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El jefe del Departamento Misionero de la Diócesis Ortodoxa Oriental de Odesa, el padre Oleg Mokryak, ha querido «liberar» a la ciudad ucraniana del «desfile de desviación sexual que profana las calles», como ha calificado al Orgullo LGTB, celebrado el pasado fin de semana y al que acudieron un centenar de valientes activistas. La «misión» protagonizada por Mokryak ha consistido en esparcir agua bendita por las aceras, por el mobiliario urbano y hasta por las estatuas de todo el trayecto recorrido por el activismo igualitario. El sacerdote ortodoxo ha contado con varios colaboradores, entre los cuales uno sostenía el cubo de plástico con el agua bendita y otro portaba el retrato de un santo. Mientras se celebraba el Orgullo, en las ventanas de algunos domicilios se colgaron banderas con la imagen de Cristo y un pequeño grupo se manifestó con carteles con lemas como «todos juntos por la familia».

El sábado se celebró el Orgullo LGTB de Odesa, en el que participaron unos 100 activistas, custodiados por cerca de 800 agentes de policía. Si bien el pasado mes de junio tuvo lugar en Kiev el Orgullo más multitudinario de la historia del país, en el que más de 5.000 personas se manifestaron pese a las amenazas de los ultras, el activismo de Odesa no ha querido renunciar a visibilizarse también en su propia ciudad. Los manifestantes recorrieron el bulevar Primorsky, desde el Palacio Vorontsov hasta el Ayuntamiento.

Orgullo LGTB de Odesa (Ucrania), celebrado el 18 de agosto de 2018.

El primer Orgullo LGTB de Odesa se celebró en 2016 y, tras el del año pasado, esta se ha convertido en la tercera edición (en 2015 no consiguió la autorización para poderse llevar a cabo). Grupos de radicales también intentaron boicotear en esta ocasión la marcha igualitaria, aunque fueron bloqueados por la policía. En los momentos previos al arranque de la manifestación, dos jóvenes neonazis fueron detenidos por tratar de atacar a los activistas. El otro conato de conflicto se produjo entre los agentes y el capellán ortodoxo militar, al no permitírsele la entrada al recorrido.

Y si las afrentas a las personas que reivindican la igualdad y luchan por ella en Odesa no fueran suficientes, hay que añadir la kafkiana imitación del recorrido del Orgullo LGTB que ha protagonizado el jefe del Departamento Misionero de la Diócesis Ortodoxa Oriental de Odesa, Oleg Mokryak. Acompañado por varios acólitos, uno de los cuales sostenía el retrato de un santo y otro un cubo de plástico rojo lleno de agua bendita, el padre Mokryak ha bañado todo lo que encontraba a su paso. El objetivo, como ha manifestado el propio religioso, era «liberar» a la ciudad ucraniana del «desfile de desviación sexual que profana las calles».

En el siguiente vídeo, aunque es muy breve, se puede contemplar durante unos segundos la particular «misión» del sacerdote:

Fuente Dosmanzanas

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Fundación Triángulo Extremadura ha denunciado públicamente que en menos de cuatro meses se han conocido tres agresiones a mujeres trans en Cáceres. Desde Triángulo aclaran que no las agresiones no están conectadas ni parecen obra de grupos organizados, pero destacan que en los tres casos los agresores fueron personas jóvenes en las que se aprecia una motivación tránsfoba.

La primera agresión fue a una chica de 19 años y ocurrió el 21 de mayo, en las inmediaciones de un centro educativo, cuando acudió a recoger un título de bachillerato. Varios jóvenes le lanzaron piedras y la insultaron, a plena luz del día. La segunda agresión se produjo unos días después, también a plena luz del día y en una de las avenidas más céntricas de la ciudad extremeña. La tercera tuvo lugar el miércoles pasado, y ha sido la que ha hecho saltar las alarmas. La mujer, de 29 años, fue abordada por cuatro individuos que al parecer la estarían esperando muy cerca de la estación de autobuses, de donde acababa de salir y desde donde se dirigía a su lugar de trabajo. La mujer fue golpeada y sufrió diversas contusiones y arañazos, especialmente en la cara, precisando la aplicación de puntos de aproximación.

Insertamos a continuación la entrevista realizada por Extremadura 7 Días a Hugo Alonso, técnico de Fundación Triángulo Extremadura, en la que este cuenta lo sucedido y denuncia además que en uno de los casos se han encontrado con dificultades para que la Policía admita encontrarse ante un posible delito de odio. «Ya decretara luego un juez o una jueza si tiene todos los indicios o tiene todas las pruebas para justificar esa consideración (…), pero no es la primera vez que nos cuesta que en una denuncia aparezca que la víctima considera haber sido agredida por un delito de odio», comenta. Alonso también explica que con frecuencia la actitud de quien recoge la denuncia es más receptiva cuando la víctima está acompañada de un técnico de la asociación, lo que pone de manifiesto la necesidad de una mayor formación de los profesionales que atienden a víctimas de delitos de odio:

Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado (PP), ha expresado su repulsa por lo sucedido y ha asegurado que desde el Ayuntamiento cacereño se trabaja por la sensibilización y la visibilidad del colectivo LGTB. Afirmaciones con las que no parece estar de acuerdo el presidente de Triángulo, José María Nuñez, que en declaraciones a El Periódico de Extremadura ha criticado que Cáceres no haya implementado un plan de acción en este sentido, lamentando la falta de respuesta del Ayuntamiento tras la presentación, hace ya dos años y medio, de un proyecto por parte de su colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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«Decir ‘vagina’ es machista: los trans quieren que se llame ‘agujero delantero’» es el titular que El Español ha dado a su noticia sobre la nueva Guía de Sexo Seguro LGTBQIA de Healthline, una publicación estadounidense de salud dirigida a consumidores, aunque no por ello menos rigurosa. Algo que por desgracia no puede decirse del digital que dirige Pedro J. Ramírez, que ofrece en su titular una interpretación errónea de la noticia con el indisimulado objetivo de ridiculizar el lenguaje inclusivo. Y ello a pesar de que ya el 21 de agosto (tres días antes de la publicación de El Español) el equipo editorial de Healhline desmentía en un comunicado la información, que ni siquiera es original de El Español. Este, al fin y al cabo, no ha hecho otra cosa que reproducir el enfoque con el que ya diversos medios conservadores estadounidenses han alimentado la polémica.

Para empezar, incluso si fuera cierto que la Guía de Healthline (y no «los trans») recomendase usar un término sobre otro (que no lo hace), la mera traducción de «front hole» como «agujero delantero» sin dar el contexto adecuado es ya de por sí tramposa. Se trata de un término que en su lengua original, el inglés, es utilizado de manera informal por una parte de la comunidad de hombres trans, que se sienten más cómodos usando un término desprovisto de carga de género para referirse a la que al fin y al cabo es una parte de su cuerpo.

Pero la mala fe de la noticia queda de manifiesto cuando se asegura que lo que se pretende es sustituir el uso de «vagina» porque el uso de esta palabra es machista. «Simplemente no es cierto», argumentan los editores de Healthline. «Como una de las páginas web líderes en salud, damos gran importancia a mantener altos niveles de precisión, integridad y equilibrio. Cada artículo que publicamos sigue un proceso editorial riguroso y es sometido a una profunda revisión médica. En la Guía de Sexo Seguro LGBTQIA, usamos ambos términos, agujero delantero y vagina. ‘Agujero delantero’ es uno de los numerosos términos ya aceptados para los genitales que usan de forma específica algunos miembros de la comunidad trans», explican. «En ningún momento en esta Guía se dice que queremos reemplazar la palabra vagina», aseguran.

«’Agujero delantero’ es un término para vagina usado también por los National Institutes of Health [principal agencia federal de investigación médica], Human Rights Campaign, la revista BMC Pregnancy and Childbirth, Fenway Health en colaboración con la Facultad de Medicina de Harvard, el Centro Nacional LGBT de Educación en Salud y la Liga de Centros Comunitarios de Salud de Massachussetts», precisan los editores de Healthline. «Además de terminología clínica y científica, usamos terminología no sesgada, inclusiva y términos contemporáneos para poder ser más útiles a todos nuestros lectores», añaden. «La Guía de Sexo Seguro LGBTQIA ha sido creada para un público específico. No hay nada en el artículo que indique que defendemos un cambio en el lenguaje. Es clara en su objetivo de presentar contenido no sesgado, avalado por expertos, para aquellas personas de la comunidad LGTBQIA que buscan información de salud. Hablando claro, nuestro propósito al crear esta Guía es el de ofrecer información sobre sexo seguro a todas aquellas personas a las que normalmente se deja al margen al hablar de estos temas», explican.

Si la periodista de El Español que ha escrito el artículo hubiese navegado a través de la Guía (a la que puedes acceder aquí) podría haber comprobado que en ningún momento se sustituye «vagina», sino que simplemente se añade a este término formal otro término informal de uso común por una parte de la comunidad de hombres trans de habla inglesa. De hecho, el contenido del artículo de El Español contiene las suficientes claves como para adivinar que la periodista sí conoce los argumentos de los editores de la Guía. Pero en lugar de hacer un mínimo ejercicio de empatía hacia la comunidad trans masculina, lo que sin duda hubiera dado a su artículo un plus de objetividad del que carece, ha preferido simular a medios ultras estadounidenses como Infowars, un conocido generador de fake news, que precisamente también ha acusado en su titular a los defensores de la corrección política de «querer cambiar ‘vagina’ por ‘agujero delantero’».

Eso sí, el titular de El Español es su tuit más reproducido del día:

Fuente Dosmanzanas

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La esposa del atacante de una comisaría de los Mossos d’Esquadra en Cornellà (Barcelona), muerto por los disparos de una agente, ha declarado que su marido era homosexual y que dicha razón podría haberle llevado a perpetrar el ataque con intención de quitarse la vida. A falta de que se conozcan mejor sus circunstancias personales, no podemos sino manejar con prudencia una información que bien puede tener como objetivo convertir al colectivo LGTB, una vez más, en el perfecto chivo expiatorio. En cualquier caso, el daño que la homofobia internalizada causa a las personas que la sufren es bien conocido: no sería la primera vez que se encuentra detrás de un intento suicida.

Este lunes nos despertábamos con la noticia del asalto, poco antes de las seis de la mañana, a una comisaría de los Mossos en Cornellà. El autor, Abdelouahab Taib, un ciudadano argelino de 29 años, que según la versión policial caía abatido por los disparos de una agente a la que habría atacado armado con un cuchillo y profiriendo gritos en árabe, de los que la agente solo pudo identificar «Alá». En las primeras horas del día la hipótesis más probable parecía la de un ataque islamista a manos de un «lobo solitario», pero la noticia daba un giro sorprendente tras la declaración de la esposa de Taib, una mujer española con la que convivía a solo 150 metros de la comisaría y que de hecho se convirtió al islam después de conocerlo.

Según ha declarado la esposa de Taib, hace un año supo que este era homosexual, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse. A partir de entonces Taib habría comenzado a verbalizar ideas de suicidio, ante el temor de que la comunidad musulmana local se enterase de su condición. Hace pocos días, de hecho, habían iniciado los trámites legales para divorciarse, lo que podría haber precipitado un ataque cuyo objetivo principal no era otro que el de quitarse la vida.

Por el momento poco más podemos decir. No creemos prudente, a estas alturas, hacer juicios de valor muy elaborados. Por un lado, la información procede de una persona que, según las informaciones publicadas, es ahora devota del islam. No sería del todo inverosímil pensar que pueda tratarse de un intento de desviar la atención desde la religión hacia el colectivo homosexual y convertirlo, una vez más, en chivo expiatorio. O de vejar su memoria ante su comunidad, o de levantar una cortina de humo para ocultar una actividad terrorista… Es pronto para descartarlo. En cualquier caso, la historia bien puede ser cierta: el daño que la homofobia internalizada causa a las personas que la sufren, especialmente cuando tiene un transfondo religioso, es incalculable. No sería la primera persona que se quita la vida incapaz de reconciliarse con su propia orientación.

Seguiremos pendientes de la historia.

Fuente Dosmanzanas

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Siguen llegándonos preocupantes avisos de la LGTBfobia de Estado auspiciada por el nuevo Gobierno de Malasia (constituido tras las elecciones federales del pasado mes de mayo). No solo han dejado claro su apoyo a la redada que el sábado de madrugada se realizaba en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresan que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad». Al parecer, es la primera vez en sus 30 años de existencia que este local sufre un registro de estas características en el que, por cierto, intervinieron la Real Policía de Malasia, las autoridades municipales de Kuala Lumpur, el Departamento de Religiones Islámicas de los Territorios Federales y la Agencia Nacional Antidrogas. Con la escalada de declaraciones LGTBfóbicas en el país se va evidenciado que, salvo sorpresa, el ansiado cambio de signo gubernamental de Malasia no supondrá avances para el colectivo.

Crecen la preocupación y la decepción con respecto al nuevo Gobierno de Malasia conforme se van sucediendo las semanas. Hace solo unos días recogíamos, precisamente que el ejecutivo alentaba la LGTBfobia al insinuar que el colectivo no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Ahora, tras la redada al bar de ambiente gay Blue Boy de Kuala Lumpur, siguen sucediéndose las alocuciones públicas de intolerancia por parte de cargos nacionales, regionales y locales.

«En esta división de operaciones, varias agencias diferentes de aplicación están llevando a cabo controles en las instalaciones y los visitantes, para detectar varios tipos de delitos», explicaba el secretario general del Ministerio Regional, Datuk Seri Adnan Md Ikshan. El mismo cargo regional ha añadido que «la inspección preliminar determina que el centro de entretenimiento tiene una licencia comercial válida, pero si detectamos una ofensa, revisaremos la licencia y tomaremos medidas».

A pesar del recorrido de LGTBfobia social y de Estado en Malasia, este local de ambiente lleva funcionando tres décadas sin que, hasta el pasado sábado, haya recibido ningún tipo de presión ni ninguna inspección extraordinaria. En el momento de la redada había más de 100 personas en el club, tanto malasios como turistas. Aunque no ha trascendido si se ha realizado alguna detención, lo preocupante es que parece un intento de amedrentar a la comunidad LGTB de cara a cualquier tipo de visibilización. Un objetivo que queda patente con las declaraciones del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresando que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Malasia: LGTBfobia política y social

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado, de hecho, a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. El pasado mes de febrero, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia, se sugería a los homosexuales que “aprender” a ser hetero es igual que iniciarse en la equitación. Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual. Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario.

En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que han reaccionado con horror ni siquiera precisan que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Este mismo mes de agosto, dos noticias nos preocupaban: El Gobierno de Malasia alienta la LGTBfobia al insinuar que el colectivo no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país y la más desagradable, que el próximo día 18, dos mujeres serán azotadas por tener sexo lésbico.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».

El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.

Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).

En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.

El caso del pastel nupcial de una pareja gay

Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

Fuente Dosmanzanas

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Mal dato el que arroja la última encuesta de la organización Public Religion Research Institute, que muestra un repunte en las posiciones a favor de la discriminación de las parejas del mismo sexo por razones religiosas respecto a hace un año. Aunque los partidarios de la no discriminación siguen siendo mayoría (por muy poco) y el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene constante, parece que la era Trump está comenzando a dejarse su huella en el sentimiento de los estadounidenses respecto a los derechos LGTB. Habrá que ver si la tendencia se confirma en el próximo futuro.

Public Religion Research Institute (PRRI) es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación de las relaciones entre religión, cultura y política, a cuyos estudios y encuestas hemos hecho referencia en diversas ocasiones. La última en mayo de este mismo año, a raíz de la publicación del «Atlas de los valores americanos», un estudio realizado a lo largo de 2017 en el que se detallaban las opiniones de la población estadounidense sobre diversos asuntos y que revelaba un aumento significativo en quienes apoyan los derechos LGTB en cuestiones como el matrimonio igualitario o las leyes de protección de las minorías sexuales.

Ahora, una nueva encuesta realizada entre el 27 de junio y el 8 de julio de este año arroja una sombra de preocupación sobre este panorama optimista. En concreto, al preguntar sobre si las empresas y negocios deberían tener derecho a negar sus servicios a parejas del mismo sexo que quieran contratarlas para algún asunto relacionado con su boda alegando motivos religiosos, el 48% responde que no, frente a un 46% que responde que sí: solo dos puntos porcentuales de diferencia. De acuerdo con la encuesta, la sociedad estadounidense está hoy día dividida en dos mitades casi iguales. Hace solo un año, la diferencia entre los que creían que no debería permitirse que este tipo de empresas de servicios puedan rechazar a parejas del mismo sexo y los que creían que sí era de doce puntos porcentuales (53% frente al 41%).

Por grupos de votantes, el crecimiento de la postura discriminatoria es más acentuada entre los que se identifican como republicanos (73% ahora frente a 67% hace un año) y entre los que se identifican como independientes (45% ahora frente al 40% hace un año). Pero incluso entre los que se identifican como votantes demócratas se aprecia un crecimiento, del 24% hace un año al 27% ahora. Por sexo, las mujeres siguen siendo más contrarias a la discriminación que los hombres, pero en ambos grupos crecen las posturas discriminatorias (40% de las mujeres, frente al 35% hace un año; 52% de los hombres, frente al 48% hace un año):

Si en lugar de preguntarse por empresas de servicios específicos para bodas se pregunta por empresas de servicios en general, la brecha se ensancha un poco: 49% es partidario de que no puedan discriminar a gais y lesbianas alegando razones religiosas, frente a un 42% partidario de que sí puedan hacerlo. Pero también en este aspecto se aprecia el crecimiento de las posturas discriminatorias: hace solo un año, un 56% de los estadounidenses se oponía a que las empresas de servicios pudieran discriminar a gais y lesbianas por razones religiosas, mientras que el 39% era favorable (hablamos específicamente de gais y lesbianas porque así es como se preguntó en la encuesta).

Curiosamente, el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene estable respecto a hace un año: el 64% de los estadounidenses defiende el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, frente a un 28% que lo rechaza. Los porcentajes, en este caso, coinciden con los del año pasado. Un dato que muestra que no necesariamente las personas que apoyan el matrimonio igualitario apoyan la ausencia de discriminación contra gais y lesbianas, al menos en una sociedad como la estadounidense, en el que el peso de la religión es mayor que por ejemplo en Europa occidental.

La influencia del Tribunal Supremo, indudable 

Hay que tener en cuenta que en junio de este año, justo antes de llevarse a cabo la encuesta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay, por 7 votos contra 2. La literalidad de la sentencia limitaba sus efectos a las circunstancias específicas de lo sucedido con Phillips, advirtiendo expresamente que no podía considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas (de forma que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente), lo cierto es que la decisión supuso un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva.

Cuesta pensar que el clima de opinión creado alrededor de la decisión del Supremo, así como la «lluvia fina» en favor de la discriminación de las personas LGTB tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal de la mano de la administración Trump, no tienen nada que ver con el resultado de esta última encuesta del PRRI. Habrá que esperar para saber si es un mero contratiempo o el inicio de una tendencia negativa. En cualquier caso, resulta preocupante.

Fuente Dosmanzanas

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Navid, un joven gay iraní, ha conseguido finalmente asilo en Austria gracias a los tribunales después de que la Oficina Federal de Asilo denegase su petición al no creer que fuese gay, dado que era por ejemplo incapaz de decir qué significaban cada uno de los colores de la bandera arcoíris. La noticia, en este caso con final feliz, pone una vez más de manifiesto la falta de voluntad de los Estados europeos a la hora de dar asilo a personas LGTB en busca de protección. Hace solo unos días, por ejemplo, recogíamos como la Audiencia Nacional española ha rechazado dar asilo a un homosexual argelino amenazado por su familia al considerar que en Argelia los homosexuales no sufren persecución.

Navid escapó en 2014 de Irán, uno de los países en los que todavía es posible ser  condenado a muerte por ser homosexual. Se instaló en Viena, donde ha vivido desde entonces. Sin embargo, su solicitud de asilo fue rechazada en junio por la Oficina Federal de Asilo de Austria. Según denuncia la organización austriaca Queer Base, que da apoyo a refugiados LGTB, su solicitud fue rechazada sin ser adecuadamente investigada. Una de las razones que sirvieron para desestimar la petición fue que Navid no pudo identificar cuál es el significado de cada uno de los colores de la bandera arcoíris. La bandera arcoíris, recordemos, fue creada por Gilbert Baker a finales de los años setenta como símbolo del movimiento en favor de los derechos LGTB, e inicialmente contaba con ocho colores a los que se dio un significado (sexo, vida, salud, sol, naturaleza, magia/arte, serenidad y espíritu), aunque poco después se simplificó a seis colores (perdimos el sexo y la magia…). Un dato desconocido por la inmensa mayoría de las personas LGTB del planeta.

Queer Base denuncia que la Oficina Federal de Asilo despachara con tal superficialidad la petición de asilo de Navid y ni siquiera se preocupara, por ejemplo, de tomar declaración a su pareja. Por fortuna, Navid y Queer Base recurrieron la decisión y ahora un tribunal federal ha fallado en su favor. El pasado 13 de agosto, el joven iraní vio por fin aceptada su petición de asilo:

Wir freuen uns sehr gemeinsam mit Navid und danken allen Unterstützer_innen! pic.twitter.com/d5zl1JX00n

— Queer Base (@Queer_Base) 13 de agosto de 2018

Pese al final feliz de este caso, lo sucedido con Navid es buena muestra de la falta de voluntad real de los Estados europeos a la hora de dar asilo a las personas LGTB en busca de la protección de la que carecen en sus países. Las noticias de denegación de asilo son frecuentes, y aunque en muchos casos el asilo se acaba concediendo tras la movilización de las organizaciones LGTB y el salto a los medios de comunicación, lo cierto es que la situación de estas personas de de gran vulnerabilidad e indefensión.

Al mismo tiempo que Queer Base se congratula del asilo a Navid, por ejemplo, denuncia en sus redes sociales que la Oficina Federal de Asilo ha denegado la petición de otro chico gay afgano con el argumento de que el chico no parece gay ni por sus gestos ni por su forma de vestir, de que tiene un historial de peleas con otros compañeros de centro (algo que supuestamente no cabe esperar de los gais) y de que tiene pocos amigos (algo que tampoco cabe esperar de los gais, que según el informe del funcionario que ha rechazado la solicitud son sociables). Según Julia Valenta, asesora legal de Queer Base, la presión de los políticos austriacos para denegar la mayor cantidad de peticiones de asilo posible es un factor determinante en lo que está sucediendo en su país (recordemos que tras las elecciones de octubre de 2017, Austria está gobernada por una coalición entre la derecha y la extrema derecha que ha hecho del discurso contra la inmigración pobre su bandera).

Historia como estas, sin embargo, también suceden en nuestro país. Hace pocos días, sin ir más lejos, nos hacíamos eco del rechazo de la Audiencia Nacional española a conceder el asilo a un ciudadano homosexual argelino amenazado de muerte por su propia familia al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia de la Audiencia Nacional, y ello  a pesar de que, si bien es cierto que en años recientes no han trascendido a la luz pública procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años, que pueden llegar a tres años si se cometen en público.

Fuente Dosmanzanas

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Un matrimonio de dos hombres residente en Gante (Bélgica) fue brutalmente agredido por unos vecinos que ya con anterioridad habían hecho gala de su odio hacia la pareja por el hecho de ser gais. Los agresores, una joven pareja heterosexual, ya han sido detenidos y se enfrentan a una pena de dos años de cárcel, que podría ser el doble si el tribunal aprecia la agravante de homofobia. 

Las víctimas son Mauro Padovani, italiano de 46 años, y Thomas Freeman, de 59 años, de origen italoamericano y nacionalizado belga. Se conocieron online hace doce años, y de hecho Padovani, que trabaja como ilustrador, acabo trasladándose a Bélgica para estar junto a Freeman. Se casaron hace cinco años y residen en Gante. Nunca habían tenido problemas con sus vecinos hasta que hace unos meses se trasladaron a su edificio los dos agresores, una joven pareja heterosexual de 23 y 21 años (él búlgaro, ella croata) declaradamente homófobos. «Nosotros odiamos a los gais», cuenta Padovani al Corriere della Sera que les dijeron cuando los conocieron. A partir de ahí comenzó el acoso homófobo, tanto verbal como físico. Mauro Padovani ya recibió hace dos meses un golpe en la cara, y desde el balcón de la vivienda de los agresores (justo el piso de arriba) les han lanzado desde basura hasta un ladrillo. La pareja denunció a la policía, pero según asegura Padovani no sirvió de nada.

Así hasta que el pasado lunes por la tarde los dos hombres fueron brutalmente agredidos por sus vecinos. Ocurrió en plena calle, en la zona de aparcamiento, cuando el matrimonio se subía a su coche para ir a celebrar el cumpleaños de Freeman con unos amigos. La joven agresora inició una discusión con Freeman, le escupió y le golpeó en la cara. Padovani, ya subido ya a su coche salió con el antirrobo en la mano, pero el compañero de la mujer se lo arrebató y le golpeó. Mauro Padovani sufrió contusiones diversas, incluyendo una profusa herida sangrante en la cabeza (que precisó sutura), mientras que Thomas Freeman, tendido en el suelo y golpeado, sufrió dos lesiones en las vértebras.

La brutal agresión parece que ha puesto fin a la pasividad policial ante el acoso que el matrimonio venía sufriendo. Los dos agresores fueron detenidos al día siguiente, y tras una primera comparecencia ante el juez, el hombre permaneció detenido mientras que la mujer fue liberada pero con una orden temporal de alejamiento que la obliga a residir fuera de Gante. Lo sucedido también ha conmocionado a la ciudad flamenca, cuyo Consejo municipal ha condenado lo sucedido y en la que el pasado viernes tuvo lugar una concentración de protesta a la que acudieron cientos de personas. Las víctimas cuentan también con el apoyo expreso del Centro Interfederal de Igualdad de Oportunidades (UNIA), una agencia pública contra la discriminación que opera en todo el territorio belga.

Freeman padece Alzheimer

Una reacción que sin duda aportará algo de consuelo a la pareja, pero que no evita el tremendo dolor que Mauro Padovani sintió al ver como su marido estaba siendo brutalmente agredido. Y es que solo un año después de su boda, Thomas Freeman fue diagnosticado de Alzheimer, y aunque la enfermedad aún no ha progresado a su estado más avanzado ya afecta a su capacidad cognitiva. «Es lo que más me dolió. Verlo en el suelo, llorando. Golpear a una persona como él es como golpear a un niño», comenta Padovani al Corriere della Sera.

Esperamos que se haga justicia.

General, Homofobia/ Transfobia. Alzheimer, Bélgica, Corriere della Sera, Delitos de Odio, Gante, Homofobia, LGTBfobia, Mauro Padovani, Thomas Freeman, UNIA

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha denunciado un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana a lo largo de las últimas semanas. Episodios como el ocurrido en Santa Pola, o las más recientes agresiones en Villajoyosa y en Festival Arenal Sound en Burriana, ponen de manifiesto lo vulnerable que siguen siendo las personas LGTB, especialmente cuando se visibilizan abiertamente como tales.

«Durante el mes de julio, se ha producido un repunte de las agresiones LGTBI, registrándose 11 incidencias graves en un solo mes», ha declarado Toño Abad, director del Observatorio. Según el comunicado emitido por la entidad valenciana, las víctimas de este repunte son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Por lo que se refiere al total acumulado en lo que llevamos de 2018, «hasta la fecha han aumentado las agresiones a personas LGTBI en un 20% con respecto a las registradas en el mismo periodo de 2017», explican desde el Observatorio. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

No obstante, más que el aumento en el número de incidentes registrados (que en parte podría justificarse por el mejor conocimiento de los mismos) lo que ha despertado las alarmas es la virulencia de algunos de los ataques más recientes. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Pola, donde una pareja gay fue salvajemente agredida en la piscina de una urbanización por un vecino, en Villajoyosa, donde el Observatorio Valenciano ha prestado asistencia jurídica a un hombre gay que fue agredido al grito de «maricón, te voy a matar» y que sufrió lesiones en boca, cuello y brazos, o en el Festival Arenal Sound en Burriana, donde un joven ha denunciado que dos individuos que ha identificado como de origen marroquí le golpearon (provocándole entre otras lesiones un hematoma en la región ocular) y le dirigieron insultos homófobos.

Como explica Toño Abad, estas agresiones suponen solo «la punta del iceberg, porque las víctimas tienen miedo a denunciar y tan solo nos llega entre el 10 y el 20% de las agresiones e incidentes que ocurren». Es por ello que el director del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha exigido que se apruebe ya la ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTBI «y se generen, se impulsen y se activen los mecanismos necesarios para frenar la creciente tendencia de odio y discriminación», así como que se articule un régimen sancionador «para terminar de una vez con todas con la gratuidad hacia la LGTBIfobia». Abad considera en este sentido imprescindible que la ley autonómica contemple aspectos como la formación de las policías locales en la atención a las víctimas y la aprobación de planes municipales de atención a la diversidad, ya que «la administración más cercana a la ciudadanía es la local y tiene un importante papel en la prevención de la LGTBIfobia, a través de campañas o de acciones específicas así como en la atención a la víctima».

Toño Abad también reclama que se incorpore a la ley el deber de intervención para que los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat Valenciana tengan herramientas para la denuncia de todos aquellos casos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, haciendo así posible que se visibilice una discriminación que sucede «de forma oculta».

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Brutal agresión de posible carácter tránsfobo en Valladolid. El agresor de 15 años ha confesado la autoría de la brutal paliza. Los hechos se produjeron este domingo pasado.

Alrededor de las seis y media de la mañana del domingo, los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur dieron aviso a la Policía y a los servicios de Emergencias tras encontrar a una persona inconsciente, desnuda de cintura para abajo y que posiblemente había sido víctima además del robo de un bolso. No ha trascendido su identidad, pero podría tratarse, de acuerdo a la prensa local, de una persona transgénero o percibida como tal. El autor de la agresión, menor de edad, se ha entregado voluntariamente.

La persona agredida, de alrededor de 55 años, fue trasladada inmediatamente, por Emergencias Sanitarias-Sacyl, con pronóstico muy grave al Hospital Río Hortega de Valladolid, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas.

En la misma tarde del domingo, un menor de 15 años de edad, acompañado de su madre, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional en la Comisaría que la Polícia Nacional tiene en la calle Gerona, en el barrio de las Delicias, y declaró ser el autor de la brutal paliza. Se le acusa de los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

A la espera de que avance la investigación, no parece que existiera relación previa entre agresor y víctima, no habría conexión entre la víctima y el agresor, a la espera de la declaración de ambos. Por el momento, solo cuentan con la declaración de una de las dos partes, debido a la incapacidad de la agredida, que permanece ingresada en el hospital, de dar testimonio como consecuencia de la gravedad de sus heridas.  La Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, que investiga el caso, no excluía a priori que la agresión pueda tipificarse como delito de odio «vinculado con la identidad sexual de la víctima», sin embargo, la Policía Nacional de Valladolid, tras interrogarlo, parece que por el momento opta por no considerarlo delito de odio.

La Fiscalía de Menores ha decretado este martes el ingreso en el Centro de Menores de Zambrana del joven que confesó haber agredido a una mujer transexual, de 55 años, a la que le robó un bolso a las puertas del centro comercial Vallsur de Valladolid.

Por el momento no han trascendido más datos de lo sucedido, lo que nos obliga a ser cautos. Sin embargo, al margen de que se cometiera además un robo, con lo poco que se conoce resulta plausible pensar que se ha tratado de una agresión de carácter tránsfobo, sea porque la víctima fuera una persona trans o porque fuese percibida como tal.

Lo que sí es indiscutible (una vez más) es el tratamiento irrespetuoso de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas, como bien señalaba en Twitter el activista David Jiménez, que hacía una recopilación de algunos de los titulares iniciales (que hablaban directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer»):

Mandan a quien posiblemente sea una persona trans a la UCI muy grave en Valladolid y la @policia investigando si es delito de odio. No sé, lo mismo la agredieron por ser fan del Atleti ‍♀#LGTBIfobiaCriminal https://t.co/ZxIZoAKVl3

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La prensa, cómo no, aportando su granito de arena para que el caso dé más asco aún. Ni vestido ni disfrazado de mujer, puede ser que fuese una mujer trans o incluso simplemente alguien vestido como le da la gana. #Transfobia pic.twitter.com/0zxMuowXR4

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La FELGTB denuncia los titulares tránsfobos sobre la agresión de Valladolid y recuerda la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado públicamente la transfobia de numerosos medios de comunicación en su modo de recoger la noticia de la agresión del pasado domingo en Valladolid. La FELGTB recuerda en su comunicado la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación.

El tratamiento de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas ha sido irrespetuoso, ya que en su titulares se hablaba directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer», y que ahora la FELGTB denuncia. «Estamos hartas de que no se nos respete y se nos trate con una identidad que no es la nuestra», asegura Victoria Agud, activista trans de la organización. «Los medios de comunicación son tan culpables como el agresor, al incitar la transfobia y la discriminación» añade, con dureza.

La FELGTB ha aprovechado para recordar que, junto a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en su momento elaboró una Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación, que pretende ser una herramienta para que los medios usen un lenguaje inclusivo y riguroso. «Los delitos de odio, ya sean de violencia machista, LGTBIfóbicos o de cualquier otra índole, aumentan en número cuando son respaldados por un discurso de odio y más aún si ese discurso parte de los medios de comunicación, responsables de informar desde el respeto y la diversidad», explica la FELGTB, que exige a los medios que han publicado esta noticia con lenguaje tránsfobo (entre los que incluye a medios tan conocidos como El Mundo, Antena 3, 20 Minutos, Diario de Sevilla o la agencia Europa Press) que la rectifiquen y la publiquen con un lenguaje inclusivo.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/FELGTB

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Un año más ha tenido lugar la celebración del Orgullo LGTB de Praga, uno de los más tardíos de Europa, y cuyos actos se han extendido del 6 al 12 de agosto. Entre los protagonistas de este 2018 han destacado las familias LGTB, un gesto con el que los activistas checos buscan marcar terreno en un momento en el que la República Checa puede ver legalizado el matrimonio igualitario.

Como cada agosto desde 2011 se ha celebrado en Praga la semana del Orgullo LGTB. En esta ocasión, los organizadores han querido dar un especial protagonismo a las familias, una elección muy vinculada al debate sobre la posible aprobación del matrimonio igualitario en la República Checa. Como ya hemos informado, el proyecto de ley fue registrado el pasado 22 de junio. De ser aprobado, las parejas del mismo sexo tendrían acceso al matrimonio en igualdad de condiciones en derechos y obligaciones que las de distinto sexo. No va a resultar sencillo: el principal elemento a favor es el respaldo del propio Gobierno checo y de buena parte del partido gobernante, ANO. En contra, el hecho de que solo el Partido Pirata lo respalda de forma clara y públicamente unánime. Además, un grupo de diputados ha presentado un proyecto de enmienda a la Constitución para hacer imposible su aprobación, si bien requeriría del apoyo de dos tercios de la Cámara, algo improbable con la actual correlación de fuerzas (la aprobación del matrimonio igualitario requeriría «solo» de una mayoría absoluta).

En este contexto, los organizadores del Orgullo y los colectivos LGTB checos han decidido dar protagonismo a la igualdad de las familias LGTB, especialmente en el acceso al matrimonio y los derechos familiares. Buen ejemplo ha sido la exposición de fotografías del artista eslovaco Robert Vano, titulada «Jedna láska, jedno manželství» («Un solo amor, un solo matrimonio») y exhibida en la Estación central de ferrocarriles. Allí se han podido ver imágenes de gran formato de varias familias homoparentales del país, con el objetivo de visibilizar su realidad en uno de los lugares más transitados de la capital checa.

Pero también se han abordado otros temas, como la prevención del VIH/sida. En este sentido, se ha reservado un espacio para la prueba del VIH y otras ITS en el corazón del festival, el «Pride Village» en Střelecký Ostrov (La «Isla de los Cazadores»). El día 8 de agosto, el «duhová tramvaj» («tranvía del arco iris») recorrió las calles de la ciudad con una intervención de arte destinada a concienciar sobre la necesidad de hacerse la prueba. Igualmente, destaca como nota llamativa el que una parada de tranvía, cercana al Pride Village, haya cambiado su nombre por el de «Duhová» («arco iris»).

El Orgullo de Praga también destaca por la presencia notable de colectivos de creyentes LGTB, especialmente la asociación Logos, que engloba varios grupos en todo el país. Sus actividades están contempladas en el programa oficial y disponen de una caseta propia en la Isla de los Cazadores como punto de información permanente y lugar de la mayor parte de sus actividades (cada día celebran una oración o meditación a las 18 horas en torno a el tema de la identidad, así como dos oficios religiosos, al comienzo y el final del festival respectivamente). Este año, en especial, han contado con la presencia del británico Philip Baldwin, quien el pasado 8 de agosto habló sobre cómo pasó de abogado a activista LGTB y en favor de las personas con VIH y de ahí a hacerse cristiano sin que ello lo viviera como una contradicción.

Como es habitual en las celebraciones del Orgullo, la actividad principal fue la celebración, ayer sábado 11 de agosto, de la gran manifestación desde la Plaza de San Venceslao hasta el parque de Letná. Se estima que unas 40.000 personas participaron activamente (el año pasado fueron 35.000), una cifra que no ha parado de crecer desde 2011, tal y como se muestra en las gráficas de los propios organizadores. Una cifra especialmente significativa si se compara con otros países del antiguo bloque soviético, respecto de los que el Orgullo praguense destaca también por el apoyo institucional y la ausencia de incidentes o contramanifestaciones homófobas. En este sentido, merece la pena señalar que, según estimaciones de los organizadores, cerca de un cuarto de los asistentes procede de estos países, especialmente de Eslovaquia, Polonia y Ucrania. Parece claro que el Orgullo de Praga constituye para muchos la ocasión más cercana y accesible para encontrar una ocasión de libertad que en sus lugares de origen aún resulta muy difícil.

Desde el punto de vista político, ha destacado muy especialmente la implicación del Partido Pirata, tercera formación más votada en las elecciones de 2017, como el más claramente comprometido con la realidad LGTB. Aunque ya habían participado en años anteriores en la manifestación, en esta ocasión lo han hecho con su propia carroza, que, en obvia referencia al partido, ha adoptado la forma de barco pirata. «Como en otras ciudades del mundo, la semana del Orgullo se ha convertido en parte del calendario anual de actividades. El Prague Pride pertenece a nuestra ciudad: habla de libertad, tolerancia mutua y respeto a las diferencias, pero también de divertirse. Para mí, personalmente, es una semana para cargar energías, cuando la ciudad cobra vida y me alegra poder formar parte de ello», ha declarado Zdeněk Hřib, candidato pirata a la alcaldía de Praga.

Fuente Dosmanzanas

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Foto de la marcha del Orgullo de este año en París (Twitter de Alex)

Según informa El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional ha rechazado dar protección a un ciudadano argelino, amenazado de muerte por su familia por ser homosexual, al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia. Aunque es cierto que en años recientes no han trascendido procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años.  

Según relata el diario ceutí, que ha tenido acceso a la sentencia, el ciudadano argelino llegó a Ceuta en abril de 2017, huyendo se su familia. Un hermano suyo, que pronto iba a salir de prisión, le había amenazado de muerte por ser homosexual. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, sin embargo, «los únicos actos de persecución o amenaza» que explica el ciudadano argelino «los expone de forma vaga y sin ninguna acreditación», sin que procedan de las autoridades argelinas sino de su propio entorno familiar. Siempre según El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional solicitó un informe a ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), según el cual el solicitante «no parecía encontrarse en necesidad de una protección» y al abogado de Estado, que se mostró desfavorable a la concesión de una protección internacional.

La Audiencia Nacional va más allá y se permite, de hecho, valorar la situación de las personas homosexuales en Argelia como propia «de una sociedad en transición, donde en principio rigen unos principios ancestrales frente a una realidad mucho más tolerante» y asegura que «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual». 

La decisión de la Audiencia Nacional, a la que la defensa del ciudadano argelino había recurrido, agota la vía para conseguir el asilo por parte del solicitante, que a partir de este momento puede ser deportado.

ILGA: Argelia sí se encuentra entre los países con homofobia de Estado 

Basta con acudir al informe anual sobre Homofobia de Estado que publica ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex) para saber que el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años y con multa de 500 a 2.000 dinares argelinos. Cuando alguno de los autores fuera menor de 18 años de edad, la pena impuesta se agrava hasta los 3 años de prisión y los 10.000 dinares de multa. Por otra parte, también se castiga con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares a «quien cometiere atentado al pudor en público» y en el caso de que «el atentado al pudor consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo», la pena será prisión de 6 meses a 3 años y la multa de 1.000 a 10.000 dinares.

No solo eso: el Código Penal también castiga a quien difunda cualquier tipo de material «que atente contra la decencia» con penas de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares. Según el informe de ILGA, «esto va más allá del alcance de la regulación típica basada en el comportamiento, y sigue una línea que se acerca más a las normas sobre ‘propaganda’ de identidades no heterosexuales como las de Medio Oriente o el Norte de África».

El informe de ILGA recoge como ya en 2016 Reino Unido rechazó una solicitud de asilo interpuesta por un hombre gay argelino, basándose en parte en la falta de procesamientos o arrestos en los últimos años. «Sin embargo, la decisión no tuvo debida cuenta de la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres», deja claro la organización LGTB.

Es más, ILGA recuerda que Argelia ha rechazado las recomendaciones para despenalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que por ejemplo el entramado legal sobre entidades sin ánimo de lucro, información y derecho de reunión, junto con el hecho de que los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo están criminalizadas, «produce un ambiente en el que es no es posible registrar una organización que trabaje temas relacionados con la orientación sexual».

La historia de Anouar Rahmani

Hace pocos meses contábamos en esta misma página la historia de Anouar Rahmani, un escritor y activista argelino que había denunciado la agresión que sufrió un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. «La imagen (de las heridas en la espalda, que hizo públicas) ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad», escribió. Tras la denuncia, el propio Rahmani recibió graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

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Empiezan a frustrarse las esperanzas de mejora para el colectivo LGTB de Malasia. A cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa, están desfilando por los medios de comunicación distintos representantes públicos y miembros del Gobierno para dejar claro que la comunidad LGTB no debe visibilizarse porque «la mayoría de la gente en este país no quiere que su cultura sea promovida abiertamente». Son declaraciones de Fuziah Salleh, viceministra de la Oficina del Primer Ministro, miembro del parlamento nacional y vicepresidenta del Partido de la Justicia Popular de Malasia (PKR o «Parti Keadilan Rakyat», en malasio); una formación integrada en la coalición de gobierno constituida tras las elecciones federales del pasado mes de mayo. El líder juvenil de los musulmanes moderados de Penang Amanah, Saifullah Abdul Nasir, ha asegurado, en referencia al colectivo LGTB, que «respetamos que merecen los derechos humanos básicos y tienen derechos como malasios también, pero su estilo de vida debe mantenerse en un espacio privado».

El Ejecutivo de Malasia se basa en prejuicios populistas sin ninguna base científica para apoyar el ostracismo del colectivo LGTB. La viceministra de la Oficina del Primer Ministro, Fuziah Salleh, ha dicho que es importante para el gobierno «proteger la sensibilidad y la voz de la mayoría» con respecto al tema, especialmente a «los padres que temen que sus hijos se sintieran atraídos por ese estilo de vida» si se promueve abiertamente la cultura de la diversidad.

Con estas y otras alegaciones de similar calado, el gobierno pone de manifiesto su respaldo a la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub de la exposición «Stripes and Strokes» que se celebra en George Town, en el marco del festival cultural de la ciudad. Pero también permite entrever su postura de cara a la promoción de políticas públicas igualitarias, desfigurando las esperanzas que se abrieron con el cambio político del pasado mes de mayo en este país asiático.

Por su parte, el líder juvenil de los musulmanes moderados de Penang Amanah, Saifullah Abdul Nasir, ha pedido que no se le permita al activismo LGTB «transgredir el espacio público». Incluso ha aprovechado el foco mediático para realizar un llamamiento «a todos los que no están de acuerdo con la promoción abierta LGTB en los espacios públicos para que hablen en contra, ya sea en sus redes sociales o a través de declaraciones oficiales en los medios de comunicación». No obstante, este representante se conforma con la invisibilización y añade que «respetamos que merecen los derechos humanos básicos y tienen derechos como malasios también». Eso sí, insiste en que «su estilo de vida debe mantenerse en un espacio privado».

Por su interés, reproducimos íntegramente la declaración que Nisha Ayub (una de las activistas LGTB cuyo retrato fue censurado) ha publicado en su cuenta de Facebook:

«Todavía estoy orgullosa de ser malaya, donde todavía tengo ESPERANZA por una Malasia mejor. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se adelantaron para solidarizarse con esa opresión para las minorías. ¡Estoy tan conmovida de ver que se extiende ese amor y apoyo! Esto no se trata de mí y de la angustia, sino de todas las personas que han sido víctimas de cualquier forma de discriminación o acoso.

Me gustaría preguntar a todos los que constantemente han atacado y extendido el odio hacia mí, por favor siéntanse libres de llamarme cualquier término degradante o dibujarme una cara de cerdo o como quieran llamarme.

No guardo rencor a nadie, pero por favor no condenen a mis padres o familiares que no tengan ninguna relación en este asunto. El nombre de mi padre es mi apellido, él falleció cuando yo era menor. Por favor, no lo juzguen a él ni a los miembros de mi familia solo por mi culpa. Dejen que el alma de mi padre descanse en paz.

Mi quehacer ahora es mi propia acción, soy una adulta consciente y responsable de mi propia acción.

En solidaridad con todos… dejemos de difundir el odio, pero diseminemos el amor y la paz …

Después de todo, todos somos Seres Humanos, ¿no?»

Malasia: LGTBfobia política y social

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado, de hecho, a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. El pasado mes de febrero, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia, se sugería a los homosexuales que “aprender” a ser hetero es igual que iniciarse en la equitación. Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual. Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario.

En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que han reaccionado con horror ni siquiera precisan que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir” alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Fuente Dosmanzanas

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Los dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un año después de su arresto en agosto de 2017, el tribunal de distrito de Kapiri Mposhi, en el centro del país, ha declarado culpables de «actos contra natura» a Japhet Chataba y Stephen Sambo. Los acusados fueron sometidos a la infame práctica de los exámenes anales, considerados por las asociaciones de defensa de los derechos humanos como una forma de tortura. De acuerdo con el Código Penal zambiano, se enfrentan a una pena que puede llegar a los 14 años de cárcel.

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto del año pasado. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. El Código Penal de Zambia prevé una pena de 14 años de cárcel por el «conocimiento carnal de cualquier persona contra natura». Ahora será el tribunal el que fije la pena para Chataba y Sambo.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

El pasado mes de abril, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Dosmanzanas

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La periodista Yevgenia Litvinova ha denunciado la detención de 30 activistas LGTBI en San Petersburgo por protestar contra la prohibición de la celebración del Orgullo. Entre los detenidos se encuentra incluso alguna persona menor de edad. Un año más, los valientes activistas LGTBI rusos se han enfrentado a la represión y a las leyes que impiden su derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, propios de cualquier estado democrático.

Como ocurrió el pasado año y en ocasiones anteriores, y pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo denegaron el permiso para celebrar en las calles de la ciudad la Marcha del Orgullo LGTBI, que trataba de reivindicar los derechos de un colectivo que vive la amenaza constante de las leyes que castigan la supuesta difusión de «propaganda homosexual», pero que en realidad tratan de invisibilizar socialmente a gais, lesbianas, bisexuales y personas trans.

Según el relato de la periodista Yevgenia Litvinova, una profesional fuertemente comprometida con la defensa de los derechos humanos en Rusia que publica en The Russian Reader, los activistas LGTBI habían decidido utilizar los mecanismos legales para poder expresar su protesta contra la prohibición. Así, en vez de celebrar una manifestación conjunta, lo harían cada uno individualmente, pues las leyes rusas permiten que sus ciudadanos puedan protestar de esta manera sin necesidad de ningún permiso o autorización administrativa. Son remarcables las palabras con que Alexei Sergeyev convenció a Yevgenia Litvinova para que se uniera a la protesta por los derechos LGTBI y diera testimonio:

Así, decenas de activistas se dirigieron a la Plaza del Palacio el pasado 4 de agosto, con la intención de desplegar individualmente pancartas reivindicativas. Sin embargo, se encontraron que la plaza estaba acordonada por un fuerte contingente policial y que también se hallaban militantes de ultraderecha nacionalista, conocidos por su LGTBIfobia en traje de camuflaje. En cuanto llegaron y se dispersaron para iniciar la protesta individual, la periodista constató la detención inmediata de Alexei Sergeyev y de Alexei Nazarov, que simplemente ondeaba una bandera arcoíris. Después, fueron detenidos otros 28 activistas, quienes, arrastrados a la fuerza, fueron conducidos a los furgones policiales y posteriormente a diversas comisarías.

Litvinova puedo averiguar que entre los detenidos también se encontraban Yuri Gavrikov y Tanya Sichkaryova, así como una menor de edad. Todos ellos se habían negado a que les tomaran las huellas y las fotografías policiales. Se enfrentan a fuertes sanciones económicas y a penas de hasta quince días de prisión por intentar el simple ejercicio de sus libertades y derechos civiles.

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas LGTBI rusos han vuelto a ser víctimas de la represión policial y de las autoridades, que alientan la homofobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como hemos comprobado, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Fuente Dosmanzanas

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En un intervalo muy corto de tiempo se han producido dos agresiones homófobas: una en el municipio madrileño de Fuenlabrada y la otra en la localidad vasca de Zigoitia. En una nota de prensa remitida este lunes por la asociación Arcópoli, se recoge el ataque en Fuenlabrada a dos chicos que paseaban cogidos de la mano en las inmediaciones de la estación central de Cercanías al grito de: «maricones de mierda, hijos de puta, escorias». Por su parte, el colectivo vasco Lumagorri también ha denunciado una agresión homófoba en Zigoitia; concretamente en una zona en la que se practica cruising. Lumagorri alega que «apoyará a todas las personas que sean objeto de alguna agresión, sea de la índole que sea» y solicita que testigos y víctimas de este u otros casos de LGTBfobia les contacten a través del teléfono 633 309 653.

Y.A. de 23 años y J.D. de 37, una pareja de hombres abiertamente gais, se encontraban caminando de la mano en las inmediaciones de la estación central de Fuenlabrada cuando fueron víctimas de una agresión homófoba. El agresor, de unos 24 años, comenzó a increparles y de ahí pasó a las manos. Incluso tras la advertencia de las víctimas de que iban a llamar a la policía el atacante, que ya ha sido identificado gracias a la colaboración de los trabajadores de Renfe, espetó que «me da lo mismo la policía. A vosotros os voy a matar como vuelva a veros por Fuenlabrada. He llamado a mis amigos y os vamos a dar una paliza».

Uno de los chicos recibió un puñetazo y fue atendido en un centro de salud cercano con pronóstico de lesión pareo occipital derecha e inflamación. Posteriormente, acudieron a urgencias, ya que no se encontraba bien y había tenido vómitos y otalgia en el lado del puñetazo. Asimismo, tal y como recoge el comunicado de Arcópoli, presentaba dolor cervical y mareo. Se quedó en observación toda la noche para control del dolor. Arcópoli y Fuenla Entiende señalan que han ofrecido apoyo jurídico y sicológico a Y.A. y J.D.

Desde el pasado 1 de enero, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha registrado 186 incidentes LGTBfóbicos, incluyendo este último de Fuenlabrada, que ya se ha llevado ante la Fiscalía de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid. Además, las víctimas de este suceso violento también presentaron la correspondiente denuncia en una comisaría de la Policía Nacional. Fuenla Entiende defiende que «la denuncia es la mejor arma para poder actuar y conocer la realidad a la que nos enfrentamos y acabar con esta lacra que nos afecta».

Por su parte, el colectivo vasco Lumagorri también ha denunciado una agresión homófoba en Zigoitia; concretamente en una zona en la que se practica cruising. Al parecer, unos individuos acudieron en coche a este espacio de cruising y, tras provocar algunos desperfectos en los vehículos aparcados, se dispusieron a gritar, increpar y tirar piedras a las personas que allí se encontraban. Ocurrió en la madrugada del 4 a 5 de agosto. Lumagorri alega que «apoyará a todas las personas que sean objeto de alguna agresión, sea de la índole que sea» y solicita que testigos y víctimas de este u otros casos de LGTBfobia les contacten a través del teléfono 633 309 653.

Fuente Dosmanzanas

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La diputada japonesa Mio Sugita, perteneciente al gubernamental Partido Liberal Democrático, ha realizado unas declaraciones de contenido fuertemente LGTBfobo que han causado gran indignación. Según la representante política, las parejas del mismo sexo son «improductivas»al no tener la capacidad de procrear, por lo que cualquier gasto público en programas contra la discriminación es un dispendio. Asimismo, afirma que la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo «incrementará el número de personas infelices» en el conjunto de la población. Miles de manifestantes se han congregado en Osaka y Tokio para reclamar la dimisión de la diputada, mientras que la directiva de su partido elude cualquier crítica y defiende su derecho a expresar sus propias opiniones.

Mio Sugita, de 51 años, es una diputada de la cámara baja del Parlamento japonés, en representación del conservador Partido Liberal Democrático, actualmente en el Gobierno. El pasado 18 de julio se publicó un artículo firmado por ella en la revista Shincho 45, en el que criticaba la reciente actitud de la prensa japonesa de apoyo a los derechos de los ciudadanos LGBTI.

Según Sugita, este respaldo de los medios al respeto a la diversidad «podría hacer que personas capaces de disfrutar de un enamoramiento normal y casarse se crean que tienen la opción de volverse homosexuales, y como resultado, aumentará el riesgo de que haya más personas infelices». También criticaba cualquier gasto público en programas contra la discriminación de las personas LGTBI, porque «estos hombres y mujeres no tienen hijos, es decir, son improductivos».

La diputada concluía su artículo afirmando que «una sociedad privada de ‘sentido común’ y ‘normalidad’ está destinada a perder ‘orden’ y finalmente a colapsar. No quiero que Japón sea una sociedad así». Las críticas arreciaron en las redes sociales nada más publicarse la revista, pero Sugita se defendió de las críticas, asegurando que incluso un alto cargo de su partido le había enviado un mensaje en el que le indicaba que «debía mantener la cabeza muy alta porque no había dicho nada que estuviera mal».

La persistencia de Sugita en sus declaraciones provocó que se convocaran manifestaciones en Osaka y Tokio, en las que miles de ciudadanos japoneses exigieron la dimisión de la diputada. También hubo reacciones entre el resto de las formaciones políticas, e incluso dentro de su mismo partido.

Taiga Ishikawa, uno de los primeros políticos japoneses abiertamente gay, replicaba a la diputada sosteniendo que «la homosexualidad no es sinónimo de infelicidad. Son los comentarios discriminatorios como los de Sugita los que nos hacen infelices». Ishikawa también consideraba que, dado que la diputada es miembro del partido gobernante, sus declaraciones «dañan significativamente la reputación de Japón de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020».

El diputado Shunsuke Takei, antiguo miembro del Ministerio de Exteriores, afirmaba en las redes sociales que el artículo de Sugita «no es política, sino que se trata simplemente de un discurso de odio». Por su parte, la activista lesbiana Hiroko Masuhara ligaba las palabras de la representante con la idea de eugenesia, comparándolas con las proposiciones que condujeron al asesinato de homosexuales en la Alemania nazi.

Desde su propio partido, el diputado Gaku Hashimoto, que encabeza la comisión de Salud, Trabajo y Bienestar, opinaba que las ideas de Sagita «se puede decir que contravienen toda la política gubernamental sobre bienestar social». Sin embargo, el secretario general de Partido Liberal Democrático, Toshihiro Nikai, prefería mantenerse al margen y eludía cualquier crítica, declarando al respecto que «diferentes personas tienen diferentes puntos de vista, y, por supuesto sus propias posiciones políticas».

Fuente Dosmanzanas

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La declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

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