El Partido Popular ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para tumbar una moción presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y apoyada por el resto de fuerzas sobre educación para la igualdad y la diversidad. La moción tenía por objetivo instar al Gobierno de España, en colaboración con las administraciones autonómicas, a reforzar la igualdad y la visibilidad de las personas LGTBI en el ámbito educativo.

La moción, que fue defendida el pasado martes por la senadora gallega Vanessa Angustia, portavoz adjunta del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, recogía entre sus propuestas (puedes descargar aquí el texto completo) incluir en el currículum educativo contenidos que fomenten la educación en Derechos Humanos y la valorización de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar; diseñar un programa de formación de docentes sobre la igualdad de derechos de las personas LGTBI; crear un protocolo específico contra el acoso y la violencia escolar por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género; y aplicar los Principios de Yogyakarta en la legislación nacional relativa a Derechos Humanos.

Tras su debate, e incluyendo aportaciones de Compromís y del PDeCAT, el texto de la moción fue sometido a votación. Fue rechazada por 141 votos en contra (todos del Partido Popular), 109 votos favorables (los de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, Ciudadanos, PdeCAT, Partido Aragonés, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, EH Bildu y Nueva Canarias) y 3 abstenciones (las de Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y la del la exsenadora popular Pilar Barreiro, ahora en el Grupo Mixto). La senadora Ana María González, portavoz del PP en el debate, se escudó en que «en el currículum educativo no existen menciones discriminatorias ni discursos de odio sobre ningún colectivo» para justificar su negativa.

Vanessa Angustia recordó que la moción es consecuencia de la interpelación realizada el pasado 22 de mayo al ya exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. «A pesar del cambio que registra ahora la posición del PP, en dicho debate el entonces ministro mostró su compromiso con medidas que contribuyan a la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo y a la lucha contra el acoso escolar por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género», se ha lamentado en un comunicado el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En palabras de su portavoz adjunta, «el Partido Popular vuelve a hacer gala en el Senado de su mayoría absoluta arrogante e intolerante y vuelve a mostrar su nulo compromiso con la igualdad y la diversidad. Utiliza las iniciativas parlamentarias que pretenden fortalecer la protección de los derechos de las personas LGTBI para vengarse de las fuerzas progresistas que han conseguido terminar con el Gobierno de la corrupción. Las personas LGTBI no nos merecemos que el PP use nuestros derechos para materializar mezquinas vendettas políticas».

Fuente Dosmanzanas

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Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

https://www.youtube.com/watch?v=df57j21NgXU

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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Como ya anunciábamos hace unos días, tras ser aprobada por la Cámara Baja y el Senado, el gobernador de Hawái, David Ige, firma la ley mediante la que se prohiben las terapias de conversión a menores de edad en el denominado estado aloha, que se convierte en el duodécimo de los estados que prohiben estas medidas en los Estados Unidos.

El gobernador de Hawái, David Ige, firma este viernes, 25 de mayo, una ley mediante la que prohibe que psiquiatras, trabajdores sociales, asesores médicos y terapeutas familiares o matrimoniales recomienden las terapias de conversión a menores de edad. Con esta ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, Hawaii se convierte en el duodécimo de los estados en prohibir las terapias de conversión en los Estados Unidos. «Abrumadoras investigaciones científicas han demostrado que la ‘terapia de conversión’ no es efectiva y con frecuencia tiene un impacto psicológico duradero y dañino en los menores. Esta práctica no es médica ni éticamente apropiada», declara Ige en un comunicado.

«El propósito de esta Ley es proteger el bienestar físico y psicológico de los menores, incluidos las personas jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, contra la exposición a daños graves causados por los esfuerzos de cambio de orientación sexual al regular la conducta de un estado específico con licencia. Personas que brindan asesoramiento profesional a menores de menos de dieciocho años y que prohíben a estos profesionales involucrarse, intentar participar o publicitar los esfuerzos de cambio de orientación sexual en personas menores de dieciocho años», explican en el proyecto de ley que ha sido defendido principalmente por los demócratas, que dominan la Cámara Baja, donde ha sido aprobado con los únicos votos en contra de dos republicanos. También la Cámara Alta aprobaba holgadamente prohibir las terapias de conversión, al encontrarse con un único voto en contra, el del demócrata Mike Gabbard, líder de la Alianza para el Matrimonio y los Valores tradicionales, que anteriormente habría estado haciendo campaña contra el matrimonio igualitario.

Con la aprobación de esta ley también se crea un grupo de trabajo de orientación sexual para proporcionar ayuda profesional a los menores que buscan asesoramiento en cuestiones relacionadas con la orientación sexual. «Agradecemos a los muchos defensores, aliados, padres y sobrevivientes que hablaron en contra de esta práctica abusiva e instamos a sus funcionarios electos a adoptar estas protecciones cruciales. También agradecemos al Gobernador Ige y a la Legislatura del Estado de Hawái por promulgar esta legislación para proteger a los jóvenes LGBTQ del estado», declara Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign.

Con esta medida, Hawái se une a Maryland, que también aprobaba hace menos de dos semanas una ley similar y cuyo gobernador republicano, Larry Hogan, firma una ley promovida por un senador demócrata mediante la que se prohíben las terapias de conversión en menores de edad en su estado.

Siguiendo la postura de otros estados, Larry Hogan, gobernador republicano del estado de Maryland, ratifica la medida ya aprobada por la Cámara Baja del estado para prohibir las terapias de conversión a menores de edad en su estado este mismo martes, 15 de mayo, haciendo de su estado el undécimo que prohíbe este tipo de prácticas homofóbicas. Que pretender alterar la orientación sexual de una persona a través de terapias psicológicas ampliamente desacreditadas por las asociaciones médicas y de salud mental. Los partidarios de la medida están convencidos de que de esta manera contribuyen a proteger a los menores de edad de la depresión, la ansiedad y los potenciales intentos de suicidio que provocan este tipo de prácticas.

«Creo que es fantástico, porque salvará las vidas de los jóvenes en nuestro estado (…). Para los jóvenes LGBT, es una situación demasiado prevalente, y es un avance significativo decir: ‘¿Sabes qué? Sé quién eres’», declara Richard Madaleno, senador demócrata y promotor de un proyecto de ley que ha sido apoyado también por algunos republicanos, como la delegada Meagane Simonaire, que llegó a compartir con la Cámara Baja el dolor que sintió cuando sus padres le recomendaron las terapias de conversión al revelar que era bisexual. La mera idea de que sus padres pensaran que podrían «arreglarla» fue suficiente para caer en una profunda depresión. «Estoy muy orgullosa del duro trabajo de todos», asegura Simonaire, mostrándose orgullosa de que un gobernador republicano haya firmado esta ley.

«Sabemos que 700.000 personas en los Estados Unidos han pasado por terapia de conversión, y 78.000 adolescentes la pasarán en los próximos cinco años, y esto nos está acercando a cero», declara Mathew Shurka, un activista que ha estado haciendo campaña por la prohibición de las terapias de conversión después de haber estado cinco años sometido a ellas, cuando tenía entre 16 y 21 años de edad.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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La Universidad Complutense de Madrid ha presentado públicamente su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, cuyo desarrollo comenzó ya en 2016. La Complutense decidió así adelantarse al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid (la ley integral trans), aún pendiente. La puesta de largo del protocolo tuvo lugar en una jornada que tuvo lugar este viernes, organizada junto al colectivo madrileño Arcópoli. La Universidad Complutense de Madrid es la universidad española con mayor número de alumnos presenciales en sus aulas.

«Nuestro protocolo es el primero que en la Comunidad de Madrid aborda de manera integral la identidad de género. Es un documento vivo con vocación constante de mejora y adecuación, y que es resultado de la colaboración fructífera entre esta Delegación, el Vicerrectorado de Estudiantes y la Asociación Arcópoli», expresó Esteban Sánchez, delegado del rector de la Complutense para la Diversidad y el Medio Ambiente. «La Universidad Complutense de Madrid contempla la diversidad como un activo, como una fortaleza de la institución», añadió.

El rector Carlos Andradas, que inaguró la Jornada sobre Identidad de Género en el marco de la cual se presentó el protocolo, no quiso olvidar la labor realizada por la anterior delegada en materia de Diversidad, la profesora Mercedes García, quien promovió que la Universidad Complutense fuese pionera sin necesidad de esperar el desarrollo reglamentario de la ley integral trans. «Se nos deberían abrir las carnes con que a estas alturas del siglo XXI aún tengamos que estar dando pasos en cosas que deberían estar hechas hace mucho tiempo». señaló Andradas, muy acertadamente.

La jornada reunió en primer lugar a representantes de los cuatro partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid: Carla Antonelli (PSOE), Ana Camins (PP), Eduardo Fernández Rubiño (Podemos) y Tomás Marcos (Ciudadanos). Los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que recordamos fueron las tres fuerzas que aprobaron la ley integral trans gracias a que el PP no dispone de mayoría absoluta en la presente legislatura, lamentaron que el Gobierno regional madrileño no la esté materializando. La diputada popular Ana Camins se defendió argumentando que «no es una ley de fácil aplicación», aunque añadió que su despliegue va a ser una realidad «espero que en breve».

Los representantes de los cuatro partidos elogiaron a la Universidad Complutense por el paso dado al desarrollar su Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, aunque el representante de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño, insistió en que es también necesario que la futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (la polémica LEMES, que se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea de Madrid) garantice también los derechos de las personas trans y LGBTI para reforzar el respeto a los mismos con independencia de la mayor o menor voluntad de los rectorados.

Tras el debate político, moderado por el delegado de Diversidad de la Complutense Esteban Sánchez, tuvo lugar una mesa redonda organizada por Arcópoli y en la que participaron varias personas trans que debatieron sobre la situación real del colectivo en la Comunidad de Madrid.

29 estudiantes han visto ya modificados sus datos personales

El acto finalizó con la presentación formal del protocolo, que según explicó durante la jornada Laura Jiménez, de Arcópoli (colectivo que tiene precisamente una base universitaria) ya está dando resultados: hasta la fecha son 29 los estudiantes que ya han visto modificados sus datos personales en toda la documentación generada por la Universidad Complutense (carné de estudiante, certificados, listas de clase, actas, censos electorales, etc.).

Os dejamos con el vídeo publicado por la Universidad Complutense en su canal de YouTube que recoge la parte de jornada en la que intervinieron representantes de la Universidad (tanto el debate político como la presentación del protocolo):

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Adriano Antinoo, la entidad proponente de la iniciativa, lamenta la abstención del PP con la excusa de cuestiones técnicas.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTB fallecido en junio de 2015, una plaza en el centro de la ciudad. En concreto, el espacio que recibirá su nombre está situado junto a la Alameda de Hércules, al frente de los cines Alameda. A día de hoy carece de nombre diferenciado. El Partido Popular no ha querido sumarse al homenaje del resto de grupos políticos del Ayuntamiento sevillano y ha preferido abstenerse alegando cuestiones técnicas.

La asociación Adriano Antinoo felicita la aprobación por parte del Pleno Municipal de Sevilla de dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTBI que impulsó la lucha por el matrimonio igualitario en España, que estará situada en el espacio situado delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. Esta iniciativa es fruto de la petición de la asociación Adriano Antinoo, que informaba a través de un tuity pretende incorporar al callejero de la ciudad de Sevilla personas que se han distinguido en la lucha por los derechos y la visibilidad LGTBI.

La propuesta, que ya había recibido el visto bueno de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo en julio del año pasado, ha sido aprobada finalmente con los votos de PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). «Los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida han apoyado Este reconocimiento permite a nuestra ciudad incorporarse a la lista de ciudades españolas que reconocen la importancia histórica de Zerolo a favor de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales», se ha felicitado el colectivo Adriano Antinoo, promotor de la medida, en un comunicado de prensa hecho público tras la aprobación de la propuesta.  Este colectivo también ha lamentado la abstención del PP, «que una vez más ha desaprovechado la ocasión para ponerse junto a las personas LGTBI y no a contra corriente de los avances de los derechos y las libertades de este colectivo».

Sevilla | PEDRO ZEROLO TIENE YA UNA PLAZA EN SEVILLA. A propuesta de la Asociación Adriano Antinoo, el Pleno del @Ayto_Sevilla ha aprobado hoy dedicar al activista #LGTBI la plaza existente delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. pic.twitter.com/p5MJmQzEUw

— Adriano Antinoo LGTB (@AdrianoAntinoo) 25 de mayo de 2018

Desde Cristianos Gays felicitamos al Ayuntamiento de Sevilla por su decisión. Pedro Zerolo, presidió la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) desde 1997 a 2003 (siendo precisos, fue presidente de la FELGT, ya que la entidad aún no había añadido la “B” a su denominación oficial). Desde esa posición Zerolo resistió los duros embates del aznarismo entonces gobernante y contribuyó a desarrollar el movimiento asociativo LGTB en España tal y como lo conocemos hoy. Cuando consideró necesario incorporarse a la política lo hizo desde las filas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, partido del que fue secretario de Movimientos Sociales y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. La historia del movimiento LGTB en España y de sus conquistas (muy singularmente ser uno de los primeros países del mundo en aprobar el matrimonio igualitario) no hubiera sido la misma sin Zerolo, que también contribuyó personalmente a la extensión de estos avances a América Latina.

Por lo que respecto a la abstención final del Partido Popular (que en 2007 sí que apoyó la propuesta cuando la discutió la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo) no supone demasiada sorpresa si se tiene en cuenta el antecedente de lo sucedido en Madrid en el año 2015. Los populares tampoco quisieron adherirse entonces a la decisión del resto de grupos municipales de renombrar la antigua Plaza Vázquez de Mella como Plaza Pedro Zerolo.

El partido que más activamente se ha opuesto a la igualdad de derechos de las personas LGTB entre los grandes partidos españoles queda nuevamente retratado.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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El colectivo madrileño COGAM ha lamentado, en un comunicado de prensa difundido este jueves, el  nombramiento de Miriam Rabaneda como nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. COGAM denuncia que Rabaneda negó, en el anterior cargo que ocupó, «derechos básicos a las personas trans». Se refiere, en concreto, a la negativa a que las personas trans pudieran utilizar el nombre que corresponde a su identidad en las tarjetas sanitarias. 

Miriam Rabaneda ha sido alcaldesa de Pinto y directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2016 fue nombrada directora general de Planificación y Formación de la Consejería de Sanidad, un puesto desde el que controlaba, entre otras muchas competencias, la gestión de la tarjeta sanitaria individual. Un documento emitido por la Comunidad de Madrid, y en el que por tanto, según marca la ley integral de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid en marzo de 2016, las personas transexuales tienen derecho a que figure el nombre que corresponde a su identidad.

Algo a lo que según COGAM denuncia Miriam Rabaneda, la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, se negó, alegando «problemas informáticos» e invasión de competencias estatales. «Se negaba a entregar los informes jurídicos que justificaran dicha denegación hasta que le obligó el Consejo de Transparencia» argumenta COGAM. Desde la Consejería de Sanidad se argumentó en su momento que la tarjeta sanitaria es un documento vinculado con la Seguridad Social, por lo que cambios en el nombre podrían dar lugar a «distorsiones en el sistema de prestación de servicios», y que obliga también a otras comunidades en caso de prestar asistencia sanitaria a residentes en Madrid. Un argumento que se desmorona si se tiene en cuenta que comunidades como Andalucía o Baleares sí permiten el cambio del nombre en sus respectivas tarjetas sanitarias.

Es por eso que COGAM «quiere expresar su rechazo a este nombramiento dada la negación de derechos humanos básicos que la dirigente [Miriam Rabaneda] ha estado acometiendo durante sus cargos anteriores». «Consideramos una ofensa a las personas trans y sus familias que la directora general que ha sido responsable de no facilitar a las personas trans las tarjetas sanitarias que están siendo facilitadas en otras comunidades autónomas bajo las mismas condiciones haya sido nombrada viceconsejera de Políticas Sociales. Es muy triste tener constancia de que el incumplimiento de la ley trans de Madrid va a continuar hasta el final de la legislatura», ha declarado Emilio García, responsable del grupo Familias Transformando del colectivo madrileño. Desde COGAM afean de hecho al Gobierno regional que asociaciones y colectivos trans «tuvieran que acudir al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que calificó como ‘un problema de discriminación realmente importante’, el no desarrollo de la ley aprobada por mayoría en la Asamblea de Madrid».

COGAM espera también que Ángel Garrido, elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid como los votos de PP y Ciudadanos tras la dimisión de Cristina Cifuentes, «se involucre personalmente en el desarrollo de los protocolos y reglamentos necesarios para implantar la Ley de Identidad y Expresión de Género, aprobada en 2016. Durante este tiempo el Ejecutivo que dirigía la dimitida Cifuentes no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley en ámbitos tan necesarios para las personas trans como el educativo o el sanitario. Haciendo oídos sordos, además, a los colectivos trans y a diversos diputados y diputadas del PSOE y Podemos que han pedido en sede parlamentaria la implantación definitiva de esta ley».

«Es necesario desarrollar el mandato legislativo de desarrollo de la ley», ha declarado por su parte Jesús Grande, presidente de COGAM, que en cualquier caso ha tendido la mano al Gobierno regional para ayudarle a rectificar. «Continuaremos ofreciendo la colaboración con las diferentes consejerías, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, y poniendo nuestros recursos, experiencia y conocimientos a la disposición de la Comunidad de Madrid», ha expresado

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, COGAM, Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo, Discriminación, Emilio García, Francisco Fernández Marugán, Jesús Grande, Madrid, Miriam Rabaneda, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad

Por Marta Marquez

Hace ya tiempo que ni Zinegoak ni Lesgaicinemad tenían subvenciones por parte del Gobierno pero aún nos quedaba el Fire!!. Ahora podemos decir que el Gobierno ha quitado las ayudas a los festivales de cine LGTB. El Ministerio de Cultura ha denegado la subvención del ‘Fire!!‘ de Barcelona, la última muestra audiovisual LGTB en España que contaba con apoyo del Ministerio de Cultura.

 

Antoine Leonetti, coorganizador de ‘Fire!!‘ ha contado cómo el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) ha sacado de las listas al único Festival que contaba con algo de ayuda; una pequeña ayuda que, desde luego, no da para mucho pero sí para hacer un poco más digno un festival internacional.

Barcelona era la última muestra apoyada por el ICAA. Sin nuestra subvención, y con Madrid y Bilbao fuera del reparto, no existe un festival de cine LGTB en España apoyado por el Ejecutivo.

 

Según el Ministerio de Cultura: el ICAA no concederá ayudas a los festivales en las que su contenido sea dirigido al público LGTB.

Ninguno de los tres solicitantes —Fire!!, LesGaiCineMad y Zinegoak de Bilbao– resultaron beneficiarios de ayuda al tener una puntuación inferior a 65 puntos. Más de 30 festivales de diferentes temáticas y formatos se quedaron sin recibir ayuda por no superar el corte de puntuación referido en 2017. Hay que poner de manifiesto que existe una fragmentación de festivales con esta temática, (Cataluña, Madrid y País Vasco) que perjudica su acceso a estas ayudas. En este sentido, ayudaría a la obtención de la subvención la existencia de un festival de ámbito nacional y con un impacto mediático, social y en el sector más potente.

 

Según palabras de el productor del LesGaiCineMad, Gerjo Pérez, los grandes festivales como San Sebastián, Valladolid, Málaga o Sitges también “están fragmentados” y, sin embargo, continúan recibiendo apoyo del Ministerio.

Se trata de una política de premiar a los grandes eventos de alfombra roja, que es necesaria, claro, pero estamos olvidando a muestras que fomentan la pequeña producción y fomentan nuevas audiencias, que es lo que pide el Gobierno.

 

Antoine y Gerjo (os dejamos sus comentarios en este orden) han remarcado que sus festivales sobreviven gracias al trabajo de muchas personas voluntarias. Trabajo por el que otras personas cobran y que ellas hacen por “amor al arte”, nunca mejor dicho.

Somos festivales consolidados, con más de 20 años a nuestras espaldas. Aunque pequeñas, las ayudas permiten costear parte de la infraestructura, pagar a la gente y dignificar los eventos. La decisión de restringir las ayudas a los grandes festivales es política.

Proyectamos películas que difícilmente pasarán por el circuito comercial. Y por un tema de visibilidad del colectivo LGTB. 

 

Fuente Oveja Rosa

Cine/TV/Videos, General, Homofobia/ Transfobia. Antoine Leonetti, FIRE!!, Gerjo Pérez, Gobierno de España, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ( ICAA ), LesGaiCineMad, PP, ZINEGOAK

La alcaldesa de Alfaro (La Rioja) convocó el pasado jueves al Consejo de la Juventud de la localidad, al que instó a evitar simbología LGTB en la fiesta que organizaba al día siguiente en la Plaza de San Francisco si no quería que esta fuese suspendida. La actitud de la alcaldesa ha merecido la condena de PSOE e IU (los otros dos partidos representados en el consistorio, que gobierna el PP con mayoría absoluta) El colectivo riojano Gylda ha exigido al PP una explicación de lo sucedido, mientras que la alcaldesa Yolanda Preciado asegura que mostrar simbología arcoíris no solo «no era necesario», sino que incluso podía llegar a ser «contraproducente».

El Consejo de la Juventud de Alfaro es un órgano independiente conformado por voluntarios, si bien recibe una subvención del Gobierno de La Rioja (no del Ayuntamiento de Alfaro, que en ese caso se limitaba, según el comunicado del Consejo, a colaboración logística y cesión de espacios). El pasado viernes había organizado una fiesta, amenizada por varios DJs, con la diversidad como leitmotiv, y que tenía lugar en el contexto de las Fiestas de Primavera de la localidad. De hecho, el propio cartel de la fiesta (ver en el lateral) incluía la bandera arcoíris, así como la fotografía de una chica luciendo sus colores en las mejillas. «El motivo de la fiesta ha sido constantemente anunciado desde el 18 de abril», explica de hecho el Consejo de la Juventud en su comunicado.

El propio Consejo de la Juventud de Alfaro confirma en la nota que Yolanda Preciado les convocó expresamente el 10 de mayo, un día antes de de la fiesta, para prohibirles expresamente «mostrar cualquier bandera, pegatina o pulsera que portase los colores del Orgullo Gay». La razón que se les dio era que la bandera arcoíris no era inclusiva y que su exhibición suponía «una discriminación positiva» hacia el colectivo LGTB, algo que el Ayuntamiento consideraba incluso «perjudicial» al no darse casos de homofobia en el pueblo (afirmación curiosa desde el punto de vista estrictamente lógico si se tiene el cuenta que de lo que se trataba era de censurar la bandera arcoíris). Según el Consejo de la Juventud, se les dejó muy claro que «en caso de mostrarlos [los símbolos arcoíris] la fiesta sería suspendida».

La propia alcaldesa, de hecho, ha confirmado lo sucedido al asegurar, «partiendo de la base de nuestro total y absoluto respeto y cariño hacia personas que tienen otra tendencia sexual [sic]» que en efecto convocó al Consejo «porque veía que no era necesario y podía ser contraproducente para el propio Consejo de Juventud (que representa a toda la juventud) marcar diferencias en un concierto inclusivo y organizado extraordinariamente hacia toda la juventud». La alcaldesa, además, aseguró sentirse engañada por el Consejo ya que «solicitaron a festejos (y así salió en el programa), una fiesta de DJs y la víspera del concierto anunciaron una fiesta del orgullo». Lo cierto es que, más allá de lo que reflejara el programa oficial, cualquiera puede comprobar en la página de Facebook del Consejo de la Juventud de Alfaro que desde casi un mes antes de la fiesta esta ya se anunciaba como una fiesta diversa con los colores del arcoíris bajo el hashtag #MásOrgullososqueNunca.

El Consejo de la Juventud ha asegurado, además, estar recibiendo amenazas e insultos tras hacerse pública la polémica, que asegura van a denunciar, y en concreto se refieren al trato denigrante hacia ellos por parte de un programa radiofónico, que no citan expresamente. «Nos sentimos desamparados en este momento por parte de las instituciones públicas, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de La Rioja», aseguran. «No vamos a permitir que se nos trate de mentirosos ante la opinión pública», añaden.

Condenas de PSOE, IU y del colectivo Gylda

Lo sucedido en Alfaro ha sido denunciado por los otros dos partidos presentes en el consistorio riojano, PSOE e IU, que tachan la actitud de la alcaldesa de «dictatorial». La oposición alfareña critica además la hipocresía del PP local, que por primera vez en la legislatura este año daba su apoyo a una moción sobre la visibilidad lésbica «hace apenas quince días en el pleno municipal» y que ahora intenta coaccionar al Consejo de la Juventud para evitar la presencia de simbología LGTB en una fiesta.

Por su parte, desde el colectivo Gylda han querido agradecer el gesto del Consejo de la Juventud de Alfaro «al incluir la diversidad afectivo-sexual en su actos festivos de este fin de semana». Una iniciativa que consideran tiene un valor muy importante, «puesto que ha nacido desde el propio Consejo y sin contactar con las entidades LGTBI, cuestión que demuestra que la juventud alfareña es sensible con nuestra realidad y ha querido trasladar un mensaje de inclusión para las y los jóvenes de la comarca, haciéndoles partícipes de sus fiestas».

Por lo que se refiere a la actitud del Gobierno municipal, Gylda considera que lo sucedido muestra su «poca sensibilización hacia la diversidad, pluralidad y la tolerancia». «Vemos inadmisible que desde una institución pública que debe velar por incentivar el trabajo asociativo y la transmisión de valores como la igualdad, el respeto o la diversidad, se coarte la libertad de entidades asociativas», añade.

El colectivo riojano denuncia además «el postureo del Partido Popular», que por un lado aprueba mociones de cara a la galería y por otro, «coarta todo avance de visibilización y normalización de la realidad LGTBI+ en nuestra comunidad». «Desde Gylda exigimos al PP de La Rioja una explicación de lo ocurrido en Alfaro, así como el desbloqueo de la ley integral trans que mantiene en el Parlamento riojano», añade. Gylda termina su comunicado agradeciendo a todas las personas que acudieron a los actos organizados por el Consejo de la Juventud de Alfaro «con la buena intención de disfrutar de las fiestas haciendo participes a todas las personas independientemente de su orientación e identidad de género».

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Los estados de Maryland y Hawái, se han convertido, respectivamente, en el 11º y el 12º de ese país (sin contar a Washington D.C., la capital federal) en vetar las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad. Intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas y contra las ya antes se han pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otros países del mundo también han aprobado o discuten su prohibición.

Ambos proyectos de ley (puedes descargar aquí el de Maryland y aquí el de Hawái) son similares a las leyes ya aprobadas en otros estados norteamericanos. Prohíben el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores, así como toda publicidad o promoción de las mismas que las presente como un método útil para cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Los profesionales sanitarios (médicos, psicólogos u otros) que lleven a cabo estas prácticas en menores o las publiciten como efectivas se enfrentarán a sanciones que pueden acarrear la pérdida de su licencia.

La propuesta de Maryland fue aprobada por el Senado por 34 votos a 12 el pasado 24 de marzo y por la Cámara de Delegados por 95 a 27 unos días después. El gobernador republicano Larry Hogan ha anunciado que firmará la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Durante su tramitación, la delegada abiertamente bisexual Meagan Simonaire sorprendió al revelar que su padre, senador republicano, le aconsejó buscar terapia cuando se enteró de su orientación sexual. Simonaire, también republicana, hizo un llamamiento por un amplio apoyo bipartito a la medida.

En Hawái, el proyecto fue aprobado por el Senado del estado, compuesto solo por demócratas, por 24 votos a favor y solo uno en contra (el de Mike Gabbard, conocido por sus posiciones LGTBfobas). Posteriormente recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde solo recibió dos votos en contra (de sendos republicanos). Durante su tramitación se introdujeron enmiendas para que la prohibición se extienda no solo a las «terapias» que pretendan cambiar la orientación sexual de un menor, sino también las que persigan modificar su identidad o expresión de género. Solo queda pendiente la firma por el gobernador David Ige, demócrata, que se da por segura. La entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Foto: Facebook Colectivo No Te Prives

La Consejería de Educación de Murcia ha suspendido temporalmente, a petición del autodenominado «Foro de la Familia» (una de las organizaciones ultraconservadoras que más activamente se han movilizado contra el matrimonio igualitario en España) las charlas de educación afectivo-sexual y contra la LGTBfobia que desde hace años venían impartiendo en centros educativos de la región voluntarios del colectivo No Te Prives, y que recientemente la Consejería había anunciado que se expandirían en el marco de un programa conjunto. La consejera Adela Martínez-Cachá ha accedido a la petición del grupo ultraconservador dee que antes de las charlas se recabe el consentimiento expreso de los padres, que previamente deberán conocer de forma detallada su contenido. 

La consejera de Educación Adela Martínez-Cachá

Según informa el diario La Verdad, el pasado miércoles la consejera de Educación de Murcia mantuvo una reunión de la que por cierto la Consejería no informó ese día con el presidente del Foro de la Familia, Alfonso Galdón. Según ha expresado esta organización en un comunicado, la consejera accedió a sus peticiones e incluso les pidió disculpas. «Aceptamos las disculpas de la consejera, que ha reconocido que no se requirió el consentimiento expreso a los padres en ningún momento, vulnerando sus derechos constitucionales», expresa la organización ultraconservadora. «Nos ha asegurado [en referencia a la consejera] que utilizará el documento presentado por esta institución para requerir el consentimiento expreso de los padres para recibir formación de este tipo, y será obligatorio que los padres conozcan con detalle el contenido de las charlas o actividades en las que participarán sus hijos», añade.

Alfonso Galdón

Galdón se llena la boca asegurando que el Foro de la Familia no ha actuado contra ningún colectivo sino en defensa de “los derechos constitucionales y libertades fundamentales de los padres, en concreto el de educar en libertad y conciencia a sus hijos“. Pero protestan solo cuando esa educación atañe a la libertad, salud y seguridad (derechos humanos) del colectivo LGTB. Algo en lo que, según parece, el Foro de la Familia y el gobierno del PP de Murcia creen que es mejor que los chavales no aprendan si sus padres no lo autorizan. ¿Quién va a querer que a su hijo lo eduquen en la prevención del acoso y el bullying, o en el respeto y la tolerancia ante la diversidad sexual?

No Te Prives ya venía impartiendo este tipo de charlas en institutos desde el año 2010, siempre después de que los centros lo solicitasen, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. El pasado 17 de abril, sin embargo, la Consejería anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives, a través de una serie de charlas y talleres. El programa incluye además formación y asesoramiento para el profesorado. «La Región es una comunidad avanzada donde apostamos por los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad y es importante inculcar a nuestros alumnos principios que favorezcan la no discriminación y el respeto a la diversidad», declaraba entonces la consejera de Educación.

Sin duda, una magnífica noticia… si no fuera porque el entusiasmo de la consejera en favor del respecto a la diversidad ha durado poco más de una semana. Resulta sencillo de entender que, al ceder a las exigencias de los ultraconservadores y condicionar la asistencia a este tipo de charlas al consentimiento ideológico de los padres, el programa queda absolutamente desnaturalizado. Como bien declaraba a La Verdad el presidente de No Te Prives, Jesús Costa, «los contenidos de las charlas están recogidos en la LOMCE, por lo que no es necesario solicitar autorización alguna». Costa ha lamentado que la Consejería no les informase de la decisión.

Pues Adela. Ella lucha contra la discriminación, el acoso y el bullying como solo una Consejera de Educación puede hacerlo: yendo a un concierto.

Gracias a los más de 3.000 alumnos y docentes que nos acompañaron anoche en el primer concierto contra el acoso escolar ❤️ #NoTeCallesRM pic.twitter.com/3deTDc4v63

— Adela Martínez-Cachá (@AdelaMCacha) 28 de abril de 2018

Porque todos sabemos que la mejor forma de luchar contra el acoso es organizar un festival y no educando a los chavales y chavalas. ¿Pediste autorización a todos los padres de los menores que estaban en ese concierto para que asistieran, Adela, o crees que la lucha contra el acoso escolar es algo básico que se ha de enseñar a los alumnos?

Ya tenemos a los primeros alumnos de la @regiondemurcia esperando para el I Concierto Contra el #AcosoEscolar . ¡Nos vemos a las 20.30h!👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/87jfp0jV8Y

— Adela Martínez-Cachá (@AdelaMCacha) 27 de abril de 2018

La ley regional contra la LGTBIfobia, ¿papel mojado?

La decisión resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de la ley murciana…

Murcia está gobernada por el Partido Popular, que pese a perder en las últimas elecciones autonómicas la mayoría absoluta de la que gozaba cuenta con el respaldo parlamentario de Ciudadanos, a losque poco parece importarles que medios ultracatólicos  difundan noticias como las que siguen:

Captura de la web Religión en Libertad

Le dan legitimidad a personas que llaman “lobby” a organizaciones que luchan por tus derechos y por tu igualdad; a personas que voluntariamente ofrecen su tiempo y esfuerzo para que los jóvenes LGTB tengan toda la información que necesitan para no sufrir acoso y poder expresarse en libertad.

Y,  Adela, y su partido aceptan de buen grado que organizaciones que llaman “doctrina” al cortometraje In A Heartbeat decidan que nuestra seguridad y nuestro conocimiento no tiene cabida en las aulas…

Fuente  La Crónica del Pajarito, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la «Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación», una norma que aborda de forma integral la realidad de las personas trans en el ámbito normativo y competencial aragonés. Lo ha hecho, además, por unanimidad, y dando respaldo a un texto en el que han participado activamente colectivos trans y LGTB aragoneses.

Los grupos parlamentarios han trabajado durante casi diez meses la propuesta, remitida en julio a las Cortes por el Gobierno aragonés (una coalición de PSOE y Chunta Aragonesista que cuenta con apoyo parlamentario de Podemos), aunque el texto había sido trabajado por organizaciones como Chrysallis, Towanda o SOMOS LGTB+ (entre otros).

Durante su tramitación parlamentaria se han estudiado más de 80 enmiendas de todos los partidos (los ya mencionados PSOE, CHA y Podemos, además de PP, Partido Aragonés, Ciudadanos e IU). Finalmente, este jueves la cámara aragonesa daba su visto bueno de forma unánime al texto propuesto por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, al que puedes acceder aquí. SOMOS LGTB+, unos de los colectivos que ha contribuido, lo celebraba en Twitter, donde publicaba además algunas fotos de la alegría de los activistas presentes:

Se ha aprobado por unanimidad la Ley Trans de la Comunidad de Aragón!!! Enhorabuena y gracias! 💙💗💙💗💙💗 pic.twitter.com/ySMKmWJTs4

— SOMOS (@SOMOSLGTB) 19 de abril de 2018

La nueva ley incorpora el principio de autodeterminación de género y supone la despatologización de las identidades trans en el ámbito competencial de la comunidad autónoma. Reconoce, por ejemplo, el derecho a una documentación adecuada a la identidad de género manifestada en las relaciones con la Administración pública aragonesa. También regula la atención sanitaria a las personas trans en el servicio aragonés de salud e incorpora numerosas medidas a nivel educativo, laboral y empresarial, social y familiar y en campo del ocio, la cultura y el deporte.

Por lo que se refiere a los menores trans, en concreto, la ley aragonesa les reconoce el derecho a recibir el tratamiento médico que precisen para su bienestar. En menores de 14 años el consentimiento lo deberán prestar sus padres o tutores legales, aunque los menores tendrán que ser escuchados. En mayores de esa edad lo prestarán ellos mismos (salvo que estén legalmente incapacitados), con la mera asistencia de sus padres o tutores legales, que podrán en cualquier caso recurrir a la justicia en caso de que consideren que existe un perjuicio. La ley establece, en este sentido, que toda intervención pública deberá estar presidida por el criterio de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre desarrollo de su personalidad conforme a la identidad autopercibida.

La ley incorpora también un apartado dedicado a las personas intersexuales, estableciendo de forma expresa que el sistema sanitario público velará por la erradicación de las prácticas de modificación genital en bebes recién nacidos, salvo que ello sea imprescindible para proteger su salud.

El texto incorpora un capítulo sancionador que enumera una serie de infracciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas trans e intersexuales. Las posibles sanciones van desde el apercibimiento o multa de 200 a 3.000 euros (infracciones leves) hasta las multas de 20.001 hasta 45.000 euros, que pueden ir acompañadas de la prohibición de acceder a ayudas públicas o de la inhabilitación temporal para prestar servicios públicos por un periodo de hasta tres años (en el caso de las sanciones muy graves).

Leyes autonómicas de transexualidad 

La aprobación de la nueva ley aragonesa es una buena noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana.  última de las leyes integrales de transexualidad aprobadas. Hay además leyes de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTB que, no siendo específicas de transexualidad, sí que incluyen muchos de los aspectos recogidos en las leyes integrales mencionadas (es el caso de la ley extremeña, la catalana, la murciana o la balear). El siguiente mapa te las muestra de un vistazo:

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

¿Y a nivel estatal?

En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo) y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal. Una ley que en 2007 significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto ya desfasado.

A este respecto, el Congreso tramita en estos momentos una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas.

Fuente Dosmanzanas

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Hace ahora un año adelantábamos que Madrid contaría con una plaza de la Memoria Trans en pleno barrio de Chueca. La propuesta partió de Ahora Madrid y contó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos en la Junta Municipal del Distrito Centro (el Partido Popular prefirió abstenerse). Formalmente aprobada el 21 de septiembre de 2017 por el pleno de la Junta Municipal de Centro, no fue hasta el 4 de abril cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid le dio su visto bueno definitivo.

La ya oficialmente “Plazuela de la Memoria Trans” se ubica en el cruce de las calles San Gregorio y San Lucas, a algo más de cien metros de la emblemática Plaza de Chueca. Es un espacio arbolado, en el que se sitúa un pequeño parque infantil, que hoy día carece de nombre diferenciado, pese a ser un cuadrado bien definido. El grupo municipal de Ahora Madrid propuso en su momento llamarlo Plaza de Alan Oliveira Costa, el joven adolescente trans cuyo suicidio en Rubí (Barcelona) en diciembre de 2015 supuso un auténtico mazazo para el colectivo LGTB. La familia, sin embargo, no estaba de acuerdo, motivo por el cual se modificó la propuesta para convertir la plaza en un homenaje genérico a todas las personas trans víctimas del odio y la intolerancia.

La placa que hará visible el nombre de la plazuela a los viandantes se instalará en un acto público el próximo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. También se pondrá una placa conmemorativa con los nombres de destacadas víctimas de la transfobia, entre ellas el mencionado Alan.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Ahora Madrid, Alan, Ayuntamiento de Madrid, Chueca, Ciudadanos, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Memoria Histórica, PP, PSOE

El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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El PP vota contra una iniciativa del Parlamento Vasco que pide la destitución de la jueza si no se retracta de sus declaraciones homófobas. 

¿Dónde están los de #YoSoyGayYdelPP?

El Parlamento Vasco ha debatido sobre el tema del nombramiento de María Elósegui en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa señora jueza que decía que “la homosexualidad produce patologías”… y ha manifestado su apoyo a la iniciativa de 75 eurodiputados que instan al Tribunal a revocar su nombramiento en caso de que no se retracte de sus declaraciones. Asimismo, en una declaración firmada de forma conjunta por Elkarrekin Podemos, PNV, PSOE-EE y EH Bildu han mostrado su “total discrepancia con las declaraciones” realizadas por esta señora. Y, por supuesto, con el voto en contra… del PP

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Recordemos que para la jueza, los homosexuales hemos implantado la promiscuidad como estilo de vida y eso lleva “no solo a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, sino también a la aparición o el aumento de patologías piscosexuales” asegurando entre otras muchas barbaridades que “el consumo de pornografía y la promiscuidad son síntomas de retrato psicosexual que requieren un diagnóstico.”

Tras el revuelo causado por su nombramiento, aseguró con soberbia que no pensaba moverse de su puesto. Claro que nada de esto impidió que el PP de La Rioja la invitara a colaborar en la ley trans de la Comunidad. Y el año que viene llorarán otra vez si no les invitan al Orgullo.

Fuente | La Vanguardia, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Duda disipada: el Gobierno de Baviera anunció el martes que no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo el año pasado en Alemania. El Ejecutivo del Land, gobernado con mayoría absoluta por los socialcristianos de la CSU, ha decidido que un recurso de este tipo tenía muy pocas posibilidades de prosperar. El Tribunal Constitucional alemán, de hecho, ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI.

En junio de 2017, el Bundestag alemán aprobaba el matrimonio igualitario en una votación histórica. Pero poco antes de su entrada en vigor en octubre de 2017, el Gobierno del estado federado de Baviera anunciaba que exploraría la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. Basaron su decisión en el argumentario habitual de los conservadores: según ellos, la Ley Fundamental alemana excluye a las parejas del mismo sexo cuando habla de la “protección especial del matrimonio y la familia”. El Ejecutivo socialcristiano de Horst Seehofer (CSU) encargó entonces un dictamen legal para decidir sobre la idoneidad de recurrir la norma.

Cinco meses después han llegado las conclusiones. Los expertos consultados han determinado que las posibilidades de que prosperara un recurso eran muy escasas, entre otros motivos porque los cambios sociales han superado la visión del matrimonio como una institución exclusiva de las parejas de distinto sexo. También apoya su decisión la propia trayectoria del Tribunal Constitucional, que ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI, ante la pasividad de los diferentes Gobiernos de Angela Merkel. Tras conocer las recomendaciones del dictamen, la Administración de Seehofer votó mayoritariamente (pero no por unanimidad) en contra de presentar el recurso de inconstitucionalidad.

El sector favorable a recurrir teme una pérdida de votos hacia la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) por parte del sector más conservador del electorado de la CSU, con la vista puesta en las elecciones regionales del próximo octubre. Mientras que la fracción más pragmática pide confiar en la opinión de los expertos, que recuerdan también que ningún Tribunal Constitucional o institución equivalente en otros países ha anulado, por ahora, una ley de matrimonio igualitario en vigor. Un ejemplo es el de España, que rechazó el recurso del PP contra la norma 13/2005 por ocho votos a tres en noviembre de 2012.

Según la ley alemana, pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad el Gobierno federal, el de un Land o al menos una cuarta parte de los diputados del Bundestag. Baviera es el único estado federado con un Gobierno monocolor: la CSU, partido hermano de la CDU de Merkel, tiene mayoría absoluta desde las elecciones de 2013. La presencia de formaciones favorables al matrimonio igualitario en el resto de Ejecutivos regionales aleja cualquier otra posibilidad de llevar la medida ante el Constitucional. El grupo parlamentario de la AfD en el Bundestag, a pesar de su beligerante oposición a la igualdad LGTBI, no alcanza la cifra necesaria de escaños para recurrir la medida.

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El Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

• A favor:
  • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
    • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
  • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
    • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
• En contra:
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
• Abstenciones:
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Tras decaer la enmienda a la totalidad del PP, la Ley LGTBI continúa el trámite parlamentario con 287 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos.

Podemos retira de la ley las multas por ofensas LGTBfóbicas en redes sociales porque valoran muchísimo la libertad de expresión.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual o el Centro Nacional, Ángeles Álvarez, Ciudadanos, ERC, Ley de violencia contra las mujeres, Memoria Histórica LGTBI, PNV, PP, PSOE, Unidos Podemos

La Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.

La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI fue registrada el pasado mes de mayo, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Desde entonces la Mesa del Congreso ha decidido una docena de veces ampliar el plazo de presentación de enmiendas, generando una situación de bloqueo que se ha prolongado varios meses. El PP decidía finalmente presentar una enmienda a la totalidad y proponía como alternativa una ley “florero”, consistente en una mera declaración de intenciones sin medidas efectivas ni capítulo sancionador. El pasado día 22 el pleno del Congreso rechazaba la enmienda popular por 207 votos contra 131. Se abría entonces un nuevo plazo de enmiendas al articulado que finalizaba este martes y que la Mesa del Congreso ya no ha prolongado. La proposición queda por fin lista para su discusión.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

Posteriormente, y de la misma forma que describíamos antes, la Mesa del Congreso ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso). Hasta este martes, cuando se ponía fin a este periodo sin que se haya presentado ninguna enmienda a la totalidad, abriéndose ahora el plazo de enmiendas al articulado que finaliza el 6 de marzo. Un plazo que en buena lógica no debería ampliarse más, dado que se trata de una proposición de ley más sencilla que la anterior. Así lo destacaba en Twitter Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que lleva más de un año batallando por la aprobación de esta reforma:

Hoy #Extremis con la presión de colectivos x fin se ha cerrado plazo enmiendas a totalidad #ReformaLeyTrans2007, paralizada en 1º fase con 5 ampliaciones, ahora se abre plazo enmiendas articulado hasta 6 marzo, tiempo + q sobrado para Ley 3 paginas, menores no pueden esperar + ¡ pic.twitter.com/hXLroWkWfQ

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 27 de febrero de 2018

En definitiva, después de meses de espera ambas proposiciones de ley encaran su recta final. Las dos iniciativas consiguen por fin zafarse del bloqueo legislativo que sufre el Congreso, facilitado por la composición de la Mesa: tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, este órgano, que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

En definitiva, ante la negativa del PP a permitir que se discutan numerosas iniciativas de la oposición, es Ciudadanos quien tiene la llave. La decisión de los de Albert Rivera de marcar en este momento distancias con el PP, permitiendo el desbloqueo de varias proposiciones (como por ejemplo la de la reforma de la conocida como “ley mordaza”) ha sido clave.

Seguiremos con atención la próxima evolución de ambas iniciativas (que por cierto no deben confundirse con otra proposición más reciente, la de ley integral de transexualidad registrada la pasada semana por Unidos Podemos, y de la que hablaremos en una próxima entrada).

Fuente Dosmanzanas

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En una entrevista publicada por La Otra Crónica, Javier Maroto asegura que en el Partido Popular hay muchos gais y lesbianas porque lo de ser LGTB+ y de izquierdas es “un cliché”.

Afirma que si no fuera por el PP no habría tantos avances en materia de igualdad LGTB+, aunque en realidad el PP siempre ha estado en contra de esos avances.

Javier Maroto: “Si todos los gais fueran de izquierdas no habría ni matrimonio igualitario”

El PP de Javier Maroto y Andrea Levy mantiene la “Utilidad Pública” de Hazte Oír

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Gravísimo: El Consejo de Europa pone a Albiol y Maroto como ejemplos de políticos xenófobos

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“Es tan bueno que me ha enseñado a no mentir”, asegura Javier Maroto en una entrevista a la sección “La Otra Crónica” de El Mundo. Se refiere a su marido, con el que contrajo matrimonio en 2015. Y es que actual vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular es desde hace años, ya cuando era alcalde de Vitoria, un político gay visible, aspecto que siempre hemos alabado en esta página. Ahora bien, Maroto se equivoca en una cosa: su marido no le ha enseñado “a no mentir”. Porque el diputado popular es un mentiroso redomado, y lo vuelve a demostrar, una vez más, en la mencionada entrevista.

Preguntado sobre la posición de su partido sobre el matrimonio igualitario, (“su partido barajó quitar la ley”, le comenta el periodista), Maroto responde: “No. Mira, esa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra ‘matrimonio’”.

“¿Qué opina usted?”, le pregunta el periodista. “Yo lo llamo matrimonio porque se llama matrimonio. Pero el PP dijo que no nos gustaba el nombre y lo recurrimos. Creo que fue una decisión equivocada. En todo caso, lo más importante que se dijo es: ‘A pesar de tener mayoría absoluta y podemos cambiarlo, respetaremos lo que diga el Tribunal Constitucional’. El Tribunal Constitucional dijo que matrimonio es la palabra adecuada y el PP de Mariano Rajoy dijo que ese derecho se queda con ese nombre, teniendo mayoría absoluta”, responde Maroto.

Cómo se consiguió el matrimonio gay

Sí, así de grande lo ponemos porque, como dicen en Estoy Bailando, si Maroto se leyera este artículo de El País que repasa la historia que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en España vería que el contrato de unión civil aprobado en 1999 en Francia se consideraba un avance, sí, pero también “un matrimonio de segunda“. «Así que si vas a defender ahora que recurrir el matrimonio en España “porque (el PP) creía que no debía compartir el nombre con el sacramento católico” (lo que te parece una “chorrada” porque “las cosas se llaman como se llaman en la calle“) fue un error, no le eches flores a Aznar cuando sabes perfectamente que lo que proponía tu partido en esa época era una mierda pinchada en un palo.»

En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira. En 2015 fue en la cadena COPE, poco antes de su boda. Luego en la cadena SER. Y probablemente en más lugares. Es radicalmente falso que el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el matrimonio igualitario fue una mera cuestión nominalista. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por su partido, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer “la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor”.

El PP también defendía en su recurso que “no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual”. El recurso llegaba a hacer una alambicada argumentación para asegurar que la adopción homoparental era inconstitucional porque (reproducimos literalmente) “el art. 39.2 CE también contempla la protección de las madres, protección que beneficia a la familia. En el caso de la adopción conjunta por una pareja homosexual dicha protección deviene imposible puesto que o bien nos encontramos con dos madres, o bien con ninguna. Ello, además de repercutir necesariamente sobre los hijos adoptados, supondría una discriminación de las familias por razón de sexo prohibida por la Constitución”.

Solamente este hecho, incontestable, nos faculta para llamar una vez más mentiroso a Maroto. Y mentiroso a sabiendas (en la mencionada entrevista a la cadena SER el político vasco presumió precisamente de “saber lo que decía el recurso”). La defensa del argumento nominalista, en cualquier caso, no se sostiene. La Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no fue una ley de “matrimonio homosexual” que otorgara a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que abrió el matrimonio, que de forma expresa es un derecho constitucional en sí mismo, a las parejas del mismo sexo. La modificación legal fundamental consistió solo en añadir 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Resultaba por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio, dado que el cambio legal consistió precisamente en reconocer el derecho constitucional al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Al respecto del carácter mentiroso de Javier Maroto, y aunque este aspecto no se mencione en la entrevista, no podemos dejar de mencionar el hecho de que el político popular no tuviera el menor pudor en estampar su firma en el documento de compromiso con la FELGTB que permitió al propio Maroto y a Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que ese año coincidía con la celebración del World Pride. Un compromiso que después su partido ha incumplido de forma flagrante.

“Si todos los gais fueran de Izquierda Unida no hubiésemos avanzado”

La entrevista de Maroto en El Mundo está plagada de otras muchos insultos a la inteligencia de los lectores, como su aseveración de que “si todos los gais estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo” (cuando Izquierda Unida es una de las formaciones políticas que de forma más clara ha apoyado el avance de derechos en materia LGTB) o su defensa de las políticas de Alberto Núñez Feijoo en Galicia, comunidad donde el PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar una ley LGTB desprovista de capítulo sancionador y que en la práctica es poco más que una mera declaración de buenas intenciones.

La última de las afirmaciones de Maroto a la nos referiremos es la que asegura que “No hay más que mirar las nuevas juventudes del PP. Si es que hay muchísimos gais y lesbianas en el PP. Es un partido atractivo para ellos”. En este punto no tenemos por qué presuponer que miente. Es más, posiblemente dice la verdad: hay muchos gais en el PP. Y también lesbianas. Un buen ejemplo es el de Miriam Blasco, la hipócrita deportista que siendo senadora popular votó en 2005 contra la ley de matrimonio igualitario… de la que después hizo uso en su vida privada.

Otra cosa es la opinión que nos merezcan, especialmente si como Maroto insisten en falsear el pasado para blanquear a su partido y hacer olvidar lo mucho que costó conquistar los derechos que ahora disfrutamos. También ellos.

Y continúa certeramente EstoyBailando: «No te casaste gracias a Aznar. Ni gracias al PP. Te casaste gracias a los partidos de izquierda que se atrevieron a hacer lo que ni tú ni los tuyos habéis hecho nunca: tratarnos con igualdad. Y te lo digo porque a lo mejor se te ha olvidado, queridísimo Javier, que hace unos días presentasteis una propuesta de “Ley LGTBI” que era un insulto. Porque en vuestro afán de distanciaros de cualquier cosa que huela a izquierda habéis tenido la poca vergüenza de pretender que se apruebe un texto que dice defender al colectivo LGTBI a la vez que defendéis “terapias de conversión”.

«Qué pena que aún creas que puedes tomarnos el pelo. Porque entonces sabrías que a la pregunta: “¿Cree que podría haber en España un presidente del Gobierno homosexual”?, la respuesta no es un “Tiene que ser buen presidente, qué más da con quién se acueste“. Eso, Javier, es un cliché. Lo que define al colectivo LGTB+ no es únicamente con quién nos acostamos, es también cómo nos desarrollamos en una sociedad que nos discrimina y en la que hemos de luchar con uñas y dientes para tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Algo que a ti, evidentemente, no te pasa.

Porque a mí sí me importa con quién se acuesta un político. Esto no es una cuestión de programas electorales… es una cuestión de orgullo y dignidad. Y sé que, por ejemplo, un presidente gay del gobierno (si tiene la dignidad que a ti te falta), se atreverá a hacer lo que otros políticos cobardes no se atreven: luchar por la igualdad.

Aplícate el cuento.

P.D.: No quiero irme sin hablarte de otro cliché. Aunque éste es real: la homofobia en tu partido. Tienes una pequeña recopilación aquí…»

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Núñez Feijoo, Andrea Levy, Discriminación, El Mundo, Entrevistas, Homofobia, IU, Javier Maroto, La Otra Crónica, Miriam Blasco, PP, Tribunal Constitucional, World Pride 2017

Los parlamentarios han recordado en sus intervenciones a Ekai, el joven trans que se suicidó el pasado 15 de febrero en Ondarroa (Vizcaya)  y han deseado que no haya más víctimas por ese motivo.

La Ley de Igualdad LGTB podría ver la luz este verano, a tiempo para la celebración del Orgullo.Se hicieron la foto en el WorldPride Madrid 2017.

Prometieron apoyar la ley contra la LGTBIfobia… pero a la hora de la verdad han presentado una enmienda a la totalidad. El Partido Popular ha jugado, una vez más, con el colectivo LGTBI. Pero, esta vez, han perdido. Se han quedado solos. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado a la proposición de Ley de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, que continúa así su tramitación.

El Pleno aprobó la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 19 de septiembre de 2017, pero el Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad de esta iniciativa que ha defendido hoy en Pleno, con un texto alternativo que es el que hoy se ha votado con resultado desfavorable para el PP.

El Congreso, con el voto de todos los grupos de la oposición, ha rechazado el texto alternativo del PP a la ley LGTBI de Podemos, por considerar que es una propuesta vacía y ofensiva para las víctimas, como Ekai, el adolescente transexual que se suicidó en Euskadi.

Durante el debate el Pleno del Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición han pedido al PP que retire su enmienda a la totalidad, que ha obtenido 207 votos en contra y solo 131 a favor, y han propuesto que presente sus propuestas de cambio a través de enmiendas a la ley de Igualdad LGTBI.

Representantes de la FELGTB, que han asistido al debate aunque se han retirado durante la intervención del PP, han celebrado que haya “triunfado la razón y el sentido común”, porque suponía una “ofensa”, especialmente para el colectivo trans porque no reconoce el “derecho histórico” a que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad.

Su presidente, Jesús Generelo, ha subrayado que “esta enmienda a la totalidad no debería de haberse producido nunca porque había un gran consenso”.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha justificado que su partido haya rechazado la proposición de ley LGTB de Podemos por las «barbaridades» que incluye, como la de permitir cerrar medios de comunicación que difundan algo en contra del colectivo.

En los pasillos del Congreso, Maroto ha asegurado que el PP «no tiene ningún problema» con el colectivo LGTB pero la propuesta de Podemos «se equivoca» en algunas cuestiones, y ha reprochado al PSOE y Cs por apoyar la iniciativa pese a que en privado están de acuerdo en los errores que incluye.

Entre ellos se ha referido a la posibilidad de poder cerrar medios de comunicación que «digan algo en contra del colectivo», y también ha criticado que el texto incluya la posibilidad de quitar la custodia a los padres que no autoricen a sus hijos el cambio de género, ya que se trata de cuestiones «muy importantes» que se «deben tratar en familia».

El PP se ha quedado hoy solo como único partido contrario a la propuesta de Podemos y ha visto como el resto del arco parlamentario ha rechazado su enmienda a la totalidad.

Una enmienda que Maroto ha destacado porque incluía una proposición alternativa, que era además, ha dicho, la primera del PP sobre el colectivo LGTB, al que su partido, ha asegurado, defiende.

La ley en defensa del colectivo LGTBI sigue, por tanto, su trámite parlamentario. Y no gracias al PP. Que no se le olvide a nadie cuando en el próximo Orgullo quieran desfilar, tener carroza y hacerse la foto.

La #LeyIgualdadLGTBI de los colectivos #LGTBI, #ONGS y sindicatos ha dado hoy gran paso adelante. La enmienda a la totalidad de @GPPopular no ha entrado a trámite. Gracias a todxs pic.twitter.com/wkdXpZ5FQr

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 22 de febrero de 2018

Fuente Agencias, vía AmbienteG

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