Caravana migratoria organizada por Diversidad Sin Fronteras / Facebook | Foto: Uso Permitido

Los niños y adolescentes inmigrantes gays y transexuales que huyen hacia los Estados Unidos se encuentran ante la ruda realidad de una política de migración represiva al otro lado de la frontera. Sin embargo, tampoco desean regresar a sus países de origen donde son discriminados y vejados por sus padres y familiares.

El gobierno de Donald J. Trump ha sido fuertemente criticado por la forma cómo, recientemente, separó a unos 3.000 menores de edad inmigrantes de sus padres tras ser detenidos cruzando la frontera ilegalmente. Ahora, permanecen custodiados en centros de internamiento.

Las imágenes de llantos y los pequeños enjaulados recorrieron el mundo. Dentro de este grupo de chiquillos hay niños y adolescentes gays y transexuales quienes se encuentran en el limbo de no poder regresar a sus hogares porque, sencillamente, allí no los quieres.

“El problema con los menores LGBT, principalmente con los transexuales, es que sus padres no quieren saber nada de ellos, y una vez que entran en uno de estos centros, las organizaciones sociales no podemos hablar con ellos, porque sólo permiten el contacto a los parientes. Entonces se quedan aislados. Por suerte les podemos facilitar un abogado, pero no sabemos nada más”, declaró Nakay Flotte, cofundadora de Diversidad Sin Fronteras, en un extenso reportaje sobre este tema publicado por el periódico El Español.

Son dramáticas las historias de vida de estos niños y jóvenes procedentes de Centroamérica que llegan a EEUU huyendo de la violencia y las amenazas de muerte, a veces producidas por sus propios familiares, al intentar imponer un modelo herterocisnormado.

Sin embargo, en los centros de detención continúan sufriendo abusos, violaciones y falta de atención médica, hechos que muchas veces les cuesta la vida.

En marzo de este año el colectivo Diversidad Sin Frontera ayudó a organizar la caravana de cientos de inmigrantes centroamericanos que atravesó México hasta llegar a la ciudad californiana de San Diego con el objetivo de pedir refugio en los EEUU. Dentro de este grupo viajaban unas 35 personas LGBT, de los que cuatro eran menores, dos chicas transexuales de 16 años, una de Guatemala y otra de Honduras, y cuatro chicos gais de entre 12 y 16 años, de Honduras y El Salvador.

“Entraron en EEUU en junio. Sabemos que las chicas transexuales están en centros de detención del norte del país, y los cuatro chicos homosexuales, en estados del sur. Pero no sabemos nada más, ni siquiera cómo los tratan”, lamenta esta activista. “Nuestro miedo no es la deportación, porque ellos cuentan con asistencia legal y están entrenados para no firmar ningún papel que pueda suponer un retorno voluntario. Lo que nos inquieta es cómo se portan con ellos, especialmente con las chicas transexuales”, añade.

“El trato al colectivo LGBT no es el adecuado. La atención médica no es accesible, intentan convencerles para que accedan a la deportación voluntaria y se les tortura verbalmente diciéndoles que son un peligro para la sociedad y cosas peores”, advierte la activista, que teme que si ésta la situación de menores sea similar o peor, ya que “ni siquiera pueden recurrir a nosotros durante los meses que deben quedarse encerrados”, aseguró la vocera de Diversidad Sin Fronteras al recordar el caso de Roxana Hernández, transexual hondureña quien falleció en uno de estos centros en junio de este año por no recibir atención médica a tiempo.

Sharita Gruberg, directora asociada del Proyecto de Investigación y Comunicaciones LGBT en el Center for American Progress (Centro para el Progreso), contó que “las personas LGBT llegadas de Centroamérica arrastran problemas de abusos y prostitución. Vienen buscando protección, pero se encuentran con unos centros de detención que, si ya son terribles para cualquiera, lo son especialmente para este colectivo”, informó a El Español.

Según datos publicados por esta organización, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés: U.S. Immigration and Customs Enforcement) recibió 227 denuncias de abuso y agresión sexual durante 2017, de las que 28 eran relativas a personas LGBT. Esto supone 12% del total de ataques, a pesar de que este colectivo representa solo el 0,14 por ciento de los indocumentados retenidos. En total, homosexuales y transexuales bajo custodia federal tienen 97 veces más probabilidades de ser víctimas sexuales que heterosexuales.

En el caso de los menores preocupa es la falta de información sobre sus condiciones de reclusión. “Con esta administración no podemos saber cómo se encuentran. No hay transparencia. Existen unas reglas para tratar a los menores LGBT, pero actualmente desconocemos si se cumplen”, critica Gruberg.

Rechazo

Aaron Morris, abogado de la organización Immigration Equality, con sede en Nueva York, contó a Efe que de 1,650 casos de inmigrantes LGBT que han procesado a nivel nacional «la tercera parte son latinos«. «Sabemos que transexuales centroamericanos son atacados con impunidad», dijo Morris, quien señaló que a fin de ponerse a salvo por la situación hostil que viven en sus países muchos emigran a Estados Unidos, pero nada más pedir asilo en la garita fronteriza un número no determinado son rechazados.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Aaron Morris, Center for American Progress, Centroamérica, Diversidad sin Fronteras, Donald J. Trump, El Salvador, Guatemala, Honduras, Menores LGTBI, México, Migrantes, Nakay Flotte, Refugiados, Sharita Gruberg

Se juzgará a los autores intelectuales del crimen pero no a los autores materiales

Un Juzgado declara la «nulidad absoluta» del sobreseimiento de la investigación 

(J. B./Efe).- ¿Logrará hacerse justicia sobre el asesinato de Ellacuría y los mártires de la UCA? Después de casi 29 años, El Salvador parece dispuesta a abrir una rendija de esperanza. Así, este martes se supo que un juzgado de la capital ordenó la reapertura del proceso contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de los seis jesuitas, Elba y Celina, el 16 de noviembre de 1989.

Tal y como informó a Efe Arnau Baulenas, letrado y coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), ente que solicitó la reapertura, el Juzgado ordenó a la Fiscalía presentar la acusación para programar la primera audiencia.

«El juez ordena a la Fiscalía que presente un nuevo requerimiento y una vez presentado, se procederá a la audiencia inicial, ahí iniciará el proceso«, señaló Baulenas, quien aseguró que la acusación debe atender una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en la que anuló una ley de amnistía de 1993.

Además, detalló que el Juzgado declaró la «nulidad absoluta» de una resolución del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de seis militares y el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

El Idhuca solicitó en noviembre de 2017 la reapertura de la causa penal contra los «autores intelectuales» de la masacre de seis sacerdotes, de los que cinco eran de origen español, y dos colaboradas que fueron asesinadas en el mismo hecho.

También apuntó que la decisión judicial «se dilató un poco porque se presentaron un par de excepciones por parte de la defensa» para tratar de evitar la reapertura y en las que argumentaban que había «cosa juzgada» y «falta de acción».

«El juez hoy en la resolución ha declarado que no hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción tampoco es procedente», señaló el letrado, quien en noviembre de 2017 aseguró que esta masacre es un «crimen de lesa humanidad«.

Los militares acusados por el crimen son los generales, ya retirados, Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien se enfrenta a un juicio en España por este crimen.

Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como La Tandona, que dirigieron las Fuerzas Armadas durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de «tierra arrasada».

El exrector de la UCA y actual director de Idhuca, José María Tojeira, sostuvo en noviembre de 2017 que esta petición de reapertura no incluye a los «autores materiales» sometidos a una «farsa de juicio» en 1992 y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos uniformados.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón élite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

Por esta masacre solo está en prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados a 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que los religiosos han pedido que sea conmutada.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Alfredo Cristiani, Amando López, Arnau Baulenas, Batallón élite Atlácatl, Compañía de Jesús, El Salvador, Elba Ramos, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Humberto Larios, Idhuca, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Inocente Montano, Joaquín López, José María Tojeira, Juan Rafael Bustillo, Juan Ramón Moreno, Juicio, La Tandona, Mártires de El Salvador, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce, Segundo Montes, Universidad Centroamericana (UCA)

Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.

Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.

Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.

«Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad», declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen «en lo que nos une y no en lo que nos separa», sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.

«La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema», manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un «reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo», haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la «ideología de género», convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el «orden natural» de la sociedad.

Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.

En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.

Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación”, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.

Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).

Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI

El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.

Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:

En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI”, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el   Poder   Ejecutivo   impulsará   la   aprobación  de  leyes  esenciales  para  construir  una  sociedad  más  justa  e  inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.

En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los  derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género;  y  garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.

Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas  de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social,  centros  educativos  o  centros  de  médicos  estatales espacios seguros  para  jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención  psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.

Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador

Hundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por «principios y valores», instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho «historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país». Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.

Sus posiciones contra “una agenda LGBTI” impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.

Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.

El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.

Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.

El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:

Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.

La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios

La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado “secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.

De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Tanto las jerarquías católicas como las evangelistas cristianas de Costa Rica se han mojado en estas elecciones y han usado todos sus recursos disponibles (incluyendo los templos y los oficios religiosos celebrados en ellos) para hacer campaña, a veces velada y otras veces completamente explícita, a favor de Fabricio Alvarado y su partido Restauración Nacional. Los católicos más intransigentes, por tanto, viendo cuestionada la doctrina social emanada de la jerarquía eclesiástica ante el triunfo eventual (ya confirmado) de Carlos Alvarado y el cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparcaron sus diferencias religiosas con los evangélicos y apoyaron incondicionalmente al pastor Fabricio Alvarado.

Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).

En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.

También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.

El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica

Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador frenó el miércoles una reforma de la Constitución para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En su resolución, la Sala de lo Constitucional de ese organismo inhibe a la Asamblea Legislativa de ratificar el acuerdo de reforma que pretendía modificar el texto de los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Asimismo, señala que la reforma se dio con dispensa de trámite, lo que impediría ser estudiada y discutida por la comisión que le corresponde, y que esto no procedía por tratarse de una reforma constitucional, por lo que en este caso los diputados se atribuyeron actos que nos les correspondían.

Por último, afirma que la Asamblea no dio al pueblo la oportunidad para pronunciarse sobre la reforma, pues ésta se dio a pocos días de finalizar su periodo legislativo, por lo que el tema de reformar dichos artículos no fue parte de la fase informativa a la población.

Con los votos de los partidos de derecha, la Asamblea aprobó en abril de 2015 la reforma de los tres artículos ya mencionados y otorgar rango constitucional al matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos.

Además se prohibió que personas del mismo sexo que forman pareja puedan adoptar niños. Para que la reforma entrara en vigencia era necesario que la actual legislatura la ratificara con los votos de 56 de los 84 diputados.

En 2009, siempre con los votos de los diputados de los partidos conservadores, la Asamblea aprobó también una reforma constitucional para prohibir los matrimonios homosexuales, pero tampoco se logró que fuera ratificada en el siguiente periodo legislativo.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Corte Suprema de Justicia, El Salvador, Matrimonio igualitario, Reforma

Un año más, como cada 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Transexual recuerda la violencia ejercida contra las personas trans en el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 se han registrado 325 asesinatos de personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto (basado, en la mayoría de los países, en datos parciales), aunque suficiente para dibujar un panorama desolador.

El Día Internacional de la Memoria Transexual fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo. Una conmemoración especialmente necesaria, puesto que las personas trans siguen siendo el grupo más débil, más estigmatizado y en mayor riesgo de exclusión social de todo el colectivo LGTB.

En dosmanzanas recogemos solo algunos casos de personas transexuales asesinadas, normalmente los que alcanzan mayor eco mediático. El último de ellos, el asesinato de una chica trans de 17 años en Estados Unidos, a la que sus asesinos sacaron los ojos, mutilaron sus genitales, la desmembraron, arrojaron parte de su cuerpo a un gallinero y el resto lo quemaron. Pero el horror va mucho más allá: Según la monitorización anual que Transgender Europe hace de los asesinatos tránsfobos, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 325 personas trans han perdido la vida como consecuencia de la violencia tránsfoba (30 más que en el mismo periodo precedente). Brasil es, un año más, el país con más asesinatos registrados (171, lo que supone un fortísimo incremento: son 48 muertes más que en el periodo precedente). Le siguen, también como en el año anterior, México (56 asesinatos, 4 más que en el periodo precedente) y Estados Unidos (25 asesinatos, 2 más que en el mismo periodo anterior).

Después aparecen Colombia, con 10 asesinatos (4 menos) y Filipinas, con 8. Este último país es de hecho el que registra el mayor incremento en términos relativos (son 7 asesinatos más que en el periodo anterior). Resulta en cualquier caso evidente que las personas trans de América Latina lo tienen especialmente complicado: además de Brasil, México y Colombia, se han registrado muertes en Argentina (7), El Salvador (7), Venezuela (6), República Dominicana (3), Honduras (2) y Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay (1 en cada país). La propia Transgender Europe reconoce, en cualquier caso, que las muertes recogidas en sus informes suponen solo la punta del iceberg,

En esta terrible lista aparece este año España, con 1 muerte: la de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, cuando fallecida al caer de un tercer piso mientras trataba de salvar su vida, tras ser amenazada y agredida por un cliente en la vivienda donde ejercía la prostitución.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2017 se tienen registrados 2.609 asesinatos de personas trans. Asesinatos que podemos considerar de forma global como tránsfobos, aunque como la propia Transgender Europe explica la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo (hace varias semanas recogíamos como la mayoría de las personas LGTB asesinadas en Estados Unidos en 2016 eran mujeres trans de color) el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, vemos que el 69% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado con motivo de esta jornada tan especial. Pinchando en este enlace puedes acceder además a la versión en castellano de la web que esta organización ha lanzado.

Más información…

Sobre los asesinatos recogidos a lo largo del último año por Transgender Europe en todo el mundo, puedes descargar el mapa pinchando aquí, así como consultar una lista con la información disponible sobre cada una de los 290 víctimas (en castellano) aquí. Y pinchando aquí puedes acceder a una lista solo con sus nombres.

También puedes descargar el mapa correspondiente al periodo 2008-2017 aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Asesinatos, Brasil, Colombia, Costa Rica, Delitos de Odio, Día Internacional de la Memoria Transexual, Discriminación, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Lorena Reyes, Memoria Histórica, México, Paraguay, República Dominicana, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Venezuela, Videos

Óscar Romero registraba cada noche lo más notable del día

Del blog de Hilari Raguer:

Su diario del 9 de noviembre de 1979

«… por el hecho de haberse retirado del ministerio, no dejan de ser miembros selectos de la Iglesia»

(Hilari Raguer).- Durante los dos últimos años de su vida, hasta el día en que fue asesinado, Óscar Romero registraba cada noche en cinta magnetofónica lo más notable de su actividad durante aquella jornada. Diez años después de su muerte, la curia arzobispal de San Salvador publicó Su diario, transcripción fiel de aquellas cintas, sin introducción, notas ni comentarios, sólo un documento del canciller certificando la fidelidad de la transcripción.

Ante la inminencia de su canonización se han publicado muchos y merecidos elogios de su actuación, pero, sin ser lo más importante de su personalidad episcopal, creo oportuno divulgar un pasaje del 9 de noviembre de 1979 que no he visto citado ni comentado en ninguna parte. Lo transcribo.

“Otra invitación muy interesante para la noche. Una reunión de ex-sacerdotes que han encontrado en esta reunión fraternal la manera de compartir sus preocupaciones y su situación de sacerdotes retirados del ministerio. Sintieron mucha alegría de que yo estuviera con ellos y me propusieron su idea de crear una comunidad de base.

Yo les animé en su propósito, ya que, por el hecho de haberse retirado del ministerio, no dejan de ser miembros selectos de la Iglesia. Que el carácter sacerdotal que llevan les capacita para una obra de Iglesia, como es una verdadera comunidad eclesial de base, desde la cual tienen que vivir la característica misionera y santificadora de la Iglesia. Noto mucha sinceridad, mucha cordialidad y un gran sentido de adhesión a la jerarquía”.

(Óscar Arnulfo Romero, Su diario, Arzobispado de San Salvador, San Salvador, 1989, p. 329)

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Iglesia Católica El Salvador, Iglesia Católica, Oscar Arnulfo Romero, Sacerdotes secularizados

Activistas trans en la marcha del Día Internacional de la Mujer de El Salvador el pasado 8 de marzo (Foto: José Cabezas/Reuters)

La ONU denuncia que en 2017 ya han sido asesinadas siete mujeres trans en El Salvador, aunque las ONG del país aumentan la cifra a diecisiete.

2016 fue un año trágico para la comunidad trans de El Salvador. Según datos de diferentes organizaciones locales, el número de mujeres trans asesinadas en el país (eminentemente Católico y conservador) fue de, como mínimo, 25. En total se cometieron 81.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lleva al país a tener una de las tasas de asesinatos más alta de todo el planeta.

Este año, según datos del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya son siete las mujeres trans asesinadas, aunque las organizaciones LGTB del país aumentan esa cifra hasta diecisiete.

Karla Avelar es la primera mujer trans nominada al premio Martin Ennals.

En declaraciones a Reuters la activista trans Karla Avelar ha explicado que las bandas locales le han amenazado de muerte y le han extorsionado económicamente en multitud de ocasiones, lo que le ha llevado a tener que cambiar de residencia seis veces en los últimos dos años. Avelar, además, explica que ya ha sufrido dos intentos de asesinato de los que pudo escapar. “Los criminales operan dentro de las instituciones del gobierno“, ha declarado la activista; “Así que ¿cómo puedes confiarles tu vida? ¿Cómo puedes confiar tu seguridad a esas instituciones?”

Karla es una de las finalistas al premio Martin Ennals 2017, un galardón internacional que se entrega a los activistas por los derechos humanos. Pero la activista explica que algunos miembros de bandas criminales de El Salvador ya han comenzado a exigirle parte del dinero del premio a cambio de su vida: “No voy a esperar a que vengan a matarme. ¿Y cómo voy a darles algo que ni siquiera tengo?”

Pintada homófoba que apareció frente a la Universidad Nacional de El Salvador hace unos meses.

Aunque Karla se niega a identificar a los que le han amenazado y por supuesto no quiere revelar dónde vive por miedo a posibles represalias, desde el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU han emitido un comunicado exigiendo al gobierno de El Salvador que tome “medidas urgentes para asegurar la protección de la señorita Avelar y de otros activistas y personas LGTB que están en peligro inmediato de ser víctimas de un delito de odio.“

Fuente | Channel NewsAsia, vía EstoyBailando

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Importantísima votación la que tuvo lugar este lunes 21 de noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por un estrecho margen  (84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones) este organismo puso fin al intento del grupo de Estados africanos de impugnar el nombramiento del primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. El papel de los Estados latinoamericanos fue clave en la neutralización del movimiento homófobo, que en cualquier caso puso de manifiesto la división en dos grandes bloques por lo que al respeto a los derechos LGTB en el mundo se refiere.

Lo recogimos en su momento, como noticia de especial relevancia en el ámbito de los derechos LGTB a nivel internacional. El pasado 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó. La decisión del Consejo de Derechos Humanos (un órgano de Naciones Unidas con sede en Ginebra y formado por 74 miembros rotatorios) fue adoptada por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Semanas después conocíamos el nombre de la persona elegida: el tailandés Vitit Muntarbhorn, un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de las Naciones Unidas. Ha sido relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado en el pasado. En el momento de ser elegido era miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria. Muntarbhorn fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí). Un antecedente que fue especialmente aplaudido, como comentamos entonces, del activismo LGTB internacional.

Pero ni siquiera así los representantes de los Gobiernos contrarios a los derechos de las personas LGTB se dieron por vencidos. A principios de noviembre, el embajador ante Naciones Unidas de Botsuana presentó en nombre de los 57 países del grupo de Estados africanos una propuesta de resolución para pedir la suspensión de las actividades del experto independiente. Y ello hasta que se dirimiese la legalidad de la creación de un cargo para defender la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, unas “nociones” sobre cuya mera existencia, según los proponentes, “no hay un acuerdo internacional”. Para los representantes de los países africanos (ver texto) objetivos más importantes como el derecho al desarrollo y la lucha contra el racismo se verían relegados por el incremento de la vigilancia frente a los abusos contra la población LGTB. Una postura por otra parte habitual entre los estados contrarios al reconocimiento de esta realidad, que suelen luchar de forma denodada contra la inclusión de las minorías afectivo-sexuales en los acuerdos para promover los derechos humanos de todos los individuos.

América Latina frena el intento

La propuesta de los países africanos se votó finalmente este lunes 21 de noviembre en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas (el encargado de los asuntos sociales, culturales y humanitarios), que debía pronunciarse sobre el informe que el Consejo de Derechos Humanos había elaborado y en el cual se incluía la propuesta de nombramiento de un experto independiente. En contra de la propuesta africana, un grupo de países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay) presentaron una enmienda, que fue aprobada por un estrecho margen  84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones. Hay que recordar, en este punto, que la propuesta de nombramiento de un experto independiente partió precisamente de los países latinoamericanos.

El informe final, ya sin la retirada de la propuesta de nombramiento, fue aprobado en una segunda votación por 94 votos a favor, 3 en contra y 80 abstenciones.

A favor y en contra

Resulta especialmente interesante echar un vistazo a la lista de estados que votaron en contra de la creación de esta importante figura, y que conforman lo que ya podemos considerar el “bloque homófobo”. Puedes consultar la lista completa aquí. Pero no resulta demasiado complicado hacer un resumen: la mayoría de los africanos (pero no Sudáfrica); la inmensa mayoría de los países de mayoría islámica, desde, por supuesto Arabia Saudí hasta Azerbaiyán o Indonesia (pero no Albania ni Turquía); China y por supuesto Rusia, el país que en años recientes ha hecho de la LGTBfobia uno de los ejes de su política interior. También votaron en contra Jamaica, cuya sociedad se considera una de las más homófobas del mundo, Singapur o Corea del Norte.

Entre los países que votaron a favor, la inmensa mayoría de los latinoamericanos (Cuba no estuvo presente y Paraguay se abstuvo), los países occidentales y los países de Europa del Este y numerosos países asiáticos y estados insulares del Pacífico. Entre las abstenciones, además de la mencionada Paraguay y de algunos países africanos que prefirieron no sumarse abiertamente a la negativa (como Ruanda o Somalia), nos llamó la atención la de la muy cristiana Armenia.

Colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, se han felicitado por el resultado de la votación, que consideran una muy importante victoria para los derechos de las personas LGTB. Habrá que ver, no obstante, si  los intentos de bloqueo continúan. Sin tener en cuenta, en cualquier caso, que la falta de colaboración de muchos de los países que han votado en contra de la creación de su cargo con Vitit Muntarbhorn se da por segura…

Las funciones del nuevo cargo

El mandato de Vitit Muntarbhorn, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente), es el siguiente:

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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La FIFA ha comunicado nuevas sanciones efectuadas contra las federaciones de varios países, debidas a las infracciones cometidas por sus aficiones durante los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de Fútbol de 2018. Entre los comportamientos objeto de multa se incluyen los cánticos de tinte homófobo, lamentablemente habituales en muchos campos. Varios de los países sancionados son reincidentes, lo que demuestra una vez más el escaso carácter disuasorio de estas medidas disciplinarias.

Los países sancionados por conductas homófobas son Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, México y Perú, con cierre de estadios y multas de carácter económico. El montante de las mismas sigue siendo bastante exiguo, con lo que las consecuencias son dudosas: Chile y México acumulan ambas varias sanciones en los últimos años.

En el caso de Chile, la multa asciende a 65.000 francos suizos (unos 59.500 euros) y la prohibición de utilizar el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en el partido de clasificación para el Mundial del próximo 28 de marzo de 2017 frente a Venezuela. La federación chilena ostenta el triste récord de partidos con incidentes homófobos: un total de seis sólo en el último año.

México es otro de los reincidentes: la sanción por las dos últimas ocasiones en las que se han producido cánticos homófobos en sus estadios asciende a 30.000 francos o 27.500 euros aproximadamente. Se trata de la tercera vez en este año (tras enero y junio) que la federación recibe una multa por la conducta homófoba de su afición, y en particular por el desgraciado grito “ehhhh… puto” que realiza cuando el portero rival despeja la pelota. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se ha mostrado contraria a la sanción y ha anunciado que apelará ante la FIFA.

Los demás países apercibidos deberán pagar montantes de 20.000 francos o 18.300 euros (Brasil), 45.000 francos o 42.000 euros (El Salvador), 65.000 francos (Honduras, igual que Chile) y 30.000 francos (Perú, misma cantidad que México) por los últimos episodios de homofobia en sus campos de fútbol. Estas federaciones se libran, sin embargo, del cierre de estadios.

Y es que quizás sea la clausura de los campos de fútbol una sanción más temida que las exiguas multas de carácter económico, que no parecen tener efecto alguno, si tenemos en cuenta el carácter reincidente de la mayoría de las federaciones sancionadas. En todo caso, la sensación es que la conducta homófoba de las aficiones de fútbol, tanto de los equipos como de las selecciones nacionales, son lamentablemente habituales, y que ni FIFA ni las federaciones continentales como UEFA (Europa) o CONMEBOL y CONCACAF (América) están haciendo lo suficiente para erradicarlas de los estadios.

Recordemos, además, que FIFA adjudicó la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol de 2018 a Rusia, y el siguiente, el del 2022, a la Federación de Catar, países donde lo que está penado es la defensa de los derechos de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzas

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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

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Algunas de las federaciones de fútbol, como la chilena, han sido sancionadas por producirse cánticos homófobos por parte de sus seguidores.

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Rusia y algunos países africanos protestan contra una campaña de la ONU, «Libres e iguales», en defensa de la comunidad LGTB para la que se han lanzado seis sellos conmemorativos.

Con sede en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está a cargo de la campaña Libres e iguales, en defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se trata de una serie de seis sellos postales que tratan de reflejar el espíritu de dos resoluciones de la ONU, adoptadas en 2011 y 2015 por el Congreso de los Derechos Humanos, que denuncian la discriminación y la violencia contra personas en base a su orientación sexual o su identidad de género.

Entre los 79 países que integran la lista de los países que actualmente disponen de leyes que discriminan a la comunidad LGTB se encuentran Angola, Botswana, Kenia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zimbawe. Hasta 54 de esos países, junto con Rusia, con poder de veto actualmente, han manifestado su malestar con la campaña.

En nombre del grupo africano, un representante de Tanzania, Justin Kisoka, ha hecho llegar al secretario general de la ONU su profunda preocupación por la «alarmante» presentación, impresión y distribución de los sellos. Según él «contradicen los principios de la ONU, así como la cultura, las normas y las creencias de muchos estados miembros, lo que deja dudas sobre el cumplimiento de las normas y las reglas que rigen el uso del logo y de los recursos» de esta organización internacional. En la Comisión de administración y Presupuesto de la ONU, conocida como la Quinta Comisión, Kisoka solicitó el «cese inmediato de la campaña», así como la implementación de medidas para determinar responsabilidades y la recuperación de los fondos destinados a la financiación de los sellos. En apoyo al grupo africano, Sergey Khalizov, representante ruso, cuestionó el uso de los recursos en el mismo sentido, estando dispuesto a debatir ante la Comisión sobre los diversos asuntos plateados por el grupo africano.

Tras confirmar que la publicación de los sellos está vinculada a la campaña Libres e iguales, Boris Dittrich, director de la campaña del programa de derechos de personas LGTB de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, recalca que los polémicos sellos «reflejan que los derechos fundamentales, así como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la no discriminación pertenecen a cada persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género (…). En lugar de atacar a al ONU por publicar una serie de sellos, el grupo africano y Rusia deberían concentrarse en eliminar la discriminación y la violencia contra las personas LGTB en sus países».

Homosexual de origen cubano, Sergio Baradat, responsable del diseño de los sellos, ha explicado la influencia del Art Decó francés en sus diseños, así como el hecho de haber crecido en Miami. «En uno de los sellos hay una persona transgénero», explica en referencia al que muestra a una persona con alas de mariposa, representando a alguien «que se convierte en quien realmente es y florece (…) Vivimos en un mundo en el que aun si las naciones adoptan el matrimonio igualitario y la igualdad LGTB, todavía tenemos mucho camino por delante, pero estamos dando pasos importantes (…). Hay países en el mundo donde no sólo no nos celebran ni nos respetan, sino que nos golpean y nos asesinan. Pensé que sería una oportunidad maravillosa de usar el arte mediante sellos postales como vehículo para cambiar corazones y mentes«.

La serie de sellos cuenta con el apoyo de los miembros permanentes actuales entre los que se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Israel, Noruega y Uruguay, la delegación de la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Administración Postal de la ONU.

Fuente Agencias

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La Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, frente a las reacciones generadas por las órdenes de captura de los 17 exmilitares señalados por la justicia española como presuntos autores intelectuales y materiales de la masacre del 16 de noviembre de 1989, comunican su posición a la sociedad en general.

1. No deben extrañar las reacciones de los sectores que tradicionalmente se han opuesto a que la justicia brille en El Salvador. Ante la exigencia de verdad y justicia, siempre han sonado tambores de guerra, han anunciado nuevos derramamientos de sangre, han hablado de abrir heridas, de venganza y de inestabilidad en el país. ¿Quiénes realmente atizan la polarización y provocan inestabilidad: los que buscamos la verdad y la justicia, o los que defienden la impunidad?

2. Demasiadas veces se ha escuchado la obscena frase «perdón y olvido”. El dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento y la dignificación de las víctimas. Ese es el camino del perdón cristiano y la senda para la verdadera reconciliación. Exigir justicia no es venganza, sino reclamar que se repare el daño causado.

3. La Compañía de Jesús y las autoridades de la UCA han reiterado muchas veces su disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen. Sin embargo, sigue pendiente que se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidades respectivas, lo cual se hace a través del sistema de justicia, para que posteriormente se pueda ofrecer el perdón.

4. Es cierto que la exigencia de verdad y justicia incomoda a los señalados y preocupa a sus amistades y familiares. Pero no se debe olvidar quiénes son las verdaderas víctimas de los crímenes del conflicto armado y quiénes provocaron tanta humillación, sufrimiento y muerte. Víctimas inocentes son Elba, su hija Celina y nuestros hermanos jesuitas. Víctimas son los niños, mujeres y ancianos del Sumpul y de El Mozote. Víctimas fueron monseñor Romero, los sacerdotes, religiosas y miles de catequistas asesinados durante la guerra. Y todas las personas que fueron violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas.

Estas víctimas nunca han sido centrales para los Gobiernos de posguerra. Se les condenó al olvido y a sus victimarios se les premió con impunidad. Ahora, cuando se acusa judicialmente a quienes la Comisión de la Verdad señaló como responsables últimos de la masacre en la UCA, se pretende hacer pasar como víctimas a los verdugos.

5. Las capturas y la petición de extradición no son un asunto político, como se pretende hacer ver. Las capturas responden a una orden de captura internacional girada a través de la Interpol, cuyo cumplimiento es obligatorio por los compromisos asumidos por El Salvador a nivel internacional en material policial y judicial. Al contrario, ha sido la falta de voluntad política la que ha impedido que se haga justicia en nuestra tierray la que ha obligado a recurrir a la justicia española.

Lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo: queremos que funcione el sistema de justicia salvadoreño y por ello hemos trabajado, aunque sin obtener ningún resultado hasta la fecha.

Mientras la justicia salvadoreña mantenga sus puertas cerradas, no se debe impedir que el caso se ventile en las instancias de justicia internacional. Si los imputados no son culpables de lo que se les acusa, tendrán la oportunidad de demostrarlo en un juicio que ofrece las debidas garantías. Si solo obedecían «órdenes de los políticos”, como declaró un alto militar de la época, deben decir qué políticos les dieron la orden de masacrar a dos mujeres inocentes y a seis defensores de la verdad y la justicia.

Si es cierto que esa orden existió, los altos jefes militares debieron actuar conforme a su conciencia y desobedecerla, pues ya monseñor Romero les había avisado: «Ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice ‘No matar’”.

6. Las reacciones y opiniones contra las capturas realizadas por la Policía responden a los intereses de los responsables de planificar y ejecutar masacres durante la guerra; victimarios que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado y han preferido optar por la impunidad en desmedro de la verdad y la justicia.

Las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por parte del Estado son más graves en cuanto está obligado a defender y proteger siempre los derechos humanos, incluso en situación de guerra.

Quienes decidieron el asesinato de los jesuitas con nocturnidad y alevosía saben perfectamente que no perpetraron «simples asesinatos”. La masacre fue el resultado de un plan pensado y ejecutado con la lógica del terrorismo de Estado, y por ello es un crimen de lesa humanidad. Defender a los que tuvieron la última responsabilidad en los asesinatos e impedir que la justicia realice su misión es avalar el crimen y ponerse del lado de la impunidad.

7. Querer conocer la verdad de lo que ocurrió y llevar el caso ante la justicia no atenta contra el auténtico espíritu de los Acuerdos de Paz. Hay que recordar que las partes negociadoras se comprometieron a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y reconocieron la «necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en los casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos”.

A tal fin, las partes remitieron «la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio […] de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieron sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley” (Acuerdos de Paz, Capítulo I: Fuerza Armada).

Este es el verdadero espíritu de los Acuerdos de Paz, que fue desvirtuado posteriormente por las partes al aprobar la ley de amnistía.

8. La actuación del Gobierno al respecto deja mucho que desear. La PNC no solo cumplió tardíamente la difusión roja, sino que únicamente ha capturado a cuatro militares (tres de ellos de bajo rango y con menos probabilidades de ser extraditados), permitiendo la fuga de 13 exmilitares, entre ellos seis reconocidos exoficiales que nunca se han sentado en el banquillo de los acusados y que son acusados de ser los presuntos autores intelectuales de la masacre.

Además, el Presidente trató el caso como un asunto político al reunirse con los partidos para darles explicaciones por las capturas, sin que haya trascendido el mensaje que les transmitió. Tampoco fue pertinente ni acertado que el Vicepresidente pidiera la no extradición y se uniera así al coro de la derecha política, que pretende seguir manoseando la autonomía e imparcialidad del sistema de justicia.

9. Reconocemos y apoyamos la actuación del Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos, que con valentía y con argumentación sólida ha instado a las autoridades respectivas a cumplir con la ley. Y condenamos las acusaciones e insultos de los que ha sido objeto por parte de los que quieren que la impunidad siga vigente en el país; gente que no tiene ninguna autoridad moral para criticar a un defensor de los derechos humanos.

10. Conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos será un bien para El Salvador, contribuirá a que se haga justicia para la víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y llevará paz a los mismos victimarios.

Solo siguiendo este camino podremos decir con el profeta Isaías: «La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos”. Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, entre verdad y paz. Al contrario, la paz es el fruto de la verdad y de la justicia.

La Libertad, 2 de marzo de 2016

Fuente: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta de que persisten las prácticas de discriminación contra la comunidad LGTB en toda América, aumentando la crueldad en los ataques de odio.

Realizado a petición de la CIDH, el informe Violencia contra personas LGTBI en América, concluye que, en un período de 15 meses analizado, 770 personas de la comunidad LGTB fueron agredidas en el continente americano, denunciando que los prejuicios de la sociedad y el gobierno han impedido investigaciones eficaces que culminaran con el castigo de los responsables de las agresiones, generando un clima de impunidad.

Asimismo, el informe advierte un incremento de la crueldad en los ataques, existiendo víctimas que fallecieron lapidadas, decapitadas, quemadas o hasta empaladas. Muchas víctimas fueron apuñaladas o golpeadas hasta la muerte con todo tipo de objetos contundentes, y en muchos casos fueron asesinadas después de haber estado sometidas a crueles actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes.

Concluido en noviembre de 2015, el informe señala que la parcialidad de los gobiernos «envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada. Esto, a su vez, puede generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia». Otro atenuante que construye este clima es la ausencia de estadísticas precisas sobre el número de víctimas y las características de sus ataques, como tampoco las hay sobre las tasas de condenas penales por asesinatos y otros actos de violencia.

Las 770 agresiones acreditadas tuvieron lugar en países como Cuba, Chile, Perú, Brasil, Haití, Belice, Barbados, Canadá, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Jamaica, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador, República Dominicana y los Estados Unidos. Lo que no significa que no se hayan producido actos de violencia en otros países, o que no hayan sido más numerosos.

La CIDH condena que existan legislaciones que contribuyan a la discriminación y «la violencia contra las personas LGTB» donde «es tácitamente permitida o tolerada». Países como Belice y Trinidad y Tobago disponen de leyes que prohíben la entrada de homosexuales en su territorio; en Chile, Canadá, Bahamas, Paraguay y Surinam se establecen diferentes edades de consentimiento para las relaciones sexuales entre personas heterosexuales y homosexuales; en Peru, Brasil y República Dominicana existen sanciones en códigos militares o policiales para las relaciones entre personas del mismo sexo; el Código Penal de Jalisco, en México, establece como exhibición obscena la mera presencia de una persona transexual; mientras que en Chile, Ecuador y El salvador se protegen «las buenas costumbres».

Si a todo esto añadimos que que muchas víctimas temen revelar su orientación sexual por temor a represalias, así como la carencia de entretenimiento en técnicos y administrativos de justicia, se explican los motivos por los que CIDH considera que existe discriminación en muchos de los países de su ámbito, recomendando aumentar esfuerzos y asignar recursos suficientes para la compilación y análisis de datos estadísticos para prevenir los crímenes de naturaleza violenta y la discriminación por prejuicio a la comunidad LGTB.

Fuente CIDH

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, CIDH, Colombia, Crueldad, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jalisco, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela

La Administración Postal de las Naciones Unidas (UNPA) anunció hace unos días que, por primera vez, ha emitido un set de nuevos sellos con el objetivo de promover la igualdad LGBT en todo el mundo. Disponible en inglés, francés y alemán, las series de sellos tienen como principal objetivo “celebrar la diversidad de la comunidad LGTB“.

Si quieres, puedes hacerte con la serie postal Free & Equal en unstamps.org

La Agencia Postal de las Naciones Unidas (UNPA) ha emitido una serie de seis sellos conmemorativos dentro de su campaña Free & Equal, que celebra la igualdad entre personas homo, bi, trans e intersexuales en todo el mundo, siendo ésta la primera vez que el organismo internacional retrata la naturaleza LGTBI en una serie postal.

El set de seis sellos conmemorativos forma parte de la campaña mundial Free & Equal (Libres e Iguales) de Naciones Unidas para la igualdad de derechos del colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). La campaña fue puesta en marcha y está dirigida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En estos sellos encontramos distintas representaciones artísticas de personas LGTB, desde la imagen de distintas parejas del mismo sexo hasta otra de una mariposa que simboliza la transformación y metamorfosis de una persona transgénero.

El programa Free & Equal de Naciones Unidas ha impulsado desde su puesta en funcionamiento un gran número de interesantes campañas contra la LGTBfobia. Ya sea invitándonos a conocer quién hay detrás de las siglas LGTBI, acercando su mensaje de optimismo y tolerancia a La India o recordándonos 76 motivos para continuar luchando por los derechos del colectivo, gracias a su creatividad y compromiso la realidad y necesidades de LGTBI son conocidas por opinión pública internacional.

En el mismo sentido se encuentra la última campaña del organismo, que a través de su Administración Postal ha lanzado una serie de seis sellos conmemorativos para brindar por la igualdad y la diversidad.

Se trata de la primera vez en la historia de las Naciones Unidas en que la comunidad LGTB es representada en una de sus series postales, que tradicionalmente ponen el foco en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.

Una bella iniciativa que, además de contar con un claro componente coleccionista, ayuda mediante sus exquisitas imágenes creadas por el ilustrador de origen cubano Sergio Baradat a crear una sociedad libre de discriminación homo y transfóbica a nivel mundial.

“Vivimos en un mundo en el que, a pesar de que las naciones (desarrolladas) han acogido con los brazos abiertos la igualdad en el matrimonio (y) la igualdad LGTB, todavía tenemos un camino muy, muy largo por recorrer“, explicó Sergio Baradat, el artista que ha diseñado estos sellos.

Baradat, de origen cubano, lamentó que “hay algunos países en el mundo en estos momentos en los que, no sólo no somos celebrados y respetados, sino que somos golpeados y asesinados” y, por eso mismo, pensó que “sería una gran oportunidad utilizar el arte, utilizar sellos como un vehículo, usando el arte para cambiar los corazones y las mentes“.

El artista señaló que su estilo surge de su admiración por el art déco francés, del hecho de haber crecido en Miami, Florida, y del arte desarrollado a partir del primer cuarto del siglo XX. Baradat cree firmemente que los derechos LGTB son derechos humanos y que todas las personas merecen ser tratadas con igualdad y justicia bajo la ley.

La serie está copatrocinada por las misiones permanentes de Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Alemania, Israel, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, la delegación de la Unión Europea, además de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y la Administración Postal de las Naciones Unidas. Los sellos están disponibles y a la venta en la Sede de la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena. Además, las personas interesadas también pueden comprarlos de forma online.

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Denuncia la «imposición de ideologías religiosas y moralistas»

Destaca el «rol crucial» de Francisco en los futuros cambios

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Violadas y asesinadas por los escuadranos de la muerte en 1980

«Maura, Ita, Jean y Dorothy están vivas y fueron mujeres maravillosas con una entrega generosa»

Desde El Salvador nos llega este conmovedor testimonio de estas cuatro hermanas conocidas en Chile. Nos unimos a las actividades en memoria de estas cuatro mártires por la causa de la justicia y el Evangelio de Jesús que nos libera (NR).

(Madeline Dorsey, en RyL).- Corría el año 1980, cuando comenzaba en El Salvador la guerra entre rebeldes de izquierda que buscaban una reforma social y las milicias represivas del gobierno conservador. Cerca de un millón de personas resultaron desplazadas por el conflicto y más de 75,000 perdieron la vida. Entre los muertos se encuentran miembros de la iglesia, a quienes se les consideraba subversivos por ayudar a los pobres.

La Hermana de Maryknoll Madeleine Dorsey, quien sirvió en El Salvador en ese momento, reflexiona sobre la muerte de cuatro de sus compañeras: la Hermana Ursulina Dorothy Kazel, la misionera laica Jean Donovan y las Hermanas de Maryknoll Ita Ford y Maura Clarke.

El recuerdo de los eventos de 1980 siempre será doloroso y hermoso al mismo tiempo, ya que la fe de la gente querida que perdimos aún nos habla hoy en día. Que yo haya sobrevivido sigue siendo un misterio para mí. Trabajaba con los pobres y tuve las mismas probabilidades de encontrar la muerte que mis compañeras. Ninguna otra Hermana de Maryknoll conocía la complejidad de El Salvador, ni entendía la guerra no declarada del gobierno contra sus propios pobres como yo.

Yo había sido testigo de demasiada violencia ese año y me encontraba sola, sirviendo a una comunidad de 8.000 personas en la Diócesis de Santa Ana. Los recién formados escuadrones de la muerte llegaban por las noches, se llevaban a los jóvenes y, en ocasiones, a sus padres también.

Dorothy Kazel y Jean Donovan, del equipo misionero de Cleveland, trabajaban a hora y media de Santa Ana. Siempre les preocupó que yo estuviera sola. Jean insistía en que no dejara de ir a nuestros días de oración y descanso que planificábamos con anterioridad.

En 1979, cuando el equipo líder de las Hermanas de Maryknoll solicitó voluntarias para unirse a nosotros en El Salvador, Carla Piette, Ita ford, Terry Alexander y Maura Clarke se ofrecieron. Carla llegó el 24 de marzo, el mismo día en que el Arzobispo Oscar Romero fue asesinado mientras ofrecía una Misa. El impacto de su muerte fue sobrecogedor en todo el mundo. Romero denunciaba constantemente la violencia. La voz del pueblo había sido silenciada.

Maura e Ita hicieron trabajo social con los refugiados desplazados. Por designio de Dios, la gentil Maura, tras sólo tres meses y medio en El Salvador, acompañó a Ita, Dorothy y Jean a su martirio.

Es una historia de muerte, sepultura y resurrección. Es la única manera en la que puedo recordar aquellos días desde aquel 2 de diciembre en el que desapareció el automóvil en el que se desplazaban las cuatro misioneras. Dos días de búsqueda después, un granjero le contó a su párroco que había sido obligado a enterrar «cuatro mujeres blancas sin identificar». Literalmente, «volamos» en un jeep hasta esa zona remota.

Entonces vino la dolorosa exhumación. Jean salió primera, su adorable rostro había sido destrozado. Dorothy tenía una expresión tranquila. La cara de Maura parecía emitir un quejido silencioso. Finalmente, estaba la pequeña Ita. Me acerqué para limpiar la tierra de sus mejillas y colocar su brazo cerca de su costado. Nosotras, las Hermanas, caímos de rodillas en reverencia. Sentí como si fuera un momento de resurrección. Sí, sus cuerpos muertos y abusados estaban allí, pero sus almas estaban con el cariñoso Salvador.

Cada 2 de diciembre se celebra con liturgias, reconstrucciones dramatizadas y procesiones la memoria de estas mujeres que sirvieron a la iglesia. En Estados Unidos, varias obras sociales para gente de bajos recursos llevan sus nombres. En El Salvador, también, un proyecto de agricultura autosostenible fue llamado en honor de las religiosas, así como muchas jóvenes de ese país.

Maura, Ita, Jean y Dorothy están vivas, y yo sólo puedo agradecer a Dios por haberlas conocido, querido y apreciado, mujeres maravillosas con dones de entrega generosa.

Testimonio de la Hna. Madeline Dorsey, tiene 92 años y vive en el centro de las Hermanas de Maryknoll en New York.

Fuente Reflexión y Liberación

General, Iglesia Católica Asesinato, Carla Piette, Dorothy Kazel, El Salvador, Hermanas de Maryknoll, Ita Ford, Jean Donovan, Madeleine Dorsey, Maura Clarke, Paramilitares, Terry Alexander, Torturas, Ursulinas

50 AÑOS de CÁRCEL por un crimen de HOMOFOBIA.

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reforma del Código Penal para castigar hasta con 60 años de prisión los homicidios cometidos por «odio» de personas de grupos minoritarios, informó ayer el Parlamento en un comunicado.

La reforma ha sido aprobada con 77 de 84 votos a favor y modifica el Código Penal para «prevenir y reprimir amenazas y homicidios contra las personas, los cuales sean motivados por odio (…) racial, étnico, religioso, político, por razón de su género, identidad y expresión de género».

El Salvador ha dado un paso en contra de la homofobia y en favor de los derechos del colectivo LGBT y ha criminalizado por fin la homofobia en su país. Por lo tanto, un crimen por razones homófobas puede conllevar una pena de cárcel de entre 30 y 50 años.

De hecho, esta ley incluye todo crimen por odio xenófobo, racista, homófobo o religioso, que nos parece estupendo, ya que a veces nos olvidamos del resto de colectivos cuando son muchos los que aún sufren el odio de forma impune en muchos países. Con esta nueva legislación, El Salvador consigue imponerse como un país avanzado, que respeta la individualidad de cada uno y persigue a aquellos que no respeten a sus ciudadanos por motivos tan simples como su raza o su orientación sexual.

La diputada del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Cristina Cornejo Amaya, citada en el comunicado, dijo que la modificación «es de gran importancia para la igualdad, respeto y la defensa de los derechos humanos de toda la población salvadoreña»..

Por su parte, el diputado de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) Guillermo Gallegos señaló que «no es posible que en el país se estén dando asesinatos por odio a la raza o la orientación sexual«.

A finales de mayo pasado la directora de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), Karla Avelar, dijo a Efe que desde 1999 han sido asesinadas unas 300 personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).

También aseguró que de todos los casos «ninguno ha sido judicializado» y que nadie «ha sido penalizado» porque el sistema de justicia salvadoreño los ha dejado «prescribir».

Ahora tocará ver si se aplica la ley en todos sus términos aunque ojalá no tengamos que descubrirlo, porque significará que no existe ya el odio ni la homofobia en el país.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. COMCAVIS-TRANS, Crímenes de Odio, Cristina Cornejo Amaya, El Salvador, FMLN, GANA, Guillermo Gallegos, Karla Avelar

El donativo comprende alrededor de 500 mil comprimidos de Atazanavir y Lopinavir + Ritonavir, que alcanzarán para tres meses de tratamiento gratuito para unas de 1.500 personas infectadas con el virus.

El Salvador ha recibido un donativo de medicamentos antirretrovirales de segunda generación, de parte del Gobierno de Brasil, para la prevención de la transmisión y control de la infección por VIH, valorado en 230.000 dólares.

El donativo de carácter humanitario comprende alrededor de 500 mil comprimidos de Atazanavir y Lopinavir + Ritonavir, que alcanzarán para tres meses de tratamiento gratuito para unas de 1.500 personas infectadas con el virus y que actualmente son atendidos en 20 hospitales de la red pública de salud.

Los medicamentos están indicados para personas con VIH que se encuentran en la segunda línea de tratamiento antirretroviral, debido a que la adherencia al tratamiento de la primera línea no fue efectiva, informó el Ministerio de Salud (MINSAL) de El Salvador.

Los medicamentos, que suman cerca de una tonelada, llegarán este viernes al Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, donde el MINSAL realizó los trámites del desaduanaje, para posteriormente distribuirlos en los 20 hospitales nacionales que cuentan con Clínicas de Atención Integral a personas con VIH.

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, agradeció el donativo del Gobierno brasileño, «que demuestra la excelente coordinación» entre el Programa Nacional de ITS/VIH-Sida de El Salvador y la Dirección de ETS/AIDS/Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de Brasil para «garantizar la salud de las personas con VIH en ambos países».

Las relaciones con el pueblo de Brasil se fortalecieron «por el trabajo conjunto» con el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH), que a partir del 18 de agosto será presidido, durante dos años, por Ana Isabel Nieto, Coordinadora del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA.

La toma de posesión de la presidencia se hará en el marco del Segundo Foro Latinoamericano para la atención al VIH, que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil).

Fuente Agencias

General Ana Isabel Nieto, Atazanavir, Brasil, Donación, El Salvador, Lopinavir +, Minsal, VIH/SIDA, Violeta Menjívar

General, Homofobia/ Transfobia. Cruz Torres, Curso, El Salvador, Funcionarios, ISDEMU