaraba que “esta clase de ataques aislados demuestran que la lucha por la tolerancia, la aceptación y el respeto en Austria no ha finalizado. Es necesario oponerse a las personas que diseminan el miedo y el odio”.

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Este sábado celebramos de nuevo el Día Mundial por la Despatologización de la Transexualidad. Una reivindicación nacida desde los sectores más a la vanguardia del activismo LGTB, y que con el paso del tiempo ha sido asumida por todo el movimiento y comienza a abrirse paso a nivel institucional. Pero aún queda mucho por conseguir.

Carla Antonelli: La OMS dice que tengo una enfermedad mental

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una demanda marginal de los colectivos. Ya han pasado tres años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg. También el pleno del Parlamento Europeo se pronunciaba en 2011 al respecto. Y las legislaciones más recientes sobre identidad de género, como la argentina, la danesa, o en el caso español la ley integral de transexualidad de Andalucía o la más reciente ley contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobada en Cataluña están imbuidas de ese principio.

Uno de los objetivos principales de la jornada sigue siendo conseguir la retirada definitiva de las etiquetas referidas a la transexualidad de los catálogos diagnósticos (los dos más importantes, el DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud). En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no deja de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo.

Hay actos convocados para ello en todo el mundo. En la web de la Campaña Stop Trans Pathologization podrás encontrar información sobre diversas convocatorias en España, América Latina, Europa y Asia. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, se ha sumado por su parte a la protesta con un comunicado en el que afirma que “considerar enfermas mentales a las personas trans, como antes pasara con las personas homosexuales y bisexuales hasta que la OMS las despatologizó en 1989, supone una merma a su dignidad y un hándicap para su plena igualdad que además sirve de justificación para el estigma que sufren”. “Esta situación no se apiada de los menores transexuales a las que también se les somete a un  maltrato emocional cuando no se les quiere tratar según su sexo sentido, situación especialmente delicada en los centros escolares. Por eso la FELGTB considera necesarios protocolos educativos que permitan a las y los menores su libre desarrollo y la plenitud de sus derechos”, añade.

La necesidad de visibilizar la realidad trans como una forma de luchar contra el estigma ha llevado al Área de Transexualidad de la FELGTB a realizar un tríptico que muestra la cotidianidad de siete personas transexuales y que se puede visualizar aquí. “La infancia y la adolescencia de los menores trans hoy en día no es la que pasamos nosotras y nosotros, así que el que el trabajo de los colectivos ha tenido su fruto, pero para seguir dando pasos es necesario que la comunidad científica reflexione y deje de estigmatizarnos”, asegura Mané Fernández, coordinador del Área.

También Fundación Triángulo Extremadura nos ha hecho llegar una nota en la que por un lado se felicita de lo ya conseguido y al mismo tiempo reclama nuevos avances. “No queremos decir que todo esté logrado en este sentido, pero si es cierto que los y las personas trans en nuestra región se van empoderando como colectivo, y empiezan a demandar las necesidades que tienen a nivel socio-sanitario Sin embargo, este día 18 de octubre ha de estar, necesariamente, cargado de reivindicación, y es que las personas transexuales continúan necesitando de unos protocolos en el sistema sanitario, que hagan más cómodas sus gestiones y visitas a los diferentes especialistas que están implicados en su proceso”, afirma Triángulo, que en estos momentos lucha por conseguir en Extremadura una pequeña unidad que aglutine la atención sanitaria a las personas trans de la región. Triángulo reclama también una ley integral de transexualidad a nivel nacional.

El PP de Madrid impide la lectura de una declaración institucional

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid y activista transexual Carla Antonelli ha denunciado por su parte la negativa del PP madrileño a que se leyera una declaración institucional a favor de la despatologización de la transexualidad en la cámara regional. “No han aceptado que se leyera esta declaración institucional porque no querían reconocer, entre otras cosas, que existía bullying lgtbfóbico en el sistema educativo madrileño… Porque uno de los puntos era garantizar todas las medidas de educación, respeto y diversidad en las escuelas”, ha recriminado Antonelli.

Petición en change.org

Carla Antonelli continúa promoviendo mientras tanto una petición en change.org a favor de la despatologización de la transexualidad activa desde hace dos años, con versiones en varios países más, y que lleva reunidos ya 90.000 apoyos.

Si aún no lo has hecho, puedes sumarte aquí. ¡Anímate!

Fuente Dosmanzanas, FELGTB, Fundación Triángulo, PSOE.es

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