Hungría defiende su ley anti LGTB+ alejándose una vez más de la UE
Ministra de Justicia húngara, Judit Varga,
Hungría tiene previsto recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender su controvertida ley contra la comunidad LGBTQ+.
La Ley de Protección de la Infancia del país, aprobada con un solo voto en contra en junio de 2021, prohíbe hablar de las personas LGBTQ+ en las escuelas y en los medios de comunicación.
La Comisión Europea emprendió acciones legales llevando a Hungría ante el tribunal en julio de 2022, alegando que la ley «discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género».
En aquel momento, la Comisión declaró que la ley «señala y persigue los contenidos que ‘promueven o retratan’ lo que denomina ‘divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, cambio de sexo u homosexualidad’ para menores de 18 años».
En un mensaje publicado en Facebook el miércoles (8 de marzo), la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, dijo que había presentado una contrademanda ante el tribunal. «Hungría no se rendirá», dijo. «Seguimos manteniendo nuestra convicción y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de que la educación es competencia nacional y que los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos«.
Varga afirmó que se habían producido «casos que han salido a la luz en las últimas semanas» que mostraban «claramente» la necesidad de una ley de protección de la infancia «así como de nuevas medidas».
El gobierno húngaro ha declarado anteriormente que la ley tiene por objeto proteger a los niños, no a la comunidad LGBTQ+.
En un discurso pronunciado el mes pasado, según informó Reuters, el Primer Ministro Viktor Orbán defendió la legislación, afirmando que «la propaganda de género no es sólo… cháchara de arco iris, sino la mayor amenaza que acecha a nuestros hijos». Y continuó: «Queremos que dejen en paz a nuestros hijos… este tipo de cosas no tienen cabida en Hungría, y menos en nuestras escuelas».
Condena casi universal de la ley anti-LGBTQ+ húngara
Mientras la Comisión Europea emprende acciones legales, otras instancias también se han pronunciado enérgicamente contra la legislación.
Poco después de aprobarse la ley, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, dijo que Hungría debía ser expulsada de la UE si no daba marcha atrás.
Al mismo tiempo, Rutte, junto con los líderes de otros 16 países de la UE, firmó una carta en la que afirmaba que los líderes «seguirán luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBT+».
Aunque la carta no nombraba explícitamente a Hungría, estaba escrita «a la luz de las amenazas contra los derechos fundamentales y, en particular, contra el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual«.
En diciembre de 2021, la Comisión de Venecia, que asesora al Consejo de Europa, un grupo de derechos humanos, en asuntos de derecho constitucional, decretó que la ley contribuía a crear un «entorno amenazador» para los niños LGBT+ y «sólo deja espacio para una enseñanza unilateral y sesgada, abriendo las puertas a la estigmatización y discriminación de las personas LGBTQI».
La Comisión de Venecia también afirmó que la amplia aplicación y ambigüedad de la ley implicaba que podía violar otros derechos humanos.
Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado
El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.
Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.
Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.
Fuente Pink News/Cristianos Gays
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