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El Parlamento austriaco rechaza el matrimonio igualitario

Jueves, 25 de junio de 2015

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El debate sobre el matrimonio igualitario se instala en Austria, uno de los pocos países de Europa occidental que aún no reconoce este derecho. La diputada verde Daniela Musiol presentó ante el Nationalrat o Consejo Nacional (la cámara baja del parlamento austriaco) el pasado jueves una propuesta de resolución pidiendo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. La iniciativa se saldó con el rechazo de las principales formaciones políticas.

Como el partido verde (Die Grünen) se encargó de recordar, la República de Austria es el país europeo que brinda una mayor protección a las familias LGTB… de entre los que carecen todavía de igualdad matrimonial. Una situación que se ha alcanzado principalmente a partir de sentencias judiciales: el Tribunal Constitucional austriaco falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de este año, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente, la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo.

Si bien tanto los verdes como los socialdemócratas del SPÖ (partido que gobierna en coalición con el democristiano ÖVP) han ido mostrando su satisfacción por estos avances, ahora el SPÖ se ha descolgado de la propuesta de Musiol. El resultado de la votación en el Nationalrat fue de 110 votos en contra frente a 26 a favor. Los dos partidos que sustentan el Gobierno federal, así como los euroescépticos de Frank Stronach y la extrema derecha xenófoba del FPÖ se opusieron a la iniciativa de Los Verdes. También voto en contra uno de los diputados del liberal NEOS, partido generalmente favorable a la igualdad LGTB.

Los activistas LGTB austriacos han lamentado especialmente la falta de apoyo del SPÖ, que califican de “traición”. El partido propugna desde hace años el matrimonio igualitario pero, en la práctica, no ha hecho nada por implantarlo a pesar de su participación en los diferentes Gobiernos. El jefe del grupo parlamentario socialdemócrata, Andreas Schieder, ha intentado esquivar su responsabilidad acusando a sus socios del ÖVP de “obstruccionistas”, a pesar de que ambos partidos votaron lo mismo.

En este sentido, la situación austriaca es comparable a la alemana, donde los socialdemócratas también gobiernan con los democristianos en coalición y se escudan en esta circunstancia para rehuir el debate sobre la igualdad LGTB. En Austria se da el agravante de que el SPÖ ostenta la jefatura del Gobierno tras ser el partido más votado en las últimas elecciones, con lo que su postura inmovilista resulta aún más injustificable. En cualquier caso, la organización Rechtskomitee Lambda no piensa rebajar la presión y ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana que recoge apoyos para volver a llevar al Parlamento el asunto.

Nueva llamada de atención del TEDH

Paralelamente al debate sobre el matrimonio igualitario, las parejas del mismo sexo austriacas siguen luchando por la plena equiparación de sus derechos y esta semana también se han apuntado un tanto, aunque relativamente simbólico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite un recurso de dos de estas parejas contra la prohibición de formalizar su unión en los registros civiles (Standesamt) donde tienen lugar las bodas heterosexuales. El Gobierno austriaco tiene hasta el 23 de septiembre para aclarar el por qué de esta discriminación, que solo permite a las parejas del mismo sexo celebrar sus uniones civiles en las dependencias del jefe del distrito correspondiente o en los juzgados.

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El gobierno griego presenta un proyecto para abrir las uniones civiles a las parejas del mismo sexo dejando fuera la adopción conjunta

Lunes, 15 de junio de 2015

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Themis Katsagiannis y Dimitris Tsambrounis que se casaron en 2008 y cuya boda fue suspendida

Insuficiente medida y muy decepcionante viniendo de un partido de izquierdas que tantas expectativas ha levatado… Primero fue no poner a ninguna mujer en el Gobierno… ahora uniones civiles descafeinadas negando el derecho a la adopción… ¿esto es democracia?

El Ministerio griego de Justicia ha presentado un proyecto de actualización de la ley griega de uniones civiles que incluye su apertura a las parejas del mismo sexo. El gobierno de Syriza busca así dar cumplimiento a una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el anterior gobierno había ignorado. Grecia puede convertirse de este modo en el primer país del ámbito cultural ortodoxo en otorgar reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo (con el permiso de Chipre, que tramita en estos momentos una ley similar). Queda fuera, eso sí, la adopción conjunta, tal como el primer ministro Alexis Tsipras adelantó ya antes de las elecciones.

Como recogíamos hace un par de semanas, el Ministerio de Justicia griego había encargado a una comisión de cinco juristas elaborar una propuesta de actualización de la ley de uniones civiles con objeto de presentarla al Parlamento antes del 15 de junio, de forma que pueda ser discutida este verano. La apertura de la ley a las parejas del mismo sexo había sido anunciada semanas antes por el ministro Nikolaos Paraskevopoulos. Grecia, recordemos, no otorga a las parejas del mismo sexo derecho alguno en este momento. Dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados. Ha habido luego tímidos intentos de reconocimiento, pero nunca han prosperado, ni siquiera cuando en noviembre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. El entonces gobierno de coalición entre Nueva Democracia y PASOK anunció que modificaría la ley para dar cumplimiento al fallo, pero la reforma nunca llegó a producirse.

La victoria de Syriza en las elecciones de enero abrió un nuevo escenario. En el pasado (en concreto, en su congreso de 2013, primero que celebró como partido unitario) Syriza se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, aunque antes de las últimas elecciones optó por silenciar el tema. Su líder, Alexis Tsipras, no pudo sin embargo evitar ser preguntado en campaña sobre la adopción homoparental, respondiendo entonces que por el momento esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él hay “contradicciones en la comunidad científica”. La discusión había sido introducida en el debate político griego por el anterior ministro de Justicia, Charalambos Athanasiou (Nueva Democracia), que precisamente justificaba el retraso en hacer caso al fallo del alto tribunal europeo argumentando que ello llevaría a discutir si las parejas del mismo sexo podían adoptar.

La victoria de Syriza despertaba inevitablemente esperanzas de mejora en la situación de los derechos LGTB. La primera prueba de fuego era conocer qué sucedía con la aplicación de la sentencia de Estrasburgo. El proyecto ahora presentado no solo daría cumplimiento a esta, sino que conllevaría además una mejora general en materia patrimonial y de herencia, acercando los derechos de las parejas unidas civilmente a los del matrimonio, aunque sin equipararlos totalmente. Queda también fuera de la reforma la adopción conjunta. El proyecto, tal y como ha sido presentado, tampoco contempla el reconocimiento de los matrimonios entre ciudadanos griegos del mismo sexo realizados en el extranjero.

La noticia ha sido recibida con moderada satisfacción por el colectivo LGTB griego, aunque muchos se preguntan por qué un gobierno liderado por Syriza no tiene el arrojo de ir más allá y promover el reconocimiento del matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar (56% frente a un 35% de opuestos). La adopción conjunta, sin embargo, sigue contando con un rechazo mayoritario (56% de contrarios frente a un 30% de partidarios).

Existe, en cualquier caso, la sensación de que se trata de un paso de gran importancia a nivel regional, más aún si se tiene en cuenta que Chipre camina en la misma dirección. Desde ILGA Europa, que el próximo octubre celebrará en Atenas su conferencia anual, también han expresado su alegría, aunque animan a mejorar el proyecto durante su tramitación parlamentaria.

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Grecia inicia el proceso para abrir las uniones civiles a las parejas del mismo sexo

Sábado, 30 de mayo de 2015

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Un comité de cinco juristas, constituido a finales de abril, ha recibido el encargo de elaborar una propuesta de actualización de la ley griega de uniones civiles, que incluirá su apertura a las parejas del mismo sexo y que debe ser presentada al Parlamento antes del 15 de junio. Una apertura que había sido anunciada semanas antes por el ministro griego de Justicia, Nikolaos Paraskevopoulos, para así dar cumplimiento a una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el anterior gobierno griego había ignorado. La misma comisión deberá proponer además un nuevo marco legislativo para el reconocimiento de la identidad de género.

En Grecia, un país de tradición ortodoxa cuya sociedad es fuertemente homófoba, las parejas del mismo sexo carecen de reconocimiento alguno. Dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados. Ha habido intentos de aprobar leyes de unión civil, pero nunca han prosperado, ni siquiera cuando en noviembre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. El entonces gobierno de coalición entre Nueva Democracia y PASOK anunció que modificaría la ley para dar cumplimiento al fallo, pero el cambio nunca llegó a producirse.

La victoria de Syriza en las elecciones de enero abrió un nuevo escenario. En el pasado (en concreto, en su congreso de 2013, primero que celebró como partido unitario) Syriza se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, aunque antes de estas últimas elecciones optó por obviar el tema. Alexis Tsipras, líder de Syriza y nuevo primer ministro, no pudo sin embargo evitar ser preguntado en campaña sobre la adopción homoparental. Su respuesta supuso un jarro de agua fría, al responder que por el momento esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él hay “contradicciones en la comunidad científica”. La discusión sobre la adopción homoparental había sido introducida en el debate político griego por el anterior ministro de Justicia, Charalambos Athanasiou (Nueva Democracia), que precisamente justificaba el retraso en hacer caso al fallo del alto tribunal europeo argumentando que ello llevaría a discutir si las parejas del mismo sexo podían adoptar.

No obstante, la victoria de Syriza despertaba inevitablemente esperanzas de mejora en la situación de los derechos LGTB. La primera prueba de fuego era conocer qué sucedía con la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el nuevo comité tiene como fecha límite el 15 de junio para presentar una propuesta legislativa en ese sentido, así como abordar el tema del reconocimiento de la identidad de género.

Esperemos que el gobierno griego nodescuide esta promesa y podamos ver en pocas semanas como Grecia se sitúa, una vez aprobado los cambios legislativos, y a la espera de conocer su alcance, a la vanguardia del mundo ortodoxo en materia de derechos LGTB. Eso sí, el matrimonio igualitario -y muy posiblemente la adopción homoparental conjunta- quedan aún lejos del horizonte griego.

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Los principales partidos británicos exponen sus propuestas en materia LGTB ante las próximas Elecciones legislativas

Viernes, 24 de abril de 2015

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Interesante informe que publica Dosmanzanas:

El Reino Unido celebra elecciones generales el próximo 7 de mayo. Las encuestas reflejan unos resultados ajustados, con los conservadores y los laboristas en empate técnico y un fuerte crecimiento del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) y el Partido Nacional Escocés (SNP). Analizamos las propuestas en materia LGTB de las principales formaciones en liza.

La legislatura de cinco años que ahora acaba ha contado con David Cameron a la cabeza de un Gobierno de coalición entre conservadores y liberal demócratas. En lo que a derechos LGTB se refiere, será sin duda recordada por la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Inglaterra y Gales (Escocia debatió y aprobó paralelamente una ley similar). El claro posicionamiento de Cameron a favor de este derecho, al margen de otras consideraciones, supuso un hito para el líder de un partido conservador en Europa y lo enfrentó con una parte importante de su propio partido. De hecho, en la primera votación sobre el tema en la Cámara de los Comunes, se registraron más votos tories en contra que a favor, lo que no impidió que la iniciativa saliera adelante gracias al apoyo de otros grupos parlamentarios. El matrimonio igualitario fue una realidad el 29 de marzo del año pasado.

Sin restar importancia a este trascendental avance legal, que ha colocado al Reino Unido entre los países punteros de Europa en igualdad LGTB, son muchos los retos que quedan por delante en este ámbito. Así lo entienden la mayoría de las fuerzas que concurren a los próximos comicios, según se refleja en sus programas electorales.

Conservadores y liberal demócratas “sacan pecho”

El manifiesto del partido de Cameron, en el epígrafe titulado “Ayudarte a construir la Gran Sociedad”, dedica un párrafo a los derechos LGTB (pdf):

Impulsaremos la igualdad de derechos y corregiremos errores pasados

Nuestra histórica introducción del matrimonio homosexual ha ayudado a promover la igualdad y ha fortalecido la institución del matrimonio. Pero todavía hay más cosas por hacer, y continuaremos impulsando la igualdad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Nos basaremos en el indulto póstumo del descifrador de Enigma Alan Turing […] Miles de hombres británicos todavía sufren acusaciones históricas similares […] Así que introduciremos una nueva ley que indultará a esas personas, y corregiremos estos errores.

También los liberal demócratas, cuyo paso por el Gobierno de coalición podría ser castigado por sus electores según los sondeos, consagra un capítulo de su programa (pdf) a la igualdad de derechos. El partido del viceprimer ministro Nick Clegg dedica una página entera a repasar su historial como formación pionera en la defensa de los derechos LGTB y propone siete medidas concretas en este campo, entre las que destacan la lucha contra el bullying homófobo en los centros educativos o la promoción de la despenalización de la homosexualidad en otros países.

Laboristas: combatir la homofobia

En comparación, y para lo que se esperaría de un partido de centroizquierda, la mención a los derechos LGTB en el programa electoral laborista (pdf) es bastante genérica y se centra en combatir la homofobia dentro y fuera del Reino Unido. La formación liberada por Ed Miliband también ataca a los conservadores por querer salir de la Convención Europea de Derechos Humanos:

Seguiremos avanzando en nuestra historia de liderar los derechos LGTB, abordando la homofobia con leyes más duras dentro del país y un mayor compromiso en el exterior […] Un Gobierno laborista defenderá los derechos humanos individuales, protegiendo la Ley de Derechos Humanos y reformando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lugar de abandonarlo.

Los partidos minoritarios pueden ser decisivos

Además de las tres fuerzas que tradicionalmente han acaparado la mayoría de los votos en el Reino Unido, otros tres partidos podrían dar la sorpresa en las próximas elecciones: la derecha populista del UKIP, los Verdes y los nacionalistas escoceses del SNP. Aunque las encuestas dan cerca del 15% de los votos a los primeros, el sistema electoral mayoritario británico les impediría alzarse con una porcentaje similar de escaños, mientras que la implantación regional del SNP les podría otorgar la mayor parte de los 59 diputados escoceses; convirtiéndolos en una formación decisiva si no hay mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes.

Tanto el SNP como los Verdes son firmes partidarios de la igualdad LGTB. Los nacionalistas lo han demostrado con su apoyo a la aprobación del matrimonio igualitario en Escocia ya desde 2011, y los segundos han propuesto una amplia lista de medidas en su programa (pdf), algunas coincidentes con las de otras formaciones y otras más novedosas como: la educación sexual obligatoria, inclusiva con la diversidad y el VIH; la mejora de la política de asilo a las personas perseguidas por su orientación o identidad sexual; o la reducción del periodo de doce meses en el que los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) tienen prohibido donar sangre. El UKIP, por su parte, carece de mención alguna a los derechos LGTB en su programa (pdf), una ausencia que no debería sorprender teniendo en cuenta sus antecedentes en este tema.

En resumen, se prevé una jornada electoral apasionante y nada está aún decidido. Pero lo que sí está claro es el enorme paso adelante que ha dado el Reino Unido en materia LGTB en los últimos quince años. Unos avances que han contado con un amplio consenso social y político, que se refleja en la transversalidad del apoyo y la defensa de los mismos entre partidos de muy diferentes tendencias; los cuales también ocuparán, previsiblemente, la inmensa mayoría de los escaños en el nuevo Parlamento británico.

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En España se cometieron 513 crímenes de odio por LGBTfobia en 2014 y se duplicaron en la Comunidad de Madrid

Miércoles, 15 de abril de 2015

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El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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Estrasburgo falla contra Turquía y dictamina que exigir la esterilización de las personas transexuales viola la privacidad

Sábado, 14 de marzo de 2015

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Importante sentencia sobre identidad de género en el marco de la justicia europea. El Tribunal Europeo de de Derechos Humanos (TEDH), dictaminó el pasado martes que el requisito de infertilidad permanente vinculado a la cirugía de reasignación de género es una “violación del derecho a la intimidad”, garantizado por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El artículo 40 del Código Civil de Turquía, sin embargo, estipula que las personas que se someten a cirugía de reasignación de género deben esterilizarse obligatoriamente. Las autoridades turcas, acogiéndose a esta legislación retrógrada, se negaron a conceder la autorización para la cirugía de reasignación a una persona con capacidad de tener hijos.

21 países de Europa, entre ellos 13 Estados miembros de la Unión Europea, todavía requieren la esterilización de las personas trans para que pueden tener reconocido su verdadero género. Turquía es uno de dichos países y la sentencia del TEDH pone entre las cuerdas este premisa obsoleta. Según Dennis de Jong, vicepresidente del Intergrupo LGBTI del Parlamento Europeo, “este fallo judicial debe alentar a los Estados miembros a empezar a trabajar para poner fin a esta esterilización forzada”.

Por su parte, el vicepresidente del Intergrupo LGBTI, Sirpa Pietikäinen, ha dicho que “acojo con gran satisfacción este fallo de la Corte, lo que tendrá un impacto positivo en las vidas de las personas transexuales en Turquía y en otros países”. Asimismo, ha continuado Pietikäinen, “es muy alentador el hecho de que el Tribunal haga hincapié en el aumento de la aceptación social y el reconocimiento legal de las personas transexuales en el mundo”.

La abolición de la esterilización como requisito para el reconocimiento de género ya ha sido censurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales, previamente a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Este tipo de procedimientos siguen por desgracia a la orden del día en numerosos países, entre ellos muchos desarrollados. Por ejemplo, Suecia no eliminó hasta 2013 la esterilización de las personas transexuales como requisito previo a ver reconocida su identidad, y fue gracias a un pronunciamiento judicial. Francia, por mencionar otro ejemplo aún más cercano, carece de una legislación específica que regule la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación, por lo que la decisión debe pasar a la fuerza por las manos de un juez.

En España, aunque la situación es mucho más favorable, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo que debería ser actualizado para acercarse, por ejemplo, al modelo de Argentina, que en 2012 aprobó una avanzada ley de identidad de género que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

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La Justicia italiana se pronuncia en contra de la legalización del matrimonio igualitario

Viernes, 13 de febrero de 2015

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El alcalde de Roma, Ignazio Marino.

La Corte Suprema de Casación -el más alto tribunal de justicia de Italia- ha dictaminado que la negativa a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no viola la Constitución italiana. La noticia no supone en realidad una novedad, ya que la Corte Constitucional italiana ya dictaminó en 2010 que la Constitución de ese país no obliga a reconocer el matrimonio igualitario, aunque tampoco impide que pueda ser aprobado por el Parlamento. La sentencia, no obstante, supone un jarro de agua fría a los diversos procesos en curso de reconocimiento de matrimonios de ciudadanos italianos celebrados en el extranjero. La Corte Suprema de Casación, eso sí, vuelve a insistir una vez más en que bajo una forma u otra los derechos de las parejas del mismo sexo deben ser reconocidos. Algo que Italia sigue sin hacer.

Según Tribunal de Casación de Italia, el principal órgano judicial del país, las leyes europeas y la Constitución no exigen a los legisladores la necesidad de extender el vínculo del matrimonio a las personas homosexuales.

El tribunal se pronunció en contra de la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, reconoce que estas personas tienen derecho a un “estatus de protección” con los mismos beneficios y obligaciones que las “parejas de hecho“, algo que ya es “accesible”.

Italia es, de hecho, el único gran estado de Europa occidental que sigue sin reconocer bajo ninguna forma las uniones entre personas del mismo sexo, más allá de algunas regulaciones municipales como la aprobada en Roma hace unos días.

Es por eso que la sentencia emitida ahora por la Corte de Casación (que puedes descargar aquí) supone un jarro de agua fría. El fallo recuerda el ya mencionado dictamen de la Corte Constitucional italiana, que en 2010 rechazó dos recursos procedentes de sendos tribunales de Venecia y Trento en los que se cuestionaban varios artículos del Código Civil y se solicitaban aclaraciones sobre su posible incompatibilidad con algunos artículos de la Constitución. Los recursos tenían su origen en una acción conjunta de Rete Lenford y Certi Diritti, dos organizaciones que en 2007 lanzaron la campaña “Afirmación Civil”, que llevó a multitud de parejas a solicitar sus licencias de matrimonio y recurrir sistemáticamente las negativas. La Corte Constitucional consideró infundados los recursos, considerando que el matrimonio igualitario no es un derecho reconocido constitucionalmente y que es el Parlamento italiano el que tiene la facultad para aprobarlo.

La sentencia de la Corte de Casación también hace alusión al marco jurídico europeo y recuerda el fallo de 2010 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en respuesta a la demanda de una pareja austriaca consideró que, pese a que diversos estados europeos han actualizado el concepto de matrimonio para hacerlo extensivo a las parejas del mismo sexo, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 solo garantizaba como derecho fundamental el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Lo que estaba en juego entonces era si, sesenta años después, el artículo 12 de la Convención (que establece el derecho de hombre y mujer a contraer matrimonio, pero no define a éste como la unión “exclusiva” entre un hombre y una mujer) debía ser interpretado no solo a la luz del concepto de matrimonio vigente en 1950, sino también del principio de no discriminación reconocido por el artículo 14 o del principio de respeto a la vida privada y familiar reconocido por el artículo 8. Ante esta disyuntiva, el Tribunal Europeo optó por la alternativa más restrictiva, insistiendo en que este asunto pertenece al ámbito de la soberanía de cada estado.

Claro que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocía también que “las parejas del mismo sexo son tan capaces como las de diferente sexo de establecer relaciones estables de compromiso mutuo”, lo que las coloca en una “situación similar a las de las parejas de distinto sexo por lo que se refiere a su reconocimiento legal y a la protección de su relación”. Algo en lo que está de acuerdo la Corte de Casación italiana, que como ya dijimos más arriba sí que reconoció en 2012 el derecho de las parejas del mismo sexo a “una vida familiar”, a “vivir libremente una condición de pareja” y a beneficiarse de un “trato homogéneo al que la ley asegura a la pareja casada”.

Y en junio de 2014 era la Corte Constitucional italiana la que, en respuesta al recurso de una mujer transexual, declaraba inconstitucional la normativa que obliga a disolver un matrimonio cuando uno de los cónyuges es reconocido como de sexo contrario al que tenía legalmente cuando contrajo dicho matrimonio, argumentando como causa de inconstitucionalidad que la norma no prevé una regulación jurídica de la convivencia entre las dos personas “que tutele adecuadamente sus derechos y obligaciones” con la modalidad que el legislador decida. Una sentencia que, más allá de su interpretación jurídica, invitaba de forma bastante explícita al Parlamento italiano a que regulase la situación de las parejas del mismo sexo.

También ahora la Corte de Casación insiste en ese mismo concepto: al mismo tiempo que rechaza que exista una obligación constitucional de permitir el matrimonio igualitario, considera expresamente que es necesaria la intervención del legislador para dar reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo en base al artículo 2 de la Constitución italiana, que tutela los derechos humanos de todos los ciudadanos y su vida social y afectiva. La Corte de Casación pide que se reconozca a estas parejas “un núcleo común de derechos y obligaciones de asistencia y solidaridad propio de las relaciones afectivas de pareja”.

En los últimos meses, el tema generó una gran polémica en Italia, el alcalde de Roma, Ignazio Marino, se rebeló contra la orden de no registrar matrimonios entre personas del mismo sexo y con algunos alcaldes empezando a inscribir en sus ciudades los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero, como es el caso de la capital, Roma. Ante las actuaciones de estos alcaldes, los jefes de provincias, dependientes del Ministerio del Interior –dirigido por el partido conservador Nueva centro-derecha (NCD)– comenzaron a presionar para que estos municipios cancelaran estos registros, comenzando así una batalla legal sobre el tema.

Actualmente, varios proyectos de ley que pretenden legalizar el matrimonio igualitario en Italia todavía están en el Parlamento. Algo a lo que el Parlamento italiano lleva años resistiéndose, incluso ahora que existe una mayoría teóricamente suficiente salida de las elecciones de 2013. Significativa es la posición del primer ministro italiano, Matteo Renzi (Partido Democrático), que el pasado verano arrojaba un nuevo jarro de agua fría a la prometida ley de uniones civiles y la supeditaba al éxito del paquete de reformas políticas que está llevando a cabo. Está por ver si aún así sale adelante. Por el momento, el proyecto de ley presentado por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocería a las parejas del mismo sexo su derecho a contraer una unión civil con derechos similares a los del matrimonio salvo la adopción conjunta (sí permitiría, bajo ciertas circunstancias, la adopción de los hijos que ya tenga la pareja) permanece en la Comisión de Justicia del Senado.

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Austria abrirá la adopción conjunta a las parejas del mismo sexo

Viernes, 16 de enero de 2015

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Excelente noticia para la igualdad LGTB en Austria. El Tribunal Constitucional de este país ha dictaminado este miércoles que la exclusión de las parejas del mismo sexo en la adopción conjunta de niños es discriminatoria y da de plazo al Gobierno hasta el 31 de diciembre de este año para que legisle en consecuencia.

La sentencia le da la razón a una pareja de lesbianas de Viena que acudieron a la justicia para poder adoptar conjuntamente a un menor. Las dos mujeres, unidas civilmente, ya tenía un hijo concebido por fecundación artificial de una de ellas y adoptado por la otra. Una posibilidad, la de la adoptar al hijo biológico del compañero del mismo sexo, que existe solo desde hace dos años, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una sentencia favorable en este sentido.

La motivación que daban entonces los jueces de Estrasburgo es la misma que aplican los magistrados del Constitucional austriaco en su fallo de esta semana. Esto es, que tratar de manera diferente a parejas con el mismo estatus legal (unidas civilmente) solo en base al sexo de sus miembros, es una discriminación por razón de orientación sexual que no tiene justificación. La ley aprobada en 2009 también impedía, por cierto, a las parejas de lesbianas acceder a los tratamientos de reproducción asistida; una exclusión eliminada asimismo por el alto tribunal austriaco hace ahora un año.

Reacciones: entusiasmo, aceptación y rechazo

Las reacciones en el plural ámbito político austriaco han sido muy variadas. Tanto los socialdemócratas del SPÖ como Los Verdes se han felicitado por una “sentencia histórica” que pone fin a “años de lucha por la igualdad absoluta en el derecho de adopción”. La líder verde Eva Glawischnig recordó además que su formación seguirá exigiendo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Los liberales de NEOS lamentaron que haya tenido que ser la más alta instancia judicial del país la que dirima la cuestión.

Por parte de los conservadores del Partido Popular Austriaco (ÖVP, que gobierna en gran coalición con el SPÖ), el vicecanciller Reinhold Mitterlehner quiso hacer un guiño a los homófobos expresando su compromiso con la “familia tradicional”, pero el ministro de Justicia prometió transformar en ley el mandato de Constitucional dentro de los plazos exigidos. De una forma más abiertamente homófoba se manifestó la portavoz del Partido Liberal de Austria (FPÖ, extrema derecha), quien calificó este miércoles de “día negro para los niños”.

Desde la organización pro-derechos LGTB Rechtskomitee Lambda saludaron la sentencia, pero señalaron una circunstancia curiosa: cuando entre en vigor, Austria será “el único país de Europa que reconoce los mismos derechos de adopción a las parejas del mismo sexo pero les niega el matrimonio”. Lo cierto es que también Alemania se encuentra en una situación parecida, después de que el Gobierno aprobara un procedimiento de adopción conjunta “en dos pasos” para las parejas del mismo sexo. La gran coalición alemana rechazaba el año pasado en el Bundestag, sin embargo, la igualdad completa en este campo.

Fuente Domanzanas

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La justicia italiana reconoce los derechos parentales de dos mujeres que tuvieron un hijo por reproducción asistida en España

Miércoles, 14 de enero de 2015

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Nuevamente ha tenido que ser un tribunal el que reconozca sus derechos a una pareja del mismo sexo en Italia, cuya clase política se resiste como gato panza arriba a promover avances por la vía legislativa. En este caso, además, la legislación española ha jugado un papel fundamental: un tribunal de apelaciones de Turín ha reconocido los derechos de parentalidad de una pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona, cuyo registro civil reconoce al niño como hijo de ambas.

La pareja ejerció en su momento la que podemos denominar “doble maternidad biológica”: una de las madres aportó el óvulo que fue fecundado con el esperma de un donante e implantado luego en el útero de la otra, que fue la que llevó a término la gestación. Posteriormente, como sucede con tantas familias, homoparentales o no, la pareja decidió separarse, pero de forma amistosa y manteniendo la custodia compartida de su hijo. Por parte de la jurisdicción española no había problema, pero sí por parte de la italiana, lo que obligó a la pareja a acudir a los tribunales (una situación que nos trae por cierto a la memoria la denunciada en mayo por el colectivo valenciano Lambda, referente a una pareja de mujeres italianas casadas en Valencia, también con un hijo reconocido en España como hijo de ambas pero que en Italia solo pudo ser inscrito como hijo de madre soltera).

Volviendo al caso que nos ocupa, el tribunal de Turín que lo vio en primera instancia rechazó reconocer el derecho del niño a ser inscrito legalmente en Italia como hijo de sus dos madres por considerarlo “contrario al orden público”. El tribunal de apelaciones, sin embargo, ha considerado que en este caso debe prevalecer el bien del menor. “No se trata de introducir ex novo una situación jurídica inexistente, sino de garantizar la cobertura jurídica de una situación de hecho desde hace años, en el interés exclusivo de un niño criado por dos mujeres a las que la ley española reconoce al mismo tiempo como madres”, expresa el fallo, que se apoya además en otra sentencia de gran importancia que ya recogimos en su momento: la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en junio pasado obligó a Francia a registrar a tres hijas de dos matrimonios franceses (heterosexuales) nacidas en Estados Unidos por gestación subrogada. El tribunal europeo consideró entonces que cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, debe prevalecer el interés del menor y su derecho a la identidad sobre el hecho de que los estados reconozcan o no ciertas realidades en su territorio.

Se trata de la segunda sentencia a favor de la homoparentalidad conocida en Italia en los últimos meses. A finales de agosto, recordemos, era un tribunal de menores de Roma el que avalaba que una mujer pudiera adoptar la hija biológica de su pareja del mismo sexo. Se trataba también de una pareja de mujeres que tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero, donde también había contraído matrimonio.

En definitiva, pequeños pasos -protagonizados siempre por la justicia- a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo en país cuyo parlamento se muestra por desgracia incapaz de aprobar ni siquiera la tímida ley de uniones civiles que en su momento fue prometida por el primer ministro Matteo Renzi, y que este, ante la desesperación de los colectivos LGTB italianos, ha acabado dejando en el congelador y subordinando en todo caso a la aprobación de su programa de reformas políticas.

Fuete Dosmanzanas

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Una madre transexual reclama el derecho a ver a su hijo sin tener que disfrazarse de hombre

Martes, 11 de noviembre de 2014

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Laura Darriba, transexual a la que su ex obliga a vestirse de hombre para ver a su hijo. / Consuelo Bautista (EL PAÍS)

Como sucediera hace años con Alexia Pardo, de nuevo una mujer transexual se enfrenta a la que fuera su esposa por limitarle su derecho a ver al hijo de ambas. Laura Darriba, de 43 años, y que durante buena parte de su vida permaneció en el armario atenazada por el miedo a revelar su identidad femenina, solo quiere ver a su hijo sin tener ya que disimular.

La historia la recoge este domingo El País. Laura Darriba se casó en 2005, cuando todavía estaba en el armario y socialmente mostraba una identidad masculina. El matrimonio tuvo un hijo en 2007, pero Laura (cuyo nombre registral es todavía Gerardo) no pudo más y decidió contar la verdad. Su esposa no quiso seguir con ella y la pareja se separó en 2012. Laura Darriba explica que sufrió por entonces una profunda depresión, y que ni siquiera contó con el apoyo de su propia familia.

Fruto de esa vulnerabilidad, Laura accedió entonces a firmar una cláusula en el convenio de separación por la cual solo podría ver a a su hijo bajo apariencia masculina. Algo que cada vez resulta más complicado, al haber iniciado el proceso de reasignación y llevar un año recibiendo tratamiento hormonal. Laura, además, ya ha salido de la depresión y no presenta problema psicológico alguno, “más allá de la enorme pena de no ver a mi niño”. Es por eso que reclama su derecho a poder ver a su hijo sin necesidad de disfrazarse de hombre. Su exesposa alega que esta imposición tiene como único objetivo proteger a su hijo. “No quiero que vaya a recoger a mi hijo al colegio de curas con una falda o vestido y que se rían de él. ¿Qué le cuesta atarse el pelo y ponerse un chándal?”, ha declarado a El País.

Laura Darriba solo quiere poder ver a su hijo sin mentiras. “Conmigo el crío está feliz. Con cuatro años empezó a hacerme preguntas, y yo le he ido explicando que ahora soy Laura, que puede llamarme papá… Soy su papá y lo seré siempre. Si no me aceptara o sufriera, yo esperaría. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema”, cuenta Darriba, que insiste en que nunca ha querido hacer daño a su exesposa. Esta asegura sin embargo haberlo pasado muy mal. “Yo me casé con un hombre, tuve un hijo y mi hijo tenía un padre. Era muy feliz. Hasta que un día me dijo: ‘Quiero ser una mujer’. El shock fue tremendo”, ha contado a El País.

El antecedente de Alexia Pardo

La historia de Laura Darriba nos retrotrae a la de Alexia Pardo, una historia que se remonta a 2004, cuando Alexia, que contaba entonces con 29 años, separada y con un hijo, decidió iniciar el proceso de reasignación sexual para acomodar su cuerpo masculino a su identidad femenina. Hasta entonces Alexia podía ver a su hijo sin limitaciones. En aquel momento, sin embargo, su exesposa decidió demandarla para quitarle la patria potestad y privarla de comunicación con su hijo. La justicia española decidió finalmente restringir su régimen de visitas.

El caso, que seguimos con cierto detalle en dosmanzanas, acabó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2010 dio la razón a la justicia española y rechazó que la restricción de las visitas pudiera considerarse discriminatoria, entendiendo que había primado “el interés superior del niño” con el objeto de permitirle “habituarse progresivamente al cambio de sexo de su progenitor”.

Han pasado los años, y según recoge el artículo de El País antes aludido, la relación entre Alexia y su hijo, que cuenta ya con 17 años de edad, es “maravillosa”. De hecho, conforme el chico fue creciendo y teniéndose en cuenta su opinión, la situación fue normalizándose hasta que en 2013 Alexia y su exesposa llegaron definitivamente a un acuerdo.

Ojalá Laura y su ex puedan llegar a un acuerdo satisfactorio sin necesidad de batallar durante años en los tribunales.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Alexia Pardo, Discriminación, El País, Laura Darriba, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Gobierno español anuncia que dará una solución legal a los hijos nacidos por gestación subrogada

Viernes, 24 de octubre de 2014

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Para proteger adecuadamente a los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada en países donde esa práctica sea legal.

Lo que Franco (PP) oculta en su compromiso de registrar a los bebés subrogados

El Gobierno dará una solución “legal y definitiva”, a través de una enmienda al proyecto de ley de Registro Civil durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, para proteger adecuadamente a los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada en países donde esa práctica sea legal.

La senadora del PP Silvia Franco ha hecho hoy este anuncio en la Comisión de Justicia del Senado, que ha aprobado una moción del grupo mixto en la que se insta al Gobierno a promover las reformas legislativas necesarias para que se pueda inscribir en el Registro Civil el nacimiento de los hijos de españoles nacidos mediante gestación por sustitución en países donde tal práctica sea legal.

Silvia Franco ha expresado el deseo del Ejecutivo de solventar “definitivamente” esta cuestión para dar “una adecuada protección” a estos bebés, reconocer el derecho a la identidad y favorecer que puedan desarrollar la vida familiar.

El Departamento de Justicia se comprometió a buscar una solución legal a esta cuestión, después de que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a Francia y reconociera el derecho de inscripción de un menor nacido a través de la gestación subrogada.

En defensa de la moción, el senador del grupo mixto Enrique Iglesias ha indicado que la gestación por sustitución no es legal en España y ha agregado que no es motivo de la presente moción abrir un debate sobre la conveniencia o no de revisar la legislación vigente, sino de buscar una alternativa al “limbo” en el que se sitúa al nacido y defender sus derechos.

El senador socialista Arcadio Díaz Tejera ha respaldado la moción y ha afirmado que se alegra de que el Ministerio de Justicia quiera ajustar “el reloj del derecho a la velocidad de los tiempos”.

La senadora de CiU María Rieradevall también ha considerado necesario proteger los derechos de los niños nacidos mediante gestación por sustitución, aunque ha defendido una enmienda que no ha prosperado, mientras que el senador del PNV Jokin Bildarratz ha expresado su apoyo a la iniciativa.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Arcadio Díaz Tejera, CiU, Enrique Iglesias, España, Estrasburg, Gestación subrogada, Jokin Bildarratz, María Rieradevall, PNV, PP, PSOE, Silvia Franco, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La Corte Constitucional de la Federación Rusa valida las leyes discriminatorias contra las personas LGTB

Jueves, 9 de octubre de 2014

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La Corte Constitucional de la Federación Rusa ha dictaminado que las leyes que prohíben la llamada “propaganda homosexual” no violan la Constitución rusa y se ajustan a derecho. Aunque la sentencia era esperable, dado el dictamen del mismo signo aprobado el mismo tribunal el pasado mes de diciembre respecto a las legislación de San Petersburgo, la decisión de la Corte Constitucional deja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como única esperanza de que la normativa homófoba pueda ser derogada.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por los activistas Nikolai Alexeev, Dimitri Isakov y Yarosvlav Yevtushenko. Los tres arguían que la ley aprobada el pasado 2013 por el Parlamento ruso, que prohíbe informar positivamente sobre “relaciones no tradicionales” a menores, socaba los derechos fundamentales de los ciudadanos LGTB rusos recogidos en su Constitución.

Desde su aprobación, la normativa ha servido para acallar cualquier reivindicación de los derechos de las personas LGTB, con continuadas detenciones de aquellos activistas que valientemente se resisten a permanecer en silencio. También se han repetido los despidos de funcionarios que declaran abiertamente su orientación sexual o los cierres de los medios de comunicación que respaldan sus reivindicaciones.

Sin embargo, como ya hizo en diciembre de 2013 cuando dictaminó sobre las leyes homófobas de San Petersburgo, la Corte Constitucional de la Federación Rusa ha estimado, mediante sentencia fechada el pasado 25 de septiembre, que la normativa que permite tan evidente discriminación se ajusta a la Constitución rusa y es por lo tanto plenamente legítima.

Para acabar con la vigencia de esta legislación tan solo resta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en noviembre de 2013 inició el procedimiento contra las leyes homófobas de Arkhangelsk, Ryazan y San Petersburgo, a raíz de cuatro denuncias efectuadas por activistas LGTB rusos. Esta admisión a trámite y la existencia de la ley de ámbito federal ocasionó que las autoridades de Arkhangelsk y San Petersburgo derogaran sus normativas locales. Los activistas LGTB estiman que la derogación de cualquiera de las leyes regionales por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría ocasionar la derogación incluso de la ley federal.

Funte Dosmanzanas

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El odio homófobo de la ‘Manif pour tous’ contra los derechos de las personas LGTB vuelve a tomar las calles de Francia

Martes, 7 de octubre de 2014

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La Manif pour tous, el gran movimiento homófobo surgido al calor del proceso de aprobación del matrimonio igualitario en Francia, vuelve a las calles. Entre 70.000 (según la policía) y 500.000 personas (según los organizadores) han desfilado en París para expresar su oposición a la reproducción asistida para las mujeres lesbianas o al reconocimiento de los hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Bastantes menos (7.500 según la policía, 30.000 según los organizadores) lo han hecho en Burdeos, la otra ciudad en la que tenían lugar movilizaciones. Los moviemientos LGBT han respondido con una concentración “por la legalidad de todas las parejas y familias”, convocada por la ONG All Out para el mismo día en la Plaza de la República de París. Presentan más de 250.000 firmas recogidas a través de Internet “que debe ser contemplada por todos los políticos franceses”.

Fue en febrero pasado cuando los homófobos franceses celebraron su última gran movilización callejera contra el reconocimiento de derechos a las familias homoparentales (en aquella ocasión centraron su protesta contra el conocido como “informe Lunacek”, una propuesta de hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género aprobada por el Parlamento Europeo pocos días después). Sin embargo la Manif pour tous no ha permanecido inactiva durante este tiempo. De hecho, el movimiento homófobo se ha consolidado como un poderoso lobby que de hecho ha conseguido la marcha atrás sobre la modificación de las leyes de reproducción asistida.

Los manifestantes han arremetido contra la eventual legalización de las madres portadoras y contra el recurso de las lesbianas a la gestación artificial, aunque ninguno de esos puntos están en el orden del día del Ejecutivo. La última manifestación de este tipo se remonta a febrero, cuando mostraron su oposición más de 500.000 personas en París, y otras 40.000 en Lyon, según los organizadores, frente a las 80.000 y 40.000, respectivamente, de los cálculos de la policía. “Las parejas homosexuales ya existían. No hacía falta consagrar su matrimonio y menos que accedan a técnicas de fecundación”, decía un manifestante, dentista de París. Una madre de Versalles caminaba a su lado rodeada de sus cinco hijos. No le gusta el programa de igualdad en la escuela. “Niños y niñas no son iguales”. “Se trata solo de meter más socialismo en la escuela”, dice un jubilado de Lyon.

Para la presidenta de la “Manif pour tous”, Ludovine de La Rochère, que se ha mostrado confiada en superar esas cifras, la ley impulsada por la ministra de Justicia, Christiane Taubira, es “el árbol que impide ver el bosque”, porque conduce en su opinión a esas “prácticas oscurantistas e inaceptables en el país de los derechos humanos”.

“Si son dos padres, ¿quién friega los platos?”: Sarcasmo contra el machismo y homofobia en la Manif Pour Tous

La agrupación ha desplegado su habitual marea de banderolas azules y rosas con lemas como “Protejamos la familia”, “No a las madres portadoras” y otros en contra de la “mercantilización” de los cuerpos de quienes se prestan a ese servicio. “Los niños no son mercancía”, rezaban los eslóganes más habituales de la manifestación. “Hollande, enemigo de la familia”, decía otro. Los recortes en prestaciones familiares y leyes que han ampliado la igualdad y el derecho al aborto, además de la legalización del matrimonio homosexual, son las decisiones que este colectivo rechaza de plano. Un nuevo sondeo de opinión, esta vez de IFOP (Instituto Francés de Opinión Pública), demuestra que el 61% de los franceses, sin embargo, es favorable a equiparar en derechos a los matrimonios homosexuales. El 55% está a favor del sistema del vientre de alquiler. El Gobierno, no obstante, ha advertido que no legalizará este recurso. No ha apelado, sin embargo, el fallo del Supremo, lo que el movimiento conservador deplora. Este colectivo, según sus portavoces, acusa al Gobierno de Hollande de demoler la familia tradicional. En cuanto a la enseñanza de igualdad en la escuela, el movimiento conservador está contra los que llama “la ideología de género” por considerar que es “malsana”. A todo ello se unió la semana pasada la decisión gubernamental de recortar las ayudas familiares. Se ha reducido a un tercio las ayudas por hijo a partir del segundo y se ha recortado el permiso parental, que ya no se podrá ampliar hasta los 36 meses (a partir del segundo hijo), salvo que se lo repartan padre y madre. Es una decisión, enmarcada en la política de contención de gastos para reducir el déficit público, que ha alentado al movimiento a redoblar su acusación de que el Ejecutivo socialista sufre “familiafobia”.

Ha sido la justicia la que se ha visto obligada a reconocer a los nuevos modelos de familia algunos de los derechos que el gobierno se niega a promover por vía legislativa. Por un lado, hace solo dos semanas la Corte francesa de Casación confirmaba el derecho a que, en el seno de los matrimonios de mujeres lesbianas que se ven obligadas a acudir a otros paises (como Bélgica o España) para concebir a sus hijos, la madre no gestante adopte al hijo de la madre gestante. Y a finales de junio era el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que fallaba a favor de dos matrimonios heterosexuales franceses que tuvieron tres hijas mediante gestación subrogada en Estados Unidos y a las que Francia se negó a registrar por estar dicho procedimiento prohibido en su suelo. Sentencia que por cierto obligó al gobierno español a claudicar y anunciar que cursaría a todos los consulados de España la orden inmediata de volver a inscribir en el Registro Civil a estos menores.

Caras tapadas en la performance en la que MPT compara subrogación y fecundación asistida con comprar en el Carrefour

Es en este contexto en el que los homófobos franceses se han vuelto a movilizar en favor de la familia tradicional como único modelo de familia posible y en contra del matrimonio igualitario, del acceso de las lesbianas a la reproducción asistida, de la gestación subrogada o de la educación en la diversidad en las escuelas. Lo han hecho, además, con asistencia de destacados miembros tanto de la UMP, el principal partido de la derecha francesa, como del Frente Nacional, la más que pujante formación de extrema derecha.

Según un sondeo realizado entre los pasados 29 de septiembre y 1 de octubre, el 57 % de los franceses se opone a la abolición de la “ley Taubira”, y el 53% se dice favorable a ampliar la procreación médicamente asistida a las parejas de lesbianas. Otro 55%, según esa encuesta, efectuada por el instituto demoscópico Ifop, es partidario de autorizar “en un marco reglamentado” la gestacion subrogada en Francia, actualmente prohibidos sea cual sea la orientación sexual de la pareja. El Gobierno, no obstante, se muestra particularmente inflexible en ese último punto: Una de las primeras acciones de Manuel Valls tras ser designado primer ministro fue de hecho viajar al Vaticano y declarar que su gobierno no promovería dicha modificación, pese a formar parte del programa electoral con el que los socialistas ganaron las elecciones legislativas. La secretaria de estado de Familia, Laurence Rossignol, llegaba a recibir a los representantes de la Manif por tous y confirmarles la renuncia de su gobierno a modificar la normativa de reproducción asistida. “Estamos felices de que el gobierno reconozca el peso de nuestro movimiento. Esperamos ahora que detrás de las palabras lleguen los hechos”, declaraba entonces el coordinador general de la plataforma homófoba, Albéric Dumont. Además, el primer ministro, Manuel Valls, anunció el viernes que se va a promover una “iniciativa internacional” para que los países donde la gestación subrogada es legal no los permitan para los nacionales de Estados donde están prohibidos. Para Valls, se trata de “una práctica intolerable de comercialización de los seres humanos y de mercantilización del cuerpo de las mujeres“, razón por la que afirmó que la postura francesa no va a cambiar pese a la condena de Francia por el Tribunal de Estrasburgo en junio.

Risas contra la igualdad, manipulación infantil, homofobia en grado superlativo…

Habrá que ver hasta qué punto, la Manif pour tous –que en buena parte debió su pujanza inicial al afán de la derecha de desgastar al presidente Hollande- sobrevive como agente político.

Fuente El País

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Grecia excluye las parejas del mismo sexo de las uniones civiles

Miércoles, 10 de septiembre de 2014

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Varios cientos de personas se congregaron el pasado viernes a las puertas del Parlamento griego en Atenas para protestar, de manera pacífica, contra el anuncio del Gobierno de retrasar la inclusión de las parejas del mismo sexo en la ley de uniones civiles del país, disponible únicamente para los heterosexuales.

Grupos de activistas LGBT se concentraron en la tarde de ayer del 5 de septiembre frente al Parlamento de Grecia tras el anuncio del Gobierno sobre que retrasaría la legislación que permitiría la unión civil a parejas del mismo sexo. La decisión del gobierno se produjo pese al fallo de un tribunal europeo que determinó que Grecia discriminaba a gays y lesbianas.

Unas 500 personas se unieron en una protesta pacífica en el centro de Atenas, según informa AP. En el Parlamento griego los legisladores votaban una propuesta de ley contra el racismo.

La semana pasada, el ministro de Justicia Charalambos Athanasiou reveló que la apertura de las uniones civiles a las parejas del mismo sexo, cuya discusión debería haber comenzado ya, quedaba pospuesta.El ministro de Justicia Haralambos Athanasiou intenta justificar la decisión del retraso con el argumento de que necesitan estudiar cómo las uniones civiles afectarían al sistema de impuestos y seguros sociales, así como a las leyes de la familia. “Creo que es un asunto que nos obliga a respetar los detalles y las sensibilidades que supone… y no debe ser incorporada a la legislación que estamos discutiendo ahora”, expresó el ministro en el Parlamento.

La iniciativa iba a formar parte de un paquete de medidas que castigará la incitación al odio racial y homófobo y la prohibición de negar el Holocausto, entre otras, y se empezó a discutir el viernes pasado en el Parlamento mientras tenía lugar la protesta en el exterior del edificio. Los activistas LGTB se habían sumado a la petición al Gobierno de que tramitara una ley contra los ataques racistas y homófobos, que presentan una preocupante tendencia al alza en los últimos años.En la sesión de ayer, los parlamentarios aprobaron la proposición de facilitar la persecución de personas que inciten a la violencia en función de la raza u orientación sexual. Los activistas LGBT consideran que esta medida no les protege legalmente lo suficiente.

Pero los manifestantes exigían que el cambio legislativo también sirviera para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de noviembre del año pasado, que decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. El Gobierno griego anunció pocos días después que modificarían la legislación para dar cumplimiento al fallo de la corte europea, cambio que ahora ha sido pospuesto sin que se sepa cuándo será finalmente debatido.

En noviembre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Europa dictaminó que la legislación griega era discriminatoria, y ordenó al país a pagar daños y perjuicios a cuatro parejas homosexuales que llevaron el caso al Tribunal de Estrasburgo. Otras 162 parejas del mismo sexo, algunas de las cuales estuvieron presentes en la concentración de ayer frente al parlamento, han presentado una demanda similar con el objetivo de presionar al gobierno para que modifique la ley.

De la concentración de ayer, hay una instantánea que está dando la vuelta al mundo. Es el beso entre Tom Koukoulis y Aristidis Paraskakis, una pareja griega que espera que su país avance en igualdad como lo han hecho otras naciones europeas.

“Creo que los cambios van a suceder, paso a paso, como lo hicieron en otros países como Gran Bretaña, donde primero había unión civiles, a continuación, matrimonio igualitario, y más tarde, adopción”, dice Koukoulis. “(Con esta ley conseguiríamos) el derecho a visitar a nuestra pareja en el hospital o poder presentar una declaración de la renta conjunta, entre otras cosas. “Creemos que va a suceder porque estamos en el lado correcto de la historia”.

La cuestión es que tienen una férrea oposición homófoba en el país. El asunto es políticamente sensible en Grecia, donde varios miembros prominentes de la Iglesia ortodoxa griega, así como miembros del partido conservador gobernante se oponen a las uniones civiles homosexuales, argumentando que “socavaría la institución de la familia”.

La próxima semana está previsto que continúe el debate detallado en artículos separados sobre este proyecto de ley.

Foto: AP

Fuente Ragap

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Suiza reconoce por primera vez la paternidad a una pareja gay que tuvo a su hijo mediante gestación subrogada en Estados Unidos

Miércoles, 3 de septiembre de 2014

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Por primera vez, una pareja gay suiza que recurrió a la gestación subrogada en Estados Unidos ha visto reconocida por la justicia de su país su doble parentalidad, pese a estar prohibido dicho procedimiento en su suelo. La sentencia, que aún podría ser recurrida, considera que debe prevalecer el interés del menor. La decisión va en la misma línea que una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tiene un valor especial en tanto que Suiza ni siquiera reconoce todavía la adopción homoparental.

El caso de la pareja suiza es muy similar a otros recogidos con anterioridad en dosmanzanas. Ante la imposibilidad de recurrir a la gestación subrogada en su país, acudió a California, donde es un procedimiento perfectamente regulado. La justicia estadounidense reconoció a los dos hombres como padres legales del niño, pero cuando la pareja -unida civilmente en Suiza-intentó inscribir a su hijo en su país el registro del cantón de St. Gallen, donde reside la familia, se negó. El departamento de Interior del cantón dio la razón a la pareja, mientras que la Oficina Federal de Justicia se opuso. Finalmente, es el Tribunal Administrativo de St. Gallen el que ha fallado a favor de la pareja, reconociendo la filiación establecida por la justicia estadounidense y ordenando la inscripción del niño como hijo de sus dos padres al considerar que así lo exige el bienestar del menor.

El fallo de la justicia suiza está en la línea de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el pasado junio fallaba a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron sus tres hijas mediante gestación subrogada y a las que Francia se negó a registrar pese a que las niñas estaban reconocidas como hijas de sus padres en Estados Unidos. El tribunal europeo consideró que esta negativa violaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho de los menores al respeto de su vida privada, socavando su identidad y produciéndoles un perjuicio. En definitiva, los estados pueden prohibir la gestación subrogada, pero no negar los derechos de filiación a los menores nacidos legalmente mediante este procedimiento en otro país que se los reconozca.

La sentencia, de hecho, forzó a que el Gobierno español diera marcha atrás en su intención de hacer imposible el registro de estos menores y ordenara volver a inscribirlos.

Hito en Suiza

La noticia supone además un hito en Suiza, un país que a día de hoy ni siquiera reconoce la adopción homoparental. En diciembre de 2012 el Consejo Nacional suizo (cámara baja del Parlamento) votaba al menos a favor de que en el seno de las parejas del mismo sexo uno de sus miembros pudiera adoptar a los hijos del otro, moción que el Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento, en la que están representados los cantones suizos) aprobaba en marzo de 2013. Sin embargo el Parlamento suizo aún no ha procedido a la modificación legal, sobre la que pesa además la amenaza de un referéndum promovido por los grupos más conservadores.

En definitiva, ni siquiera la opción de que uno de los dos miembros de la pareja fuese reconocido como padre y luego el otro procediera a la adopción es posible hoy día en Suiza. De ahí la importancia de la sentencia.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adopción, California, Discriminación, Estados Unidos, Gestación subrogada, Homoparentalidad, St. Gallen, Suiza, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Un grupo de ultras ataca a una pareja gay en pleno centro de Atenas

Jueves, 28 de agosto de 2014

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Nuevo episodio de violencia homófoba en Grecia, donde una pareja gay ha sido víctima del ataque de entre 10 y 15 matones con la cabeza rapada y ataviados con camisas negras. En los últimos años está aumentando de forma alarmante este tipo de acciones en el país heleno. Solo en el último mes, según denuncia la Asociación de Apoyo Transgénero, este es el cuarto caso registrado. El auge de la formación política filonazi Amanecer Dorado y sus constantes mensajes homófobos y xenófobos contribuye a fomentar este clima violento en Grecia y da alas a sus acólitos radicales para el “control” de las calles, mediante la coacción, el miedo y la fuerza. Como recogió dosmanzanas, esta formación extremista llegó a repartir folletos, tras las elecciones legislativas de 2012, en los que amenazaba al colectivo LGTB diciendo que “después de los inmigrantes, sois los siguientes”.

Al parecer, una pareja gay se encontraba el pasado sábado departiendo en un banco de la plaza Bernabé Pagrati de la ciudad de Atenas (capital del país), sobre las 12:30 de la madrugada, cuando empezó a recibir insultos hómofobos y burlas por parte de dos o tres personas que se encontraban en las inmediaciones. Poco después, apareció un grupo extremista de entre 10 y 15 hombres con las cabezas rapadas y camisas negras que les propinaron una brutal paliza. Las víctimas tuvieron que ser atendidas en el hospital. Uno de ellos, incluso, ha precisado una cirugía en el tobillo. La policía asegura estar investigando los hechos.

Sin embargo, hasta las fuerzas de seguridad griegas están en el ojo del huracán homófobo. El pasado 31 de julio, 12 organizaciones LGTB firmaron un comunicado de prensa conjunto en el que denunciaban una agresión a otra pareja gay que caminaba cogida de la mano por el casco histórico de Atenas, perpetrado en este caso por agentes de policía. “Encontramos este incidente particularmente preocupante, ya que proviene de la policía, cuya misión es la protección de todos los ciudadanos y no asustar o atemorizar, aplicando violencia verbal y física racista”, argumentaban las entidades en su escrito.

Escalada de violencia homófoba

Desgraciadamente, estos sucesos no son casos aislados sino que se suman a una creciente ola de agresiones en todo el país. Asimismo, la fuerza pujante de la extrema derecha, así como el discurso intolerante e intimidatorio de la Iglesia ortodoxa griega, no contribuyen a frenar estos ataques físicos y verbales motivados por el odio. Antes al contrario, los azuzan.

El año pasado, Tasso Stafilidis, hijo de inmigrantes helenos en Suecia y primer miembro del parlamento nórdico abiertamente gay, fue víctima de una agresión homófoba, mientras se encontraba con un acompañante de vacaciones en Grecia. Tres encapuchados los asaltaron, primero con insultos homófobos y luego a golpes. Stafilidis, que diputado en Suecia por el Partido de la Izquierda entre 1998 y 2006, manifestó entonces su preocupación ante el auge de sentimientos hostiles hacia las minorías, debido a la crisis económica.

Lejos de predicar con el buen ejemplo, destacados miembros de la jerarquía ortodoxa griega han instigado la repulsa social hacia el colectivo LGTB, fomentando con ello algunas manifestaciones violentas. En 2012, por ejemplo, alrededor de cincuenta personas atacaron a los participantes de la primera marcha del Orgullo LGTB de Salónica, tras la enérgica condena a la marcha multicolor por parte de un obispo local.

Ante la impotencia de estos y otros sucesos, especialmente las agresiones en la calle a parejas gais, las agrupaciones LGTB griegas han solicitado ayuda internacional en varias ocasiones. OLKE (Comunidad Lésbica y Gay de Grecia) llegó a dirigir una carta a otras organizaciones LGTB europeas en la que manifestaba su preocupación por el incremento de las agresiones homófobas y tránsfobas acaecidas en el país.

14 entidades urgen la aprobación de la ley anti racista

Organizaciones LGTB y pro derechos humanos de toda Grecia han suscrito la petición al Gobierno de “la aprobación inmediata de la llamada ley ‘anti racista’, con la inclusión de la orientación sexual e identidad de género”, con la consiguiente “integración y adopción de enmiendas a la protección de las víctimas de crímenes de odio racistas”. Además, consideran que es imprescindible la integración y la adopción de la enmienda en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la unión civil “para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual e identidad o expresión de género y la protección de los derechos sociales fundamentales”.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Amanecer Dorado, Asociación de Apoyo Transgénero, Atenas, Discriminación, Fascismo, Grecia, iglesias ortodoxas, Neonazis, OLKE, Partido de la Izquierda (Suecia), Salónica, Suecia, Tasso Stafilidis, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Pensión de viudedad: el Constitucional acumula ya cuatro sentencias discriminatorias contra parejas del mismo sexo que no pudieron casarse

Sábado, 9 de agosto de 2014

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El Tribunal Constitucional sigue considerando que discriminar a las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio en su acceso a la pensión de viudedad es plenamente constitucional. Tras la primera sentencia en ese sentido, conocida en junio aunque publicada en el BOE el 4 de julio, esta semana el alto tribunal ha emitido dos nuevas sentencias que repiten argumentación. Este miércoles también trascendía la existencia de una tercera sentencia, que en realidad es anterior a estas dos pero que no había encontrado eco mediático hasta ahora. Aclaramos, pues, que hasta el momento ya son cuatro los casos de rechazo.

Este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la sentencia referida a una pareja gay de Barcelona que convivió maritalmente más de 34 años hasta la muerte de uno de sus integrantes en 2004, un año antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. De hecho habían formalizado en escritura pública su relación de acuerdo a la ley catalana. El superviviente solicitó la pensión de viudedad al Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero le fue denegada. Recurrió, pero las sucesivas instancias judiciales le negaron ese derecho por no tratarse de una pareja casada.

Ahora el Constitucional se acoge a la misma argumentación que ya hizo en junio y coincide con los tribunales inferiores en que el recurrente no tiene derecho a la pensión de viudedad ya que ese era el marco legislativo vigente cuando falleció su pareja. “Las uniones de hecho heterosexuales resultaban excluidas del acceso a la pensión porque pudiendo acceder al matrimonio decidían libremente no hacerlo y, por tanto, no cumplir con los requisitos legales, debiendo por tanto correr con las consecuencias de ello. Las uniones homosexuales quedaban fuera de la esfera de protección porque la configuración del matrimonio en aquel momento era una configuración tradicional del mismo”, repite casi palabra por palabra el Constitucional.

También este martes el Constitucional publicaba en el BOE otra sentencia, referida a otra pareja gay de Madrid que convivió maritalmente casi 30 años, hasta la muerte de uno de sus integrantes también en 2004. En este caso la pareja se había registrado como pareja de hecho según la normativa de la Comunidad de Madrid el año 2000. El Constitucional repite exactamente la misma argumentación.

La dos sentencias publicadas esta semana en el BOE han sido emitidas por la sala segunda del Constitucional, compuesta por Adela Asúa, Fernando Valdés, Juan José González Rivas, Pedro González-Trevijano y Ricardo Enríquez. Solo los dos primeros, magistrados considerados ”progresistas”, han emitido votos particulares oponiéndose a la decisión de la mayoría.

En junio ya había habido otra sentencia

También este miércoles Málaga Hoy se hacía eco de una tercera sentencia, referida a una pareja de mujeres que convivió maritalmente desde 1984 hasta 2002, año en que una de sus integrantes falleció. Málaga Hoy explica en su noticia que la sentencia fue emitida a finales de junio, pese a lo cual numerosos medios y páginas web la recogían como si fuera la más reciente, dando lugar a un cierto equívoco. Nos ha bastado bucear unos minutos en el BOE para encontrarla publicada el 22 de julio.

En este caso la sentencia fue emitida por la sala primera del Constitucional, compuesta por Francisco Pérez de los Cobos, Luis Ortega, Encarnación Roca, Andrés Ollero, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol Ríos. Existieron dos votos discrepantes, los de los otros dos “progresistas” (Ortega y Xiol).

Sentencias construidas para justificar una discriminación

En cualquier caso, sabiendo que son ya cuatro los casos en los que el Constitucional se ha pronunciado, sigue siendo válido lo que ya dijimos en junio, cuando se conoció la primera de las sentencias cuya argumentación repiten las otras tres. El alto tribunal, ya sólidamente controlado por una mayoría conservadora tras sus últimas renovaciones, no duda en construir toda una argumentación jurídica sostenida incluso en resoluciones de los años noventa que consideraban por ejemplo que “la unión entre personas del mismo sexo biológico no es una institución jurídicamente regulada, ni existe un derecho constitucional a su establecimiento; todo lo contrario al matrimonio entre hombre y mujer que es un derecho constitucional (art. 32.1) que genera ope legis una pluralidad de derechos y deberes” o que los poderes públicos podían en efecto otorgar un trato de privilegio “a la unión familiar constituida por hombre y mujer frente a una unión homosexual”.

Según esta primera sentencia, debe ser el legislador, y “en modo alguno este Tribunal actuando de legislador positivo retrospectivo y comprometiendo desembolsos económicos del erario público” el que decida “al hilo de los cambios sociales cuál es el momento en que procede extender la pensión de viudedad a otros supuestos y con qué alcance”. La sentencia ponía además un especial empeño en dejar claro que el matrimonio igualitario es solo una opción decidida por el legislador “sin que ello implique, no obstante, que esa sea la única configuración constitucionalmente legítima”.

Los cuatro magistrados que entonces emitieron un voto discrepante (los mismos que han seguido discrepando después) consideraron sin embargo que en este caso “la discriminación no se produce porque la norma trate de forma diferenciada a las personas casadas y a las que integran una unión de hecho libre y voluntariamente constituida”, sino porque “no existe libertad para optar entre contraer matrimonio o no contraerlo, en la medida en que, hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2005 (…) el matrimonio no era factible entre personas del mismo sexo”. En definitiva, la ley establecía un requisito que era de imposible cumplimiento para las personas homosexuales.

COLEGAS: “España retrocede alarmantemente en derechos sociales”

La Confederación COLEGAS ha emitido un comunicado en el que rechaza las sentencias del Tribunal Constitucional. En palabras de su presidente, Paco Ramírez, “en vez de reconocer y homenajear a decenas de parejas homosexuales que en tiempos difíciles y contra toda marea supieron mantener su relación afectiva en un entorno y sociedad altamente hostil, es desde todos puntos de vista incomprensible se continúe vilipendiando y castigando hasta incluso después de muertos. Sin duda se ha convertido España en un país ingrato con sus mayores homosexuales, y está retrocediendo alarmantemente en derechos sociales”.

Ramírez espera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actúe “para paliar esta sangría de injustas sentencias” al considerar que la actuación del Constitucional español vulnera “derechos fundamentales en el acceso a las prestaciones sociales de las parejas en unión estable en relación análoga al matrimonio tal y como el mismo Tribunal europeo ha reconocido a través de numerosas sentencias anteriores”. “Es inaudito que tengamos que esperar justicia fuera de España, cuando hasta hace poco nuestro país era ejemplo a seguir en derechos sociales”, ha añadido.

Fuente Dosmanzanas

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Estrasburgo avala la transfobia de estado: ve legal obligar a una persona transexual a divorciarse para ver reconocida su identidad.

Sábado, 19 de julio de 2014

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Grave sentencia la que ha dado a conocer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avala que una mujer transexual finlandesa se vea obligada a divorciarse contra su voluntad para ver reconocida legalmente su identidad de género. La sentencia considera que ello supondría reconocer un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, algo que no es legal en Finlandia y a lo que el tribunal de Estrasburgo no puede obligar. La sentencia argumenta además que la legislación finlandesa de uniones civiles es suficiente para garantizar aquellos derechos básicos de la pareja por los que el Tribunal de Estrasburgo está obligado a velar.

Finlandia no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pese a que las encuestas revelan que el apoyo es mayoritario en la sociedad finesa, su clase política lleva años resistiéndose a aprobarlo. La última vez hace menos de un mes, cuando una comisión parlamentaria emitía un dictamen desfavorable a una iniciativa legislativa popular en ese sentido que había conseguido más de 166.000 adhesiones (la más exitosa de las que han tenido lugar hasta el momento en Finlandia).

Ello lleva a situaciones tan descabelladas como la que vive Heli Hämäläinen, una mujer transexual casada en 1996 (siendo su sexo registral masculino) con otra mujer. El matrimonio tiene además una hija de 12 años. Pero cuando Hämäläinen, que ya consiguió el cambio de nombre en 2006, quiso acomodar el sexo que figura en sus documentos a su identidad femenina, el estado finlandés les dio dos opciones: o la pareja aceptaba voluntariamente convertir antes el matrimonio en una unión civil (abierta a las uniones del mismo sexo) o se divorciaba. La pareja se negó, argumentando por un lado sus convicciones religiosas contrarias al divorcio, y por otro que la unión civil no les garantizaba la misma protección legal que el matrimonio.

Tras agotar las instancias judiciales finesas, Hämäläinen llevó su caso a Estrasburgo, pero el alto tribunal europeo ha fallado ahora en su contra. Por un lado, la sentencia recuerda que la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuyo cumplimiento vela el tribunal, no faculta a este para obligar a los estados que no lo quieran a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por otro lado, el texto considera que en este caso no existen efectos legales por lo que a la responsabilidad, custodia o derechos sobre la hija del matrimonio se refiere, ya que según la legislación finlandesa estos vienen determinados por la parentalidad, con independencia del estado civil de los padres.

Hecha esta aclaración, la sentencia considera por último que la ley finlandesa de uniones civiles garantiza de forma “casi idéntica” al matrimonio los derechos por los cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está obligado a velar. “Las diferencias menores entre los dos conceptos legales no son suficientes para considerar al actual sistema finlandés deficiente desde el punto de vista de la obligación positiva del estado”, argumenta.

Tres votos discrepantes

La decisión, conviene aclarar, no ha sido adoptada por unanimidad. Tres de los jueces (el húngaro András Sajó, la suiza Helen Keller y el belga Paul Lemmens) consideran que los derechos de Heli Hämäläinen si se habrían visto violados. Los jueces discrepantes argumentan además que el tribunal se ha limitado a tratar el caso como si de una pareja homosexual cisexual se tratase, sin tener en cuenta las especiales circunstancias que rodean el hecho transexual.

Puedes consultar aquí el texto íntegro de la sentencia (en inglés) así como los argumentos de los jueces discrepantes.

Colectivos LGTB lamentan la decisión

Los colectivos LGTB europeos han lamentado profundamente la sentencia. La directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desaprovechado una oportunidad de oro “para condenar la humillación y las prácticas discriminatorias” contra las personas transexuales, a las que en numerosos países de Europa se obliga a poner fin a sus matrimonios para poder ver reconocida su identidad.

Nuestros pensamientos están hoy con Heli Hämäläinen y con su familia. El tribunal ha decidido que sus derechos como familia son inferiores”, ha expresado con rotundidad Arja Voipio, copresidenta de Transgender Europe. “El veredicto demuestra que las cuestiones que tienen que ver con la transexualidad siguen sin ser adecuadamente entendidas”, ha añadido.

“Se ha perdido una oportunidad para situar al Tribunal [Europeo de Derechos Humanos] en línea con los llamamientos de los numerosos especialistas en derechos humanos a no poner a las personas transexuales ante el dilema de tener que elegir entre el reconocimiento legal de su identidad de género y otros derechos humanos, como el derecho al matrimonio. Hoy se ha dicho a aquellos estados europeos que todavía obligan a las personas transexuales a renunciar a sus derechos más básicos que su aproximación es aceptable. Lo que no es aceptable”, ha expresado por su parte otro de los copresidente de Transgender Europe, el abogado Alecs Recher.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, Finlandia, Heli Hämäläinen, Matrimonio, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Justicia adecuará la legislación para facilitar la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada

Lunes, 14 de julio de 2014

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Este compromiso por parte del Ministerio pasa por agilizar la inscripción en el Registro Civil de estos bebés nacidos en el extranjero a través de los conocidos como ‘vientres de alquiler’.

La maternidad subrogada en España se encuentra actualmente en un limbo jurídico.

El Ministerio de Justicia se ha comprometido este miércoles a adecuar la legislación vigente para facilitar la inscripción en el Registro Civil de niños nacidos en el extranjero mediante la técnica de la maternidad subrogada, práctica conocida comúnmente como ‘vientres de alquiler‘.

Responsables del departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón han trasladado este compromiso a los representantes de la asociación Son nuestros hijos durante una reunión mantenida este miércoles después de que esta última denunciara la “dramática” situación a la que se enfrentan por no poder ser inscritos estos niños en el Registro Civil.

La maternidad subrogada se encuentra en un limbo jurídico puesto que la Ley española de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 señala que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación de sustitución.

Desde el Ministerio de Justicia se ha trasladado a la asociación que para hacer efectivo el trámite parlamentario se modificará el proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que se enmarca en las propuestas de CORA (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas), a fin de permitir la inscripción de los nacidos mediante gestación por sustitución.

Facilitar la inscripción en favor del menor

En el año 2010, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó una instrucción para fijar los criterios que determinaban las condiciones de acceso al Registro Civil español de los nacidos en el extranjero mediante estas técnicas. Sin embargo, dicha instrucción resultó anulada en la práctica por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de febrero que declaró que la ley de técnicas de reproducción española impide la inscripción de estos menores.

Según el Ministerio de Justicia, su compromiso con los afectados busca “aclarar” cualquier dudad sobre los procedimientos para esta inscripción que ya se reconocía en el proyecto aprobado hace un mes por el Gobierno.

Por otro lado, el departamento dirigido por Alberto Ruiz Gallardón adaptará la legislación española a lo establecido en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya resolución condenaba a Francia y reconocía el derecho de inscripción de un menor nacido a través de la técnica de gestación subrogada.

Para ratificar el compromiso con la asociación, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a trabajar conjuntamente con esta asociación para que la nueva redacción del texto “se adapte lo mejor posible” al objetivo de la reforma ya realizada el pasado 13 de junio, que según señalan, “no es otro que facilitar esta inscripción en favor del menor de la forma más rápida posible”.

Celebran “con cautela” el anuncio de Justicia para volver a inscribir a bebés nacidos por gestación subrogada

Más de 84.000 firmas apoyan la campaña iniciada en Change.org para modificar la Ley del Registro Civil y permitir así la inscripción de niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada.

“La sentencia del Tribunal Supremo dictada en febrero ha quedado en papel mojado”, explica el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Antonio Vila Coro.

Desde la asociación ‘Son Nuestros Hijos’ (SNH) se han mostrado “satisfechos” ante el paso dado por el Ministerio de Justicia para permitir de nuevo la inscripción de los bebés nacidos por vientre subrogado nacidos en el extranjero. El pasado miércoles esta asociación se reunió con el subsecretario y el director general del Ministerio y su compromiso fue el de cambiar la ley a través de una enmienda y reanudar las inscripciones paralizadas como medida transitoria.

“Estamos eufóricos, toda la gente de nuestro entorno está celebrándolo. Había muchas parejas que estaban esperando para poder inscribir a sus hijos y cuyo proceso estaba paralizado o denegado en el peor de los casos”, explica Antonio Vila-Coro, presidente de SNH. “La presión popular, las más de 84.000 firmas recogidas en Change.org y esta instrucción que va a dar el Ministerio a los consulados deja en papel mojado la sentencia dictada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo en la que se aseguraba que nuestros hijos no podían ser inscritos como españoles”.

La campaña iniciada por SNH en la plataforma de recogida de firmas ya cuenta con más de 84.500 firmas conseguidas en menos de un mes. En ella, se solicita la modificación de la Ley de Registro Civil para permitir la inscripción de niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero, y está dirigida tanto al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Alfonso Alonso, como el Director General de los Registros y del Notariado Joaquín José Rodríguez Hernández y el propio Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

“Aún estamos a la espera de conocer la nueva propuesta de ley pero si todo va según lo previsto, esto revierte completamente la situación de indefensión en la que nos encontrábamos y nos deja en mejor situación porque hemos elevado la instrucción a rango de ley”, explica Vila-Coro. “El 10 de septiembre termina el plazo para introducir enmiendas a la ley, estaremos por tanto muy pendientes en ese proceso en el que la ley orgánica pase por el pleno del Congreso pero de momento creo que vamos por muy buen camino para que esto se gane”.

Además, en los próximos días la sala de lo civil del Tribunal Supremo analizará la sentencia publicada en febrero después de que la familia afectada haya interpuesto un expediente de nulidad de las actuaciones.

Fuente Cáscara Amarga (1, 2)

General Alberto Ruiz-Gallardón, Alfonso Alonso, Antonio Vila-Coro, España, Estrasburgo, Familias Homoparentales, Gestación subrogada, Ministerio de Justicia, Registro civil, Son Nuestros Hijos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La condena a Francia por no registrar tres niñas nacidas por gestación subrogada fuerza al Gobierno español a replantearse su política

Lunes, 7 de julio de 2014

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Una vez más ha tenido que ser la justicia europea la que ponga freno a un recorte de derechos promovido por un Gobierno español, aunque en este caso lo haya hecho de forma indirecta. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Francia por no registrar a tres menores nacidas mediante gestación subrogada en Estados Unidos obliga al Gobierno español, que pretendía aprobar una reforma de la ley en el mismo sentido restrictivo, a replantearse su actitud.

Lo contábamos hace una semana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallaba a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron sus tres hijas mediante gestación subrogada, a las que Francia se negó a registrar por estar dicho procedimiento prohibido en su suelo pese a que las niñas habían nacido y estaban reconocidas como hijas de sus padres en Estados Unidos. El alto tribunal europeo consideró que esta negativa violaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho de las menores al respeto de su vida privada, socavando su identidad y produciéndoles un perjuicio. El tribunal fijó una indemnización a cada una de las menores de 5.000 euros e impuso al Estado francés la obligación de desembolsar 15.000 euros a las familias demandantes en concepto de costas.

Como ya explicábamos entonces, la sentencia admite que los estados puedan legislar como quieran las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada. En este sentido, el tribunal rechazó que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria y centró su condena en cómo la negativa afectó a sus hijas. Y aquí la sentencia es clara al considerar que los estados ya no disponen de ese margen cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, prevaleciendo el interés del menor y su derecho a la identidad.

En definitiva, el tribunal permite que los estados prohíban la gestación subrogada, pero no negar los derechos de filiación a los menores nacidos mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca (Estados Unidos, en este caso).

El Gobierno español se replantea ahora su reforma

La casualidad quiso que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se conociera pocos días después de que el Gobierno español aprobara una reforma de los procedimientos de inscripción de los recién nacidos que deja en el limbo jurídico a los hijos nacidos mediante gestación subrogada, obligando a que al registrar a los hijos nacidos en el extranjero sea obligatorio consignar siempre “a la madre gestante”, imponiendo para cualquier otra situación la necesidad de un proceso judicial en España. Y en ese sentido, la reforma se produce pocos meses después de que la Sala Civil del Tribunal Supremo rechazara por 5 votos contra 4 el registro de los hijos que un matrimonio gay valenciano tuvo en California.

Todo ello a pesar de que en febrero de 2009 la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia regulaba mediante una orden estas inscripciones y reconocía la validez de la filiación otorgada en países extranjeros tras la correspondiente resolución judicial (tal y como se procede de hecho en Estados Unidos). El Supremo español, sin embargo, argumentó que la gestación subrogada es ilegal en España, y ofreció como única salida que el padre no biológico procediese a la adopción de los que desde hace ya más de cinco años son sus hijos. Una sentencia que por cierto está pendiente de un recurso de nulidad interpuesto por la asociación Son Nuestros Hijos, pero que combinada con la reforma promovida por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, dejaba un panorama absolutamente sombrío para numerosas familias.

Según El País, sin embargo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya argumentación es precisamente la opuesta a la del Supremo español (aunque concordante con el voto particular de los cuatro jueces discrepantes, que consideraron que el bien del menor debe prevalecer) ha llevado a Justicia a replantearse su posición. “Estamos obligados a introducir modificaciones legales para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la interpretación de Estrasburgo, y lo haremos”, ha declarado al respecto el subsecretario del ministerio, Juan Bravo.

Esperemos que realmente sea así y se evite más sufrimiento innecesario a las familias que en España se encuentran hoy en una situación similar a las de las demandantes francesas. Aprovechamos para recordar que hay en marcha una petición en change.org para conseguir que las Cortes modifiquen el mencionado proyecto de ley a la que se puede acceder aquí y que lleva recogidas ya más de 73.000 firmas.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Ruiz-Gallardón, Change.org, Dirección General de Registros y del Notariado, Discriminación, El País, España, Estados Unidos, Francia, Gestación subrogada, Homoparentalidad, Juan Bravo, Ministerio de Justicia, Plataforma Son Nuestros Hijos, Registro civil, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Supremo España

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