La activista bielorrusa por los derechos LGTBI+ Victoria Biran ha sido detenida y encarcelada por policías encapuchados mientras se dirigía a una de las marchas de mujeres contra Alexander Lukashenko. Amnistía Internacional reclama su liberación por ser una «presa de conciencia» y correr «especial peligro por malos tratos» al pertenecer al colectivo LGTBI.

Según señala Amnistía Internacional, el motivo del encarcelamiento de Biran fue muy posiblemente que esta portaba una bandera arcoíris mientras se dirigía a una marcha de mujeres en Minsk, la capital bielorrusa. Estas marchas pacíficas y multitudinarias de mujeres han supuesto una reacción ante la brutalidad con la que la policía había reprimido con anterioridad las convocatorias en las que participaban hombres de forma igualitaria o mayoritaria. Pese a ello, la policía bielorrusa ha llevado a cabo detenciones selectivas entre sus participantes.

La prensa internacional ha definido a a Biran como «posiblemente la activista LGTBI más brillante de su generación». Ahora Biran se encuentra privada de libertad tras ser condenada a 15 días de prisión en el centro de detención de la calle Akrestina, conocido por los opositores bielorrusos como sinónimo de tortura y otros malos tratos, incluyendo la violencia sexual, contra los detenidos. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña de difusión de este encarcelamiento y de recogida de firmas para pedir la liberación de la activista. También ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a decenas de asociaciones y colectivos LGTBI de todo el continente, se ha hecho eco de la campaña de Amnistía Internacional.

🏳️‍🌈 Belarusian LGBT+ activist Victoria Biran is at heightened risk of ill-treatment. She is a prisoner of conscience and must be released immediately! 🇧🇾 Join @Amnesty’s action to write a letter to the Prosecutor General of the Republic of Belarus 👉 https://t.co/BOUrJce63X pic.twitter.com/81ELFDPhq2

— ILGA-Europe (@ILGAEurope) October 7, 2020

El gobierno bielorruso de Aleksander Lukashenko se ha caracterizado en los últimos años por seguir la estela de Rusia en materia LGTBI+, lo que se traduce en privación de derechos básicos como el de asociación o la aplicación de políticas contra una supuesta «propaganda homosexual». Por otra parte, Lukashenko no ha dudado en azuzar el odio en sus discursos contra la comunidad LGTBI+. En este enlace podrás descubrir más atropellos contra la comunidad LGTBI+ en Bielorrusia que hemos recogido durante años en dosmanzanas.com. Un país en el que lla homosexualidad no es ilegal, pero cuyo gobierno ha planteado medidas como aumentar la edad para permitir las relaciones del mismo sexo de los 16 a los 18 años para complacer a los sectores religiosos más conservadores del país.

Las más recientes protestas en Bielorrusia, en las que han sido detenidos varios activistas y otras personas LGTBI+ del país, se originan tras el presunto fraude electoral cometido en las pasadas elecciones del 9 de agosto en las que Lukashenko fue reelegido tras 26 años en el poder por un 80% del electorado. Recordemos que las tres líderes de la oposición que se enfrentaron al mandatario lo hicieron tras la detención de sus maridos, los principales líderes opositores. Ahora ellas se encuentran en el exilio. Por hechos como este las mujeres han adquirido un papel principal en este proceso. La Unión Europea no reconoce estos resultados, la oposición bielorrusa se sigue manifestando contra Lukashenko y este se refugia en el amparo prestado por Vladimir Putin.

Fuente Dosmanzanas

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En una carta abierta los embajadores recuerdan al gobierno polaco que está obligado a «proteger a todos los ciudadanos de la violencia y la discriminación y garantizar que disfruten de las mismas oportunidades». La iniciativa, coordinada por la Embajada de Bélgica en Polonia, responde a la la cada vez más díficil situación de la comunidad LGTBI en el país eslavo.

Medio centenar de embajadores y representantes de organizaciones internacionales presentes en Polonia han publicado una carta abierta en la que instan al gobierno polaco a cambiar su actitud hacia la comunidad LGTBI y pasar de hostigar a sus integrantes a protegerlos. Entre sus firmantes, de todos los continentes, se encuentran los representantes europeos de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Serbia. Del continente americano destacan las rúbricas de los diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Argentina y Venezuela. Asia está representada por la India mientras que África cuenta con la rúbrica de la diplomacia sudafricana. Por su parte, Oceanía colabora con las firmas de los embajadores australiano y de Nueva Zelanda.

En la misiva, coordinada por la Embajada de Bélgica en Polonia, se hace alusión a la «dignidad inherente de cada individuo como se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos» y se recuerda al gobierno polaco su obligación de «proteger a todos los ciudadanos de la violencia y la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades». Los representantes internacionales también han expresado su apoyo a los organizadores del Orgullo de Varsovia y de otras ciudades polacas, que en 2020 no han podido manifestarse por las calles debido a la pandemia de covid-19.

Una carta que responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. Su punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta. «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de Hong Kong ha emitido dos fallos en direcciones contrarias sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. En el primero de ellos, el juez ha sentenciado a favor de un matrimonio de hombres, casados en el Reino Unido, que recurrió a la justicia para denunciar la negativa de las autoridades hongkonesas a reconocerlos como copropietarios de una vivienda, impidiendo que uno la heredara en el caso del fallecimiento del otro. La sentencia establece que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la igualdad de trato en materia de herencia. En un fallo independiente de este, sin embargo, el mismo tribunal rechazó la demanda de un ciudadano que pedía el reconocimiento de su matrimonio con otro hombre contraído en Estados Unidos. El activismo lamenta que los escasos avances tengan que llegar de la mano de costosos procesos legales ante la inacción de la política.

Edgar Ng y su marido, residentes permanentes en Hong Kong, contrajeron matrimonio en Londres en 2017. Un año después, Ng adquirió un piso subvencionado en la Región Administrativa Especial (SAR), situada en el sudeste de China. Las autoridades de vivienda se negaron a reconocer a su marido como copropietario. Ng recurrió entonces a la justicia ante el temor de que, en caso de fallecimiento, su marido no pudiera heredar el inmueble.

En marzo de este año, la Corte de Apelaciones declaró inconstitucional la exclusión de las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero del acceso a la vivienda pública. Argumentó que no se puede sostener que estas parejas tengan necesidades diferentes a las de las parejas de distinto sexo sin hijos. El pasado día 18, el Alto Tribunal decretó que a las parejas del mismo sexo también les corresponden los mismos derechos en materia de herencia de acuerdo con la legislación hongkonesa.

El mismo día, el alto tribunal emitía otra sentencia sobre un proceso diferente, en esta ocasión con un resultado decepcionante para la comunidad LGTBI. Se trata del caso del activista Jimmy Sham, que había contraído matrimonio en 2013 con otro hombre en Estados Unidos. Sham arguye que la negativa de las autoridades de Hong Kong a reconocer su enlace vulnera el principio de igualdad ante la ley y no discriminación recogido en la Ley Básica de la SAR. La justicia, sin embargo, considera que la petición de Sham es «demasiado ambiciosa» e insta al demandante a especificar qué disposiciones concretas se traducen en un trato discriminatorio.

Ray Chan, miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong y primer legislador abiertamente homosexual de la SAR, hace un balance mixto de las dos sentencias. «Si demandamos, puede que progresivamente ganemos más derechos, pero a un coste prohibitivo», reflexiona, por lo que pide una mayor implicación de la clase política para resolver las desigualdades por la vía legislativa. «Es tarea del Gobierno» equiparar definitivamente los derechos de todas las parejas en Hong Kong, asegura.

La situación de la comunidad LGTBI en Hong Kong

Hong Kong vive en un equilibrio a veces complicado entre el control del Gobierno chino (receloso de cualquier reivindicación ciudadana, incluidas las de la comunidad LGTBI) y su autonomía como SAR, herencia de su antiguo estatus de colonia británica. Pese a su reputación como centro financiero internacional, la ciudad es relativamente conservadora en lo referente a derechos LGTBI, y no despenalizó las relaciones homosexuales hasta 1991. Los últimos vestigios de la ley contra la sodomía heredada de la época colonial siguieron sin embargo vigentes hasta 2007, cuando fueron totalmente anulados por el Alto Tribunal. Poco antes, en 2005, tuvo que ser otra decisión judicial la que equiparó la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales a la de las relaciones heterosexuales (pasó de los 21 a los 16 años). Y no fue hasta 2008 que Hong Kong celebró formalmente su primer Orgullo LGTB, evento del que dosmanzanas se hizo eco en su momento y que se ha ido consolidando con el tiempo.

El balance para la comunidad LGTBI en los últimos años es desigual. En junio de 2011 hacíamos referencia a la polémica contratación, por parte del departamento de Asuntos Sociales de Hong Kong, de un psiquiatra defensor de las «terapias reparadoras» de la homosexualidad para formar a los asistentes sociales. Semanas antes la policía había impedido un acto en el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia. En julio de 2011 se producía uno de los primeros tímidos avances por parte de las autoridades: la posibilidad para las parejas del mismo sexo de aquellos trabajadores extranjeros que trabajen en la excolonia británica de solicitar el visado de residencia mientras su pareja deba permanecer en su territorio. En enero de 2013, sin embargo, el Gobierno hongkonés excluía de su discurso de intenciones el iniciar un proceso de consultas para aprobar una ley contra la discriminación de las «personas de diferente orientación sexual».

La justicia hongkonesa ha proporcionado algunas conquistas adicionales. En julio de 2018, después de un proceso de más de tres años, el Tribunal de Última Apelación generalizaba la medida gubernamental de 2011 y sentenciaba que las autoridades están obligadas a conceder visados de residencia a las parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las de distinto sexo. En junio de 2019, el mismo tribunal fallaba a favor de un funcionario hongkonés que había contraído matrimonio con otro hombre en Nueva Zelanda y decretaba que las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero tienen derecho a los mismos beneficios fiscales que las de distinto sexo.

Fuente Dosmanzanas

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La ex campeona, que dio su nombre a una cancha de Grand Slam de Australia, ha multiplicado los comentarios racistas y homofóbicos en los últimos meses.

Por si fuera poco su historial, la homófoba y campeona de tenis Margaret Court es ahora la cónsul honoraria de la república africana de Burundi, donde las personas LGBT+ han sido torturadas y los niños homosexuales son expulsados.

El ex número uno del mundo, el británico Andy Murray, dijo este jueves que estaba a favor de que el «Margaret Court Arena», una de las principales canchas del Abierto de Australia en Melbourne, sea rebautizado porque la ex campeona australiana «ofendió a muchas personas ” por sus controvertidos comentarios sobre el apartheid o la homosexualidad. «Cambiarle el nombre es algo que el tenis debería considerar. No creo que sus valores sean lo que representa el tenis. Cuando llegás al Australian Open, querés concentrarte en el tenis. Y sus opiniones le restan valor a eso», destacó Murray en diálogo con el sitio Pridelife.com.

“No veo por qué alguien tiene un problema con dos personas que se quieren casar juntas. Si son dos hombres, o dos mujeres, eso es genial. No veo por qué debería eso importar. Todos deberían tener los mismos derechos“, señaló el escocés.

«Claramente ha ofendido y molestado a mucha gente durante años», agregó el cinco veces finalista del Abierto de Australia, quien calificó de «positivo» que varios jugadores hayan hablado sobre el tema. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un cambio de nombre para la cancha, Murray dijo a favor: «Creo que esto es algo que el deporte debería considerar».

Margaret Court, de 77 años, tiene el récord de títulos de Grand Slam de todos los tiempos con 24 trofeos. Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que «el tenis está lleno de lesbianas» y que los niños transgénero son «Obra del diablo». Court es una de las grandes glorias del tenis femeninos, pero en los últimos años ha llamado más la atención por sus duras declaraciones homófobas.  Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que «el tenis está lleno de lesbianas» y que los niños transgénero son «Obra del diablo».«Ella ofende claramente a numerosas personas desde hace años».

Larga lista de comentarios homófobos

Por desgracia, no es la primera vez que Court aparece en los medios por sus salidas de tono homófobas. Además de sus ataques a Navratilova, a la que siempre ha considerado “un mal ejemplo”, en 2011 ya provocó otra controversia cuando aseguró que los gais estaban “exigiendo agresivamente derechos de matrimonio que no les pertenecen“. Unas palabras que merecieron las críticas de otra leyenda del tenis (y también lesbiana) Billie Jean King.

Y en 2013, la jugadora australiana Casey Dellacqua, que tiene dos hijos con su pareja Amanda, anunció públicamente que era una madre lesbiana. Court, obsesionada con el tema, no dudó en dar su opinión y afirmó públicamente que “veo con tristeza que este bebé ha sido aparentemente privado de tener un padre” y que de seguir tachando a la “unidad familiar tradicional” de “anticuada, arcaica y ya no más necesaria o relevante” acabaremos creando “una generación sin padre“.

Ministra de una iglesia pentecostal, la ex jugadora australiana, de 77 años, elogió en su momento al régimen racista del Apartheid en Sudáfrica, dijo que los niños transgéneros son «la obra del diablo», afirmó que el tenis está «lleno de lesbianas», contó que evitaría volar en la aerolínea Qantas por su apoyo al matrimonio homosexual y respaldó a su compatriota  Israel Folau , estrella del rugby, homofóbico y ferviente evangélico.

En noviembre de 2019, Court recibió un frío homenaje por parte de la Federación Australiana de Tenis para conmemorar los 50 años de su Grand Slam (logró los cuatro grandes en 1970). Durante la silenciosa ceremonia del lunes, la que fue nombrada Homófoba del Año 2018 de Australia recibió un trofeo de otro ex jugador de tenis, Rod Laver. Sin embargo, no se le permitió dirigirse a la multitud en vivo, con un video homenaje en su lugar. El Tribunal no recibió una ovación de pie y se encontró con abucheos dispersos de la multitud, mientras que un espectador ondeó deliberadamente una bandera australiana arcoiris. Court dijo sentirse «perseguida» por sus convicciones pero aseguró que muchas personas le habían expresado su apoyo.

Navratilova y McEnroe abogaron entonces porque la Margaret Court Arena pasase a llamarse Evonne Goolagong Arena, nombre de la primera tenista aborigen en conquistar un Grand Slam.

La excampeona Martina Navratilova, abiertamente lesbiana, aseguró  que Court trata de demonizar al colectivo LGTB. “Ahora está claro lo que Court es exactamente: una jugadora de tenis increíble, y una racista y homófoba“, señaló la ex jugadora americana de origen checo, en una carta abierta. “Su vitriolo no es solo una opinión. Ella está tratando activamente de impedir que las personas LGTB obtengan los mismos derechos (nota a Court: somos seres humanos también). Está demonizando a los niños y adultos transexuales de todas partes […] Los niños sufrirán más debido a este continuo golpeo y estigmatización de nuestra comunidad LGTB“, declaró Navratilova, que ya sufrió hace años los ataques de Court. Navratilova critica que la australiana insista “con sus comentarios ridículos sobre las mujeres mayores que atraen a las jóvenes a la gira de fiestas para convertirlas en lesbianas”. “Es una buena cosa que no nombró a nadie, estoy segura de que [de lo contrario] sería demandada por difamación“, añade.

John McEnroe fue rotundo. Lo hizo a través de un vídeo satírico en el que comienza relativizando la figura de Court: “Margaret Court es una leyenda de nuestro deporte con 24 títulos de Grand Slam y 52 títulos en total. Vale, la mayoría de ellos los ganó antes de la era Open [cuando los tenistas profesionales no podían competir en los torneos del Grand Slam o en la copa Davis], pero, ¿alguien los ha contado?… 34, para ser exactos”. McEnroe recuerda también que Margaret Court perdió el primer partido de la “batalla de los sexos” contra Bobby Riggs en 1973, y que ese mismo año Billie Jean King (otra tenista lesbiana) ganó a su vez a Riggs. “Creo que sé de donde te viene todo ese odio”, se burla McEnroe…

Pero es al criticar la afirmación de Court de que el tenis está “lleno de lesbianas” cuando McEnroe se muestra más rotundo. “Margaret Court dice que el tenis está lleno de lesbianas. Bueno, tal y como yo lo veo hay tres posibilidades: número uno, que lo que dice sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número dos: que no sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número tres: que sea parcialmente cierto. ¿De verdad, a quién coño le importa?”, espeta.

Sobre la discusión abierta en torno a si el Margaret Court Arena de Melbourne (uno de los estadios que albergan el Open de Australia), John McEnroe tiene una propuesta alternativa: “Mantengan el nombre, pero cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo sea por fin legal en Australia, yo mismo llamaré a mi buen amigo Elton John para organizar allí la ceremonia de boda entre personas del mismo sexo más grande jamás vista”. Una solución que también a nosotros nos parece de lo más apropiada: toda esta reciente polémica, recordemos, deriva de la oposición de Margaret Court, reconvertida en pastora cristiana, a la aprobación del matrimonio igualitario en Australia.

“Una última cosa”, le dice John McEnroe a Margaret Court: “No te pongas histérica con el abrazo de del Potro a Almagro, con este llorando entre sus brazos [se refiere a lo sucedido  en Roland Garros, cuando el tenista argentino Juan Martín del Potro consoló con un abrazo a su rival, el español Nicolás Almagro, después de que este se lesionase y comenzase a llorar]. No es lo que piensas: es solo un ser humano decente consolando a un amigo desesperado. Necesitamos más de esto en estos tiempos. Ser solo un ser humano decente y comportarse de forma decente. ¿Sabes lo duro que sigue siendo hoy día, en 2017, salir del armario? Piensa un poco sobre ello”, acaba.

Las palabras de la extenista agitaron también las redes sociales y muchos amantes de este deporte han solicitado ya que la pista Margaret Court Arena sea renombrada, al no considerarla merecedora de tal honor. Tennis Australia, pese a haber dejado claro que no comparte la visión de Court, no tiene intención por el momento de modificar el nombre del estadio. La australiana, por su parte, dice sentirse “perseguida” y “acosada” por sus opiniones y comentarios. “Estamos siendo perseguidos. Nos están intimidando porque también tenemos libertad de expresión. Es muy, muy de sentido único“, apunta Court. Por el momento, la aerolínea Qantas no ha hecho ninguna declaración en torno a esta polémica.

Fuente Pridelife.com/Agencias/Cristianos Gays

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Importante sentencia de la justicia estadounidense sobre los derechos de las personas trans. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito ha vuelto a fallar a favor de Gavin Grimm, un joven al que su instituto no permitió usar los baños de chicos. El caso se remonta a 2016, cuando las autoridades escolares llevaron a la justicia el uso por parte del alumno de las instalaciones correspondientes a su identidad de género masculina. En 2017, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre el caso, después de que la administración Trump anulara las directrices contra la discriminación en las escuelas que había aprobado su antecesor Obama. Ahora, el tribunal que dictó la sentencia inicial vuelve a dar la razón a Grimm y declara inconstitucional el reglamento que prohibía a los alumnos usar espacios distintos a los correspondientes al sexo que les fue asignado al nacer.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos, convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados, varios de los cuales han promovido normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género.

Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto del año pasado, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, quien por lo demás en la actualidad ya cursa estudios universitarios. Dos semanas después, el Consejo Escolar del condado recurrió el fallo de la magistrada.

El caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que el pasado 26 de agosto ratificaba por 2 votos a 1 que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género es inconstitucional. El tribunal considera que el reglamento del Consejo Escolar que contiene esa previsión es contrario al Título IX, que como se ha explicado prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas, así como al mandato constitucional de igualdad de trato. La Corte de Apelaciones citó en su argumentación la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género. En cualquier caso, el fallo es susceptible de un nuevo recurso que podría devolver la cuestión al Supremo.

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Frederic Block

La justicia estadounidense ha suspendido una orden que pretendía despojar a las personas trans de la protección antidiscriminatoria en la sanidad. Se trata de una reforma que la administración Trump aprobó en junio y que pretendía dar vía libre a la exclusión de pacientes del sistema de salud basada en su identidad de género. El texto se enmarca en una estrategia más amplia de la administración republicana cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. El juez federal Frederic Block decretó, un día antes de su prevista entrada en vigor, la paralización de la medida. Considera que es contraria al precedente establecido por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma de 2016 tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se pronunciaron a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta que en junio de este año se anunció su completa abolición.

El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entendería como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.

La entrada en vigor de la reforma estaba prevista para el pasado 18 de agosto. Pero un día antes, un juez federal decretaba su paralización. El magistrado Frederic Block del Tribunal del Distrito Este de Nueva York consideró que la medida de la administración Trump entra en contradicción con la histórica sentencia del Tribunal Supremo, que se hizo pública también en el mes de junio, y que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o en la identidad de género. La orden del juez Block da respuesta a la demanda presentada por dos mujeres trans y paraliza la aplicación de la medida, pero no es una sentencia firme.

En el fondo del asunto se encuentra la discusión sobre el alcance de la definición de «sexo» aplicada a las normas antidiscriminatorias. Mientras que la administración Obama amplió sus límites para incluir a las personas trans, intersexuales o no binarias, la actual Casa Blanca republicana se ha fijado como objetivo la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. En esta estrategia se enmarca la aprobación de medidas para excluir la identidad de género de las protecciones antidiscriminación que existían en el acceso al empleo, la educación, la vivienda y por último la sanidad. Una regresión que la justicia está poco a poco revirtiendo.

Fuente Dosmanzanas

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Alberto Fernández, Presidente de Argentina

El Gobierno de Argentina ha emitido un histórico decreto que establece un cupo laboral de al menos un 1% en el empleo público para personas trans. La decisión busca compensar la discriminación estructural que este colectivo padece en la búsqueda de empleo. Podrán acogerse a este cupo «personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo» con independencia de que hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen que la ley argentina permite.

El decreto 721/2020 ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina (enlace). Su fundamentación es clara: el texto reconoce que «en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los órganos de control y los organismos jurisdiccionales se han pronunciado» a favor de considerar que «la identidad de género y su expresión, así como también la orientación sexual, constituyen categorías prohibidas de discriminación». En especial, el decreto menciona la Opinión Consultiva N° 24 del 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un texto cuya importancia capital ya destacamos en su momento, al considerar que «la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención» y que «en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación».

El decreto también reconoce que en la propia Argentina el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, en el año 2017, recomendó la adopción de medidas intersectoriales para aplicar la ley de identidad de género y mejorar el acceso a la educación, la atención de la salud, el empleo, la vivienda, el crédito, las becas y otras oportunidades, incluidas modalidades alternativas de trabajo y empleo para las mujeres trans. Y es que, ese a los avances normativos que Argentina ha experimentado en materia de identidad de género,  las personas trans «continúan teniendo dificultades para disfrutar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna». «Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones», destaca el decreto. «Resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente», continúa. «A esta situación se suma, como se dijo, la exclusión histórica de los ámbitos educativos y la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables. Todo ello evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos colectivos ante la escasa y muchas veces nula posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones igualitarias, y ello conlleva en numerosas ocasiones, y en ese contexto, al ejercicio de la prostitución», añade en otro momento.

Es por eso que, como parte de las acciones positivas que los avances normativos reseñados requieren, el Gobierno de Argentina ha decidido promover una medida que garantice la inclusión laboral de las personas trans en el sector público y las permita ejercer su derecho al trabajo: un cupo mínimo de un 1%, para lo cual se deberán establecer reservas de puestos de trabajo que serán ocupados exclusivamente por personas de este colectivo. El decreto ya incluso más lejos, ya que a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, establece que el requisito de «terminalidad educativa» no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, por lo que si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no hubieran completado su educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos. En estos casos, una Unidad de Coordinación, establecida en el artículo 7 del decreto, deberá arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas afectadas con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión.

Años por delante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans

Un avance importantísimo, sin duda, en un país que, recordemos, ya se adelantó al resto al aprobar en 2012 una ley que permite rectificar en los registros públicos el sexo, imagen y nombre de pila con el que la persona fue inscrita al nacer cuando estos no coincidan con la identidad de género autopercibida, sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un reconocimiento del principio de autodeterminación de género al que luego se han sumado numerosos países y que España sigue sin hacer más allá de lo establecido por algunas legislaciones autonómicas que solo afectan al marco competencial regional.

Fuente Dosmanzanas

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Por Verónica Stewart

Ilustración: Flor Capella/Agencia Presentes

El pasado 27 de agosto se cumplió un año desde que la Defensoría Oficial en lo Civil Nª 1 del Departamento Judicial de Dolores, provincial de Buenos Aires, falló una acción de amparo a favor de la mujer trans Agustina González. La Justicia debe garantizar “el otorgamiento de un alojamiento digno con condiciones edilicias adecuadas, en virtud de la grave situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación en la que se encontraba por entonces”. Sin embargo, al día de hoy, dicho derecho no ha sido garantizado, y Agustina continúa viviendo en condiciones precarias e indignas.

Actualmente, Agustina se encuentra internada con riesgo de infección por falta de higiene y escaras. “Me conformo solamente con que me arreglen mi casa donde yo vivo”, dijo a Presentes. “Que me revoquen un poco, tener el baño adentro. El techo gotea, y me fui enfermando con el tema de la humedad y con todas las enfermedades que tengo – principalmente, HIV, – me invalida aún más”.

Una cadena de violencias y exclusión

Agustina vivía en lo que su abogada Cecilia Coronel describió a Presentes como “una situación de marginalidad importante. Ha sufrido violencia de género y abuso familiar, y ha tenido que vivir de casa en casa y ejercer la prostitución”, agregó. Vive en una construcción precaria, sin baño interno ni calefacción. El proceso judicial se extendió por varios meses pero cuando el juez dictó sentencia definitiva el 10 de marzo, el amparo indicaba que la Municipalidad de Dolores debía brindarle, en forma inmediata, “un alojamiento digno y seguro en condiciones de habitabilidad por el plazo de un año mientras duren las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad”. Debía proveerle, además, una atención a su salud interdisciplinaria, que incluyera tanto a una psicóloga como a una trabajadora social.

“Dijeron que no se pueden comprobar las situaciones de violencia“

Pero ante la sentencia favorable del fallo para Agustina, el Municipio apeló. En mayo del presente año, el Tribunal de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó el fallo. Para entonces, habían pasado varios meses y la situación de salud de Agustina, y con ella la urgencia de su pedido, había cambiado. Tras una infección en una muela, Agustina debió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios en La Plata y, dado el contexto de Covid-19, el personal médico accedió a que continuara con su tratamiento desde su hogar.

Por lo tanto, la falta de condiciones dignas de habitabilidad se volvió aún más apremiante. “Cuando se volvió a insistir, ahora con el fallo de la Cámara, el abogado llevó la propuesta con un lugar amueblado”, contó Coronel a Presentes. “Primero, dijeron que no se pueden comprobar las situaciones de violencia y de abuso que ha sufrido. Segundo, que cambió de pedido, que al principio había pedido un plan de vivienda y ahora estaba pidiendo un alquiler. Nosotras seguimos insistiendo, pero los medios de Dolores no cubrieron el caso”, agregó. El colectivo de Mujeres y Diversidades Dolorenses se encargó de buscar dicho departamento amueblado, pero todavía no hay respuesta ante la petición de la Defensoría del Pueblo para que el Estado municipal se lo otorgue.

Emergencia habitacional

Según el comunicado “Los derechos humanos de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio” publicado por CELS el 19 de junio, la situación habitacional para dicha población es crítica. De los 180 hoteles familiares declarados en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales muchos funcionan como vivienda, varios “ofrecen condiciones de habitabilidad precaria: baños sin desagües aptos, goteras en las habitaciones, cocinas comunes sin salubridad ni seguridad. Un departamento en alquiler para vivienda es mucho más barato, pero se vuelve inaccesibles por la exigencia de garantías o porque las inmobiliarias o les dueñes rechazan el contrato a personas travestis y trans”, continúa el informe.

Como indica el artículo académico “Visibilizar la vulnerabilidad. Comunidad trans en situación de calle, relatos de trayectorias habitacionales y las respuestas institucionales” realizado por FADU, UBA, en 2016 el 33,1% de la muestra estudiada indicó vivir en cuartos de alquiler de hoteles. El artículo también señala que “en general una de cada tres personas trans vive en hogares pobres por ingreso”, y que la expulsión temprana del hogar familiar, la necesidad de ingresar tempranamente al mundo laboral y, en general, tener que hacerlo de modo informal, y “el no contar con las redes de apoyo de los vínculos de la familia de origen”, son algunas posibles causas de este problema

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Fuente Agencia Presentes

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Karla Bello

Una mujer trans está demandando a una cárcel en Florida donde fue retenida en un centro para hombres, sin nombre y se le negó su tratamiento hormonal durante 11 días por multas de tránsito impagas.

Según WUSF, Karla Bello, de 37 años, fue encarcelada en la cárcel del condado de Pinellas en noviembre del año pasado durante 11 días después de que faltó a una cita en la corte para abordar multas de tránsito impagadas. Karla Bello perdió más que su libertad cuando entró en la cárcel del condado de Pinellas. Cuando  fue registrada por un cargo derivado de multas de tráfico sin pagar, le dijo a un trabajador de la cárcel que era una mujer. Ella había comenzado la transición a los 30 años. Pero ella fue desnudada por agentes masculinos y colocada en un bloque celular masculino. Los oficiales la llamaron «señor».

Bello, una trabajadora de salud en el hogar, estaba pasando apuros económicos en ese momento y no pudo pagar las multas ni la fianza de $ 513 establecida para su liberación.

Aunque le dijo al personal de la cárcel que era una mujer, la colocaron en una unidad para hombres y la nombraron como hombre en repetidas ocasiones y la desnaturalizaron. Ella dijo: “Me despojaron de mi identidad. Aunque todo el mundo me conoce como Karla, me llama ‘señorita’, querían etiquetarme como hombre, y me llamaban ‘señor’, y fue muy doloroso tener que soportar eso «.

La cárcel también despojó a la mujer trans de todo lo que afirmaba su género, incluido su sostén, extensiones de cabello y tratamiento hormonal vital. «Es tan estúpido llorar por el cabello y el maquillaje», le dijo al Tampa Bay Times, con la voz quebrada. «Pero cuando te quita lo que tú dices que eres, Dios mío».

El encarcelamiento ya es un proceso deshumanizante. Pero puede ser aún más implacable para quienes enfrentaron discriminación y marginación antes de ser encerrados.

Lo que Bello soportó es típico de la forma en que las personas transgénero son tratadas mientras están encarceladas, dicen los defensores de los derechos de las personas transgénero.

El personal de la prisión le dijo que no podía tomar su medicación porque, como persona trans con dificultades para acceder a la atención médica, no tenía receta médica. La interrupción repentina de su tratamiento hormonal hizo que Bello desarrollara dolores en el pecho, otros problemas físicos y angustia emocional extrema. Según los informes, los registros muestran que el personal de la prisión investigó sus síntomas físicos, pero no encontró problemas médicos. «Me llevó a la sala de psiquiatría«, dijo Bello. “Como si empezara a deprimirme, me estaba volviendo suicida. Había decidido, no puedo vivir con esto, voy a morir aquí».

Para el séptimo dia, ella estaba bajo estrecha observación por parte del personal de la cárcel porque podría llegar a suicidarse. «Voy a morir aquí», recuerda haber pensado. «Voy a terminar con mi vida».

Karla Bello asiste a una audiencia en la corte del condado de Pinellas con su abogada, Rook Elizabeth Ringer. (Marta Asencio Rhine| Times)

Finalmente, un grupo de derechos trans se enteró de la situación de Bello, pagó su fianza y solicitó la ayuda de la abogada Rook Elizabeth Ringer de Lento Law Group, quien ahora representará a la mujer trans en su demanda contra el condado de Pinellas, el sheriff Bob Gualtieri y 15 oficiales y personal de la cárcel.

Los estudios muestran que están encerrados de manera desproporcionada y es más probable que sean abusados por el personal y los compañeros de prisión. Eso puede conducir a trauma y depresión y, en casos extremos, asesinato o suicidio. El alguacil de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo que su personal de la cárcel hace lo mejor que puede para satisfacer las necesidades de los reclusos, pero reconoció que a veces maltrataron a Bello durante sus 11 días en la cárcel, particularmente al desdibujar su identidad. La Oficina del Alguacil pide a los oficiales usar los nombres y pronombres fieles al individuo, dijo. Pero no es una política escrita. «No necesitamos traumatizar a estas personas», dijo Gualitieri, «Así que lo Exploraré».

Ringer dijo: “El trato del condado de Pinellas a la Sra. Bello no solo es impactante y, como creemos, ilegal, sino que muestra el continuo prejuicio que enfrentan las personas transgénero en Florida y en todo Estados Unidos. Ningún funcionario del condado se atrevería a colocar a una persona no transgénero en una unidad de vivienda de la cárcel que esté en conflicto con su identidad de género. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que los oficiales del alguacil del condado de Pinellas y los funcionarios de la prisión hicieron con la Sra. Bello aparentemente sin otra razón que ella es una persona transgénero».

Además de buscar daños a través de la demanda federal, Bello también exige que el condado de Pinellas implemente nuevas políticas para proteger a los reclusos trans en el futuro. Ella dijo: «Quiero justicia, para mí, pero al mismo tiempo tiene que ser un gran problema, porque alguna otra mujer transgénero podría no tener tanta suerte cuando le pase a ella».

***

(Douglas R.Clifford| Times )

Oriunda de México, Bello creció en Wimauma en una familia católica.

A los 7 u 8 años, dijo, comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por dentro no se alineaba con su aspecto. Poco después, vio una drag queen actuando en un programa de televisión. La revelación de que podía usar vestidos deslumbrantes y lápiz labial brillante la emocionó.

Entonces su madre le dijo: «Oh, esas personas son asquerosas», recordó Bello que le dijo.La reacción detuvo su autoexploración durante años.

En 2000 se graduó de La Escuela Secundaria Wharton en New Tampa, luego se enlistó en el Ejército. Bello trató de enterrar la sensación de que era una mujer, esperando que disminuyera con el tiempo.

Karla trató de salir con hombres mientras estaba prestando el servicio en Alemania, pero la burla homofóbica de sus compañeros soldados era demasiado para manejar. Finalmente, fue dada de baja honorablemente, dijo, bajo la política militar «no preguntes, no digas», que prohibió a los miembros del servicio gay y lésbico hasta que fue derogada en 2011.

De vuelta a casa, encontró una pasión trabajando como cuidadora de adultos con discapacidades. Ella entendió lo que era vivir con un cuerpo que no podía controlar.

Fuente Pink News/Tampabay

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Esto sí es invisibilizar a las mujeres, «amigas» TERFs…

Han bastado poco más de siete meses para que el número de personas trans asesinadas en Estados Unidos supere el de todo 2019. Al menos 28, 23 de ellas mujeres (en 2019 fueron asesinadas 26 personas trans), según el recuento de la organización National Center for Transgender Equality. La entidad denuncia además que la violencia tránsfoba se ceba, muy en particular, con las mujeres negras y latinas.

Estados Unidos no es, por desgracia, el país con mayor número de personas trans asesinadas. Según los datos de Transgender Europe, tanto en 2018 como en 2019 Brasil y México superaron a su vecino del norte en esta macabra estadística, y es previsible que así siga siendo en 2020. Pero el hecho de que en la primera potencia mundial las cifras sigan siendo tan desgarradoras, de que la tendencia siga en aumento y de que ocurra, además, en el contexto de una feroz transfobia impulsada por organizaciones de diverso signo convierte en dato en especialmente inquietante: 28 personas trans asesinadas (23 mujeres, 4 hombres y una persona no binaria).

«Las personas trans, y especialmente las mujeres negras y latinas, son marginadas, estigmatizadas y criminalizadas en nuestro país. Sufren violencia a diario y temen acudir a la policía en busca de ayuda», ha denunciado Rodrigo Heng-Lehtinen, vicedirector ejecutivo del National Center for Transgender Equality, que ha señalado además la responsabilidad de la fuerzas policiales a la hora de no proteger adecuadamente a las personas trans y les ha exigido cambios profundos. «Pero las reformas deben ir más allá si se quiere terminar con el racismo sistémico y la transfobia que empujan a tantas personas trans de color a situaciones vulnerables, sin vivienda estable, sin trabajos seguros y sin hogares en los que se sientan queridas. Nadie debería ser obligado a vivir con miedo», ha añadido, destacando la necesidad de abordar la discriminación tránsfoba de una manera integral, atendiendo no solo a los aspectos de seguridad policial, sino al derecho a una vivienda o a un trabajo digno que permita a las personas trans salir de la marginalidad.

En este sentido no esta de más recordar, una vez más, que la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres, en Estados Unidos y en el resto de países del mundo), la xenofobia o el desprecio hacia las trabajadoras del sexo. Según denunció Transgender Europe a finales de 2018, aunque en dos tercios de las víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconocía su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante ese periodo eran migrantes.

Fuente Dosmanzanas

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Pequeño pero significativo avance en Perú: por primera vez, el Estado peruano reconoce formalmente a las parejas del mismo sexo que convivan bajo un mismo techo, aunque sólo como beneficiarias de una entrega económica a los deudos del personal de salud fallecido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Mediante un Decreto publicado el 8 de agosto en el diario oficial El Peruano, el Estado extiende a las parejas del mismo sexo una serie de beneficios económicos que ha decidido otorgar a los deudos de las personas fallecidas a causa de la COVID-19. «Se considera como personas beneficiarias de la entrega económica a los herederos forzosos y legales del personal de la salud, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 de las presentes normas complementarias. Para efectos de la presente norma, también se consideran personas beneficiarias a los y las convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido, conforme a los lineamientos que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución Ministerial, en un plazo de quince (15) días calendario contados desde la publicación del presente Decreto Supremo», reza el artículo 6.2 del anexo al decreto.

Este mismo viernes se han aprobado los correspondientes lineamientos, tal y como ha anunciado en redes sociales el Ministerio peruano de Justicia y Derechos Humanos. El propio Ministerio admite que se trata de la primera norma que de forma explícita reconoce las parejas del mismo sexo, «bajo los principios de igualdad y no discriminación». Los convivientes del mismo sexo que quieran solicitar la ayuda deberán acreditar documentalmente su convivencia durante un mínimo de dos años, aportando además una declaración jurada de dos testigos:

Esta norma incluye, por primera vez, el reconocimiento a parejas del mismo sexo, bajo los principios de igualdad y no discriminación.👉 https://t.co/2Ix83OJCOp pic.twitter.com/kNlPeLLOUS

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) August 22, 2020

Aunque pueda parecer pequeño, no deja de constituir un avance en un país en el que las parejas del mismo sexo llevan años viendo como una y otra vez desde el poder político se les niega la posibilidad de ver reconocidos sus derechos y que ni siquiera ha sido capaz de aprobar, no ya el matrimonio, sino una ley de uniones que le acerque, aunque sea mínimamente, a sus vecinos. En estos momentos, las esperanzas de la aprobación del matrimonio igualitario en Perú penden de los tribunales. Ya hay tres pronunciamientos judiciales favorables, referidos a Óscar Ugarteche y Fidel Aroche (que contrajeron matrimonio en 2010 en Ciudad de México), a Susel Paredes y Gracia Aljovín (que se casaron en Estados Unidos en 2016) y a otros dos ciudadanos peruanos, A.A.M.S. y D.A.U.F., casados también en Estados Unidos en 2015. La demanda de Ugarteche y Aroche, de hecho, está ya sobre la mesa de la Corte Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Coronavirus, COVID-19, Discriminación, Fidel Aroche, Gracia Aljovín, Matrimonio, Óscar Ugarteche, Perú, Susel Paredes, Uniones Civiles

El exjuez Fernando Ferrín Calamita, quien fue inhabilitado en 2009 por obstaculizar de forma intencionada la adopción de una menor solicitada por la esposa de su madre biológica, continúa hostigando a las mujeres que en su día lo demandaron. Recientemente, Calamita, de conocidas convicciones homófobas, empleó su perfil en la red social Facebook para incitar al odio contra ambas mujeres, difundiendo una carta llena de bulos —en la que llegar a afirmar que, tras separarse, la pareja había entregado a la menor a los servicios sociales—, que se hizo viral y motivó montones de insultos y amenazas hacia las susodichas.

La historia comienza en la primavera de 2006, cuando Vanesa inició los trámites para adoptar a la hija biológica de su esposa, con el fin de constar como madre de la niña a instancias administrativas y judiciales. El exjuez Fernando Ferrín Calamita, que entonces se encontraba al frente de un Juzgado de Familia en Murcia, se encargó de tramitar aquella solicitud de adopción —y, además, se opuso desde el principio al asunto—. Por esa razón, Vanesa se vio obligada a interponer una demanda contra dicho juez a comienzos de 2008, al sospechar que el jurista estaba cometiendo un delito de prevaricación judicial, pues este había impuesto una serie de trámites innecesarios —como pedir que se nombrara a un defensor judicial a los menores, o que se realizasen una serie de preguntas a la psicóloga del caso acerca de la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres—.

«La niña pasó más de dos años sin poder tener los apellidos de sus madres y sin que la madre no biológica pudiera pedir ningún tipo de permiso. Esta no era la primera vez que este juez hacía cosas de ese estilo. Ya había otra gente que había sufrido lo suyo con él, pero ahí fue cuando ya le abrieron un expediente disciplinario y, además, ellas lo demandaron», explica a dosmanzanas Ade Campillo, presidenta de ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia).

A finales de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Calamita a dos años, tres meses y un día de inhabilitación, y a pagar 6.000 euros de indemnización, por «retraso malicioso». El fiscal, el abogado de la pareja y el propio condenado —quien argumentaba que la menor «tenía derecho a vivir en una familia normal»— recurrieron. Al final, el Supremo acabó condenando en 2009 por prevaricación al juez, aumentando además de dos a diez años el periodo de inhabilitación para ejercer como tal.

Durante sus diez años de inhabilitación, Ferrín Calamita no perdió el tiempo. Además de solicitar el indulto al Ministerio de Justicia —algo que le fue denegado—, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional —recurso que no fue admitido a trámite— y, además, llegó a escribir un libro —titulado Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España—. Los editores del manual aseguraban del autor que el pobre había sido «presionado, amenazado, extorsionado y, finalmente, expulsado de su trabajo, teniendo que pasar por un verdadero calvario profesional y familiar; incluido el linchamiento mediático y la merma de su salud». Además, cabe señalar que durante todo ese tiempo recibió el apoyo público de la plataforma de ultraderecha HazteOír.

En 2019, al cumplirse los diez años de suspensión, el Tribunal Supremo rechazó rehabilitar a Fernando Ferrín Calamita por «una auténtica compulsión homófoba». Sin embargo, él decidió volver a la carga recientemente, escribiendo y compartiendo en su perfil de Facebook una carta dirigida a «Candela, la niña adoptada» —quien hoy es ya una adolescente—, relatándole una serie de hechos falsos —desmentidos públicamente por la madre biológica de la niña— de los que varios portales se hicieron eco sin molestarse en contrastar la información. «Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI», rezaba la misiva con la que el exjuez pretendía justificar lo que hizo en su día, seguir dando rienda suelta a su homofobia y, sobre todo, incitar al odio contra las madres de la menor.

«En primer lugar, necesitamos parar el bulo y el odio hacia la familia concreta, porque están difundiendo una foto de ellas que salió cuando ocurrió aquello, están diciendo sus nombres, el nombre y edad de la niña, etc. Como juez de familia que ha sido, él sabe perfectamente que tú no puedes abandonar a una niña en servicios sociales. Sabe que, en todo caso, los servicios sociales podrían retirarte a la niña porque esté en una situación de abandono, desamparo o peligro. No sabemos qué pretendía, si es una cuestión de venganza o qué. Pero lo peor de todo es el odio que está generando en redes sociales», apostilla preocupada Campillo. Una pesadilla que, por desgracia para sus protagonistas, se alarga ya demasiado en el tiempo.

Fuente Dosmanzanas

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Dos tunecinos han sido condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. En primera instancia, la pena establecida fue del doble de tiempo, pero se redujo en la apelación. Los tribunales han considerado como prueba de cargo la negativa de ambos a someterse a un examen anal, práctica considerada como una forma de tortura y que el Gobierno tunecino se comprometió a abandonar.

Los dos hombres, ambos de 26 años de edad, fueron detenidos el pasado 3 de junio en la ciudad de Kef, situada al suroeste de la capital, después de que uno de ellos denunciara al otro por un préstamo no devuelto. Según la asociación de defensa de los derechos humanos Damj, la policía de Kef los instó a que «confesaran que eran homosexuales» mediante acoso, insultos y amenazas de cárcel. Posteriormente, ambos fueron encausados por la vulneración del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones sexuales entre varones con penas de hasta tres años de prisión.

Hassina Darraji, la abogada de los jóvenes durante el proceso de apelación, declaró a Human Rights Watch que sus defendidos le aseguraron que la policía también les instó a que se sometieran a un examen anal para probar la relación sexual. Ambos se negaron, pero esa misma negativa fue considerada como prueba en la sentencia. En primera instancia, el 6 de junio fueron condenados a dos años de prisión, una de las penas más altas en procesos de este tipo, y fueron trasladados a la cárcel de Ben Arous, donde se han dado varios casos de infección por covid-19.

A finales del mes de julio tuvo lugar la vista de su apelación, tras la que la pena fue rebajada a un año de prisión. Sin embargo, el tribunal volvió a estimar la negativa a someterse al examen anal como una prueba de cargo. Para Human Rights Watch, esta condena supone «una violación del derecho a la intimidad y a la no discriminación consagrado en la Constitución de Túnez de 2014». Rasha Younes, una de sus investigadoras, señala que «mientras que otros países y organismos internacionales elogian a Túnez por sus logros en materia de derechos humanos, la penalización y el enjuiciamiento de la conducta homosexual revela una realidad diferente». El Colectivo Civil para las Libertades Individuales, que reúne a más de 40 asociaciones de defensa de los derechos civiles, asegura que en 2019 se llevaron a cabo en Túnez cerca de 120 procesos por homosexualidad.

En cuanto a los exámenes anales forzados, en 2017, durante la audiencia del Examen Periódico Universal de Túnez en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la delegación tunecina Túnez aceptó oficialmente la recomendación de acabar con esa práctica como método para «demostrar la homosexualidad» en los procesos penales. Pero el abandono no sería absoluto, pues, tal y como declaró el representante tunecino: «Los exámenes médicos se llevarán a cabo únicamente con el consentimiento de la persona y en presencia de un experto médico».

Según Human Rights Watch, este enfoque particular de las autoridades tunecinas no reconoce que el consentimiento se ve seriamente afectado, dado que los tribunales de primera instancia pueden inferir la culpabilidad a partir de la negativa a someterse al examen. Además, la evidencia científica asegura que los exámenes anales no tienen ningún valor probatorio para demostrar la homosexualidad. Esas pruebas invasivas, cuando se realizan por la fuerza, son intrusivas y constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, que viola el derecho internacional y la ética médica. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que, cuando los exámenes anales son auspiciados por el Estado, constituyen una forma de tortura.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses.

En febrero de 2019, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.

En marzo del pasado 2018 de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Munir Baatur, abogado y activista LGBTI en Túnez, 48 años, se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de un país que mantiene en vigor una ley que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el presidente de la organización Shams.

En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Colectivo Civil para las Libertades Individuales, Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Damj, Discriminación, exámenes anales, Homofobia, Human Rights Watch, Kef, LGTBIfobia, Rasha Younes, Túnez

Más de cien municipios, además de varios condados y regiones que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie de Polonia, se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país, feudo principal de Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. 

La Comisión Europea ha acordado negar las ayudas a seis ciudades polacas que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países por declararse «zonas libres de ideología LGTB». La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha anunciado esta medida sin detallar qué ciudades son concretamente las que no podrán acogerse a estas ayudas europeas. «Los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea deben ser respetados por los Estados miembros y las autoridades estatales. Es por esto que las solicitudes de hermanamiento de seis ciudades polacas que se declararon ‘zonas libres de LGTBI’ o adoptaron resoluciones de ‘derechos de la familia’ han sido denegadas»:

EU values and fundamental rights must be respected by Member States and state authorities.

This is why 6 town twinning applications invilving Polish authorities that adopted ‘LGBTI free zones’ or ‘family rights’ resolutions were rejected.#LGBTI #UnionOfEquality

— Helena Dalli (@helenadalli) July 28, 2020

Estas ayudas se calculan entre los 5.000 y 25.000 euros para los consistorios que soliciten crear vínculos culturales, educativos y sociales con otras ciudades europeas. La agencia responsable del programa, la EACEA, estipula en las convocatorias que esta ayuda debe estar accesible a todos los ciudadanos, sin discriminación por ningún motivo, incluyendo la orientación sexual.

Otras corporaciones locales han tomado la iniciativa y han sido ellas mismas las que han cancelado su hermanamiento con distintas ciudades polacas cuyas corporaciones locales han aprobado resoluciones homófobas bajo una u otra denominación. Este ha sido el caso de la localidad francesa de Saint-Jean-de-Braye, que el pasado febrero dio por finalizado su hermanamiento con Tuchów.

Como ya informamos gobiernos locales de Polonia que abarcan hasta un tercio de la superficie del país se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).

Esto es fruto del auge del discurso del odio que se ha instalado en el panorama político polaco, especialmente favorecido por Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. En las recientes elecciones presidenciales, por ejemplo, el candidato del PiS (que resultó reelegido por un estrecho margen) calificó la existencia de la diversidad sexual de una «ideología extranjera más dañina que el comunismo». Un discurso que poco a poco el PiS intenta trasladar a la legislación, como ha puesto de manifiesto el reciente voto del Parlamento polaco a favor de una iniciativa para criminalizar la educación sexual.

Campañas de odio similares a las que se pueden ver en Rusia y a las que los medios de comunicación ultraconservadores polacos se suman animando a la población a que identifique sus negocios, casas o enseres personales con enseñas que aluden a la denominación «zonas libres de LGTB». Un buen ejemplo de este clima de opinión es el hecho de que la cadena de televisión pública polaca definiera recientemente a España como un país que vive «bajo una dictadura LGTB».

Desde las instituciones europeas no descartan ampliar las sanciones a Polonia por estas prácticas. Cabe recordar que las mismas corporaciones locales que demandan estos fondos de la Unión Europea alientan el discurso contra los valores que la propia Unión encarna. Un discurso que la extrema derecha también se empieza a instalar en España: conviene recordar también que el PiS y Vox han establecido una colaboración para «fortalecer el modelo familiar tradicional».

Fuente: Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La justicia saudí ha condenado a un bloguero por expresarse a favor de los derechos de las personas homosexuales en la red social Twitter. Mohamad al-Bokari, ciudadano yemení residente en Riad, ha sido condenado a una pena de diez meses de prisión y una multa de 10.000 riales (unos 2.254 euros). Su delito, grabar un vídeo con el mensaje «Todas las personas tienen derechos y deberían poder ejercerlos libremente, incluidas las personas homosexuales». Tras cumplir su condena, Al-Bokari podría ser expulsado a su país de origen, Yemen, de donde escapó huyendo de la guerra que lo asola desde hace cinco años.

El bloguero yemení vivía en Arabia Saudí en situación irregular tras huir de su país natal en junio del año pasado. El pasado mes de abril, publicó un vídeo en Twitter sobre el reconocimiento de las minorías sexuales expresando su apoyo a los derechos de todas las personas, incluidas las homosexuales. Las autoridades saudíes lo detuvieron y lo enviaron a prisión provisional en Riad bajo la acusación de «propaganda homosexual» e «imitación de las mujeres».

La sentencia se dio a conocer el pasado 20 de julio y fija una condena de diez meses de cárcel y una multa de 10.000 riales (el equivalente a unos 2.254 euros). Al-Bokari tiene un plazo de treinta días desde la notificación de la pena para presentar un recurso. Si la condena se hace firme, tras cumplirla se enfrentará además a la expulsión al Yemen asolado por la guerra del que escapó el año pasado.

Desde la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncian que Al-Bokari ha sido víctima de un tratamiento inhumano por parte de las autoridades saudíes. Según sus fuentes, el detenido pasó seis semanas en régimen de aislamiento en una celda sin aire acondicionado ni ventanas y fue sometido a la tortura de los exámenes anales por su percibida homosexualidad. HRW añade que el bloguero padece de una enfermedad cardiaca crónica y se enfrenta a amenazas de muerte si es deportado a Yemen.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas/ Cristianos Gays

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Netflix ha decidido cancelar la producción de una serie turca —If only— después de que las autoridades del país le pidieran eliminar del guion un personaje gay —como requisito para dejarles rodar en Turquía—. La plataforma, que ya en otras ocasiones ha mostrado cierto compromiso con la diversidad sexual, no ha querido plegarse a dichas exigencias ni autocensurarse, y ha preferido abandonar el proyecto —que iba a ser producido por Ay Yapim y estaba protagonizado por la estrella local Özge Özpirincci—.

Netflix, que en estos momentos cuenta con varios proyectos pendientes de rodaje en Turquía, anunció el pasado mes de marzo su intención de comenzar a rodar en breve una miniserie romántica de ocho episodios titulada If only protagonizada por la estrella local Özge Özpirincci y en la que aparecía un personaje secundario gay. Sin embargo, la plataforma se ha visto obligada a cancelar este proyecto después de recibir presiones del gobierno turco —abiertamente LGTBfobo—, que le ponía como condición para concederles los pertinentes permisos de rodaje en su país que eliminasen del guion cualquier referencia a la homosexualidad de uno de los personajes.

«Debido a [la inclusión de] un personaje gay, no se otorgó permiso para filmar la serie. Esto es muy inquietante de cara al futuro», aseguró la guionista de la serie, Ece Yorenc. La plataforma ha preferido no seguir adelante con el proyecto antes que plegarse a la homófoba exigencia del Consejo Superior de la Radiotelevisón (RTÜK) y alterar los guiones de la serie —cuya trama giraba en torno a las aventuras y desventuras de una madre de gemelos infelizmente casada que de pronto es transportada al pasado—.

A pesar de todo, los jefazos de Netflix han señalado que «siguen profundamente comprometidos con sus miembros turcos y la comunidad creativa de Turquía», y que seguirán trabajando con productoras del país europeo, que a día de hoy sigue ocupando uno de los últimos lugares en Europa en materia de derechos LGTBI.

Curiosamente, esta es la primera ocasión en que el régimen de Recep Tayyip Erdoğan se entromete en las cuestiones creativas de Netflix por motivos homófobos. De hecho, Turquía permite que la plataforma emita íntegramente allí series como Orange is the new black —protagonizada por varias mujeres lesbianas— o The Politician —que cuenta con varios personajes gais—.

No es la primera vez que el servicio de streaming muestra cierto compromiso con la visibilidad y la inclusión del colectivo LGTBI en su producción audiovisual. En este sentido, hace unos meses dábamos cuenta de cómo Netflix había decidido dejar de invertir en publicidad en el diario ABC, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior ha hecho público el informe 2019 sobre evolución de los delitos de odio en España. Un documento que ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el pasado año. Los datos no son precisamente tranquilizadores por lo que a la realidad LGTB se refiere: los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género de los que Interior tiene noticia experimentaron un aumento del 8,6% respecto al año precedente. Solo las categoría de delitos por racismo/xenofobia y antigitanismo (de nueva creación) registraron un aumento mayor.

A lo largo de 2019, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.598 delitos de odio, lo que supone un 8,3% más que en 2018. Dichos incidentes se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (5), aporofobia (12), creencias o prácticas religiosas (66), discapacidad (26), orientación sexual e identidad de género (278), racismo y xenofobia (515), ideología (596), por razón de sexo/género (69), por discriminación generacional (9), por enfermedad (8) y por antigitanismo (14). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio.

Varias de las motivaciones experimentaron una tendencia descendente respecto al 2018. Sucede con el antisemitismo, la aporofobia, las creencias o prácticas religiosas o la discriminación generacional. En el caso de la discriminación por sexo/género no hay cambios, mientras que en el resto aumentan. La que más, el antigitanismo (pasa de 0 a 14 incidentes registrados), aunque en este caso se debe a un artefacto estadístico, dado que en años precedentes esta categoría no aparecía separada. Los delitos de odio por racismo/xenofobia, por su parte, experimentaron un alza del 20,9% (pasaron de 426 a 515), mientras que los relacionacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima pasaron de 156 a 278 (un 8,6% más).

Nota: al total de hechos conocidos desglosados por las mencionadas categorías con relevancia penal (1.598 en 2019) hay que sumar además 108 infracciones administrativas y otros incidentes (108), hasta sumar un total de 1.706.

Cataluña, Andalucía y Madrid, a la cabeza

Centrándonos ya en los delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género, de los 278 contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 42 en Andalucía y 40 en Madrid.

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas, de un total de 321, hubo 230 hombres y 89 mujeres (en dos casos nos consta el dato). El informe no detalla, en este sentido, el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans. Sí que se detalla su edad: 37 de ellas fueron menores de edad. Por el contrario, el Ministerio solo registró dos víctimas mayores de 65 años. Por lo que se refiere al perfil de los responsables identificados, la inmensa mayoría (el 84,7%) fueron hombres (116, frente a 21 mujeres).

Por lo que se refiere a la nacionalidad, en la mayoría de los casos víctimas y responsables fueron de nacionalidad española, pero en este aspecto el informe da datos globales no desglosados por tipología de incidente de odio. Lo mismo ocurre con la edad de los responsables y con el «tipo de hecho» (lesiones, amenazas, discriminación, trato degradante, agresión sexual, etc.), cuyos datos se dan agregados.

Campaña de sensibilización del Ministerio del Interior

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Algo que también sucede en otras categorías de delitos de odio. Es por eso que el Ministerio del Interior, que el pasado 22 de julio presentaba un nuevo protocolo de actuación policial ante los delitos de odio, estrenaba además una campaña de sensibilización en redes sociales que, bajo la etiqueta #AcabaConElOdio, pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar todos aquellos episodios de los que sean testigos:

El odio nos envenena, representa un riesgo real de fractura de nuestra sociedad…

Desde 2013, los delitos de odio han aumentado un 45% en España

Pero solo 2 de cada 10 son denunciados

No te calles, denuncia #AcabaConElOdio pic.twitter.com/ZcgO0Fy26M

— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 22, 2020

El Ministerio del Interior también ha presentado una nueva funcionalidad específica de la aplicación para móviles Alertcops, diseñada para facilitar una inmediata conexión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el caso de ser víctima o testigo de un delito de odio, transmitir imágenes del suceso, acceder a información sobre esta tipología delictiva y confirmar, de manera sencilla, segura y telemática, la alerta ante un posible caso de discriminación ilícita.

Puedes descargar el informe completo de Interior pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. #AcabaConElOdio, Alertcops, Andalucía, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Discriminación, España, Estadísticas, Homofobia, LGTBIfobia, Madrid, Ministerio del Interior, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Por Verónica Stewart

Foto: Dano Sosa

Natal Delfino trabajaba en invertirOnline hacía diez años cuando comenzó a transicionar. Previo a su cambio registral, Natal se identificaba como lesbiana, por lo cual ya había recibido burlas en el ámbito laboral. Al comenzar con la terapia hormonal, se lo comunicó a la empresa para tomarse la licencia médica por el tratamiento hormonal y para que hicieran la actualización de sus datos en su legajo. Hace dos meses que no recibe su sueldo.

Natal es contador público y era analista senior del área de prevención de dinero. Hace algunos meses, comenzó a tener problemas familiares que incluso lo obligaban, en algunos ocasiones, a tener que interrumpir su jornada laboral para ir al cuidado de su abuela, que se encontraba mal de salud. “En algún momento me desbordé y empecé el tratamiento psiquiátrico. Mi psiquiatra me recomendó tomarme una licencia”, contó Natal a Presentes. “En el medio decidí empezar la terapia hormonal, y se lo informé a la empresa”.

Pero cuando se agotó su licencia psiquiátrica por seis meses, le informaron de invertirOnline que no le iban a pagar los haberes por la licencia médica por tratamiento hormonal que entraba en vigencia, y que se le reservaría el puesto de trabajo sin goce de sueldo. “Respondieron una carta documento diciendo que desestamaban el pedido, asegurando que no correspondía. Con mi abogado mandamos dos más y no contestaron más”, agregó.

Por su parte, desde invertirOnline.com sostienen, “Natal Delfino agotó su período de licencia legal paga en los términos del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en el pasado mes de abril y le hemos notificado la reserva de su puesto de trabajo en dicho momento. La empresa decidió acompañarlo con el beneficio de una prestigiosa prepaga, con la que cuentan todos los colaboradores e invitándolo a reincorporarse a la empresa cuando considere que se encuentre apto para hacerlo. Por otra parte, cuando Natal Delfino nos comunicó su adopción de identidad de género, procedimos a cambiar toda su documentación y adaptarla de inmediato a su nueva identidad. En invertirOnline velamos por respetar los derechos de cada uno de nuestros colaboradores a elegir libremente y valorando el aporte individual y colectivo que la diversidad le agrega a la empresa y a la Sociedad en su conjunto”.

Sin embargo, Gastón Llopart, abogado de Natal, aseguró a Presentes que “lo que dice la empresa es falso. Natal comenzó con una afección psíquica y ya terminando esa afección psíquica es que comienza su tratamiento hormonal porque se encuentra transicionando. La licencia actual que está reclamando es como consecuencia del inicio del tratamiento hormonal, no es por la licencia psíquica.” Además, “la obra social prestigiosa” a la que se refieren es la misma que le corresponde a todxs lxs empleadxs de la empresa. Llopart asegura que hace dos meses no le pagan el sueldo a Natal; es decir, el período en el cual está realizando dicho tratamiento. Por lo tanto, debe considerarse en situación de despido informal.

Las medidas legales que tomarán comienzan con un amparo para obligarlos a pagar el salario durante su licencia médica. “Esto no deja de ser un acto de discriminación por la identidad de género”, asegura Llopart. “Queremos denunciar la falta de protección de su empleador cuando se entera de que Natalia es Natal. De hecho, no hubo contacto por parte de la empresa para tratar de adaptar el equipo de trabajo”.

Sobre este último punto, Natal destaca que el cambio de sus datos se hizo en la ART y en su nombre en la nómina, pero que los mails laborales que recibe siguen estando dirigidos a su identidad anterior, y que la médica laboral que recibía sus certificados siguió tratándolo en feminino durante toda la consulta. “Ni siquiera a los profesionales a los que me mandaban estaban preparados para tener una conversación”, comentó. “No quería llegar a esto en un lugar donde trabajé tanto tiempo y pasé muchas cosas.”

Discriminación asociada a la identidad de género en el ámbito laboral

Según un informe publicado por Fundación Huésped, “más del 70% de las personas trans trabajan por cuenta propia; sólo 1 de cada 10 participantes dijo estar en relación de dependencia.” Además, menos del 10% de las mujeres trans que trabajan reciben aportes jubilatorios. Más del 40% de las entrevistadas aseguraron haber vivido situaciones de discriminación o rechazo por parte de clientes, mientras que un 25% declaró que dicha discriminación vino de sus jefes y compañeros de trabajo. “Sabemos que las personas trans tienen problemas de acceso al trabajo y que, las que lo tienen, pueden perderlo por eso”, destacó Llopart. Por su parte, Natal dijo preferir que esta situación se visibilice por tratarse de una problemática mucho mayor. “Le puede pasar a cualquiera. La mayoría de los espacios de trabajo no están preparados para alojar una transición, pero deberían estarlo. Si tiene que ser un precedente para el resto de lxs compañerxs, prefiero que esto se sepa”.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Argentina, Discriminación, Fundación Huésped, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Natal Delfino, Personas trans, Transición de género

Magdalena Bennasar y Carmen Notario, SFCC,
Bilbao.

ECLESALIA, 20/07/20.- Iniciar un retiro largo el día de María de Magdala no es casualidad. Ha habido muchos astros alineados para que esto pudiera ocurrir, incluido el inicio del desconfinamiento con posibilidades de viajar. Lo cual es muy importante ya que nos juntamos gente de norte sur, este y oeste, si contamos los que participaréis online. También gente de varios países europeos y americanos de norte y sur, y de Egipto, hasta ahí que sepamos.

Me sale de dentro la expresión “No, esta vez no nos callan” tratando de entrar en el espíritu de nuestra hermana silenciada por el patriarcado tan pronto como se libraron de Jesús. Gracias a su amor más fuerte que la muerte y a la fuerza para realizar la tarea que Jesús le encomienda “ve y diles a los hermanos…”, ella es hoy, a lo largo y ancho del globo, en todas las iglesias cristianas, la primera testigo de la Resurrección, la primera apóstol de hecho, la primera predicadora, la primera que posiblemente, bendijo múltiples cenas en las que el Espíritu de Jesús se hacía presente a través de ella, enviada por Él, a decirles a los hermanos que Vive, que está entre nosotros y que en personas como ella, deja su legado y contagia su Espíritu.

¡Bendito contagio!  ¿Dónde están los y las contagiadas para que me acerque y les abrace y haga todo lo posible para contagiarme? Y aquí están, mujeres y hombres de todos los estados, edades e iglesias.

Nuestra comunidad Hermanas Para la Comunidad Cristiana (SFCC) celebramos estos días el 50 aniversario de fundación. Precisamente gracias a un contagio de los que estamos hablando, otra mujer, veinte siglos después, intrépida e inteligente descubre una fórmula de seguimiento que da respuesta al momento y al futuro.

Contagiada e inspirada por el espíritu de las primeras comunidades y del concilio Vaticano II en el que participó como oyente, por supuesto,  Lillana Kopp da forma junto con un grupo de pioneras como ella, a un estilo de comunidad que se te mete por los poros.

A nosotras nos dio la fuerza para pedir el “indulto” -así se llama en derecho canónico- (qué ofensivo) cuando quieres salir de una congregación o instituto religioso. Como decía nos dio la fuerza para dejar más de 40 años en nuestra primera comunidad, para iniciar otro proceso, con esta comunidad ecuménica. Estos días hace un año de nuestro compromiso final y llevamos casi un año con un grupo de 10 personas haciendo el proceso de pertenencia, contagiados por ese mismo espíritu. Entre ellos un joven de 29 años que con su pareja de otra iglesia, desde Bruselas, caminan con nosotros, la mayoría ronda los 50, algunos hemos cumplido los 60: varias médicas, una bióloga, profesores, maestras, empresarias, relaciones internacionales, teólogas…, también personas sin “títulos”, queriendo llevar el espíritu de Jesús a todos los lugares donde nos movemos.

Formamos parte del tejido social europeo, con tendencia a ser críticos, a ser gente que cultiva su espiritualidad y desde ese silencio habitado toma decisiones de cómo mejor invertir los talentos y carismas recibidos para realizar juntos el sueño de Jesús.

Tenemos que recoger la antorcha de las “marías de magdala” que a lo largo de la historia se han jugado la vida para que el espíritu del resucitado no se encerrara en instituciones rancias y mucho menos en un patriarcado podrido y repugnante.

Para ello, todo esfuerzo es poco, la ilusión que tenemos el grupo que podremos juntarnos el  día 22 en Haro (La Rioja, España) es incalculable. Y luego estáis tantos otros  online. Esta última forma puede hacerse a la par que hacemos el retiro o recibir los audios por mail y hacer tu retiro cuando puedas y donde puedas. Todo está ahí.

María de Magdala a nosotras nos saca de nuestras catacumbas donde por persecución real  a través de difamación… nos han metido varias veces, con las secuelas que estos confinamientos dejan… pero esto es imparable. La Vida cuanto más raíces profundas echa, como el bambú, más alta y fuerte se hace.

Desde el espíritu de Jesús, el de María Magdalena y el de Hermanas Para la Comunidad Cristiana os invitamos a vivir unos días orando, escuchando, paseando por el sagrado templo de la naturaleza, con el corazón abierto al espíritu profético que hoy se necesita desesperadamente.

Basta de misas aburridas, ahora entre mascarillas y calor es bastante rollo, anoche casi salimos enfermas: la homilía donde “el varón ordenado solamente puede predicar” fue la narración de un cuentito de dos minutos. ¿Qué? Sí. Para alimento de la semana de la comunidad cristiana… porque lo dicen ellos. ¿Lo mejor? la brevedad. Sentadas en los bancos había varias teólogas, catequistas, religiosas, seglares comprometidos, y llega el de turno y suelta el cuentito.

No, esta vez no nos callan.

Todavía quedan una o dos plazas presenciales y todas las que queráis online. Pedimos una matrícula, porque es justo y además lo necesitamos, pero esto no impedirá que nadie que desee hacer el retiro lo haga. Siempre hay alguna beca, que llega en su justo momento. Os esperamos.

(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).

Para más información: espiritualidadintegradoracristiana.es

Cristianismo (Iglesias), Espiritualidad Discriminación, Iglesia, María de Magdala, Mujer

Después de Taiwán, el país sería el segundo de Asia Oriental en ofrecer un reconocimiento legal a parejas del mismo sexo en todo su territorio. Una medida que había sido pospuesta tras un anterior intento en 2018.

El Gobierno de Tailandia ha elaborado un borrador de ley para otorgar diversos derechos del matrimonio a unas uniones civiles que beneficiarían a parejas del mismo sexo. Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de poseer bienes conjuntos, heredar o adoptar hijos. La ley beneficiaría a personas mayores de 17 años y con al menos uno de los contrayentes de nacionalidad tailandesa. La medida aun tiene que ser sometida a la votación en la Asamblea Legislativa Nacional, que no debería encontrar mucha oposición al tener el principal partido de gobierno y sus socios una mayoría amplia y apoyos externos.

«Es un hito para la sociedad tailandesa en la promoción de la igualdad entre personas de todos los géneros», ha señalado Ratchada Dhnadirek, portavoz del partido de gobierno compuesto en su mayoría por ex componentes de la Junta Militar que dirigió el país tras un golpe de Estado y que devolvió el poder al Parlamento el año pasado. «Esta medida fortalece a las familias con integrantes pertenecientes a la diversidad sexual y se ajusta a las circunstancias sociales actuales», añadió.

No es la primera vez que se atisba el horizonte de una cierta equiparación de derechos de las parejas del mismo sexo en Tailandia. De hecho, en 2018 se elaboró un proyecto de ley con la misma finalidad, que ya recogimos . La inestabilidad política del país impidió que se completara el proceso. Un hecho que, al menos sobre el papel, no debería repetirse dada la situación actual del país, con un gobierno formado por múltiples partidos y presidido por un partido formado en su mayoría por integrantes de la anterior junta militar, además de contar con apoyos externos y una oposición bastante más minoritaria.

La sociedad tailandesa está considerada una de las más tolerantes de Asia en lo relativo a la homosexualidad. Las relaciones entre personas del mismo sexo son legales desde 1956 y existe cierta visibilidad pública del hecho homosexual. Capítulo aparte merece la realidad transexual, aceptada socialmente con naturalidad (aunque ello no significa que las personas trans no sufran importantes problemas de discriminación social y jurídica, también en Tailandia). En 2015 entraba en vigor una ley de identidad de género que protege al colectivo, aunque con algunas excepciones. Y la Asamblea Legislativa Nacional cuenta con cuatro representantes trans.

Colectivos pro derechos LGTB, en cualquier caso, consideran que el proyecto de ley, aunque suponga una mejora sobre la situación actual, es insuficiente. El hecho de no reconocer estas uniones como matrimonio o no incluir ciertas exenciones fiscales por convivencia familiar son algunos de los principales reparos de los activistas. «El proyecto de uniones civiles ampliará la brecha, en lugar de reducirla, porque contradice el principio básico de que todos somos iguales», se ha lamentado por ejemplo Tanwarin Sukkhapisit, una de las cuatro diputadas trans antes mencionadas.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adopción, Asamblea Legislativa Nacional (Tailandia), Discriminación, Ratchada Dhnadirek, Tailandia, Taiwan, Tanwarin Sukkhapisit, Uniones Civiles