La igualdad matrimonial está un paso más cerca en la República Checa. La Cámara de Diputados del país centroeuropeo ha aprobado en primera lectura una proposición de ley, presentada hace casi tres años, para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. La votación supone la admisión a trámite de la medida, que se discutirá ahora en la correspondiente comisión parlamentaria. Para convertirse en ley, deberá superar una segunda y tercera lectura, la aprobación en el Senado y la firma del presidente. Para más contrariedad, los diputados han aceptado también la tramitación de una reforma para blindar a nivel constitucional el matrimonio excluyente.

La proposición de ley para legalizar el matrimonio igualitario en Chequia fue registrada en la Cámara de Diputados el 22 de junio de 2018. Se trata de una reforma del Código Civil por la que las parejas del mismo sexo tendrían acceso al matrimonio en igualdad de condiciones que las de distinto sexo. Por su parte, desaparecería la institución de la «pareja registrada» (registrované partnersví) que desde 2006 concede algunos derechos a las parejas del mismo sexo: «El principio fundamental de la reforma legal propuesta es proporcionar a las parejas del mismo sexo y sus hijos la misma dignidad y protección de la vida familiar que por ley viene proporcionada a los esposos y sus hijos, y con ello garantizarles una posición igual no sólo en la sociedad sino también ante la ley», se afirma en la exposición de motivos del proyecto.

La proposición la presentaron 46 diputados (de los 200 que componen la Cámara) de diferentes partidos políticos. Entre ellos ANO, la formación de corte liberal-populista que lidera el Gobierno y cuyo nombre en checo por cierto significa literalmente «sí». También apoyaron la medida miembros del Partido Pirata, la formación más claramente proLGTBI del espectro político checo, así como del KSČM (comunistas), ČSSD (socialdemócratas), TOP 09 (liberal-conservador) y STAN (regionalistas). No se unió, en cambio, ningún representante de ODS (conservadores), SPD (ultraderecha xenófoba) y KDU-ČSL (democristianos). Especialmente relevante fue el apoyo explícito del Gobierno de coalición entre ANO y ČSSD, que permitía un cierto optimismo sobre las perspectivas de aprobación.

Tras dos debates infructuosos en noviembre de 2018 y marzo de 2019, sin embargo, la continuación de la tramitación de la medida quedaba pospuesta sine die. Un estancamiento en el que fue determinante no tanto la oposición esperada de los partidos de derecha y ultraderecha, sino sobre todo la falta de compromiso verdadero de los partidos teóricamente favorables, con diputados que incluso se ausentaron de los debates. El pasado jueves, más de dos años después, la propuesta consiguió una mayoría en la Cámara de Diputados en primera lectura que le permite continuar su tramitación en comisión parlamentaria, donde se discutirá durante los próximos 80 días.

A continuación, volverá al pleno de la Cámara, donde se someterá a una votación en segunda lectura. Los diputados también pueden presentar una propuesta para rechazar el proyecto de ley, que se votaría en la tercera lectura, o una propuesta para devolver el proyecto de ley a la comisión para su reconsideración. Si el texto no se rechaza ni se devuelve a comisión, se procede a la tercera lectura, en la que se votan las posibles enmiendas presentadas y el proyecto en su conjunto. Los plazos indican que se podría llegar a este punto este mismo año, con la salvedad de que en octubre se celebran elecciones legislativas que podrían paralizar todo el proceso.

Tras una eventual aprobación en la cámara baja, el texto pasaría al Senado para su aprobación y, por último, al presidente de la República Miloš Zeman para que lo ratificara con su firma. Lo cual tampoco estaría garantizado, toda vez que Zeman adelantó en 2019 que vetaría una ley de matrimonio igualitario que llegara a su mesa. El veto del presidente puede ser revocado con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, como ocurrió en 2006 cuando el expresidente Václav Klaus rechazó firmar la ley de uniones civiles.

Hay un escollo adicional: los contrarios a la igualdad consiguieron el mismo jueves que su propuesta de blindar a nivel constitucional el matrimonio excluyente también recibiera el visto bueno de la Cámara de Diputados para su tramitación en comisión. Aunque la iniciativa tiene pocos visos de prosperar, podría entorpecer y alargar el debate del matrimonio igualitario. En definitiva, se abre un proceso aún largo e incierto pero que el activismo checo ha recibido con optimismo por el hito que supondría la entrada en vigor de la igualdad matrimonial por primera vez en un país del antiguo bloque del Este.

República Checa y derechos LGTBI: una situación prometedora

Ya en ocasiones anteriores ha sido noticia este país por noticias favorables para el colectivo LGTB. Por ejemplo, en julio de 2017 el Tribunal Constitucional dictaminaba el reconocimiento de la paternidad para los dos miembros de una pareja del mismo sexo cuando esta se encuentra reconocida en el extranjero. La decisión se produjo tras el recurso de una pareja formada por un ciudadano checo y un ciudadano danés, quienes contrajeron matrimonio en Estados Unidos y fueron padres por gestación subrogada en California. Esta sentencia se sumó a otras anteriores que iban también en la línea de la progresiva equiparación. También fue el Tribunal Constitucional checo el que en 2016 levantó la prohibición de adoptar niños de forma individual para las personas que conviven en una unión civil (posible para parejas del mismo sexo). Estaremos pendientes del desarrollo del actual proceso legislativo para ver si está en sintonía con estas positivas decisiones judiciales.

Fuente Dosmanzanas

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Más del 70%  experimentó problemas psicológicos debido a la discriminación o los delitos, a un punto que el 31,8% intentó suicidarse o tuvo ideas suicidas, al 20,6% le quedaron marcas en el cuerpo y el 33,9% vivió  problemas sexuales. Los dramáticos abusos; que en su casi totalidad no se denuncian;  son parte del primer estudio desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito junto al Movilh y otros colectivos.

La Subsecretaría de Prevención del Delito  (SPD), el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Organización Trans de Rancagua e Iguales lanzaron hoy la primera encuesta estatal sobre la discriminación y violencia que afecta a las personas LGBTIQ+ en razón de su orientación sexual o identidad de género.

Se trata del sondeo “más grande y representativo emprendido por el Estado, en alianza con la sociedad civil, pues fueron encuestadas un total de 3.271 personas. Valoramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Katherine Martorell a la cabeza, impulsara esta iniciativa. Los resultados son dramáticos, pues reflejan de manera clara y contundente el drama y la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en Chile y la necesidad de implementar con urgencia medidas contra la discriminación”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería, cuya organización atiende en más del 92% de las denuncias por homofobia o transfobia conocidas en el país.

Añadió que “esperamos que todos los ministerios del Gobierno, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo, tomen nota de estos tristes y dolorosos resultados e implementen políticas públicas y leyes para prevenir y erradicar la discriminación y los delitos. Aquí la reforma a la Ley Zamudio, que tramita el Senado, es de suma relevancia. Esperamos y exigimos  que esta reforma contemple una institucionalidad anti-discriminatoria”.

Del mismo modo “llamamos a las personas LGBTIQ+ a denunciar los atropellos, a perder el miedo. Esto porque apenas el 4,3% denuncia la discriminación y solo  el 9,2% reporta los delitos. Es decir, que la casi totalidad de quienes ven vulnerados sus derechos, no tienen ninguna posibilidad de alcanzar justicia, lo cual es gravísimo y preocupante”.

El “Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+” fue aplicado entre los pasados 14 de octubre y 15 de diciembre, siendo el instrumento diseñado por la SPD y el Movilh, con el apoyo de la Organización Trans de Rancagua e Iguales.

Del total de personas encuestadas, el 57,5% tiene entre  18 y 30 años; el 23,1%, entre 15 y 17 años; el 11,4%, entre 31 y 40 años; y el 7,9%, más de 41 años.

El 41.9% de los encuestados es hombre; el 58%, mujer y  el 0,1%, intersex. En cuanto a la orientación sexual, el 31,5% se declaró gay; el 30,4%, bisexual; el 18,2%, lesbiana; el 11% heterosexual; y el 9%, bisexual. En tanto, la identidad de género del 57,6% es cisgénero; seguido por “otros” (17,7%); no binarios (17,4%) y trans (7,3%)

Discriminación a  personas LGBTIQ+

En torno a la percepción de la discriminación, el 71,8% cree que en Chile los derechos de las personas LGBTIQ+ se respetan “poco”; el 25%, “algo” y el 3,1%, “mucho”, cifras explicadas por los graves episodios de homo/transfobia vividos a nivel individual.

En efecto, el  89.3% ha sufrido discriminación al menos una vez en su vida y el 64,4% experimentó lo mismo en el último año. Al considerar exclusivamente a las personas trans, las cifras son de 94,1% y 85,5%, en forma respectiva.

A lo largo de su vida el 76.9% fue discriminado/a con insultos; seguido por gritos y hostigamientos (64,5%); imposiciones para cambiar de apariencia (48.7%); falta de respeto a la identidad de género (28.8%); sanciones por expresar la orientación sexual o identidad de género (22,9%); expulsión o negación de entrada a algún lugar (18.5%); obligación para someterse a pruebas o test de VIH  o ITS (7,3%);  negación o obstáculos para registrar la identidad de género (4,5%); negación de entrega de retrovirales (1,2%) y  dificultades para ejercer el derecho a voto (0.9%). Además, y al considerar exclusivamente a  personas trans, al 61,9% las ridiculizaron llamándolas  en voz alta por su nombre legal y al 9,2% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.

En tanto, en el último año la discriminación se expresó en insultos (49,1%); gritos u hostigamientos (35%); obligación para cambiar de apariencia (26,2%); falta de respeto a la identidad de género (18,4%); sanciones por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual (7,8%); expulsión o prohibición de entrada a algún lugar (6,6%); obligación para someterse a pruebas de VIH o ITS (2,9%); negación  o dificultad para el registro de la identidad  (2,4%);  negación para la entrega de retrovirales (0,7%); obstáculos para ejercer el derecho a voto (0,4%).  En el mismo período, al 45,2% de las personas trans las ridiculizaron llamándolas en voz alta por su nombre legal y al 5,9% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.

Las diferentes formas de discriminación ocurrieron en espacios públicos como calles y parques (53,4%); en el hogar (44,7%); en redes sociales (41,2%); en espacios educativos (38%); en casa de familiares (29,8%); en el transporte público (21,7%); en el barrio (19,1%); en espacios religiosos o lugares de culto (18,7%); en espacios comerciales (18,4%); en instituciones públicas (12,6%); en el lugar de trabajo (12,3%); en carabineros (10,3%); en el servicio público de salud (8,5%); en un club, discoteca o bar (7.6%); en protestas o manifestaciones (6,5%);  en servicios o empresas privadas (5,6%); en servicios privado de salud (5,3%); al arrendar o comprar un producto o servicio (5,3%); en un servicio privado de transporte (4,2%); en gimnasios o centros deportivos (2,5%); en un evento LGBTIQ+ (1,9%); en club, pub o discoteca para LGBTIQ+ (1,8%); en instituciones financieras (1,7%); en la PDI (1,4%) y en instituciones penitenciarias (0,6%).

Los principales responsables de la discriminación en el último año fueron desconocidos (57.9%); familia nuclear (44,1%); familia extendida (30.6%); compañeros de estudios (25.7%); miembros de comunidades religiosas (25,7%); directores, docentes, auxiliares (23%); amigos o conocidos (19.6%); funcionarios de carabineros (11,7%);  grupos anti-LGBTIQ+ (11,2%); funcionarios públicos (11%), compañeros de trabajo (8.9%), personal de salud (8.7%), jefes/as (8.2%); pareja o ex pareja (7.2%); familiares de (ex) pareja (5,9%); funcionario privado (5,5%); clientes o pacientes (4.4%), personas LGBTIQ+ (3.9%), miembros de las Fuerzas Armadas (3,8%) y  funcionarios de la PDI (1,7%).

En concordancia, el 36% cree que donde más las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación es en los espacios públicos (calles o parques), seguidos por la familia nuclear (padre, padre, hermanos) con el 15.6%; el ámbito educacional (14,8%), lugares religiosos o de culto (9.8%); en la familia extendida (abuelos, tíos sobrinos) con el 8.6%; en el campo laboral (7,8%); en instituciones de seguridad pública (3,9%);  en servicios de salud pública (2,3%); en el barrio (0,4%); en medios de transporte (0,4%) y en comercio o servicios privados (0.4%).

Tras los episodios de la discriminación el 75% sintió miedo, ansiedad o angustia, seguido por auto-represión para expresarse libremente (70,5%); problemas para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones (32,5%); ideas suicidas o intento de suicidio (31,8%); problemas para dormir (30,7%); dejar de vestirse o maquillarse de la manera como gusta (30,1%); aislamiento del resto de la sociedad (29%); dejar de salir (29%);  dejar de ver a familiares o amigos (27.3%) y dejar de participar en actividades que gustan (27.1%).

Pese a todo, apenas el 4,3% reportó o denunció la discriminación. El 31,5% no denunció porque consideró que lo ocurrido no era “lo suficientemente grave”; el 22.9% porque estima que la policía no hubiera hecho nada; el 11% porque no cree que sirva de algo; el 9.3% porque desconocía cómo o donde denunciar; el 9,1% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género; el 5,1% por miedo a más discriminación; el 4,1% porque no pudo identificar a los agresores, el 3.7% porque le daba vergüenza; y el 3,2% por miedo a represalias.

Victimización en personas LGBTIQ+

En torno a la victimización, el 62,3% ha sufrido de delitos al menos una vez en su vida y el 49,3% en el ultimo año. Al considerar exclusivamente a la población no binaria, las cifras son de 73.9% y 54,9%, en forma respectiva, mientras en el caso de las personas trans el 61,9% fue víctima de delitos al menos una vez en su vida y el 62,8% en el último año.

A lo largo de su vida el  38,2% fue víctima de delitos cibernéticos, como hostigamientos en redes sociales, seguido por amenazas físicas (33,7%);  amenazas sexuales (19,9%); ataques físicos (19,6%); ataque sexual (18,5%);  asalto con violencia, amenaza o intimidación (16,3%);  terapias o violaciones correctivas (8,8%), daños a la vivienda (2,6%) y  daños a vehículo (2%).

En tanto, en el último año el 22,2% sufrió delitos cibernéticos; el 10,9% recibió amenazas físicas y el 5,5%, amenazas sexuales; el 4,2% fue asaltado con violencia o intimidación; el 4% fue atacado físicamente; el 3,6% fue atacado sexualmente; el 2% fue víctima de terapias o violaciones correctivas; al  1,2% le dañaron su vivienda y al 0,8% su automóvil.

En el último año los delitos ocurrieron en espacios públicos (30,6%), seguido por redes sociales (17.2%); en el hogar (12,5%); en el barrio (12,5%); en el transporte público (12,4%); en recintos educativos (10%); en espacios comerciales (7%); en hogar de familiares (6,3%); en carabineros (5,7%); en espacios religiosos o de  culto (5,1%); en clubes, discotecas o bares (4,7%); en instituciones públicas (3,3%); en servicios públicos de salud (2,8%); en el trabajo (2,7%); en una protesta o manifestación (2,5%); en servicio privado de salud (1,6%); en servicios de transporte privado (1,6%); en club, discoteca o bares para LGBTQ+ (1,3%);  en servicios o empresas privadas  (1,2%); en la PDI (1,1%); en gimnasios o centros deportivos (1%); en un evento LGBTIQ+ (0.8%); al arrendar o comprar un producto o servicio (0.8%) y en instituciones penitenciarias (0,5%) y  financieras (0,4%).

Los responsables de estos abusos fueron desconocidos (75%), seguidos por amigos o conocidos (18,5%); grupos Anti-LGBTIQ+ (17.3%);  compañeros/as de estudio (17.2%); miembros de comunidades religiosas (11.5%), familia nuclear (10,2%); (ex) pareja (6,9%); familia extendida (6,8%), carabineros (6,8%); personas LGBTIQ+ (6%); familiares de (ex) pareja (4,2%); compañeros de trabajo (3,3%); funcionarios/as públicos (3,3%); directores, docentes o auxiliares (2,8%); miembros de las Fuerzas Armadas (2,7%);  personal de salud (2,4%); funcionarios de la PDI (1,3%); funcionario privado (1,3%); clientes o pacientes (1,2%) y jefes/as (1,2%).

Los/as encuestados/as reportaron además consecuencias psicológicas, físicas o sexuales debido a los delitos que sufrieron.

En el primer caso, el 78.1% sintió angustia, miedo o ansiedad; el 53,4% reprimió la expresión de su identidad en algunos lugares;  el 43% tuvo problemas para dormir; el 37,4% dejó de salir y el 36.9% se aisló del resto de la sociedad. En el segundo caso, al 20.6% le quedaron marcas visibles como moretones, rasguños o hematomas; al 11,7%, cicatrices; al 11% “otras lesiones” y el 4% torceduras, fracturas o dislocación. Por último, el 33,9% quedó con problemas sexuales, como dificultades para sentir placer o realizar el acto sexual; seguido por “heridas en los genitales” (8%); contagio de una ITS (6%) e infecciones del tracto urinario de manera frecuente (4%).

Con todo, solo el 9,2% reportó o denunció los delitos de los cuales fue víctima, El 28.6% no denunció porque le daba vergüenza; el 16,9% porque no sabía qué podía hacerlo o dónde; el 8,7% porque “la policía o los tribunales no hubieran hecho nada”; el 7,7% porque “me daba miedo ser discriminado/a”; el 7.1% porque “no pude identificar a mis agresores”; el 6,4% porque “no creo que denunciar sirva de algo”;  el 5.2% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género y el 4.7% por “miedo a represalias”.

Apertura y visibilidad LGBTIQ+

 Finalmente la encuesta arrojó que el 71.5% acepta su orientación sexual o identidad de género, cifra que se eleva al 80,5% en el caso de los gays, seguido por lesbianas (76,5%); otros (69,2%), pansexuales (65,5%), no binarios (63,3%),  trans (63%) y bisexuales (61,7%).

Sin embargo, solo el 31,8% se siente libre de expresar su orientación sexual o identidad de género, cifra que es del 36,3% en el caso de los gays; seguidos por trans (33,9%),  lesbianas (33,7%); pansexuales (28.9%), no binarios (27,9%) y bisexuales (20,8%).

Con todo, el 58.6% se declara “algo” satisfecho con su vida;  el 30% “mucho” y el 11,4% “poco o nada”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Fundación Iguales, Katherine Martorell, Organización Trans de Rancagua, Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD)

Manizha, elegida para representar a Rusia con el 39,7 % del apoyo de la audiencia que siguió la gala de la televisión pública Piervy Kanal, no gusta a la oficialidad rusa, abiertamente LGTBIfóbica y patriarcal. La joven tayika de 29 años defenderá en Róterdam el tema «Russkaya Zhenschina» o «Russian Woman» (que significa «mujer rusa»), con el que pretende denunciar los estereotipos y prejuicios que padecen las mujeres en Rusia. Asimismo, algo que no ha ocurrido con ningún representante de este país en el festival desde la implantación de la LGTBIfobia de Estado en 2013, Manizha se ha mostrado abiertamente «a favor de un mundo donde la orientación sexual, el género, la religión y la raza no sean nuestras etiquetas definitorias».

El perfil público de Manizha contrasta con el discurso conservador y anti-LGTBI del oficialismo ruso. Sin embargo, esta artista se «coló» por sorpresa como representante de Rusia para Eurovisión 2021, tras la retirada a última hora de Little Big que, a priori, tenía todas las papeletas para ir a Róterdam (sede del festival en esta próxima edición). La presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, se ha mostrado «sorprendida», como «muchos rusos», por la  canción de Manizha. «No podemos entender lo que ha pasado», ha expresado durante una sesión parlamentaria transmitida por televisión. «Recomiendo a los que aún no han visto [el texto de la canción] que lo hagan […] Es una tontería. No entiendo de qué se trata», dice Matvienko.

En el propio perfil de Instagram de la artista tayika que representará a Rusia en Eurovisión, con 453.000 seguidores, la joven deja claro su apoyo al colectivo LGTBI. La imagen que acompaña a esta noticia (una foto tomada de dicho perfil) muestra la parte superior de su rostro cubierta de banderas y, entre ellas, sobre su ojo, la bandera arcoíris. Toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que en Rusia se vienen practicando detenciones por ondear en público este símbolo de la diversidad y los derechos humanos.

Además, en una publicación que supera las 311.000 visualizaciones, Manizha compartió un vídeo de apoyo a la comunidad LGTBI rusa con el siguiente mensaje: «Soy mujer, pero no solo eso me define como persona. Soy tayika y nací en un entorno musulmán, pero no solo esto me define como persona. […] Estoy a favor de un mundo donde la orientación sexual, el género, la religión y la raza no sean nuestras etiquetas definitorias».

Manizha, que huyó junto a su familia de la guerra civil de Tayikistán en los años 90, ha asegurado que «dio en el clavo con esta canción» de empoderamiento de la mujer, escogida en la gala exprés celebrada, precisamente, el pasado 8 de marzo. «No tengas miedo, eres lo suficientemente fuerte», es uno de los mensajes principales del tema ruso que sonará en Eurovisión. «Russian Woman» fusiona estilos urbanos (rap y hip hop) con elementos folclóricos rusos. Además, es la primera representante que cantará en ruso desde 2009.

Aunque no parte entre las favoritas, no significa que no pueda escalar popularaidad y dar una sorpresa (algo que ha ocurrido en distintas ediciones del festival). Desde dosmanzanas trasladamos todo nuestro apoyo a esta valiente artista rusa, cuya actitud de tolerancia y mensajes a favor del respeto a la diversidad ayudarán, por su gran visibilidad, a empoderar al colectivo LGTBI y al feminismo de Rusia. Nos cabe la duda, eso sí, de cuál sería la posición del país en caso de que Manizha ganara el certamen: ¿os imagináis un estadio en Rusia lleno de banderas arcoíris? ¿Cómo garantiraría el respeto a la diversidad el LGTBIfóbico Estado ruso?

Os dejamos con el vídeo oficial de Manizha:

Fuente dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Eurovision, Eurovisión 2021, Feminismo, LGTBIfobia, Manizha, Países Bajos, Piervy Kanal, Róterdam, Rusia, Russian Woman, Russkaya Zhenschina, Tayikistán, Valentina Matvienko

Suiza celebrará, con toda probabilidad, un referéndum sobre la igualdad matrimonial en las próximas semanas. La campaña contraria a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo ha anunciado que ha conseguido reunir las 50.000 firmas necesarias para forzar la consulta. Será el último escalón que tiene que superar el proyecto para convertirse en realidad después de ocho años de tramitación. La comunidad LGTBI confía en que se confirme el amplio respaldo a la medida que reflejan las encuestas. Suiza se cuenta, junto con Italia y los microestados, entre los pocos países de Europa occidental donde las parejas del mismo sexo aún carecen del derecho al matrimonio.

El debate sobre la igualdad matrimonial en Suiza se remonta a 2013, cuando el Partido Verde Liberal introdujo una propuesta de reforma constitucional para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras largos años de tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias, en 2018 el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional propuso una modificación del Código Civil y otras normas como alternativa a la reforma constitucional. La regulación sobre adopción no precisaría ningún cambio, al estar ligada a las parejas casadas sin mencionar su sexo.

Los diputados del Consejo Nacional votaron finalmente un proyecto de ley de matrimonio igualitario en junio del año pasado. El resultado fue de 132 votos a favor, 53 en contra y 13 abstenciones. El principal partido que se opuso a la medida fue la Unión Democrática del Centro (SVP/UDC), formación de extrema derecha que cuenta con el mayor número de escaños en la fragmentada cámara baja. El proyecto de ley continuó entonces su tramitación en el Consejo de los Estados, la cámara alta del Parlamento suizo que representa a los cantones.

En diciembre del año pasado, los consejeros aprobaron la medida por 22 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones. Se volvió a discutir la necesidad de una reforma constitucional, que habría supuesto un nuevo retraso de años en el proceso y afortunadamente quedó descartada. La ley fundamental suiza garantiza en su artículo 14 «el derecho al matrimonio y la familia», sin establecer definiciones excluyentes de dichas instituciones. Los consejeros sí que introdujeron una limitación en el reconocimiento automático de la parentalidad de la madre no gestante, que solo será posible tras un proceso de reproducción asistida llevado a cabo en una clínica profesional suiza. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de los Estados regresó al Consejo Nacional para su visto bueno final. La aprobación parlamentaria definitiva se produjo pocos días después.

La legislación suiza contempla que las leyes aprobadas por el Parlamento se someterán a referéndum si así lo solicitan al menos 50.000 firmantes en un plazo de cien días. El activismo homófobo se puso rápidamente manos a la obra, y la semana en la que concluía el plazo anunciaron que habían reunido la cifra necesaria de adhesiones, unas 60.000 según uno de los promotores de la campaña. Las firmas se someterán a revisión y, si se confirma su validez, el Consejo Federal fijará la fecha de la consulta. Las encuestas invitan a un moderado optimismo, ya que arrojan cifras de apoyo a la igualdad matrimonial en el entorno del 80 %.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Consejo de los Estados (Suiza), Consejo Nacional (Suiza), Discriminación, Homoparentalidad, Italia, Matrimonio, Partido Verde Liberal (Suiza), Referendum, Suiza, Unión Democrática del Centro (Suiza)

Importante pronunciamiento de Juliane Kokott, una de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso de dos mujeres casadas (una búlgara y otra gibraltareña) que no pueden darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras rechazaron la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida. El informe de la abogada general apunta a una futura sentencia que obligue a Bulgaria a emitir un documento de identidad para la menor.

Recordamos el caso. Kalina (nombre ficticio), de nacionalidad búlgara, se casó en Gibraltar en 2018 con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en otro país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Entonces se puso en marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja decidió acudir a la justicia europea. El jueves pasado, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de la jurista Juliane Kokott reconoce la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirma que la menor tiene derecho a recibir un documento de identidad en el que se refleje la parentalidad de ambas para que la menor pueda viajar con cualquiera de ellas por separado.

Es importante destacar que las conclusiones de la abogada general no vinculan al Tribunal de Justicia: su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero ahora son los jueces los que deben deliberar. La sentencia se dictará, por tanto, en un momento posterior, y no hay seguridad absoluta de que sea en el mismo sentido, aunque en la mayoría de los casos sucede así. Estaremos pendientes de un fallo que podría tener consecuencias en el reconocimiento trasnacional de la homoparentalidad en la Unión Europea.

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

General, Historia LGTBI Barcelona, Bulgaria, Discriminación, España, Gibraltar, Homofobia, Homoparentalidad, Juliane Kokott, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, Matrimonio, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Unión Europea, Ursula von der Leyen

Y Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Ampliamos la noticia que ya publicábamos el mes pasado… Victoria para las personas trans que habían iniciado el proceso de reconocimiento legal de su identidad en Hungría antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. El Tribunal Constitucional de ese país ha dictaminado que la mencionada ley no tiene efectos retroactivos. El dictamen de la alta corte húngara, sin embargo, no entra en el fondo del asunto y no invalida un texto que atenta contra la legislación internacional y contra su propia jurisprudencia.

Como en su momento recogimos, la Asamblea Nacional húngara, ampliamente dominada por las fuerzas de derecha, aprobó en mayo del año 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus, una ley «ómnibus» que incluye, en su infame Sección 33, la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente todavía en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal. Se da la circunstancia, además, de que el propio Tribunal Constitucional de Hungría había fallado en 2018 a favor del derecho de las personas trans a ver reconocida legalmente su identidad de género.

Finalmente, el pasado 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional húngara aprobaba la ley, posiblemente el mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea desde su fundación. Un órdago que, ya desde que fue anunciado, recibió una respuesta tibia por parte de resto de países de la Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por aquel entonces preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus (la asunción de poderes extraordinarios por su primer ministro, Viktor Orbán) y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo sin más valor que el meramente declarativo.

Ahora el Tribunal Constitucional húngaro ha revisado lo que sucede con las personas que ya iniciaron el procedimiento de modificación de sus datos registrales antes de la entrada en vigor de la mencionada Sección 33, varias de las cuales iniciaron en su momento un procedimiento judicial. La alta corte ha dictaminado que, en efecto, estas personas tienen derecho a que el procedimiento culmine, dado que la legislación no puede tener carácter retroactivo. El Tribunal de hecho, subraya en su sentencia que las leyes no pueden restringir derechos fundamentales y hace mención, en ese sentido, a su propia sentencia de 2018 a favor de que personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad.

La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría, además de suponer una noticia importantísima para las personas a las que afecta directamente, supone un pequeño soplo de aire fresco en un país en el que los derechos LGTBI están siendo progresivamente recortados sin que la Unión Europea mueva un dedo para impedirlo, y da esperanza a los que, como la organización LGTBI húngara Háttér Society, tienen intención de desafiar ante los tribunales la totalidad de la Sección 33. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado 9 de marzo:

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por la que declara la Unión Europea como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ». La iniciativa, de valor simbólico, ha sido aprobada por una amplia mayoría y refuerza la estrategia para la igualdad que la Comisión puso en marcha hace unos meses. Se trata también de enviar un mensaje de inclusión frente a los retrocesos que se están produciendo en países como Polonia, donde varias ciudades y regiones se han declarado «zonas libres de ideología LGTBI».

La propuesta del Parlamento surgió del Intergrupo LGTBI, una alianza de eurodiputados comprometidos con los derechos de la comunidad. Para mostrar su apoyo a la iniciativa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la etiqueta #LGBTIFreedomZone en redes sociales el miércoles de la semana pasada. «Ser tú mismo no es ninguna ideología. Es tu identidad. Nadie la puede arrebatar. La UE es tu hogar. La UE es una zona de libertad LGTBI» tuiteaba la política alemana. A ella se unió la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, una de las dirigentes europeas más comprometidas con la comunidad LGTBI.

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.

🇪🇺🏳️‍🌈The EU is your home.
The EU is a #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/Kt3m6W6TL2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2021

La resolución analiza en primer lugar el estado de los derechos LGTBI en la Unión Europea, con menciones a los retrocesos experimentados en los últimos años en Hungría y Polonia. Finalmente, declara a la UE como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ» y encarga al presidente del Parlamento «que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo».

En la votación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo la propuesta fue aprobada con un amplio apoyo transversal: 492 votos a favor y 141 en contra, con 46 abstenciones. Los cuatro eurodiputados de Vox Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa y Hermann Tertsch votaron en contra. El independiente (elegido en la lista de Ciudadanos) Javier Nart se abstuvo. El resto de los eurodiputados de la delegación española que participaron en la votación apoyaron la declaración.

Con la aprobación de la resolución, las instituciones comunitarias dan un paso más en el blindaje del respeto a la diversidad LGTBI como un valor fundamental de la UE. En la actual legislatura se han producido más movimientos en este sentido. En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen declaró que «las zonas libres de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión». Anunció además la puesta en marcha de una estrategia para la igualdad de las personas LGTBI, la Unión de la Igualdad, que presentaron la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, dos meses después.

La implementación de esta estrategia se enfrentará a una fuerte resistencia por parte de las administraciones húngara y polaca, puntas de lanza en la actualidad de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. En particular, si se convierte en un condicionante para la concesión de ayudas económicas. Los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán y del presidente Andrzej Duda se han mostrado beligerantes contra cualquier iniciativa que vincule transferencias de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, la separación de poderes o los derechos de las minorías.

En agosto del año pasado, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro calificaba de «infundada» e «ilegal» la decisión de la Comisión Europea de denegar las ayudas a seis ciudades polacas, que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre localidades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTB». Por otra parte, Hungría y Polonia vetaron durante semanas el presupuesto comunitario, incluido el fondo de recuperación contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por oponerse a la cláusula que prevé la suspensión de la financiación cuando se produzca un socavamiento del Estado de derecho.

Fuente Dosmanzanas

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Abogados de los demandantes y simpatizantes muestran una pancarta en la que se lee «Decisión inconstitucional» después de que un tribunal de distrito dictaminara la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo a las puertas del tribunal de distrito de Sapporo, en Sapporo, Hokkaido, norte de Japón el 17 de marzo de 2021, en esta foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio Kyodo/vía REUTERS

Un tribunal de primera instancia de Sapporo ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es contraria a la Constitución de Japón. Aunque la sentencia no tendrá efectos sobre la situación legal de las parejas demandantes, puede suponer un importante impulso para el objetivo de la legalización del matrimonio igualitario. Se espera que las sentencias que deben dictar los tribunales de Tokio, Osaka y Nagoya tengan un sentido igualmente favorable. Japón es el único de los siete países más industrializados del mundo que no ha establecido la igualdad legal para las parejas del mismo sexo, si bien en el continente asiático eso solo sucede en la isla de Taiwán.

Un tribunal de distrito de Japón dictaminó el miércoles, en una victoria histórica para la comunidad LGBT + del país, que no permitir que las parejas del mismo sexo se casen es «inconstitucional», sentando un precedente en la única nación del G7 que no reconoce plenamente las parejas del mismo sexo.

Aunque la constitución del país actualmente define el matrimonio como basado en «el consentimiento mutuo de ambos sexos», el tribunal del distrito de Sapporo en Japón se puso del lado de los demandantes, que se encontraban entre las 13 parejas del mismo sexo que entablaron demandas contra el gobierno japonés el día de San Valentín de 2019. Las parejas presentaron demandas, reclamando daños y perjuicios por la falta de reconocimiento de la igualdad en el matrimonio, en cuatro tribunales de distrito: la capital Tokio, Sapporo en la isla norteña de Hokkaido y Nagoya y Osaka en el centro de Japón. Sapporo es el primer distrito en dar un veredicto, más de dos años después.

En el mes de febrero de 2019, trece parejas del mismo sexo de diferentes ciudades de Japón decidieron demandar al Estado por la imposibilidad de contraer matrimonio legalmente. Cada una de las parejas (ocho de hombres y cinco de mujeres) reclamó una indemnización de un millón de yenes (unos 8000 euros) por los daños psicológicos causados por la prohibición, si bien el objetivo final de las demandas era impulsar el cambio legislativo que permita que la institución matrimonial ampare también a las parejas del mismo sexo.

Tres de estas parejas presentaron sus demandas ante el tribunal de primera instancia de Sapporo, que ha sido el primero en dictar sentencia. La jueza Tomoko Takebe ha fallado a su favor, dictaminando que «los beneficios legales derivados de los matrimonios deben beneficiar por igual a homosexuales y heterosexuales», según consta en el resumen de la sentencia que ha sido publicado. La jueza también ha establecido que el hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté permitido viola el artículo 14 de la Constitución japonesa, que prohíbe la discriminación «por razón de raza, credo, sexo, posición social u origen familiar». Sin embargo, ha denegado la indemnización solicitada por los demandantes.

Los abogados de los demandantes argumentaron que la redacción de la constitución era para prevenir el matrimonio forzado y, por lo tanto, no debería usarse para evitar que las parejas del mismo sexo se casen.

Aunque el tribunal de distrito de Sapporo no otorgó la indemnización por sufrimiento mental, dictaminó que impedir que las parejas del mismo sexo tuvieran igualdad de acceso al matrimonio era «inconstitucional», lo que podría sentar un precedente para las sentencias de los otros tribunales de distrito.

Esta declaración de inconstitucionalidad, de ser firme en una instancia superior, es la que puede poner fin a la diatriba sobre la interpretación del artículo 24 de la Constitución japonesa, que regula el matrimonio, en el que tan solo se hace referencia al «consentimiento mutuo entre los dos sexos». Mientras que el primer ministro Shinzō Abe siempre se ha escudado en esta redacción para rechazar la constitucionalidad del matrimonio igualitario, los defensores de los derechos LGTBI arguyen un fallo del Tribunal Supremo del año 2015, que interpretó el artículo en el sentido de que el matrimonio se debe basar en una decisión libre entre iguales, sin aludir al sexo de los contrayentes. Según este criterio, la Constitución no prohíbe casarse a las parejas del mismo sexo, sino que consagra la libertad en el acceso al matrimonio.

Según Reuters, el fallo declaró: “La orientación sexual no se puede cambiar o seleccionar por voluntad de una persona. Es un trato discriminatorio … que no puedan recibir ni siquiera algunos de los beneficios legales que reciben los heterosexuales». Un demandante le dijo a la BBC: «Este es un gran paso adelante en Japón … Nos estamos acercando a hacer realidad nuestro sueño».

El fallo histórico es una gran victoria para la comunidad LGBT + japonesa, pero incluso si los cuatro tribunales fallaron a favor de las parejas, no garantiza que todo el país legalice el matrimonio igualitario. Por eso, los demandantes han recibido con satisfacción la sentencia de la jueza Takebe en lo que puede suponer un primer paso para terminar con la discriminación. Uno de los demandantes declaraba emocionado que no podía dejar de llorar al ver que «el tribunal nos ha tomado en serio». Otra de ellas esperaba que este fuera «un primer paso para que Japón cambie». Sin embargo, los representantes legales de los demandantes mostraban en un comunicado su intención de apelar la sentencia en cuanto a la denegación de la indemnización por daños, pues «tenemos que dejar claro que el parlamento ha hecho dejación de sus funciones respecto a una situación inconstitucional al abandonar sus obligaciones legislativas, y así conseguir que tomen medidas rápidamente».

Aunque será necesaria una nueva ley antes de que puedan celebrarse realmente los matrimonios entre personas del mismo sexo -lo que podría llevar algún tiempo en un Japón socialmente conservador-, los activistas del colectivo LGBT celebraron la sentencia y dijeron que tenía el potencial de cambiar sus vidas. «Estoy muy contento. Hasta que se anunció la sentencia, no sabíamos que esto era lo que íbamos a conseguir y estoy muy contento», dijo Gon Matsunaka, de 44 años, director del grupo activista Marriage for All Japan y representante en Pride House Tokyo. «Su valor es absolutamente inconmensurable».

Por su parte, el secretario jefe del Consejo de Ministros, Katsunobu Kato, declaró a la prensa que el Gobierno no estaba de acuerdo con esta sentencia. Afirmó, no obstante, que el Ejecutivo busca lograr una sociedad más tolerante con la diversidad, aunque no aclaró cómo respondería a la sentencia, excepto que observará los casos judiciales pendientes. Se espera que las demandas presentadas por el resto de parejas en Tokio, Osaka y Nagoya se resuelvan próximamente.

El Tribunal de Distrito de Sapporo desestimó la demanda de indemnización por daños y perjuicios de los seis demandantes – dos parejas de hombres y una de mujeres – que habían solicitado que el gobierno japonés pagara 1 millón de yenes (9.168,42 dólares) a cada uno en reconocimiento del dolor que sufrieron al no poder casarse legalmente. Pero la sentencia de «inconstitucionalidad» fue la victoria que los demandantes, sus abogados y activistas esperaban como un paso clave y que sienta un importante precedente.

En la actualidad se están tramitando casos similares en otros cuatro tribunales de Japón y esta sentencia puede influir indirectamente en el resultado de los mismos al cambiar la opinión pública, añadió Matsunaka.

Aunque la legislación japonesa es relativamente liberal para los estándares asiáticos, las actitudes sociales han mantenido a la comunidad LGBT en gran medida invisible en la tercera economía del mundo. Con la normativa actual, las parejas del mismo sexo no pueden casarse, no pueden heredar los bienes de su pareja -como la casa que hayan podido compartir- y tampoco tienen derechos parentales sobre los hijos de su pareja.

Aunque muchas áreas en Japón ofrecen certificados a parejas del mismo sexo que les permiten algunos beneficios legales disponibles para parejas del sexo opuesto, por ejemplo, el derecho a alquilar una casa juntos y los derechos de visita al hospital, sin matrimonio entre personas del mismo sexo no pueden heredar de su pareja y no tienen derechos parentales sobre los hijos de sus parejas.

En comparación con muchos otros países asiáticos, Japón es relativamente progresista en lo que respecta a los derechos LGBT +, pero ser LGTBI sigue siendo un tabú en la sociedad japonesa y los prejuicios anti-LGBT + todavía abundan.

Sin embargo, Japón es el único país del G-7 (compuesto además por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido) en el que no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en su entorno geográfico únicamente se permite en Taiwán, que se convirtió en la primera nación de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2019.

Derechos LGTBI+ en Japón

Aunque las relaciones sexuales homosexuales son legales en Japón desde 1880, el estigma social hace que muchos no salgan del armario ni siquiera ante sus familias.

Algunos miembros del mundo empresarial afirman que las normas japonesas que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo perjudican la ventaja competitiva del país, al dificultar que las empresas, especialmente las extranjeras, atraigan y conserven mano de obra altamente cualificada en una economía cada vez más internacional.

Varias empresas han tomado sus propias medidas para sortear la situación, tanto las internacionales como las japonesas, como Panasonic. Pero hay límites. «Para las cosas que forman parte del sistema nacional, como las pensiones, no hay nada que puedan hacer», dijo Masa Yanagisawa, jefe de Servicios Primarios de Goldman Sachs Japón y miembro de la junta directiva de Matrimonio para Todos Japón. «Todos los demás países avanzados lo tienen, por lo que Japón saldrá perdiendo competitivamente. Además, está el hecho de que la gente no puede ser quien es. Se convierte en algo bastante crítico para el negocio».

Aunque Japón carece de matrimonio igualitario, varias ciudades han aprobado la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho. La primera administración japonesa lo hizo fue el distrito tokiota de Shibuya, seguido del de Setagaya. Posteriormente se les unieron las ciudades de Iga, en la prefectura de Mie, y Takarazuka, en Hyogo. En febrero de 2017 y en abril de 2018, respectivamente, Sapporo y Fukuoka se convertían en las primeras grandes ciudades en aprobar las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el ministerio de Trabajo incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual. Estaremos pendientes sobre cualquier movimiento que suponga un avance hacia la igualdad en el acceso al matrimonio.

La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.

La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.

Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.

Los resultados de una encuesta realizada en el país nipón a finales de 2015 constatan que un 51% de la ciudadanía sería partidaria de la aprobación del matrimonio igualitario. Una gran evolución, teniendo en cuenta que hasta épocas recientes la homosexualidad era un tema tabú en la sociedad japonesa. Otro importante reconocimiento llegaba en julio de 2016, cuando el Ministerio de Trabajo de Japón incluía la discriminación hacia empleados LGTB como una forma de acoso sexual.

A principios de este año, la ciudad japonesa de Chiba otorgó reconocimiento oficial a las parejas del mismo sexo. La ciudad emitió certificados a cuatro parejas del mismo sexo en enero, según el periódico japonés The Mainichi. Los documentos permitirán a las parejas acceder a muchos de los derechos de que disfrutan las personas casadas, como poder solicitar una vivienda pública como pareja y visitar a sus seres queridos en el hospital. La ceremonia en Chiba fue organizada por el alcalde Toshihito Kumagai, quien les dijo a las parejas: “Les deseo la felicidad de convertirse en mejores socios.” Chiba es la última gran ciudad del país en reconocer a los parejas queer, después de que Fukuoka instituyera el reconocimiento legal el año pasado.

Aunque ningún país asiático ha aprobado por el momento el matrimonio igualitario, la situación del colectivo es diametralmente opuesta en los distintos países del continente. Japón y Taiwán furon pioneros en experimentar avances locales en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo (aunque Taiwán está tomando la delantera, a pesar del escoyo de los grupos religiosos). Sin embargo, en algunos como Malasia, Brunéi o la India, , entre otros, las personas LGTB son víctimas de la homofobia de estado y la intransigencia social. Por el contrario, además de Taiwán y Japón, otros países como Vietnam van posicionándose en líneas más aperturistas e igualitarias (si bien no al ritmo que cabría desear).

Fuente Reuters/BBC/Cristianos Gays

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Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox. 

La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.

Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.

El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».

En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.

Moción de censura condenada al fracaso

Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.

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La justicia polaca ha decretado la absolución de tres activistas acusadas de ofender los sentimientos religiosos. Elżbieta Podlesna, Joanna Gztea-Iskandar y Anna Prus se enfrentaban a una pena de hasta dos años de cárcel por difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. El proceso, iniciado en 2019, ha concluido con una sentencia que establece que las imputadas ejercieron su libertad de expresión para manifestar su solidaridad con una minoría perseguida. Una pequeña pero importante victoria en uno de los países más hostiles a la realidad LGTBI de la Unión Europea.

En abril de 2019, tres activistas contra el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) difundieron una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa, el icono católico más venerado del país, en forma de carteles y flyers. Sustituyeron los halos dorados de la imagen de la virgen y el niño por otros coloreados de arcoíris. El cartel reivindicativo comenzó a difundirse como un gesto de lucha contra la «estigmatización de las personas no heteronormativas por parte del clero», según Elżbieta Podlesna.

La iniciativa surgió como reacción al episodio de LGTBfobia que había tenido lugar en al menos tres iglesias del país. Durante la celebración de la Pascua es una tradición escribir el nombre de los pecados en torno a una cruz. En varios templos, junto a las palabras «avaricia» o «soberbia» aparecieron también los términos «LGBT» y «género». En una iglesia de la localidad de Płock, en el centro del país, añadieron la frase «líbranos del fuego de la falta de fe» sobre las referencias a la comunidad LGTB. Cuando dos activistas colocaron una bandera arcoíris bajo la cruz, se produjo un altercado con el sacerdote, que los tachó de «perversos».

La imagen despertó pronto la indignación de los sectores reaccionarios. La entonces candidata a eurodiputada Kaja Godek hacía un llamamiento a la detención de la autora del afiche, como acabó ocurriendo poco después. Seis agentes registraron el domicilio de Podlesna, la arrestaron y se incautaron de varias copias de la imagen, así como de aparatos electrónicos. La activista fue acusada de ofender a los sentimientos de los creyentes y «abusar» de un objeto religioso. Unos delitos que conllevan multas y penas de hasta dos años de prisión.

Podlesna reconoció las acusaciones y fue puesta de nuevo en libertad. Posteriormente, el ministro del Interior Joachim Brudziński (PiS) presentaba una demanda contra la activista, a la que se añadió Godek. «Ninguna fantasía de libertad y tolerancia le da a nadie el derecho de ofender los sentimientos de los creyentes», afirmaba Brudziński en toda una declaración de intenciones. Se trata del mismo miembro del Gobierno que en julio del año pasado amenazaba a participantes del Orgullo LGTB de Częstochowa por mostrar banderas con el escudo nacional superpuesto a los colores del arcoíris. Las dos otras activistas se presentaron voluntariamente ante la justicia. Cientos de personas se manifestaron en Varsovia en su apoyo con el lema «El arcoíris no es ofensivo» y por «una Polonia democrática».

Ahora, casi un año y medio después, la justicia les ha dado la razón. En la sentencia, que aún no es firme, el Tribunal de Distrito de Płock absuelve a las imputadas y enmarca los hechos en el ejercicio de la libertad de expresión. Rechaza por tanto la acusación de ofensa a los sentimientos religiosos y define la acción como una demostración de solidaridad con una minoría. Las activistas habían defendido su actuación porque «el símbolo sobre la cabeza de la Virgen María y del Niño Jesús quiere expresar que el amor de una madre es incondicional. Y que una persona empática se preocupa por los demás, en lugar de atacarlos», como defendió Polesna durante el juicio. ILGA Europa, entre otras organizaciones y activistas, ha mostrado su satisfacción por el fallo favorable.

Sin embargo, el sitio de noticias cristianas de extrema derecha, LifeSiteNews, inició una petición para que se censurase públicamente al sacerdote jesuita James Martin por decir que la Virgen María “es para todos, incluidas las personas LGBT +”.

El sacerdote jesuita James Martin compartió la historia de Elżbieta Podlesna, Joanna Gztea-Iskandar y Anna Prusen enTwitter y escribió un hilo explicando por qué “María es para todos”. Escribió: “En Polonia, donde la homofobia es rampante, las personas LGBT + están siendo juzgadas por“ profanar ”una copia de la Virgen Negra. Pero María es para todos, incluidas las personas LGBT +, y hay una larga historia de retratarla como parte de diferentes comunidades de fe. Ella es especialmente importante para las comunidades que han sido perseguidas o marginadas”.

Martin dio ejemplos de cómo la imagen de la Virgen María o la Virgen Negra había sido adaptada por muchas culturas diferentes e insistió en que la versión LGBT + con halo de arcoíris debería verse de la misma manera. “La comunidad LGBT + tiene pocas imágenes como esta”, agregó. “Por eso no es de extrañar que agregaran su propio símbolo, el arcoíris, de manera respetuosa, a una imagen querida de su madre. Qué apropiado que esté llorando, porque es su hijo quien sufre cada vez que una persona LGBT + es perseguida”.

Pero el sitio de noticias cristianas de derecha LifeSiteNews ha iniciado una petición contra Martin, pidiendo que sea censurado públicamente. El sitio de noticias insistió: “Los católicos de todo el mundo están pidiendo a la Orden de los Jesuitas que censure públicamente a uno de sus miembros más prominentes, el sacerdote estadounidense, el padre James Martin, por promover una versión bastarda pro-LGBT + de una de las imágenes más veneradas del mundo. Nuestra Señora, la Virgen Negra “. La petición, que ha sido firmada por más de 20.000 personas, dice: “Cuando James Martin, SJ, promovió una imagen en Twitter de la Santísima Virgen y Nuestro Señor con halos de arcoíris sodomita alrededor de sus cabezas, ofendió profundamente la religión, la historia y la cultura polacas. y tradición “.

LGBTfobia de Estado

Estas posiciones contrastan claramente con otras ciudades. Cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Por último,Edocenas de eurodiputados se mostraron preocupados tras la elección de un delegado polaco homófobo en la comisión de Igualdad. Protestaron por el nombramiento de un delegado de Polonia para un papel clave en un comité de igualdad de género y derechos LGBT +. Un total de 34 eurodiputados expresaron su preocupación por el nombramiento del polaco Tymoteusz Adam Zych en el Grupo Diversity Europe, cuyo mandato abarca la igualdad de género y las cuestiones LGBT +.

En una carta abierta al Comité Económico y Social Europeo, destacaron los antecedentes problemáticos del funcionario polaco, que temen van en contra de los estándares sostenidos por el grupo. “El reciente nombramiento del Sr. Zych indudablemente plantea preguntas sobre la legitimidad de su trabajo en el campo y las intenciones detrás de su nombramiento”, se lee en la carta.

Los eurodiputados señalan que Zych es el vicepresidente de la junta directiva del Instituto Ordo Iuris de Cultura Legal, una organización conocida por promover la retórica extrema anti-LGBT + en Polonia. Describen a Ordo Iuris como una “fuerza impulsora” detrás de las campañas destinadas a socavar los derechos humanos y la igualdad de género en Polonia, incluida la creación de zonas “libres de LGBT”. Ordo Iuris también ha hecho llamamientos para prohibir el aborto y retirar a Polonia del Convenio de Estambul. Preocupan aún más los estrechos vínculos del grupo con el partido gobernante homofóbico de Polonia, PiS, lo que ha provocado temores de que Zych podría estar siguiendo el ejemplo del liderazgo conservador anti-LGBT + del país.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La organización ultraderechista Hazte Oír vuelve a la carga con su autobús del odio. Al igual que en ocasiones anteriores, los ultras han centrado su crítica en el colectivo LGTBI y el feminismo. Se ha visto su autobús transfóbico en las calles de Madrid con sus habituales consignas.

Nuestro #HOBus en las calles de Madrid uniéndose a los actos feministas del #8M2021 pidiendo #StopLeyTrans pic.twitter.com/A7iGZBTL8K

— HazteOir.org (@hazteoir) March 7, 2021

Cabe destacar que el mensaje «Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirá siéndolo», podrían ser constitutivo de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal. Se trata de los delitos que penan a “quienes provocaren al odio” y a aquellos que lo hicieran “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

La organización ultraconservadora HazteOír ha vuelto a fletar su ya conocido autobús del odio, que de nuevo ha circulado por las calles de Madrid con los habituales lemas contra los menores trans y sus familias, ahora HazteOír ha incorporado un ataque a la Ley Trans contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su momento entre los socialistas y Unidas Podemos.

Al tristememente conocido «los niños tiene pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen», el autobús de HazteOír suma el lema #StopLeyTrans, ya popularizado por el activismo transexcluyente.

Fuente Agencias

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo y los países de Asia Central. Tal como lo efectuó el pasado año, el informe se ha publicado de manera separada a la clasificación por países, que se dará conocer posteriormente. El documento de ILGA Europa destaca que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países señalan un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Los datos que han llegado a ILGA Europa en 2020 desde los distintos países europeos y de Asia Central han puesto de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados con tanta dificultad a lo largo de los últimos años. Han aumentado extraordinariamente los abusos y la incitación al odio hacia las personas LGTBI, que en muchos casos han tenido que volver a vivir en entornos familiares y sociales de gran hostilidad. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han tenido que orientar su trabajo a proveer necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, en muchos países los gobiernos han excluido específicamente a este colectivo de sus paquetes de ayudas. Han resurgido los discursos contra la población LGTBI por parte de las autoridades políticas, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la pandemia, sobre todo en aquellos países con regímenes autoritarios.

El aumento de los discursos de incitación al odio se ha comprobado tanto en fuentes oficiales como en los medios de comunicación y las redes sociales. Los discursos de odio contra los ciudadanos LGTBI por parte de miembros de partidos políticos han aumentado considerablemente en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía. Por parte de líderes de las distintas confesiones religiosas se han propagado en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, llegando incluso a culpar directamente a las personas LGBTI de la expansión de la COVID-19. También se han incrementado en las redes sociales de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Malta, Montenegro, Rusia y Turquía, y en los medios de comunicación clásicos de Eslovenia y Ucrania. La incitación al odio es un problema permanente en Georgia, Irlanda, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

La prohibición de los actos del Orgullo y otro tipo de eventos en defensa de los derechos LGTBI, que forman parte de los derechos de reunión y manifestación, ha sido creciente. Estas prohibiciones han estado a la orden del día en Polonia y Hungría, con gran repercusión internacional, y también en los países de Asia Central. Informantes de distintos países han expresado su temor de que las medidas legislativas y la presión social LGTBIfoba de Polonia y Hungría se expandan a otros territorios. En Bielorrusia se produjeron brutales represiones que incluyeron arrestos, detenciones y torturas de personas LGTBI. Existen procesos judiciales abiertos contra manifestantes LGTBI en Rusia y en Turquía, mientras que en Ucrania se reprimieron los actos del Orgullo de Odessa. En Bulgaria los manifestantes fueron atacados por extremistas y en Francia aumentó la brutalidad policial contra las protestas.

ILGA Europa expresa una gran preocupación por el incremento en la oposición a los derechos de las personas trans en toda Europa, que está afectando al avance del reconocimiento legal de género. El retroceso es palpable en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que existe un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia. Las fuerzas que se oponen al reconocimiento de la autodeterminación del género esgrimen falsos perjuicios a los derechos de las mujeres o la supuesta «protección de la infancia» que tiene como consecuencia la exclusión de los menores trans de las medidas legislativas.

En cuanto a los derechos de las parejas LGTBI, existe un estancamiento en varios países, como Andorra, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. En la parte positiva se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte y el avance en el proceso legislativo para su implementación en Suiza. También destaca la importancia de la introducción de las uniones civiles en Montenegro y la promesa del gobierno serbio de aplicar una medida semejante en este 2021.

Pero ILGA Europa advierte de que mucho del progreso conseguido en los últimos años se está cuestionando por la falta de aplicación práctica. Aunque en varios países la legislación ha avanzado considerablemente a favor de los derechos LGTBI, muchas de esas medidas no se están aplicando de hecho, por falta de voluntad política. Eso ocasiona que en muchos de esos países las personas LGTBI deban acudir a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos o para que se aclare la legislación existente.

La situación en España

En el apartado correspondiente a España, ILGA Europa informa sobre la situación de los distintos derechos en 2020.

La situación creada por la COVID-19 ha endurecido los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI, que han sufrido ataques por parte de extremistas LGTBIfobos. Para ayudar a paliar esa situación, la asociación Kifkif inauguró el centro Pedro Zerolo para acoger a 20 solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.

El grueso de los discursos de odio se ha dirigido en 2020 contra las personas trans. ILGA Europa destaca los ataques hacia las mujeres trans por parte de la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. También señala que un sector del PSOE se ha unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer». ILGA Europa destaca que la posición oficial del PSOE es tradicionalmente de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero que este posicionamiento de un sector del partido ha ocasionado en los dos últimos años un retraso en la reforma de las leyes a favor de los derechos trans.

En cuanto a la violencia contra las personas LGTBI en España, ILGA Europa hace referencia al informe del Ministerio del Interior del pasado año, según el cual en 2019 se documentaron 278 crímenes de odio contra las personas LGTBI. Sin embargo, señala que según el EU LGTBI Survey II de la Agencia Europa de los Derechos Fundamentales, tan solo el 16 % de los delitos de odio son denunciados a las autoridades o a las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI. Los distintos Observatorios contra la LGTBIfobia reclaman la aprobación de leyes que protejan a las personas LGTBI de estas agresiones. ILGA Europa distingue en este apartado los asesinatos de dos mujeres trans en Asturias en los dos últimos años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad las celebraciones del Orgullo LGTBI, limitándose a actos online. El lema de 2020 hacia especial referencia a los derechos de las mujeres trans.

En la parte positiva, ILGA Europa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición del cambio registral del sexo a los menores trans. También refiere la aprobación en Cantabria de la ley LGTBI, con la única oposición de los diputados de ultraderecha. En el plano social y cultural, señala la salida del armario del cantante Pablo Alborán y la candidatura de Valencia para los Gay Games de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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Estos días se ha podido ver a centenares de personas portando carteles con las banderas arcoíris y trans y símbolos de resistencia y de apoyo a Aung San Suu Kyi, depuesta como Consejera de Estado (cargo equivalente al del primera ministra) tras un golpe militar. 

Tras el golpe de Estado en Myanmar (antigua Birmania), las protestas contra la cúpula militar -que ahora vuelve a ostentar el poder tras un corto periodo de estabilidad democrática- se han convertido en multitudinarias y cuentan con una importante presencia del colectivo LGTBI. Son centenares de personas las que se manifiestan con una cartelería unificada con las banderas arcoíris y trans desde hace semanas por las calles de Yangon, la ciudad más poblada del país.

En las protestas, distintos colectivos han salido a manifestarse para visibilizar la unidad de cada sector contra el golpe militar. Los colectivos de la diversidad sexual y de género han unificado su imagen y se manifiestan con carteles que dibujan la silueta de una mano haciendo un saludo con tres dedos alzados como símbolo de resistencia (extraído de la saga Los Juegos del Hambre) con las banderas arcoíris o trans de fondo y el hashtag #LGBTQ4Democracy. En el caso de la comunidad LGTBI esta cartelería parece haber sido el elemento que más unifica al colectivo, y de hecho se han visto imágenes de auténticas riadas con los colores de la diversidad sexual al unirse todos sus miembros.

Hay que tener en cuenta que estas movilizaciones suponen una oportunidad para el colectivo LGTBI de visibilizar su falta de derechos. En los últimos años, ya en el periodo democrático, los colectivos han realizado marchas del Orgullo y festivales que han contado con cientos de seguidores en diversas ciudades, pero la realidad jurídica y social no acompaña a esta visibilidad. Myanmar, un país de cultura mayoritariamente budista, mantiene en vigor la sección 377 del Código Penal que castiga las relaciones homosexuales con penas de cárcel. Una herencia de la época colonial que aunque en la práctica no se aplica pende como una espada de Damocles sobre las personas LGTBI birmanas. La comunidad trans, que goza de un cierto reconocimiento (son conocidos sus concursos de belleza), denuncia por su parte múltiples abusos. Una de las personas trans más visibles que se ha unido a las protestas es, de hecho, Shin Thant, ganadora del Miss Trans Grand International que se celebró en Myanmar en 2018. «Nosotros, la comunidad LGTBIQ, no tendremos hijos y nuestra generación termina con nosotros, pero quiero decirle a aquellos que sí tendrán hijos que tenéis que participar en esta revolución», ha declarado. Shin Thant también ha denunciado abusos de las autoridades y ha hecho un llamamiento a la movilización pacífica de la sociedad y del colectivo LGTBI en particular: «No necesitamos violencia, nuestro objetivo es a largo plazo. Por favor, protesten pacíficamente contra todo tipo de injusticia».

HEAR OUR VOICE

Myanmar LGBTIQ Community also peacefully protests the Myanmar Military Coup on the streets. #WhatIsHappeningInMyanmar#Feb9Coup#LGBTQ4Democracy #Myanmarcoup pic.twitter.com/wUI99iFeuO

— Thaw Lwan Naung _ PST (@phyosetthaw1996) February 9, 2021

Las protestas continúan movilizando diariamente a buena parte de la población de las grandes ciudades y en muchas ocasiones se cuentan por centenares de miles de personas. En los años precedentes al golpe militar, el liderazgo político del país ha recaído en gran parte el el partido Liga Nacional para la Democracia, de Aung San Suu Kyi. Una líder que había luchado por la democracia en los anteriores periodos de gobierno militar, lo que le costó largos periodos de arresto domiciliario y le supuso la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1991, entre otros galardones internacionales. Varios de ello retirados, eso sí, debido a su pasividad, ya en el gobierno, ante la terrible limpieza étnica de los rohinya, una minoría musulmana concentrada en las regiones fronterizas con Bangladés.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo ataque a las personas LGTBI en África. El colectivo LGBT+ Rights Ghana, surgido en 2018 a partir de una plataforma de activistas online y que a duras penas intentar construir una red de apoyo mutuo y en favor de los derechos de la comunidad LGTBI en el país africano, ha visto como las fuerzas de seguridad asaltaban y clausuraban la oficina en la que de forma discreta realizaban algunas actividades. Todo ello después de que líderes locales de las comunidades cristiana y musulmana reclamaran el cierre del local. 

Los propios activistas de LGBT+ Rights Ghana denunciaban a través de las redes sociales, prácticamente en tiempo real, el atropello. «Esta mañana nuestra oficina fue asaltada por la Seguridad Nacional. Hace pocos días líderes tradicionales habían amenazado con quemarnos la oficina, pero la policía no hizo nada. En este momento, ya no tenemos acceso a nuestro espacio seguro, y nuestra seguridad está siendo amenazada. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de deechos humanos y aliados a que denuncien estos ataques y crímenes de odio de los que somos víctimas», podíamos leer el pasado 24 de febrero en una serie de tuits, junto a una breve grabación tomada a distancia:

At this moment, we no longer have access to our safe space and our safety is being threatened. We call on all human rights organizations, and allies to speak out against these attacks and hate crimes we are being subjected to. #LetItBeKnown.#LGBTRightsInGhana pic.twitter.com/a05RjqNBXz

— LGBT+ Rights Ghana (@LGBTRightsGhana) February 24, 2021

En otro tuit, los activistas hacían un llamamiento a los miembros del colectivo a permanecer en calma y no ceder al pánico. «Triunfaremos. La policía puede haber asaltado y clausurado nuestra oficina, pero la verdadera oficina está en nuestros corazones, en nuestras mentes», añadían:

To all our allies and supporters, thank you. #LetItBeKnown #LGBTRightsInGhana pic.twitter.com/98RjaA9gHG

— LGBT+ Rights Ghana (@LGBTRightsGhana) February 24, 2021

El digital Africa News asegura que, en efecto el asalto a las oficinas de LGBT+ Rights Ghana tuvo lugar después de que líderes locales de las comunidades cristiana y musulmana reclamasen el cierre del local, abierto hace escasas semanas. El propietario ha asegurado por su parte que en el momento de alquilar el local desconocía que su inquilino iba a ser el colectivo ghanés y que de haberlo sabido no lo hubiera hecho.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, en dosmanzanas nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias dethttps://www.gofundme.com/f/lgbt-rights-ghana-community-support-fundenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional

Puedes ayudar a LGBT+ Rights Ghana

Si lo deseas, puedes contribuir a ayudar financieramiente al colectivo LGBT+ Rights Ghana a través de la plataforma GoFundMe en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado, por 224 votos a favor (tres de ellos de representantes republicanos, el resto demócratas) y 206 en contra (todos republicanos) la Ley de Igualdad («Equality Act»), una ley que consagra el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en ese país, y lo que es más importante, modifica una serie de importantes leyes para garantizar su implementación práctica en materia de empleo, vivienda, crédito, educación o servicios públicos. La ley, cuya aprobación definitiva se consideraría histórica, queda pendiente de lo que suceda ahora en el Senado, donde los demócratas disponen de una mayoría muy justa, lo que les obligará, si realmente quieren aprobar la ley, a activar la denominada «opción nuclear» en materia legislativa para permitir la aprobación por un solo voto de diferencia.

Hacía años que la situación política en Estados Unidos no era tan favorable a la aprobación de leyes en favor de los derechos LGTBI: con un presidente y una vicepresidenta recién elegidos dispuestos a promoverlas (y sobre todo a no vetarlas) y una mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso. Hay que remontarse a los dos primeros años de presidencia de Barack Obama para encontrar un escenario así, con la diferencia que  por aquel entonces Obama no estaba tan comprometido con los derechos LGTBI como sí lo están ahora Joe Biden y Kamala Harris. De hecho, bajo la presidencia de Obama el primer intento de sacar adelante una ley de este tipo no tuvo lugar hasta 2015, año en el que los republicanos controlaban las dos cámaras del Congreso. No fue, de hecho, hasta mayo de 2019 cuando la Equality Act obtuvo por primera vez el respaldo de la Cámara de Representantes, ya bajo control demócrata, pero el dominio republicano del Senado hizo imposible su aprobación definitiva. Sobra decir que el proyecto contaba además con la oposición del entonces presidente, Donald Trump.

Una situación que ha dado un giro de 180 grados tras las elecciones presidenciales y legislativas del pasado noviembre. Sin embargo, solo hay garantías de un escenario favorable durante dos años más: en noviembre de 2022 volverán a celebrarse elecciones legislativas y se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En ese momento, los republicanos pueden hacerse de nuevo con el control de alguna o de las dos cámaras, cerrando de nuevo la vía legislativa en lo que al avance de los derechos LGTBI se refiere.

Por eso es tan importante que la Equality Act se apruebe cuanto antes. Una ley que consagrará el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en todos aquellos aspectos que dependen del nivel federal de la administración, algo que hasta la fecha ha sido imposible por vía legislativa, siendo los tribunales los que de una forma u otra han impulsado (o frenado) dicho principio. El ejemplo más reciente, en esta ocasión en un sentido favorable, tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró ilegal la discriminación en el trabajo por orientación sexual o identidad de género por 6 votos contra 3.

Si la Equality Act es aprobada por el Senado y el presidente Joe Biden la rubrica, este principio se hará extensivo no solo al trabajo, sino a otros aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, el crédito bancario, la educación, el uso de espacios públicos, la prestación de servicios públicos, el desarrollo de programas financiados con fondos federales o la institución del jurado. Para ello, la ley detalla en su articulado una serie de reformas a leyes ya vigentes, incluida la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, la Ley de Selección y Servicios de Jurado y varias leyes relacionadas con el empleo dependiente o relacionado con la administración federal. La ley también será de aplicación en aspectos relacionados con el servicio prestado por tiendas minoristas y otros servicios privados regulados por la reglamentación federal. Puedes acceder al texto del proyecto de ley en este enlace.

¿De qué depende la aprobación por el Senado?

Una vez que la Equality Act ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, es ahora el turno del Senado, donde demócratas y republicanos están empatados a 50 senadores cada uno. Los demócratas cuentan, eso sí, con el voto de calidad de la presidenta del Senado, capaz de deshacer el empate, y que no es otra que la vicepresidenta, Kamala Harris. Sin embargo, no es todo tan sencillo. La actual reglamentación del Senado obliga a que, para cerrar el trámite de una nueva ley, el proyecto en discusión cuente con una mayoría de 60 votos, no de 50+1. Mientras no se disponga de dicha mayoría, los que se oponen a la ley pueden prolongar sine die la discusión (mecanismo conocido como «filibusterismo»). El Senado puede modificar dicha reglamentación por 50+1 votos, pero en este caso sería necesario el voto unánime de todos los demócratas, algo que hoy por hoy no parece asegurado (hay al menos dos senadores demócratas, el senador por Virginia Occidental Joe Manchin y la senadora por Arizona Kyrsten Sinema, que se oponen a derogar la norma procedimental que permitiría a los republicanos ejercer el filibusterismo.

En próximas semanas veremos hasta qué punto las convicciones de los demócratas son suficientemente sólidas en materia de igualdad como para poner fin al filibusterismo legislativo, dado que parece altamente improbable que diez senadores republicanos se unan a los demócratas para aprobar la Equality Act por 60 votos. Cabe recordar, en este sentido, que los republicanos no tuvieron problema alguno en activar en 2017 la «opción nuclear» y poner fin a la posibilidad de filibusterismo cuando de elegir a los jueces del Tribunal Supremo propuestos por Donald Trump se trató. Y ya antes, en 2013, los propios demócratas habían hecho lo mismo con la confirmación por el Senado de otros nombramientos judiciales.

De lo que no cabe duda es de que si la Equality Act es aprobada por el Congreso, Joe Biden la firmará. Así lo dejaba muy claro en su perfil de Twitter, en el que el presidente de Estados Unidos animaba a los senadores a aprobar la ley haciendo alusión al aspecto sobre el que más ruido están haciendo sus opositores: los derechos de las personas trans (¿nos suena en España, verdad?). «Los derechos trans son derechos humanos, y la Cámara de Representantes lo ha dejado claro hoy aprobando la Equality Act. Es la hora de que el Senado haga lo mismo», tuiteaba Biden:

Transgender rights are human rights — and the House made that clear today by passing the Equality Act.

Now it's time for the Senate to do the same.

— President Biden Archived (@POTUS46Archive) February 26, 2021

Fuente Dosmanzanas

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El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha determinado que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del hijo de una pareja de mujeres cuando rechazó su solicitud de asilo, ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable cuando la familia no tuvo otra opción que regresar a Rusia. Una decisión que ILGA, la federación que agrupa a más de 1600 colectivos y organizaciones LGTBI de todo el mundo, ha saludado como un hito importante. «En el sistema de la ONU, este es el primer caso relacionado con el asilo que afecta a un niño que se enfrenta a riesgos específicos por la orientación sexual de sus madres, y por la familia que forman», ha declarado Kseniya Kirichenko, su coordinadora de programas. «Esta es también la primera vez que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU toma una decisión sobre cuestiones de orientación sexual, y el primer caso sobre niños en familias del mismo sexo en la práctica de los órganos de los tratados en general», ha añadido.

Según informa ILGA, la decisión del Comité se refería a una solicitud presentada en nombre de A. B., que ahora tiene 11 años, un niño que había huido de Rusia junto con sus madres después de que la familia se enfrentara a acoso y amenazas, y de que él mismo empezara a sufrir acoso y aislamiento en la escuela. Hay que recordar, en este sentido, la especial situación que vive Rusia, un país en el que a la LGTBIfobia social se superpone desde hace más de una década una creciente LGTBIfobia de Estado que en 2013, después de que varias regiones lo hicieran por su cuenta, cristalizó en una ley estatal que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores. Leyes que en la práctica hacen imposible celebrar el Orgullo LGTBI o simplemente enarbolar una bandera arcoíris.

Temiendo por su seguridad, la familia huyó a Finlandia, donde el niño empezó a ir a la escuela, hizo amigos y ya no tuvo que vivir con el temor a hablar abiertamente sobre su realidad familiar. Sin embargo, Finlandia rechazó su solicitud de asilo. Aunque las autoridades finlandesas reconocieron las experiencias pasadas de amenazas, acoso y discriminación, concluyeron que no podían considerarse constitutivas de persecución. A la familia no le quedó más remedio que regresar a Rusia. Sin embargo, la denuncia contra Finlandia acabó por llegar a Naciones Unidas.

Ahora el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los estados miembro, ha concluido que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del pequeño como consideración primordial al evaluar la solicitud de asilo ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable en caso de devolución a Rusia. El Comité considera que el Estado finlandés violó los artículos 3, 19 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que tiene la obligación de proporcionar una reparación efectiva a la familia damnificada, incluida una «indemnización adecuada». La decisión del Comité fue informada por una intervención de terceros presentada conjuntamente por ILGA Mundo, ILGA-Europa, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Child Rights International Network (CRIN) y Network of European LGBTIQ* Families Associations (NELFA).

«Esta es una decisión importante, que establece las normas necesarias para la protección de los niños de las familias LGBTI que están en mayor riesgo de discriminación, especialmente en países como Rusia, donde las personas LGBTI se enfrentan a la estigmatización y las hostilidades en su vida cotidiana», ha declarado Arpi Avetisyan, jefa de litigios de ILGA-Europa, que ha remarcado además la obligación de los estados de garantizar siempre que el interés superior del niño se tenga en cuenta de forma efectiva y sistemática en el contexto de los procedimientos de asilo y que no se les discrimine por la orientación sexual de sus padres. «En el pasado, hemos visto que las decisiones internacionales sobre solicitantes de asilo lesbianas, gais y bisexuales han llevado a concederles la residencia en los Estados demandados», ha añadido por su parte Kseniya Kirichenko. «Esperamos que Finlandia también garantice que esta familia pueda volver y tener por fin una vida feliz y segura», ha añadido. Esperemos que sea así.

Puedes descargar la decisión completa del Comité de los Derechos del Niño aquí (en inglés).

Fuente Dosmanzanas

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«El Consejero de Presidencia y Hacienda ha ratificado por escrito a Vox la voluntad y el compromiso «indudable» del Ejecutivo murciano de aplicar la censura parental, medida estrella de la formación de extrema derecha, y le ha transmitido que ya se trabaja en la modificación de los decretos que impiden su aplicación.

El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a hacer un guiño a Vox (la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en la región) poniendo en el punto de mira a la educación en valores y al colectivo LGTBI+. Mediante un documento escrito, el consejero de Presidencia y Hacienda ha asegurado a la formación de extrema derecha  que ya se trabaja en regular la autorización de los padres para charlas en centros educativos. Este documento es un informe del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para aprobar los Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma. Ahora, con la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2021 en marcha, el Gobierno regional parece apretar el acelerador para contar con los votos de la extrema derecha, a la cual necesita si el resto de la oposición se opone a las cuentas.

Según el diario La Verdad, el documento confirma que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El eufemismo que utilizan desde el Gobierno de San Esteban para aplicar la censura parental es «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos». El texto añade que se busca «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos», términos ambiguos y que, según la interpretación del texto, podrían validar o denegar una misma actividad en el aula.

Según indica también el texto, la Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias. Este periodo realmente solo correspondería a los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020, periodo en el que hubo actividad presencial en las aulas.

Hay que recordar, en este sentido, que la pandemia por coronavirus azotó a España justo después de que el Ministerio de Educación llevara a los tribunales al Ejecutivo autonómico al implantar la censura parental, una medida que permite a los padres homófobos impedir que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual, principalmente impartidas por profesionales del colectivo LGTBI de la Región de Murcia, No Te Prives. Una medida que se aplaudió desde los sectores más reaccionarios y contrarios al avance de los derechos de las personas LGTBI+. A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar su implantación. Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida. Sin embargo, con la vuelta a una relativa normalidad en las aulas y la aparente sensación de que la presencialidad va a continuar durante el vigente curso 2020-2021, resucitan las exigencias de la extrema derecha para implantar la que desde el inicio de la legislatura regional ha sido su medida estrella. La censura parental, recordemos, fue una de las pocas condiciones que acordó la extrema derecha con el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de la comunidad (de hecho es la primera medida que se enumera en el documento rubricado por las tres formaciones).

De confirmarse la noticia, es de prever que el Gobierno de España active de nuevo la vía judicial contra la medida. También es esperable que, pase lo que pase, el discurso de la extrema derecha, de nuevo protagonista de la agenda política y mediática, continúe intentando socavar la profesionalidad del personal que imparte estas charlas, creando de nuevo un conflicto que no existía y legitimando el discurso de odio contra el alumnado, colectivos y la población LGTB+ en general.

Fuente Dosmanzanas

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El príncipe de Liechtenstein vuelve a hacer exhibición de su homofobia. Hans-Adam II, que como jefe de Estado disfruta de amplios poderes ejecutivos que ha delegado en su hijo, ha expresado su rechazo a que las parejas del mismo sexo puedan adoptar menores. Sus declaraciones se producen cuando empieza a abrirse un tímido debate sobre la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en el microestado alpino. El soberano de Liechtenstein no se opone, pero cree que los menores deben crecer en una «familia normal». «No está exento de problemas que dos homosexuales adopten niños», opinó.

Las elecciones del pasado 7 de febrero en Liechtenstein abrieron la puerta a una posible mayoría a favor del matrimonio igualitario, que por ahora no está permitido. Preguntado a este respecto por la radio pública del país, Hans-Adam II aseguró que no se opondría si se cumple una condición: la prohibición de la adopción para las parejas casadas del mismo sexo. «En principio no tengo nada en contra», aseguró el príncipe, «siempre que a los matrimonios homosexuales no se les dé el derecho a adoptar niños». Añadió que, en su opinión, los menores tienen derecho a crecer en «familias normales» porque «no está exento de problemas que dos homosexuales adopten niños».

Si el Parlamento llegara a aprobar una ley de matrimonio igualitario con equiparación de todos los derechos, el príncipe da por hecho que su hijo y heredero Alois ejercería su poder de veto. Hans-Adam II le delegó sus poderes en 2004. El soberano de Liechtenstein ostenta, a diferencia de otras monarquías europeas, amplios poderes ejecutivos como el nombramiento de jueces, el cese de ministros, el veto a leyes aprobadas por el Parlamento o la convocatoria de referendos.

Las declaraciones homófobas de Hans-Adam II, vinculando de manera sutil la homosexualidad con la pederastia, no constituyen por desgracia ninguna novedad. Hace cinco años, el jefe del Estado del país alpino ya mostraba su posición favorable al veto a la adopción homoparental. «Creo que debemos mantenerla», manifestaba en 2016. «Si yo me imagino que dos hombres homosexuales adoptan un muchacho —quizás incluso de países en vías de desarrollo—, entonces hay que decir efectivamente que si lo permitimos sería una irresponsabilidad», añadía, distinguiendo también entre «familias normales» y las demás. El príncipe se mostraba incluso partidario de ignorar una posible sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligara al Estado a reconocer la adopción homoparental.

Liechtenstein: un microestado rezagado en materia de igualdad LGTBI

De manera similar a otros microestados, Liechtenstein le va a la zaga a la mayoría de los países de Europa occidental en el reconocimiento de los derechos LGTBI. En el principado alpino, las decisiones parlamentarias suelen basarse en el acuerdo entre los dos grandes partidos, ambos de carácter conservador. Esto sin duda influyó en que hasta 1989 las relaciones homosexuales estuvieran prohibidas, y que sólo en 2001 fueran equiparadas las edades de consentimiento para relaciones homo y heterosexuales.

No obstante, los cambios sociales han ido llegando también este país. En 2011, hubo un apoyo masivo en referéndum a las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Dicha ley había sido aprobada en marzo de ese año por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento del Principado de Liechtenstein, y concedía a las parejas del mismo sexo derechos similares a los de los matrimonios heterosexuales en terrenos como la herencia, seguridad social y pensiones de jubilación, normativa de inmigración y naturalización, así como en el terreno fiscal. Quedaban fuera de la regulación tanto la adopción como el acceso a los procedimientos de reproducción asistida.

Esta ley fue desafiada en referéndum por Vox Populi, una organización constituida al efecto. La convocatoria fue recibida con alegría por Credo, organización católica que había encarnado la oposición a la ley pero que se había mostrado reacia a la idea de promover por sí misma un referéndum. Cuatro años antes, en 2007, el arzobispo de Vaduz, Wolfgang Haas, había declarado que «la homosexualidad es un pecado grave» y que «el reconocimiento de un pecado es un escándalo». Sin embargo, el referéndum fracasó, y el principado de Liechtenstein adoptó la norma que reconocía por primera vez las relaciones entre personas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado 9 de febrero entraba por fin el vigor la despenalización de las relaciones homosexuales en Angola. Aunque la reforma del Código Penal que lo ha hecho posible fue aprobada en 2019 (en su momento nos hicimos eco) el proceso de confirmación por parte del presidente del país ha supuesto un considerable retraso en su entrada en vigor. Por fortuna, ya hoy podemos decir que Angola abandona el todavía numeroso grupo de países que criminaliza la homosexualidad. 

Tras la aprobación de la reforma del viejo Código Penal (heredado de la época colonial portuguesa) por el Parlamento angoleño en enero de 2019, el presidente del país, João Lourenço, hizo uso de su derecho de veto, al considerar que las penas que contemplaba el nuevo texto no eran suficientemente duras. Después de que el Parlamento hiciera algunos cambios para acomodar las observaciones del presidente, el texto fue definitivamente aprobado en noviembre de 2020, aunque no ha sido hasta el 9 de febrero cuando ha entrado en vigor. Por fortuna, la despenalización de las relaciones homosexuales no fue objeto de discusión en la revisión del texto.

La noticia es aún mejor si se considera que el cambio no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, ya que se suma además la prohibición de la discriminación en base a la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de una persecución sistemática, pero la persistencia del viejo Código Penal, que castigaba cualquier tipo de relación homosexual, mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTBI, que al menos se ve liberado ahora del miedo de acabar en la cárcel. Una mejora que se venía gestando desde hace varios años. Ya en 2017 el informe sobre homofobia de Estado de ILGA dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», podía leerse en el informe de aquel año, que también destacaba como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluyese la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Alrededor de 70 países y territorios siguen penalizando la homosexualidad

De acuerdo al último informe de ILGA, 69 países miembros Naciones Unidas continúan penalizando en sus leyes las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Uno de esos 69 países es Bután, cuyo Parlamento ya ha aprobado la despenalización, pero aún debe sancionarla el rey. En las legislaciones de otros dos países, Egipto e Irak, no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios: Indonesia (donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional), las Islas Cook (una región autónoma de Nueva Zelanda) y la franja de Gaza, donde están vigentes leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

Además, según el informe de ILGA, en Corea del Sur no se castigan las relaciones homosexuales en su Código Penal, pero su Ley Penal Militar sí que las tipifica como «actos indecentes», estableciendo penas de prisión con trabajos forzados de hasta dos años.

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo caso de discriminación pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las familias homoparentales en la Unión Europea. Dos mujeres casadas, una búlgara y otra gibraltareña, han decidido recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras han rechazado la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida.

Kalina (nombre ficticio) se casó en Gibraltar con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica en 2018. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Y entonces es cuando se marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja ha decidido acudir a la justicia europea. El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, se pronunciará en un caso que puede sentar un importante precedente para las familias homoparentales a nivel comunitario. La abogada de Kalina, Denitsa Lyubenova, confía en que el alto tribunal dé una solución, que en cualquier caso deberán implementar los tribunales búlgaros. La carencia de nacionalidad «pone a la niña en riesgo de permanecer apátrida o de ser privada de uno de sus progenitores, si se revela quién es su madre biológica».

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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