CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Congreso de los Diputados, Discriminación, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, Kenia, LGTBfobia, PP, Tribunal Superior de Justicia (Kenia)

ACTUALIZACIÓN (23/02/2018)

Finalmente, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido volver a ampliar el plazo de enmiendas de la reforma de la Ley 3/2007 hasta el 27 de febrero. Es ya el quinto aplazamiento desde el pasado mes de noviembre. Recordamos que, mediante dicha reforma, se permitirá la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, se modificarán las exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo (despatologizando la transexualidad) y se posibilitarán medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España (página 11 del PDF publicado por el Congreso). La diputada madrileña y activista trans Carla Antonelli insiste en la idea del “secuestro para una ley de dos páginas de artículos”, con los votos del PP y Ciudadanos (que tienen mayoría en la Mesa del Congreso). Antonelli también remarca que “los menores trans no pueden esperar un día más”.

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Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.

Como recogíamos en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).

En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.

En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.

Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores

La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

Registro de la proposición de ley integral de transexualidad

Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.

Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, En Comú Podem, En Marea, España, Identidad de género, Mar Cambrollé, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos

El jefe del Ejecutivo riojano ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha comunicado hoy que el Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Cámara regional la retirada de su solicitud de la comparecencia de María Elósegui como experta en la redacción de la futura Ley de Igualdad de La Rioja.

Ceniceros ha intervenido en el pleno del Parlamento de La Rioja para responder a una pregunta del diputado de Podemos Juan Calvo sobre la petición de la comparecencia de esta jurista como experta.

El jefe del Ejecutivo regional ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También ha considerado que «no debería proceder la formulación de esta pregunta» porque él acude al Parlamento a someterse al control de la acción del Gobierno. «No procede entrar en este apartado en el debate, se refiere a una determinación que ha tomado un grupo parlamentario, siempre contestaré gustosamente sobre las actuaciones del Gobierno, no de los grupos», ha recalcado.

El parlamentario de la formación morada también ha considerado «preocupante» las reflexiones de Elósegui sobre el matrimonio igualitario y que califique como «promiscuas» a las personas LGTBI. Ha emplazado a Ceniceros a manifestar su opinión sobre la homofobia y la transfobia porque la rectificación al retirar la petición de comparecencia no supone que «no opinen igual» que ella. Además, ha dicho que Elósegui tenía que haber dimitido o haber sido relevada como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sus «lamentables» opiniones y por haber «falseado» su currículum.

Por su parte, la diputada socialista Ana Santos también ha preguntado en el pleno sobre esta petición de comparecencia, por parte del PP, de Elósegui; ante lo que la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, se ha remitido a lo ya contestado por Ceniceros.

Santos, en su intervención, ha afirmado que no duda de la preparación y conocimientos de Elósegui, pero «su trayectoria está llana de prejuicios»; y ha dicho que al PSOE le «ha indignado» que el Grupo Popular designara entre los expertos a esta jueza, quien «apela a terapias psicológicas y psiquiátricas para curar la transexualidad».

Ha preguntado al Grupo Popular cómo puede ser que apoye con su voto una campaña de sensibilización y normalización de la realidad LGTBi en el Parlamento de La Rioja y, por otro lago, proponga un perfil como experta a quien mantiene «postulados discriminatorios».

Santos ha dicho que se caracteriza por su persistencia y hablará del colectivo LGTBI «hasta el último instante por los veinte años de silencio en este Parlamento».

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Santos, Asamblea del Consejo de Europa, Begoña Martínez Arregui, Ciudadanos, Discriminación, Guido Raimondi, GYLDA, Jesús Garrido, José Ignacio Ceniceros, La Rioja, Ley de Igualdad, LGTBfobia, María Elósegui, Michele Nicoletti, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidos Podemos R

Andrea Levy y Javier Maroto… memoria de pez

FELGTB: “El Partido Popular nos ha tomado el pelo”

Anteayer registró una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados 

¿#YoSoyGayYdelPP?

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), autora del texto original de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI y principal impulsora de su aprobación, expresa su más enérgica repulsa a lo que, en palabras de Jesús Generelo, su presidente, considera “la consumación de la mayor traición hacia el colectivo LGTB por parte del Partido Popular desde el recurso al Tribunal Constitucional del matrimonio igualitario”.

El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad al texto aceptado a trámite el 19 de septiembre de 2017 y que solo contó con el voto en contra de dos diputados. Con esta acción culmina el incumplimiento de su compromiso con FELGTB, ya anunciado durante la toma en consideración de la proposición. El Partido Popular se comprometió con FELGTB mediante la firma de un acuerdo el 26 de junio de 2017 a respaldar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI, que le fue entregada y presentada el 28 de septiembre de 2016. El fruto de ese acuerdo llevó a que FELGTB invitara por primera vez en la historia a la pancarta de cabecera de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI al Partido Popular, en una fecha especialmente señalada porque, este año se celebraba además por vez primera en España el Orgullo Mundial (WorldPride Madrid).

FELGTB ha analizado detalladamente la enmienda a la totalidad y la considera “una absoluta tomadura de pelo”. Según Generelo, “el PP ha improvisado un texto carente de contenido, elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado, e incluso incoherente con lo que este partido apoya en lo relativo a leyes de protección hacia las personas LGTBI en Andalucía o Extremadura. Nuestra propuesta original, que fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados en su aceptación a trámite, es un texto complejo, trabajado durante años y con 99 artículos. El PP presenta ahora una ficción de enmienda de 33 artículos que produce sonrojo”.

La enmienda a la totalidad del Partido Popular excluye asuntos clave de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI elaborada por FELGTB, como la despatologización de la transexualidad, las mejoras en los derechos de filiación o la formación en diversidad. Además, excluye lo relativo a sanciones, un aspecto fundamental para acabar con la discriminación y los delitos de odio.

“A pesar de que sabíamos del pasado de ofensas al colectivo LGTB por parte del PP, le dimos, con gran generosidad, la oportunidad de sumarse a la lucha por la Igualdad porque deseábamos sumar todos los colores políticos a la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Por ello, creíamos en su compromiso con la esperanza de que sería lo mejor para garantizar unos derechos fundamentales a un colectivo históricamente discriminado. Ahora nos encontramos con la consumación de un desprecio mayúsculo: el Partido Popular vuelve a renegar de los principios que defendimos, y que defendieron, en la manifestación del WorldPride. El colectivo LGTBI sabrá tomar buena nota de cara al futuro”, ha manifestado Jesús Generelo.

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

En el citado texto, Javier Maroto, vicepresidente Nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, se comprometía con FELGTB en nombre de su partido a «apoyar la tramitación de la proposición de “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, registrada en el Congreso de los Diputados el 4 de mayo de 2017, y asumir un compromiso firme para que el texto aprobado por el Parlamento sea, en términos generales, lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español».

El Partido Popular no solo no ha respetado el compromiso firmado sino que ha llevado a cabo la redacción de la enmienda a la totalidad completamente de espaldas a las organizaciones representantes del colectivo LGTB, en una nueva muestra de desprecio por el trabajo de los colectivos sociales. El Congreso de los Diputados votará la próxima semana si a partir de ahora el texto sobre el que se realizarán las enmiendas al articulado será la propuesta original o la enmienda a la totalidad.

Una ley con un respaldo social incontestable

Además del apoyo recibido por todo el arco parlamentario –con excepción de PP y UPN- en la votación de paso a trámite, la proposición de ley cuenta con un amplísimo respaldo social. FELGTB, la mayor organización LGTB española −compuesta por 44 entidades de todo el país− y una de las mayores de Europa, hizo público el pasado 24 de enero un texto suscrito por 26 organizaciones y sindicatos en el que se pide, entre otros aspectos, «a las diputadas y los diputados del Congreso que, durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto […] ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados».

El texto está firmado por Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).

Fuente Nota de Prensa de la FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, FELGTB, Homofobia/Transfobia, Javier Maroto, Jesús Generelo, Ley de Igualdad LGTBI, PP

Los socialistas europeos inician una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir que María Elósegui se retracte de sus comentarios LGTBfóbicos.

Si la catedrática no reacciona, el PSOE enviará una carta exigiendo la revocación del nombramiento de Elósegui como jueza del TEDH.

El Partido Popular de La Rioja ha invitado a la María Elósegui, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza cuyo pensamiento LGTBfobo saltó a los medios tras ser elegida jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales, cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención de los populares. Un detalle nos llama la atención: la invitación a Elósegui fue hecha antes de que estallase la polémica, lo que a nuestro juicio sugiere que, al menos en parte, el Partido Popular conocía sus postulados. 

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: PSOE y Unidos Podemos, por ejemplo, han pedido directamente el cese de Elósegui por el falseamiento del currículum, mientras que Ciudadanos ha criticado duramente su inclusión en la terna y ha pedido explicaciones al Gobierno. En change.org, por su parte, hay en marcha una petición de dimisión de Elósegui, dirida además a los representantes de España en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que hagan “haga todo lo que esté en su mano” para que no llegue a tomar posesión de su cargo. Y son solo algunas de las reacciones…

El PP de La Rioja ya había invitado a Elósegui como “experta” en transexualidad

Este miércoles, sin embargo, se añadía una pieza más al vodevil, al conocerse que María Elósegui ha sido invitada por el PP al Parlamento de La Rioja como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales. En noviembre, recordemos, el Parlamento riojano aprobaba la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido promovida por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y ante la que los populares preferían abstenerse.

Una invitación que según el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, fue anterior a que la LGTBfobia de Elósegui saltara a los medios. Según asegura el diario La Rioja, Garrido no ha aclarado si ahora se le retirará la invitación. “Podría ser, pero lo cierto es que no hemos tenido tiempo ni de planteárnoslo“, ha declarado. “La ahora juez de Estrasburgo supongo que tendrá una agenda muy complicada, pero lo que sí quiero dejar claro es que el criterio de elección, en su momento antes de hacerse públicas las supuestas manifestaciones que luego ha desmentido, fue por currículo científico”, añadía a este periódico.

El colectivo riojano Gylda ya ha expresado su absoluto rechazo a la presencia de Elósegui en el Parlamento regional, criticando además la actitud del PP por lo que la aprobación de la ley de transexualidad se refiere. “Gylda siempre se ha caracterizado por mantener un trato correcto con todas las fuerzas políticas y que continuaremos llevando a cabo, manteniendo reuniones, promoviendo iniciativas, etc. (…) Durante este último año, nuestra entidad ha mantenido varias reuniones con el PP, la última con su portavoz parlamentario don Jesús Garrido, en la que pudimos constatar el total desconocimiento de la realidad trans por parte de esta fuerza política, ofertándoles la posibilidad de reunirse con personas trans y especialmente, con madres y padres de menores trans para que pudieran conocer de primera mano su realidad, circunstancia que el PP no ha aceptado a día de hoy”, explican de hecho en su nota, en la que acusan además a este partido de querer dilatar los plazos para que acabe la legislatura sin que la ley sea aprobada.

En toda esta historia, lo que más nos llama la atención es el hecho de que el PP de La Rioja hubiera tramitado la invitación a Elósegui para opinar sobre una ley de transexualidad ANTES de que saltara a los medios la polémica sobre su LGTBfobia. Una circunstancia que nos hace pensar que ese partido (o al menos alguien en ese partido) era plenamente consciente de sus posicionamientos sobre el tema, “supuestamente” desconocidos por los partidos políticos hasta la semana pasada. Y es que, como ya resaltamos en la primera entrada que dedicamos al tema (un día antes que los medios generalistas) es al referirse a la transexualidad cuando Elósegui expresa sus opiniones más extremas. Nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTubede Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

Es grave que alguien como Elósegui vaya a ocupar una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es muy grave que en pleno 2018, casi trece años después de que el PP invitara a Aquilino Polaino al Senado de España para insultar a las personas homosexuales, haga lo mismo en La Rioja con las personas transexuales. Y de forma a todas luces consciente: si el PP no conocía las opiniones de Elósegui sobre las personas transexuales ¿para qué la invitó a una ley dedicada a este colectivo?

El PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Pues mientras el mismo PP invita a esta mujer a participar en la redacción de la Ley Integral Trans de la Rioja desde el PSOE han empezado una campaña a nivel europeo contra su nombramiento. Los diputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo han iniciado una recogida de firmas para exigir a Elósegui que se retracte de sus declaraciones pasadas sobre el colectivo LGTB+. Entre las cosas que esta mujer nos ha ido dedicando está, por ejemplo, su idea de que una persona trans lo que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica en lugar de vivir en contra de su “biología”, que los homosexuales no es que estemos enfermos pero sí que transmitimos muchas enfermedades y sufrimos varias patologías o que el preservativo es malo porque eso hace que los violadores violen más.

Si Elósegui no se retractara de esas declaraciones, los socialistas europeos enviarán una carta a Michele Nicoletti, presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, y a Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para exigir que se revoque su nombramiento.

Por respeto a todo lo que el colectivo LGTB+ y las mujeres han sufrido y siguen sufriendo por culpa de personas con las ideas de Elósegui su nombramiento ni siquiera debería haber sido propuesto.

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea del Consejo de Europa, Ciudadanos, Discriminación, Guido Raimondi, GYLDA, Jesús Garrido, La Rioja, LGTBfobia, María Elósegui, Michele Nicoletti, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidos Podemos

Fuensanta Lima, Juan Carlos Suffo y Francisco Javier López, en rueda de prensa en materia LGTBI

Los socialistas exigen al PP de Torremolinos “que abandone el paripé de hacerse la foto en el Orgullo y abracen el compromiso de trabajar por un Torremolinos más respetuoso y diverso del que ellos dejaron”.

El secretario de Diversidad y LGBTI de PSOE Málaga, Carlos Suffo, ha manifestado su rechazo al comunicado que ha hecho el PP de Torremolinos en Facebook, donde los populares definen el turismo LGTBI del municipio como de “baja estopa” y “que ahuyenta el turismo familiar”, algo que los socialistas han tachado de actitud “homófoba”.

Suffo ha señalado que “en un marco incomparable en lo que a materia LGTBI se refiere, con la reciente aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación de personas LGTBI y sus familias de Andalucía” y ante el trabajo que el PSOE viene realizando de manera integral y transversal con los movimientos sociales y la ciudadanía para garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades para este colectivo, “no podemos permitir que en pleno siglo XXI el PP de Torremolinos siga anclado en el pasado en este asunto”.

“El Gobierno socialista de Torremolinos es un ejemplo palpable de este compromiso con las personas LGTBI, ya que desde que José Ortiz es alcalde la relación con las asociaciones y con los empresarios de este colectivo ha sido fluida y productiva. El apoyo y promoción del turismo LGTBI es una de las prioridades en la agenda del Ayuntamiento de Torremolinos, teniendo en cuenta que este municipio es un icono internacional de este tipo de turismo y que mientras estuvo gobernando el PP, nunca gozó de buena salud y sufrió la desidia y el abandono de sus gobernantes”, ha dicho.

“Es inadmisible la carga de homofobia y clasismo que hay en las palabras del PP cuando habla de que los “Gays serios y formales” no están de acuerdo con el turismo LGTBI que promueve el Ayuntamiento de Torremolinos”, ha subrayado Suffo, añadiendo que “es aún más alarmante la separación que hacen entre el turismo de familia y el LGTBI, cuando cada vez son más las familias homoparentales que buscan destinos de vacaciones como Torremolinos”. “Las familias también son diversas y la normalización pasa por la visibilidad y convivencia de diferentes modelos familiares y de personas”, ha dicho.

Finalmente, el secretario de Diversidad y LGTBI del PSOE de Málaga ha pedido al PP de Torremolinos “que abandone el paripé de hacerse la foto en el Orgullo y abracen el compromiso de trabajar por un Torremolinos más respetuoso y diverso del que ellos dejaron”, añadiendo que “Pepe Ortiz ha devuelto el brillo y la categoría de icono LGTBI a la ciudad de Torremolinos, algo que es un hecho indiscutible”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Francisco Javier López, Fuensanta Lima, Homofobia/Transfobia, José Ortiz, Juan Carlos Suffo, Málaga, PP, PSA (PSOE), PSOE, Torremolinos

Al parecer, el Partido Popular de Torremolinos distingue entre “gais serios y formales” y gais “de baja estopa” (decimos estopa en lugar de estofa por respetar el original…). Así se deduce del texto publicado en su Facebook, en el que criticaba la gestión turística del Ayuntamiento de la ciudad malagueña, gobernado desde 2015 por el PSOE andaluz tras perder el PP la mayoría absoluta y obtener el respaldo de Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida.

Ha sido el periodista Alberto Gómez el que nos ha hecho descubrir algo que… no nos ha sorprendido nada. Alberto ha publicado en su Twitter una nota de prensa enviada por el equipo del Partido Popular de Torremolinos en la que analizan los resultados turísticos de Torremolinos en 2017. Según el Partido Popular el turismo en Torremolinos está fatal. Dicen que la culpa es del PSOE, de haber perdido la segunda mejor feria turística de España, de haber eliminado el Campeonato de Europa de Baile que atraía a 5000 personas, de haber dejado decaer el Palacio de Congresos y las instalaciones deportivas. Echan también la culpa a haber dejado de lado a FITUR… Y al final se preguntan si el declive del turismo en la ciudad no es también culpa de los homosexuales. Pero de los homosexuales malos. De los que dan vergüenza. De las travestis, los que tienen pluma… Vamos, de la chusma:

En una nota de prensa, el PP de Torremolinos distingue entre gays «serios y formales» y el resto y asegura que el turismo LGTBI «ahuyenta el turismo familiar». Año 2018. @PPMalaga @PPopular pic.twitter.com/kMbMMhfGbR

— Alberto Gómez (@agalmendres) 25 de enero de 2018

En primer lugar, el texto de la polémica, tomado literamente de la mencionada entrada en Facebook:

¿A quién le puede extrañar si es que no nos acordamos que el PSOE suprimió de raíz las promociones que hacíamos en las capitales de provincia de toda España? ¿O que hemos tirado por la borda EUROAL, la segunda mejor Feria Turística de España después de FITUR? ¿O que hemos eliminado el Campeonato de Europa de Baile que atraía a 5.000 personas durante una semana ¿O el decaimiento de eventos en nuestro Palacio de Congresos? ¿O el fuerte descenso de turistas que han dejado de utilizar nuestras instalaciones deportivas por el pésimo mantenimiento de las mismas? ¿O la supresión de la promoción en FITUR cuyo eco se reflejaba durante tres días en TV1, Antena 3 y Tele 5? ¿O promocionar solo un turismo Gay de baja estopa que ahuyenta el Turismo Familiar y rechazan los propios Gays serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos?

En este punto, conviene recordar la actuación del PP cuando aún gobernaba Torremolinos. Fue en 2014, cuando el Ayuntamiento prohibió la celebración del “Orgullo Solidario”, un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas LGTB y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que estos artistas “no dan buena imagen”. Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del “Día Internacional del Transformismo” con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde, Pedro Fernández Montes, que sigue siendo a día de hoy presidente del PP local, que vive en cualquier caso una fuerte división entre sus partidarios y los de  Margarita del Cid, recientemente confirmada como próxima candidata popular a la alcaldía.

Se da la circunstancia, además, de que desde la actual corporación municipal en efecto se ha hecho un esfuerzo de promoción del turismo LGTB, que por otra parte es tradicional en Torremolinos desde hace décadas. Torremolinos ha participado en las últimas ediciones de FITUR LGBT y fue sede a finales del año pasado del I Encuentro Internacional de Turismo LGTBI de Andalucía. Una promoción que por lo que parece no es del agrado de los populares de la localidad (lo que no deja de ser sorprendente, si se tiene en cuenta la supuesta defensa del empresariado de la que los conservadores presumen…).

Ante el revuelo que el texto publicado en el Facebook del PP ha levantado, el propio partido ha publicado una especie de “rectificación” en la misma red social, firmada por el propio Fernández Montes, que (cómo no) asegura tener amigos gais… La reproducimos, también literalmente:

Quiero salir al paso de las interpretaciones que se han dado sobre la promoción de turismo Gay de baja estopa que no tiene otro sentido que turismo barato, que es lo único que el ayuntamiento ha promocionado en FITUR, lo que ha sido objeto de crítica general incluido Gays que viven en Torremolinos .

Nada de homofobia, desde muy joven he convivido en Torremolinos con amigos y conocidos Gays y de hecho en la anterior legislatura tuve una concejala Gay y en las listas de 2015, figuraban tres personas Gays.

Lo que no quiero para Torremolinos es un turismo Low Cost , sino que se debe promocionar toda clase de segmento turístico incluido LGTB, siempre dirigido a una clase media o alta porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el hecho de que de cada cuatro españoles que pernoctaron en Torremolinos en 2016, uno ha dejado de venir en 2017.

Lamento si alguien se ha sentido aludido.

Casi que preferimos no opinar…

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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A partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo”

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

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El Parlamento de La Rioja ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular, que ya no dispone de la mayoría absoluta en la cámara riojana, ha preferido abstenerse. 

La Rioja, una comunidad atrasada respecto a otras por lo que al reconocimiento de los derechos LGTBI a escala autonómica se refiere, da un paso de gigante con la tramitación de la iniciativa. Es sin duda una excelente noticia, que esperamos se vea culminada tras el correspondiente proceso parlamentario. Representantes de los colectivos Marea Arcoíris, Gylda y Chrysallis, presentes en el Parlamento regional, desplegaron banderas trans para celebrar el momento, aunque confían en que el proyecto sea todavía mejorado en su tramitación parlamentaria. “Ahora se abre la fase de enmiendas, que mejorarán esta proposición de ley, haciéndola una de las leyes por los derechos de las personas transexuales más avanzada del estado, primando sobre todo los derechos de las niñas y niños trans”, expresaba en Twitter Marea Arcoíris.

Frente a las felicitaciones de los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos, la parlamentaria del Partido Popular Noemí Manzanos se lamentaba de “no haber sido invitados a formar parte de esta iniciativa”, sobre cuya tramitación su formación se ha abstenido. Lamentos que el activista riojano José Urbaneja reprochaba en Twitter: “Sí se os ha invitado a colaborar con los colectivos LGTB+, en esta y otras iniciativas, y nunca habéis venido a las reuniones”, aseguraba. “No se puede mentir con tanto descaro. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los correos electrónicos invitando a su formación a las mesas de trabajo sobre materia LGTB+ son una realidad que existen”, añadía en tuits posteriores.

Seguimos a la espera de una ley estatal

La tramitación de la proposicion de ley en La Rioja es una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana. En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Seguimos a la espera, por tanto, de la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto absolutamente desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (hasta el Tribunal Supremo ha cuestionado en el pasado su constitucionalidad por ese motivo). En este sentido, ya el pasado mes de febrero el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización, que a día de hoy sigue sin producirse.

También estamos a la espera, por cierto, de que avance la tramitación del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB, presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y que el pasado septiembre el Congreso aprobaba tomar en consideración, también con el apoyo de PSOE y Ciudadanos (además de otros grupos minoritarios) y también con la abstención del Partido Popular. Un proyecto que cuenta en su articulado con disposiciones a favor de las personas trans en materia educativa, sanitaria o laboral.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

https://www.youtube.com/watch?v=Zc1ILLW-KvU

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

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Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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Twitter ha suspendido la cuenta de Sigfrid Soria, exdiputado del Partido Popular en Canarias, después de que este publicara un tuit abiertamente homófobo y serófobo. “Quejarte por haberte llevado un palo siendo okupa el 1-O es como quejarte por tener el SIDA cuando lo haces a pelo siendo gay”, tuiteaba. Ante las numerosas quejas de sus usuarios, la red social ha decidido suspender la cuenta de Soria por incumplimiento de la norma que prohíbe difundir amenazas violentas, acoso o comportamientos que inciten al odio, fomentar la violencia contra otras personas, ataques o amenazas racistas o de tipo sexual.

Sigfrid Soria fue diputado del PP en el Parlamento de Canarias por Lanzarote entre 2008 y 2011, y ocupó diversos cargos en la estructura de ese partido. Fue secretario de su comité electoral regional, miembro de la junta directiva nacional y presidente del PP de Costa Rica. Su verborrea en Twitter, sin embargo, hizo que el partido lo retirase de la primera línea. En 2013, tras publicar una serie de mensajes violentos hacia las personas que participaban en escraches, fue relevado de los cargos que ostentaba. Su perfil en esa red social, de hecho, resultará familiar familiar para muchos. Sus tuits irrespetuosos y extremistas son con frecuencia objeto de chanzas y retuiteados como ejemplo de estulticia.

Ya en diciembre de 2016 Soria cerró su cuenta de Twitter, alegando presiones del “lobby gay” tras dejar una serie de tuits abiertamente homófobos y machistas:

Por desgracia, la crisis catalana daba nuevas fuerzas a Soria, que hace unos días anunciaba una denuncia contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por “ultraje a España“. En este contexto, y de vuelta en Twitter, Soria se burlaba de los agredidos por la policía durante la celebración del polémico referéndum sobre la independencia de Cataluña (declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español) utilizando para ello la homofobia y la serofobia.

Tras las lógicas reacciones que su nauseabundo tuit ha despertado, Twitter decidía la cancelación de la cuenta. Algo que no ha hecho retractarse a Sigfrid Soria, que en declaraciones  a La Voz de Lanzarote ha insistido en sus argumentos. “La explicación es que los que ocuparon los colegios el 1 de octubre, a sabiendas de que estaba prohibido judicialmente, se exponían a que la policía les desalojase y, por lo tanto, a llevarse algún palo que otro. Si tú vas a algo prohibido, y te enfrentas al orden público, te arriesgas a lo que pasó. Lo mismo que eso es el homosexual que lo hace sin protección, que luego no se queje si se contagia de sida”, ha declarado. “La prevalencia del sida en el colectivo gay es del 67% [sic]. Por lo tanto, la mayoría de infectados por sida son gais. Luego yo no estoy poniendo ninguna barbaridad, porque lo que no he hecho es hacer el comentario de que de contagiarse del sida estemos exentos los heterosexuales”, ha añadido.

En esta ocasión Twitter ha reaccionado adecuadamente. Por desgracia no esperamos mucho más, dada la escasa preocupación de nuestras autoridades por perseguir la difusión de mensajes de odio por LGTBfobia. Pero bien está que al menos Sigfrid Soria se encuentre con este pequeño inconveniente y que ello se sepa.

Fuente Dosmanzanas

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Iván Gelibter, periodista del diario Sur, firmó la información que destapó el denominado “caso Mijas”, un supuesto intento de compra de un concejal de Costa del Sol Sí Se Puede para conseguir, mediante una moción de censura, hacerse con el gobierno municipal de Mijas, gobernado desde hace un año por una coalición entre Ciudadanos y PSOE (acuerdo que se produjo después de la ruptura del anterior acuerdo entre Ciudadanos y el PP). El caso desembocó en la dimisión del concejal popular Santiago Martín, aunque el presidente local del partido (y alcalde de la localidad entre 2011 y 2015), Ángel Nozal, sí continúa como concejal, pese a estar implicado también en el escándalo. El caso se encuentra en la actualidad investigado por los tribunales para discernir su hubo comportamiento delictivo por parte de los ediles populares.

El caso es que Iván Gelibter, abiertamente gay (y que el pasado junio recibió un premio de manos de la Federación andaluza Arco Iris) ha denunciado ser fruto desde entonces de acoso. “Hace unos meses firmé en Diario SUR una información referente a un supuesto intento de compra de un concejal de CSSP en Mijas por parte del PP. En concreto hablaba de su presidente local y vicepresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, Ángel Nozal, y de un edil que dimitió al día siguiente de publicar la información, Santiago Martín. Desde entonces, he recibido por parte de militantes y simpatizantes del PP de la localidad insultos en las calles, seguimientos hasta los baños del Ayuntamiento, lindezas en redes sociales, e incluso se han compartido fotos mías y de mi pareja por los distintos grupos de Facebook de demandas vecinales de Mijas”, ha explicado en Facebook.

La gota que colmaba el vaso se producía cuando el pasado viernes el periodista firmaba una nueva información en la que se limitaba a recoger que Santiago Martín, el concejal dimitido, protagonizaba una nueva campaña en vídeo del PP local. “Vídeo de Santi que le ha encantado a falconetti, un plumífero pendoncete”, era el texto abiertamente homófobo con el que Ángel Nozal compartía el vídeo de la campaña en redes sociales, y del cual Gelibter ha difundido pantallazo:

Según explica el periodista, “Falconetti” es el apodo con el cual Nozal se refiere a él (por la doble “t” de su segundo apellido: Iván Gelibter Barbotta). “Esta misma semana volvía a firmar una información en la que contaba que Santiago Martín protagonizaba una nueva campaña del PP pese a haber dimitido. Frente a esto, el señor Nozal ha usado el insulto homófobo para calificar mi información. Falconetti (por las dobles T de mi apellido) unido a ‘plumífero’ y ‘pendoncete’. La última vez que este individuo se dirigió a mí fue para pegarme un manotazo para evitar darme la mano”, explica en Facebook. “Homofobia en estado puro”, resumía en Twitter:

El presidente del PP de Mijas me llama “plumífero” para calificar una info q no le gusta. HOMOFOBIA EN ESTADO PURO https://t.co/2sE9hPQkLm pic.twitter.com/OZoml7yzra

— Iván Gelibter (@IvanGelibter) 24 de septiembre de 2017

“Me gustaría saber si el PP de Málaga va a seguir defendiendo las actuaciones de este señor o si piensa ponerle coto a esto. Además de este insulto homófobo, Nozal tiene cuatro imputaciones por diferentes supuestos delitos, que van desde el cohecho hasta la prevaricación. Yo soy simplemente un periodista que puedo realizar mejor o peor mi labor, pero que desde luego no merezco que se me ataque por mi orientación sexual. Y sobre todo, señor Nozal, la próxima vez que tenga que decirme algo, hágalo a la cara”, acaba preguntándose Gelibter en el texto que publicaba en Facebook.

Trasladamos toda nuestra solidaridad a Iván Gelibter.

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Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI

El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.

El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.

Un poco de historia

El pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.

Las líneas generales del proyecto 

El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.

La discusión en el pleno

Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Recordemos: el @PPopular firmó compromiso con esta #LeyIgualdadLGTBI Se abstendrá. Incumple la palabra. @ALevySoler @JavierMaroto y ahora? pic.twitter.com/Rap1PraPVn

— Amanda Rodríguez (@Amanda_Ca) 19 de septiembre de 2017

El propio Javier Maroto estampó su firma en el documento, que la propia FELGTB divulgaba ayer en Twitter:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Est. LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.

Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:

El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:

Una organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN,  Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.

Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:

La #PrL #LeyIgualdadLGTBI de @PodemosCongreso, @EnComu_Podem y @En_Marea supera su primer examen 📝 NdP: https://t.co/k2K6WknnsB pic.twitter.com/JRlKz03qy0

— Congreso (@Congreso_Es) 19 de septiembre de 2017

Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, En Comú Podem, En Marea, FELGTB, Foro Asturias, HazteOir, Javier Maroto, Jesús Generelo, Jorge Fernández Díaz, LGTBfobia, María Dolores Galovart, Marta González, PP, PSOE, Salvador Armendáriz, Unidos Podemos, UPN, World Pride 2017

El gobierno municipal rechazó la propuesta de Sí Se Puede Calp, apoyada por el resto de la oposición, de llamar “Plaza de la Diversidad” a un espacio del centro de la ciudad

La respuesta de los concejales del PP es que el nombre es excluyente y propusieron “Plaza de la Igualdad” en su lugar.

Este verano los tres grupos políticos que forman la oposición municipal en Calp, en la costa de Alicante, participaron en un acto por la visibilidad de la diversidad sexual en el que se anunció que presentarían una moción en el pleno municipal para bautizar como “Plaza de la Diversidad” a un espacio muy céntrico de la localidad que hasta este momento carece de nombre. Tal como explicaron, les parecía una forma de “reivindicar la diversidad, que ha sido y es aún perseguida, y en homenaje a la gente que ha dedicado su vida a proteger los derechos y las libertades de esas personas”. A este acto, por cierto, no asistió ningún miembro del gobierno municipal, ni del PP ni de sus socios.

Miembros de los tres grupos de la oposición municipal de Calp: Sí Se Puede Calp, PSPV y Compromís apoyando el acto

En el pleno del pasado martes se presentó la moción de Sí Se Puede Calp, apoyada por el resto de grupos de la oposición. La respuesta del PP municipal fue que rechazaban la propuesta porque la consideraban excluyente.

Nombrar a un espacio “Plaza de la Diversidad” es excluyente para los señores que gobiernan en Calp. Porque, como todos sabemos, en la incansable lucha por la igualdad que mantiene el PP y en su activo compromiso con la necesidad de combatir toda forma de discriminación es muy importante no excluir a los que no les gusta la diversidad. Es muy importante, incluso si en realidad resulta que todos formamos parte de la diversidad.

El alcalde, César Sánchez, llegó a ir más allá cuando le dijo al portavoz de Sí Se Puede, Juan Cañas, que su propuesta era “excluyente con la libertad“, y acusó a su partido de ir en contra del colectivo LGTB, tratándolo de forma despectiva y paternalista.

Esta idea de que dar visibilidad a un colectivo es paternalista y despectiva forma parte del argumentario de algunos de esos señores que dicen que no son nada LGTBfóbicos. Nos quieren tan libres, empoderados y orgullosos que dicen que no necesitamos ningún tipo de apoyo. Se les olvida que el empoderamiento empieza por la visibilidad y este tipo de apoyos públicos.

La propuesta del grupo popular fue bautizar el espacio como “Plaza de la Igualdad”, argumentando que este es un término que no excluye a nadie. Seguimos sin saber quiénes se sienten excluidos con la palabra diversidad, así que… Igualdad para los que apoyan la diversidad y para los que están en contra de ella

Fuente | eldiario.es, vía EstoyBailando

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El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. :Audiencia Provincial de Madrid, Autobús del Odio, Carla Antonelli, Change.org, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, Eduardo de Urbano, Hazte oir, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, InfoLibre, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, LGTBfobia, María del Mar Blanco, Ministerio del Interior, Partido Popular, PP, PSOE, Ricardo Sixto, Transfobia, Unidos Podemos, Utilidad Pública

Que lo diga quien afirmaba que con Franco se vivía plácidamente…

Tras los espantosos atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, que han dejado por el momento 14 personas muertas y decenas de personas heridas, no han faltado los carroñeros que han aprovechado la desgracia para intentar obtener algún rédito político. Buen ejemplo son las críticas a los Mossos por usar el catalán en sus comunicaciones, cuando lo cierto es que la policía catalana ha dado todo un ejemplo de transparencia informativa en tres lenguas (catalán, castellano e inglés). Era, por desgracia, previsible. Lo que no esperábamos era que el matrimonio igualitario saliera a relucir como una de las causas del terrorismo yihadista. Así lo ha expresado el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado en el Congreso y eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja, uno de los personajes más rabiosamente anti-LGTB de la política española.

Ha sido en una entrevista a El Español, el diario digital que dirigie Pedro J. Ramírez. Puedes leer la entrevista completa aquí, bajo el titular “Los españoles merecían que les explicaran los atentados en español”. Pero al margen de que al señor Mayor Oreja le moleste que los catalanes, en un momento especialmente doloroso para ellos, se expresen en catalán (lengua que al menos a día de hoy sigue siendo tan española como lo es el castellano), la entrevista va mucho más allá y ahonda en la que a, a juicio de Mayor Oreja, es la raíz del terrorismo islamista: la debilidad de Occidente y la pérdida de sus “valores cristianos”. “Los que dicen que quieren crear un nuevo orden mundial, lo que tratan es de destruir los valores cristianos que han constituido los cimientos de la civilización occidental. Ahí se abre una grieta, los terroristas ven esa falta de valores compartidos y deciden pasar al ataque para ahondar en nuestra crisis. Por eso lo urgente no es decidir qué medidas policiales hay que adoptar, que también hay que hacerlo, sino definir qué proyecto político y social puede cohesionar a los europeos”, asegura. “A menos valores compartidos en la sociedad occidental habrá más terrorismo yihadista“, añade más adelante.

Preguntado por el entrevistador “¿Cómo se pueden extender o recuperar esos valores?” y “¿A quién responsabiliza de su destrucción?”, Mayor Oreja responde literalmente: “No tratando de reemplazar valores como la vida, la familia, el matrimonio… Eso lo que va produciendo, en mi opinión, es una distancia, un abismo. Y qué duda cabe que hay más responsabilidad entre aquellos que quieren destruir esos valores que entre quienes quieren mantenerlos. Hoy es una lucha, en términos democráticos, entre David y Goliat”. 

“¿Por qué?”, insiste el entrevistador. “Porque la moda dominante es destruir los valores cristianos. Pero no se trata de que algunos queramos una Europa en la que solo haya cristianos, sino de que podamos aceptar y defender que en Europa nuestras raíces son en buena medida cristianas. No se trata de imponer una religión, sino de defender una civilización”, responde.

Que Jaime Mayor Oreja (en la foto, en el acto de entrega de los premios HazteOír 2015, galardón que él mismo recibió en 2010) es uno de los políticos más abiertamente contrarios a los derechos LGTB es bien conocido, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación: desde el “informe Lunacek” contra la LGTBfobia, al que se opuso; pasando por la inclusión de las parejas del mismo sexo en el derecho a la libre circulación de personas en la Unión Europea, a la que también se opuso; por una resolución para hacer frente al VIH/sida en la Unión Europea y países vecinos, contra la que también votó, hasta simplemente una resolución testimonial contra la discriminación de las personas LGTB, de la que fue el único diputado del PP en votar en contra. Por no hablar de su apoyo a eventos ultraconservadores de indisimulado carácter homófobo o a plataformas cuya finalidad es la de conseguir la derogación de las diferentes leyes contra la LGTBfobia que están siendo aprobadas en nuestro país. Ahora bien, que utilice precisamente este tema, aunque sea de forma insidiosa, para justificar la supuesta “debilidad” de Occidente frente al terrorismo islamista roza ya lo absurdo, y más cuando las personas LGTB son una de las principales víctimas de la represión allí donde los islamistas ejercen el poder o tienen influencia. Y muestra lo miserable del personaje, por si a alguien le quedaba alguna duda.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Barcelona, Cambrils, Discriminación, El Español, HazteOir, Homofobia, Islamismo, Jaime Mayor Oreja, Matrimonio, PP, Terrorismo

El Gobierno del PP retira la categoría de Utilidad Pública a seis asociaciones pero se la mantiene a Hazte Oír, a pesar del voto de la oposición para retirársela.

Javier Maroto y Andrea Levy, fueron invitados por la FELGTB a llevar la pancarta de la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid el mes pasado

El Ministerio del Interior, cuando lo dirigía el homófobo ultracatólico Jorge Fernández Díaz, concedió a los cristofrikis de Hazte Oír la categoría de Organización de Utilidad Pública. Eso significa, básicamente, que aunque no reciban dinero público sus socios obtienen varios beneficios fiscales. Y esos beneficios ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara y pasara a ser de 2,6 millones de euros anuales.

En marzo de este año, justo cuando saltó la polémica del autobús tránsfobo, la oposición parlamentaria votó en bloque a favor de solicitar al gobierno que retirara la categoría de Utilidad Pública a Hazte Oír porque consideraban que las actividades de la gente de Arsuaga son “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principioes que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia.”

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

Así que ahí lo tenéis amigos, el gobierno del PP ha decidido retirar la Utilidad Pública a asociaciones que realmente trabajan por los más desfavorecidos y en pro de la igualdad pero han decidido hacer oídos sordos al resto del Parlamento y mantener los privilegios a Hazte Oír, que lo único que hacen es fomentar el odio y la LGTBfobia.

¿Sigues siendo gay y del PP? Pues mira qué bien.

Fuente | Público, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación de Deportistas Contra la Droga, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, Ciudadanos, Equus Zebra, ERC, Glackma, Hazte oir, Jorge Fernández Díaz, Juan Antonio Puigserver Martínez, Pangea, PP, PSOE, Rudraksha, Unidos Podemos

Sorpredente sentencia la del Juzgado de lo Penal nº 1 de Benidorm, que se ha negado a reconocer la existencia de un delito de odio por homofobia en la agresión a una pareja gay ocurrida el 9 de julio en Moraira (Alicante). El agresor, antiguo compañero de instituto de uno de los agredidos y que nunca aceptó de buen grado su orientación sexual, continuó luego su acoso en redes sociales. 

Aunque la agresión ocurrió el pasado 9 de julio, no trascendió a los medios hasta dos semanas después. Ocurrió en Moraira (Alicante), cuando dos chicos gais se encontraban bailando junto a varios amigos en las fiestas patronales. Uno de los chicos sufrió un violento empujón por parte de una persona que en ese momento se encontraba a su espalda. Una de las amigas de la víctima vio que se trataba de un antiguo compañero de instituto del agredido, con el que el este ya mantenía una mala relación debido a su homofobia. Al ser interpelado, el agresor mantuvo una actitud amenazadora. La pareja de la víctima (que no es residente en el pueblo) intentó mediar, dado lugar a una trifulca en la que este sufrió además un puñetazo por parte de otro agresor.

Durante las horas posteriores a la agresión, además, el joven que la desató continuó su acoso en redes sociales. En concreto, subió fotos a Instagram acompañadas de textos en los que amenazaba de muerte a los dos jóvenes y a su amiga si aparecían de nuevo por el pueblo y frases del tipo de “le pegas a un maricón y te la cargas tú”, “los maricones tienen más derechos que tú” o “ayer me desahogué con un guiri y hoy con un maricón”.

El jueves 27 se celebró la vista oral en el juzgado de lo penal nº 1 de Benidorm, y este lunes se ha conocido la sentencia. El juez, aunque considera probadas tanto la agresión como las amenazas, ha rechazado que estas constituyan un delito de odio. Un fallo que  ha sido recibido con estupor por el activismo LGTB valenciano. “Cuesta entender que, una pareja gay, que está tan tranquila en una fiesta y recibe una agresión física con lesiones por parte de alguien que les acosa en las redes sociales, insultándoles por su orientación sexual, no esté motivada en el odio, no tenga carácter discriminatorio ni atente contra su dignidad como personas ni contra la dignidad de todo el colectivo LGTBI, lo diga un juez de Benidorm o el Tribunal Supremo”, ha declarado, atónito, Toño Abad, director del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, entidad que directamente calificaba la sentencia como “bochornosa” en redes sociales:

Agresión a una pareja gay en #Alicante: ni delito de odio ni agravante homófobo. Sentencia bochornosa. #Teuladahttps://t.co/srQy8og7cN

— Observatorio LGTBI (@ObservatoriLGTB) 1 de agosto de 2017

“Agredir violentamente a una persona por su orientación sexual, acosarla posteriormente en redes sociales, llegando incluso a amenazar de muerte, es un delito de odio continuado, y esta sentencia lo que viene es a demostrar el poco o escaso interés que tienen jueces y fiscales en penalizar las conductas discriminatorias basadas en el odio a toda una población y la condescendencia de algunos órganos judiciales con la homofobia”, ha añadido Abad. El director del Observatorio Valenciano considera además que si agresiones como la de Moraira no se consideran oficialmente delitos de odio “se puede entender la enorme diferencia de cifras que tenemos entre las estadísticas que manejan los órganos judiciales y policiales, que no reflejan la realidad de lo que ocurre, y las entidades dedicadas a la defensa de los derechos de las personas, que manejamos cifras muy superiores”.

Desde el Ayuntamiento de Teulada critican al Observatorio Valenciano

En este caso, además, se da la circunstancia de que el Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio había denunciado la pasividad de la Policía Local de Teulada (municipio al que pertenece Moraira) tras personarse en el lugar de la agresión. Las víctimas, de hecho, tuvieron que acudir al cuartel de la Guardia Civil para que se les tomara en serio.

Pues bien, según recoge Teulada Moraira Digital, fuentes del Ayuntamiento (gobernado por el PP) tras conocer la sentencia se han permitido criticar al Observatorio lamentando “que se hagan políticas de un tema tan delicado y sensible como es la homofobia”. Sin comentarios…

Fuente Dosmanzanas

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