La atleta sudafricana Caster Semenya, abiertamente lesbiana, ha dado un nuevo paso en los tribunales para poder proseguir su carrera deportiva en la alta competición. En 2018 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) aprobó un reglamento sospechosamente selectivo que tiene como fin impedir que Semenya pueda competir, a no ser que se medique para rebajar sus niveles de andrógenos, que de forma natural sintetiza en mayor cantidad que la mayoría de las mujeres. Por ello, tras dos apelaciones infructuosas (en 2019 en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y este mismo año en el Tribunal Supremo Federal de Suiza) la atleta ha decidido elevar su lucha al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Caster Semenya ha dejado claro que continuará su lucha judicial para competir sin discriminación y para «ayudar a crear un mundo más igualitario». Además de Semenya, el reglamento restrictivo del atletismo mundial también impediría que la medallista de plata Francine Niyonsaba de Burundi y la medallista de bronce Margaret Wambui de Kenia compitan en los 800 metros en los Juegos de Tokio del próximo año, condicionando así la clasificación.

La sudafricana, que fue ganadora en 800 metros lisos en los mundiales de 2009 y 2017, así como el oro en la misma categoría en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, siempre ha sido discutida por algunos debido a una supuesta intersexualidad (realidad con la que ella no se siente identificada). Y la aprobación del nuevo reglamento de la IAAF la dejaba prácticamente fuera de juego de la alta competición, como recogía en su momento dosmanzanas, que ha seguido de cerca sus dos carreras: la deportiva y la de la igualdad.

En la primavera de 2019 se hizo pública la vergonzosa decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (también conocido como TAS, sus siglas en francés), que daba la razón a la IAAF en su disputa con Semenya. Y el pasado mes de septiembre, la atleta tampoco corrió mejor suerte en el Tribunal Supremo Federal de Suiza (al que apeló por encontrarse en el país alpino la sede del TAS).

Lejos de rendirse, recientemente la deportista olímpica ha llevado su reivindicación hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no abandonará la batalla en los tribunales hasta que la IAAF admita «el error» que ha cometido y despeje el reglamento de una discriminación tan aberrante que la obligue a abandonar su carrera deportiva, a medicarse o a competir «como hombre» (todas ellas soluciones inaceptables).

Las instituciones sudafricanas se vuelcan con Semenya

El Gobierno de Sudáfrica ha dejado claro el apoyo a su compatriota y declara que «es más que la lucha individual» de una atleta. La Comisión para la Igualdad de Género (CGE) y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) «se unen para perseguir la injusticia contra Caster Mokgadi Semenya». Una injusticia que «afecta a las mujeres negras en los países en desarrollo».

Asimismo, según explican las citadas instituciones gubernamentales, «se trata de restaurar su dignidad humana y sus derechos a participar y tener ingresos del deporte, así como los derechos de otros deportistas, que también han sido discriminados y perjudicados por la nueva normativa discriminatoria de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) que entró en vigor en 2019».

Ambas instituciones creen que el resultado del Tribunal Supremo Federal de Suiza equivale a una grave violación del derecho a la integridad corporal, la dignidad humana y la privacidad de atletas como Caster Semenya, «cuyos cuerpos, sin tener la culpa, producen lo que se considera altos niveles de testosterona».

Por lo tanto, la CGE y la SAHRC están «firmemente decididas a organizar una defensa y apoyo a nivel mundial y nacional para las mujeres atletas como Caster Semenya y cualquier otra persona que incumpla la nueva regulación de la IAAF». La CGE y la SAHRC incluirán al Presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Matamela Ramaphosa, en su calidad de Presidente de la Unión Africana, los Ministerios de la Mujer, la Juventud y las personas con discapacidad y Deportes, Arte y Cultura; la Asamblea Nacional a través de los Comités de Cartera de Mujeres, Jóvenes y Personas con Discapacidad y Deportes, Artes y Cultura, así como el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación. Esta petición no se limitará a Sudáfrica y África, sino también a las Naciones Unidas.

El Parlamento sudafricano aprobaba a finales de 2020 una moción sin previo aviso que no solo condena las acciones de la IAAF contra Caster Semenya como una «injusticia y violación de los derechos humanos», sino que también resuelve que hará «todo lo que esté en su poder» para ayudarla en su lucha por la justicia y la igualdad.

Por su parte, el abogado Greg Nott (del bufete Norton Rose Fulbright, que defiende a Semenya), publicó un artículo el pasado 18 de noviembre en el que asegura que la «#OperationRunFree sigue ganando impulso». «Los negros continúan surgiendo de las cenizas de la opresión para dejar su huella en la historia. Tenemos a Kamala Harris convirtiéndose en la primera mujer, negra e india-americana vicepresidenta de los Estados Unidos. Y Lewis Hamilton empató recientemente el récord de carreras de Fórmula 1 de Michael Schumacher para convertirse en el piloto más exitoso en la historia de este deporte».

«Desafortunadamente, la arena internacional del atletismo todavía no está ‘abierta a todos’ por así decirlo y es por eso que nuestra campeona olímpica Caster Semenya no renuncia a su lucha contra la discriminación en el atletismo internacional», agrega Nott.

Fuente Dosmanzanas

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La tramitación de la reforma de la legislación sobre reproducción asistida en el Parlamento francés se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar. El Senado, con mayoría de derecha, ha rechazado en segunda lectura el texto aprobado por la Asamblea Nacional en julio del año pasado, que abría los tratamientos y su financiación a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. El «no» de los senadores ha sumido a los colectivos LGTBI en la desesperación. La medida, una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron y su predecesor François Hollande, regresará a la cámara baja para someterse a un último intento de aprobación.

Como hemos explicado con anterioridad en dosmanzanas, la reproducción asistida en Francia (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España. En su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida.

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la entonces secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética. En julio de 2019, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Édouard Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La exministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida cruzando líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos (LR), el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación. La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida en enero de 2020. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear.

El proyecto de ley sobre bioética regresó a la Asamblea Nacional para que la cámara baja se pronunciara sobre los cambios introducidos en el Senado. Por lo que se refiere a la reproducción asistida, los diputados recuperaron la financiación pública de los tratamientos también en el caso de parejas de mujeres y mujeres solteras. El texto reformado obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara baja en julio del año pasado y regresó al Senado, donde presagiábamos que la tramitación no sería fácil.

Así ha sido. Tras un debate marcado en ocasiones por la confusión, la mayoría de derecha de la cámara alta ha aprobado un proyecto de ley de bioética que excluye el artículo referido a la apertura de la reproducción asistida, su medida más emblemática, dejándolo por tanto completamente desnaturalizado. Los diputados de La República en Marcha de Macron y los partidos de izquierda se han negado a apoyar un texto que salió adelante con los únicos votos de la derecha y el centroderecha. El presidente del Senado Gérard Larcher, de Los Republicanos, ha lamentado que no se alcanzara un consenso. Los socialistas, por su parte, apuntan a las ambiciones presidenciales de Bruno Retailleau (LR), opuesto a la medida, como causa del fracaso.

La esperada reforma regresará ahora de nuevo a la Asamblea Nacional para un último intento de aprobación. Los colectivos LGTBI, sumidos en la desesperación por los problemas para sacar adelante el texto, han tachado el rechazo del Senado de «lamentable», «innoble» y «lección magistral de patriarcado». El movimiento homófobo Manif pour Tous, de recuerdo infame por su papel en la violenta reacción al matrimonio igualitario, ha mostrado su satisfacción.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTBI, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra.

Fuente Dosmanzanas

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Condena social

Su denuncia fue retomada por usuarios de Twitter que pidieron difundir la discriminación hecha a la pareja, muchos usuarios apoyaron y llamaron a sumarse a la condena. Estos mensajes contrastaron con los ataques de otras cuentas que justificaron y atacaron a quienes defendieron a la pareja.

“A la fuerza quieren ser aceptados y no respetan ni lugares privados que se reservan el derecho de admisión, no es necesario hacer show en lugares familiares, ellos dicen que sólo se abrazaban, pero que tan cierto es eso? (sic) quien lo comprueba? (sic)”, escribió el usuario Dayan Archila.

Presentes se comunicó con las oficinas de San Martín, pero dijeron que la persona a cargo de dar la posición oficial de la compañía se encontraba en reunión y que se comunicaría al terminar, al cierre de la nota aún no respondieron.

“Condeno todo tipo de discriminación, ya sea en un lugar público o en este caso en un establecimiento del sector privado contra una pareja de personas del mismo sexo o si fuera en contra de otro tipo de población. Existe en parte de la sociedad salvadoreña ese tipo de acciones discriminatorias que terminan afectando la dignidad de las personas”, expresó a Presentes Roberto Zapata, secretario general de la organización Amate El Salvador.

Amate es una organización que trabaja por el rescate de la memoria histórica de la población LGBTI en El Salvador.

Sin apoyo del Estado

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“No esperamos de parte del gobierno ningún tipo de pronunciamiento en este tipo de casos, no los ha habido en el pasado y veo con mucha menos posibilidad que pase con el actual gobierno donde parece ser que su política pública es el silencio en cualquier tipo de discriminación y violencia en contra de la población LGBTI, ya hemos visto que la ministra de cultura cuando han sucedido crímenes de odio ha salido con eufemismos”, dijo Zapata.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

“En este caso se pudo visibilizar por la denuncia en redes sociales, las organizaciones ya conocemos que esta panadería o sus dueños han financiado en Guatemala marchas anti derechos contra la población LGBTI y contra las mujeres”, señaló Zapata.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

“Es un mensaje que invita a seguir discriminando, que esta bien que se nos trate de esa manera y que está bien que nosotros no podamos expresarnos en los espacios públicos”, recalcó Zapata.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Nowa Dęba, un enclave de poco más de 11.000 personas en el sureste de Polonia, se ha convertido en la primera localidad del país que revoca la declaración de «zona libre de ideología LGTB», aprobada en 2019. La resolución salió adelante en la corporación municipal con 10 votos favorables, una abstención y cuatro votos no emitidos.

El resultado, pese a constituir un hecho muy aislado, no deja de tener potencial simbólico. Una población rural, de tamaño reducido, situada al sureste del país y con una mayor influencia de Rusia, en un país en el que la homofobia de Estado está en auge tras los últimos comicios presidenciales y en el que las administraciones que se han declarado «zonas libres de ideología LGTB» cubren un tercio del territorio, ha revertido esta situación por una holgada mayoría y sin ningún voto en contra.

La noticia se produce tras las críticas de la presidenta de la Comisión Europea a estas zonas y el consecuente recorte de fondos de la Unión Europea para varias de estas ciudades. El presidente de la corporación local, Damian Diektiarenko, aseguró que presentaba la moción ya que «las intenciones del consejo habían sido malinterpretadas», en referencia a la anterior moción. «No podemos permitir que nadie empañe la imagen de la comuna usando esta declaración», añadió.

Es pronto para saber si lo sucedido en Nowa Dęba puede suponer el inicio de un cambio de tendencia. Organizaciones en favor de los derechos humanos y pro LGTBI+ mantienen contactos con múltiples corporaciones locales para que sigan su ejemplo, pero de momento ninguna otra administración ha revocado su declaración homófoba pese a ver amenazados los fondos europeos o ver cancelados sus acuerdos de hermanamiento con otras ciudades europeas. La propia región de Subcarpacia, en la que está enclavada Nowa Dęba, habría perdido recientemente una subvención de dos millones de euros a un proyecto sobre patrimonio natural por esta razón, según ha desvelado hace pocos días el activista LGTB polaco Bartosz Staszewski, aunque las autoridades regionales no han querido confirmarlo.

Fuente Dosmanzanas

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La policía alemana se vuelve más inclusiva. Con el nuevo año ha entrado en vigor una reforma del reglamento sobre el acceso a las fuerzas de seguridad que abre la puerta a las personas trans, intersexuales o de género no binario. El texto elimina los requisitos que excluían a los candidatos no cisgénero al imponer determinadas características corporales, como disponer de «al menos un testículo funcional» en el caso de los aspirantes varones. El ministerio del Interior cumple así con la promesa de acabar con la discriminación basada en la identidad de género existente hasta ahora.

El acceso al cuerpo de policía en Alemania se rige por la norma PDV 300, que regula los criterios que deben cumplir las personas aspirantes al uniforme. Con la versión en vigor hasta el pasado 31 de diciembre, se exigía de los varones que tuvieran «al menos un testículo funcional» y se descartaba a las mujeres con implantes mamarios. Se requería, además, la estabilidad en la función hormonal «andrológica» o «ginecológica» según el caso.

Con los cambios que han entrado en vigor con el nuevo año, la discriminación de las personas trans, intersexuales y de género no binario ha pasado a la historia. Una nota aclarativa al principio del texto explica que cualquier indicación que utilice la fórmula masculina se entenderá aplicable a todos los géneros. En Alemania existe una tercera opción de sexo legal con la denominación de «diverso» desde 2018. Además, se eliminan los requisitos corporales que excluían de facto a las personas trans e intersexuales.

Se cumple así con una promesa que hizo el ministerio del Interior hace dos años como respuesta a una pregunta parlamentaria de Jens Brandenburg, del FDP, quien se ha felicitado por los cambios. Se trata de un «hito histórico» para la «vinculación de la policía con una sociedad diversa», afirmó. El diputado liberal, proponente de la reforma, reclama ahora formación para que los agentes policiales puedan aplicar sin dificultades la medida. Desde la izquierda de Die Linke también saludan la modificación y destacan su valor para la prevención de la violencia intrapolicial.

 Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia que condena a Rumanía por negar el reconocimiento de la identidad de género de dos hombres trans. Las autoridades rumanas condicionaban la modificación registral del sexo legal a una operación de reasignación genital a la que ninguno de los dos deseaba someterse. Los jueces de Estrasburgo obligan al Estado rumano a indemnizar a los demandantes con más de 25.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho a la privacidad de la que fueron víctimas.

Los dos hombres, que se encontraban en tratamiento hormonal y se habían sometido a mastectomías, solicitaron el reconocimiento de su identidad masculina ante el Tribunal de Distrito de Bucarest en 2011 y 2013. La respuesta de la justiciar rumana fue la misma en los dos casos: para obtener la modificación registral del sexo legal en los documentos de identidad y la partida de nacimiento, se requiere acreditar que la persona interesada ha pasado por una operación de reasignación de sexo. Una intervención a la que ninguno de ellos se quería someter.

El primero de los demandantes decidió finalmente transigir con el requisito y en 2017 se sometió a dos operaciones genitales. En consecuencia, en 2018 recibió un documento de identidad y un certificado de nacimiento acordes con su identidad de género. Ese mismo año, el Gobierno rumano rechazó modificar esta política de modificación registral del sexo legal. El segundo, mientras tanto, se trasladó al Reino Unido, donde obtuvo un permiso de conducción con sexo masculino. La incongruencia entre los datos de sus documentos británicos con los rumanos, sin embargo, le conllevaba problemas.

Los afectados decidieron llevar el asunto ante la justicia europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló el pasado martes a su favor. Los jueces de Estrasburgo consideran que la política de las autoridades rumanas contradice el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Los tribunales rumanos presentaron a los demandantes «un dilema imposible» entre someterse a una operación que no deseaban o renunciar al reconocimiento de su identidad de género.

El alto tribunal califica el requisito quirúrgico como «un enfoque rígido» que provocó a los dos hombres en «una posición de angustia durante un periodo de tiempo continuado y excesivo». El fallo condena al Estado rumano a indemnizarlos con un total de 25.908 euros por daños y perjuicios y los costes incurridos en el proceso. La sentencia supone un alivio para la comunidad trans del país. Según la asociación Accept, menos de 50 personas trans han conseguido el reconocimiento de su identidad de género en Rumanía. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han salido en los últimos años otras sentencias muy importantes para el colectivo como las que condenaron a Macedonia por no disponer de un procedimiento de modificación de los datos registrales de las personas trans o a Francia por exigir su esterilización como requisito para reconocer su identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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Buenas noticias desde Estonia. El Parlamento unicameral del país ha rechazado una iniciativa del Partido Popular Conservador (EKRE) para someter a referéndum la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Un resultado positivo en el fracasado plebiscito habría provocado el blindaje del matrimonio excluyente en el país. La derrota de la iniciativa, unida a un escándalo de corrupción, han provocado la caída del Gobierno de coalición entre los centristas, los conservadores de Isamaa y la extrema derecha de EKRE. Paralelamente se ha presentado una proposición de ley para equiparar los derechos de las parejas en una unión civil con los de las casadas, salvo la adopción conjunta. En Estonia existe la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo desde 2016.

Tras las elecciones de marzo de 2019, se formó en Estonia una coalición de Gobierno entre el Partido del Centro, la formación conservadora y democristiana Isamaa y la extrema derecha del Partido Popular Conservador (EKRE), con el centrista Jüri Ratas como primer ministro. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció sus planes para convocar un referéndum sobre la definición de matrimonio en la primavera de 2021. Se trataba de una iniciativa de EKRE, cuyo exlíder y exministro del Interior Mart Helme había animado a la población LGTBI a «irse corriendo a Suecia». La formación ya había intentado, sin éxito, derogar la ley de uniones civiles vigente desde 2016.

El pasado 14 de diciembre, la propuesta homófoba superaba su primera lectura en el Parlamento. El texto contemplaba la convocatoria de una consulta no vinculante el próximo 18 de abril sobre la cuestión: «¿Debería el matrimonio seguir siendo una unión entre un hombre y una mujer en Estonia?». La oposición, integrada por el liberal Partido Reformista y el Partido Socialdemócrata, intentó entonces boicotear su tramitación subsiguiente presentando cerca de 10.000 enmiendas al proyecto. Muchas de ellas en tono irónico, como la iniciativa de celebrar un referéndum sobre si «¿Debería prohibirse la amistad en Estonia?» o si «¿Deberían prohibirse los trasplantes capilares para hombres en Estonia?».

La semana pasada, la presidenta del país Kersti Kaljulaid propuso que, dado que el asunto de la definición del matrimonio no constituye una preocupación prioritaria de los estonios, el Gobierno se comprometiera a disolver el Parlamento y convocar elecciones en caso de que triunfara el «no» en la consulta prevista. Un día después, la propuesta de referéndum se sometió de nuevo a la votación en pleno. Tan solo cosechó 29 votos a favor frente a 49 en contra (de un total de 101 escaños). Un varapalo para el Gobierno de coalición que, junto con la salida a la luz de un escándalo de corrupción, provocó su caída el jueves de la semana pasada.

Aprovechando la derrota de la iniciativa homófoba, 19 diputados del Partido del Centro y de los socialdemócratas presentaban el viernes pasado una proposición de ley para equiparar la mayoría de los derechos de las parejas en una unión civil con los de las parejas casadas. La principal excepción sería la adopción conjunta. Mientras tanto, los dos partidos centristas ya mantienen conversaciones para formar una gran coalición que no requeriría del apoyo de la extrema derecha.

Estonia se convirtió en 2014 en la primera ex república soviética en aprobar una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. La aplicación de la ley, sin embargo, es problemática, porque el partido democristiano Unión Pro Patria y Res Publica (que luego se renombró como Isamaa) vetó la aprobación de las regulaciones complementarias necesarias para dotar de contenido a la ley original, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. El resultado es que las parejas que intentan registrar su unión se encuentran, por ejemplo, con que el proceso para llevar a cabo dicha inscripción no ha sido aún descrito en la legislación. Una situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que pretende solventar la iniciativa de los centristas y socialdemócratas presentada la semana pasada. Por otra parte, en enero de 2017, un tribunal obligaba por primera vez a registrar un matrimonio del mismo sexo contraído en el extranjero (concretamente en Suecia).

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Pocos días antes de abandonar la Casa Blanca tras su derrota en noviembre, Donald Trump ha querido cimentar el tono marcadamente anti-LGTBI de su presidencia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS) ha emitido una nueva normativa que autoriza a los proveedores de servicios sociales que reciben fondos federales a discriminar por razones de orientación sexual o identidad de género. La norma, de carácter ejecutivo, entra en teoría en vigor el próximo 11 de febrero. Será probablemente una de las primeras que el nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, anule una vez que tome posesión efectiva de su cargo.

La normativa vigente prohíbe a los proveedores de servicios sociales que reciben fondos federales discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género. Se trata de una de tantas normas ejecutivas instituidas por la administración Obama ante la imposibilidad de aprobar por vía legislativa un marco antidiscriminatorio global contra las personas LGTBI debido a la oposición republicana, muchas de las cuales han sido revertidas por la administración Trump. Esta era una de las que habían sobrevivido hasta el último momento, pero ni siquiera la derrota de Trump en las elecciones de noviembre ha impedido que finalmente sea sustituida por una nueva normativa que en teoría debe entrar en vigor el próximo 11 de febrero. Según la nueva normativa, dicha prohibición violaría la Religious Freedom Restoration Act, una ley federal que protege la libertad religiosa. De entrar en vigor, organizaciones como agencias de adopción o servicios de atención a personas sin hogar o ancianos, entre otros, podrían negarse a prestar sus servicios a personas LGTBI si consideran que ello viola su libertad religiosa aunque reciban financiación federal, y no podrían ser penalizadas por ello.

La nueva disposición será probablemente una de las primeras que la próxima administración Biden anule una vez el demócrata tome posesión efectiva de su cargo este 20 de enero, pero en cualquier caso supone un argumento más que ls partidarios de poder discriminar a las personas LGTBI «por razones religiosas» continuarán esgrimiendo ante los tribunales, y muy singularmente ante el Tribunal Supremo, que precisamente tiene estos momentos entre manos la decisión sobre un caso (Fulton v. City of Philadephia) que afecta a una agencia de adopción católica con la que la ciudad de Filadelfia rompió el acuerdo que las vinculaba por rechazar a parejas del mismo sexo. No hay que olvidar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene en estos momentos una rotunda mayoría conservadora después de que Trump y sus socios republicanos tuviesen la oportunidad de colocar a tres nuevos magistrados, entre ellos la conservadora Amy Coney Barrett en sustitución de la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg (precisamente la que era considerada magistrada más progresista del Supremo).

El movimiento de Trump, por otra parte, se suma a muchos otros movimientos previos que han hecho retroceder de forma considerable los derechos de las personas LGTBI. Hace unos meses, por ejemplo, el mismo Departamento de Salud y Servicios Sociales anunciaba la anulación de otra norma que ampliaba la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios a las las personas trans, intersexuales o de género no binario. Una reforma que se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, cuyo objetivo no ha sido otro que la supresión de la existencia jurídica de las personas trans en Estados Unidos. Y es que si por algo se está caracterizando la administración Trump en el ámbito LGTBI es por la incansable batalla contra los derechos y la inclusión de la comunidad trans. Ya tras conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence pusieron en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluir a las personas trans del Ejército, que permaneció en suspenso por decisión judicial hasta que un Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión. En mayo de 2018 se consumó también la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que perdieron de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos. La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatori contra l’Homofòbia ha registrado 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020. Una cifra que supone un aumento del 25% respecto al año anterior, y que sitúa al 2020 como el año con mayor número absoluto de incidencias desde que hace cinco años esta entidad comenzara a resgitraslas de forma sistemática.

Habrá que esperar todavía unos meses para conocer el detalle de las incidencias registradas a lo largo de 2020, pero el Observatori contra l’Homofòbia ha querido aprovechar el principio del año para adelantar que estas han ascendido a 189, la cifra más alta de los últimos cinco años. Conviene recordar, en este punto, que en todo 2019 el Observatori registró 160 incidentes, una cifra que ya suponía un aumento de un 41,6% respecto a 2018.

Según el adelanto, la vía pública continúa siendo el ámbito en el que más agresiones se produce. Otro dato destacable es que las agresiones a personas trans se habrían incrementado cerca de un 25%. Ante este panorama, Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori, ha subrayado por enésima vez la necesidad de desplegar de una vez todos los mecanismos legales contenplados en la ley catalana contra la LGTBIfobia, así como de financiar adecuadamente a todas las entidades especializadas que dan soporte a las víctimas de agresiones LGTBI. Rodríguez también ha pedido la aprobación de una ley trans estatal que permita una cobertura más eficaz contra la transfobia.

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El 40% pensó en el suicidio a raíz de la homofobia y la transfobia, mientras el 73,8% ha sido víctima de la xenofobia en nuestro país, por lo que para el 52% uno de los principales problemas que enfrentan en Chile es la discriminación, lo que es superado por  el acceso al trabajo (86,6%) y a la vivienda (54,3%). Con todo, la mayoría dice tener una mejor calidad en Chile que en su país de origen.

La Primera Encuesta Nacional Aplicada a Migrantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer (LGBTIQ+) arrojó alarmantes índices de discriminación y abusos contra este sector social en razón de su orientación sexual, identidad de género o nacionalidad, aún cuando los atropellos que viven en Chile son inferiores a los de su nación de origen, a un punto que la mayoría se siente satisfecho con habitar en nuestro país.

El pionero sondeo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) fue dado a conocer hoy junto al director del Departamento Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio,  quien anunció que su entidad, a partir de los resultados del sondeo, capacitacitá a todos/as sus funcionarios/as en la realidad de migrantes LGBTIQ+.

Aplicado a 221 migrantes LGBTIQ+, el estudio arrojó que si bien la mayor razón para salir de su país y llegar a Chile fue de tipo económica, “la discriminación se encuentra entre los principales motivos, a un punto que el 40% de quienes sufrieron la homo/transfobia en su nación de origen intentó suicidarse”.

En efecto, el 39.4% dice que migró porque “en mi en país de origen  se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTIQ+”, mientras el 80.3% declara que sufrió algún tipo de abuso en razón de su orientación sexual o identidad de género, mientras que en Chile el 48,8% ha vivido situaciones similares. Por ello, para el 52% la discriminación es uno de los principales problemas que los afectan en nuestro país.

En el país de origen, y solo por ser LGBTIQ+, el 15.7% sufrió violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica y, por tal razón, un alarmante 40% dice que pensó en el suicidio.

Si bien en Chile los atropellos por ser LGBTIQ+ siguen afectando a casi la mitad de los migrantes, la discriminación más recurrente es la xenofobia que ha dañado al 73,8%.

“Estamos, por tanto, en presencia de una discriminación interseccional en Chile, donde la vulnerabilidad que afecta a migrantes LGBTIQ+ es más grave y persistente que la de los pares LGBTI chilenos/as, todo lo cual amerita que se implemenenr políticas públicas focalizadas. Más aún al considerar que el 11% de la población LGBTIQ+ migrante dice vivir con VIH y el 41,7% declara haber consumido drogas en el último año”, resumió el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez.

A lo expuesto, se suma la precariedad económica: el 15% no está estudiando, ni trabajando, el 18% no tiene ninguna red de apoyo, el 15,9% trabaja sin contrato, el 11% es allegado y el 3,9% se encuentra en un situación migratoria irregular.

Pese a ello, la mayoría (83,5%) dice vivir mejor en Chile que en su país de origen y el 41.7% tiene planeado que lleguen más parientes

“Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, la mayoría califica el acceso a estos derechos como “regular”, la casi totalidad se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país”, resumió el estudio”

A continuación se detallan cada uno de los resultados de la encuesta

Vida familiar y social

El 44,1% de los migrantes encuestados/as es soltero/a; el 23,6% tiene pareja sin vínculo legal; el 18.9% es conviviente, pero sin unión legal; el 11% es conviviente civil y el 2.4% está casado/a. Del total, el 95% no tiene hijos/as y el 5% sí.

La mayoría, el 65%, vive con su pareja y/o familiares, por lo que contarían con redes de apoyo cercanas. En efecto, el 32,9% vive con su pareja y el 32,1% con familiares. Estos últimos se dividen en un 15,6% que comparte alojamiento “con familiares que vivían previamente en Chile”;  el 9,4%, “con familiares que llegaron después que yo a Chile” y el 7,1% “con familiares que llegaron conmigo a vivir a Chile”. En tanto, 18,1% vive solo;  el 13,4% con compañeros/as de estudio o trabajo; el 13,2% con conocidos/as  y el 3,1% con “otros/as”.

Del total, cerca de un 12,8% declara vivir tanto con familiares, como con pareja, amigos y/o conocidos. Por eso, y por otras razones que requieren de una investigación más específica, el 30,7% vive en un inmueble donde habitan familias distintas a la propia y el 69,3% no

Posición socioeconómica, educacional, laboral y propiedad                                         

En relación al nivel de estudios, el 46.4% tiene enseñanza superior completa; el 21,3% superior incompleta; el 17,3%, media completa; el 13,4%, post grado;  el 0.8%, básica incompleta; y el 0.8%, media incompleta.

El 37,8% se ubica en una posición socioeconómica “media-baja”, seguida por la “media” (36.2%); la “baja” (13,4%), la “media-alta”(11,8%) y la “alta” (0.8%).

El 38.6% gana mensualmente entre $200.001 y 450.000;  el 15,7% entre $450.001 y $800.000; el 9,9 % entre 800.001 y $1.500.000; el 4.7% entre 1.500.001 y 2.500.000;  el 2,7% entre 2.500.001 y 5.000.000; el 12,7% no tiene ingresos mensuales, solo esporádicos; el 9,4%  carece de ingresos y el 6.3% percibe menos de $200.000

El 33,1%  se demoró  menos de un mes en encontrar su primer trabajo en Chile; el  26,8%  entre dos y seis meses;  el 23,6% entre uno y dos meses; el 5,5% entre más de seis meses y un año; el 4,7% más de un año; el 2,4% aún no encuentra su primer trabajo y lleva más de un año en Chile y el 3,9% no ha buscado trabajo aún.

En la actualidad , el 68,5% solo trabaja; el 9,4%, estudia y trabaja; el 7,1% solo estudia y el 15% no está estudiando, ni trabajando.

Del total de quienes trabajan, el 72,6% tiene contrato formal; el 15,9% no tiene contrato y el 11,5% está montando su propio emprendimiento de manera independiente.

Con los ingresos que percibe en Chile, el 63% contribuye al financiamiento de aquellos familiares que viven en su país de origen, el 24,4% lo haría si pudiera y el 12,6% no lo hace.

El 80,3% vive en un lugar que es arrendado, el 11% es allegado; el 7.9% es dueño/a del inmueble y el 0.8% habita en una casa de acogida.

En relación a los servicios o productos con que cuentan los/as encuestados/s, ya sean propios o arrendados, se encuentran teléfono móvil o celular (92,9%), acceso a internet (82,2%), Netflix o Amazon (81,1%), casa o departamento (62,2%), notebook o computador (59,8%), televisión pagada o por cable (49,6%), pieza (27,6%),  autómovil o moto (21,3%) y ninguno (0,8%)

Además, el 81,1% tiene cuenta rut o vista, seguido por cuenta corriente (33,1%); de crédito con grandes tiendas (32%), tarjeta de crédito o bancaria (31,5%); seguro de salud (31,5%); crédito de consumo (14,2%); deuda con familiares o amigos (13,4%); crédito automotriz (7,9%); crédito hipotecario (3,1%); deudas con empresas o lugar de trabajo (3,1%); deudas con prestamistas (0,8%) y ninguno (6,3%).

Situación migratoria y familia

El 45,7%  de los/as migrantes LGBTIq+ lleva viviendo en Chile entre 2 y 4 años;  el 26,8%, más de 5 años; el 23,6% entre 1 y 2 años; el 3,1% más de seis meses y menos de un año y el 0,8%, menos de 6 meses.

El 33,9% tiene visa de permanencia definitiva; el 23,5% está en trámite de su visa de permanencia definitiva; el 19,3% tiene visa temporaria; el 8,7%,  visa de trabajo; el 6.3% está en trámite de visa temporal; el 1,2% está nacionalizado; el 3,9% se encuentra en situación irregular; el 1,6% tiene visa de responsabilidad democrática,  el 0,8% es refugiado y el 0,8% tiene visa de estudiante.

El 94.5% ingresó a Chile por un paso habilitado y el 5,5% por uno no habilitado.

Las personas viajaron o ingresaron a Chile usando uno o más medios de transporte como avión (66,1%), seguido por bus (35,4%), a pie (4.7%), automóvil (3,1%), barco, lancha u otro medio acuático (0,8%) y otros (2,4%).

El 55,1% ingresó a Chile solo/a; el 18,1% con su pareja; el 17,3% con familiares, el 5,5% con amigos/as, el 5,5% con personas que fue conociendo durante el viaje y el 1,6% con conocidos/as.

El 5,5% señala que debió pagarle a alguien para ingresar a Chile versus el 94,5% que no lo hizo.

El 41,7% tiene planeado o en mente que más parientes suyos vengan a vivir a Chile y el 58.3% no.

Razones para migrar y evaluación de Chile

El 48.8% el primer país que tuvo en mente para migrar fue Chile; seguido por Argentina (15%), algún país europeo (11,8%), Estados Unidos (9,4%), Canadá (4,7%), Colombia (3,9%), Brasil (2.4%),  Perú, 1,6%, México (1.6%) y Puerto Rico (0.8%).

Las principales razones para llegar a Chile fueron la estabilidad económica (66,9%), seguida por “supuestas mejores posiblidades para encontrar trabajo” (48%), “porque tenía amigos/as o parientes que ya vivían en Chile” (44,9%), “para vivir de manera libre mi orientación sexual o identidad de género” (30,7%), por estabilidad política (26%), “porque era más fácil ingresar en comparación con otros países” (21,3%), “porque siempre me gustó Chile” (16,5%), “porque era la única posibilidad que en ese momento tenía” (13,4%), “porque estimé que era más fácil permanecer en Chile” (12.6%), por “supuestas mejores posibilidades para acceder a salud” (11,8%) y por “supuestas mejores posibilidades para acceder a educación” (10,2%).

En tanto, las principales razones para salir del país de origen fueron “la inestabilidad económica de mi país” (65.4%), “para buscar mejores condiciones laborales” (61.4%), “por la inestabilidad política de mi país (59,8%), “por la represión a las libertades individuales en mi país” (48.8%), “porque  mi en país se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTI” (39.4%), “para encontrar mejores condiciones de salud (35,4%), “simplemente quería salir de mi país” (24,4%), “para encontrar mejores condiciones en educación (21.3%), “porque ya tenía familiares en Chile y quería estar junto a ellos” (11,8%), “porque mi pareja ya vivía en Chile y quería estar junto a el/ella” (9.4%), “simplemente porque quería vivir en Chile” (6,3%) y “otros” (0,2%).

El 83,5% tiene interés de vivir de manera permanente en Chile y el 16,5% no. Esto se explica porque el 75,6% se siente “muy satisfecho” (17,3%) o “satisfecho” (58.3%) en Chile en relación con sus expectativas, mientras el 24,4% se declara insatisfecho. Más aún, en comparación con su país de origen el 83,5% de los/as encuestados/as estima que en Chile su calidad de vida es “mejor” , para el 13,4% es igual y para el 3,1%, peor.

A la par, el 34,6% considera que el acceso y la calidad la salud en Chile es regular; el 33,1%,  buena; el 7,9%, muy buena;  el 17,3%, mala; el 7,1%, muy mala. En relación al acceso y calidad de la educación para el 44.1% es regular; para el 24,4%, buena; para el 4.7% “muy buena”, para el 18,1%, mala y para el 8,7% muy mala. En torno al acceso al trabajo, para el 42,6% es regular; para el 28,3%, bueno; para el 5,5%, muy bueno; para el 18,1%, malo y para el 5,5%, muy malo.

Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, los mayores porcentajes califican el acceso a estos derechos como regulares, la mayoría se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país.

Finalmente, el 61,4% conoce de organizaciones sociales o privadas que ayudan a migrantes en Chile, mientras que el 38,6%, no. En relación a los organismos estatales las cifras son de 74,8% versus 25,2%, en forma respectiva.

Pese al alto conocimiento, pocos han accedido a ayuda. El 78% dice que nunca la ha recibido; el 10,2% que la obtenido de organismos privados o de derechos humanos; el 7,9% de organismos estatales y el 3.9% de ambos sectores. Esto implica que los organismos privados serían más cercanos que los estatales para los migrantes que buscan o requieren algún tipo de ayuda.

Discriminación por orientación sexual, identidad de género y nacionalidad

El 80,3% dice que fue discriminado en su país de origen en razón de su orientación sexual o identidad de género y un 19,7% no tuvo problemas al respecto.

El 53,7% fue discriminado “algunas veces”, el 21.2% “casi siempre”;  el 14.8% “casi nunca o solo una vez” y el 10,3% “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación en el país de origen fueron desconocidos en espacios públicos (52%), seguidos por familiares (48.8%); compañeros de estudios, docentes o directivos (46,5%); religiosos o iglesias (44,1%); por conocidos o “amigos/as”, (36,2%); por compañeros/as de trabajo o empleadores (30,7%); por policías (28,9%); por las leyes o políticas públicas (26,8%), por miembros de las Fuerzas Armadas (13,4%); por funcionarios/as de la salud pública (12,6%); por funcionarios/as gubernamentales (11,8%);  por personas que ofrecen productos o servicios  en el ámbito privado (8,7%); por funcionarios/as empresariales (7,9%);  por funcionarios/as que ofrecen productos o servicios en el ámbito público (7,1%) y por funcionarios/as de la salud privada (6,3%).

El 15.7% sufrió  en su país de origen violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica; y el 8.3%, sexual en razón de su orientación sexual o identidad de género

El 53,8% no se auto-infligió daño producto de la discriminación, el 22.2% lo pensó, pero no lo hizo, mientras que el 24% sí se auto-lesionó. De esto/as, el 45,8% se infligió cortes en zonas de su cuerpo; el 45.8% dejó de comer; el 90% se aisló momentáneamente del resto de las personas; el 16,2% recurrió a formas inseguras para expresar su género, el 52,5% abusó del consumo de drogas y el 40% intentó suicidarse.

En Chile, en tanto, el 48.8% ha sido discriminado en razón de su orientación sexual o identidad de género y el 51,2% no.

De quienes han sido discriminados, el 11,2% sufrió violencia física,  el 50%, verbal;  el 40,3% abuso psicológico y el 3,2%, sexual.

Los principales responsables de la discriminación en Chile fueron desconocidos (55,1%) seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (22%); por religiosos o iglesias (18,1%);  por conocidos o “amigos” (10,6%); por leyes o políticas públicas (15%); por policías (10,2%); por familiares (6,3%); por funcionarios de la salud pública (6,3%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (5,5%); por personas que ofrecen servicios o productos privados (4.7%); por funcionarios de la salud privada (3,1%); por funcionarios gubernamentales (3.1%); por funcionarios empresariales (3,1%); por miembros de las Fuerzas Armadas (3,1%) y por personas que ofrecen servicios o productos públicos (2.4%).

De quienes han sido discriminados en Chile en razón de su orientación sexual o identidad de género, el 50% ha vivido eso ”casi nunca o solo una vez”, el 43,4% “algunas veces”, el 4% “siempre” y el 2.6%, “casi siempre”.

El 73,8% reporta además que ha sido discriminado en Chile en razón de su nacionalidad y el 26,2% no. El 5,2% de quienes han vivido xenofobia recibieron violencia física; el 96% verbal; el 43,7%, psicológica y el 1% sexual. Por esta razón, el 44,1% fue discriminado/a “algunas veces”, el 21,3% “casi nunca o solo una vez”; el 24,4% “nunca”; el 9,4% “casi siempre” y el 0,8%, “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación por nacionalidad fueron desconocidos (69,9%);  seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (30,7%); por leyes o políticas públicas (18,9%); por conocidos/as o “amigos/as” (13,4%); por religiosos o iglesias (11,8%); por funcionarios empresariales (11%); por funcionarios de la salud pública (11%); por personas que ofrecen productos o servicios en el ámbito privado (11%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (10,2%); por funcionarios/as gubernamentales (8,7%); por personas que ofrecen servicios  o productos públicos (7,1%);  por las policías (6,2%);  por funcionarios/as de la salud privada (4,7%); por las Fuerzas Armadas (2,4%) y por familiares (1,6%).

Finalmente, los/as encuestados/as estiman que el principal problema que afecta a los migrantes en Chile es el acceso o permanencia en el trabajo (86.6%), el acceso a la vivienda (54,3%), la dicsriminación (52%), el acceso a la salud (49,6%) y  el acceso a la educación (40,9%).

Salud sexual, VIH y  consumo de drogas

El 22,1% nunca se ha hecho el examen de VIH; el 17.3% se lo hizo hace más de un año; el 14,2% entre siete meses y un año; el 14,2% hace tres meses o menos; el 11,8% entre 4 y 6 meses atrás; el 6.3% hace más de dos años; el 4.7% hace más de tres años, el 4,7% hace más de 4 años y el 4.7% hace más de cinco años.

Del total de personas encuestadas, el 64.6% declara que es VIH negativo; el 11,1% es VIH positivo; el 0,8% prefiere no decirlo; el 1,4% nunca retiró los resultados y el 22,1% jamás se ha practicado el test.

El 70,1% señala que nunca ha tenido ITS, mientras el 29.9% sí. De estos, el 13,4% ha tenido candidiasis; el 13,4%, sífilis; el 11%, condiloma; el 7.9%, gonorrea y el 3,1%, cladimia.

En tanto, en el último año el 13.4% ha tenido alguna ITS. De estos, el 7,1% sífilis; el 5,5%, condiloma; el 3.9%, candidiasis; el 3,1%, gonorrea y el 0.8%, cladimia.

Finalmente, el 60,6% dice que nunca se ha hecho el examen del Covid-19; el 32,3% sí y resultó negativo, el 5.5 % fue positivo y ya se mejoró y el 1,6% nunca se lo ha practicado, pero cree que es positivo.

El 48,8% jamás ha consumido drogas, mientras que el 51,2% sí lo ha hecho al menos una vez en su vida. De éstos, el 49.6% ha consumido marihuana, seguido por la cocaína (13,4%), el éxtasis (12,6%), tranquilizantes o somníferos sin recetas (8,7%),  LSD (7.9%), hongos (5,5%), pasta base (1.6%) y “otras” (8,7%).

En tanto, en los últimos 12 meses el 41.7% ha consumido drogas, versus el 58,3% que no lo ha hecho. El 37% consumió marihuana; el 8.7% cocaína; el 7.9% tranquilizantes o somníferos sin receta; el 5.5%, éxtasis; seguido por hongos (3,1%), LSD (2,4%), pasta base (0.8%) y otras (6,3%),

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Abusos, Álvaro Bellolio, Chile, Departamento Extranjería y Migración, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Migrantes LGTBI+, MOVILH, Ramón Gómez

Enésima tragedia protagonizada por una menor trans: Fouad, una chica de 17 años, se quitó la vida el pasado miércoles en Lille (norte de Francia). Tras su suicidio, las redes sociales han difundido el episodio que Fouad sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando los responsables del centro escolar la hicieron volver a su domicilio por acudir vestida con falda. Los responsables del centro, pese a reconocer lo sucedido ese día, niegan ser los culpables de lo sucedido y aluden al «contexto personal complejo» de la adolescente.

Nuevamentes las redes sociales han servido de altavoz a una tragedia que de otros modos quizá hubiera pasado inadvertida. Bajo el hashtag #JusticePourFouad una tuitera denunciaba, tras el suicidio de la joven, el episodio de discriminación tránsfoba que sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando una trabajadora del instituto Fénelon de Lille, miembro del equipo pedagógico que supuestamente le hacía acompañamiento, le recriminó que acudiese vestida con falda y la obligó a volver a su domicilio. En este punto, las versiones que circulan en redes difieren: según una versión la joven fue conminada a abandonar la clase delante de sus compañeros. Según otra, fue interceptada antes de entrar en clase. Lo que parece confirmado es que fue ella misma la que grabó con su teléfono móvil parte de la discusión con la trabajadora, que también fue difundida en redes. «Comprendo tus ganas de libertad, comprendo tus ganas de ser tú misma, lo entiendo muy bien. Y todo lo que hacemos, precisamente, es para acompañarte mejor, eso es lo que tú no entiendes» , le argumentaba la trabajadora del centro.

Palabras no demasiado comprensibles si se tiene en cuenta que el instituto conocía bien la situación de la adolescente, una chica a la que al nacer asignaron sexo masculino y que todavía no había modificar en sus documentos oficiales, y su equipo pedagógico supuestamente se había propuesto ayudarle. Los responsables educativos reconocen lo sucedido ese día, pero niegan que tenga relación con el hecho de que la chica se quitase la vida. Aluden, para justificarse, al hecho de que Fouad vivía un «contexto personal complejo» (la joven residía en una casa de acogida dependiente de los servicios sociales) y argumentan además que el prohibirle acudir a clase con falda tenía como objetivo «protegerla».

Por nuestra parte, resulta imposible precisar más de acuerdo a lo publicado. En cualquier caso, y aun asumiendo que el suicidio de Fouad fuese el resultado de más elementos que simplemente lo sucedido el 2 de dicembre, los argumentos del centro escolar en modo alguno justifican la humillación que la joven sufrió ese día. Un episodio que, de hecho, generó la reacción de sus compañeros, que al día siguiente colocaron carteles en el instituto para denunciar lo sucedido y muchos de los cuales tres días después acudieron al centro vestidos también con falda como gesto de solidaridad. Hasta el punto de que el instituto había cedido y al parecer ya estaba dispuesto a permitir la vuelta de Fouad vestida con falda.

Tampoco nos genera mucha confianza el hecho de que la dirección del centro, se refiriese a Fouad como «un alumno» y no como una alumna (la marca de género existe en francés, al igual que en castellano) a la hora de comunicar su muerte por correo electrónico a los padres de sus compañeros, como también ha sido difundido en Twitter.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. #JusticePourFouad, Adolescentes LGTBI, Discriminación, Educación, Francia, Instituto Fénelon, Jóvenes LGTBI, LGTBIfobia, Lille, Menores, Personas trans, Suicidio, Suicidio adolescente, Transexualidad, Transfobia

La reforma no supondrá cambio alguno de facto, pero sí tiene un alto valor simbólico. Los ciudadanos del estado de Nevada, por un 62,4% de los votosfrente a un 36,6%, decidieron el pasado 3 de noviembre modificar su Constitución para eliminar del texto el artículo que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo (jurídicamente inválido, pero que seguía formando parte del texto constitucional) e introducir la garantía de igualdad en el acceso al matrimonio con independencia del género de sus contrayentes. Se trata, de hecho, de la primera Constitución de un estado que forma parte de los Estados Unidos en hacerlo. 

«The State of Nevada and its political subdivisions shall recognize marriages and issue marriage licenses to couples regardless of gender», reza la frase de la sección 21 de la Constitución de Nevada tras el cambio. Una redacción que contrasta con la anterior, «Only a marriage between a male and female person shall be recognized and given effect in this state», introducida en 2002 tras un doble referéndum. En aquella ocasion los contrarios al matrimonio igualitario se impusieron, en el segundo referéndum, con el 67,1% de los votos. Aquella prohibición quedó levantada en 2014, cuando los tribunales (en concreto, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito Federal) determinaron que se oponía a la Constitución de los Estados Unidos. Aunque no sería hasta un año después, en 2015, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo extensiva dicha doctrina a todo el país, en una histórica decisión por 5 votos a 4 (en aquella época el Supremo aún mantenía el equilibrio entre conservadores y progresistas, hoy roto tras la presidencia de Donald Trump).

Pese a ello, hubo que esperar a los demócratas se hicieran con el control de la legislatura de Nevada en el año 2016 para que se iniciara el procedimiento de reforma de la Constitución del estado y eliminar del texto un artículo que, aunque ya invalidado jurídicamente, seguía formando parte del mismo. Una vez que las dos cámaras del estado ratificaron la reforma, debía ser aprobada en referéndum por los ciudadanos, algo que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales, con el porcentaje antes referido. Cabe señalar que el nuevo redactado del texto constitucional también garantiza a los ministros de las diferentes religiones la libertad de negarse a celebrar matrimonios sin que tengan que exponerse por ello a demandas judiciales: «Religious organizations and members of the clergy have the right to refuse to solemnize a marriage, and no person has the right to make any claim against a religious organization or member of the clergy for such a refusal».

En definitiva, una evolución (67,1% a favor de la prohibición del matrimonio igualitario en 2002, 62,4% a favor de su protección constitucional en 2020) que nuestra bien a las claras el cambio generacional operado en Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario en menos de dos décadas.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Discriminación, Estados Unidos, Matrimonio, Nevada, Referendum, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Continúa el proceso legislativo hacia la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Suiza. El Consejo de los Estados, que funciona como la cámara alta del Parlamento, ha dado su visto bueno a la medida por 22 votos a 15 con siete abstenciones. El proyecto de ley regresa ahora al Consejo Nacional, donde ya recibió un apoyo mayoritario hace seis meses, para su aprobación definitiva. Además, si así lo piden al menos 50.000 ciudadanos, se someterá a referéndum, previsiblemente el año que viene. El amplio respaldo existente entre la población hace presagiar que Suiza se convertirá en 2021 en el 17º Estado europeo y uno de los últimos de Europa occidental en acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio.

Como explicábamos con motivo de su aprobación en el Consejo Nacional, el debate sobre la igualdad matrimonial en Suiza se remonta a 2013, cuando el Partido Verde Liberal introdujo una propuesta de reforma constitucional para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras largos años de tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias, en 2018 el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional propuso una modificación del Código Civil y otras normas como alternativa a la reforma constitucional. La regulación sobre adopción no precisaría ningún cambio, al estar ligada a las parejas casadas sin mencionar su sexo.

Los diputados del Consejo Nacional votaron finalmente un proyecto de ley de matrimonio igualitario en junio de este año. El resultado fue de 132 votos a favor, 53 en contra y 13 abstenciones. La Unión Democrática del Centro (SVP/UDC), formación de extrema derecha que cuenta con el mayor número de escaños en la cámara baja, fue el principal partido que se opuso a la medida. El proyecto de ley continuó entonces su tramitación en el Consejo de los Estados, la cámara alta del Parlamento suizo que representa a los cantones.

El martes pasado, los consejeros dieron su visto bueno a la medida por 22 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones. Se volvió a discutir la necesidad de una reforma constitucional, que habría supuesto un nuevo retraso de años en el proceso y afortunadamente quedó descartada. La ley fundamental suiza contempla en su artículo 14 que «se garantiza el derecho al matrimonio y la familia», sin establecer definiciones excluyentes de dichas instituciones. Los consejeros sí que introdujeron una limitación en el reconocimiento automático de la parentalidad de ambos progenitores del mismo sexo, que solo será posible tras un proceso de reproducción asistida llevado a cabo en una clínica profesional. En los demás casos, el progenitor no biológico deberá iniciar trámites de adopción.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de los Estados regresará ahora al Consejo Nacional para su visto bueno final. Tras su aprobación parlamentaria definitiva, se procederá a la convocatoria de un referéndum si así lo solicitan al menos 50.000 firmantes en un plazo de cien días, lo cual se da por muy probable. Las encuestas, en cualquier caso, invitan al optimismo, ya que arrojan cifras de apoyo a la igualdad matrimonial en el entorno del 80 %. Si todo sucede según lo previsto, Suiza se convertirá, ya en 2021, en uno de los últimos Estados de Europa occidental en acabar con la discriminación en el acceso al matrimonio. Solo Italia y los microestados seguirán negando este derecho fundamental a las parejas del mismo sexo.

General, Historia LGTBI Consejo de los Estados (Suiza), Consejo Nacional (Suiza), Discriminación, Italia, Matrimonio, Partido Verde Liberal (Suiza), Suiza, Unión Democrática del Centro (Suiza)

El Gobierno de los Países Bajos ha pedido oficialmente disculpas por el daño infligido a las personas trans a las que se obligó a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. El requisito formaba parte de la ley sobre transexualidad aprobada en 1985 y no se eliminó hasta 2014, después de afectar a cientos de personas. El Ejecutivo tramitará un proyecto de ley que incluirá indemnizaciones de 5.000 euros. Se trata del segundo país europeo en promover estas reparaciones, después que Suecia hiciera lo propio en 2018. En el caso sueco, sin embargo, la cuantía ascendía a unos 22.000 euros al cambio.

La Ley Transgénero, aprobada en 1985, permitió a las personas trans de los Países Bajos modificar su sexo legal en los certificados de nacimiento. Se exigió, eso sí, la esterilización irreversible. Hasta 2014 no entró en vigor una reforma de la legislación que eliminó este requisito. Para entonces, unas 2.000 personas habían sufrido su aplicación.

En febrero de este año, dieciséis personas y organizaciones presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno holandés para pedir una disculpa oficial, tanto por quienes se sometieron a la esterilización obligada como por quienes, para no tener que pasar por ese trance, renunciaron al reconocimiento de su identidad. El pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo reconoció en nombre del Estado holandés el sufrimiento causado y expresó sus disculpas a la comunidad trans.

El Gobierno ha anunciado que presentará un proyecto de ley, de aquí al verano que viene, para compensar económicamente a las personas afectadas. Tendrán derecho a una indemnización de 5.000 euros las que, entre el 1 de julio de 1985 y el 1 de julio de 2014, se hubieran sometido a un proceso de transición física que conllevara la modificación registral del sexo legal.  Los Países Bajos se convierten así en el segundo Estado europeo en compensar a las personas trans por la exigencia de la esterilización para concederles el reconocimiento de su identidad. Suecia fue la pionera en 2018. Las entre 600 y 700 personas afectadas en el país escandinavo obtuvieron el derecho a una indemnización fijada en 225.000 coronas (unos 22.0000 euros).

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó en octubre de 2017 tramitar una ley en ese sentido.

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Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».

El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan

Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.

Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.

Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.

El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban  negándose a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que pedían expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de coalición, de izda a dcha: Aušrinė Armonaitė ( Partido de la Libertad) Ingrida Šimonytė ( Unión de la Patria – Demócrata-Cristianos Lituanos),Viktorija Čmilytė-Nielsen (Movimiento Liberal),

Nuevo Gobierno de coalición en Lituania. Las elecciones del pasado 11 y 25 de octubre han provocado un vuelco político en el país. Una coalición de tres partidos de centroderecha liderados por la democristiana Ingrida Šimonytė ha alcanzado un acuerdo que, entre otras medidas, recoge la aprobación de un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo. Se trata del tercer intento de reconocer a las parejas del mismo sexo en el país. Aunque el principal partido de la coalición no se compromete a apoyar la medida en bloque, sus socios minoritarios confían en obtener el resto de los apoyos necesarios entre las formaciones de la oposición.

El reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Lituania se ha intentado ya en dos ocasiones en el pasado. Una iniciativa sobre uniones civiles presentada en 2015 por nueve diputados de los partidos socialdemócrata (LSDP) y liberal (LRLS) se topó con el rechazo del entonces primer ministro Algirdas Butkevičius (LSDP). A pesar de que una comisión parlamentaria decretó su plena constitucionalidad, la medida no llegó a tramitarse y «murió» con las elecciones de octubre de 2016. Unos comicios de los que salió un Gobierno de coalición presidido por los agraristas y con los socialdemócratas como socio menor.

Durante dicha legislatura, los liberales del LRLS presentaron una nueva proposición de ley ante el Parlamento para regular las uniones civiles entre dos personas con independencia de sus sexos. En junio de 2017, la iniciativa fracasó al obtener con el rechazo de 59 diputados, frente al apoyo de 29 y la abstención de otros 20. A pesar del fracaso, la Liga Gay Lituana destacó que la medida había recabado apoyos individuales más allá del LRLS, tanto en el gobernante Partido Socialdemócrata (LSDP) como en los democristianos, en la oposición entonces junto a los liberales. La organización lo interpretó como un signo del apoyo creciente a la equiparación de derechos en el país báltico.

Más de tres años después, se presenta una nueva oportunidad, esta vez de la mano de un Gobierno de centroderecha. Tras las elecciones de los pasados días 11 y 25 de octubre, la Unión Patriótica-Democristianos Lituanos (TS-LKD), el Movimiento Liberal (LRLS) y el socioliberal Partido de la Libertad han alcanzado un acuerdo de coalición con la nueva primera ministra Ingrida Šimonytė (TS-LKD) al frente. Un pacto que ha sido calificado de «finlandés», ya que al igual que en el país nórdico, los tres partidos implicados están dirigidos por mujeres.

Entre las medidas que han acordado las tres formaciones se encuentra la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de droga y la aprobación de una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. Los democristianos han aceptado esta propuesta de sus socios minoritarios a cambio de reservarse el derecho a votar en contra de la misma. Los liberales y los socioliberales, sin embargo, confían en recabar el resto de los apoyos necesarios entre las formaciones de la oposición, en particular los socialdemócratas del LSPD. La posición de la TS-LKD de Šimonytė tampoco es unánime: alrededor de la mitad de sus 50 diputados podrían votar a favor de la medida cuando se presente. Estaremos pendientes del devenir de los acontecimientos.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

La realidad LGTBI de Lituania en la última década ha estado marcada por los altibajos. En octubre de 2010 entró en vigor una reforma para prohibir la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015 recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» similar a la vigente en Rusia. En 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual. En febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. Una situación corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

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La Mancomunidad de Dominica (una república caribeña con una población inferior a los 70.000 habitantes) es uno de los territorios de la región en los que se sigue persiguiendo la homosexualidad legalmente. Sin embargo, en 2019 un ciudadano dominiqués abiertamente gay, del que solo conocemos las siglas DG, decidió impugnar la legislación homófoba y en la actualidad el caso está pendiente de resolución judicial. En este sentido, las jerarquías evangélica y católica de la isla están ejerciendo presiones públicas y privadas para que la «sodomía» siga siendo ilegal. Birnie Stephenson, la jueza instructora, ha tenido que abandonar el caso porque su pastor, Randy Rodney (presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica), se ha sumado a la oposición contra la demanda de despenalización. Esta situación demorará todavía más la sentencia.

La Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica (DAEC) solicitaba al Tribunal Supremo del país personarse como tercero contra la demanda de despenalización de la homosexualidad el pasado 17 de noviembre. La razón fundamental de dicha organización para unirse a la demanda es que podría «menoscabar o impedir los derechos morales de los cristianos». El pastor Rodney asegura que «todos los asuntos de sexo deben ser entre un hombre y una mujer». La recusación de la jueza que instruía el caso es ahora un nuevo escollo, que se une al aplazamiento que se produjo en septiembre tras unirse contra la causa el Consejo Cristiano de Dominica. El caso debía haberse retomado el 23 de noviembre, pero la salida de la jueza Stephenson lo vuelve a frenar.

Por su parte, la jerarquía católica dominiquesa también lleva años enfrentandose públicamente a cualquier atisbo de despenalización. Gabriel Malzaire, obispo de Roseu, publicó una carta en 2013 en la que aseguraba que «la ‘actividad’ homosexual, según las Sagradas Escrituras, es uno de los muchos males que, si no se controlan, pueden conducir a la muerte espiritual. Entre estos se encuentran el adulterio, la fornicación, las orgías, la calumnia, el odio profundamente arraigado […] Estos, junto con la ‘actividad’ homosexual, nunca estarán bien, estén o no despenalizados por el Estado».

Según palabras del obispo, «la Iglesia, en su papel de guía moral, no existe para condenar a las personas humanas, sino para condenar estilos de vida y comportamientos que no están de acuerdo con la ley divina. Por lo tanto, así como la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar al adúltero al arrepentimiento, tiene la misma responsabilidad hacia aquellos que se entregan a la ‘actividad’ homosexual».

Malzaire añadía que «algunas cosas están bien y otras están mal, nos guste o no. Lo que está de acuerdo con la ley de Dios está bien y lo que está en contra de la ley de Dios está mal; y todos estamos llamados a vivir según la ley de Dios si la salvación es parte de nuestra agenda. Por lo tanto, ya sea que se trate de fornicación, adulterio, ‘actividad’ homosexual, toda la gama, tenemos que vivir según la ley de Dios».

El abogado y activista caribeño Maurice Tomlinson, por su parte, sostiene que «las razones por las que las iglesias buscan entrar en el caso son ridículas». Tomlinson y la Canadian HIV/AIDS Legal Network están apoyando a DG en su batalla legal para la despenalización de la homosexualidad. El Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Minority Rights Dominica, un grupo de defensa LGTBI, y Lawyers Without Borders también están dando su respaldo.

LGTBIfobia de Estado en Dominica

Según la legislación vigente, «una persona que comete sodomía es culpable de un delito y puede ser condenada a prisión». Las penas oscilan entre los 5 y los 25 años de reclusión y «el Tribunal podrá ordenar que la persona condenada sea ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento».

Al menos 35 personas fueron arrestadas por las autoridades locales y acusadas de «sodomía» entre 1995 y 2000 en Dominica. Los tribunales condenaron a los acusados a multas y penas de prisión de hasta diez años. Algunos de ellos, incluso, fueron forzados a someterse a las tan dañinas «terapias de conversión» en centros psiquiatricos (a pesar de que la comunidad científica internacional rechace sin tapujos este tipo de ‘intervenciones’).

En 2001 15 mujeres fueron detenidas y condenadas a cinco años de prisión, acusadas de «grave indecencia». Diez hombres también fueron condenados a cinco años de prisión por «cometer actos de indecencia grave con personas del mismo sexo». En 2012, una pareja gay de California fue arrestada después de que la policía les denunciara por haber mantenido relaciones sexuales en el balcón de su cabina durante un crucero gay que estaba atracado en el puerto. Fueron liberados de la cárcel tras declararse culpables de «exposición indecente».

En julio de 2014, Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica (en el cargo desde 2004 hasta la actualidad) declaró que, aunque en el pasado reciente se hubiera hecho, no tenía planes para aplicar la legislación contra la homosexualidad «al menos en hogares privados». A pesar de declarada LGTBIfobia del mandatario, parecía un primer paso para la atenazada comunidad LGTBI dominiquesa, en lucha por los derechos humanos no reconocidos y víctima de la persecución del Estado.

Fuente Dosmanzanas

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La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer,

El Gobierno alemán ha aprobado un proyecto de ley para rehabilitar al personal militar que sufrió discriminación por el hecho de ser homosexual. Durante décadas, al amparo del infame artículo 175 que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, los soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la expulsión del ejército, la degradación y trabas a la hora de asumir nuevas responsabilidades. No fue hasta el año 2000 que se derogaron las últimas disposiciones que aún existían contra la comunidad LGTBI en el ámbito castrense. La iniciativa del Gobierno de Angela Merkel, que aún debe ser aprobada en el Parlamento, contempla la anulación de las condenas e indemnizaciones de 3.000 euros y se prevé que beneficiará a unas mil personas.

El Gobierno de Alemania presentó el pasado miércoles ante el Parlamento un proyecto de ley con el que busca la reparación e indemnización de los soldados alemanes expulsados, o discriminados, del Ejército por su condición homosexual.

Paso a paso, aunque siempre con demasiado retraso, el Estado alemán avanza en el reconocimiento de las víctimas de la LGTBIfobia legal que imperó en el país durante más de un siglo. En junio de 2017, el Bundestag o cámara baja del Parlamento aprobaba  por unanimidad un proyecto de ley para indemnizar a los condenados por el infame artículo 175 del Código Penal, que durante décadas criminalizó las relaciones consentidas y en privado entre hombres. El texto establece que cada condenado recibirá 3.000 euros por sentencia y 1.500 euros más por cada año que haya comenzado en prisión o en reclusión forzosa en establecimientos psiquiátricos. Casi dos años después, en marzo de 2019, el actual Gobierno ampliaba la lista de víctimas con derecho a indemnización para incluir a los imputados o recluidos en prisión provisional por el artículo 175, aunque hubieran sido finalmente absueltos.

El pasado miércoles, la coalición de democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) daba un nuevo paso adelante y aprobaba la rehabilitación de los militares afectados por las normas contra las relaciones entre personas del mismo sexo en el ejército, incluido el citado artículo 175. Durante décadas, los y las soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la imposibilidad de ascender en la carrera militar, cuando no a la degradación o a la expulsión de la milicia. El artículo 175 no fue completamente derogado hasta 1994, y hasta el año 2000 estuvieron en vigor disposiciones discriminatorias contra los militares homosexuales.

El proyecto de ley promovido por el ministerio de Defensa de Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) contempla la anulación de las condenas dictadas por tribunales militares basadas en dichas normas LGTBIfobas y establece indemnizaciones de 3.000 euros por sentencia. Las indemnizaciones y reparaciones están destinadas a aquellos soldados que se vieron discriminados debido a su condición sexual, ya bien porque fueron expulsados, trasladados, o no contaron con las mismas posibilidades para ascender en el escalafón castrense. Se pueden beneficiar de la medida tanto los miembros del Ejército Federal (Bundeswehr) como los del extinto Ejército Popular Nacional (Nationale Volksarmee, las fuerzas armadas de la desaparecida República Democrática Alemana). Se estima que se recibirán unas mil peticiones.

La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha reconocido que si bien no se puede reparar «la forma en que estas personas han sufrido», el Gobierno busca ofrecer una serie de reparaciones con las que «cerrar este oscuro capítulo de la historia de las Fuerzas Armadas».

«No podemos compensar el sufrimiento que han padecido estas personas, pero queremos dar un ejemplo donde sea posible», ha dicho Kramp-Karrenbauer a la agencia Red Editorial Alemania (RND, por sus siglas en alemán).

La iniciativa debe recibir aún el visto bueno del Bundestag, donde los partidos de la gran coalición cuentan con mayoría absoluta. Ya ha cosechado, además, apoyos desde la oposición, tanto de Los Verdes como del FDP. El diputado de los liberales Jens Brandenburg ha destacado positivamente el cambio de tono de Kramp-Karrenbauer, presidenta provisional de la CDU hasta que la formación elija a un nuevo líder el año que viene. La ministra de Defensa cuenta, como hemos recogido en otras ocasiones, con un historial de desprecio hacia la comunidad LGTBI, por lo que su implicación en la medida cobra una especial relevancia.

Fuente Agencias

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Jayne Ozanne, directora de la Fundación Ozanne, criticó el terrible impacto de la enseñanza de la Iglesia de Inglaterra en las personas de fe LGBT + y pidió medidas de seguridad “urgentes” para protegerlas.

Jayne Ozanne es una anglicana  británica que inició su fundación con la intención de  trabajar con «organizaciones religiosas de todo el mundo para eliminar la discriminación basada en la sexualidad o el género con el fin de abrazar y celebrar la igualdad y la diversidad de todos».

«Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen» es un dicho bíblico, dicho por Jesús en la cruz, que muchos conocerán. Es un sentimiento que nos urge abrazar, ofreciendo el perdón cuando nos enfrentamos a acciones que nos han herido o lastimado involuntariamente.

¿Pero qué pasa cuando los autores saben que te están hiriendo y lastimando, incluso cuando otros les dicen que está mal y que deben parar, pero siguen haciéndolo de todos modos? ¿Qué pasa cuando las víctimas gritan de dolor y los agresores parecen sordos a sus gritos y siguen adelante a pesar de todo? Seguramente esto, entonces, es diferente.

Personalmente, creo que es completamente diferente. De hecho, creo que es inmoral, inexcusable y cobarde. Es más, cuando hay pruebas claras de que ciertas acciones están hiriendo a las personas, en particular a los jóvenes al comienzo de sus vidas, entonces deben ser desafiadas y detenidas con firmeza. Si es necesario, consagrando las cosas en la ley.

Durante demasiado tiempo, muchas instituciones religiosas han sido todo menos espacios seguros para las personas LGBT+.

Porque es el deber moral de una sociedad civilizada salvaguardar a los vulnerables, no apaciguar a los perpetradores. Esto es aún más insidioso cuando el perpetrador es una institución religiosa, un lugar que se supone que debe mostrar amor y proporcionar santuario.

La verdad es que durante demasiado tiempo muchas instituciones religiosas han sido todo menos espacios seguros para las personas LGBT+.

La Iglesia de Inglaterra acaba de publicar su tan esperado recurso sobre la sexualidad, titulado Living in Love and Faith, que lleva tres años preparándose y en el que han participado más de 40 personas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que sólo 5 de las 40 personas fueron de LGBT+

El recurso en sí mismo incluye al menos algunas voces LGBT+, que hablan desde su propia experiencia de la iglesia – experiencias de rechazo y también, en algunos lugares, de la bienvenida de la iglesia. Pero está muy lejos de lo que podría y debería haber sido. El recurso proporcionó una oportunidad muy necesaria para exponer claramente y abordar el daño que se ha hecho y se sigue haciendo a las personas LGBT+. Pero en esto ha fracasado singularmente.

Aunque los Arzobispos pueden haber reconocido el «enorme daño» que se ha causado, el informe no hace nada para abordar esto. En su lugar, el recurso se centra en animar a la gente a «escuchar y aprender» de los demás.

Como tal, pide a las personas LGBT+ que se sienten y «escuchen y aprendan» de las mismas personas que les han infligido tanto daño en primer lugar.

¿Invitaría uno a un sobreviviente del Holocausto a sentarse y escuchar los desvaríos de un negador del Holocausto?

Específicamente, anima a los gays, lesbianas, bisexuales o transexuales a sentarse y «ver a Cristo» en aquellos que piensan que su propia identidad es «pecaminosa» y que en su lugar deberían «transformarse» para convertirse en solteros y célibes – ¡una enseñanza que ha llevado a muchos a contemplar la posibilidad de quitarse la vida!

¡Es completamente ridículo! ¿Invitaría uno a un sobreviviente del Holocausto a sentarse y escuchar los desvaríos de un negador del Holocausto? ¿Se le pediría a una víctima de violación que se sentara con un violador y entendiera por qué quieren violar a la gente? No sólo es ridículo, sino que también es muy peligroso.

Existe ahora un amplio conjunto de pruebas que demuestran lo perjudiciales que son estas enseñanzas para las personas, en particular para los jóvenes LGBT+ que crecen en comunidades de fe conservadoras.

La iglesia es plenamente consciente de esta evidencia, pero elige no hacer nada para salvaguardar a las personas vulnerables – a pesar de las fuertes protestas. Se ha puesto de relieve en dos informes independientes de salvaguardia, uno del IICSA y otro sobre la trágica muerte de Peter Farquar. ¿La iglesia se ha apresurado a responder? No.

Mi fundación acaba de realizar algunas investigaciones entre la comunidad trans, con una coalición de otras organizaciones benéficas de LGBT+, entre ellas Mermaids, GIRES y Stonewall, para comprender si alguna de ellas había tenido experiencia con la llamada «terapia de conversión» de la identidad de género, y qué impacto había tenido.

Esto sigue a una encuesta similar que mi fundación realizó hace dos años sobre «fe y sexualidad». Los resultados de la encuesta trans, que se publicarán en su totalidad en diciembre, son horribles.

Hay pruebas claras de que la «terapia de conversión» de la identidad de género (GICT) existe en muchas formas en el Reino Unido y que afecta principalmente a los jóvenes menores de 24 años.

Se observó que los dirigentes religiosos y los miembros de la comunidad participaban frecuentemente en el ofrecimiento, la realización e incluso la obligación de los encuestados de someterse a una terapia de conversión de la identidad de género.

Se descubrió que la religión jugaba un papel importante en el GICT. En primer lugar, los encuestados trans con antecedentes religiosos de niño tenían más probabilidades de que se les ofreciera GICT, decir que lo habían «elegido libremente», o que habían sido obligados a pasar por ello.

En segundo lugar, se observó que los líderes religiosos y los miembros de la comunidad participaban frecuentemente en el ofrecimiento, la realización e incluso la obligación de los encuestados de pasar por el GICT.

En tercer lugar, había una serie de motivaciones citadas para pasar por el GICT, incluyendo la desaprobación de amigos, familia y líderes espirituales/religiosos.

La creencia religiosa también fue un factor motivador clave para pasar por el GICT, como la creencia de que ser trans era «pecaminoso«, junto con un sentido de vergüenza.

En cuarto lugar, los encuestados mencionaron una serie de prácticas religiosas por las que habían pasado, como el ayuno, la oración y los exorcismos.

Preocupantemente, también hubo informes de algunos que experimentaron una grave violencia física y sexual.

Lo que es quizás lo más preocupante, sin embargo, es que casi la mitad de los que habían pasado por el GICT habían intentado suicidarse. No es sorprendente que el 92% de los encuestados trans (367 de 399 personas) quieran que se prohíba el GICT.

La misión de la iglesia es ser una buena noticia, y es difícil ver cómo este tipo de daño proporciona una buena noticia a la comunidad trans. De hecho, todo lo contrario.

La mayoría de las personas LGBT+ son conscientes de que la enseñanza religiosa puede ser muy mala para quienes son, a quienes aman y cómo son aceptados entre ciertas comunidades religiosas.

¿Debemos perdonar a la iglesia por el daño que ha causado y sigue causando?

Ha llevado a profundas divisiones entre los miembros de la familia, amigos cercanos y colegas de trabajo. Todo esto ha tenido un costo significativo en la salud mental de las personas de fe LGBT+, y la Iglesia de Inglaterra es más que consciente de esto.

Entonces, ¿debemos perdonar a los perpetradores por sus crímenes conocidos? ¿Debemos perdonar a la iglesia por el daño que ha causado y sigue causando?

Bueno, en última instancia, encontrar la capacidad de perdonar es un regalo – y uno que libera a la persona que está haciendo el perdón. ¿El perpetrador se lo merece? No, en absoluto, y siempre deben rendir cuentas y enfrentarse a toda la fuerza de la ley.

Es por eso que yo y otros estamos trabajando tan duro para hacer de la terapia de conversión un crimen. Mientras tanto, tenemos que seguir iluminando el daño que se está haciendo, y la urgente necesidad de poner en marcha medidas de protección.

Hasta entonces diré: «Padre, perdona, incluso cuando sean plenamente conscientes de lo que hacen… ¡porque yo mismo lo encuentro increíblemente difícil de hacer!»

Fuente Pink News

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Así lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Las víctimas, localizadas entre otros métodos al contactar con perfiles falsos creados por la policía, son detenidas, encarceladas y sometidas a humillantes torturas.

Ya en 2015 nos hicimos eco de la complicada situación de las personas LGTBI en Egipto, agudizada tras la conocida como «primavera árabe», pero la situación no ha hecho sino empeorar. El año 2017, de hecho, la persecución se intensificó tras el concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila, dando paso a una auténtica caza de brujas organizada desde el propio estado egipcio. Y así sigue siendo, según la nueva denuncia de Human Rights Watch, que incide de nuevo en la infame práctica de crear perfiles falsos en Grindr y otras aplicaciones de contactos para personas LGTBI, a las que consigue así detener y a las que que espía el contenido de sus teléfonos para buscar cargos y justificar la detención. Una persecución que según HRW no se limita ya a varones homosexuales, sino que se extiende también a mujeres lesbianas y a personas bisexuales y trans.

Uno de los testimonios que usa HRW en su última denuncia es por ejemplo el de Yasser, de 27 años, arrestado tras quedar con un hombre a través de Grindr. «Cuando volvieron (tras la detención) me insultaron y golpearon hasta que firmé la denuncia por la que se me acusaba de ‘practicar libertinaje’ y anunciarlo públicamente para satisfacer ‘mis innaturales deseos sexuales’», relata. Yasser identificó entre los policías que le agredieron y vejaron al hombre con el que había quedado a través de la aplicación de contactos.

Su caso no es el único. La organización ha entrevistado en profundidad a 15 víctimas (entre ellas una chica trans de 17 años) que mientras permanecieron detenidas o en prisión sufrieron maltrato y tortura: golpes, duchas de agua a presión, ser atado durante días, privación de ir al baño, exámenes anales y vaginales de «virginidad» y abusos sexuales. Una activista trans de 20 años fue encarcelada durante cuatro meses en una cárcel para hombres en la que sufrió graves abusos. Otra víctima, un hombre de 37 años, denuncia que cuando les mostró su carnet de discapacitado (fruto de una paliza anterior, durante una detención en el año 2007), se lo introdujeron por el ano. «Las autoridades egipcias parecen estar compitiendo por el récord a la peor violación de los derechos de las personas LGTB+ en la región ante el silencio internacional», denuncia Rasha Younes, especialista en Medio Oriente y Norte de África de HRW, quien invita a los aliados de Egipto a retirar su apoyo a las autoridades del país hasta que las personas LGTBI no puedan vivir de manera libre.

Os dejamos, para terminar, con un vídeo que recoge las declaraciones de Ahmed Alaa, un joven gay egipcio detenido en 2017, días después del mencionado concierto. Alaa fue una de las personas identificadas ondeando la bandera arcoirís. Él mismo sufrió malos tratos durante su detención. Durante el proceso judicial conoció a la activista Sarah Hegazy, detenida por la misma razón. De hecho, una de las fotografías del momento en el que Hegazy desplegó la bandera se hizo viral y se convirtió en icono de la diversidad sexual en Egipto. Hegazi fue también sometida a maltrato físico y psicológico. Ambos escaparon a Canadá después de pagar sendas fianzas (en su momento recogimos su salida de prisión) y encontrándose a la espera de un recurso judicial. La activista nunca se recuperó del trauma sufrido en prisión y acabó suicidándose el pasado verano. Alaa sigue refugiado en Canadá, sin poder regresar a su país.

Fuente Dosmanzanas

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