Miriam Blasco es noticia estos días porque se acaba de saber que se casó con la luchadora a la que le ganó el Oro en Barcelona ’92. Pero pocos se acuerdan de que Blasco se hizo después senadora del PP y votó en contra del matrimonio igualitario.

Numerosos medios recogen hoy la noticia de que Miriam Blasco, ganadora de un oro olímpico en Barcelona (judo femenino, categoría -56 kg.), está casada desde hace más de un año con Nicola Fairbrother, la británica que fuera su rival en la final olímpica y de la que es pareja desde hace 22 años. Así se lo revelaba Blasco a Maria Escario en Televisión Española. Lo que esos mismos medios obvian es que el de Blasco, que tras su carrera deportiva se dedicó a la política y fue senadora del Partido Popular, fue uno de los 131 votos que el 22 de junio de 2005 respaldaron el veto a la ley de matrimonio igualitario aprobada semanas antes por el Congreso, y que la Cámara baja se vio obligada a levantar por mayoría absoluta el 30 de junio.

El veto del Senado a la ley de matrimonio igualitario fue aprobado por 131 votos frente a 119. Votaron a favor los 126 senadores del PP, entre los que se encontraba Blasco, además de cuatro senadores de Unió Democràtica de Catalunya y uno del Partido Aragonés. Enfrente, 119 votaron en contra. Hubo 2 abstenciones y 7 ausencias (ninguna del PP). La votación tuvo lugar después de un debate en el que destacaron muy especialmente los argumentos homófobos de Rosa Vindel, la portavoz del PP, quien por cierto continúa siendo senadora doce años después. Cualquiera puede consultar lo que pasó en el Diario de Sesiones de aquel día, aunque en 2016, coincidiendo con el 11º aniversario del veto, hicimos un extracto del argumentario popular.

Pero como aperitivo, dijeron los del PP fue que habría que buscar otro nombre “más pacífico y menos controvertido y más acorde con nuestro entendimiento y con los de nuestro entorno“. O que había que vetar la ley del matrimonio y buscar otra fórmula que no hiriera las “sensibilidades ni convicciones personales” de algunas personas. También dijeron que el matrimonio era una cosa exclusivamente heterosexual, que el matrimonio heterosexual debía tener ciertos privilegios sobre el homosexual o que “ni el adoptado ni la adopción pueden ser instrumento de legitimación u homologación de relaciones homosexuales.”

Pues a todas esas cosas tan bonitas y tan poco homófobas Miriam Blasco votó que sí. Y quiso que se vetara la ley del matrimonio igualitario. Y evidentemente estuvo de acuerdo con el recurso ante el Tribunal Constitucional que Mariano Rajoy plantó a la ley cuando ese veto se eliminó poco después en el Congreso por mayoría absoluta.

El Congreso de los Diputados levantó el veto una semana después. Han pasado doce años y unas 40.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio, ejerciendo el derecho al que el PP quiso impedirnos acceder (junto al de la adopción conjunta, no lo olvidemos: el hecho de que el matrimonio igualitario abriese la puerta a la adopción homoparental plena era el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” que los populares argumentaron en su recurso al Tribunal Constitucional). Uno de esos matrimonios, por lo que ahora hemos sabido, es el de Blasco, una de las 126 senadoras que el 22 de junio de 2005, y cuando su pareja sentimental era ya otra mujer, votó en contra de la ley que lo hizo posible.

Nos alegramos de que Miriam Blasco sea feliz con su pareja y haya dado por fin el paso de visibilizarse. Su historia de amor es desde luego de cine, aunque muchos pensarán que su historia de hipocresía no se queda atrás. Le deseamos, en cualquier caso, todo lo mejor.

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El PP presumiendo de que Andrea Levy y Javier Maroto estaban en la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid en 2017

El PP de Galicia vota encontra de tramitar la Ley de Identidad de Género presentada por la izquierda porque cree que lo que propone ya está recogido en la Ley LGTBI aprobada en 2014.

La oposición recuerda que esa ley no dedica más de dos líneas a la transexualidad y no recoge medidas concretas para ayudar al colectivo trans.

El PP aprovecha para crear malestar entre las asociaciones de personas trans y denuncia que la oposición quiere “politizar” los derechos del colectivo.

El proyecto (a cuyo texto puedes acceder aquí) había sido registrado por triplicado por En Marea, el PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, las tres fuerzas de la oposición, teniendo en cuenta las demandas que hace unos meses plantearon varios colectivos LGTBI y trans de Galicia.

En el Parlamento Gallego el PP acaba de decir que no a la admisión a trámite de la Ley de Identidad de Género que en primavera los colectivos LGTBI de la región consiguieron registrar gracias al apoyo de la izquierda (En Marea, PSdeG y BNG).

Dice el PP gallego que no hace falta tramitar esa ley porque lo que hay en ella ya está aprobado en otra ley, la de Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas LGTBI que se aprobó en 2014 a iniciativa del PSdeG (y en la que el PP, gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, cambió el texto eliminando el régimen sancionador). La nueva ley, la de Identidad de Género, propone cambios en cuestiones de gestión administrativa, atención sanitaria, medidas educativas y de formación, garantías de no discriminación en el ámbito laboral, apoyo familiar y reglamentaciones para ayudar a las personas en situación de especial vulnerabilidad; además de tratar con especial delicadeza a las víctimas de discriminación y violencia o a la población reclusa. Todo eso no estaba en la ley de 2014.

Según la diputada popular Marta Rodríguez-Vispo todo eso ya está en la otra ley que es “aplicable en todos sus artículos a las personas transexuales“. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, recordó que la ley de 2014 no define qué es la transexualidad, qué es la identidad sexual y de género y, además, ni despatologiza la transexualidad ni facilita los trámites como el cambio de nombre en registros y documentación oficial. Rodil, como todos los grupos de izquierda, cree que es necesario dar un paso más allá de la ley de 2014 y tener una normativa que deje claro que “el género no tiene nada que ver con los genitales, que hay hombres con vagina y mujeres con pene” y que eso no se ha de tratar como una enfermedad o motivo de discriminación.

Para responder a esto desde el PP lo único que han hecho ha sido enfrentar a las asociaciones trans, recordando que hay dos colectivos (Fundación Daniela y Chrysallis) que se desmarcaron de esta propuesta de ley que impulsaron Arelas, Ultreia y Amizando: “Es una lástima esta ruptura de consenso entre las asociaciones” dijo Rodríguez-Vispo, “porque si alguna de estas asociaciones se quiere arrogar la representatividad de todas, no estamos de acuerdo.”

“No sé de qué tienen miedo, qué es lo que les parece mal de tomar en consideración esta ley“, preguntó el diputado de En Marea Marcos Cal a la bancada del PP. Y les recordó que la ley de 2014 apenas dedica “dos líneas a la transexualidad“. Cal aprovechó para explicar los casos de Pablo, Manuel o Daniela, tres personas trans que han sufrido discriminación en su centro educativo, que tienen que pedir un préstamos para las cirugías que no cubre el Sergas o que tienen que dar explicaciones cada vez que sacan el DNI para, por ejemplo, pagar con tarjeta. “¿Están ustedes seguros de su identidad? ¿Saben si son ustedes hombres o mujeres? Si piensan que no tienen que responder a estas preguntas ¿por qué otras personas tienen que hacerlo?“, preguntó Cal a los Populares.

A esa crítica se sumó Noela Blanco, del PSdeG, que le echó en cara al PP que ahora cojan la ley de 2014 que promovieron los socialistas y hagan “publicidad y propaganda” colgándose la medalla al decir que la ley se está empezando a aplicar (tres años después de ser aprobada) mientras votan en contra de otra. Blanco señaló que lo que el PP estaba rechazando eran medidas tan concretas como asegurar que la sanidad pública no discrimine ni rechace a alguien por ser trans o que se vele por la dignidad del colectivo; y les recordó cómo los del PP siempre están “los últimos de la fila en la lucha por los derechos” pero luego son los primeros en usarlos: “Dijeron no al divorcio, y se divorciaron; se opusieron a la ley del aborto, pero abortaron; no apoyaron los matrimonios entre personas del mismo género, pero actuaron como testigos en bodas de sus compañeros. Qué hipocresía.”

 Alberto Núñez Feijóo, muy al estilo del PP, acusó a los demás de estar haciendo un uso político de las personas trans.  “Parece que se empeñan en decir que somos tránsfobos y no lo somos” dijo la diputada del PP Rodríguez-Vispo que puso en el atril una bandera trans que se sumó a la que los otros grupos ya habían puesto allí. “Queremos contentar a todo el mundo y que todo el mundo esté unido en este tema” y acusó a En Marea, PSdeG y BNG de querer aprobar el texto para defender los intereses de determinadas personas y no de todo el colectivo trans de Galicia.”

Con todo esto  cabría preguntarse si lo de invitar al PP a la manifestación del Orgullo de Madrid ha merecido la pena. No han pedido perdón por su oposición al matrimonio igualitario (de hecho Rajoy dijo que volvería a presentar el recurso ante el Constitucional). Sólo aprueban las leyes referentes al colectivo LGTB cuando se pueden apropiar de ellas (lo que hizo Cifuentes al aprobar una ley LGTB contra la que ella misma había votado cuando la presentó el PSOE). Se empeñan en votar  constantemente en contra de las legislaciones en favor del colectivo en Ayuntamientos y Comunidades. Y mantienen el estatus de Organización de Utilidad Pública a HazteOír, los de los autobuses tránsfobos.

Ah, por cierto, que Rajoy también dijo que se planteaba llevar al Constitucional (que le encanta, le domina) la Ley de Transexualidad aprobada en la Comunidad de Madrid.

Fuente | El Diario, vía EstoyBailando

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Nueva agresión homófoba en el contexto de unas fiestas locales, en esta ocasión en Picassent (Valencia). Una pareja de chicos que iban cogidos de la mano fueron golpeados con saña entre insultos homófobos por varios chicos. Los agredidos, aunque confiesan sentirse atemorizados por lo sucedido, no han dudado sin embargo en denunciar los hechos y hacerlos públicos ante los medios de comunicación como forma de resistencia ante el odio.

David y Javier, de 27 y 22 años, han narrado lo sucedido, por ejemplo, a Las Provincias. Los dos chicos salían cogidos de la mano de un local en la madrugada del sábado cuando los agresores les llamaron “maricones de mierda” y casi sin darles tiempo a reaccionar se abalanzaron sobre ellos y les golpearon con los puños y dándoles patadas. “No paraban de repetir ‘te voy a matar hijo de puta, te voy a matar’. Tuvimos suerte de que algunos de nuestros amigos estaban cerca”, explican.

La intervención de otras personas les salvó de lo que posiblemente hubiera sido una tragedia mayor, pese a lo cual sufren secuelas físicas (cortes y contusiones en rostro, antebrazos y manos) y emocionales. Sin embargo, pese al temor y a la ansiedad, los dos han cursado la correspondiente denuncia por un delito de odio ante la Guardia Civil de Picassent y han querido hacer público lo sucedido como la mejor forma de combatir la homofobia. “Son cuatro niñatos pero no pienso permitir que nadie me insulte. No voy a esconderme por ser gay. ¿No puedo ir cogido de la mano con mi pareja? (…) Ya está bien”, declaraba David a Levante, otro diario local valenciano.

Los agresores han sido ya identificados. Algunos de ellos cuentan por antecedentes por agresiones y dos de ellos son menores. No se trata, por desgracia, de la primera agresión por LGTBfobia de la que nos hacemos eco que se produce en el contexto de celebraciones o fiestas locales. A finales de junio, una pareja de mujeres era agredida en Arbeca (Lleida), durante la noche de San Juan. En mayo, un chico trans era agredido en la Feria de Jerez. Son solo dos de las más recientes.

La alcaldesa de Picassent, la socialista Conxa García, ha expresado su repulsa por lo sucedido mediante un comunicado oficial del Ayuntamiento. En la misma línea se ha pronunciado el Partido Popular de Picassent. Compromís per Picassent, por su parte, ha pedido al Ayuntamiento que además de expresar su repulsa adopte un papel activo y ponga en marcha medidas para evitar que hechos así se repitan en el futuro, como una campaña de concienciación contras las agresiones homófobas en las próximas fiestas.

Comunidad Valenciana, la quinta en número de incidentes por LGTBfobia

Según el el informe 2016 sobre Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España, recientemente hecho público por el Ministerio del Interior, la Comunidad Valenciana, con 17 incidentes, fue la quinta en el número total de incidentes por orientación sexual o identidad de género de los que hubo constancia oficial en 2016, por detrás de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Andalucía. Por provincias, la de Valencia, con 9 incidentes, fue también la quinta, tras Barcelona, Madrid, Vizcaya y Navarra.

En cualquier caso, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos ni siquiera llega a denunciar. Algo que confirman, por ejemplo, los datos de los observatorios promovidos desde el colectivo LGTB. En Cataluña, por ejemplo, según el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia, la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia, frente a las 60 oficialmente recogidas. Más divergencia se produce incluso en el caso de la Comunidad de Madrid: el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en su primer informe anual, referido precisamente a 2016, recogió un total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBfobia, un número considerablemente mayor a los 42 incidentes recogidos por las cifras oficiales.

General, Homofobia/ Transfobia. Compromís, Comunidad Valenciana, Conxa García, Delitos de Odio, Homofobia, Las Provincias, Levante, Ministerio del Interior, Picassent, PP, PSPV-PSOE, Valencia

Madrid se vuelca con la manifestación del WorldPride Madrid 2017

Más de un millón de personas participaron en una multitudinaria manifestación que cierra los eventos del WorldPride Madrid 2017. La manifestación transcurrió sin incidentes durante más de seis horas por el centro de Madrid, por primera vez en con el apoyo y representación de todos los partidos políticos.

Más de un millón de personas han clamado este sábado en Madrid a favor de la libertad sexual en todo el mundo en una gran manifestación con la que han culminado las celebraciones del evento internacional WorldPride Madrid 2017, que ha convertido a la ciudad en epicentro mundial de las reivindicaciones en favor del colectivo LGTBI. Con el lema Por derechos LGBTI en todo el mundo, parte la primera pancarta del Orgullo de Madrid, un poco más tarde de las 18 horas de la tarde, desde la plaza Carlos V, para a continuación desfilar representantes de diferentes delegaciones internacionales, como la de Dinamarca, Suecia, Reino Unido o Estados Unidos, diferentes autonomías españolas y todo tipo de colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En total han pasado alrededor de 60 pancartas en diferentes idiomas y hasta 52 carrozas.

La marcha multicolor, de marcado carácter festivo y engalanada con 60 pancartas en numerosos idiomas y 52 carrozas, ha sido el eje de las celebraciones del evento mundial, que tiene como objetivo reclamar que todos los países legislen hasta alcanzar la plena igualdad entre personas LGTBI y el resto de la sociedad.

No obstante, las reivindicaciones de los organizadores han tenido un carácter global debido a la condición de Madrid de sede del World Pride, lo que ha motivado la alusión a las «miles de personas LGTBI» que han sido asesinadas en los últimos años en países como México o Brasil, o la persecución a los homosexuales en lugares como Chechenia (Rusia).

El recorrido reivindicativo, convocado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto al colectivo Gay de Madrid (COGAM), ha contado por vez primera con el respaldo en la cabecera de la manifestación de todos los partidos políticos, incluido el PP.

Por ello, en el escenario de Colón han escuchado estas peticiones  una nutrida representación política pues por primera vez en la historia, se ha conseguido reunir en su cabecera a representantes de los principales partidos políticos: el portavoz del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, la responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana, el miembro de la Ejecutiva del PSOE  Francisco Polo y la diputada autonómica y activista Carla Antonelli, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el portavoz en el Cogreso de En Comú Podem, Xavier Domènech, y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde (Equo) y… por primera vez, a pesar de su negra historia contra los derechos LGTBI, el PP, representado pos sus diputados, Andrea Levy y Javier Maroto y el presidente del partido en Gipuzka, Borja Semper,  que han desfilado junto a representantes de los representantes sindicales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la Unión General de Trabajadores, José Álvarez, sin olvidarnos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.   Todos han acabado bailando una conga al ritmo del A quién le importa, himno oficial.

A medida que la manifestación va concluyendo en la plaza de Colón, varios activistas han leído diversos manifiestos en los que han recordado que la homosexualidad sigue estando legalmente perseguida en 72 países: 33 en África, 23 en Asia, 10 en América y seis en Oceanía, según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), destacando que en 13 países se castiga hasta con pena de muerte a las personas que mantengan relaciones sexuales consensuadas con personas de su mismo sexo. Se han recordado situaciones de abusos y discriminación como la pena de 83 bastonazos a una pareja gay en Indonesia o el elevado número de asesinatos a personas transexuales en Brasil, algunos de ellos con una crueldad extrema.

En la lectura del manifiesto, los activistas han solicitado la aprobación de una ley que persiga la consecución de una sociedad igualitaria y sin discriminación de ningún tipo y han recalcado la necesidad de que se garantice el derecho a refugio y asilo para las personas LGTBI que son perseguidas en sus países de origen.

Han instado a las autoridades nacionales e internacionales a que «exijan que los derechos humanos de las personas LGTBI sean respetados» y que se supriman los castigos penales al colectivo, que aún perduran en torno a 80 países. «Manifestaciones como la de hoy siguen siendo necesarias. (…) Nos queremos libres e iguales en nuestras diferencias. Los derechos LGTBI son derechos humanos y hasta el día en que todos y cada uno no sean respetados, no cejaremos en nuestra lucha activista», han zanjado.

También se ha instando al gobierno español a aprobar una ley de igualdad social, así como la importancia de garantizar el derecho de asilo a personas que son perseguidas en sus países de origen en base a su orientación sexual o su identidad de género. Jesús Generelo, director de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha señalado la necesidad de la celebración del Orgullo en nombre de todas aquellas personas que no pueden hacerlo en otros países, mientras que otros activistas han apelado a la Unión Europea a luchar por los derechos de las personas LGBT en todo el mundo, haciendo un particular énfasis en Rusia y Chechenia.

De esta manera concluye el World Price 2017, el tercer Orgullo Mundial organizado por InterPride, la asociación mundial de organizadores del Orgullo LGBTI, cuyo objetivo es el de promover los valores de una sociedad igualitaria, que se había celebrado anteriormente en Londres y en Toronto en 2014, y que está previsto se celebre en 2019 en Nueva York.

Si bien no había ninguna alerta de amenaza terrorista, el Ayuntamiento de Madrid no ha querido escatimar en seguridad desplegando un contundente operativo de hasta 3.500 personas entre agentes de policía y personal sanitario. Como medida de seguridad se ha vallado todo el recorrido, interponiendo vehículos y otros elementos de contención en las calles adyacentes al recorrido, además de limitar el desplazamiento de vehículos de gran volumen y cerrar las estaciones de Metro de Sol, Colón y Banco de España, suspendiendo la circulación en la Gran Vía, la Puerta de Alcalá y la zona del Paseo de la Castellana cercana a la plaza de Colón.

La manifestación y posterior desfile, tras el que miles de personas estuvieron de celebración en la capital, transcurrió sin incidentes relevantes y sin ningún altercado violento. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Policía Municipal de la capital han subrayado la ausencia de incidentes destacados y que la noche ha sido más tranquila incluso que cualquier sábado del año.

Para esta ocasión se había desplegado un dispositivo de 3.500 efectivos entre policías nacionales, municipales y servicios de emergencia. Samur-Protección Civil atendió durante la jornada a 270 personas, de las que 28 requirieron hospitalización, cuatro de ellas graves: dos por infarto y otras dos por intoxicación de drogas y etílica, informó Emergencias Madrid.

Además, los servicios de Metro y Cercanías también han experimentado modificaciones —refuerzos en algunas líneas y el cierre de estaciones como Sol, Banco de España y Colón— a raíz de la movilización.

La manifestación del World Pride que congregó ante ayer a cientos de miles de personas en Madrid por la defensa de los derechos LGTBI se produjo con total normalidad y sin ningún incidente destacado. El Samur tuvo que atender a 270 personas.

Aunque la mayoría de los afectados se han recuperado rápidamente, 28 personas han sido trasladadas a diversos centros hospitalarios de la capital, según ha informado Emergencias Madrid. De las cuatro personas que se encuentran en estado grave, dos presentaban afecciones cardiacas y otras dos sufrían una intoxicación etílica cuando fueron atendidas por el Samur. Entre las patologías más comunes se encuentran intoxicaciones etílicas, mareos, lipotimias y contusiones leves, todas ellas propias de este tipo de eventos con aglomeraciones.

Eso sí… No faltó el toque homófobo del día…

https://www.youtube.com/watch?v=sUJbDT2itrk

Fuente Universogay/Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Ciudadanos, COGAM, FELGTB, Madrid, Podemos, PP, PSOE, WorldPride Madrid 2017

Leído en su blog Teología sin Censura:

Después del tan esperado y controvertido “debate de investidura”, tensamente mantenido en el Parlamento español, el miércoles 14 de junio, es hora (lógicamente) de hacer el balance de lo sucedido. Políticos, periodistas, politólogos y ciudadanos de todas las tendencias y colores, cada cual, desde su punto de vista, da su opinión o incluso dicta sentencia. Como es lógico, la política, la economía, el derecho, la historia y la sociología tienen mucho que decir sobre lo que estamos viviendo en España.

Así las cosas, yo me pregunto: ¿Y la religión? ¿no tiene nada que decir en este asunto y tal como está la situación? Es lógico hacerse estas preguntas, ya que el tema de la religión, con todas las limitaciones, y hasta contradicciones, que entraña para muchos ciudadanos, es uno de esos problemas que le sigue interesando a mucha gente.

Pues bien, precisamente por lo que acabo de decir, me viene a la cabeza una pregunta que no puedo evitar. ¿Cómo se explica que el partido político más cercano a la Iglesia (el PP) sea el partido más corrupto, si es cierto lo que se dijo en el Congreso? O también: ¿qué explicación tiene el hecho de que los partidos políticos de la izquierda sean los que – por lo que en el Parlamento se dijo – más acaloradamente defienden los derechos de los más desfavorecidos, los parados, los pobres, los inmigrantes…?

Por supuesto, todos sabemos que, en esto de la política, cada cual arrima el ascua a su sardina. Los de la derecha, porque saben que su buena relación con la religión les da votos. Como los de la izquierda saben igualmente que su argumentación en favor de los pobres, también les proporcionan votos en abundancia. Con lo cual queda patente, una vez más y entre otras cosas, que la relación entre la “Religión” y el “Evangelio” sigue siendo enormemente problemática.

Lo fue desde el comienzo mismo de los orígenes de la Iglesia. Porque, como sabemos, a Jesús lo persiguió y lo mató la religión. De la misma manera que ahora sabemos que la religión católica, que tanto bien les hace a los más desgraciados del mundo, también es cierto que sintoniza mejor con quien le proporciona dinero y privilegios, que con los que, en sus programas políticos y sociales, se ponen de parte de los trabajadores, los parados, los extranjeros, etc.

Al decir estas cosas, no pretendo ingenuamente resolver problema alguno. Solamente me interesa destacar un tema que me parece capital: ¿qué importancia tiene en mi vida el “Evangelio”? El día que cada cual empiece a poner en claro esta pregunta, seguramente empezará también a darse cuenta por qué las relaciones entre religión y corrupción nos resultan tan complejas y confusas.

No sé si esto es importante para Usted. Para mí – insisto en ello – es capital. Porque veo que ni la política, ni el dinero, ni el derecho, ni la tecnología le ponen remedio al sufrimiento y la inseguridad que padecemos. ¿No será que no nos interesa el “Evangelio”? ¿Y no nos interesa porque no lo entendemos ni sabemos qué relación tiene lo de Jesús con la religión y la corrupción?

Espiritualidad Corrupción, Evangelio, Iglesia Católica, Izquierdas, Jesús de Nazaret, PP, Religión

Actualizado: 01/07/2017 a las 11:42

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El lema de la cabecera será ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’ y habrá una segunda pancarta con la proclama ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Por primera vez, el Partido Popular estará en la cabecera, representado por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. 

La manifestación del WorldPride tendrá lugar el 1 de julio en Madrid. Dará comienzo a las 17.00 horas y transcurrirá desde Atocha hasta Colón. La pancarta de cabecera, que partirá concretamente del Paseo del Prado (a la altura del Jardín Botánico, frente al CaixaForum Madrid), llevará por lema ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’, y, dada la gran afluencia de representantes del ámbito político, sindical y social que se esperan, habrá una segunda pancarta de cabecera con el lema ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.

Está previsto que el último grupo a pie salga de Atocha a las 19.30 horas. Inmediatamente después, la policía desplegará las vallas para que las carrozas empiecen a salir, previsiblemente sobre las 20.15 horas. Se prevé que la última carroza llegue a Colón sobre las 1.00 horas. El discurso de la alcaldesa de Madrid, el representante de la Comunidad de Madrid y las personas representantes de los colectivos tendrá lugar en el escenario de Colón a partir de las 19.30 o 20.00 horas. También se dará lectura al manifiesto, que se realizará entre diferentes personas LGTB.

La manifestación del Orgullo LGTBI tiene carácter local y estatal. COGAM es la organización responsable de la invitación de los representantes de ámbito local y autonómico, mientras que FELGTB se encarga de los representantes de ámbito estatal. En esta ocasión y por primera vez en España, la manifestación también tendrá carácter mundial, hecho que llevará a contar con personalidades de varios países e instituciones internacionales.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), como organización convocante junto con COGAM de la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid, ha invitado a la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de ámbito estatal, da a conocer las personas que estarán mañana en la pancarta de cabecera. Encabezando la manifestación estarán Jesús Generelo, presidente de FELGTB; Jesús Grande, presidente de COGAM; y Juan Carlos Alonso, coordinador general del WorldPride Madrid.

También está confirmada la presencia de José Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, en el que será su primer acto como nuevo secretario general de CCOO.

Como instituciones, en representación del Gobierno de España estará Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, está confirmada la presencia de Celia Mayer, responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid; Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid; y Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.

En la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial también estarán representantes de distintas organizaciones sociales, como Estrella Rodríguez, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Elena Rodríguez, directora de la Plataforma del Tercer Sector; Luis Cayo, presidente de CERMI; Concha Díez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas; Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional; Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano; Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia; Daniel Anibal García, secretario de organización de COCEMFE; Toni Poveda, gerente de CESIDA; Paloma Favieras, coordinadora jurídica de CEAR; Santiago Villanueva, miembro de la ejecutiva de Plena Inclusión; entre otras organizaciones españolas. También habrá varios representantes de Interpride y EPOA, organizaciones internacionales concesionarias del WorldPride y EuroPride respectivamente.

Fuente Cáscara Amarga

Las Juventudes Falangistas inundan Madrid de carteles y pegatinas LGTBfóbicas durante la celebración del World Pride 2017.

En los últimos días ha habido varias agresiones LGTBfóbicas por parte de grupos neonazis en pleno centro de Madrid.

Quienes acudan a Madrid al World Pride. El Orgullo LGTB Mundial. y paseen por sus calles viviendo la felicidad, la alegría, la diversidad, el respeto  se encontrarán todo lleno de banderas arcoiris y de carteles como éste:

O  que te vuelvas a casa con un regalo homófobo:

Anoche me pegaron esto en la mochila pic.twitter.com/nTKh4RADvz

— Ｍａｎｕｅｈ (@bronzemanu18) 30 de junio de 2017

Como denuncian decenas de personas en Twitter y como demuestran las varias agresiones neonazis que ya ha habido durante el World Pride en Madrid, las Juventudes Falangistas se han lanzado a la calle a difundir el odio y a colgar posters y pegatinas LGTBfóbicas.

Que a lo mejor estas cosas pasan porque aunque Madrid es una ciudad lgtbfriendly alguien en el gobierno no se está tomando en serio la defensa del colectivo LGTB, de la libertad y de la diversidad y se está teniendo mucha manga ancha con ciertos discursos de odio que no deberían tener lugar en una sociedad pretendidamente moderna como la nuestra.

Claro que entonces viene el delegado del Gobierno en Murcia y te autoriza una manifestación neonazi el mismo día de la manifestación del Orgullo, y cuando los neonazis agreden a los manifestantes del Orgullo la policía identifica a los agredidos y escolta a los agresores.

Estamos celebrando el Orgullo y es justamente en estos días cuando más tenemos que luchar, más unidos tenemos que estar y más cara hemos de plantar frente al odio. (Y el “love is love” es un mensaje muy bonito, pero el “denuncia y a la cárcel” lo es más.)

Da igual que algunos políticos no hagan lo que tienen que hacer. La ley está de nuestro lado. Si sufres una agresión, te acosan en la calle, te reparten uno de esos carteles homófobos o te pegan una pegatina como las que están circulando por Madrid, ponte en contacto con el Observatorio contra la Homofobia.

Si te han repartido o pegado una pegatina así en el orgullo, escríbenos al 618547166. No te lo calles. Es discurso de odio: pic.twitter.com/G0ujW5ltIB

— ObsMadLGTB (@ObsMadLGTB) 30 de junio de 2017

Fuente EstoyBailando, por Jordi García

Menos mal que hay otras personas, católicas, con cabeza… y podemos ver esta imagen junto a la Basílica del Cristo de Medinaceli.

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General, Homofobia/ Transfobia. Albert Rivera, Andrea Levy, Beatriz Becerra, CC.OO., COGAM, En Comú, Equo, Falange Española de las JONS, FELGTB, Gobierno de España, Izquierda Unida, Jesús Generelo, Jesús Grande, Juan Carlos Alonso, Juventudes Falangistas, Manifestación, Mario Garcés, Mónica Silvana, Pablo Iglesias, Podemos, PP, PSOE, Ricardo Sixto, UGT, Unai Sordo, WorldPride Madrid, Xavi Domenech

Lamentable episodio el ocurrido este miércoles en Aguilar de Campoo, al norte de la provincia de Palencia, cuya alcaldesa (del Partido Popular) ordenó retirar con una grúa una bandera arcoíris que el grupo de Izquierda Unida había colocado en una ventana del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Tanto Chiguitxs LGTB+ Palencia como la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) han condenado lo sucedido, que consideran “un ejercicio de diversexfobia institucional”. Lo cierto es que el gesto ha atraído la atención sobre esta provincia, una de las menos pobladas de España.

La bandera había sido colocada en la ventana del despacho del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la tarde del martes, con motivo de la celebración, este miércoles 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Un gesto que no gustó a la alcaldesa popular, María José Ortega, que ante la negativa del concejal de IU, Alberto García, a acudir al despacho a retirarla, decidió nada más y nada menos que enviar un camión-grúa a hacerlo desde el exterior. Un momento que fue inmortalizado en una fotografía que el coordinador general de IU en Castilla y León, José Sarrión, difundía en Twitter:

El PP acaba de enviar un camión a retirar la bandera del Orgullo del despacho de IU en Aguilar de Campoo, Palencia. pic.twitter.com/Reb7lHj0yU

— José Sarrión Andaluz (@jsarrionan) 28 de junio de 2017

Un momento bochornoso que ha sido justificado por la alcaldesa con el argumento de que la colocación de la bandera “carecía de autorización”. María José Ortega negaba que se tratase de un gesto homófobo, algo que no comparten ni el colectivo palentino Chiguitxs LGTB+ Palencia ni la FECyLGTB+ que han emitido un comunicado conjunto en el que califican la retirada de la bandera de “un claro ejercicio de homofobia, de diversexfobia institucional, una autentico desprecio a la diversidad sexual y de género, realizada utilizando recursos públicos para ello y vulnerando la autonomía y los espacios de un grupo político”.

Chiguitxs LGTB+ ha querido recordar además que ya el año pasado se solicitó desde el colectivo la colocación de la bandera de la diversidad sexual y la alcaldesa se negó expresamente a hacerlo. “Esta retirada es un retroceso de veinte años, una clara homofobia institucionalizada. Por eso exigimos que la presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular desautorice este ejercicio de autoritarismo y desprecio a la diversidad sexual por parte de la alcaldesa de Aguilar y diputada provincial”, ha declarado Adolfo Infante, coordinador de Chiguitxs LGTB+. “Es increíble que, a día de hoy, en Castilla y León veamos cómo hay responsables políticos que están dispuestos a todo, incluso a utilizar una grúa municipal para retirar una bandera arcoíris de un espacio de un partido político, para no respetar la diversidad sexual”, ha añadido por su parte Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+.

Se da por cierto la circunstancia de que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo lucía sin problemas un cartel alusivo a las fiestas de San Juan y San Pedro. Un detalle que en las redes sociales no pasaba desapercibido:

Alcaldesa del PP de Aguilar de Campoo y diputada provincial #Palencia celebra #Orgullo2017 retirando bandera arcoiris del despacho de IU pic.twitter.com/ldHziaMHdx

— IU Palencia (@IUPalencia) 28 de junio de 2017

El gesto de la alcaldesa de Aguilar de Campoo protagonizaba este jueves, por cierto, el debate del pleno de la Diputación Provincial de Palencia, de la que María José Ortega forma parte, y en la que precisamente se aprobaba por unanimidad de todos los grupos una moción de apoyo al colectivo LGTBI. El portavoz de Ganemos Palencia, Félix Iglesias, hacía entrega a Ortega de una bandera arcoíris:

La alcaldesa de Aguilar, muy educadamente, la ha recibido con un par de besos y ha asegurado que en el futuro se colocará en el Ayuntamiento si así se aprueba, mencionando el hecho de que en otros pueblos de Palencia gobernados por el PP sí ha ondeado la bandera arcoirís. Sorprendente “buenrrollismo” cuando el día anterior había ordenado movilizar un camión-grúa para retirar la bandera que representa los derechos del colectivo que ahora asegura apoyar…

Lo cierto es que el tiro puede haberle salido por la culata a la alcaldesa de Aguilar de Campoo y a los homófobos palentinos. Lo sucedido en este pueblo, con gran eco a nivel nacional, ha puesto aún más en valor el hecho de que en otras localidades de la provincia (como Herrera, Paredes, Venta de Baños o Villamuriel) sí que haya ondeado la bandera arcoíris:

Los Ayto. de Villamuriel, Venta de Baños, Paredes, Herrera lucieron la bandera ArcoIris en este #28J #DiversidadSexual en el medio rural. pic.twitter.com/dlEwa2lDr5

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

En la propia capital provincial, Palencia, el pasado miércoles tenía lugar la primera concentración con motivo del Orgullo LGTBI, con una asistencia más que apreciable para ser la primera vez en una ciudad de su tamaño, como podemos apreciar en las fotos que Chiguitxs LGTB+ ha difundido en redes:

Algunas fotacas del orgullo de Palencia. ArcoIris de la diversidad sexual y de género para combatir la #Diversexfobia #Orgullo2017 pic.twitter.com/cCCRAmf2sH

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

General, Homofobia/ Transfobia. Adolfo Infante, Aguilar de Campoo, Alberto García, Bandera Arcoiris, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Discriminación, FECyLGTB, Félix Iglesias, Ganemos Palencia, Herrera, Homofobia, Ignacio Paredero, IU, José Sarrión, LGTBfobia, María José Ortega, Orgullo LGTB, Palencia, Paredes, PP, Venta de Baños, Villamuriel

Publicamos  el artículo  integramente, por su fina ironía…

No hace falta que os expliquemos, a estas alturas, que no es exactamente lo mismo ser un maricón orgulloso y visible en una ciudad como Madrid o Barcelona que serlo en un pueblo; y que tampoco es lo mismo asistir a un acto LGTB en una ciudad que hacerlo (si es que llega a haberlo en algún momento) en muchas pequeñas y medianas localidades donde quizás harían mucha más falta, aunque solo fuera por la novedad y para variar un poco de escenario.

Por eso os podéis imaginar que nuestros corazoncitos de maricas (bastante) rurales se alegraron cuando vieron que Forcarei, un municipio de unos 3000 habitantes que está más o menos en el centro de Galicia, iba a celebrar este año su primer orgullo LGTBI, organizado por dos chicos, Víctor Núñez y Gustavo Méndez, que son la primera pareja del mismo sexo que se ha casado en el municipio.

El programa, como veis, era bastante amplio para ser una primera edición, aunque también tenemos que decir que nos parece que se centraba mucho más en la parte lúdico-festiva que en la parte reivindicativa y de protesta tan necesaria. En cualquier caso hay que valorar este tipo de iniciativas, que tienen muchísimo valor, sobre todo si consiguen atraer a gente de todas las edades.

En realidad todo parece indicar que a la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro (Partido Popular), la idea de un orgullo LGTB en su ayuntamiento no le entusiasmaba demasiado. Solo por esa razón se explica que pusiera todo tipo de obstáculos, empezando por retrasar la reunión con los organizadores, no aportar ayudas municipales, o decir que no era necesario colgar una bandera arcoiris en el ayuntamiento porque “la bandera arcoíris no significa nada ya que todos estamos representados por la de España”, ¿os suena de algo? (Finalmente, la bandera que se colgó del balcón del ayuntamiento fue cedida por la corporación de Lalín, otra localidad cercana que funciona además como cabecera comarcal).

Lo triste es que, tal como cuenta la prensa y como incluso era de esperar en una de las zonas más envejecidas de España, el evento no fue precisamente un éxito. Leyendo la crónica de La Voz de Galicia, El orgullo rural patina en Forcarei, podríamos pensar en principio que el principal problema fue la falta de público asistente, aunque leyendo con más atención habla de un pregón incendiario, un ejercicio de “canalización de la frustración”, que hizo abandonar el recinto a la alcaldesa y otros políticos. Una extraña cobertura por parte del periódico que parece querer desviar la atención a la poca diplomacia de los organizadores (que también se quejaron de lo mal recibida que fue su propuesta por los comerciantes locales) y al poco interés que despertó entre los vecinos su idea.

Al día siguiente, la alcaldesa ordenó retirar la bandera del ayuntamiento y otros adornos que se habían usado para la fiesta, a pesar de que estaba previsto que continuaran colocados durante más tiempo. Ya podemos ver que la señora está aparentemente obsesionada con unos símbolos que, curiosamente, para ella no representan nada…

La alcaldesa, Belén Cachafeiro

Los organizadores quisieron pedir perdón por lo crítico e incendiario de su pregón unos días después pero, al mismo tiempo, quisieron dejar claro que se sentían indignados y humillados por la alcaldesa, que les había preparado una “broma” sin ninguna gracia pocas horas antes de empezar el orgullo.

El día antes de la fiesta, Víctor Núñez recibió una  llamada de la secretaria de la alcaldesa, para pedirle que fueran él y su marido a un bar del pueblo. Ambos pensaban que la intención era agradecerles el trabajo de organización que habían realizado, pero en su lugar se encontraron con que, como si estuviéramos en el patio del instituto, les habían citado para burlarse de ellos. El objetivo de la cita era cumplir un reto que le habían propuesto a un trabajador municipal: darle un beso en la boca a Núñez (como finalmente hizo) para ganarse una churrascada, todo ello en un ambiente de  juerga y burla. Ya veis qué graciosilla y divertida es esta alcaldesa pepera de Forcarei, que parece que no ha superado lo peor de la adolescencia y todavía está en el nivel de (ausencia de) madurez que le lleva a pensar que hacer que un señor se bese con el maricón del pueblo es hilarante.

Luís Bará, un diputado autonómico del BNG en la provincia de Pontevedra ha pedido que este caso se exponga Parlamento gallego para que la Xunta condene enérgicamente la actitud homófoba de Cachafeiro y la humillación por la que hizo pasar a Víctor. Sinceramente, teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PP en Galicia y que tenemos una ley autonómica contra la LGTBfobia que es, básicamente, una declaración de buenas intenciones vacía de contenido, no esperamos que de aquí salga ni siquiera un tirón de orejas suavecito.

Como ya nos conocemos un poco al ganado, no vamos a pedir a nuestros amiguis #YoSoyGayYdelPP que nos expliquen este episodio, porque sabemos que no lo van a hacer; pero sí les pedimos que añadan a Belén Cachafeiro a la lista de casos aislados de un partido que, según ellos, ha dejado atrás su pasado homófobo. Aunque seguramente no tendrán tampoco tiempo para actualizar esa lista y estarán embobados viendo este tuit tan cuqui que el PP ha colgado justo a tiempo para el WorldPride de Madrid y en el que dicen que están muy comprometiblablabla con todos nosotros y que nos quieren muchísimo.

Seguramente la alcaldesa de Forcarei también nos quiere muchísimo, aunque se divierta mucho y le dé mucha risa ver  cómo nos besamos los maricones envueltos en una bandera arcoíris de España. Nos gustaría que Cachafeiro también leyera el tuit y prestara especial atención a ese textito que está rodeado de unos colores (¡sí, esos que para ella no significan nada porque ya tenemos el rojo y el amarillo!) en el que se habla de trato vejatorio o degradante.

👉 Por una igualdad de oportunidades para todos https://t.co/If9egObbuV pic.twitter.com/6RgFrARgyJ

— Partido Popular (@PPopular) 26 de junio de 2017

Fuente | Diario de Pontevedra, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. #YoSoyGayYdelPP, Belén Cachafeiro, Forcarei, Galicia, Gustavo Méndez, Homofobia/Transfobia, Orgullo LGTBI, PP, Víctor Núñez, WorldPride 2017

La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) y Teresa Rodríguez (Podemos).

PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para promover de forma conjunta una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en Andalucía, después de que el pasado mes de octubre el Parlamento andaluz aprobara la toma en consideración de sus dos proyectos, que diferían, sobre todo, en el tratamiento legal de la transexualidad en menores. Tras el acuerdo, la preferencia explícita que el proyecto de Podemos daba a la voluntad del menor sobre la de sus padres a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal durante la pubertad (algo a lo que se negaba en redondo el PSOE) queda sustituida por una redacción más genérica, que sigue considerando como valor supremo el derecho del menor al libre desarrollo de su personalidad, pero sin establecer preferencias explícitas en su articulado.

El Parlamento andaluz aprobó en octubre la toma en consideración de dos proposiciones de ley. La del texto de Podemos recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas (ello no significa que el resto de grupos estuvieran de acuerdo con su articulado, sino con el hecho de que el proyecto debía tramitarse). La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, que esperaba que el trabajo parlamentario permitiese hace confluir ambas propuestas.

¿Cuál fue la causa de que se presentasen dos proposiciones? Podemos optó por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo con varios colectivos LGTB andaluces, especialmente ambiciosa en materia de transexualidad en menores. Su texto, por ejemplo, daba preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que iba en la línea de respetar al máximo el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE estaba en desacuerdo. No es algo nuevo: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE, que entonces gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar detalles y remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añade de hecho aquella ley.

El PSOE, por su parte, prefirió elaborar un proyecto alternativo de ley de igualdad y no discriminación, que en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans remitía simplemente a esos mismos textos de la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

Finalmente, después de varios meses de tiras y aflojas, ambos partidos han llegado a un acuerdo para retirar sus dos textos y presentar uno conjunto. El texto acordado mantiene el derecho de los menores trans a recibir tratamiento hormonal en el momento adecuado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su misma edad e identidad, pero la formulación que daba preferencia explícita a su voluntad sobre la de sus padres será sustituida, según adelantaba Infolibre, por una fórmula que garantiza “el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores conforme a su identidad sexual” y establece que la administración velará para que los padres “desarrollen adecuadamente sus responsabilidades”, garantizando “el interés superior del menor”. A la espera de conocer el texto definitivo, parece que ambos partidos han cedido: el PSOE acepta que la ley reconozca de forma expresa el derecho de los menores trans al tratamiento hormonal, mientras que Podemos acepta que la preferencia de la voluntad de los menores sobre la de sus padres (que el PSOE rechazaba que figurase de forma explícita en el texto) se refleje de una forma mucho más genérica.

Posible acuerdo unánime

El acuerdo entre PSOE y Podemos, que juntos tienen mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (aunque PSOE gobierna gracias a un acuerdo con Ciudadanos) garantiza que la ley saldrá adelante. Es esperable, en cualquier caso, que lo haga también con el apoyo tanto de Ciudadanos como de IULV-CA (que en el Parlamento andaluz es una fuerza independiente de Podemos).

La incognita será lo que haga el PP, aunque en Andalucía este partido mantiene posiciones más abiertas que en otras comunidades respecto a los derechos LGTB. De hecho, durante el debate de la toma de consideración de los anteriores proyectos, la portavoz popular, Esperanza Oña, reconocía expresamente que el texto de Podemos era “más avanzado”. Un posicionamiento que abre la puerta a que el texto pueda ser aprobado por unanimidad, como ya sucediera en 2014 con la ley integral de transexualidad. Ojalá sea así.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adolescentes LGTB, Andalucía, Ciudadanos, Discriminación, IULV-CA, Menores, Niñas transexuales, Niños transexuales, Parlamento de Andalucía, Podemos, PP, PSOE-A, Transexualidad

¿Pero es que no se acuerda del recurso de la Vergüenza ni de las perlas homófobas de miembros de su partido y del mismo Rajoy? Por no hablar del incumplimiento de la Ley Integral de Transexualidad por parte del Gobierno Regional…

La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia que se etiquete al PP con una tendencia homófoba: «La defensa de la igualdad y la diversidad no es patrimonio de ningún partido».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que no cree que vaya a la manifestación del Orgullo en Madrid, que acoge este año la celebración mundial, y asegura que en defensa de los derechos LGTBI no tiene «nada» que demostrar «a estas alturas».

La presidenta madrileña ha hecho estas declaraciones a La Otra Crónica, del diario El Mundo, preguntada sobre si acudirá a la marcha con la que Madrid reivindicará los derechos LGTBI en el mundo y muy especialmente los de los transexuales, y en la que sí estará presente la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

«No creo que vaya, porque sería más distorsionador que otra cosa, pero el orgullo tiene mi apoyo. Es más, yo siempre he apoyado la reivindicación al colectivo LGTBI», justifica la presidenta de la Comunidad, institución que previsiblemente sí enviará a un representante al término de la manifestación.

El presidente de Cogam, organización en defensa de los derechos LGTB en Madrid, dijo en la presentación del evento que «lo adecuado» sería que estuviese la presidenta.

Cristina Cifuentes asegura que lleva reivindicando «años y años» dentro de su partido y fuera el apoyo al matrimonio homosexual y desde su Gobierno —remarca— ha aprobado una Ley de protección de los derechos LGTBI.

Preguntada al respecto, considera «una cosa absolutamente disparatada» que se etiquete al PP con una tendencia homófoba.

«La defensa de la igualdad y la diversidad no es patrimonio de ningún partido», añade. La manifestación del próximo sábado, con 60 pancartas y 52 carrozas, será el eje de la celebración internacional del Orgullo Gay, en Madrid, del 23 de junio al 2 de julio.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Homofobia/Transfobia, Madrid World Pride 2017, Manifestación del Orgullo, PP

Este se ha dado con el hisopo y se ha quedado así… ¿que defienden a las víctimas?

El sacerdote recurrirá al Tribunal Supremo su condena a cinco años de prisión

Fue cambiado de la parroquia donde se produjeron los hechos a otra de otro pueblo

(José M. Vidal/Agencias).- En contra de lo que pide el Papa y la propia Conferencia episcopal española, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, del ala más conservadora de la Iglesia, no acatará la sentencia que condena a un cura cordobés a cinco años por abusos a una niña hasta que la sentencia sea firme. El sacerdote, condenado a cinco años de prisión ha recurrido en casación al Tribunal Supremo.

Además, desde que comenzó el enjuiciamiento del sacerdote abusador, el obispo de Córdoba no le suspendió cautelarmente del ejercicio de sus funciones pastorales. Lo único que hizo fue cambiarlo de parroquia y trasladarlo a otro pueblo, donde sigue ejerciendo. Tal y como se hacía antes de que el Vaticano decretase la «tolerancia cero» ante los curas abusadores.

Eso sí, el Obispado de Córdoba, ante la sentencia que condena a un sacerdote de la Diócesis por abusos sexuales a una niña de diez años cuando ésta era su monaguilla, ha recordado que ha venido colaborando «con la justicia civil» desde que el cura fue denunciado en abril de 2015, y que está «dispuesto a seguir haciéndolo, respetando la decisión de los tribunales y acatando la sentencia, cuando ésta sea firme».

En un comunicado, el Obispado cordobés ha reaccionado así después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a cinco años y un día de cárcel al sacerdote I.M.V., de unos 50 años de edad y que fue trasladado al municipio cordobés de Espiel, tras la supuesta comisión de un delito continuado de abusos sexuales a una niña de diez años, que era su monaguilla en la localidad cordobesa de Villanueva del Duque.

Ante ello, el Obispado, además de expresar su respeto por dicho fallo judicial y anunciar que lo acatará cuando sea firme, ha anunciado que el sacerdote condenado, «haciendo uso de su derecho de recurrir la sentencia, seguirá defendiendo su inocencia y presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que considera que no son ciertos los hechos denunciados».

Junto a ello, el Obispado ha reiterado que seguirá «colaborando plenamente con la justicia civil y cumpliendo escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, protegiendo en todo momento a las posibles víctimas«.

El cura condenado ejerce en la actualidad en la citada localidad de Espiel, cuyo alcalde, José Antonio Fernández (PP), tras conocer la sentencia, ha asegurado a Radio Córdoba que no pedirá nada al Obispado, justificando esta decisión en el respeto a la Iglesia y al propio sacerdote.

Texto íntegro del comunicado

Hecha pública la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a D. Ignacio Mora Vilaltella, sacerdote diocesano de Córdoba, por un delito de abusos sexuales sobre una menor, este Obispado desea manifestar:

1. Desde el momento en que se tuvo noticia oficial de que este sacerdote había sido denunciado por presuntos abusos sexuales de una menor, el Obispado ha colaborado con la justicia civil y está dispuesto a seguir haciéndolo, respetando la decisión de los tribunales y acatando la sentencia, cuando ésta sea firme.

2. Este sacerdote, haciendo uso de su derecho de recurrir la sentencia, seguirá defendiendo su inocencia y presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que considera que no son ciertos los hechos denunciados.

3. El Obispado seguirá colaborando plenamente con la justicia civil y cumpliendo escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, protegiendo en todo momento a las posibles víctimas.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Córdoba, Demetrio Fernández, Espiel, José Antonio Fernández, Pederastia, PP

El colectivo LGTB recibe con euforia esta nueva ley.

El texto presentado por el PSN(PSOE), abunda en la necesidad de reconocer y respetar la diversidad sexual y afectiva.

UPN se ha abstenido y el PPN lo ha rechazado.

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy la Ley Foral de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en Navarra, que sitúa a la Comunidad foral a la vanguardia en la defensa de los derechos de este colectivo.

Ante un nutrido grupo de este colectivo entre el público, que ha aplaudido profusamente la aprobación, con la incorporación de 7 enmiendas in voce, ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, la abstención de UPN y el rechazo de PPN.

La nueva ley foral profundiza en el reconocimiento social y político de la diversidad sexual y afectiva en condiciones plenas de equidad y respeto, también en el ámbito reproductivo y genital.

La iniciativa presentada por el PSN(PSOE) busca «establecer y regular» los principios y medidas para garantizar la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas LGTBI+, mediante medidas contra toda discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, «en todos los ámbitos sobre los que el Gobierno de Navarra y las entidades locales tienen competencia».

En ese contexto se garantiza la «reparación» de los derechos cercenados, y se aseguran acciones «compensatorias y de reconocimiento a colectivos históricamente» segregados.

Para avanzar en el reconocimiento social y político de una reivindicación fundada en la aceptación de la «diversidad como valor añadido», se establecen condiciones para facilitar la participación y representación de personas y grupos LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida social e institucional, siempre desde una óptica de «prevención y detección temprana» de conductas fóbicas.

En ello colaborarán las Administraciones Públicas y el Defensor del Pueblo, habilitados para actuar «de oficio».

Entre los compromisos destaca el relativo a la «protección de menores, jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad», así como los de diversas políticas públicas, ya sea a nivel de «empleo, salud, comunicación, ocio, cultura o deporte».

Por otra parte, se hace efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar tanto en el derecho navarro, público y privado, como en la práctica judicial y administrativa.

En el ámbito reproductivo y genital, se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas LGTBI+ con capacidad gestante y a sus parejas, se posibilita la congelación de tejido gonadal y células reproductivas a los transexuales que opten por acceder a tratamientos hormonales y, de igual modo, se asegura la atención ginecológica y urológica.

En el terreno educativo, la UPNA promoverá introducir en los planes de estudio contenidos específicos para abordar la diversidad sexual y de género, entre otras medidas.

En su defensa, Virginia Alemán (Geroa Bai) ha valorado esta «ley transformadora» que reconoce «derechos fundamentales que históricamente han sido vulnerados», mientras que Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha ponderado el «proceso enriquecedor» que junto a los colectivos LGTBI+ ha generado esta «buena ley», con un «planteamiento integral», aunque no suficiente, ha advertido.

Tere Saez (Podemos) ha coincidido en mostrar su «alegría y agradecimiento» por lo hoy aprobado tras un «trabajo intenso» y enriquecedor que ha permitido que esta ley «no sea un corta y pega» sino una norma específica que ha tenido en cuenta lo aportado.

 Nuria Medina, PSN (PSOE), ha valorado el «gran documento, ambicioso» hoy aprobado, que coloca a Navarra «a la vanguardia de los derechos de todas las personas», para cuyo desarrollo se ha puesto a disposición del gobierno, al que ha pedido «valentía, además de los recursos económicos y humanos» necesarios.

Por I-E, Marisa De Simón, también se ha felicitado en «un gran día» en el que la ley aprobada «avanza en participación» y «camina a un modelo de desarrollo social más inclusivo».

La abstención de UPN ha sido justificada por Ana San Martín porque «no podemos dar la espalda a la igualdad y a los derechos» que sí ven en la ley, en la que sin embargo también advierten «discriminaciones» y vulneraciones de derechos de otros colectivos a costa de este, y supone una ley que «tiene mucho que mejorar».

Ana Beltrán (PPN) ha advertido de que rechazo de esta «ley ideológica» no es un voto en contra de las personas LGTBI, cuya orientación respetan, pero ha lamentado que supone discriminar a otros y ha explicado «no ver la necesidad de una regulación específica, concreta e intervencionista» que subraye la no discriminación, cuando esto ya lo protege la legislación europea y española.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Ana Beltrán, Ana San Martín, Bakartxo Ruiz, EH Bildu, Geroa Bai, I-E, Ley Foral de Igualdad Social LGTBI+, Marisa De Simón, Navarra, Nuria Medina, Podemos, PP, PSN-PSOE, Tere Saez, UPN, UPNA, Virginia Alemán

Nacho Carratalá, Jorge Planells y Ana Penades. Estos son los nombres de los tres ediles del Partido Popular del municipio valenciano de Torrent que han votado a favor de una propuesta de Compromís en favor del colectivo LGTB.

La propuesta presentada por Compromís se formulaba para que, entre otros asuntos, se colocase la bandera del arcoíris en la fachada del ayuntamiento los días 17 de mayo y 28 de junio.

Los anteriormente mencionados votaron a favor de esta moción de Compromís que defendió Víctor Medina, mientras que el resto de su grupo parlamentario se abstenía. El voto de los tres concejales resultó ser toda una sorpresa en la sesión, generando asombro entre las filas del PP.

La proposición realizaba, además, un recordatorio de hechos históricos del siglo XX en los que hubo acciones públicas graves contra el colectivo LGTB. En la moción también se reconoce que «desde el fin de la dictadura, son muchos los hitos conseguidos por el colectivo LGTB pero la reparación de las víctimas de la represión franquista nunca llegó de forma efectiva y valiente por parte del Estado».

En el mismo documento se incluye que, aunque la discriminación ha evolucionado hacia formas menos explícitas, la exclusión sigue dándose. «El ámbito escolar o el de las personas que no responden a los cánones heteropatriarcales occidentales son los espacios donde la LTGBfobia aún tiene cabida de una forma más evidente», dice textualmente la moción, para señalar a colectivos aún más vulnerables como el de las personas con diversidad funcional o las inmigrantes, que sufren una doble exclusión, por su condición y por «amar o tener una forma de expresar o sentir su género».

La problemática del sida también ha quedado registrada en el texto, denunciando la falta de campañas, la dejadez institucional para evitar y combatir la enfermedad, lo que genera «una grave escalada en contagios del virus especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres».

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Penade, Compromís, Comunidad Valenciana, Homofobia/ Transfobia, Jorge Planells, Nacho Carratalá, PP, Torrent

Ampliamos la noticia en la que, el pasado viernes,  hacíamos mención a este registro en el Congreso de los Diputados:

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba este jueves 4 de mayo, en el Congreso de los Diputados, una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTB. El proyecto cuenta a día de hoy con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP, hoy sin mayoría absoluta en el Congreso. Sobre el papel, la ley no debería tener problema para ser tramitada con celeridad y ser aprobada. Veremos qué sucede.

Solo unos pocos días después de que la FELGTB haya celebrado su 25º aniversario (nació oficialmente el 28 de abril de 1992), esta organización avanza hacia un nuevo hito con el registro en el Congreso de una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo ha hecho tras más de un año de trabajo en su elaboración y después de meses de negociaciones con los grupos políticos con representación parlamentaria.

La propuesta, que puedes descargar íntegramente en este enlace, fue sido registrada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con las firmas de toda la oposición, para acelerar la tramitación parlamentaria, por lo que el proyecto cuenta con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya fue presentado el pasado marzo en la Comisión de Igualdad por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

Sus líneas generales

La norma registrada es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.

Un proyecto que debería ser aprobado sin grandes problemas

El proyecto debería ser aprobado sin problema, al contar con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y sus aliados, Ciudadanos y partidos nacionalistas. En la actual coyuntura política española, aunque el PP y sus satélites regionales se opusieran frontalmente, no disponen de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sí la tienen en el Senado, pero el Congreso puede levantar un hipotético veto de la Cámara alta.

Ahora bien, no está de más matizar que el Gobierno del PP sí tiene la capacidad de bloquear aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que ya los analistas han anticipado que Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso. Todo dependerá, en último término, de la voluntad política de Mariano Rajoy, y de a qué otorgue más peso el presidente del Gobierno: si al sector más ultraconservador de su partido (hoy en horas bajas ante la opinión pública, pero no por ello privado de poder e influencia) o al deseo de no verse implicado en polémicas que socaven la imagen “moderada” que con la ayuda de radios, prensa escrita y buena parte de las televisiones ha construido de sí mismo.

Tampoco debemos pasar por alto que una cosa es dar apoyo a la tramitación del proyecto y otra muy distinta apoyar al 100% la redacción propuesta por la FELGTB en todos y cada uno de sus apartados. La trampa, en este caso, podría venir de posibles juegos de alianzas entre varias fuerzas políticas (PP incluido) para introducir enmiendas que descafeinasen o rebajasen el alcance del proyecto. Estaremos muy atentos.

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La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía archiva una queja contra la exposición fotográfica que conmemoraba el Orgullo LGTB en Sevilla porque no considera que vulnere ningún derecho de ningún menor.

Desde el ABC de Sevilla la denunciaron porque se mostraba a dos hombres “besándose con contundencia“. La misma exposición de la que un señor del PP de Sevilla (ese partido tan moderno y tan progre y tan a favor de la libertad sexual) se quejó porque aunque ellos defienden la libertad del colectivo LGTB creían que la exposición era ofensiva incluso para los gays que no se veían representados por estas fotos:

Pues resulta que además de todo eso un grupo de personas “disconformes” con el contenido de las fotos presentaron una queja ante el Defensor del Menor. No hace falta ser muy listo para imaginarte quiénes presentaron esa queja. Pues la oficina del Defensor del menor, dirigida por Jesús Maeztu, ha emitido un informe en el que deja claro que en esas fotografías no hay nada malo.

Explica el Defensor del menor que la muestra fotográfica está amparada por el artículo 20 de la Constitución que reconoce “el derecho a la libertad de expresión y de producción artística, científico o literaria“. Aunque añaden que ese derecho puede ser matizado si entra en conflicto con otros derechos (como el derecho al honor, a la propia imagen o la protección de los menores de edad), aclaran que estas fotos (que fueron elegidas por un grupo de reporteros gráficos que habían fotografiado una manifestación del Orgullo) no lesionan “los derechos presuntamente vulnerados“ que denunciaba el grupo de personas disconformes con las imágenes; como por ejemplo la integridad moral y psicológica de los menores.

Aún así, sea como sea, para la Oficina del Defensor las fotos no han “producido una infracción de derechos y/o libertades constitucionales que conduzcan a adoptar medidas“, por lo que han han archivado la queja.

Fuente | Andalucía Información, vía EstoyBailando

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El grupo popular en la Junta General del Principado de Asturias no ha querido apoyar una propuesta de declaración institucional de rechazo a la persecución de homosexuales en Chechenia. La negativa de los populares ha impedido que la declaración, que sí contaba con el respaldo de los demás grupos, pudiese ser leída al inicio de la sesión de este viernes.

Lo hemos sabido gracias a un comunicado del grupo parlamentario de Izquierda Unida Asturias. La propuesta, que segun Izquierda Unida había sido impulsada por las organizaciones LGTB de Asturias, solicitaba a las organizaciones internacionales que lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces sobre los informes de secuestros y asesinatos en la República de Chechenia, así como a garantizar que todas las personas halladas culpables o cómplices de estos delitos sean procesadas con arreglo a la legislación de la Federación Rusa. Como hemos venido informando, la persecución de homosexuales en Chechenia ha sido desvelada por el diario ruso Novaya Gazeta, y pese a que tanto las autoridades chechenas como rusas la niegan (cuando no la atribuyen directamente a una campaña de propaganda “occidental”) hay suficientes indicios como para considerar que lo está allí ocurriendo es muy grave.

La propuesta que los populares asturianos no han querido apoyar también reclamaba la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que puedan correr peligro en Chechenia debido a su orientación sexual, y así como la condena de los comentarios homófobos vertidos por las autoridades chechenas (comentarios que por cierto díficilmente pueden atribuirse a campaña internacional alguna). Y recordaba, finalmente, a las autoridades rusas y chechenas que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de prohibir la discriminación y de investigar y enjuiciar los crímenes de odio, “que son la manifestación más aborrecible de la discriminación”.

La negativa de los populares asturianos, por desgracia, impidió que el Parlamento del Principado emitiese dicha declaración con carácter institucional, algo para lo que se necesita la unanimidad de los grupos.

Fuente Dosmanzanas

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Continuación de las barrabasadas de esta concejala…

“¿Y esta cosa con bigote de dónde ha salido? Qué hartazgo, por Dios”, rezaba el texto con el que la concejala del Partido Popular en Paiporta (Valencia), Amparo Ciscar, se refería en Facebook a Cassandra Vera, la joven tránsgenero condenada por la Audiencia Nacional por difundir en Twitter chistes sobre Carrero Blanco. “No sé qué hay de despectivo llamando Ramón a un señor que se llama Ramón. Su DNI da fe de ello? Y decir que tiene bigote, si lo tiene…”, se defendía después, una vez empezó a recibir los primeros reproches. Ciscar, representante del PP en el Consejo de la Mujer de Paiporta, acabó pidiendo disculpas tras la oleada de críticas.

El propio gobierno municipal de Paiporta consideró “muy graves” la afirmaciones de Ciscar, a la que pidió la retirada de los mensajes tránsfobos y una disculpa pública. Según expresó el equipo de gobierno, “las diferentes opciones sexuales e identidades de género tienen que contar con el respeto y la comprensión de todas y todos pero, especialmente, de los cargos políticos que ostentan una responsabilidad pública”. El gobierno municipal también lamentó la imagen que se ha dado “de una localidad que muy mayoritariamente es respetuosa con las diferentes opciones sexuales y las identidades de género, y se mantiene firme en su lucha por la igualdad y contra la homofobia y la discriminación de las personas transexuales”.

Pero las críticas a Ciscar llegaron incluso de su propio partido. El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Paiporta, Vicente Ibor, reclamó a su compañera que pidiera disculpas públicas por lo que consideró un “comentario desafortunado”. De hecho, Ciscar acabó por retirar de su perfil de Facebook los comentarios tránsfobos y dejar, en su lugar, la siguiente disculpa:

En relación a la polémica que ha tenido lugar, con motivo de mi comentario en FB, quiero hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, reconocer que ha sido un comentario realmente desafortunado, pero que en modo alguno mi intención ha sido ofender a nadie, y muchísimo menos por su condición sexual.

Quiero ante todo hacer constar, que no soy una persona homófoba.
Que respeto profundamente la diversidad y las diferentes maneras de vivir y de sentir de TODAS las personas.

Quienes me conocen, saben que mi actitud, tanto en mi vida política como personal, siempre se ha basado en el respeto y las buenas maneras.
Por eso creo que mis palabras se han malinterpretado, y algo que pretendía ser meramente anecdótico se ha convertido en ofensivo muy a mi pesar.

Por tanto, pido a Casandra que acepte mis disculpas, así como al colectivo LGBT y a cualquier persona a la que he podido ofender sin pretenderlo.
Gracias.

Lambda critica muy duramente al PP y pide la dimisión de Císcar

El colectivo valenciano Lambda ha reaccionado con firmeza ante la transfobia de Amparo Císcar. “Desde Lambda, entendemos que la señora Ciscar piense que, por el hecho de que Cassandra sea una persona trans, tiene el poder de robarle la dignidad humana y por este motivo su partido votó que no a una ley que nos igualaba con el resto de la ciudadanía [la ley integral de transexualidad recientemente aprobada en las Cortes Valencianas con la oposición del PP]. Quizás si estos comentarios se hubiesen realizado en referencia a la señora Ciscar, o hacia alguien de su familia o partido, serían considerados una enorme ofensa e incluso un hecho delictivo contra el honor”, expresa Lambda en su comunicado. “Parece ser que la edil del PP aún no se ha enterado que muchas mujeres, o personas que se sienten e identifican como mujeres, sean trans o no-trans, tienen bigote y no por ello dejan de ser mujeres”, llega a añadir.

En su comunicado, Lambda crítica de forma muy dura al partido de Císcar y a su actitud hacia las personas LGTB. “Como personas trans estamos hartas de que el PP nos considere ciudadanas de segunda. No podemos continuar tolerando que el PP anteponga los derechos de la ideología católica a nuestros derechos fundamentales, tal y como hicieron con la defensa de ciertas enmiendas el pasado jueves 30 de marzo en la votación sobre la Ley Integral del reconocimiento del derecho a la Identidad y Expresión de Género de la Comunidad Valenciana. Es inadmisible que el PP siga defendiendo, como de nuevo hizo a través de la serie de comparecientes que participaron las diferentes sesiones de debate sobre la ley trans, que se nos aplicaran terapias de aversión para revertir nuestra identidad y deseo”, expresa la nota.“Desde Lambda todavía recordamos las votaciones de la ley de 2007, que nos facilitaba el cambio registral de nombre y sexo, y a la bancada del PP en el Congreso de los Diputados, votando en contra de aquella ley sin inmutarse, sin padecer ni un solo instante por las vidas que estaba menospreciando y más de uno, tras apretar el botón del no, siguió leyendo el periódico como si nada”, añade con amargura.

“Señora Amparo Ciscar, con sus comentarios no solo ha discriminado a Cassandra sino a todo el colectivo de personas trans. Así pues, desde Lambda, le exigimos una disculpa pública y que retire todo comentario que fomente el discurso del odio hacia las personas trans. Además, le exigimos, la dimisión inmediata del cargo público que ostenta, ya que sus declaraciones de odio la incapacitan para defender el interés y el bien común que como política está obligada a defender y a hacer cumplir. Como dice la investigadora, escritora y directora Susan Stryker, ‘la mayoría de las personas tienen grandes dificultades para reconocer la humanidad de otra persona si no pueden reconocer el género de esa persona’. Señora Císcar, ese es su problema y el de su partido, problema que se hace evidente cada vez que les vemos votar en contra de cualquier propuesta que dignifique nuestras vidas”, finaliza el comunicado.

Un caso que merece reflexión

En cualquier caso, ya al margen de la transfobia demostrada por el PP valenciano, lo que está sucediendo en torno a Cassandra Vera merece una reflexión profunda. Los múltiples comentarios surgidos tras su condena están dejando al descubierto una transfobia latente que resulta preocupante. No nos referimos ya a los habituales perfiles difusores de odio LGTBfobo en redes sociales, sino a personas que en otras circunstancias se lo pensarían dos veces antes de hacer un comentario tránsfobo (como ha sido, quizá, el caso de Amparo Ciscar). Es en estos casos, precisamente, en los que se pone a prueba la solidez de principios de muchas personas. Basta que se hayan conocido comentarios que aún siendo adolescente dejó Cassandra Vera en sus redes sociales y que muchas personas han considerado reprobables o de mal gusto para que “se relaje” la vara de medir de la transfobia y se abra la veda del comentario insultante.

Por no hablar de la confusión reinante sobre el derecho a la libertad de expresión y sus límites, incluso entre personas con sensibilidad progresista. Como el periodista Antón Losada señalaba muy acertadamente en la columna que hace pocos días publicó sobre el caso en el diario.es, “otra curiosa manera de defender la libertad de expresión estos días ha sido equiparar la condena a Cassandra con la prohibición de circular al autobús de Hazte Oír, tratándolos como si fueran ejemplos similares de idénticas amenazas para la libertad y la tolerancia. ‘Yo no hubiera condenado a Cassandra, pero tampoco habría prohibido el autobús de Hazte Oír’, repiten muchos convencidos. Como si fuera lo mismo publicar tus ideas en un medio donde acceder supone una acto voluntario, que ocupar una calle y un espacio público obligándonos a todos a leerlas y escucharlas, nos guste o no. Como si a Hazte Oír la hubieran prohibido usar Twitter, o publicar una web, o editar sus ideas; no simplemente abusar de manera ilegitima de un espacio público”.

Nosotros mismos destacábamos la que consideramos diferencia de trato entre lo sucedido con Cassandra Vera y con la campaña de HazteOír. Los que en sus comentarios nos han reprochado nuestra postura argumentan que no es posible criticar la condena de Cassandra y pedir que se persiga legalmente la campaña de los ultraconservadores. Como si fuera lo mismo una campaña planificada de incitación al odio tránsfobo (financiada, programada, publicitada con dinero obtenido gracias a beneficios fiscales y acompañada de edición de material escrito enviado a los colegios, de cartelería con mensajes de odio, etc.) que la publicación en redes sociales de personas desconocidas de tuits, chistes u opiniones provocativas o políticamente incorrectas, por desgradables que nos puedan parecer. Flaco favor nos hacemos a nosotros mismos si no somos capaces de ver la diferencia, o si la vemos pero preferimos pasar de puntillas sobre el caso temerosos de que ello nos haga antipáticos ante cierta opinión pública.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la toma en consideración de una proposición no de ley del Parlamento de Navarra por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de declarar nulas o no vinculantes todas aquellas cláusulas que excluyen a una de las partes por tener VIH. En caso de aprobarse la modificación, ello supondría que se pone fin a una de las discriminaciones históricas de las que son objeto las personas con VIH en nuestro país: el acceso a las pólizas de seguro.

La proposición del Parlamento navarro ha sido defendida por tres de sus diputados: el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas; el de Geroa Bai, Koldo Martínez, y la diputada del PSOE, Nuria Medina. En esta ocasión, la propuesta navarra ha recibido el apoyo de todos los grupos del Congreso, después de que en dos ocasiones anteriores fuese rechazada. En 2011 se cerró la legislatura sin que el asunto pudiese quedar resuelto, mientras que en 2014, ya con la mayoría absoluta del Partido Popular, fue rechazada. Parece que a la tercera va la vencida, aunque hasta que la modificación no se produzca no se debería dar por segura. En esta ocasión el PP ha decidido sumarse a la petición en lugar de oponerse, como hizo en la ocasión anterior.

Según la proposición de ley cuya toma en consideración ha sido ahora aprobada (a la que puedes acceder aquí) “es necesario erradicar del ordenamiento jurídico todos aquellos aspectos que pongan trabas a la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por cualquier motivo, en este caso por ser personas portadoras del VIH/sida en lo que respecta al ámbito de las cláusulas discriminatorias contenidas en determinados contratos, negocios jurídicos, prestaciones o servicios”. “Este tipo de cláusulas discriminatorias acentúan el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas. La legislación actual obliga a declarar esta enfermedad a la hora de, por ejemplo, contratar un seguro. Un marco que no hace sino acrecentar la estigmatización”, continúa.

El texto reconoce que “son infinidad las asociaciones, organizaciones e instituciones las que han denunciado este tipo de cláusulas excluyentes y discriminatorias, que conllevan además graves consecuencias para el normal desarrollo de la vida de las personas afectadas”. “La libertad que reconoce el derecho privado a las partes para establecer pactos y realizar contratos no puede ser utilizada para discriminar a colectivos de algunos ámbitos por el solo hecho de tener una enfermedad. Por tanto, es necesaria una ley que declare la invalidez de cualquier cláusula que discrimine o excluya a una de las partes por ser seropositiva”, añade.

El apoyo de los populares a la propuesta navarra incluye, en cualquier caso, alguna matización. La proposición aprobada añade una disposición final a la ley por la que se pide Gobierno que en el plazo de un año presente un proyecto de ley por el que se determine la aplicación de esta medida a otras enfermedades sobre las que se aplican los mismos efectos excluyentes que al VIH en las relaciones jurídicas. Algo sobre la que la portavoz popular en materia de Consumo, María Eugenia Romero, ha mostrado sus dudas, argumentando que elaborar “una lista cerrada” de enfermedades puede tener los mismo efectos excluyentes que actualmente afectan a las personas con VIH.

Fuente Dosmanzanas

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Con esta ley la transexualidad ya no es considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana.

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con los únicos votos en contra del PP, la ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, que amplía los derechos de las personas transexuales y regula medidas educativas, sanitarias o de ocio para este colectivo.

La norma, conocida como ley «trans», ha salido adelante con los apoyos de los diputados del PSPSV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, quienes han aplaudido la aprobación de esta ley, así como a los representantes de este colectivo que seguían el debate desde la tribuna de invitados.

Diputados de estos cuatro grupos han coincidido en destacar que se trata de «un gran día», pues se aprueba una ley que pondrá fin a «la marginación» que ha sufrido el colectivo trans, mejorará y facilitará la vida de estas personas y permitirá avanzar en la igualdad y contra el odio.

Desde el PP han considerado que esta norma no regula bien algunos aspectos importantes, es susceptible de ser recurrida y echada atrás por los tribunales, además de no estar de acuerdo con que se aparte a los padres de las decisiones que afectan los menores y con eliminar los informes médicos y psicológicos.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, y plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas.

En el ámbito sanitario, incluye tratamientos quirúrgicos de cirugía para el cambio de sexo y garantiza a los menores trans el acceso a tratamientos hormonales. En el educativo, contempla un protocolo que permitirá usar las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluidos lavabos y vestuarios.

Además, establece que la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, actuará como interesada en causas penales que, por su especial relevancia y especialmente en materia de delitos de odio, justifiquen su personación en la defensa de los intereses colectivo y de los intereses de las personas trans.

En los pasillos de Les Corts, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que se trata de un día «muy grande» ya que por fin hay una ley que ampara «la dignidad» de este colectivo y declara a la Comunitat Valenciana «libre de entender a los transexuales como personas enfermas».

Oltra, quien ha advertido de que la ley deberá ser cumplida, ha defendido que una sociedad basada en la convivencia y la igualdad debe tener como base el respeto, y se ha preguntado «si alguien se imagina que en un colegio se pudiera enseñar que los negros son inferiores a los blancos». «¿Verdad que es una cuestión que hay que obligar que en un currículum escolar se eduque en la igualdad? Pues eso pasa con todos los colectivos, sean mayoría o minoría en la sociedad», ha defendido.

Sobre los menores, ha indicado que «no es una cuestión de consentimiento o no, sino de conflicto de intereses», y ha dicho que la ley establece que en caso de que un menor transexual no tenga consentimiento de sus padres para emprender el camino elegido pueda acudir a los tribunales para que un juez dirima.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El Tribunal Constitucional, renovado parcialmente tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE, ha elegido nuevo presidente. No se trata de una figura simbólica: entre otras prerrogativas propias del cargo, el voto de calidad del presidente es el que decide en caso de empate. Es, por tanto, una elección muy importante. Y la persona elegida, gracias a la mayoría de la que gozan en el alto tribunal los afines al PP, ha sido Juan José González Rivas, uno de los magistrados que votó en contra del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos.

Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Supremo y de perfil conservador, es miembro del Tribunal Constitucional desde julio del año 2012, cuando fue elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP (también en virtud de un acuerdo entre PP y PSOE para repartir los puestos entonces vacantes, como ha sucedido ahora). Recién llegado al Constitucional, González Rivas participó en las deliberaciones sobre el recurso del PP contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, y de hecho fue uno de los tres miembros que entonces se opusieron a su constitucionalidad, junto a Ramón Rodríguez Arribas (que dejó el Constitucional en 2013) y Andrés Ollero. Este último, que fue diputado del PP y es miembro del Opus Dei, era de hecho el que hasta hace pocos días sonaba como probable nuevo presidente, cargo que finalmente ha recaído en González Rivas.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, González Rivas expresó, en su voto particular, que “la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, desnaturaliza, en mi opinión, la esencia de la institución”. El ahora presidente del Constitucional se remontó además a un auto de 1984 del alto tribunal para afirmar que “las relaciones homosexuales no son equiparables con las relaciones heterosexuales entre personas de sexo distinto”. 

Por lo que se refiere a la adopción homoparental, González Rivas aseguró que de los artículos 32 y 39 de la Constitución “se infiere la imposibilidad de desarrollar una relación de filiación adoptiva por dos adoptantes del mismo sexo” (a pesar de que ninguno de los dos artículos, uno el referido al matrimonio y otro a los deberes de los padres respecto a los hijos y a la protección que estos merecen hacen referencia alguna a dicha circunstancia), defendió que no es discriminatorio negar la adopción a las parejas del mismo sexo y afirmó, para finalizar, que permitir la filiación por adopción efectuada por adoptantes del mismo sexo “atenta al prevalente interés del menor”.

Si quieres verlo por ti mismo, puedes acceder a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio igualitario y leer los votos discrepantes en este enlace. El voto de González Rivas es, de hecho, el que cierra el texto.

Opuesto a las pensiones de viudedad en parejas del mismo sexo

González Rivas no solo se ha opuesto, como miembro del Tribunal Constitucional, al matrimonio igualitario y la adopción homoparental. También lo ha hecho, y de forma reiterada, a que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio por tenerlo prohibido puedan acceder a la pensión de viudedad. Un derecho que la mayoría conservadora de la que goza el Tribunal Constitucional ha negado sistemáticamente en los últimos años.

Una mayoría, recordemos, que sigue sólida como una roca tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE para repartirse al 50% los cuatro puestos del alto tribunal que tocaba renovar por parte del Senado, de forma que no se ha visto alterada su composición ideológica, ya claramente escorada hacia la derecha. Y que ha permitido a González Rivas acceder a la presidencia, por ocho votos a favor (los de los siete miembros propuestos por el PP y el de Encarnación Roca, propuesta en su día por el PSOE pero frecuentemente alineada con el sector conservador) y cuatro abstenciones. Un mandato que mantendrá durante tres años, transcurridos los cuales puede optar a otra renovación más. Como vicepresidenta ha sido elegida Encarnación Roca, con los mismos votos.

La actual composición del Constitucional se mantendrá hasta julio de 2021, cuanto haya que renovar a los cuatro miembros que elige el Congreso. Unos años durante los cuales no es descartable que el alto tribunal se tenga que pronunciar sobre leyes que afectan directamente a los derechos de las personas LGTB. De ahí la importancia, no solo de su composición ideológica, sino de la persona que ocupa la presidencia, encargado de deshacer posibles empates.

No podemos, por tanto, sino expresar nuestra preocupación por el nombramiento de González Rivas, un nuevo ejemplo de que pese a los cambios políticos operados en España en los últimos años las más altas instituciones del Estado siguen férreamente controladas por los más conservadores.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Andrés Ollero, Encarnación Roca, Juan José González Rivas, Matrimonio, PP, PSOE, Ramón Rodríguez Arribas, Tribunal Constitucional