El desfile del Día de San Patricio en Nueva York acogerá el próximo mes de marzo por primera vez a un grupo LGTB irlandés. El alcalde Bill de Blasio, que rechazó acudir a las dos ediciones anteriores de la marcha precisamente por la exclusión de la comunidad LGTB, sí que participará en esta ocasión.

La polémica en torno a la exclusión de cualquier atisbo de representatividad LGTB en el desfile de San Patricio no es ni mucho menos nueva. Cualquier referencia al tema (banderas, pins, pancartas, etc.) estuvo durante años estrictamente prohibida. Los organizadores del desfile, la Orden de los Hiberneos (Ancient Order of Hibernians, sociedad vinculada al nacionalismo tradicionalista irlandés para pertenecer a la cual hay que tener sangre irlandesa y ser católico) justificaban su negativa en que se trata de “un desfile religioso”, a pesar de que hace años que San Patricio se convirtió en una celebración secular que moviliza a cientos de miles de personas.

Ya en 1993 el entonces alcalde, David Dinkins, boicoteó la marcha después de que los tribunales confirmaran que la prohibición de participar a los grupos LGTB era legal. Una decisión judicial que entonces fue recibida como una gran victoria por el ya fallecido cardenal John O’Connor, arzobispo de Nueva York. Ahí quedó la protesta. Ninguno de los sucesores de Dinkins, Rudolf Giuliani y Michael Bloomberg, repitió el gesto. Sin embargo, hace pocos años la polémica volvía a ganar calado político. En 2009 la entonces concejala Christine Quinn, abiertamente lesbiana (y por cierto rival del actual alcalde Bill de Blasio en las primarias demócratas) intentó reunirse con los organizadores sin obtener respuesta alguna.

La polémica acabó por llegar a la propia Irlanda, donde la postura de los tradicionalistas no encontró precisamente comprensión. La entonces Presidenta de Irlanda, Mary McAleese, rechazó en 2010 el cargo de “grand marshal” del desfile por ese motivo. Y en 2011 fue el ministro irlandés de Exteriores, el laborista Eamon Gilmore, el que criticó abiertamente la discriminación de los colectivos LGTB. “Excluir no es propio de irlandeses”, afirmó entonces Gilmore.

De Blasio, alcalde desde 2014, anunció tras llegar al cargo que no participaría en el tradicional desfile del Día de San Patricio debido a la exclusión del mismo de los grupos LGTB. Fue la primera vez en 20 años, tras el boicot de Dinkins, que el alcalde de la ciudad no estuvo presente en el acto más simbólico de la principal festividad de la comunidad irlandesa. En 2015 los organizadores permitieron desfilar al grupo LGTB de la cadena de televisión NBC, pero De Blasio mantuvo su negativa a participar hasta que se invitara a una asociación LGTB irlandesa.

Dicha invitación se produjo por fin en septiembre del año pasado. La Alianza Lavanda y Verde (Lavender and Green Alliance) se convertirá el próximo 17 de marzo en el primer colectivo LGTB irlandés que marche tras su pancarta por la Quinta Avenida en el desfile de San Patricio. El ayuntamiento de Nueva York y el propio alcalde De Blasio formarán parte del desfile tras el levantamiento del veto a las organizaciones LGTB, según la publicación Irish Central. Los nuevos participantes de la marcha también han invitado al exalcalde Dinkins a desfilar con ellos.

Fuente Dosmanzanas

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Un juzgado ha dictado un auto desfavorable a conceder el cambio de nombre en el Registro Civil a una menor transexual, de 13 años hasta dentro de un mes.

Su madre, Ches Cordero, ha señalado que ya han recurrido esa decisión y seguirán «luchando» porque «ella es una niña desde que nació«.

Incomprensible noticia. Según recoge Diario de Sevilla, una jueza se niega a autorizar que Alexa, una chica adolescente de 13 años, vea reconocida legalmente su identidad femenina. En un mes cumplirá 14 años y estará obligada a tener un Documento Nacional de Identidad que la señalará como un chico pese a que desde su más tierna infancia ha mostrado una identidad femenina.

Cordero ha explicado a que acudieron en 2014 al Registro Civil de Torremolinos (Málaga) para solicitar un cambio de nombre para hacerle el DNI a su hija, ya que es obligatorio a partir de los 14 años. Así, presentaron toda la documentación e informes necesarios, pero la decisión, de hace dos meses, «ha sido negativa». Así, la madre de la menor ha indicado que en dicha resolución se hace referencia a una ley «en la que se dice que las personas transexuales se podrán cambiar el nombre, pero teniendo 18 años» y ha lamentado que «ninguna legislación ampara a los menores transexuales, que no existen en la ley«.

Alexa tiene la fortuna de contar con una familia que la apoya incondicionalmente. Su madre, Ches Cordero, lo tiene claro: “siempre ha sido la niña que es”, ha declarado al Diario de Sevilla. Es por eso que, llegada la adolescencia, la familia solicitó que Alexa viese reconocida judicialmente su identidad femenina. La jueza se lo ha denegado. “Nos dijeron que toda la documentación estaba perfecta, pero que hasta los 18 años no contemplaba el cambio de nombre, que cuando fuese mayor de edad lo solicitase”, explica su madre. “¿Es que Alexa no puede existir hasta que tenga 18 años? Pero es que ella existe ya”, remarca Ches Cordero, temerosa de que cuando su hija haga un viaje de estudios, presente su documentación en un aeropuerto o realice cualquier trámite oficial tenga que pasar el mal trago de dar explicaciones.

La familia ha recurrido el auto judicial, pero aún no tienen respuesta. “En marzo tendrá que sacarse el DNI sí o sí, y tenemos un problema importante, porque ella no quiere tener un DNI que no le corresponda”, indica la madre de Alexa. La situación es es a todas luces incomprensible: la identidad de Alexa es femenina, la documentación aportada por el director del instituto confirma que Alexa estudia en el centro “como la niña que es” y es tratada en femenino en todas las actividades escolares, sus documentos como deportista (juega al baloncesto y practica la natación sincronizada) la reconocen como chica… Incluso dispone de informes médicos y psicológicos en los que, de acuerdo al anacrónico paradigma patologizante, figura el diagnóstico de “disforia de género” de la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género de Andalucía, a la que acude desde los nueve años. La familia también aportó firmas de personas que la conocen desde pequeña y un documento de su propio pediatra. El capricho de la jueza que les correspondió, sin embargo, ha impedido lo que es de sentido común.

«La transexualidad es inmutable e invariable, una persona nace transexual», ha aseverado Cordero, quien ha apuntado, tal y como ha adelantado este lunes al diario Málaga Hoy, que en España, alrededor de 40 menores han solicitado el cambio de nombre y se han emitido 30 autos favorables, pero «todo está sujeto a la interpretación del magistrado«.

Ha explicado que el recurso contra este auto se tramita en la Dirección General de los Registros en Madrid «y vamos a seguir luchando porque ella es una niña desde que nació».

Cordero, que colabora con la Fundación Daniela y Trans Huellas, ha incidido en que «hace falta una ley estatal que contemple a los menores transexuales que existen y que van a seguir existiendo, que no son niños que quieren ser niñas o al revés, son niños o niñas con una genitalidad diferente».

Mientras, en Euskadi, una niña de 4 años sí lo consigue

La arbitrariedad de la justicia española queda aún más de manifiesto si se tiene en cuenta que la noticia se conoce apenas días después de que un juzgado de Tolosa, en Guipúzcoa, haya autorizado el cambio de nombre (de Luken a Lucía) de una niña transexual de 4 años, tal y como habían solicitado sus padres, deseosos de que su hija viese respetada su identidad desde su más tierna infancia.

Su padre, Agustín Arandia, ha explicado a los medios que ni él ni su mujer tenían idea alguna sobre lo que era la transexualidad hasta que su hija, a la que al nacer le fue atribuido sexo masculino, comenzó a hacer evidente su identidad femenina. Un detalle especialmente curioso fue que Lucía prefería utilizar el castellano al euskera para poder referirse a ella misma con adjetivos de género femenino (en euskera los adjetivos son neutros). Lo explica en el siguiente reportaje:

Se hace necesario un ajuste legal

Según explica la madre de Alexa, hasta la fecha se estima que unos 40 niños han solicitado el cambio de nombre, pero solo tres cuartas partes lo han conseguido. No es por desgracia el caso de su hija. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Es hora de actuar: España ya ha quedado rezagada en esta materia.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Cáscara amarga

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El activismo reclama medidas urgentes contra la transfobia después del suicidio de un menor

El suicidio de un menor trans barcelonés a causa del acoso y abuso de origen transfóbico experimentado en su centro de estudio ha motivado numerosos actos de repulsa en toda España que reclaman la investigación del suceso para poder establecer medidas urgentes contra otros casos similares. Las asociaciones de familias de menores trans han mostrado su consternación en 9 actos de repulsa organizados por toda España. Este caso pone de manifiesto la desprotección de los y las menores del colectivo transexual y transgénero en el entorno educativo, tal y como han destacado varias de las asociaciones organizadoras de los actos.

Un emocionante minuto de silencio frente a la sede del Ayuntamiento de Rubí, seguido de una larga serie de aplausos, han servido este lunes de recuerdo a Alan, el adolescente transexual que se quitó la vida el pasado día 24. Los convecinos del chico se sumaban así a los múltiples homenajes que han tenido lugar en otros rincones de España. Pero la muerte de Alan pone además sobre la mesa la necesidad de actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad.

Concentración ante al Ayuntamiento de Rubí

El acto de Rubí tenía lugar pocas horas después de que a lo largo y ancho de la geografía española se desarrollaran numerosas concentraciones. Las más numerosas, las de Barcelona y Madrid, en la Plaça de Sant Jaume y en la Plaza Pedro Zerolo, respectivamente. Pero no fueron las únicas. También hubo muestras de dolor en Benalmádena, en Binéfar (Huesca), en Burgos, en Cartagena, en Coruña, en Gijón, en Maspalomas, en San Sebastián, en Sevilla, en Valencia, en Zaragoza… Otras localidades, como Logroño, celebrarán concentraciones en próximos días.

Unas concentraciones en las que ha actuado como catalizador Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, a la que la madre de Alan comunicaba la terrible noticia el mismo día de Navidad. “Siento en el alma tener que dar esta terrible y triste noticia. Nuestro hijo Alan se quitó ayer su corta vida de 17 años. No pudo con la presión de la sociedad y nos ha dejado para siempre. Muchas gracias por todo vuestro apoyo recibido”, era el estremecedor mensaje con el que Chrysallis daba a conocer la muerte de Alan. Una muerte que desde Chrysallis no dudan en calificar de auténtico “asesinato social”, como bien dejan claro en el manifiesto hecho público para su lectura en las diferentes concentraciones:

Esta era la primera Navidad que Alan, un chico transexual de diecisiete años de Barcelona, vivía de acuerdo a su identidad. Era también la primera en la que celebrar un DNI recién estrenado. Pero trágicamente ha resultado ser la última. La transfobia en el ámbito escolar ha podido con Alan. Sufrió mucha transfobia a lo largo de su vida; como su madre dice, lo ocurrido no es responsabilidad de una sola persona, sino que cada día durante años alguien se ocupó de que supiera que su diversidad no era aceptada. Entre todos le mataron. No ha sido un suicidio, sino un asesinato social. Las personas transexuales y sus familias sufrimos cotidianamente actos de microviolencia tanto social como institucional, que se acumulan, sumándose a los obstáculos que supone vivir esta situación y que, como le pasó a Alan, se convierten en una carga insoportable.

Desde Chrysallis exigimos a los poderes públicos, a las administraciones educativas y sanitarias, a los encargados de los registros civiles, a los grupos parlamentarios y partidos políticos, y en general a toda la sociedad, que se proteja a los menores transexuales, haciendo que se reconozca y respete su identidad sexual, y que se ataje la transfobia en todos los ámbitos.

La transfobia NOS mata a todos. Todos somos Alan.

Chrysallis no es la única entidad que se han manifestado en estos términos. También desde el Observatori Contra l’Homofòbia han querido expresar su “total repulsa por el asesinato social de Alan”. “Es inadmisible que la transfobia y la violencia que herían cada día la vida y la dignidad de Alan puedan producirse en nuestras escuelas. No podemos permitirnos la falta de políticas contundentes y rigurosas contra el bullying a los menores transexuales. Es imprescindible implementar medidas urgentes que erradiquen las violencias LGTBfóbicas”, continúa el comunicado, que exige a las administraciones públicas “que activen todas las herramientas necesarias para combatir esta lacra social, no podemos esperar más. Hace falta priorizar la lucha contra la transfobia como una emergencia social”. En concreto, la entidad catalana pide desarrollar en su integridad la ley contra la LGTBfobia que el Parlamento catalán aprobó en 2014 y suprimir a todos los efectos cualquier referencia a la “disforia de género”.

También la Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad ha querido denunciar las que considera causas estructurales que hay detrás de tragedias como las de Alan, y en concreto lamenta que los menores transexuales permanezcan excluidos de la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, “lo que lejos de atender a su interés superior, tal y como impone a los órganos legislativos la Convención sobre los Derechos del Niño, obstaculiza el respeto a sus derechos fundamentales, que son menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y sexo registral no coinciden con el sexo que sienten y muestran”. “Desde la Plataforma por los Derechos Trans exigimos urgentemente un cambio en la Ley 3/2007 que incluya a los menores y que se elimine cualquier procedimiento o requisito médico que coarte la identidad libremente determinada”, continúa el comunicado, que pide también “la inclusión en los currículos académicos y en la educación el respeto a las identidades y cuerpos diversos” y que se logre un consenso político para la tramitación urgente de una ley  estatal de transexualidad y de una ley contra los delitos por LGTBIfobia.

Un consenso político al que aludía también la activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, que en un artículo de opinión titulado Alan: cuando la vida ya no importa nada, publicado por varios medios (también por Cristianos Gays) hace un llamamiento a todos la fuerzas políticas, “sean del color que sean y al conjunto de la sociedad para que realicemos un enorme ejercicio de empatía hacia personas que gritan —aunque no los oigas— que quieren respeto y tener su espacio en esta sociedad, al igual que el resto. Que integremos las diferencias en nuestros círculos de convivencia. A los partidos políticos, para que saquen adelante todas aquellas legislaciones que lo faciliten y a las personas para su plena concienciación, ya que los unos sin los otros seguirían siendo un puzle incompleto”.

Otros países ya han dado pasos adelante

Países como Irlanda, Argentina, Dinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente.El modelo de la “muy católica” Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del sexo registral y por tanto extender ese principio a los menores. Malta, precisamente, dio a conocer hace meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento). También Noruega planea un cambio similar que sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, país donde los avances conseguidos en la anterior legislatura quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque después leyes más recientes, como la ley integral de transexualidad de Andalucía  y la de Canarias, o las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporen ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

No debería ser complicado que España siguiera esta nueva senda. El nuevo Congreso de los Diputados salido de las pasadas elecciones arroja, en teoría, una clara mayoría favorable a la aprobación de estas leyes. A lo largo de estos días numerosos representantes políticos de diversos partidos han mostrado públicamente su dolor por la tragedia de Alan. Esperemos que ese dolor, seguro que sincero, se traduzca en hechos.

Fuente Dosmanzanas y Chueca.com

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El proyecto de ley ha entrado en su última fase y está a la espera de la firma del Presidente.

La mayoría de los colegios irlandeses son religiosos y la ley les permitía tomar las medidas que considerasen necesarias «para evitar que los empleados socaven el espíritu religioso de la institución».

La cámara baja del parlamento irlandés ha aprobado recientemente una ley que prohíbe la discriminación a profesores LGBT por su orientación sexual en lo colegios. La ley, que ya ha pasado por el Senado, está a sólo una paso de ser aprobada y firmada por el Presidente.

Hace unos días lo anunciábamos: Ahora llega el momento de impedir que la Iglesia pueda despedir a empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. O al menos, de dificultar esta posibilidad. Así lo anunciaba en Twitter el ministro irlandés de Igualdad, Aodhán Ó Ríordáin, después de que el gobierno hubiera introducido en el Parlamento una propuesta de reforma que obligará a las instituciones religiosas a demostrar que las personas que despidan han producido realmente un daño en su ethos. Se trata, por ejemplo, de que la Iglesia no pueda despedir a profesores contratados por escuelas católicas por el mero hecho de ser personas LGTB a no ser que en su actuación como docentes realmente causen un daño a la institución.

En un país en el que la mayoría de los colegios son dirigidos por instituciones religiosas, la medida pretende eliminar el enfrentamiento para los trabajadores y trabajadoras LGBT. La Red de Igualdad entre Gays y Lesbianas ha declarado que «estamos encantados de que esta enmienda haya superado todas las fases». «Este proyecto de ley es la pieza clave del mapa legislativo que permitirá al colectivo LGBT ser ellos mismos, casarse y tener una familia sin ver amenazado su puesto si trabajan en un colegio religioso», ha añadido.

La enmienda aprobada modificará el artículo 37 de la Ley de Igualdad en el Empleo, según la cual, los hospitales y colegios pueden llevar a cabo las medidas que consideren necesarias «para evitar que los empleados socaven el espíritu religioso de la institución«.

Para la Red de Igualdad entre Gays y Lesbianas «las cláusulas existentes suponen una amenaza de discriminación que ha servido para silenciar a miles de profesores en nuestras escuelas». Además, «la sección 37.1 ha servido para crear un ambiente distendido para muchos trabajadores LGBT», continúa.

La aprobación de este proyecto de ley llega en un gran año para los derechos de las personas LGBT en Irlanda. En mayo de este año se celebró un referéndum sobre la aprobación del matrimonio igualitario que ganó el sí y gracias al cual se ha aprobado recientemente la ley que permite casarse a personas del mismo sexo.

Fuente Cáscara amarga

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Aodhan Ó Ríordáin, ministro de Igualdad

Irlanda continúa dando ejemplo: ahora llega la hora de poner fin a la posibilidad de que la Iglesia católica pueda despedir de forma arbitraria a los trabajadores abiertamente LGTB de sus instituciones educativas o sanitarias.

La actual legislación irlandesa permite a las instituciones religiosas despedir a empleados de sus escuelas y hospitales argumentando que contravienen su ethos (según la Real Academia Española, “conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad”). Un “permiso para discriminar” incluido en la sección 37 de la ley irlandesa de igualdad en el trabajo en 1998 como gesto ante la en otros tiempos casi todopoderosa Iglesia católica irlandesa.

Menos de dos décadas después, sin embargo, la capacidad de influencia de la Iglesia ha disminuido sensiblemente en Irlanda, en buena parte debido al conocimiento de los abusos cometidos durante décadas sobre niños y adolescentes. Un debilitamiento que ha permitido que este país, de fuerte tradición católica, se haya situado en este momento entre los más avanzados en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGTB. Especialmente significativa fue la aprobación en referéndum de una reforma constitucional que hacía posible el matrimonio igualitario (hace pocos días nos hacíamos eco de la celebración de las primeras bodas), pero también la reciente aprobación de una ley que recoge el principio de autodeterminación de género y que permitirá a las personas transexuales ver reconocida su identidad mediante un sencillo trámite sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna.

Ahora llega el momento de impedir que la Iglesia pueda despedir a empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. O al menos, de dificultar esta posibilidad. Así lo anunciaba en Twitter el ministro irlandés de Igualdad, Aodhán Ó Ríordáin, después de que el gobierno haya introducido en el Parlamento una propuesta de reforma que obligará a las instituciones religiosas a demostrar que las personas que despidan han producido realmente un daño en su ethos. Se trata, por ejemplo, de que la Iglesia no pueda despedir a profesores contratados por escuelas católicas por el mero hecho de ser personas LGTB a no ser que en su actuación como docentes realmente causen un daño a la institución.

Un paso en la buena dirección, sin duda alguna.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya os adelantábamos, este lunes 16 de octubre entraba en vigor el matrimonio igualitario en Irlanda, tras un largo proceso normativo para adaptar las distintas legislaciones al nuevo mandado constitucional aprobado por abrumadora mayoría en el referéndum del pasado mes de mayo. La ley irlandesa establece una demora de un día entre la solicitud de la licencia de matrimonio y la celebración legal del enlace, por lo que las primeras bodas han tenido lugar este 17 de noviembre. Se esperaba que más de 300 parejas del mismo sexo formalizasen su unión en el primer día de plena igualdad.

La primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Irlanda ha sido la formada por Richard Dowling y Cormac Gollogly, que han celebrado su enlace en las oficinas del registro civil de la localidad de Clonmel. Ambos cuentan 35 años de edad y son pareja desde hace 12. Se comprometieron tiempo atrás, durante una estancia en España. Según cuenta Richard, la ceremonia de matrimonio ha sido muy sencilla porque “nos unimos civilmente el 18 de septiembre y toda nuestra familia y amigos estaban allí, así que ese fue realmente el día de nuestra boda. Esto sirve para formalizar la legalidad de nuestro matrimonio. Queríamos probar a entrar en los libros de historia por ser los primeros en cruzar esa línea”. La funcionaria del registro civil, Mary Claire Heffernan, confirmaba que efectivamente se trataba del primer matrimonio de una pareja del mismo sexo celebrado en Irlanda.

Richard también ha querido agradecer labor de los activistas en la consecución de la igualdad de derechos para las parejas LGTB: “Me gustaría dar las gracias a todos los miembros de Yes Equality Campaign. Su arduo trabajo realmente ha valido la pena. ¡Qué cambio tan radical ha tenido lugar en Irlanda y qué maravilloso ha sido formar parte de él!”. También agradecía el apoyo incondicional de familiares y amigos: “Nuestros amigos volaron hasta casa para votar desde Londres y Australia, y dos hermanos de Richard, que nunca habían votado, se registraron para hacerlo”.

Pero el matrimonio de Richard y Cormac no ha sido el primero entre personas del mismo sexo en ser legal en Irlanda, pues desde el día 16 han sido reconocidos aquellos que se contrajeron con anterioridad en países con quien Irlanda mantiene un acuerdo de reciprocidad. Ese es el caso de la senadora Katherine Zappone y su esposa Ann Louise Gilligan, que contrajeron matrimonio en Canadá y entablaron una batalla legal en 2006 para que su enlace fuera reconocido en su propio país. Aunque en aquella ocasión el resultado fue infructuoso, nueve años después han podido ver finalmente satisfecho su derecho a la igualdad. La senadora se felicitaba por ello en su cuenta de Twitter: “La Ley de Matrimonio 2015 ha comenzado ahora. Nos alegramos de que reconozca nuestro matrimonio canadiense”.

Deseamos la mayor felicidad a todas las parejas del mismo sexo irlandesas que hayan decidido contraer matrimonio, y damos nuestra enhorabuena a todo el pueblo irlandés por su apoyo a la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Ann Louise Gilligan, Cormac Gollogly, Irlanda, Katherine Zappone, Mary Claire Heffernan, Matrimonio, Richard Dowling, Uniones Civiles

Tras el referéndum del pasado mes de mayo, en el que los ciudadanos irlandeses votaron ampliamente a favor del matrimonio igualitario, comenzó un largo proceso de elaboración de una normativa que adaptase todas las legislaciones afectadas a la nueva situación. Finalmente, la ministra de Justicia e Igualdad ha firmado la orden ejecutiva definitiva para que los matrimonios entre personas del mismo sexo puedan celebrarse a partir de hoy lunes 16 de noviembre. Desde esa misma fecha dejarán de poder celebrarse uniones civiles, aunque se mantendrán las contraídas previamente. También serán reconocidos automáticamente aquellos enlaces entre personas del mismo sexo que se hayan celebrado en países con quien Irlanda mantiene reconocimiento recíproco.

Lo que votaron los irlandeses el 22 de mayo, por una abrumadora mayoría del 62,07 % de los votantes, fue una modificación del texto constitucional que permitiera la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Cumpliendo el mandato popular, el presidente Michael D Higgins firmó el pasado mes de agosto la Trigésima Cuarta Enmienda a la Constitución de Irlanda, con el siguiente texto: “El matrimonio podrá ser contraído por dos personas, conforme a la ley, sin distinción de su sexo”. A partir de ese momento comenzó la elaboración de la normativa que adaptase el grueso legislativo irlandés a la nueva exigencia constitucional, bajo la denominación de Ley de Matrimonio de 2015.

Aunque en un principio se estimó que la entrada en vigor de la nueva ley no demoraría mucho, tanto la complejidad de las reformas que abarcaba el nuevo texto como, sobre todo, el calendario de las cámaras que componen el Parlamento hicieron que se temiese incluso que la aplicación de la reforma constitucional no tuviera lugar hasta el 2016. Sin embargo, se consiguió introducir la Ley de Matrimonio de 2015 a trámite parlamentario el 15 de septiembre. Tras pasar por las diversas comisiones y cámaras, que elaboraron diversas enmiendas, logró ser aprobada definitivamente por el Oireachtas (o Parlamento Nacional Irlandés, compuesto por ambas cámaras legislativas y el presidente) el pasado 29 de octubre.

Tan solo faltaba la orden ejecutiva, que debía partir del Ministerio de Justicia e Igualdad, para implementar la entrada en vigor de la Ley de Matrimonio de 2015. La ministra Frances Fitzgerald la emitió este martes 10 de noviembre, con la demora de cinco días establecida comúnmente para su ejecución. Como el 15 es domingo, día inhábil, la entrada en vigor definitiva tendrá lugar el próximo lunes 16 de noviembre.

En esa fecha, además de poder celebrarse los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en territorio irlandés, se reconocerán automáticamente los enlaces de este tipo contraídos en países con quien Irlanda tiene reconocimiento recíproco. En cuanto a las uniones civiles, dejarán de poder celebrarse, pero seguirán reconociéndose las contraídas anteriormente. En el caso de que la pareja unida civilmente decidiese casarse, la unión civil se considerará disuelta. También desaparece con la nueva ley el requisito exigido a las personas transexuales de tener que divorciarse para ver reconocida legalmente su identidad de género. La nueva ley no obliga a las organizaciones religiosas a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque sí permite hacerlo a aquellas que así lo consideren.

Esperaremos a que se celebren las primeras bodas para dar cumplida noticia, y poder ofreceros la grata imagen de felicidad de las parejas contrayentes.

Fuente Dosmanzanas

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Por quinta vez consecutiva, el matrimonio igualitario ha sido rechazado por la Asamblea de Irlanda del Norte, el único territorio del Reino Unido en el que no es legal. Sin embargo, en esta ocasión los representantes de la Asamblea sí que votaron mayoritariamente a favor de instar al gobierno a legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el Partido Unionista Democrático utilizó la cláusula que exige que la votación alcance un alto porcentaje en cada uno de los dos bloques, unionista y nacionalista irlandés, para ser considerada favorable.

La diferencia entre esta votación y las cuatro anteriores es que, por primera vez, la propuesta de que el gobierno norirlandés legisle el matrimonio igualitario ha sido respaldada por la mayoría de los votantes de la Asamblea. Aunque, ciertamente, esa mayoría ha sido exigua, pues tan solo ha habido un voto de diferencia: 53 representantes han votado a favor y 52 lo han hecho en contra. Han respaldado la propuesta todos los representantes del Sinn Féin y el Partido Socialdemócrata y Laborista (ambos partidarios de la anexión con Irlanda y de tradición católica), a los que se han unido 4 representantes unionistas independientes. En contra han votado todos los diputados del Partido Unionista Democrático y el resto de unionistas (a favor de la permanencia en el Reino Unido y de tradición protestante).

Tras la victoria de los partidarios de la igualdad LGTB, los miembros del gobernante Partido Unionista Democrático han hecho valer la “petition of concern”, una cláusula que exige que las propuestas obtengan una mayoría mucho más amplia, y por parte de ambos bandos (unionista y nacionalista). En concreto, las proposiciones deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La “petition of concern” debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, con lo que han bastado las firmas de los 37 diputados del Partido Unionista Democrático para hacerla valer.

La “petition of concern” fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores. Por ello han arreciado las críticas por su utilización respecto a un asunto de derechos civiles de las minorías como es el matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como de la protestante, aunque en esta última el sostén, aun siendo también mayoritario, es significativamente menor.

De hecho, eegún una encuesta, el 64 % de la ciudadanía de Irlanda del Norte está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que el principal partido político protestante en la provincia continúa bloqueando la legalización de este tipo de uniones.

Denuncias de abuso en el derecho a veto

John O’Doherty, director de programas de The Rainbow Project, expresaba su desacuerdo con la actitud de los unionistas: “Es cierto que el Partido Unionista Democrático ha abusado de la ‘petition of concern’ para bloquear esta votación y está haciendo caso omiso de la voluntad de la Asamblea y del pueblo de Irlanda del Norte, pero no vamos a permitir que eso mengüe nuestra alegría… nuestra campaña continúa y no concluirá hasta que el matrimonio igualitario sea una realidad en Irlanda del Norte”.

Por su parte, Patrick Corrigan, director de programas de Amnistía Internacional en Irlanda del Norte, declaraba que “el abuso de la ‘petition of concern’ para restringir en lugar de defender los derechos de un grupo minoritario significa que la Asamblea ha fallado de nuevo en cuanto a mantener el nivel de legislación sobre igualdad de otras partes del Reino Unido e Irlanda. La batalla por la igualdad en Irlanda del Norte ahora se trasladará a los tribunales, donde las parejas del mismo sexo han sido forzadas a acudir para asegurar sus derechos como ciudadanos de este país”.

Efectivamente, con el frente parlamentario nuevamente cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, fue presentada el pasado 13 de enero ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

En todo caso, Irlanda del Norte sigue siendo el único territorio del Reino Unido sin matrimonio igualitario, tras la aprobación de las leyes de Inglaterra y Gales y posteriormente Escocia. Una situación que es aún más paradójica desde el resultado ampliamente favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo del  referéndum que se celebró el pasado mes de mayo en la vecina República de Irlanda.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Discriminación, Irlanda, Irlanda del Norte, John O’Doherty, Matrimonio, Partido Socialdemócrata y Laborista, Partido Unionista Democrático, Patrick Corrigan, Reino Unido, Sinn Féin, The Rainbow Project

La senadora Katherine Zappone y su esposa, Ann Louise Gilligan renovarán sus votos en 2016 en Irlanda.

El matrimonio igualitario ya es legal por Ley en Irlanda desde este jueves, 29 de octubre, cinco meses después de la celebración del referéndum histórico. Así se convierte en el primer país del mundo en aprobar los matrimonios gays en una consulta popular. Las primeras bodas de parejas del mismo sexo podrían tener lugar en dos semanas. ‘La Comisión Presidencial ha firmado la Ley«, han dicho desde la oficina del presidente en un comunicado justo el día en el que el primer mandatario Michael D Higgins, realiza una visita a los EE.UU..

Por segunda vez, Dublín se vestía con los colores arcoíris. La primera vez, el pasado 23 de mayo de 2015 con epicentro en el mítico Panti Bar, junto al río Liffey, convertido en un reguero de espumosa Guinness para celebrar la histórica victoria. El país católico por antonomasia, donde la homosexualidad era «ilegal» hasta 1993. El «sí» se impuso por el 62% de los votos frente al 38,%, según confirmó la Comisión del plebiscito. A favor de los matrimonios gays votaron 1.201.607 irlandeses, casi el doble de los 734.300 que lo hicieron en contra. La participación fue al final del 60%, una de las más altas nunca registradas en un referéndum.

El Senado aprobó el proyecto de ley la semana pasada. Todo lo que se necesita ahora es una orden de inicio firmada por la ministra de Justicia y las primeras bodas podría tener lugar en dos semanas, la llamada ‘Marriage Bill 2015’. La senadora, Katherine Zappone, dijo que se trataba de «un momento decisivo y muy emotivo para aquellos de nosotros que han hecho campaña durante tanto tiempo. Esta victoria verdaderamente pertenece a la nación, es un momento histórico para todos nosotros», dijo en un comunicado.

Zappone propuso matrimonio a su pareja, Ann Louise Gilligan, en vivo y en la televisión después de que se anunciaran los resultados del referéndum. Renovarán sus votos en su país, después de casarse en Canadá, para el año nuevo.

‘Queremos rendir homenaje a los políticos nacionales en Irlanda ya que todos los principales partidos han dejado de lado sus diferencias partidistas para hacer campaña por el mayor objetivo de la igualdad’, ha dicho Evelyne Paradis, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.

Fuente Ragap

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Han pasado ya más de ocho años y medio desde que entrase en vigor la ley española de identidad de género. Una norma que en aquel momento supuso un enorme paso adelante sobre la situación previa, que exigía un proceso judicial, y que incluso hoy día sigue colocando a España por delante de muchos países de nuestro entorno, pero que sigue manteniendo la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que presume –cada vez con menos razón– de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB debe ya replantearse.

Países como Irlanda, Argentina, Dinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la muy católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, dio a conocer hace pocos meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento).

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. A lo largo de estos últimos meses hemos visto también como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia emitía un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que también sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, país donde los avances conseguidos en la anterior legislatura quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque después leyes más recientes, como la ley integral de transexualidad de Andalucía  y la de Canarias, o las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporen ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo.

Una demanda que nació en los márgenes

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una demanda marginal de los colectivos, aunque no está de más mantener viva la memoria histórica y recordar que fue la presión de los grupos más radicales (en su acepción más literal: aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que mantuvo viva la reivindicación y la hizo crecer hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado cuatro años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo.

Instituciones, todo sea dicho, que por el momento poco han hecho a la hora de forzar a los estados a actualizar sus legislaciones.

Los colectivos se movilizan

Así lo exigen los diferentes colectivos LGTB y de personas trans con ocasión de la celebración, el 24 de octubre, del Día Internacional por la Despatologización Trans. El Grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha convocado, por ejemplo, una marcha que partirá desde la madrileña Plaza de Chueca, a las 19:00 horas de la tarde. Entre las demandas de la FELGTB para este día se encuentra la inmediata y definitiva retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. Por lo que se refiere a España, la FELGTB pide que se adecúe la legislación a esta realidad, “cejando en su empeño de exigir diagnósticos médicos para reconocer los derechos de las personas transexuales”. El Grupo de Políticas Transexuales de la FELGTB exige también medidas referentes a luchar contra la transfobia en el ámbito laboral, la protección de las trabajadoras sexuales y el reconocimiento los derechos de las personas transexuales menores e inmigrantes. Puedes descargar su manifiesto para este día pinchando aquí.

Demandas similares a las de Fundación Triángulo, para la que, sin negar los avances obtenidos, es necesaria “la adopción a nivel estatal de una Ley de identidad de género que reconozca este derecho fundamental de todos los ciudadanos, el derecho a ser y desarrollarse libremente y sin presiones; la  defensa de los menores transexuales, de sus derechos sanitarios y educativos”. Fundación Triángulo reclamará hoy la identidad de género como un derecho fundamental bajo el lema “Mi identidad es mi derecho” (#MiIdentidadEsMiDerecho en Twitter).

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, por su parte, ha hecho público un manifiesto en el que niega cualquier tipo de reconocimiento a la American Psychiatric Association (APA) ni a la Organización Mundial de la Salud para “decidir sobre nuestras identidades ni las de nuestras hijas e hijos”. “No toleramos ningún tipo de tutela psiquiátrica o psicológica encaminada a coartar nuestra autonomía, rechazamos el rol paternalista del Estado y sus intentos de control sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, no identificamos ni la disforia ni la incongruencia como definiciones válidas de la transexualidad, no avalamos la supuesta ‘especificidad’ de los tratamientos, que determina el poder político sobre nuestros cuerpos convirtiéndonos en objetos de la medicina”, prosigue el texto.

La plataforma reivindica, en este sentido, la eliminación de todas las categorías diagnósticas que afectan de una u otra manera a las personas trans, el derecho a recibir una atención sanitaria “que no implique segregación ni praxis patologizantes” y un acceso a dicha atención sanitaria que supere el modelo de las clásicas “UTIG” (unidades de trastornos de identidad de género), “encaminadas a las modificaciones corporales, las cuales siguen siendo concebidas, intolerablemente, como el ‘tratamiento’ indicado para un padecimiento diagnosticado, y nunca como un modo de atención armonizadora de expresión del ser”.

Por cierto que la convocatoria de Madrid arriba mencionada no es ni mucho menos el único acto convocado con motivo de este día. En la web de la Campaña Stop Trans Pathologization podrás encontrar información sobre diversas convocatorias tanto en el resto de España como  en otros países de África, América Latina, Asia y Europa.

Petición en change.org

Por cierto que sigue viva una petición promovida desde hace tres años por Carla Antonelli en la plataforma change.org a favor de la despatologización de la transexualidad y que lleva reunidos más de 90.000 apoyos. Si aún no lo has hecho, puedes sumarte aquí.

Fuente Dosmanzanas

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La cámara baja del Parlamento alemán aprobó el pasado jueves una nueva ley de ampliación de derechos de las parejas del mismo sexo en tres ámbitos concretos. La gran coalición de Gobierno entre democristianos y socialdemócratas rechazó, sin embargo, una propuesta que incluyera la adopción conjunta y dos mociones de apoyo al matrimonio igualitario presentadas por la oposición.

Lo adelantábamos el pasado mes de mayo: presionado por el debate generado a raíz de la aprobación en referéndum del matrimonio igualitario en Irlanda, el SPD anunciaba entonces un proyecto de ley para equiparar los derechos de las parejas casadas con los de las uniones civiles en una serie de disposiciones legales. Un procedimiento de “parcheado” al que ya nos tienen acostumbrados y que la oposición tacha de incompleto y chapucero, pero que parece ser el único con el que los democristianos transigen.

La nueva ley, aprobada el jueves en última lectura con los votos de la CDU/CSU y SPD, contempla la modificación de unas doce regulaciones que afectan a las causas civiles, las ejecuciones judiciales y el derecho de arrendamiento. Los partidos gobernantes, no obstante, votaron en contra de una propuesta de Los Verdes (Die Grünen) para conseguir una equiparación más completa de las uniones civiles y los matrimonios (que incluyera por ejemplo la adopción conjunta). También rechazaron sendas mociones de Los Verdes y La Izquierda (Die Linke) de apoyo al matrimonio igualitario.

Durante el debate parlamentario se escucharon en el Bundestag argumentos contra la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo que fueron superados hace tiempo en la gran mayoría de los países de Europa occidental. Así, la diputada de la CDU Sabine Sütterlin-Waack volvió a insistir en que la medida requeriría una reforma constitucional; la ley fundamental alemana establece simplemente la “protección especial del matrimonio y la familia”. Los socialcristianos bávaros de la CSU viajaron más atrás aún en el pasado al reivindicar la familia tradicional como “origen de la vida” para oponerse a la igualdad LGTB.

Los socialdemócratas continúan en la indefinición

La posición más comprometida es sin duda la de los socialdemócratas del SPD, partidarios en teoría del matrimonio igualitario pero incapaces de superar sus ataduras con la formación de Merkel y apoyar decididamente en el Parlamento esa postura. Sus portavoces en el Bundestag intentaron de nuevo desviar la responsabilidad hacia la CDU/CSU e incluso llegaron a expresar el deseo (que suena casi cínico…) de que la próxima vez que se debata sobre la igualdad matrimonial en la cámara sea para su aprobación definitiva.

Precisamente contra el partido del vicecanciller Sigmar Gabriel se dirigieron las críticas más airadas de la oposición. El portavoz verde Volker Beck calificó de “disparate” y propio “de los años cincuenta” apelar a la Constitución alemana para rechazar los derechos LGTB. Desde La Izquierda también tacharon de “vergonzoso” el seguidismo socialdemócrata de los planteamientos discriminatorios de la CDU/CSU.

En cualquier caso, no pasará mucho tiempo sin que el tema vuelva a discutirse en el Bundestag: hace menos de un mes, el Bundesrat aprobaba una proposición de ley de matrimonio igualitario. Se trata de la segunda vez en dos años que la cámara alta muestra su apoyo mayoritario a la medida, pero en esta ocasión, hay tiempo suficiente hasta las próximas elecciones para que la propuesta llegue a la cámara baja, donde la gran coalición tendrá que retratarse de nuevo.

Fuente Dosmanzanas

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Recientemente se han publicado los datos del último Eurobarómetro, un conjunto de encuestas sobre temas variados a nivel de la Unión Europea. En esta ocasión, se han recogido las opiniones de los ciudadanos comunitarios sobre la aceptación de la realidad LGTB. Los resultados son concluyentes: desde 2006, último año con datos comparables, el apoyo al matrimonio igualitario ha crecido en conjunto del 44% al 61%. España se coloca en la cuarta posición de los 28 Estados miembros.

El Eurobarómetro Especial nº 437 lleva por título “La discriminación en la UE en 2015” y pretende medir la percepción de la misma entre los ciudadanos europeos por diferentes causas: discapacidad, edad, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, religión y sexo. El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio de este año.

Los autores han destacado una serie de conclusiones principales del estudio. Por una parte, destacan que –de manera general– los europeos se mueven en círculos sociales cada vez más diversos, y que la percepción de la discriminación va en aumento, quizás precisamente por ese motivo. La mayoría de los encuestados elegirían para un cargo público a una persona procedente de uno de los grupos en riesgo de discriminación o trabajarían sin problemas con ellos. Los ciudadanos son, sin embargo, menos tolerantes cuando se les pregunta si aprobarían que su hijo tuviera una relación con una de estas personas.

En lo que se refiere a la realidad LGTB, los resultados son esperanzadores, sobre todo en relación a los de los anteriores Eurobarómetros con datos comparables. Por una parte, la visibilidad (de manera global) ha crecido: un 47% dice conocer a una persona gay, lesbiana o bisexual (41% en 2012) y un 9%, a una persona transexual o transgénero (7% en 2012). Un 2% de los encuestados se considera a sí mismo miembro de una minoría sexual, dato que no ha variado.

Tanto la percepción de la discriminación, como la aceptación de las personas LGTB en la política, el trabajo y la familia han aumentado en los últimos años. Las diferencias, con todo, son muy amplias entre los diferentes países. En cuanto a las actitudes personales frente al colectivo LGTB, se preguntó por el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

1. Las personas gais, lesbianas y bisexuales deberían tener los mismos derechos que las personas heterosexuales.
2. No hay nada de malo en una relación sexual entre dos personas del mismo sexo.
3. Los matrimonios entre personas del mismo sexo deberían estar permitidos en toda Europa.

La mayoría de los encuestados se mostraron de acuerdo con las tres afirmaciones (71%, 67% y 61% respectivamente). Los porcentajes más elevados de apoyo al matrimonio igualitario se registraron en Holanda, Suecia, Dinamarca, España e Irlanda, como se puede ver en el siguiente mapa.

Apoyo al matrimonio igualitario en 2015

En comparación con 2006, si bien entonces la formulación de la frase fue ligeramente diferente (“Los matrimonios homosexuales deberían estar permitidos en toda Europa”), el apoyo global ha subido del 44% al 61%, con un incremento espectacular en Irlanda (del 41% al 80%). En España, el apoyo ha pasado del 56% al 84%. Recordamos que entre 2006 y 2015 se han aprobado leyes de matrimonio igualitario en ocho países comunitarios: Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido (salvo Irlanda del Norte), Eslovenia, Finlandia e Irlanda.

Apoyo al matrimonio igualitario en 2006

Cabe felicitarse, por tanto, del creciente apoyo a la comunidad LGTB y a otros colectivos susceptibles de discriminación. Queda un inmenso trabajo por hacer, entre otras cosas para superar las marcadas diferencias regionales (la brecha entre la Europa occidental y la oriental sigue siendo visible). Pero parece claro que la igualdad legal y la visibilidad producen sus frutos en forma de una aceptación creciente de las personas LGTB como merecedores de los mismos derechos y dignidad que el resto de la población.

Fuente Dosmanzanas

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Hace algún tiempo vimos con alegría, y hasta envidia, cómo en las escuelas de Japón enseñaban a los niños las diferentes opciones de diversidad sexual. Hoy, con el mismo sentimiento, miramos hacia Irlanda, porque allí las escuelas de primaria van a lucir el póster que encabeza este post.

Se trata de un póster que muestra los diferentes tipos de familia bajo un lema: Diferentes familias, mismo amor. Y como podéis observar, en él vemos un montón de parejas, algunas con hijos, otras sin ellas, de diferentes edades, razas, sexos… ¡Una maravilla!

El póster es obra de la Unión de Profesores de Primaria de Irlanda (INTO), y ha sido enviado a todas las escuelas del país.

Aunque ha sido criticado por asociaciones católicas (obvio… si se callan explotan por dentro), el mismo ministro de educación, Jan O’Sullivan, ha alabado su contenido porque, a su juicio, será un “recurso que ayudará a los profesores a crear clases inclusivas y un buen impulso a los procedimientos anti-bullying”.

Fuente | PinkNews, vía AmbienteG

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El pasado mes de julio,  avanzábamos la iniciativa parlamentaria para la aprobación del matrimonio igualitario en Australia. En las próximas semanas, se prevé que el Parlamento someta a debate y a votación el proyecto de ley, en el que han participado representantes liberales, laboristas, verdes e independientes. Un proyecto que, sin embargo, cuenta con la oposición del primer ministro, el liberal Tony Abbott. Ante este panorama político, miles de activistas y ciudadanos de todo el país han participado en distintas manifestaciones, a lo largo del fin de semana, para visibilizar el apoyo a la igualdad. El aeropuerto de Canberra, de capital privado, se ha iluminado con los colores del arcoíris y luce el lema de la campaña nacional de Australian Marriage Equality: #WeCanDoThis. El recinto aeroportuario recibe así a los diputados federales que llegan a la capital para debatir sobre el matrimonio entre personas homosexuales.

Las calles de Sídney, Hobart, Brisbane, Melbourne o Perth han acogido, entre otras ciudades, distintas marchas y acciones en favor del matrimonio igualitario. El activismo LGTB de Australia, consciente de lo mucho que se juega en estos momentos, se está movilizando para visibilizar sus reivindicaciones y concienciar a los parlamentarios de cara al debate y a la votación de la ley que permitiría las uniones entre personas del mismo sexo. En los últimos años, la sociedad australiana ha evolucionado, mayoritariamente, hacia posturas inclusivas e igualitarias. Si en 2004 solo un 33 % de la población era partidaria de las bodas entre personas homosexuales, en la actualidad el apoyo ha ascendido hasta el 72 %.

En declaraciones a ‘Same Same’, un medio LGTB australiano, los organizadores de la marcha de Sídney aseguraban que si “ganamos la igualdad de matrimonio en Irlanda y en los Estados Unidos, también podemos ganar aquí”. Por su parte, los activistas de Brisbane advierten de que “si todos los años de campaña nos han enseñado algo es que no hay garantías cuando se trata de los grandes partidos y tenemos que mantener la presión”. Precisamente, por este último motivo (ejercer presión) se han sucedido este fin de semana las marchas igualitarias en distintas ciudades del país. En todas ellas, se ha leído un manifiesto y los participantes han recorrido los centros de los cascos urbanos, elevando sus mensajes por la inclusión legislativa.

Antes de que finalice agosto, está previsto que la Cámara de Representantes de Australia (el equivalente al Congreso de los Diputados) aborde el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario, en el que han participado representantes de las distintas fuerzas políticas australianas (liberales, laboristas, verdes e independientes). Cabe recordar que el primer ministro, Tony Abbott, perteneciente a la Coalición Liberal-Nacional, no ha escondido su oposición a la ley igualitaria. Todavía está en el aire si su postura contraria condicionará el voto de los ministros del Gobierno o, si por el contrario, estos votarán en libertad de conciencia. Para que el texto legislativo obtenga la luz verde es necesario que sea aprobado por la Cámara de Representantes y ratificado, posteriormente, por el Senado. Si la propuesta de ley consigue llegar a la Cámara Alta (Senado), según los últimos cálculos de The Guardian, el resultado podría llegar a depender de tan solo dos votos.

Guiño del aeropuerto de Canberra

Al activismo LGTB de Australia también se ha sumado el respaldo de otros sectores sociales como el empresarial. Uno de los apoyos más sonados ha sido el del aeropuerto de la capital política del país. El recinto aeroportuario se ha engalanado con los colores de la bandera del arcoíris (emblema LGTB), en forma de luces nocturnas, y ha instalado, con grandes letras, el lema de la campaña nacional de Australian Marriage Equality: #WeCanDoThis. Es su forma de dar la bienvenida a los diputados que, en las próximas semanas, tendrán la posibilidad de conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

El aeropuerto es una institución de capital privado, controlado por la familia Snow. Uno de los hermanos, Tom Snow, contrajo matrimonio el año pasado con su marido Brooke Horne en Nueva Zelanda. En la actualidad, la pareja tiene tres hijos. Stephen Byron, director gerente del aeropuerto, defiende que con estas acciones pretenden mostrar su rechazo a la discriminación “ridícula” en contra de las parejas del mismo sexo. Byron ha instado al parlamento a actuar y a que sea “cuanto antes, mejor”, ya que se trata de “un problema que trasciende a la política”.

El activismo LGTB, por su parte, ha alabado esta iniciativa. En palabras de Rodney Croome, uno de los integrantes de Australian Marriage Equality , “el respaldo de las empresas, que normalmente no se involucran en temas sociales, muestra la fuerza de la sensibilidad en la comunidad australiana en el apoyo de la igualdad de matrimonio”. Además, Croome ha añadido que empresas como esta “saben que el matrimonio igualitario no es solo lo que hay que hacer, sino que también es popular entre su personal y clientes”.

Batalla entre partidarios y detractores en TV

Como suele pasar en casi todas las sociedades que plantean avanzar en los derechos de las personas LGTB, en Australia no han faltado las voces representativas de los grupos más reaccionarios. En junio publicábamos la hilarante noticia de una pareja australiana que amenazaba con divorciarse en caso de aprobarse el matrimonio igualitario. Una historia que se convirtió en viral y que fue respondida con toca clase de memes y respuestas humorísticas. Incluso se creó un grupo de Facebook para celebrar su divorcio. No obstante, es digno de mención el hecho de que muchas parejas australianas se niegan a oír textos LGTBfobos en sus bodas, como recogimos hace una semana en dosmanzanas.

La última acción de los sectores conservadores ha sido la puesta en marcha de una campaña de televisión homófoba. Marriage Alliance asevera que “la aprobación no es tan simple como piensa”. Asimismo, plantean preguntas de la siguiente calaña: “¿cómo va a afectar a los niños?”, “¿cómo va a afectar a la educación sexual en las escuelas?” o “¿qué derechos puede perder usted?”. Dos canales, Chanel 7 y Chanel 10, se han negado a emitir el spot de Marriage Alliance, mientras que Foxtel y Chanel 9 la han aceptado en espacios muy selectivos. A continuación, podéis ver el vídeo del citado anuncio homófobo:

En el extremo contrario, Australian Marriage Equality también ha desarrollado una campaña de televisión, que no ha contado hasta el momento con el impedimento de ningún canal. Para mantener su continuidad, la organización LGTB ha abierto, en una página de financiación colectiva, una llamada a las donaciones ciudadanas. El objetivo es recaudar 20.000 dólares australianos (en el momento de publicar esta noticia se habían obtenido 9.575). En el spot en favor de la igualdad aparecen rostros populares en Australia tales como los de Hugo Weaving, Julia Morris, Julie Goodwin, o de jugadores del St Kilda y el Hawthorn, entre otros. Os dejamos con los spots de Australian Marriage Equality:

https://www.youtube.com/watch?v=eZDcgZr4Ldc

https://www.youtube.com/watch?v=W2c6z7P4aks

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI #WeCanDoThis, Australia, Australian Marriage Equality, Brisbane, Cámara de Representantes de Australia, David Leyonhjelm, Discriminación, Estados Unidos, Hobart, Irlanda, Julia Gillard, Kevin Rudd, Malcolm Turnbull, Marriage Alliance, Matrimonio, Melbourne, Partido Laborista (Australia), Partido Liberal (Australia), Partido Liberal Democráta (Australia), Partido Nacional (Australia), Perth, Rodney Croome, Sídney, Tony Abbott, Verdes (Australia)

Buenas noticias las que nos llegan desde Irlanda, cuyo Parlamento ha aprobado sin controversia una ley que recoge el principio de autodeterminación de género y que permitirá a las personas transexuales ver reconocida su identidad mediante un sencillo trámite sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna. Irlanda se une así al selecto grupo de países que ya han dado un paso adelante en este sentido y deja cada vez en mayor evidencia a legislaciones como la española, que en solo unos pocos años han quedado obsoletas.

Irlanda está dando toda una lección al resto del mundo en el campo de los derechos LGTB. Tras la consecución del matrimonio igualitario mediante referéndum, llegaba la hora de proporcionar un marco jurídico digno a las personas transexuales. La primera propuesta legislativa, sin embargo, contó con el rechazo del colectivo trans. Sin embargo, el gobierno irlandés (una coalición entre el centroderechista Fine Gael y el Partido Laborista) daba una vez más muestra de su madurez y decidía tramitar un texto más progresista e inclusivo, alineado con el principio de libre determinación del género mediante autodeclaración de la persona por medio de una declaración jurada. También se eliminaba la controvertida cláusula de divorcio forzado (la versión anterior exigía que las personas solicitantes estuvieran legalmente solteras). Un giro que era aplaudido por Transgender Equality Network (TENI), la principal organización irlandesa en favor de los derechos de las personas trans.

Este 15 de julio la tramitación parlamentaria del proyecto llegaba a su fin. Ya con el visto bueno de las dos cámaras del Oireachtas (Parlamento de Irlanda), solo resta la sanción oficial del presidente de la República, Michael D. Higgins, que se producirá en próximos días, para que el texto sea ley. Culmina así una larga lucha que inició hace ya más de veinte años Lydia Foy, primera mujer trans que acudió a los tribunales irlandeses para ver reconocida su identidad de género en todos los documentos oficiales y que no ha cejado en su empeño de conseguir que Irlanda reconociese sin cortapisas este derecho.

Para TENI, la nueva ley supone un hito para la comunidad trans irlandesa. “Nuestra comunidad por fin sale de las sombras”, ha manifestado Broden Giambrone, su presidente ejecutivo. Una organización que de todas formas ya ha expresado su voluntad de seguir luchando para avanzar en un aspecto que lamentablemente deja fuera la nueva ley: el reconocimiento jurídico de la identidad de los menores trans. Y es que el principio de autodeterminación de género se contempla solo para los mayores de 18 años. Los menores de 16 a 18 años podrán modificar legalmente su identidad, pero mediante un procedimiento complejo (que sí exige valoración médica, consentimiento parental y autorización judicial) mientras que a los menores de esa edad no les quedará más remedio que esperar.

España ya se ha quedado retrasada

Con la aprobación de su nueva ley, Irlanda ha recorrido una senda que antes han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del “sexo registral” de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, acaba de dar a conocer sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales en las aulas (puedes descargar aquí el documento).

Pero no parece que estos países vayan a ser los únicos. En estas últimas semanas, de hecho, hemos visto como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia acaba de emitir un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que sería además extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un gran paso en 2007 al suprimir el proceso judicial -lo que la coloca por delante de numerosos países europeos-, ha quedado “congelado” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Andalucía, Argentina, Broden Giambrone, Cataluña, Chile, Colombia, Dinamarca, Discriminación, Extremadura, Fine Gael, Identidad de género, Irlanda, Malta, Michael D. Higgins, Noruega, Partido Laborista (Irlanda), Transexualidad, Transgender Equality Network

Angela Merkel insiste en el que el matrimonio debería ser solamente entre un hombre y una mujer.

Ángela Merkel, la canciller alemana, ha asegurado en una entrevista realizada para un famoso youtuber con el pseudónimo ‘LeFloid’ que, según su concepción, el matrimonio debe seguir contemplado la unión exclusiva entre hombre y mujer.

En mayo, la canciller descartó que en Alemania se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo tras el histórico referéndum en Irlanda.

Pocas novedades sobre el matrimonio igualitario en Alemania. En dos ocasiones, la canciller Angela Merkel, de la democristiana CDU, ha reiterado recientemente en público su posición contraria al reconocimiento de este derecho. El presidente federal y ex pastor luterano Joachim Gauck, sin embargo, se ha posicionado a favor de la igualdad LGTB.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, la líder alemana no rehúye las entrevistas. El pasado día 11 concedió una al youtuber LeFloid, quien con más de dos millones y medio de seguidores es uno de los más populares del país. Cinco días después mantuvo un encuentro con alumnos en el marco de lo que ha denominado “Diálogos ciudadanos”. La charla tuvo un eco internacional por la reacción de una adolescente palestina cuyos padres, demandantes de asilo, se enfrentan a una posible expulsión. La joven de trece años rompió en lágrimas cuando la canciller afirmó que Alemania no podrá “acoger a todas las personas” y que “algunos se tendrán que marchar”.

Por lo que respecta a los derechos LGTB, la posición de Merkel fue la misma en ambas apariciones públicas: no a la apertura del matrimonio para las parejas del mismo sexo. Durante la conversación en el centro escolar, intervino un joven gay de diecisiete años que preguntó a la jefa del Gobierno por qué tienen diferente consideración las parejas del mismo y de distinto sexo. Merkel tiró del argumentarlo habitual según el cual el matrimonio es, “desde hace siglos”, la unión entre un hombre y una mujer para tener hijos. También se mostró contraria a la adopción homoparental.

El alumno, disconforme con la respuesta, la rebatió citando otras realidades como las familias homoparentales o las parejas heterosexuales sin hijos. La canciller admitió que el debate social existe en Alemania, aunque puso en duda que haya una mayoría favorable al matrimonio igualitario (las encuestas más recientes muestran, sin embargo, que sí la hay). Su interlocutor también rebajó el optimismo de Merkel con respecto a la creciente aceptación social de las personas LGTB, al afirmar que él sigue siendo víctima de insultos homófobos de manera cotidiana.

Más novedosa, si bien cauta, ha sido la toma de posición del presidente alemán, Joachim Gauck. Antes de partir a una visita de Estado a Irlanda, país que precisamente el pasado mes de mayo se convirtió en el primero del mundo en aprobar el matrimonio igualitario en referéndum, el jefe de Estado declaró que a las parejas del mismo sexo se les debe dar “la oportunidad de una vida equivalente en el amor y la pareja” a las de distinto sexo. Aunque en la práctica su cargo conlleva escasa iniciativa política propia, el valor simbólico de esta declaración es indudable. Máxime si se tiene en cuenta que (como recuerda el Süddeutsche Zeitung) Gauck encarna en muchos aspectos, familiares o por su pasado como pastor luterano, valores conservadores.

La canciller alemana está de acuerdo con que las parejas homosexuales deberían tener los mismos beneficios que las heterosexuales y dijo que mientras la discriminación debería ser “eliminada”, marcó una “diferencia” entre las uniones civiles y el matrimonio. Hombre y mujer es la única unión que la canciller alemana acepta como definición de «matrimonio«. Sus motivos a la hora de limitar este concepto han sido expuestos en la entrevista en la que ha asegurado que desde su cultura y su educación católica este concepto lo tenía claro: «Para mí, personalmente, el matrimonio es un hombre y una mujer viviendo juntos. Ese es mi concepto, pero apoyo las uniones civiles», agregando que «no quiero discriminación y quiero igualdad, pero hago una diferencia en cierto punto«.

Pero Merkel, quien se ha casado dos veces y es cristiana, insistió en que su definición de matrimonio era “un hombre y mujer viviendo juntos” en una entrevista hecha en YouTube con Florian Mundt, un youtuber conocido bajo el pseudónimo LeFloid quien cuenta con muchos seguidores.

Así ha recalcado la política más influyente del mundo su posición frente a las uniones del colectivo homosexual, lo cual ha levantado la polémica de muchas personas, también heterosexuales, al contrastar éste comentario de Angela con aquel que dijo para el Huffington Post, en el que sostuvo: «Soy alguien que apoya que se elimine cualquier tipo de discriminación. Hemos recorrido un largo camino, recuerdo que hace 25 años muchas personas no se atrevían a decir que eran gays o lesbianas», dijo la mandataria de acuerdo al Huffington Post. “Para mí, personalmente, el matrimonio es un hombre y una mujer viviendo juntos. Ese es mi concepto, pero apoyo las uniones civiles. No quiero discriminación y quiero igualdad, pero hago una diferencia en cierto punto”, agregó Merkel.

Hasta el momento éstas son las palabras de la canciller, que según ella misma se mantiene muy al tanto de la realidad social que afecta a Europa, y que, de momento, no legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de Alemania. En contra de lo que algunas encuestas del país en cuestión publican, afirmando que hasta tres de cada cuatro alemanes están a favor de la legalización de lo que llaman Ehe für Alle, “el matrimonio para todos”.

¿Beso lésbico de Merkel? Un anuncio viral

En un plano menos serio, no podemos dejar de hacer mención al vídeo promocional de la revista lésbica alemana Straight, que se ha vuelto viral. En el mismo, se observa a una doble de la canciller en la habitación de un hotel, mientras por la radio se escucha una noticia sobre el apoyo mayoritario de los alemanes al matrimonio igualitario. Una joven entra entonces en la habitación y la abraza, hasta que la supuesta Merkel se gira para besarla…

Fuente Agencias

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Según una reciente encuesta, los norirlandeses se muestran por una amplia mayoría a favor del matrimonio igualitario, con un 68% de partidarios de igualar su legislación al respecto con la del resto de los territorios que componen el Reino Unido. El porcentaje de aceptación entre los más jóvenes alcanza el 82%, y solo es inferior al 50% entre los mayores de 55 años y los votantes del gobernante Partido Unionista Democrático, que ha rechazado su aprobación en cuatro ocasiones consecutivas en los últimos años.

Tras la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Inglaterra, Gales y Escocia, tan solo resta Irlanda del Norte como el único territorio de los que componen el Reino Unido donde la institución matrimonial está vedada a las personas LGTB. La reciente aprobación mediante referéndum en la vecina Irlanda incide aún más en la sensación de anomalía y aislamiento anacrónico de la legislación norirlandesa.

Incluso algunos de los territorios posesión de la corona británica, como las minúsculas Islas Pitcairn, han dado el paso de modificar sus leyes para acabar con la discriminación de los ciudadanos LGTB. También el ministro en jefe de la Isla de Man declaraba recientemente que efectuarán las modificaciones legislativas necesarias para sustituir las uniones civiles entre personas del mismo sexo vigentes en la actualidad por la figura del matrimonio, pues “la igualdad y los derechos humanos deben prevalecer”. En parecidos términos se ha expresado el ministro en jefe de Jersey, que se ha comprometido a aprobar una legislación igualitaria para finales de 2017.

La ciudadanía de Irlanda del Norte se muestra también partidaria de la igualdad y la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos LGTB, según la reciente encuesta efectuada por Ipsos MORI. Un 68 % de los norirlandeses entrevistados se declara partidario del matrimonio igualitario, una cifra que supera incluso al 62,07% alcanzado en el reciente referéndum de Irlanda. Por edades, son partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo el 82% de los ciudadanos entre 16 y 34 años; el 75% de quienes tienen entre 35 y 54 años y el 47% de quienes cuentan con 55 años o más.

Los católicos, aún más favorables que los protestantes

También es significativa la diferencia porcentual entre los partidarios del matrimonio igualitario según su tradición o creencia religiosa: un abrumador 75% de los católicos se muestran favorables, mientras que entre las filas protestantes solo se alcanza el 57%.

Por simpatía política, son partidarios de la igualdad LGTB un 80% de los votantes del  Sinn Féin (partidario de la anexión con Irlanda y de tradición católica) y un 79% de quienes votan al Partido de la Alianza de Irlanda del Norte (escisión del Partido Unionista Democrático, de ideología liberal, cuya pretensión es superar las diferencias entre ambas comunidades). Solo quedan en minoría los votantes del Partido Unionista Democrático (favorable a la permanencia en el Reino Unido y de tradición protestante), aunque los partidarios del  matrimonio igualitario ya suman un 45%.

Precisamente es el empecinamiento del ahora gobernante Partido Unionista Democrático el que ha impedido que prosperen las repetidas iniciativas presentadas para aprobar el matrimonio igualitario en los últimos tiempos. Su tozudez es tal que ha anunciado en todas esas ocasiones su intención activar la cláusula que regula el funcionamiento de la Asamblea de Irlanda del Norte, surgida de los acuerdos de paz de 1998 para temas sensibles, que obliga a que, independientemente del resultado global de la votación parlamentaria, solo se podrá considerar positiva si alcanza la mayoría en cada uno de los dos bloques.

Con el frente parlamentario cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, y a pesar del mayoritario respaldo de la población, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es el judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, fue presentada el pasado 13 de enero ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

Fuente Dosmanzanas

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La larga batalla por la igualdad LGTB en Australia toma de nuevo impulso al calor de los últimos y cruciales avances en Irlanda y Estados Unidos. Diputados de casi todos los grupos presentes en la Cámara de Representantes, incluyendo por primera vez a la coalición liberal-conservadora de Gobierno, presentarán el próximo mes de agosto un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Ahora está en manos del primer ministro la decisión de permitir su tramitación.

El debate sobre este asunto viene de lejos: antes de las elecciones de septiembre de 2013 fueron los laboristas, entonces al frente del Gobierno, los que actuaron como freno al matrimonio igualitario. La que hasta junio de ese año había sido primera ministra, Julia Gillard, se oponía, y durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de la igualdad dentro del Partido Laborista -en teoría mayoritarios- trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que en su congreso nacional de 2011 el partido lo incorporaba a su ideario.

La impopularidad de Gillard llevó a Kevin Rudd a arrebatarle el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro. Ya por entonces Rudd se había convertido en defensor del matrimonio igualitario, pese a que su anterior etapa como jefe del Gobierno se caracterizó también por un rechazo frontal al mismo. Pero la sustitución de Gillard no fue suficiente para evitar la derrota laborista, y tras las elecciones el liberal Tony Abbott se convertía en primer ministro. Su victoria alejó las expectativas de aprobación a corto plazo, pese a que un número no determinado de diputados de su partido son partidarios del matrimonio igualitario, y de hecho el propio Abbott reconoció que resultaría complicado mantener la disciplina de voto en esta materia.

La presentación de un proyecto de ley de matrimonio igualitario por parte del senador liberal-demócrata David Leyonhjelm (que finalmente no fue sometida a votación) y la aprobación de una moción de los Verdes pidiendo la libertad de voto precipitaron los acontecimientos. Partidarios y opositores al matrimonio igualitario se movilizaban, y la organización Australian Marriage Equality conseguía reunir más de un millón de correos electrónicos para los parlamentarios del Partidos Liberal y de su socio minoritario, el Partido Nacional (con el que está coaligado a nivel federal), pidiéndoles un voto en conciencia. El pasado mes de abril, el ministro de Comunicaciones australiano, Malcolm Turnbull, aseguraba que antes de que acabe el año se debatirá en el Parlamento el matrimonio igualitario y que los diputados que sostienen al Gobierno liberal-conservador dispondrán de libertad de voto.

La decisión, en manos de Tony Abbott

Poco después de conocerse el resultado del referéndum irlandés, el líder del opositor Partido Laborista, Bill Shorten, anunció la presentación de un proyecto de ley sobre esta materia, sin que se admitiera su votación en el Pleno. Por esas fechas, además, el primer ministro Abbott establecía las condiciones para permitir el voto en conciencia a sus representantes: “Si nuestro Parlamento tuviera que tomar una decisión en un asunto como este, quiero que la iniciativa pertenezca al Parlamento, no a ningún partido en particular”.

Y esa es precisamente la labor que ha desarrollado un grupo de trabajo que aúna a representantes liberales, laboristas, verdes e independientes, los cuales han alcanzado un acuerdo para someter un proyecto de ley de matrimonio igualitario a consideración del Parlamento el próximo mes de agosto. Se trata de la primera vez en la que parlamentarios liberales copatrocinan una iniciativa de este tipo, pero sus esfuerzos se topan con la reticencia del primer ministro. Pese a que la iniciativa cumpliría los requisitos establecidos para permitir el voto en conciencia de los miembros de su partido, Abbott no quiere facilitar su tramitación. Las presiones de los representantes del ala más conservadora (que califican la jugada de “emboscada”) y las prioridades de su agenda, centrada en la economía y la seguridad, son algunos de los motivos que explican esta actitud.

La clave  para desbloquear el asunto está en el comité que se encarga de seleccionar los proyectos de ley que serán sometidos a votación, un órgano que se encuentra bajo control del Gobierno y que ha sido el responsable de que el proyecto de Shorten no alcanzara la fase de discusión por el Pleno. Solo el primer ministro tiene en sus manos permitir que se vote el nuevo texto, fruto de un consenso multipartito. Según un recuento de los representantes de los diversos partidos que han expresado públicamente su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo a fecha de mayo, se estaría tan solo a un voto para lograr la mayoría en la Cámara de Representantes (la cámara baja del Parlamento australiano), y ya se contaría con una mayoría en el Senado (la cámara alta). La incógnita reside en quienes aún no se han pronunciado, pero las perspectivas parecen favorables. Seguiremos atentos a los próximos movimientos…

Fuente Dosmanzanas

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La ola despatologizadora de la transexualidad sigue ganando fuerza. En las últimas semanas nos hemos hecho eco de cambios normativos en ese sentido, ya adoptados o en proceso de discusión, en países muy diversos. Hoy la buena noticia nos llega desde Noruega, donde el gobierno conservador parece dispuesto no solo a poner punto final al obsoleto marco jurídico para proceder a la modificación de la mención al sexo en documentos oficiales (que en ese país exige todavía esterilización), sino que no parece tener problemas en hacer extensivo el nuevo marco legal (con ciertas limitaciones) a los menores de edad.

Noruega, un país socialmente avanzado en otros aspectos de la realidad LGTB, sigue sin embargo formando parte del aún muy numeroso grupo de países que exigen a las personas trans que quieren rectificar su sexo en documentos oficiales no solo un diagnóstico médico, sino su esterilización (requisito que por ejemplo en la vecina Suecia tumbó una resolución judicial). No ha sido hasta época muy reciente, en diciembre de 2013, cuando el Ministerio noruego de Sanidad pidió a una comisión de expertos que actualizaran las directrices. Así lo hicieron, y en abril de este año la comisión daba a conocer un informe que recomendaba al Gobierno noruego abandonar el paradigma patologizador y permitir que las personas trans puedan rectificar el sexo que consta en sus documentos oficiales mediante una simple declaración administrativa (en este enlace puedes descargar el informe. Aunque está en noruego, incorpora un resumen en inglés a partir de la página 173). El informe también incluye una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar la atención sanitaria a las personas trans, incluyendo el tratamiento hormonal en niños y adolescentes.

Este jueves era ya el propio Ministerio de Sanidad de Noruega el que adelantaba las líneas maestras de la futura reforma legal, que no solo acepta el enfoque despatologizador sino que lo hace extensivo a los menores de edad de una forma algo más ambiciosa a la que recomendaba el informe. Si la reforma sale adelante tal y como ha sido esbozada, los niños y niñas de siete años de edad en adelante podrán acogerse al cambio, siempre y cuando cuenten con el acuerdo de sus padres. A partir de los 16 años ya podrán solicitarlo por sí solos. Eso sí, la novedad se refiere solo a la modificación del sexo en documentos oficiales (de identidad, pasaporte, seguridad social, etc.). Por lo que se refiere a la cirugía de reasignación genital se mantendrá el límite legal de los 18 años para poder someterse a ella.

Una ola despatologizadora imparable

Precisamente estas últimas semanas recogíamos como los gobiernos de Chile e Irlanda preparan reformas legales en un sentido parecido. Y en Colombia el gobierno acaba de emitir un decreto en el mismo sentido. Una senda que antes han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta.

Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del “sexo registral” de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, acaba de dar a conocer hace pocos días sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales en las aulas (puedes descargar aquí el documento).

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, ha quedado “congelado” en el tiempo y todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo. Y aunque otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes.

Fuente Dosmanzanas

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Ante la perspectiva de un posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, los sectores sociales más conservadores muestran la intensidad de su odio homófobo en Italia manifestándose de forma multitudinaria en las calles, como antes lo hicieran en España o en Francia. La diferencia es que mientras en estos dos últimos países la intensa reacción homófoba se producía frente al matrimonio igualitario, en Italia lo hace contra una propuesta de ley de uniones civiles que ni siquiera contempla la adopción conjunta. 

La fortaleza de los homófobos es indudable en Italia. Según sus promotores, más de un millón de personas salieron a las calles de Roma este sábado para protestar contra un proyecto que en las últimas semanas parece haber salido de su letargo. Según el Ministerio del Interior, fueron 400.000 personas. Muy posiblemente ambas cifras son exageradas (el Ministerio del Interior italiano está en las manos de Angelino Alfano, político derechista contrario al proyecto de uniones civiles y que hizo público en redes sociales su apoyo a la manifestación, aunque no acudió en persona), pero en cualquier caso fueron decenas de miles de personas las que acudieron al centro de la capital italiana para hacer una gran demostración de fuerza.

Para comprender lo que está sucediendo en Italia hay que retrotraerse unas semanas atrás, cuando el pueblo de Irlanda dio un ejemplo al mundo incorporando a su Constitución el matrimonio igualitario por amplia mayoría en un histórico referéndum. Un resultado que dejaba a Italia, que comparte con Irlanda su tradición católica, como prácticamente el único país de la Europa occidental que no reconoce los derechos de las parejas LGTB, ni mediante el matrimonio igualitario ni con la fórmula de la unión civil. El primer ministro Matteo Renzi declaraba tras conocer el resultado irlandés que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Y ello pese a que el propio Renzi ha actuado en el pasado como freno al proyecto, y ello pese a el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debería tener, en teoría, especiales dificultades para aprobar un proyecto así. La misma Corte Constitucional dictaminaba en 2010 que los derechos de las parejas del mismo sexo deben ser reconocidos bajo una forma u otra, aunque la fórmula no sea el matrimonio (si bien tampoco hay nada que consitucionalmente impida esta posibilidad), línea argumentativa que han seguido después los tribunales italianos sin que al legislativo le haya parecido urgente hacerles caso.

Por el momento, existe un proyecto presentado por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocería a las parejas del mismo sexo su derecho a contraer una unión civil con derechos similares a los del matrimonio salvo la adopción conjunta (sí permitiría, bajo ciertas circunstancias, la adopción de los hijos que ya tenga la pareja) que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión de Justicia del Senado, aunque en principio le quedaría una larga rodadura. Pero tras el referéndum irlandés Cirinnà se mostraba esperanzada y declaraba que “finalmente ha llegado el momento de que se apruebe antes del verano”.

Unas previsiones que aunque no se han cumplido (el verano ya está aquí…) parecen haber despertado las alarmas de los homófobos y han desembocado en la gran manifestación de este sábado a favor de la familia tradicional y en contra de la “ideología de género” que se acompañará sin duda de más protestas. Protestas que por mucho que quieran difuminar (la Conferencia Episcopal Italiana se ha desmarcado de la convocatoria, aunque asegura compartir sus reivindicaciones, y se ha invitado a participar, por ejemplo, a Ben Mohamed, imán de la barriada romana de Centocelli) están promovidas y lideradas por el catolicismo más tradicionalista, que tiene gran fuerza en Italia. No faltó, por cierto, representación española: otro de los intervinientes fue Kiko Arguello, uno de los fundadores del Camino Neocatecumenal, los conocidos “kikos”.

También participaron políticos italianos de gran tradición homófoba, como Carlo Giovanardi, Paola Binetti, Maurizio Gasparri, Roberto Formigoni o Mario Adinolfi. Este último, que intervino como orador en el acto, es de hecho uno de los líderes del movimiento homófobo italiano, pese a ser diputado del Partido Democrático, el mismo al que pertenecen el primer ministro Renzi y la senadora Cirinnà. Adinolfi ha sido, de hecho, uno de los apoyos internos de Renzi (un político que, no olvidemos, proviene de la democracia cristiana). Una muestra más de lo complicado de la escena política en materia LGTB en Italia, un país en el que la Iglesia católica cuenta con terminales en prácticamente todos los partidos.

Fuente Dosmanzanas

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