Yunuen Trujillo,

Los defensores católicos LGBTQ+ han criticado la decisión de la Corte Suprema de los EE. UU. en 303 Creative, que dictaminó que una diseñadora web podría negarse a prestar servicios a parejas queer basándose en las creencias cristianas del diseñador, y podría hacerlo independientemente de cualquier ley de no discriminación aplicable. (Puede leer más sobre el caso aquí).

Yunuen Trujillo, una abogada que ayuda a dirigir el Ministerio Católico de Lesbianas y Gays de la Arquidiócesis de Los Ángeles, escribió sobre el caso en el National Catholic Reporter.  Trujillo, quien es colaboradora habitual de Bondings 2.0, sugirió que los católicos deberían analizar los fallos de la Corte Suprema “en dos formas de análisis: el análisis legal y el análisis de vulnerabilidad”. El análisis legal “incluye un análisis de la jurisprudencia actual, los argumentos legales y la dinámica de poder en juego”, y la autora, señaló, reconoce que la Corte toma decisiones incorrectas. Trujillo continuó:

“El análisis de vulnerabilidad se enfoca en el impacto en el bien común, con énfasis en la opción preferencial por los pobres y vulnerables. La vulnerabilidad no está determinada simplemente por ser una “minoría”, sino por pertenecer a comunidades minoritarias, comunidades que enfrentan marginación y persecución debido a la opresión sistémica. . .

“Al evaluar la vulnerabilidad en una demanda, es crucial analizar las partes involucradas y los supuestos grupos vulnerables. En los casos en que haya un choque entre dos grupos supuestamente vulnerables, se necesita una evaluación caso por caso para determinar qué grupo es más vulnerable y/o más afectado negativamente por el resultado”.

Trujillo contrastó las afirmaciones falsas de algunos católicos de que la iglesia en los EE. UU. enfrenta persecución con la realidad de que las personas LGBTQ+ enfrentan amenazas reales, y concluyó:

“Si bien 303 Creative v. Elenis podría solo crear una exención limitada a las leyes contra la discriminación, esto abre la puerta a una serie de juicios futuros que continuarán excluyendo, marginando y oprimiendo sistemáticamente a las personas LGBTQ, las más vulnerables en este caso”.

La declaración del New Ways, disponible aquí, dice que el fallo de la Corte “permite peligrosamente que las creencias religiosas se utilicen como armas para discriminar”, perjudicando no solo a las personas LGBTQ+, sino a todas las personas de fe y al país en general. Francis DeBernardo, el director ejecutivo, agregó:

“Las personas LGBTQ+ y tantas otras comunidades marginadas continúan sufriendo mucho en la atmósfera nacional actual, donde la división y la exclusión son rampantes. La religión debe ser una herramienta para ayudar a unir a las personas a través de las líneas ideológicas, no causar un mayor aislamiento en campos que se oponen entre sí”.

Marianne Duddy-Burke

Marianne Duddy-Burke, directora ejecutiva de DignityUSA, destacó en un comunicado que la organización se había sumado a un informe amicus curiae presentado en apoyo de los derechos LGBTQ+ por grupos interreligiosos. Ella continuó:

“Estamos desconsolados de que este Mes del Orgullo termine con un recordatorio tan claro de que la inequidad y la discriminación aún dificultan la vida de nuestra comunidad. Nos volvemos a comprometer con nuestra misión de larga data de trabajar por la justicia, la igualdad y la inclusión total de las personas LGBTQIA+ en nuestra iglesia y sociedad”.

Christine Zuba, una católica transgénero involucrada con Fortunate Families, dijo a Associated Press  que el fallo fue “extremadamente decepcionante y preocupante”, y dijo que la mayoría de los jueces conservadores eran “ingenuos” de que su fallo sería limitado.

Christine Zuba

Mientras tanto, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU., que presentó un informe amicus curiae a favor del diseñador web, elogió el fallo. El cardenal Timothy Dolan de Nueva York, presidente del Comité para la Libertad Religiosa, dijo en un comunicado:

“Este caso nunca fue sobre discriminación. Se trataba de un desacuerdo moral. El gobierno debe permitir que la gente discrepe en temas candentes. Es aún más importante cuando la persona que no está de acuerdo tiene una opinión impopular. La Sra. Smith está perfectamente dispuesta a diseñar otros tipos de sitios web para clientes atraídos por personas del mismo sexo. De la misma manera, los ministerios de la Iglesia brindan bienes y cuidados amorosos a todos los que necesitan asistencia directa, sin hacer preguntas. Los problemas solo surgen cuando el gobierno trata de obligarnos a apoyar, con nuestras palabras o acciones, un comportamiento que creemos que está mal”.

Magistrada Sonia Sotomayor

Una respuesta católica vino de la Corte misma. La magistrada Sonia Sotomayor, en su disidencia, escribió un fuerte repudio a la decisión de la mayoría y abre la puerta a una mayor discriminación. A ella se unieron los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor señaló:

“Hoy, la Corte, por primera vez en su historia, otorga a un negocio abierto al público el derecho constitucional de negarse a atender a miembros de una clase protegida”.

A principios de esta semana, Bondings 2.0 publicó un comentario sobre el fallo 303 Creative de la profesora Leslie C. Griffin, experta en derecho constitucional y cuestiones de libertad religiosa, que también tiene un doctorado en teología. Su artículo,“Why We Should Like Public Accommodations Laws: A Response to ‘303 Creative,’” (“Por qué nos deberían gustar las leyes de alojamiento público: una respuesta a ‘303 Creative'”), está disponible aquí.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 10 de julio de 2023

Fuente New Ways Ministry

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Tres organizaciones católicas, incluida la Conferencia de obispos de EE. UU., han pedido a los Departamento de Educación de EE.UU. detener los esfuerzos para proteger a los atletas transgénero en las escuelas.

La carta conjunta de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB), la Asociación Nacional de Educación Católica y la Universidad Católica de América es un comentario público ya que la administración de Biden busca hacer que la financiación del Título IX dependa del apoyo de las escuelas a los atletas transgénero.

La nueva regla, si se aprueba, prohibiría las políticas generalizadas que obligan a los estudiantes a participar en deportes de acuerdo con su sexo asignado, en lugar de su género. Se podrían permitir excepciones si una escuela o universidad puede probar que obligar a un atleta a participar de acuerdo con su sexo asignado es necesario por razones de seguridad o competitividad.

La carta de los grupos católicos, que reconoce que la iglesia se opone a la “discriminación injusta”, argumenta, sin embargo:

“El NPRM [Aviso de Propuesta de Reglamentación] impone una visión inexacta de la naturaleza humana y la sexualidad. Es internamente inconsistente, impracticablemente vago y no considera un aspecto importante del problema presentado: la intersección de los requisitos del NPRM con la exención religiosa del Título IX”.

Después de una extensa sección sobre las enseñanzas LGBTQ-negativas actuales de la iglesia institucional sobre el género, la carta se refiere principalmente a si las escuelas o universidades religiosas verían afectada su financiación federal si deciden discriminar a los atletas transgénero. La carta afirma que la regla propuesta no es lo suficientemente clara sobre cómo funcionarían las exenciones religiosas, escribiendo:

“Dadas las muchas escuelas religiosas sujetas al Título IX y la prevalencia de creencias religiosas relevantes, el Departamento debe aclarar cómo se aplica la regla propuesta a las escuelas con creencias religiosas contrarias a los requisitos de la regla propuesta. La aplicación de la exención religiosa a las políticas internas de una escuela religiosa sobre participación deportiva debe ser sencilla: la escuela debe tener la libertad de adherirse a sus creencias religiosas en la forma en que ejecuta sus programas deportivos”.

Otra preocupación es que las escuelas religiosas pueden verse afectadas si otras escuelas optan por no competir con las escuelas religiosas que discriminan a los atletas transgénero.

Líderes la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU.  han trabajado durante varios años para detener las políticas de no discriminación que benefician a los atletas transgénero en las instituciones educativas.

A principios de este año, los obispos Robert Barron de Winona-Rochester, como presidente del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, y Thomas Daly de Spokane, como presidente del Comité de Educación Católica, escribieron a los legisladores republicanos en apoyo de su proyecto de ley para prohibir que las mujeres y niñas trans participen en equipos deportivos femeninos. Este proyecto de ley federal se sumaría a leyes similares aprobadas en al menos dieciocho estados. En 2020, dos líderes de la USCCB, los obispos David Konderla de Tulsa y Michael Barber de Oakland, respaldaron una legislación similar que habría terminado con la financiación federal de la educación del Título IX si se permitiera a las mujeres y niñas trans en los equipos deportivos femeninos.

En 2022, como representantes de la USCCB, el cardenal Timothy Dolan de Nueva York, el arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco y el obispo Thomas Daly de Spokane pidieron al Departamento de Educación que no ampliara otras protecciones del Título IX para incluir a estudiantes LGBTQ+ y sobrevivientes de agresión sexual.

La regla propuesta por la administración de Biden sobre los atletas transgénero a la que se oponen los grupos católicos también ha generado críticas de los defensores LGBTQ+ por posiblemente permitir que los casos individuales de discriminación avancen a través del proceso de excepción propuesto.

Sigue siendo lamentable que, aunque existen problemas reales relacionados con la seguridad de los estudiantes, como la violencia armada endémica y los problemas de salud mental intensificados por la pandemia, los líderes católicos persisten en sus esfuerzos por detener las protecciones contra la discriminación destinadas a mejorar el florecimiento de los estudiantes LGBTQ+.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 11 de junio de 2023

Fuente New Ways Ministry

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La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB) ha escrito a los senadores de EE. UU. pidiéndoles que rechacen una reconsideración de la Equal Rights Amendment (ERA), –Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA), en parte porque ayudaría a proteger los derechos de las personas transgénero.

La carta, firmada por cuatro obispos que son líderes de la USCCB, plantea varias objeciones a la ERA en relación con el derecho al aborto, la libertad religiosa y la igualdad LGBTQ+, y la pregunta actual de si la revocación de la fecha límite de 1982 para la aprobación de la ERA, que fracasó, está incluso justificada. legalmente. Sobre los derechos LGBTQ+, los obispos escriben:

“Los defensores han argumentado que las leyes que prohíben la discriminación sexual también prohíben la discriminación basada en la ‘orientación sexual’, la ‘identidad de género’ y otras categorías. . De hecho, el informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de ese año [2020] sobre H.J. Res. 79, una resolución que pretendía eliminar la fecha límite de ratificación de la ERA, declaró que “la prohibición de la ERA contra la discriminación “por motivos de sexo” podría interpretarse como que prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género”. disposición constitucional que, en sentido amplio, pretende prohibir la afectación [sic] de derechos basados en el sexo”.

La ERA agregaría un lenguaje a la Constitución de los EE. UU. que simplemente establezca que “los Estados Unidos o cualquier estado no negarán ni limitarán la igualdad de derechos ante la ley por motivos de sexo”.

En una última sección de la carta, que brinda antecedentes sobre las preocupaciones de los obispos, señala los avances legales realizados para proteger a las personas LGBTQ+ de la discriminación en los últimos años, como la decisión Bostock de la Corte Suprema. Los obispos explican:

“Si se ratificara la ERA, muchos argumentarían que su prohibición de discriminación ‘por razón de sexo’ extiende las protecciones a nivel constitucional a la conducta sexual y las identidades ‘transgénero’. El resultado podría ser una reestructuración radical de las expectativas sociales establecidas con respecto a la diferencia sexual y la privacidad”.

Los obispos alegan que tales consecuencias de la aprobación de la ERA podrían incluir el fin de los espacios segregados por género, como los baños, declarando:

“La ERA también podría afirmarse como una base para obligar al discurso de las personas, como para ajustarse a los ‘pronombres preferidos’. La ERA podría reforzar la afirmación de que los servicios sociales públicos dedicados a las mujeres más vulnerables, incluidos los refugios para personas sin hogar y víctimas de abuso doméstico, debe admitir a los hombres. Los trabajadores de la salud en las instalaciones públicas podrían verse obligados a proporcionar procedimientos de ‘transición de género’, incluso en los niños, y los contribuyentes pagarían por ellos”.

En el documento de antecedentes de los obispos, los obispos presentan su argumento de libertad religiosa. Argumentan que la ERA podría “obligar a las organizaciones benéficas privadas que ofrecen una amplia gama de servicios a sus comunidades a cambiar sus instalaciones, discurso y prácticas para promover el aborto, o para afirmar ‘identidades de género’ o situaciones de vida, en contra de su sinceramente sostenido creencias religiosas y morales”. Las protecciones de conciencia para las organizaciones religiosas supuestamente estarían en peligro, y continúan:

“La ERA también podría dificultar que las organizaciones basadas en la fe compitan en igualdad de condiciones con las organizaciones seculares al solicitar y obtener recursos públicos para brindar los servicios sociales necesarios. Por ejemplo, el gobierno podría argumentar a nivel constitucional que la decisión de no realizar un aborto o una cirugía transgénero es discriminación sexual, por lo que un proveedor de atención médica no es elegible para recibir fondos federales generalmente disponibles (incluidos los reembolsos de Medicare y Medicaid) para su curación. trabajo si se niega a realizar dicho procedimiento”.

Los firmantes de la carta son el obispo Robert Barron de Winona-Rochester, presidente del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud; el obispo Michael Burbidge de Arlington, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida; el cardenal Timothy Dolan de Nueva York, presidente del Comité para la Libertad Religiosa; y el Arzobispo Borys Gudziak de la Archieparquía Católica Ucraniana de Filadelfia, presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano.

No sorprende ahora que la USCCB se oponga a la legislación destinada a mejorar la vida de las mujeres y las personas LGBTQ+ a través de protecciones ampliadas contra la discriminación. La presente carta es una prueba más de que una de las principales preocupaciones de los obispos es asegurarse de que aún puedan recibir fondos del gobierno mientras discriminan a voluntad. Para hacerlo, están dispuestos a usar argumentos que se basan más en avivar el miedo de las personas que en ofrecer un enfoque razonado, como cuando sugieren que los proveedores de atención médica se verían obligados a realizar cirugías de afirmación de género a los niños, una práctica que es casi desconocida. Con este enfoque, pierden de vista el bien común mayor y los beneficios que la ERA podría proporcionar a millones de personas que se enfrentan a diario a la discriminación por su sexo y/o género. No se sabe si la ERA puede resucitar y aprobarse o no. Lo que sí es seguro es que los legisladores deberían ignorar los endebles argumentos de los obispos estadounidenses en su contra.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 7 de marzo de 2023

Fuente New Ways Ministry

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