Emotiva y valiente salida del armario de Nathan Fort, jugador de baloncesto en la liga universitaria de Estados Unidos. Lo impactante en este caso es que Nathan ha compartido la profunda homofobia en que creció, las dificultades para aceptarse a sí mismo, un intento de suicidio e incluso la violación que sufrió. Pese a todo, ha sido capaz de salir adelante, aceptar su sexualidad y luchar por su felicidad en un entorno que, en parte, le sigue siendo poco amigable.

Nathan Fort nació y creció en Cedarville, una localidad de 3.000 habitantes en Arkansas. Como él mismo cuenta, su entorno estaba dominado por la homofobia: “Cuando crecía, se me inculcó que ser gay significaba automáticamente ‘ir al infierno’”. Al mismo tiempo, él se sentía diferente: “Al empezar la secundaria, siempre era ese chico ‘raro’ o ‘loco’ con el que nadie quería estar, así que no tenía muchos amigos. Los otros chicos me llamaban ‘gay’ porque me juntaba con chicas y hacía del payaso de la clase”.

Como reacción, Nathan quiso “adaptarse”, haciéndose él mismo homófobo y tratando de aparentar ser heterosexual: “Hace dos años le dije a todo el mundo que estaba contra la homosexualidad, incluso que odiaba a los gais. Decía que los gais no tienen sentido en este mundo. Expresaba odio por la necesidad de encajar en la comunidad”. Tanta tensión acabó por pasarle factura, y Nathan decidió suicidarse: “Tras un día especialmente horrible, caminé hacia el borde de un precipicio, lejos de mi casa. Fui a aquel desfiladero con toda la intención de quitarme la vida. Afortunadamente, me sobrevino una voluntad de vivir en el último momento, y tras un momento de contemplación, di un paso atrás frente a mi muerte. Sin embargo, resbalé y caí justo por el borde del barranco. Es de locos, lo sé. Mi mente estaba en ese momento en otro lugar y tropecé. La caída me pareció durar una eternidad, pero no fue lo suficientemente mala como para matarme. Mis patosos pies me dejaron vivo, por suerte. ‘Dios –suspiré en voz alta con la voz quebrada- si puedes ayudarme y cuidarme, viviré para ti por el resto de mi vida’”.

No fue esto lo último que tuvo que pasar. Cuando estaba ya en la universidad (el Bethel College) y se había atrevido ya a aceptarse, fue por primera vez a un bar gay. Y lo que tendría que haber descubrir una nueva vida acabó en una violación: “En mi primer año en Bethel, reuní el valor suficiente para entrar en un bar gay, solo para ver cómo era el ambiente. Allí encontré un chico muy agradable que vivía cerca de mí y que quería que saliéramos. Nos fuimos juntos del bar, con mi corazón latiendo con fuerza y nervioso pensando en lo que daría de sí la noche. Condujo y hablamos. Parecía que sería mi primera y perfecta vez con un chico. No fue así. Me obligó a salir del coche. Abusó sexualmente de mí. Me drogó. Me violó. Cambió mi vida. Me supone una lucha escribir estas pocas líneas sobre esto, pero es parte de quien soy ahora. Aunque nunca lo denuncié ante nadie y este chico no fue acusado de ningún delito, sé en mi corazón que me forzó y que eso para mí es violación. Es importante para mí compartir esto ahora porque sé que otros muchos chicos han vivido situaciones similares”.

Este episodio fue tan traumático que Nathan volvió al armario. No fue hasta un año más tarde cuando volvió a poder confrontar su realidad. Entonces empezó poco a poco a hablar de su sexualidad con compañeros de la universidad, en particular de su equipo. La reacción que encontró en general fue positiva. Poco tiempo después, llegó la noticia a su pueblo, y en especial a sus padres; según cuenta Nathan, siguen sin aceptar su sexualidad aunque aseguran que lo quieren. Por otro lado, en su entorno algunos dejaron de hablarle y sabe de gente de su pueblo que habla de él como si hubiera “optado” por ser gay. Llegó a recibir amenazas, pero globalmente la mayor parte de la gente ha tenido una reacción de aceptación, y además el Bethel College le ha apoyado para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

Por sus propias palabras, queda claro que Nathan sigue siendo cristiano. Como él mismo señala, su fe de hecho ha sido un factor clave en su aceptación: “Debatirme con mi sexualidad ha sido un camino difícil, pero le doy gracias a Dios por ello. Él me da la fuerza, valor, determinación, corazón y amor para vivir cada día sabiendo que algunos no pueden aceptarme. Espero ayudar a otros a encontrar la misma fuerza para lidiar con cualquier problema que encuentren en sus vidas. Me gustaría que todos pudiéramos encontrar la fuerza para vivir la vida con este único lema: siempre sé tú mismo. Dios creó a cada uno de manera diferente. Lo hizo por una razón”.

En suma, un testimonio que deja claro el enorme daño que hace el odio contra el diferente, en particular contra las personas LGTB. Pero también habla de cómo somos capaces de superar las dificultades y salir adelante, incluso con apoyo de aquello utilizado por otros para atacarnos, como es la fe religiosa. Sólo queda desearle que sea feliz en su camino y que lo sufrido quede solo como base para hacerse fuerte en el futuro.

Fuente Dosmanzanas

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Alexa

Los niños y niñas transexuales que ya desde pequeñitos tienen el apoyo de sus familias para manifestarse y vivir de acuerdo a su identidad de género fuera de un esquema patologizante disfrutan de una salud psicológica equiparable a la otros niños no transexuales, y lo que resulta sin duda más significativo, mejor que la de los niños y niñas trans que no disfrutan de esa situación. Así lo pone de manifiesto un importante estudio publicado en marzo en la revista Pediatrics.

El estudio, cuya autora principal es la doctora Kristina Olson, profesora asociada de Psicología de la Universidad de Washington, valoró la salud mental de 73 niños y niñas transexuales, de entre 3 y 12 años, que cuentan con apoyo social y familiar y que desde el primer momento manifiestan libremente su identidad de género (las autoras del estudio consideran, en este sentido, que coño niños y niñas han completado su “transición social”) comparándola con un grupo control formado por otros 73 niños y niñas no transexuales de su misma edad. En contra de lo que muchos esperarían, los resultados no arrojaron diferencias significativas. El grado de depresión era similar, y solo se detectó un ligero incremento de los síntomas relacionados con la ansiedad que las autoras del estudio consideran marginal.

Leo

Los datos contrastan, y esto es posiblemente lo más importante, con los resultados de estudios previos en niños y niñas que fueron diagnosticados en el pasado de trastorno de la identidad de género y en los que no se había completado esta “transición social”, que sí mostraban un aumento significativo de los casos de depresión y ansiedad. Aunque la comparación en este segundo caso no es tan perfecta como la que se puede llevar a cabo con un grupo control, las autoras del estudio consideran que el hecho de que los menores completen su transición social y cuenten con el respaldo de su entorno ejerce un papel protector respecto al desarrollo de psicopatología.

El estudio (cuyo PDF puedes descargar aquí) ha sido posible en el contexto del TransYouth Project, un ambicioso proyecto de investigación psicosocial promovido desde la Universidad de Washington cuyo objetivo es comprender mejor la diversidad de la expresión de género, y va en línea con la evidencia científica más reciente.

Esperemos que este tipo de estudios sirvan para que la realidad de los menores trans sea adecuadamente reconocida y se arbitren de una vez los cambios necesarios a nivel jurídico, social, educativo y sanitario. No está de más recordar que en España, país que cada vez está quedando más atrasado en esta materia (por mucho que leyes autonómicas como la recientemente aprobada en Madrid palíen la situación), hasta el propio Tribunal Supremo, una institución que no se caracteriza precisamente por estar a la la vanguardia del cambio social, acaba de cuestionar hace pocas semanas la constitucionalidad de prohibir que los menores trans vean reconocida su identidad…

 Con 7 años, se manifiesta por los derechos de su mejor amigo.

Como bien sabes, en Carolina del Norte no es nada fácil ser gay. Ellos son los abanderados de una de las leyes más homófobas de los últimos años: aquella en la que no permiten a los transexuales ir al baño que les corresponde sino al que señalen sus genitales. En resumen: una chica transexual que aún no se haya operado o que no quiera operarse los genitales, deberá acudir al baño de hombres aunque a ojos de todos sea una mujer.

Este terrible acto de humillación está siendo criticado por todas las personas con dos dedos de frente, y entre ellos se encuentra un niño de 7 años que quiere apoyar a su mejor amiga, una niña de su misma edad que no puede acudir a su baño en el colegio porque así lo ha dictado esta ley llena de transfobia.

«Este es mi hijo en la foto. Se llama McCartney, tiene 7 años. Me pidió que le llevara a esta manifestación porque su mejor amiga es transexual y por temas de privacidad y edad, no pudo acudir. Es completamente consciente de por qué está allí y no solo sabe el mensaje que manda con el cartel, conoce la canción de la que proviene».

Esto es lo que contaba la orgullosa madre de McCartney, el chico que decidió apoyar a su amiga. No solo eso, su hermana de 5 años también quiso apuntarse a la manifestación y le dio igual que la confundieran con un chico.

Fuente Dosmanzanas/Cromosomax

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La Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, con sede en Boston, ha dictaminado una vez más que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario es de aplicación ineludible en Puerto Rico. Todo ello tras el inexplicable fallo del juez Juan M. Pérez-Giménez, que estipulaba que el citado fallo del alto tribunal estadounidense no era aplicable a la isla caribeña por no tratarse de un estado de la unión, sino de un territorio vinculado a los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones, además, ha desvinculado definitivamente del caso al juez Pérez-Giménez, y ha ordenado que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata.

El fallo de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, a cuya jurisdicción está ligada Puerto Rico, ha sido demoledor con el juez Juan M. Pérez-Giménez. Firmado “per curiam”, lo que significa que ha sido tomado por unanimidad de los jueces, su argumentación comienza con un contundente “la sentencia del Tribunal del Distrito se equivoca en tantos aspectos que es difícil saber por cuál empezar”.

Prosigue con la confirmación de que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que dictaba que la prohibición del matrimonio igualitario violaba los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos por la 14ª y 5ª Enmienda de la Constitución, es de total aplicación en Puerto Rico. La Corte de Apelaciones estima, por tanto, que el juez Pérez-Giménez no solo ha malinterpretado la sentencia del alto tribunal, sino que además ha desobedecido gravemente su mandato.  Por tanto, falla a favor de las demandantes.

Finalmente, en una decisión realmente vergonzante para el juez Pérez-Giménez, le aparta definitivamente del caso, ordenando que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata, sin afectar más a las demandantes Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que ya no deberían esperar para ver reconocido su matrimonio en Puerto Rico. Y así lo ha hecho el juez Gustavo A. Gelpí, a quien se asignó el caso de urgencia, emitiendo un dictámen tan solo unas horas después en los siguientes términos:

Se declara inconstitucional el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, al igual que otras leyes federales y estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o que no reconocen los matrimonios válidos de otras jurisdicciones.

El activista LGTB puertorriqueño Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico Para Tod@s —codemandante en la apelación— ha emitido el siguiente y contundente comunicado sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Boston:

Se acabó el abuso de un juez que pretendía usurpar el derecho adquirido de las parejas LGBTT a casarse en su patria. El Tribunal Supremo de Estados Unidos fue claro, el Tribunal de Apelaciones de Boston fue claro, el gobernador fue claro al instrumentar las órdenes de los tribunales. El matrimonio igualitario llegó a Puerto Rico para quedarse. Punto.

Ahora le corresponde al nuevo juez finiquitar el proceso judicial para que se mantenga la igualdad matrimonial en Puerto Rico. Sin embargo, es hora de que la Legislatura atempere el nuevo Código Civil con el estado de derecho que reconoce el derecho al matrimonio para todos.

Si esta Legislatura está verdaderamente comprometida con la equidad, como aduce estarlo, tiene que completar la impostergable revisión del Código Civil con el reconocimiento pleno de la igualdad matrimonial y todos los derechos para las personas LGBTT. Exigimos igualdad plena. Ni más, ni menos.

El empecinamiento de un juez homófobo

Como señalábamos anteriormente, la sentencia inicial del juez Juan M. Pérez-Giménez afectaba a Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que habían reclamado que el matrimonio que ambas habían contraído en Massachusetts en 2004 fuera reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Contrariamente a lo a lo dictaminado por la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez fallaba en 2014 en contra de las demandantes, y estipulaba  que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional.

Las demandantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Boston, que aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Pero, en vez de aplicar el mandato de la Corte de Apelaciones, el juez Pérez-Giménez dictaminó que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense era únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico seguía vigente.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, comunicó inmediatamente que iba a ignorar la inexplicable sentencia del juez Pérez-Giménez, pues “el derecho fundamental al matrimonio igualitario ha sido validado y ordenado por el Tribunal Supremo Federal y por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Voy a respetar las determinaciones de tribunales de superior jerarquía que, agraciadamente, ordenan un proceder muy distinto al que propone el juez Pérez-Giménez”.

Pero a quien sí que afectaba la decisión del tribunal federal puertorriqueño era a las demandantes iniciales, Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez, pues el reconocimiento de su matrimonio estaba aún ligado a la decisión de la Justicia. Finalmente, han visto reconocida su demanda, aunque es evidente el daño causado por las decisiones del juez Pérez-Giménez, no fundamentadas en derecho sino en sus prejuicios homófobos, que las han obligado a tan largo y penoso proceso.

Fuente Dosmanzanas

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James Brewster y Nicolás López Rodríguez,

El cardenal de Santo Domingo dirigió comentarios homófobos al diplomático

«Debería ocuparse de su casa como esposa que es de un señor», dijo López Rodríguez

«Si usted mantiene su vida privada detrás de las paredes de su Embajada, va a estar bien aquí»

Las quejas del Departamento de Estado de los Estados Unidos por expresiones del Arzobispo de Santo Domingo, Cardenal Nicolás López Rodríguez, enviadas al Vaticano, fueron confirmadas en República Dominicana por el agregado de prensa de la delegación diplomática, Jeremiah Knight.

Las revelaciones de que el caso había llegado a El Vaticano fue divulgado por el diario New York Times, que da cuenta que se basa en el hecho de que en diciembre del año pasado López Rodríguez expresó que el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, James Brewster, debería ocuparse de su casa «como esposa que es de un señor».

El influyente diario publica un artículo con el título de «Orgullo gay y prejuicio en la República Dominicana», de la autoría del periodista colombiano Ernesto Londoño.

James Brewster y su esposo Bob Satawake

Este escrito trata sobre las críticas que han enfrentado el embajador Brewster y su esposo Bob Satawake al ofrecer un servicio diplomático en un país donde han encontrado oposición por ser activistas y abiertamente homosexuales.

«Si usted mantiene su vida privada detrás de las paredes de su Embajada, va a estar bien aquí», habría dicho el Nuncio Jude Thaddeus Okolo a Brewster al poco tiempo de haber asumido el puesto de embajador de la República Dominicana en noviembre de 2013, según la publicación.

Sin embargo, indica el artículo, Brewster y su esposo, quienes han estado juntos por cerca de 28 años, están orgullosos de estar en Santo Domingo, propagando un debate sobre los derechos de las personas gays que ha indignado a los líderes de la Iglesia Católica.

«Los ataques contra el señor Brewster, un empresario de Chicago que recaudó dinero para la campaña de reelección del Presidente Obama, empezó solo días después de que la Casa Blanca lo nominara para el puesto», afirma el articulista.

Indica que durante una conferencia de prensa en junio de 2013, el Cardenal López Rodríguez dijo que estaba consternado porque Washington estaría representado por un «maricón». Además, Monseñor Pablo Cenado, otro líder de la Iglesia Católica, predijo -según el texto- que los dominicanos harían que Brewster se sintiera miserable y no duraría mucho en el cargo.

El artículo cuestiona que la administración del presidente Danilo Medina guarde silencio ante la controversia. Considera esto como un «gran error» para un país que depende fuertemente del comercio y el turismo desde los Estados Unidos.

A pesar de las opiniones en su contra, la publicación destaca que Brewster nunca se quejó sobre su trabajo. Indica que el embajador entendía que la República Dominicana es un lugar donde hay muchas oportunidades para el progreso de los derechos humanos mientras es apoyado por la comunidad LGTB.

Por otra parte, el Congreso apoya la labor del embajador estadounidense en la República Dominicana

El presidente de la República Dominicana había solicitado al presidente Obama la destitución del embajador estadounidense en su país, en base únicamente a su orientación sexual, pero el Congreso le deja claro que no van a ceder a una petición discriminatoria.

Religión Digital/Agencias

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Penosa noticia la que nos llega desde Australia. Un hombre viaja cada año al país, desde hace 22, para pasar en su propia casa de Sídney varios meses y en esta ocasión, por primera vez, se le ha impedido entrar por vivir con VIH. Una discriminación intolerable que contradice las propias políticas australianas al respecto, por lo que ha sido calificada como un “error”. Según la normativa de este país no existe ninguna restricción serológica para los turistas. Eso sí, el estigma sigue vigente para aquellas personas que soliciten la residencia permanente, ya que los mayores de 15 años deben someterse a un test de detección de VIH, entre otras pruebas médicas (que para colmo deben costearse los propios interesados).

Un hombre escandinavo de 60 años (abiertamente gay) se tomará su tiempo hasta plantearse regresar de vacaciones a Australia, después de llevar varias décadas viajando a este país todos los años. Incluso es propietario de una vivienda en Sídney. No obstante, esta circunstancia no ha impedido que el Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza le haya denegado la entrada en Australia por ser portador del VIH. Cuando el citado departamento le requirió la revisión médica sintió que era una situación “muy degradante y discriminatoria”.

El afectado, que prefiere no revelar su identidad para evitar ser reconocido por sus clientes y exponerse a nuevas discriminaciones, ha asegurado que “a pesar de que tengo el VIH, soy una persona sana”. Tanto es así que en los 22 años que mantiene viajando al país solo ha necesitado atención médica en una ocasión, por una infección estomacal contraída en un viaje anterior a Laos. Asimismo, por prescripción de su médico, consume una pastilla al día y siempre que viaja a Australia lleva la cantidad suficiente de medicamento para toda su estancia. Cabe recordar, debido a los prejuicios extendidos y a la abundante desinformación, que ser portador del VIH no equivale a desarrollar el sida y que una persona, siempre que siga una revisión médica y practique el sexo con protección, puede desarrollar su vida con total normalidad (incluso no siempre es necesario el seguimiento de un tratamiento específico).

Desde el Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza de Australia han asegurado que se pondrán en contacto con este hombre para “disculparse y explicarle los detalles del error”. El afectado todavía no ha hecho público si solicitará una indemnización a la Administración australiana por daños y perjuicios, incluyendo los 800 dólares (AUD) que tuvo que abonar de su propio bolsillo para costear las pruebas médicas a las que le sometieron.

Aunque este hombre y su novio revelan que siguen sintiéndose atraídos por Australia, en adelante planificarán sus vacaciones por Europa ya que “las leyes de inmigración [australianas], en mi opinión, son una mierda”. Además, según ha confesado, se siente “herido, muy herido, en realidad”, al entender que se le ha transmitido un mensaje claro: “tienes VIH, no te queremos aquí”.

Discriminación serofóbica en más de 30 países

Australia no es el único país que exige un test de VIH para poder solicitar una visa permanente. No obstante, sorprende que Australia o Canadá se alineen en este sentido con países con LGTBIfobia de estado. En Australia y Canadá existen restricciones relacionadas con el VIH a las personas que solicitan la residencia permanente, si bien es todavía más complicada la situación en países como Brunéi, Qatar o Rusia, en los que se puede deportar a los extranjeros seropositivos.

En los Estados Unidos, la Administración de Obama retiró todas las restricciones en 2010. Otros países y territorios del mundo (como Armenia, Lituania, Mongolia, Uzbekistán o Bielorrusia), se van sumando a la ola de no discriminación por el estatus serológico. ONUSIDA explica que “no hay ninguna prueba que demuestre que las restricciones de viaje relacionadas con el VIH protejan la salud pública o eviten la transmisión del VIH. Los datos científicos más recientes muestran que las personas con VIH que tienen acceso al tratamiento antirretrovírico pueden llegar a una carga viral indetectable, con lo que se reduce significativamente el riesgo de transmisión”.

Fuente Dosmanzanas

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El  juez federal Daniel Jordan ha emitido una orden que considera inconstitucional la ley que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo en Mississippi. La noticia tiene una especial importancia simbólica, si se tiene en cuenta que ocurre en medio de la ola de propuestas de ley homófobas y tránsfobas que los contrarios a los derechos LGTB están promoviendo en diferentes estados norteamericanos, entre ellos el propio Mississippi.

La norma que prohíbe adoptar a las personas del mismo sexo –sección 93-17-3(5) del Código Civil de Mississippi- fue aprobada en el año 2000. Recibió el beneplácito del gobernador, por aquel entonces un político demócrata, Ronni Musgrove. Un buen ejemplo de hasta qué punto ha cambiado la sensibilidad hacia los derechos LGTB: hoy día sería impensable que un gobernador demócrata diera su visto bueno a una ley así (el propio Musgrove escribía en 2013 un artículo en The Huffington Post en el que expresaba su arrepentimiento y contando como su punto de vista había evolucionado a lo largo de los años).

La prohibición de Mississippi, sin embargo, era la última que quedaba por ser desafiada en los tribunales. Leyes similares en otros estados han ido siendo invalidadas, una tras otra. Es por eso que cuatro parejas de mujeres (dos de ellas queriendo adoptar conjuntamente a través del sistema de adopciones del estado y otras dos queriendo que una de las miembros de la pareja pudiera adoptar a los hijos de su compañera), acompañadas de dos organizaciones de defensa de los derechos civiles LGTB (Campaign for Southern Equality y Family Equality Council) decidieron acudir a los tribunales.

Ahora la justicia federal les ha dado la razón. En una orden preliminar, el juez federal Daniel Jordan considera que a la vista de los argumentos del Tribunal Supremo para extender el derecho al matrimonio igualitario y los beneficios que ello conlleva a todo el país, la prohibición a las parejas del mismo sexo de adoptar viola su derecho a la igual protección que garantiza la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y por ello ordena que de forma inmediata deje de ser aplicada (puedes descargar la sentencia completa aquí).

El fallo del juez Jordan tiene una especial importancia simbólica. Por un lado, Mississippi era el último de los estados en los que una ley prohibiendo expresamente adoptar a parejas del mismo sexo seguía incólume. En este momento, no existe ya ningún estado que mantenga dicha prohibición formal. Ello no significa que no queden numerosos flecos legales ni que no existan obstáculos a las diferentes formas de ejercer ese derecho (hace menos de un mes recogíamos precisamente como el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocaba una sentencia de la Corte Suprema de Alabama que denegaba los derechos de adopción que ya habían sido reconocidos en el estado vecino de Georgia a una de las integrantes de una pareja de mujeres). Pero el armazón jurídico que sustenta la discriminación en estos casos es cada vez más endeble.

Sin embargo, el gobernador de Mississippi, el republicano Phil Bryant, ha promulgado una ley, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En la práctica, significa que tienen derecho a discriminar a las personas LGBT sin que puedan ser demandados por ello. El gobernador Bryant apenas ha tardado unas horas en validar con su firma la ley desde que le fue enviada desde la Cámara de Representantes del estado, negándose a recibir tanto a las asociaciones de defensa de los derechos LGTB como a los empresarios, que se plantean boicotear a Mississippi como lugar de negocios.

El proyecto de ley 1523 fue introducido en la Cámara de Representantes de Mississippi, en manos republicanas, el pasado mes de febrero, siendo sometido a votación y aprobado el 29 de ese mismo mes, por un amplio margen de 80 votos favorables, 30 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente pasó a consideración del Senado estatal, también en poder de los republicanos, donde fue aprobado este 1 de abril por 69 votos a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, el gobernador Phil Bryant lo promulgó como ley el pasado 5 de abril, para que entre en vigor el próximo 1 de julio.

El proyecto de ley estaba considerado como una de los más regresivos los casi 200 diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos. En todos ellos, bajo la excusa de la protección de la libertad religiosa, ya amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se trata de formalizar el derecho a discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género si se arguyen “sinceros sentimientos religiosos”.

La ley impide que se puedan plantear demandas contra funcionarios, comerciantes, empresarios u organizaciones que se nieguen a prestar sus servicios a determinados colectivos si estiman que contravienen sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB.

En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

Las asociaciones LGTB y las corporaciones y empresas expresaron su indignación por una ley tan regresiva, y solicitaron al gobernador Bryant que interpusiese su veto. Los representantes del Partido Demócrata incluso retrasaron la aprobación definitiva del proyecto de ley con una petición plenaria de rechazo, que sabían que perderían, con el objetivo de que el gobernador se reuniera con los activistas y empresarios opuestos a ley. Pero Bryant se negó a recibirles, y validó el proyecto de ley tan solo unas horas después de que llegara a sus manos, con la excusa de que trata de “impedir que el gobierno interfiera en la vida de las personas”, en referencia a las leyes de protección contra la discriminación vigentes en muchos estados y municipios.

Mississippi se une así a Carolina del Norte en la aplicación de una legislación que vulnera derechos fundamentales por razón de la orientación sexual e identidad de género de sus ciudadanos. En otros estados, como Indiana, Dakota del Sur, Georgia o Virginia, sus gobernadores, sin embargo, han considerado el perjuicio que conllevaría un texto legislativo semejante y han interpuesto su veto.

La ACLU (la mayor asociación de defensa de los derechos civiles de los Estados Unidos) ha emitido el siguiente, y elocuente, comunicado:

Este es un día triste para el estado de Mississippi y para los miles de habitantes de Mississippi que ahora pueden ser rechazados en los comercios, o a quienes pueden negarse licencias de matrimonio, una vivienda, servicios esenciales y necesidades básicas por ser lo que son. Este proyecto de ley va en contra de los principios básicos estadounidenses de equidad, justicia e igualdad y no protege la libertad religiosa de nadie. Lejos de proteger a cualquier persona de “la discriminación del gobierno”, como pretende el proyecto de ley, es un ataque a los ciudadanos de nuestro estado, y servirá como un emblema de la vergüenza para el estado de la magnolia.

La organización GLAAD pide al gobernador Phil Bryant que vetase la delirante propuesta de ley HB 1523, que autoriza legalmente la discriminación en el estado de Mississippi y que van más allá del colectivo LGTB,

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo ACLU, Adopción, Alabama, Americans United for Separate of Church and State, Bahía de St. Louis, Campaign for Southern Equality, Daniel Jordan, Discriminación, EE.UU., Estados Unidos, Family Equality Council, Georgia, Greenville, Hattiesburg, Homofobia, Homoparentalidad, Jackson, Ley HB 1523, Magnolia, Mississippi, Oxford, Phyl Bryant, Protect Thy Neighbor, Ronni Musgrove, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Waveland

Estas prácticas son comunes en otros países

Según un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son el colectivo más vulnerable a la violencia sexual y de cualquier tipo en las cárceles mexicanas.

Seis de cada diez reclusos LGTB han sido víctimas de diferentes tipos de abusos en las cárceles mexicanas. Según el informe Violencia contra personas LGTB, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los presos LGTB “enfrentan un riesgo mayor de violencia sexual y otros actos de violencia y discriminación a manos de otras personas privadas de libertad o del personal de seguridad”. Para redactar este informe, se ha contado con las denuncias de algunas víctimas e información oficial y de organizaciones sociales de 25 paises.

Los hombres gais y las mujeres transexuales son víctimas de servidumbre forzada, incluidos servicios sexuales. En México, las mujeres transexuales se recluyen en pabellones para hombres. Esto también ocurre con las lesbianas, hecho que desemboca en violaciones por parte de compañeros de celda, acoso, abuso físico y “feminización forzada” de quienes tienen apariencia masculina. Pero los abusos no solamente ocurren entre los internos, sino que la autoridad también es perpetradora o permite las agresiones. Según el informe, agentes de la policía incitan a otras personas a abusar sexualmente de las personas LGTB e incluso han repartido condones para facilitar el abuso. En otros casos, ubican a las personas homosexuales en celdas con convictos acusados de violencia sexual.

Según el Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, las personas LGTB se encuentran en el último escalafón de la jerarquía informal que se genera en los centros de detención, lo que deriva en “una discriminación doble o triple porque están sometidas de manera desproporcionada a actos de torturas y otras formas de malos tratos”.

Entre las medidas para prevenir los abusos, la organización Almas Cautivas, A.C. formó a más de 300 funcionarios sobre identidad de género y junto con ACNUR, capacitaron a oficiales de centros de detención migratoria del Instituto Nacional de Migración en México durante 2015.

En Estados Unidos 12% de las personas LGBTI privadas de libertad fueron sometida a violencia sexual por parte de otros reclusos y que 5% por parte del personal de custodia. En Guatemala, organizaciones denunciaron el caso de un hombre joven gay que fue sometido a violencia sexual por 17 hombres y una mujer transexual que fue violada más de 80 veces mientras se encontraba detenida. En Paraguay, las personas transexuales sufren desde agresiones físicas y verbales hasta violaciones múltiples.

Fuente Cáscara Amarga

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Shehada Khalil Issa era arrestado el martes, 29 de marzo, tras ser acusado de un crimen de odio por disparar a su hijo, Amir Issa, en su domicilio de Los Angeles, por ser homosexual.

Terrible noticia la que nos llega desde Estados Unidos, donde un hombre de 69 años ha sido acusado de asesinar a su hijo, de 29, por ser gay. El padre asegura que mató a su hijo en defensa propia, pero ni la policía ni la fiscalía conceden verosimilitud a su versión. El misterio permanece respecto a qué sucedió con la madre, cuyo cuerpo apareció también sin vida.

Shehada Issa fue detenido el pasado martes, después de que la policía de Los Ángeles acudiese a su vivienda familiar, situada en el barrio de North Hills (al noroeste de Los Ángeles) y encontrara el cadáver de su hijo, Amir Issa, en el exterior. Según la versión del detenido,  tras encontrar el cuerpo de su esposa en el cuarto de baño, apuñalada, realiza el disparo a su hijo en defensa propia,  después de que Amir apuñalase a su madre y lo amenazase a él con un cuchillo. De hecho, la policía encontró el cadáver de la madre en el interior de la vivienda. Sin embargo, la investigación de los hechos ha desembocado en una acusación de asesinato con premeditación contra Shehada Issa. Sigue abierta la investigación para esclarecer los hechos entorno al asesinato de la madre.

De lo que ha trascendido hasta el momento, dos circunstancias parecen apoyar esta acusación: el hecho indiscutible de que Shehada Issa ya había amenazado de muerte a su hijo con anterioridad debido a su condición de gay, y el hecho de que la Policía no encontrase evidencia de que Amir Issa estuviese empuñando ningún cuchillo contra su padre en el momento de que este le disparase. La oficina de la fiscal del distrito de Los Ángeles, de hecho, ha hecho público un comunicado en el que considera claro que el asesinato fue motivado por la orientación sexual de la víctima.

La investigación continúa su curso, en cualquier caso. Por el momento, Shehada Issa permanece detenido en prisión sin fianza. Podría enfrentarse, en caso de que finalmente sea encontrado culpable del asesinato de su hijo, a una pena de cadena perpetua.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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El gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, ha vetado una ley aprobada por ambas cámaras del estado que daba derecho a funcionarios y empresas que provean servicios relacionados con las bodas a rechazar a ciudadanos LGTB por motivaciones religiosas. McAuliffe ha criticado duramente la ley, al considerar que “aunque se formula como un proyecto de ley de ‘libertad religiosa’, esta legislación no es más que un intento de estigmatizar”.

El 12 de febrero del presente año, el Senado del estado de Virginia aprobaba el proyecto de ley 41, por un estrecho margen de 20 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención. El proyecto de ley, cuyo ponente era el senador estatal del Partido Republicano Charles Carrico, permitía que quienes oficiasen matrimonios o prestasen servicios relacionados con las bodas pudieran rechazar a ciudadanos y clientes LGTB poniendo como pretexto “su sincera creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión entre un hombre y una mujer”. Eso no solo incluía a las confesiones religiosas, sino a los propios funcionarios del estado, que podrían rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, y por supuesto a todos aquellos negocios relacionados con las celebraciones nupciales.

El proyecto de ley pasó a la consideración de la Cámara de Delegados (la cámara baja del estado de Virginia), también bajo control republicano. Allí fue aprobado el 9 de marzo por 59 votos a favor y 38 en contra, por lo que fue enviado al gobernador para su promulgación definitiva.

Pero el gobernador Terry McAuliffe ya se había comprometido a vetar el proyecto de ley si era aprobado, por encontrar que no era más que “un intento de estigmatización” de las personas LGTB bajo la excusa de la protección de las creencias religiosas. Quizás por ello no hubo la misma escalada de protestas y amenazas de boicot que tuvieron lugar en estados como Indiana o Georgia. Pero el daño que pudiera hacer su aprobación a la economía del estado también estaba en la mente del gobernador, pues, según sus palabras “las empresas y los creadores de empleo no quieren ubicarse o hacer negocios en estados que parecen estar más preocupados por demonizar a las personas que por la creación de un fuerte clima de negocios”.

McAuliffe criticaba duramente el proyecto aprobado por las cámaras de su estado, por creerlo innecesario, inconstitucional y discriminatorio: “Cualquier protección legítima ofrecida por el proyecto de ley 41 es una duplicación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las demás protecciones adicionales están presentadas de tal manera que anteponen un punto de vista religioso, el que el matrimonio solo puede ser válido entre un hombre y una mujer, sobre todos los demás puntos de vista. Tal dinámica no sólo es inconstitucional, sino que equivale a discriminación bajo el pretexto de la libertad”.

Efectivamente, como ocurre en los casi 200 proyectos de ley diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos, se intenta legislar sobre la no imposición a iglesias y cultos de la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando ello ya está estipulado por la Primera Enmienda de la Constitución, por lo que es tan solo una excusa para introducir legislación claramente discriminatoria de manera mendaz.

Las asociaciones LGTB del estado, como Equality Virginia, se han felicitado por el cumplimiento del compromiso del gobernador. James Parrish, su director ejecutivo, lo expresaba con estas palabras: “El senador Carrico intentaba discriminar abierta y directamente a las parejas y familias homosexuales, con el pretexto de la libertad religiosa. Nos sentimos muy agradecidos por tener un gobernador que se opone a ello y que trabaja para hacer de Virginia un lugar más abierto y acogedor para todo el mundo, no menos”.

Aunque quienes respaldan la ley puede intentar levantar el veto del gobernador, la composición de las cámaras lo hace bastante complicado, pues difícilmente podrían alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria. Sin embargo, según avisa Equality Virginia, existen en el estado otros 9 proyectos de ley discriminatorios aún en trámite.

Fuente Dosmanzanas

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Preocupante denuncia de Human Rights Watch: las mujeres trans que llegan a Estados Unidos huyendo de la transfobia en sus países de origen son víctimas de esa misma transfobia en los centros donde deberían sentirse seguras. Algunos cambios en los reglamentos pretenden acabar con estos abusos pero sigue habiendo problemas.

Decenas de mujeres transgénero y transexuales que solicitan asilo en EEUU para protegerse de la discriminación y violencia en sus países de origen se encuentran encerradas en cárceles o centros de detención para inmigrantes en unas condiciones alarmantes para la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch

Hace pocas semanas recogíamos la arriesgada situación de sospecha continua y desprotección que atraviesan las personas LGTB demandantes de asilo en las fronteras de Europa. Esta intolerable realidad tampoco les es ajena al otro lado del Atlántico, según el último informe de Human Rights ‘Watch Do You See How Much I’m Suffering Here?‘ que denuncia la abusiva situación que desde hace años enfentan las mujeres trans demandantes de asilo en EEUU.

Pocas cosas pueden tenerse por más graves que sufrir violencia justamente donde se debería estar a salvo. Precisamente esto es lo que lo que acaba de denunciar Human Rights Watch, en este caso en los Estados Unidos. Según un amplio informe, decenas de mujeres trans se encuentran encerradas en cárceles o centros para inmigrantes con condiciones prácticamente carcelarias. Así se afirma en un informe de 88 páginas, hehco público el 23 de marzo con el título: “¿Pueden ver cuánto estoy sufriendo?” (aquí puede consultarse el resumen en español).

Tal y como revela la entidad internacional, las migrantes del colecivo son encerradas en condiciones prácticamente carcelarias en distintas regiones del país, y muchas de ellas han sufrido fragrantes agresiones sexuales y maltratos durante su detención, cuando no son recluidas en régimen de aislamiento »por su seguridad’‘.

En concreto, el informe documenta en 88 páginas 28 casos de mujeres trans que fueron retenidas en centros de detención migratoria entre 2011 y 2015. Más de la mitad de ellas fueron retenidas en centros para hombres, quedando expuestas al abuso y la violencia transfóbica. Además, la mitad había permanecido incluso en régimen de aislamiento, lo que con frecuencia se había justificado en nombre de su “seguridad”; esto último, como indica la ONG, es ya en sí mismo una forma de abuso.

Hasta hace poco, de hecho, las mujeres trans eran asignadas sistemáticamente a establecimientos para hombres. En ellos, muchas han sido agredidas sexualmente y han sufrido acoso por sus compañeros. Mientras, denuncian las mujeres, los guardias se negaban a protegerlas y llegaban incluso a someterlas a violencia verbal. Además, se las obligó también a dormir y ducharse en las mismas zonas comunes que decenas de hombres.

Dichos abusos y vejaciones son ejecutados tanto por internos como por los guardias de las instituciones, que a menudo se negaban a protegerlas y a intervenir durante los actos de violencia, provocándoles severas mermas en su salud y equilibrio psicológico.

Los testimonios son sobrecogedores. Por ejemplo, Sara V., procedente de Honduras (un país en el que los derechos del colectivo LGTB, y muy singularmente de las personas trans, son sistemáticamente vulnerados) contó que en abril de 2014 fue violada por tres hombres en un centro de Arizona. Había huido de la violencia de las pandillas y de amenazas de muerte en su país. Fue detenida al poco de llegar a Estados Unidos. Cuando denunció su situación, recibió estas palabras de un guardia: “Ustedes son las que causan estos problemas y siempre llaman la atención de los hombres”. Se denuncia incluso que las han acusado de sufrir abusos sexuales y culparlas de ello. Por su parte, Gloria L., también de Honduras, permaneció en régimen de aislamiento cerca de cuatro meses en un centro de Luisiana, y también tuvo que soportar la violencia verbal de otro guardia: “Me indicó que [la habían puesto en celda de aislamiento] ‘porque tenía cabello largo y pechos’. Uno me dijo que estaba ‘cansado de ver maricones’. Me trataron como un animal”.

El gobierno federal aprobó en 2015 unas nuevas directrices que buscaban mejorar las condiciones de detención de detención de las migrantes trans. Algo que es visto de manera positiva por HRW en líneas generales, pero cuyas medidas no prevén un mecanismo de supervisión independiente que garantice que se están aplicando.. En ellas, se establecía que las mujeres trans debían ser asignadas a unidades destinadas específicamente para ellas. Sin embargo, permanece el problema de que falta un organismo de supervisión independiente que garantice su aplicación imparcial. De hecho, tampoco los centros supuestamente más preparados para su realidad cumplen con las expectativas. Así, el Santa Ana City Jail, en el Sur de California, tiene una unidad separada para las mujeres trans, y en la actualidad alberga a la mayor parte de personas de este colectivo retenidas en estos centros. No obstante, este centro dista mucho de ser ejemplar. En este sentido, denuncian que los guardias, de sexo masculino, les practican
 habitualmente revisiones físicas exhaustivas de manera humillante y 
abusiva. Muchas mujeres señalan además que no han podido obtener servicios médicos 
adecuados, incluida la administración de hormonas.

En definitiva, una situación intolerable que debe ser conocida para evitar que continúe. Os dejamos con el vídeo de denuncia de Human Rights Watch. Aunque se narra en inglés, varios testimonios están en español.

Vídeo: Abuso a mujeres trans en centros de detención de EEUU

¿Qué exigen?

Como conclusión, Human Rights Watch pide al gobierno estadounidense que:

• Priorice el desarrollo y la expansión de las alternativas a la detención para mujeres transgénero y otros no ciudadanos considerados miembros de poblaciones vulnerables, en particular las que están sujetas a la custodia obligatoria.
• Examine y revise su política de detención de migrantes trans, adecuando el derecho estadounidense al internaciones y desarrollando una estrategia claramente orientada a dar asilo a lasmujeres trans en condiciones seguras y de respeto a sus derechos humanos, entre los que destaca que no deben nunca ingresar en centros de detención para hombres o en régimen de aislamiento prolongado.
• Tome medidas inmediatas para investigar y poner fin a las prácticas abusivas en la cárcel de la ciudad de Santa Ana, y asegure que las mujeres trans que allí están detenidas puedan acceder a los servicios médicos y mentales necesarias para el cuidado de la salud. Y si estos problemas no pueden ser abordados con prontitud y de forma global, se insta a que no se continue manteniendo mujeres trans en dicha penitenciaría.

• Supervisen las condiciones en las que las mujeres transgénero se encuentran recluidas en otros centros de detención, y velar por que estos valores están libres de abuso y sean respetuosos con las necesidades específicas de salud mental y física. Ante la posible designación de un centro de detención alternativa, se insta a garantizar que no se producen más abusos y que los traslados se llevan a cabo en consdiciones seguras para la integridad humana.

En palabras de Adam Frankel, coordinador del programa LGTB de HRW

Como mínimo, el gobierno estadounidense debería asegurar que las mujeres trans que son detenidas estén en un entorno donde no se produzcan abusos y se respeten sus necesidades médicas y de salud mental […] Si el Gobierno no está en condiciones de tomar las medidas necesarias para ofrecer estas garantías o no tiene interés en hacerlo, entonces debería abstenerse de mantener a las mujeres trans en detención migratoria.«

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Rusia y algunos países africanos protestan contra una campaña de la ONU, «Libres e iguales», en defensa de la comunidad LGTB para la que se han lanzado seis sellos conmemorativos.

Con sede en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está a cargo de la campaña Libres e iguales, en defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se trata de una serie de seis sellos postales que tratan de reflejar el espíritu de dos resoluciones de la ONU, adoptadas en 2011 y 2015 por el Congreso de los Derechos Humanos, que denuncian la discriminación y la violencia contra personas en base a su orientación sexual o su identidad de género.

Entre los 79 países que integran la lista de los países que actualmente disponen de leyes que discriminan a la comunidad LGTB se encuentran Angola, Botswana, Kenia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zimbawe. Hasta 54 de esos países, junto con Rusia, con poder de veto actualmente, han manifestado su malestar con la campaña.

En nombre del grupo africano, un representante de Tanzania, Justin Kisoka, ha hecho llegar al secretario general de la ONU su profunda preocupación por la «alarmante» presentación, impresión y distribución de los sellos. Según él «contradicen los principios de la ONU, así como la cultura, las normas y las creencias de muchos estados miembros, lo que deja dudas sobre el cumplimiento de las normas y las reglas que rigen el uso del logo y de los recursos» de esta organización internacional. En la Comisión de administración y Presupuesto de la ONU, conocida como la Quinta Comisión, Kisoka solicitó el «cese inmediato de la campaña», así como la implementación de medidas para determinar responsabilidades y la recuperación de los fondos destinados a la financiación de los sellos. En apoyo al grupo africano, Sergey Khalizov, representante ruso, cuestionó el uso de los recursos en el mismo sentido, estando dispuesto a debatir ante la Comisión sobre los diversos asuntos plateados por el grupo africano.

Tras confirmar que la publicación de los sellos está vinculada a la campaña Libres e iguales, Boris Dittrich, director de la campaña del programa de derechos de personas LGTB de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, recalca que los polémicos sellos «reflejan que los derechos fundamentales, así como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la no discriminación pertenecen a cada persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género (…). En lugar de atacar a al ONU por publicar una serie de sellos, el grupo africano y Rusia deberían concentrarse en eliminar la discriminación y la violencia contra las personas LGTB en sus países».

Homosexual de origen cubano, Sergio Baradat, responsable del diseño de los sellos, ha explicado la influencia del Art Decó francés en sus diseños, así como el hecho de haber crecido en Miami. «En uno de los sellos hay una persona transgénero», explica en referencia al que muestra a una persona con alas de mariposa, representando a alguien «que se convierte en quien realmente es y florece (…) Vivimos en un mundo en el que aun si las naciones adoptan el matrimonio igualitario y la igualdad LGTB, todavía tenemos mucho camino por delante, pero estamos dando pasos importantes (…). Hay países en el mundo donde no sólo no nos celebran ni nos respetan, sino que nos golpean y nos asesinan. Pensé que sería una oportunidad maravillosa de usar el arte mediante sellos postales como vehículo para cambiar corazones y mentes«.

La serie de sellos cuenta con el apoyo de los miembros permanentes actuales entre los que se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Israel, Noruega y Uruguay, la delegación de la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Administración Postal de la ONU.

Fuente Agencias

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Los ciudadanos de estadounidenses aceptan cada vez más las relaciones homosexuales y la convivencia de parejas no casadas, pero se sienten menos cómodos ante el divorcio, indicó un nuevo sondeo.

El gobierno suele preguntar de forma periódica a miles de adolescentes y adultos jóvenes lo que opinan sobre los cambios en las relaciones familiares estadounidenses. Los resultados indican un cambio a lo largo de una década en las opiniones sobre una serie de temas. Pero lo más sorprendente fue lo que dijeron sobre el divorcio.

Cuando se les preguntó si el divorcio es la mejor solución cuando un matrimonio está en problemas, el 38 % de las mujeres dijeron estar de acuerdo, respecto al 47 % de la década anterior. La cifra para los varones fue del 39, respecto al 44 % anterior.

El divorcio se ha vuelto más habitual en Estados Unidos con el paso de las generaciones, y se asume que la aceptación se mantendría estable o aumentaría, señalaron algunos expertos. Podría haber varias explicaciones para el declive, dijo Wendy Manning, investigadora de familia y matrimonio en la Universidad del Estado de Bowling Green, en Ohio.

La tasa de matrimonios ha bajado y la gente es más mayor cuando se casa por primera vez. De modo que los que sí dan el paso son más propensos a estar comprometidos, señaló. «El matrimonio se está volviendo tan selectivo que quizá la gente cree que si uno logra ese status, no quiere ponerle fin», dijo Manning.

Además, el sondeo se realizó tras una crisis económica nacional en la que algunas parejas no tenían el dinero para divorciarse y establecer hogares separados, indicó.

Otros hallazgos del estudio, que reflejaron aumentos en la última década:

– Tres cuartas partes de los hombres y mujeres creen que está bien que una pareja joven conviva antes de casarse.

– El 78 % de las mujeres y el 69 % de los hombres aprueban que una mujer soltera tenga y críe a un bebé.

– En torno al 60 % de las mujeres y el 49 % de los hombres aprueban las relaciones entre personas del mismo sexo.

– El 75 % de las mujeres y el 68 % de los hombres creen que los adultos gays y lesbianas deben tener derecho a adoptar niños.

– En torno al 54 % de las mujeres y el 64 % de los hombres aprueban el sexo prematrimonial entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no hubo un cambio significativo en las respuestas sobre sexo entre personas de 16 años. Sólo el 15 % de las mujeres y el 21 % de los hombres dijeron que estaba bien.

Y menos del 10 % cree que sea necesario tener hijos para ser feliz en la vida. Esa cifra tampoco ha cambiado.

El sondeo de 2011-2013 realizado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades implicó entrevistas en persona a más de 10.000 participantes de entre 15 y 44 años.

Fuente Agencias, Cáscara Amarga

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Raymond Braun, un activista estadounidense de 26 años, ha puesto en marcha en Instagram #VisibleMe, un canal dedicado a visibilizar a jóvenes LGTB de todo el mundo.

Según el propio Braun cuenta de sí mismo, él procede de un pequeño pueblo de Ohio, y el hecho de tener acceso a internet y poder conocer historias como la suya propia “me ayudó a tener el valor de salir del armario ante mí mismo”. “Ahora mi pasión es poder hablarle a personas que son como era yo, esos jóvenes chicos LGBTQ que se sientes aislados o incomprendidos”, asegura Braun, que tras compartir su historia comenzó a recibir testimonios de otros jóvenes LGTB y decidió lanzar #VisibleMe.

Desde dosmanzanas saludamos esta iniciativa, que se une a otras ya existentes de visibilización y soporte a jóvenes LGTB, como It Gets Better, presente en España desde hace más de un año y que cuenta ya con delegaciones en varios países latinoamericanos (el último de ellos, Perú). Todo suma, y cuantas más canales y vías de expresión de la diversidad tengamos disponibles sin duda mucho mejor. 

Aunque concebido originalmente en Instagram, si lo deseas, puedes seguir el proyecto #VisibleMe de @raymondbraun también en Facebook.

Fuente Dosmanzanas

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Por primera vez en la historia, una mujer transexual actuará como enlace entre la comunidad LGTB y la Casa Blanca. Se trata de Raffi Freedman-Gurspan, que el verano pasado se convertía ya en la primera mujer abiertamente transexual en incorporarse al personal de la presidencia.

Raffi Freedman-Gurspan sabe bien lo que es la diversidad. Nacida en Honduras, en el seno de una comunidad indígena, fue adoptada por una familia judía de Massachusetts. Freedman-Gurspan se identifica a sí misma como mujer indígena, latina, judía… y por supuesto transexual, habiendo ejercido en el pasado el activismo trans como parte de la Massachusetts Transgender Political Coalition, una organización dedicada a combatir la discriminación por razón de identidad o expresión de género.

El pasado verano, Raffi Freedman-Gurspan hacía historia al convertirse en la primera persona abiertamente transexual en incorporarse al staff de la Casa Blanca, en concreto como una de las directoras de su oficina de personal. Ahora vuelve a ser noticia al convertirse, de la mano de Barack Obama, en la primera persona trans en ocupar la posición de enlace entre la Casa Blanca y la comunidad LGTB, una responsabilidad que hasta ahora había recaído siempre en personas cisexuales (no trans) en las administraciones de Bill Clinton y Obama.

Freedman-Gurspan sucede a Aditi Hardikar, que abandonó el puesto en enero para incorporarse a la campaña de la candidata presidencial Hillary Clinton.

Fuente Dosmanzanas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta de que persisten las prácticas de discriminación contra la comunidad LGTB en toda América, aumentando la crueldad en los ataques de odio.

Realizado a petición de la CIDH, el informe Violencia contra personas LGTBI en América, concluye que, en un período de 15 meses analizado, 770 personas de la comunidad LGTB fueron agredidas en el continente americano, denunciando que los prejuicios de la sociedad y el gobierno han impedido investigaciones eficaces que culminaran con el castigo de los responsables de las agresiones, generando un clima de impunidad.

Asimismo, el informe advierte un incremento de la crueldad en los ataques, existiendo víctimas que fallecieron lapidadas, decapitadas, quemadas o hasta empaladas. Muchas víctimas fueron apuñaladas o golpeadas hasta la muerte con todo tipo de objetos contundentes, y en muchos casos fueron asesinadas después de haber estado sometidas a crueles actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes.

Concluido en noviembre de 2015, el informe señala que la parcialidad de los gobiernos «envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada. Esto, a su vez, puede generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia». Otro atenuante que construye este clima es la ausencia de estadísticas precisas sobre el número de víctimas y las características de sus ataques, como tampoco las hay sobre las tasas de condenas penales por asesinatos y otros actos de violencia.

Las 770 agresiones acreditadas tuvieron lugar en países como Cuba, Chile, Perú, Brasil, Haití, Belice, Barbados, Canadá, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Jamaica, Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador, República Dominicana y los Estados Unidos. Lo que no significa que no se hayan producido actos de violencia en otros países, o que no hayan sido más numerosos.

La CIDH condena que existan legislaciones que contribuyan a la discriminación y «la violencia contra las personas LGTB» donde «es tácitamente permitida o tolerada». Países como Belice y Trinidad y Tobago disponen de leyes que prohíben la entrada de homosexuales en su territorio; en Chile, Canadá, Bahamas, Paraguay y Surinam se establecen diferentes edades de consentimiento para las relaciones sexuales entre personas heterosexuales y homosexuales; en Peru, Brasil y República Dominicana existen sanciones en códigos militares o policiales para las relaciones entre personas del mismo sexo; el Código Penal de Jalisco, en México, establece como exhibición obscena la mera presencia de una persona transexual; mientras que en Chile, Ecuador y El salvador se protegen «las buenas costumbres».

Si a todo esto añadimos que que muchas víctimas temen revelar su orientación sexual por temor a represalias, así como la carencia de entretenimiento en técnicos y administrativos de justicia, se explican los motivos por los que CIDH considera que existe discriminación en muchos de los países de su ámbito, recomendando aumentar esfuerzos y asignar recursos suficientes para la compilación y análisis de datos estadísticos para prevenir los crímenes de naturaleza violenta y la discriminación por prejuicio a la comunidad LGTB.

Fuente CIDH

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Los organizadores de una gala de caridad católica celebrada en Asheville, Carolina del Norte, cancelaron la actuación de la cantante de blues americana Kat Williams, nominada a un Emmy en 2012, después de descubrir en una revista que está casada con una mujer.

Todo estaba preparado para que Kat Williams actuase el pasado 12 de marzo en la Gala Anual para la Esperanza de la diócesis católica de Charlotte, en Carolina del Norte, un evento destinado a apoyar a las familias empobrecidas de la región. Y una diócesis para la que la artista ya había actuado con anterioridad en dos ocasiones. Pero según la propia Williams revelaba en su página de Facebook, los organizadores rescindieron su invitación dos semanas antes del evento después de que el obispo de la diócesis, Peter Jugis, descubriese en un artículo publicado en 2013 que estaba casada con una mujer.

El portavoz diocesano David Hains señaló, en declaraciones a una cadena de televisión local, que “el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer” y que “dado que la señora Williams elige estar en una relación distinta, esto hace que sea inapropiado que actúe para nosotros”. “Como organización católica, tenemos el derecho de representar a nuestra fe y lo que estamos haciendo, esencialmente, es ejercer ese derecho“, añadió Hains.

Kat Williams, ella misma residente en Asheville, comentó a la misma cadena de televisión que “lo triste de todo esto es que lo están haciendo en el nombre de Dios. Y francamente, tengo un problema con eso“. Y es que la cantante no entiende que se use precisamente la fe como elemento discriminador. En su perfil de Facebook, Williams señaló el pasado 5 de marzo que “me siento herida y triste. Toda mi carrera está conectada, con una total gratitud, a causas o a organizaciones benéficas importantes, en las que creo absolutamente. Esta es la primera vez que he sido rechazada de una actuación solo por la persona a la que he elegido amar. Hay dos cosas en mi vida que no escogí: ¡ser negra y ser homosexual! Estoy orgullosa de ser ambas cosas y quiero que nuestra comunidad religiosa de Carolina del Norte reconozca las enseñanzas de Cristo, el amor, el perdón, la tolerancia y la inclusión“.

“No quiero que la gente tome represalias o reaccione de forma negativa. Me gustaría que fuésemos una comunidad que abordase este tema con Amor, Compasión y Tolerancia. Esto no ha pasado en San Francisco,en Nueva York o en el DC, ha pasado en nuestro propio patio trasero, ¡y la discriminación tiene que parar!”, añadía Williams.

La cantante, que aun así va a recibir un cheque por su actuación cancelada, ha invitado al obispo a visitar su iglesia y ha pedido a sus seguidores que respondan con el perdón y la gracia y hagan donativos a grupos inclusivos como el de la Campaña por la Igualdad del Sur y el proyecto del Sida de Carolina del Norte occidental.

Fuente Dosmanzanas

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Dos adolescentes estadounidenses han sido víctimas del fanatismo e intolerancia de la vicedirectora de su instituto, que les negó irregularmente la posibilidad de acudir como pareja al baile de promoción. La denuncia del atropello que la madre de uno de los estudiantes efectuó a los medios de comunicación bastó para que se iniciara una investigación al respecto, y la pareja de adolescentes finalmente podrá acudir a la celebración escolar, como cualquiera de sus compañeros.

Raymond Tullier y su novio Nicholas Newport, dos adolescentes que cursan estudios en el instituto French Settlemen de Luisiana, decidieron comprar sus entradas para el baile de promoción, al que acudirían como la pareja que eran, tal como hacía el resto de sus compañeros.

Pero cuando Raymond intentó efectuar la compra, la vicedirectora el instituto, Lindy Gill, se negó a facilitarle las entradas, pues, según ella, las normas del instituto impedían la presencia en el baile de promoción de parejas del mismo sexo. En realidad, ningún artículo del manual oficial del instituto French Settlemen dice nada al respecto, por lo que el argumento de la vicedirectora, devota baptista y miembro del club “He encontrado a Jesús”, era una completa falacia.

Raymond decidió contar lo sucedido a su madre, Tamblie Babin , que siempre le ha ofrecido su apoyo en los problemas relacionados con su orientación sexual, y le envió un mensaje de texto con su teléfono móvil. La señora Babin se puso en contacto de inmediato con la vicedirectora Gill, inquiriéndola por su negativa a facilitar el acceso a su hijo y su novio al baile de promoción. La respuesta que obtuvo fue la misma falsedad: las normas del instituto lo impedían.

Temiendo sin duda que la madre del adolescente elevara alguna protesta y se descubriera el engaño, la vicedirectora Gill decidió perpetrar una última artimaña: sancionar a Raymond por haber utilizado el teléfono móvil en horario escolar. Porque lo que sí que dictan las normas del instituto es que un estudiante sancionado no puede acudir al baile de promoción, con lo que así se impedía, de manera torticera, que la pareja de adolescentes pudiera disfrutar de la celebración en ningún caso.

El centro escolar, al que acuden unos 400 estudiantes, está situado en la pequeña localidad de Livingston Parish, cercana a Baton Rouge. Tamblie Ballin decidió dar a conocer el caso de su hijo a la emisora de televisión local de Baton Rouge WBRZ-TV, quienes se pusieron en contacto con el inspector escolar de Livingston Parish, John Watson. Este se mostró sorprendido por los hechos y prometió iniciar una investigación, asegurando que no toleraría ningún tipo de discriminación en su distrito. Aquí podéis ver el vídeo de la noticia efectuado por WBRZ-TV:

https://www.youtube.com/watch?v=2fNP4F4F2bw

Finalmente, Raymond y Nicholas han sido informados de que pueden adquirir sus entradas para el baile de promoción, que se celebrará este fin de semana, y para el que ambos ya se habían comprado trajes de etiqueta a juego. Lo que aún no se sabe es si la vicedirectora será sancionada.

Lambda Legal, equipo jurídico de los más importantes casos de defensa de los derechos LGTB en los Estados Unidos, ha aprovechado la difusión de esta noticia para informar de que los tribunales federales han establecido, de manera repetida, que negar el acceso a los bailes de promoción u otro tipo de festividades a las parejas del mismo sexo viola su derecho a la libertad de expresión y asociación amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También han ofrecido una serie de consejos a los adolescentes y jóvenes que se enfrenten a este tipo de discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal Juan M. Pérez-Giménez ha dictaminado sorprendentemente que el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, no es de aplicación en Puerto Rico al no ser un estado integrado, sino un territorio. El juez Pérez-Giménez fue quien en su día dictó la constitucionalidad de la ley puertorriqueña que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, en una sentencia que se distanciaba jurídicamente de la inmensa mayoría de las dictadas por los tribunales federales y cortes de apelación hasta ese momento. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha comunicado que el Gobierno de la isla seguirá acatando las sentencias de los tribunales de superior jerarquía, sin que el fallo del juez Pérez-Giménez elimine ningún derecho a las parejas del mismo sexo puertorriqueñas.

Alejandro García Padilla, máximo mandatario de Puerto Rico, ha anunciado que pese a las presiones por parte de la justicia de la isla caribeña, el estado mantendrá con absoluta rotundidad el matrimonio igualitario en los mismos términos que los respaldados el año pasado por el Tribunal Supremo estadounidense.

Esto se debe a que un magistrado de Puerto Rico dictaminó que el matrimonio igualitario aprobado a nivel nacional por la Corte Suprema, no es aplicable a la isla porque no es un estado sino un territorio estadounidense. Juan Pérez Giménez, juez de Distrito de Puerto Rico, lleva tiempo cabalgando en una cruzada personal contra el matrimonio igualitario.

Una batalla abierta contra la Diversidad que desde hace meses se apoya en la influencia de la Iglesia Católica en la isla y en los sectores más conservadores del estado.

Hace unos meses, el legislador intentaba asestar un golpe de efecto contra los derechos de la comunidad LGTB e intentaba confirmar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico.

En octubre de 2014, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional, tras la demanda impuesta por Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez.  Ambas reclamaban que el matrimonio que habían contraído en el estado de Massachusetts en 2004 fuese reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Tras el fallo negativo, las demandantes recurrieron ante la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, radicada en Boston, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones de Boston aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Tras la histórica sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo de EEUU con la que se declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, Pérez Giménez se enrocaba en su posición inicial y llegaba a afirmar que la decisión del Tribunal Supremo no se podía aplicar a Puerto Rico, ya que no es un estado. El magistrado Juan Pérez Giménez ha provocado la confusión sobre el futuro del matrimonio igualitario en Puerto Rico, debido a un inesperado fallo, emitido el 8 de marzo, en el que afirma que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos permite el matrimonio igualitario, hace alusión a los estados de la unión, pero no menciona territorios como Puerto Rico, no incorporado como estado. En una decisión que ha sorprendido a propios y extraños, ha dictaminado que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense es únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico sigue vigente. Según el juez, el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo puertorriqueñas requeriría de una orden adicional por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o del Tribunal Supremo de Puerto Rico; o bien de una legislación especial por parte del Congreso de Estados Unidos en el ejercicio de los poderes conferidos bajo la cláusula territorial o de algún estatuto adoptado por la Legislatura de Puerto Rico que enmiende o derogue el artículo 68.

Tras el revuelo causado por este dictamen , el gobernador de Puerto Rico ha intervenido para detener esta absurda travesía hacia el pasado. De este modo, Alejandro García Padilla, afirmaba en un comunicado que:

El derecho fundamental al matrimonio ha sido ordenado por el Tribunal Supremo de EEUU y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Por lo tanto, voy a respetar las resoluciones de los tribunales superiores que, afortunadamente, están muy alejadas de las ideas del juez Juan Pérez Giménez.»

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha revocado la sentencia de la Corte Suprema de Alabama que negaba los derechos de adopción a una de las integrantes de una pareja lesbiana. El dictamen es especialmente relevante para los progenitores LGTB, pues garantiza que las adopciones llevadas a cabo legalmente en un estado, sean reconocidas por otro, aunque sus propias normativas impidan la adopción a las parejas del mismo sexo. La decisión, además, ha sido tomada por unanimidad, sin que los jueces integrantes del alto tribunal hayan requerido siquiera la presentación de argumentos orales.

En una sentencia fechada el pasado 7 de marzo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, per curiam —es decir, por decisión de la corte en su conjunto— ha revocado el fallo de la Corte Suprema de Alabama que denegó los derechos de progenitura a uno de los miembros de una pareja de mujeres, por no ser la madre biológica de los tres hijos que ambas habían criado. Se trata del primer caso sobre derechos LGTB que ha dilucidado el Tribunal Supremo desde que falló a favor del matrimonio igualitario en junio de 2015, y su dictamen ha sido igualmente favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo.

Una pareja y una familia rotas

La sentencia del Tribunal Supremo detalla la historia de las implicadas en el caso, que se conocen por sus iniciales, V. L. y E. L., un procedimiento común en este tipo de litigios familiares, destinado a proteger su intimidad. Las dos mujeres, residentes en el estado de Alabama, habían mantenido una relación sentimental desde 1995. Durante su convivencia, recurrieron a la reproducción asistida para tener a sus tres hijos, todos ellos gestados por E. L., quien, según las leyes del estado, sería su única progenitora legal. Alabama no reconoce el derecho de adopción al otro miembro de la pareja, a menos que ambos estén unidos en matrimonio, institución vedada a las parejas del mismo sexo en aquellos años.

Tratando de velar por la protección de sus hijos, a quienes ambas criaron conjuntamente desde su nacimiento, V. L. quiso adoptarlos legalmente, algo con lo que E. L. estuvo de acuerdo. Aconsejadas al respecto por profesionales, decidieron instalarse provisionalmente en el vecino estado de Georgia, donde tal posibilidad existía en algunos de sus condados, cuyas Cortes Superiores tenían competencia al respecto. De esta manera, obtuvieron un veredicto favorable de la Corte Superior del condado de Fulton, que estimó que su solicitud cumplía con todos los requisitos y se ajustaba a derecho, por lo que nombró progenitora legal a V.L. Constó en el fallo el consentimiento explícito de E. L., condicionado únicamente a la conservación de sus propios derechos, como es habitual en estos casos. Ambas fueron declaradas madres legales de sus tres hijos.

De regreso a Alabama, la pareja mantuvo su relación hasta el año 2011, fecha en la que la dieron por concluida. Poco después, V. L. interpuso una demanda en el Tribunal de Familia del condado de Jefferson, pues E. L. le negaba cualquier derecho de visita a sus tres hijos. El tribunal reconoció el estatus de progenitora de V. L., dando por válida la adopción llevada a cabo en Georgia, y estimó su demanda, estableciendo los correspondientes derechos de visita.

E. L. recurrió a la Corte Civil de Apelaciones, que desestimó su requerimiento, manteniendo la decisión del Tribunal de Familia. Entonces, E. L. llevó el caso hasta la Corte Suprema de Alabama, bien conocida por ser completamente hostil a los derechos LGTB, con su presidente Roy Moore a la cabeza.

La Corte Suprema de Alabama cumplió con las expectativas LGTBfobas de E. L., y decidió anular la decisión de los tribunales inferiores, al estimar que la legislación del estado de Georgia no reconocía el derecho de adopción a los miembros de una pareja no unida en matrimonio. El plantel de jueces no tuvo en cuenta que las competencias al respecto eran potestad de las Cortes Superiores de los condados, que habían establecido su propia jurisprudencia. Se trataba, además, de la única sentencia, en los últimos 150 años de historia legal de los Estados Unidos, en la que un tribunal revocaba la decisión de una corte de otro estado respecto a los derechos de adopción.

Un fallo relevante para los progenitores LGTB

V. L., cuya defensa era llevada por el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, apeló a la más alta instancia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Al aceptar el caso, el alto tribunal dejó en suspenso la resolución de la Corte Suprema de Alabama, restableciendo los derechos de visita mientras durara el proceso de apelación.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de V. L., sin ni siquiera requerir la presentación de argumentos orales por las partes, y por unanimidad de los miembros del tribunal. Los jueces han estimado que la Corte Suprema de Alabama ha vulnerado la sección primera del artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la “confianza y crédito” debidos a las decisiones de los tribunales de otros estados. Esta cláusula trata de impedir que un derecho reconocido en los tribunales de un estado pueda ser ignorado por otro, y así fortalecer un sistema judicial único para todos los ciudadanos. Dado que las Cortes Superiores de los condados del estado de Georgia tienen competencia para dictar resoluciones en materia de adopción, sus decisiones deben ser respetadas y acatadas por todos los tribunales del país.

De esta manera, no solo se hace justicia con V. L., que ha visto restablecidos sus derechos como progenitora legal de los tres hijos que ella misma crió, sino también se garantiza que las parejas LGTB que viven en estados donde está permitida la adopción de los hijos biológicos del otro miembro de la pareja, no pierdan sus derechos al instalarse en estados donde no se permite. También es especialmente relevante que esta sea la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre derechos LGTB tras su fallo favorable al matrimonio igualitario, y que haya sido positiva incluso por unanimidad.

Tras conocer el dictamen, V. L. declaraba que “me siento afortunada por que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya revocado la decisión del tribunal de Alabama. He sido la madre de mis hijos en todos los sentidos durante toda su vida. Pensé que el hecho de adoptarles significaba que íbamos a ser capaces de estar juntos para siempre. Cuando la Corte de Alabama dictó que mi adopción no era válida y que no era su madre, pensé que todo se había acabado. El Tribunal Supremo ha hecho lo correcto para mi familia”.

Por su parte, desde el Centro Nacional de Derechos Lésbicos, cuyo equipo legal ha conseguido esta victoria, se emitía el siguiente comunicado: “La decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia sin precedentes de Alabama, que anulaba una adopción efectuada en otro estado, es una victoria no solo para nuestro cliente, sino para miles de familias adoptivas. Ningún padre adoptivo, ni ningún niño adoptado, deberían tener que enfrentarse a la incertidumbre de poder tener que separarse años después de la adopción, solo porque la corte de otro estado no está de acuerdo con la ley que se aplicó en dicha adopción”.

Fuente Domanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Alabama, Centro Nacional de Derechos Lésbicos, Corte Suprema de Alabama, Discriminación, Estados Unidos, Familia, Georgia, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Un entrenador de los Halcones de Atlanta preguntó su orientación sexual a un jugador al que consideraba contratar, un tipo de comportamiento que va en contra de la normativa de la NFL.

General, Homofobia/ Transfobia. CSN Philadelphia, Eli Apple, Estados Unidos, Halcones de Atlanta, NFL, Ohio State