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El parking madrileño de Vazquez de Mella se llamará Pedro Zerolo… con la abstención del PP

lunes, 20 de marzo de 2017
Comentarios desactivados en El parking madrileño de Vazquez de Mella se llamará Pedro Zerolo… con la abstención del PP

header-parking-vazquez-mella-696x403Se aprueba la iniciativa presentada por el PSOE para el cambio de nombre.

El pasado jueves, el Pleno de la Junta Municipal de Centro de Madrid aprobó el cambio de nombre el aparcamiento Vázquez de Mella por el de Pedro Zerolo con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid. Sí, efectivamente, el PP no votó a favor… ni en contra. Al menos desde su punto de vista porque si no votas a favor de algo tan sencillo, es como votar en contra ¿no? En cualquier caso, el PP se abstuvo.

¿La razón para no apoyar el cambio? El dinero. Y es que los populares aseguran que esto conllevará “costes administrativos” que se podrían evitar.

Sí. Has leído bien. Costes administrativos por cambiar el nombre de un parking… ¿cuáles son esos costes más allá de cambiar algún impreso? Pues… ni idea pero es el mismo argumento que utilizaron en su día para oponerse a cambiar el nombre de la Plaza Vázquez de Mella y que nos sonó a cuento chino.

Luego se quejan de que no les invitan al Orgullo… Y es que, como le recordaba Carla Antonelli, Señora Cifuentes, la pancarta del Orgullo exige compromiso demostrado…

Fuente: Europapress, vía EstoyBailando

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El PP no quiso sumarse al resto de grupos del Parlamento catalán en su rechazo a la campaña de HazteOír contra los niños y niñas trans

jueves, 16 de marzo de 2017
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1335984403181pp-catala-senyeradnLa sensibilidad del Partido Popular frente a la transfobia va por barrios, o mejor dicho por comunidades autónomas… Mientras en Madrid el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid se sumaba al resto de grupos para condenar la campaña contra los niños y niñas transexuales del colectivo HazteOír, sus compañeros catalanes han rechazado hacer lo mismo en el Parlament de Catalunya.

El pasado jueves, antes incluso de que cundiera la alarma social tras las últimas agresiones homófobas ocurridas en Cataluña estos últimos días, el Parlamento catalán votaba una moción del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) que exigía el despliegue efectivo de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ante la campaña del colectivo ultraconservador HazteOír negando la existencia de la realidad transexual infantil, que había sido noticia los días anteriores, la moción incluyó un último punto. “El Parlamento condena la campaña de la entidad ultracatólica HazteOír con mensajes transfóbicos y se compromete a condenar explícitamente los actos contra las personas LGTBI que puedan tener lugar en el futuro”, rezaba literalmente el punto 13º de la moción.

La condena fue aprobada por 122 votos a favor (de Junts Pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la Candidatura d’Unitat Popular) y 9 abstenciones (de 9 de los 11 diputados con los que cuenta el Partido Popular en el Parlamento catalán).

Una posición, la de los populares catalanes, que contrasta con la que ese mismo día mantenían sus compañeros madrileños, que sí se sumaban al resto de grupos de la Asamblea de Madrid para condenar la campaña de HazteOír y pedir que se le retire la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades. Parece que los populares catalanes, en este sentido, han preferido alinearse con las voces que desde ese partido han surgido a favor de “respetar todas las posiciones”, como la de la presidenta del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig.

El PP catalán, poco amigo de las medidas contra la LGTBfobia

Lo cierto es que pese a lo decepcionante de la postura popular, esta no nos parece especialmente sorprendente. Los populares catalanes nunca han destacado precisamente por su entusiasmo en favor de las medidas contra la LGTBfobia. Hace solo unas semanas los populares catalanes eran también los únicos que no quisieron estampar su firma en un escrito de los portavoces de todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad de la cámara catalana que mostraba el rechazo a la organización de una charla homófoba por parte del arzobispado de Barcelona.

El PP catalán también rechazó en 2014 la ley contra la LGTBfobia, a cuyo proceso de aprobación se opuso con uñas y dientes (llegando a retrasarla más de dos meses al recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, que finalmente le dio su visto bueno).

Fuente Dosmanzanas

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Alfa y Omega denuncia que “HazteOir no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos” y la Asamblea de Madrid pide por unanimidad que HazteOír debe dejar de ser entidad de utilidad pública

sábado, 11 de marzo de 2017
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alfa-omega-644x362nachoIgnacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente «Ideología de Género», bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es «una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio». El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título «Dejemos a los niños en paz», la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que «es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio«, pero advierte que «la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida».

Para el semanario católico, «campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social».

«Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión», señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, «hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia».

Porque sólo «desde la integridad de la fe», como afirma el Papa en Amoris Laetitia, «se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'». «La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio«, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

asambleaLa proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ministro-interior-homofobia-marceloultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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Esperanza Aguirre financió a HazteOír cuando presidía la Comunidad de Madrid

miércoles, 8 de marzo de 2017
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esperanzaaguirreEl Ejecutivo comunitario otorgó 12.000 euros a la asociación ultracatólica en 2007, y patrocinó un acto y le concedió un premio en 2004.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aportó fondos a la asociación ultracatólica HazteOír cuando Esperanza Aguirre presidía el Ejecutivo, para ayudar a organizar eventos, así como a través de premios.

Según desvela este viernes ‘eldiario.es’, y recoge El Periódico, en el 2007, la Agencia Regional de Inmigración y Cooperación otorgó 12.000 euros a HazteOír para financiar la organización del III Congreso E-ciudadanos, celebrado en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en el que se analizaba cómo se transmitía el mensaje político a los ciudadanos.

Se da la circunstancia de que en aquel momento la citada agencia dependía de la Consejería de Inmigración, que entonces dirigía Lucía Figar, imputada en el ‘caso Púnica‘ y que presentó su dimisión por esta causa.

Unos años antes, en 2004, la asociación que estos días ha salido a la palestra por su campaña contra la transexualidad, organizó una cena de gala en el Hotel Husa Princesa que fue patrocinada por la Dirección General de la Juventud de la Comunidad de Madrid y estuvo copresidida por el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga, y Antonio González Terol, director de Juventud.

Y ese mismo año, el Ejecutivo comunitario otorgó a la asociación el premio Galardón Juventud en su modalidad de Periodismo. El consejero de Educación de entonces, Luis Peral, y el propio González Terol.

 Y en el 2011, con el PP de vuelta al Gobierno central, el Ministerio del Interior declaró a HazteOír asociación de utilidad pública, con lo que desde entonces goza de beneficios fiscales y ayudas, como la exención del IBI y de gran parte del IAE y de Sociedades.

La relación con el PP parece que fue recíproca, pues Arsuaga pidió a los asociados de HazteOír el voto para Aguirre en la campaña de las elecciones municipales del 2015.

Tras serle inmovilizado el autobús tránsfobo por el juez, HazteOír ha anunciado que sacarán más autobuses con mensajes contra la «ideología de género».

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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La presidenta del PP valenciano, partidaria de dejar circular al autobús de HazteOír cubierto de mensajes tránsfobos… y los obispos evitan contestar sobre el polémico bus tránsfobo de Hazte Oir

viernes, 3 de marzo de 2017
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isabel-bonigLa Presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, pide “respeto y libertad” para que el bus tránsfobo de HazteOir pueda circular por España y “expresar su opinión”.

Empiezan a hacerse notar los primeros apoyos políticos a HazteOír, la organización ultraconservadora que ha promovido una campaña de promoción del odio tránsfobo. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se ha desmarcado de la que parecía posición unánime de su partido contra la campaña, simbolizada de forma muy particular en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bonig ha reclamado “libertad” para que el autobús de HazteOír, cubierto de mensajes que niegan el derecho de los menores trans a la libre expresión de su identidad de género, pueda circular libremente.

El autobús de HazteOír permanece por el momento retenido en Madrid por orden de la Fiscalía. Una orden emitida después de que en la tarde del martes el Ayuntamiento de la capital lo inmovilizase por incumplimiento de la normativa municipal. En concreto, el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, ordenaba la apertura de diligencias para investigar si la campaña puede incurrir en un posible delito de odio y remitía un escrito a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial, que ha pedido al juez inmovilizar el vehículo en tanto “no se retiren los mensajes discriminatorios que exhibe”.

No está de más recordar en este punto que el artículo 510 del Código Penal español considera delito lesonar la dignidad de las personas “mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

No todos parecen estar de acuerdo, sin embargo, con el hecho de que se inmovilice un autobús con mensajes ofensivos hacia los menores transexuales. Es el caso de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que considera que hay que respetar “todas las posiciones”. “Hay que dejar libertad. En este país estamos muy acostumbrados a atacarnos unos a otros”, ha declarado la dirigente popular, partidaria de dejar circular al autobús de HazteOír en base, a su juicio, a la libertad religiosa, de expresión y de pensamiento que reconoce la Constitución. “Igual que unos defienden una postura, hay que respetar también el derecho de los demás a ser escuchados en libertad”, ha insistido Bonig, colocando con sus palabras en el mismo plano a los menores transexuales y a sus familias y a quienes les niegan su misma existencia: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, luce el autobús fletado por HazteOír.

“Que decidan los tribunales, pero hay que respetar todas las opiniones y ocuparse también de lo que le preocupa a la gente”, ha añadido Bonig. Parece, a tenor de sus declaraciones, que la líder de los populares valencianos no considera que la realidad de los menores trans, a los que la actual legislación estatal no reconoce expresamente derecho alguno, sea un asunto del que merezca la pena preocuparse.

Se da la circunstancia de que si el autobús de HazteOír no permaneciese inmovilizado en Madrid hubiese llegado ya a Valencia, ciudad que tenía previsto recorrer los días 1 y 2 de marzo.

Hay que tener narices para venir a hablar de respeto a las ideas y principios de otras personas cuando esas ideas y esos principios son pura apología de la transfobia. Evidentemente puede uno imaginar cuál sería el argumento a utilizar contra esta tontería, el mismo que la concejala de Protección Ciudadana de Valencia, Anaïs Menguzzato, le ha hecho llegar vía tweet:

Isabel Bonig, particularmente activa en la defensa de los promotores de la LGTBfobia

No es, lamentablemente, la primera vez que nos hacemos eco de las posiciones de la presidenta de los populares valencianos en favor de las posiciones contrarias a la igualdad de las personas LGTB. En mayo de 2016 recogíamos como Bonig se solidarizaba con el cardenal y arzobispo de Valencia Antonio Cañizares después de que este hiciera un llamamiento expreso a la desobediencia civil de las leyes inclusivas y asegurase que la “ideología de género” (el término que la jerarquía católica más conservadora utiliza para referirse, entre otras cosas, a la reivindicación de los derechos LGTB) es “la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia”.

La reacción por parte de colectivos sociales y defensores de los derechos LGTB llevó a Bonig a salir en defensa del cardenal y pedir que se firmase una petición  en change.org para que cesase “la campaña en contra del cardenal Cañizares”.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal había convocado a primera hora de la mañana a los medios para un «canutazo» acerca de la primera reunión de la «Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo«, en la que participarán los representantes de instituciones de la Iglesia católica implicadas en el campo de la educación, y que esta mañana debaten una posición común.

Sin embargo, a pesar de lo que afirmó su presidente Ricardo Blázquez,  el jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, interrumpió una pregunta sobre si en dicha reunión se abordaría la enseñanza de la ideología de género y, en ese sentido, las protestas del autobús tránsfobo de HazteOír, retirado de la circulación por el Ayuntamiento de Madrid.

No hubo tiempo siquiera de terminar la pregunta, pues Vera reclamó al portavoz, José María Gil Tamayo, que dejó a los periodistas con la palabra en la boca. Tan sólo atinó a esbozar un «todas esas cosas me imagino que saldrán«, antes de salir de la sala de prensa.

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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Luis Asúa, rival de Cristina Cifuentes en las primarias del PP madrileño, contrario a que su partido defienda los derechos de las personas LGTB

lunes, 27 de febrero de 2017
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luis_asua_gaysluis-asua-cristina-cifuentes-300x172Luis Asúa, en el centro junto a Federico Jiménez Losantos. | Twitter

Colegas denuncia que Luis Asúa considere que los derechos LGTB son de izquierdas y no una prioridad del PP.

Significativas declaraciones las de Luis Asúa, el candidato que se enfrentará a Cristina Cifuentes por el control del Partido Popular de Madrid. Asúa, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón y viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, ha criticado a Cifuentes por promover leyes en favor de los derechos de las personas LGTB, algo que a su juicio “es una bandera de la izquierda”.

Posiblemente hay una parte importante de escenificación del juego “poli bueno-poli malo”, pero es también innegable que la actitud de la presidenta madrileña en materia LGTB provoca malestar en los sectores más reaccionarios, tradicionalmente alineados a sangre y fuego con el partido de Rajoy. Cifuentes, para más inri, es partidaria del derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo. Una combinación que la ha puesto en el punto de mira de organizaciones ultraconservadoras como HazteOír e incluso de varios obispos madrileños, que tras la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia no dudaron en acusar a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y hacer un llamamiento a la desobediencia civil a la ley.

La ley madrileña contra la LGTBfobia, recordemos, recibió el apoyo de todo el espectro político madrileño (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). Impulsada por el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, el hecho de que el PP no disponga de mayoría absoluta en la Asamblea permitió de hecho que los grupos de la oposición enriquecieran el texto durante la tramitación parlamentaria de acuerdo a las reivindicaciones de los colectivos LGTB. La histórica votación quedó solo empañada por la ausencia de dos diputados del PP que no quisieron dar su apoyo a la ley, Luis Peral (ya dimitido) y David Pérez, alcalde de Alcorcón.

No fue el caso, por cierto, de la ley integral de transexualidad, aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos después de consensuar el proyecto con los colectivos LGTB y de padres y madres de menores transexuales. El PP, en este caso, decidió abstenerse. Cifuentes estaba dispuesta a aprobar una ley, y de hecho había presentado por sorpresa una propuesta propia meses antes, pero prefirió finalmente no sumarse a un proceso no liderado por su partido.

Merecida o no, la imagen de Cristina Cifuentes como política pro-LGTB es utilizada ahora por sus rivales internos para debilitarla en el proceso de primarias. En una entrevista en el programa matinal de EsRadio, la cadena radiofónica de Federico Jiménez Losantos, Luis Asúa aseguraba, al ser preguntado por “las leyes pro-LGTB de Cristina Cifuentes” que estas “son banderas de la izquerda, que deberían promover la izquierda y que el Partido Popular nunca puede estar a la cabeza”. Asúa también mostraba su desacuerdo con el hecho de que los dos diputados que se negaron a votar la ley contra la LGTBfobia fuesen multados por su grupo parlamentario.

A día de hoy pocos dudan de que Cifuentes, que al fin y al cabo cuenta con el respaldo de Mariano Rajoy, será elegida presidenta del PP madrileño, una organización que bajo el mandato de su predecesora, Esperanza Aguirre, se convirtió por cierto en un auténtico cenagal de corrupción. Será interesante ver, en cualquier caso, lo que sucede en un proceso de democracia interna inédito en ese partido y los apoyos que su rival es capaz de concitar, entre los cuales estarán sin duda los del sector más ultramontano. El resultado, el 12 de marzo.

Por su parte, en un comunicado, Colegas-Confederación LGBT Española ha denunciado este jueves que el expresidente del PP de Chamberí y candidato a presidir el PP de Madrid, Luis Asúa, considere que «los derechos LGBT son de izquierdas y no una prioridad del PP».

La asociación hizo estas declaraciones en alusión a la entrevista que Asúa ha concedido a esRadio, en la cual, indica la confederación, escucharon con «estupefacción, incredulidad y desagrado» que «el autoproclamado rival de Cristina Cifuentes haya declarado que las leyes y los derechos LGBT son banderas de la izquierda y que el PP debería ser tibio en estos temas».

El presidente de Colegas, Paco Ramírez, manifestó que «los derechos LGBT no son ni de izquierda ni de derecha», sino «simplemente derechos humanos, y quien no lo quiera entender así se retrata como alguien intolerante, reaccionario y fundamentalista». «Vuelve a no decir la verdad cuando afirma que la mayoría en el partido no quiere promocionar los derechos LGBT», criticó Ramírez, cuando, según él, «es la minoría integrista el lastre constante que ha tenido el partido en su normalización de la lucha por los derechos LGBT, y por lo que aún demasiadas personas consideran al partido como un partido homófobo y poco receptivo a la hora de incorporar en su seno las reivindicaciones de la población LGBT». Por último, manifestó que «me pareció muy cobarde su opción de no incorporar la maternidad subrogada como una necesidad imperiosa de la población en el último congreso del partido», con el objetivo de «no evidenciar la desunión del partido presionada por esa minoría intolerante y que tiene una influencia sobredimensionada».

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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El PSOE propone actualizar la ley de identidad de género para despatologizar la transexualidad y hacerla extensiva a menores

sábado, 25 de febrero de 2017
Comentarios desactivados en El PSOE propone actualizar la ley de identidad de género para despatologizar la transexualidad y hacerla extensiva a menores

psoe-actualizacion-ley-identidad-generoEl PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan «que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español», aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso «no es suficiente» y consideran necesario que se aborde urgentemente «una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía». También reivindican en el plano educativo que los centros «respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo».

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

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El Parlamento Europeo reconoce las necesidades de las personas LGTBI (y muy singularmente trans e intersexuales) en materia de salud mental

sábado, 18 de febrero de 2017
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beatriz-becerra-comision-200x300El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el voto a favor de 364 eurodiputados, el informe sobre igualdad de género en salud mental e investigación clínica elaborado por la eurodiputada española Beatriz Becerra (en la fotografía). Si lo mencionamos aquí es porque el informe contiene importantes recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI que han merecido el aplauso de ILGA Europe.

El Parlamento Europeo, de esta forma, reconoce expresamente, entre otros muhcos considerandos:

  • que las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas trans e intersexuales se enfrentan a problemas de salud mental derivados del estrés de las minorías, que se define como los altos niveles de ansiedad y estrés causados por prejuicios, estigmatización y experiencias de discriminación, así como por medicalización y patologización;
  • que las personas LGBTI pueden enfrentarse a problemas de salud mental y bienestar específicos que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de salud mental;
  • que las identidades trans no son patológicas pero lamentablemente todavía se consideran trastornos de salud mental, y que la mayoría de los Estados miembros requieren diagnósticos para tener acceso al reconocimiento de género legal o a la asistencia sanitaria relacionada con las personas trans, a pesar de que las investigaciones han demostrado que el diagnóstico de ‘trastorno de identidad de género’ es una fuente de gran angustia para las personas trans;
  • que los niños prepúberes con variantes de género siguen sometidos a prácticas de diagnóstico perjudiciales e innecesarias, a pesar de que todos los niños deben poder explorar de forma segura su identidad y expresión de género;
  • que las personas trans muestran niveles significativamente altos de ideación suicida e intentos de suicidio;
  • que la educación en materia de sexual y relacional es fundamental para superar los estereotipos de género, afrontar la violencia de género y mejorar la salud mental y el bienestar para las niñas y los niños y las mujeres y los hombres;
  • que existe una falta de datos comparables, disponibles, accesibles y de calidad sobre la asistencia sanitaria específica para personas trans y que los productos utilizados en las terapias hormonales sustitutivas no se han probado ni autorizado debidamente;
  • que las personas intersexuales sujetas a mutilación genital sufren consecuencias en su salud física, psicológica y sexual y reproductiva;
  • que las personas trans todavía están expuestas a una esterilización forzada en los procedimientos de reconocimiento de género en 13 Estados miembros.

Hay muchos más considerandos, pero hemos seleccionado aquellos que más directamente tienen que ver con la realidad LGTBI en la Unión Europea. A partir de ellos, y entre otras muchas recomendaciones, el informe:

  • pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que sus estrategias en materia de salud mental aborden los retos de salud mental a los que podrían enfrentarse las personas LGBTI;
  • anima a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones que figuran en el documento CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa y tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, bisexuales y trans en el desarrollo de las políticas, programas y protocolos sanitarios;
  • pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que desarrollen políticas adaptadas específicas con el fin de prestar servicios de salud mental a los grupos de mujeres vulnerables en comunidades marginales, y a aquellos que se enfrentan a discriminación interseccional, como las mujeres refugiadas y migrantes, las mujeres que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social, las personas trans e intersexuales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las mujeres de las zonas rurales;
  • pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las estrategias de prevención se destinan específicamente a las mujeres que corren riesgo de discriminación interseccional, como las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, las migrantes y las refugiadas, las mujeres que viven en situación de pobreza y las personas trans e intersexuales;
  • pide a los Estados miembros que prevengan, prohíban y condenen la esterilización forzosa de mujeres, un fenómeno que afecta en particular a las mujeres con discapacidad, a las personas trans e intersexuales y a las mujeres romaníes.

En definitiva, una serie de recomendaciones que han sido específicamente bienvenidas por ILGA Europe, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente. “Gracias a la ponente Beatriz Becerra Basterrechea y a los eurodiputados que han votado a favor, ahora disponemos de un informe detallado sobre las necesidades de las personas LGTBI [en materia de salud mental y bienestar], y que en particular recoge las experiencias de vida de las personas trans e intersex. El lenguaje interseccional e inclusivo que Becerra ha utilizado en su informe es especialmente bienvenido”, ha declarado su directora ejecutiva, Evelyne Paradis.

El voto español

Como siempre intentamos hacer en dosmanzanas cuando nos referimos a una votación en el Parlamento Europeo, listamos a continunación el voto de los eurodiputados españoles (tal y como refleja el acta de votaciones):

Han votado a favor:

  • por ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa): la propia Beatriz Becerra (ahora independiente, fue elegida en las listas de UPyD), Izaskun Bilbao (PNV), Enrique Calvet (ahora independiente, elegido en las listas de UPyD), Maite Pagazaurtundúa (UPyD) y Ramón Tremosa (elegido en las listas de la entonces Convergència).
  • Por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Javier Couso (IU), Tania González (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Paloma López Bermejo (IU), Lola Sánchez Caldentey (Podemos); Maria Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), Estefanía Torres (Podemos) y Miguel Urbán (Podemos).
  • Por S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas): Clara Eugenia Aguilera (PSOE), Inés Ayala (PSOE), José Blanco (PSOE), Soledad Cabezón (PSOE), Jonás Fernández (PSOE), Eider Gardiazábal (PSOE), Enrique Guerrero (PSOE), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ramón Jáuregui (PSOE), Javier López (PSC), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).
  • Por Los Verdes/Alianza Libre Europea: Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC),  Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verts).

Han votado en contra: ninguno.

Se han abstenido:

  • Por ALDE: María Teresa Giménez Barbat (elegida en las listas de UPyD, ahora en Ciudadanos) y Javier Nart (Ciudadanos).
  • Por el grupo popular europeo: Pilar Ayuso (PP), Pilar del Castillo (PP), Agustín Díaz de Mera (PP), Rosa Estarás (PP), Santiago Fisas (PP),  Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes (PP), Esther Herranz (PP), Carlos Iturgaiz (PP), Teresa Jiménez-Becerril (PP), Verónica Lope (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Gabriel Mato (PP), Francisco José Millán (PP), Ignacio Salafranca (PP) y Ramón Luis Valcárcel (PP).

Fuente Dosmanzanas

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Los portavoces de todos los grupos políticos catalanes, salvo el PP, piden al arzobispado de Barcelona que suspenda la charla homófoba y CRISMHOM pide al arzobispado que presente ponentes que den una visión positiva… Y Omella pide diálogo…

sábado, 11 de febrero de 2017
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parlament-de-catalunyaLos portavoces de (casi) todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad del Parlamento catalán han firmado un documento en el que muestan su rechazo a la organización de una charla homófoba este fin de semana por parte del arzobispado de Barcelona. Solo ha faltado uno, el del grupo popular.

El escrito, dirigido formalmente al arzobispado por los portavoces en la Comisión de Igualdad del Parlament de Catalunya, hace mención a la ley catalana 11/2014 contra la LGTBIfobia, muestra el rechazo a cualquier tipo de discriminación y recuerda que los poderes públicos deben velar porque las manifestaciones públicas eviten conculcar el derecho a la no discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, entre otras. A continuación, solicita expresamente a los organizadores de la charla que no cedan sus espacios a este tipo de planteamientos.

El texto ha recibido el apoyo de los portavoces en la Comisión de Igualdad de Junts Pel Sí (Natàlia Figueras), Ciutadans (Noemí de la Calle), PSC (Marta Moreta), Catalunya Sí que es Pot (Gemma Lienas) y la Candidatura d’Unitat Popular (Anna Gabriel). El Partido Popular catalán no ha querido estampar su firma en el texto argumentando que pese a estar de acuerdo con el principio de no discriminación se opone a dar instrucciones a nadie sobre el contenido de las charlas que organiza.

El arzobispado da voz a un homosexual que defiende posturas homófobas

Como ya contamos hace unos días, la delegación de pastoral juvenil del arzobispado de Barcelona ha invitado a Philippe Ariño a dar una charla el próximo domingo. Ariño, autor de un libro que el propio arzobispo Juan José Omella prologó, asegura que su propia orientación homosexual es “dolorosa”, que la homosexualidad “es un mundo de mentiras”, propone que las personas homosexuales resistan sus “pulsiones” y defiende para ellas la castidad como forma de vida. En definitiva, una persona que sufre homofobia internalizada, cuya charla ha provocado la protesta de colectivos LGTB católicos y del Observatori contra l’Homofòbia, así como la apertura de un expediente informativo por parte de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat para analizar si podría ser sancionable en aplicación de la ley contra la LGTBIfobia.

El presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, se felicitaba por cierto en Twitter por el texto que los portavoces de los grupos parlamentarios han remitido al arzobispado:

logo-crismhom-200pts***

Por otra parte, publicamos el comunicado de la Comunidad de Cristianas y Cristianos LGTB de la comunidad de Madrid

Comunicado CRISMHOM sobre charla en defensa de que los homosexuales no deben practicar sexo

Crismhom, Comunidad de Cristianas y Cristianos LGTB de la comunidad de Madrid, nos planteamos que la charla convocada para el próximo 11 de febrero a cargo de Philippe Ariño y auspiciada por la Delegación de Juventud del Arzobispado de Barcelona no muestra la realidad de los hombres homosexuales. Tememos que la charla esté sesgada hacia determinada ideología y prejuicios que sabemos que aún poseen determinadas jerarquías de la Iglesia Católica.

Por experiencia propia sabemos que experiencias de no aceptación de la homosexualidad vienen dadas por el ambiente en el que crecen los gays y lesbianas, no porque la orientación sexual hacia personas del mismo sexo sea un problema. Si las personas, independientemente de su identidad sexual o de género, crecen y se desarrollan en ambientes de igualdad y de aceptación de la diversidad, el desarrollo psicológico será de autoaceptación y felicidad con uno mismo. Intuímos que por las premisas con las que parte el señor Ariño vienen dadas porque creció en un ambiente que rechazaba su orientación sexual. Ello probablemente le hizo crecer con una homofobia interiorizada que es producto del miedo a autoaceptarse porque su alrededor le rechazó.

Creemos que una charla sobre este tema, y más hacia jóvenes que pueden estar en un proceso de autoconocimiento de su sexualidad, van a asistir a un testimonio sesgado de una persona que no ha vivido su sexualidad de manera sana y a la que se ha educado con prejuicios. Nosotras y nosotros, como personas LGTB cristianas, tenemos una experiencia positiva de nuestra orientación sexual e identidad de género que vivimos con alegría a la luz del Evangelio. Nuestro testimonio arroja una visión positiva que ha ayudado a muchas hermanas y muchos hermanos a reconciliar estas dimensiones personales (orientación e identidad afectivo-sexual y de género, haciéndoles partícipes del Amor de Dios.

Somos conscientes de que el mundo LGTB puede tener sectores hostiles incluso para sus mismos integrantes, y que en determinados ámbitos anidan prejuicios que discriminan (al igual que sucede en el mundo heterosexual, sobre todo hacia las mujeres que no cumplen determinados cánones). No obstante, muchas y muchos trabajamos para crear espacios de inclusión y de igualdad.

Desde aquí hacemos un llamamiento al Arzobispado de Barcelona para que se replantee esa charla y que, si de verdad quiere dar una imagen precisa del mundo LGTB, busque ponentes que den la visión positiva y testimonio del Amor que tiene Dios a las personas LTGB.

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Y en una pirueta con voltereta final que roza ya el ridículo, el Arzobispo pide un diálogo y comprensión de la que carecen él y la jerarquía de la Iglesia Católica… ¿Que no va contra nadie el llevar a una persona inmersa en una homofobia interiorizada en la que nos quieren recluir? ¿Y por que no llevan a un homosexual cristiano que defienda la bondad de su vida en pareja? Sr. arzobispo, me ofrezco yo mismo, como cristiano, gay casado y con 27 años de sana relación con mi marido …

El arzobispo envía una carta a la Comisión de Igualdad del Parlament

Omella pide «diálogo y comprensión» ante los que quieren vetar la charla de un homosexual que defiende la castidad

«No está programada para ir en contra de nadie», asegura el prelado de Barcelona

(J.B./Agencias).- «La Iglesia respeta a todas las personas, aunque no esté de acuerdo con todas las propuestas éticas o sociales, y está abierta al diálogo y a la comprension«. Ante la polémica suscitada por la conferencia que este domingo impartirá un un católico homosexual que defiende la castidad, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha enviado una carta a la Comisión de Igualdad del Parlament.

La respuesta de Omella lega después de la aprobación de un texto parlamentario en contra de la charla que mañana dará Philippe Ariño en la parroquia de Santa Anna, y que contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PPC y algunos diputados de Junts pel Sí (JxSí).

En la carta, que entró ayer en el registro del Parlament, Omella asegura que la conferencia de mañana «no está programada para ir en contra de nadie», sino para explicar la opción de vida de Ariño que, después de años de vivir en pareja, optó por la castidad.

«Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del Papa Francisco, respetamos a todas las personas, aunque eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde las diferentes opciones sociales o éticas, lo que, no obstante, no impide estar abiertos al diálogo y a la comprensión», señala el arzobispo de Barcelona en la carta.

Omella concluye expresando que «ojalá podamos seguir trabajando para respetar plenamente la democracia, la libertad de expresión, la justicia y el respeto a los derechos humanos, y ojalá que desde las diferentes instancias políticas, sociales y eclesiásticas podamos trabajar juntos para el bien común de los ciudadanos«.

La conferencia de Ariño, autor de libro «La Homosexualidad en verdad« (Desclée),  tendrá lugar a las 18.00 horas de mañana en la iglesia de Santa Anna de Barcelona, y asociaciones de homosexuales han convocado para la misma hora una concentración ante el templo para mostrar su rechazo a las tesis de Ariño.

Fuente Dosmanzanas/CRISMHOM/Religión Digital

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Alcorcón, declarada ciudad ‘gayfriendly’ con la abstención del PP

lunes, 30 de enero de 2017
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pleno_alcorcon_0Los grupos municipales de Ciudadanos C’s, PSOE, Ganar Alcorcón e IU-LV han aprobado, con 17 votos a favor y con 10 abstenciones del PP, convertir a Alcorcón en ‘ciudad gay-friendly‘, después de que el alcalde David Pérez (PP) «haya mancillado la imagen abierta e igualitaria del municipio».

La moción, que ha sido llevada al pleno municipal por el portavoz de C’s, Alfonso Reina, pretende que el Ayuntamiento «adquiera un compromiso real» con la comunidad homosexual reconociendo institucionalmente el Día del Orgullo LGTBI, el 28 de junio, y el Día Internacional de lucha contra la LGTBIfobia, 17 de mayo.

La propuesta aprobada recoge también organizar charlas periódicamente en centros municipales acerca de cómo tratar la diversidad afectivo-sexual y de género, y temática LGTBI, dirigidos a profesionales o voluntarios que desarrollen tareas informativas o de dinamización con adolescentes, jóvenes y mayores.

Desde el PP han decidido finalmente abstenerse, dado que no ha sido aceptada por el resto de los grupos una enmienda de sustitución a la presentada por C’s en la que planteaban, entre otras cuestiones, la creación de una unidad policial local especializada en delitos de odio y discriminación, «no solo del colectivo LGTBI».

El regidor ha pedido a la oposición que se sumara a dicha enmienda de sustitución, ya que ha insistido en que muchas de las medidas propuestas en ella «son muy importantes y valiosas», frente a algunas medidas «propagandísticas» de la oposición, lo que, según él, demuestra «su compromiso» por este asunto.

En defensa de ese compromiso contra la homofobia, la concejal del PP Susana Mozo también ha destacado que en el municipio de Alcorcón, según el Observatorio madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, «no ha habido en todo el año 2016 ninguna denuncia y ninguna agresión por homofobia».

Sin embargo, el portavoz de C’s ha reiterado que, con la abstención a la moción presentada por su grupo, el alcalde de Alcorcón «se vuelve a olvidar del colectivo LGTBI y no apoya el cumplimiento de la Ley aprobada en la Asamblea de Madrid».

«Pérez ha perdido la oportunidad en ocho ocasiones de condenar las declaraciones del director del colegio Juan Pablo II, multado por la nueva ley contra la LGTBIfobia aprobada en la Asamblea de Madrid», ha recordado Reina, quien ha vuelto a solicitar al alcalde que condene dichas declaraciones «homófobas».

El portavoz de C’s ha subrayado durante el pleno que le parece «inaudito» que insultar al alcalde «acarree una multa de 3.000 euros» mientras que el director del colegio Juan Pablo II ha sido condenado a pagar 1.000 euros «tras comparar en unas declaraciones la nueva ley sobre la LGTBIfobia con el terrorismo islamista«.

Fuente Cáscara Amarga

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«El nacional-catolicismo que no acaba de morir y el laicismo que no acaba de nacer», por Juan José Tamayo

sábado, 21 de enero de 2017
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felipe-vi-ante-obispo-blazquez-2015El Rey Felipe VI rindiendo pleitesía al Presidente de la CEE Ricardo Blázquez

Simbólico gesto… ¿Por qué si el jefe del Gobierno, ministros y ministras y gentes varias amén de todos los «súbditos» que se le acerquen a saludar, se inclinan ante el Jefe del Estado, éste sólo lo hace ante un obispo? Nos daría  igual que lo hiciera como Jefe de la Casa de Borbón, pero es que es el Jefe de un Estado aconfesional que no tiene por qué hacer este gesto de sumisión al presidente de una de las religiones que existen en España.

Tras cuarenta años de democracia representativa y varias transiciones en España, el nacional-catolicismo no acaba de morir y el laicismo no acaba de nacer. La responsabilidad de ambos fenómenos es compartida a partes iguales por los diferentes gobiernos de derechas, de centro y de izquierda, que no dieron los pasos adecuados para enterrar el modelo nacional-católico y crear un Estado laico. Una responsabilidad no menor le corresponde a la jerarquía católica que, desde el principio, exigió conservar buena parte de los privilegios del franquismo, empezando por la referencia a la Iglesia católica en la Constitución de 1978 y siguiendo por los pingües beneficios recibidos por el Estado en campos fundamentales como la educación, las exenciones fiscales, la dotación económica, los bienes culturales eclesiásticos, la atención a las fuerzas armadas, etc.  Y todo con el beneplácito, en buena medida, de los diferentes poderes del Estado. Cuanto más elevaban la voz los obispos y los sectores conservadores a ellos vinculados, cuantas más manifestaciones apoyaban en defensa de sus privilegios, más favores conseguían.

Tales beneficios y privilegios quedaron plasmados en los Acuerdos de rango internacional de 1979 firmados entre el Estado Español y la Santa Sede, que suponían una clara discriminación de las demás confesiones religiosas. Solo trece años después se firmaron los Acuerdos de rango nacional con las comunidades musulmanas, judías y evangélicas, que en ningún caso lograban llegar a la situación privilegiada de la Iglesia católica, pero que también concedían mejoras a las religiones minoritaria consideradas de notorio arraigo.

Es innegable la complicidad de los sucesivos dirigentes eclesiásticos y de los sucesivos gobiernos que, o bien aprobaron los Acuerdos con la Santa Sede, o bien no los denunciaron. En el caso del  PSOE no fueron suficientes 21 años de gobierno para cambiar el paradigma de relaciones Iglesia-Estado, tan beneficioso para la Iglesia católica.  Son esos beneficios los que están salvando a la iglesia católica de la crisis profunda en que está sumida, que se traduce en una creciente pérdida de católicos, una generalizada desafección de la juventud hacia ella, la cada vez más baja práctica religiosa, el envejecimiento de las personas católicas, el no seguimiento de las orientaciones morales de la jerarquía, etc.

Yo creo que ni los gobernantes ni los obispos han seguido el ritmo de la sociedad española, que, ya desde finales del franquismo, inició una transición serena de la confesionalidad a la secularización de la vida cívica y de la ética religiosa caracterizada por la moralina, a la ética laica basada en la dignidad de la persona, los derechos humanos y la ciudadanía. Concedo especial importancia al proceso de secularización y de emancipación en lo referente a los derechos de las mujeres gracias a los análisis críticos de la teoría de género y a las reivindicaciones del movimiento feminista, que han obligado a elaborar leyes de igualdad y contra violencia de género.

Los gobernantes, sin embargo, han seguido mirando con el rabillo del ojo a los jerarcas católicos intentando no molestarlos con sus actuaciones políticas que rozaran aspectos relacionados con la religión consagrada en la constitución como mayoritaria y privilegiada. A su vez, los obispos siguen considerándose los guardianes de la moral y los verdaderos intérpretes de una supuesta “ley natural” que los lleva a condenar la legislación relativa a los modelos de pareja, familia y matrimonio que no coincidan con el modelo heterosexual, así como al origen y el final de la vida, que defiendan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. Felizmente hace tiempo que la ciudadanía española ha conseguido liberarse de dicha ley de sus intérpretes, apelando a la autonomía de la conciencia.

A pesar de la evolución de la sociedad española en dirección a la secularización, hoy siguen dándose manifestaciones de nacional-catolicismo y de resistencia al laicismo en el campo político. Una fue el juramento de Rajoy y de once de sus trece ministros en la Zarzuela en la toma de posesión de sus respectivos cargos reconociendo a la Biblia el mismo rango que a la Constitución y con presencia del Crucifijo que venía a legitimar la política del Gobierno del PP. Esta estampa confesional nos retrotrae a épocas históricas que creíamos superadas.

La segunda manifestación nacional-católica ha sido la presencia de una delegación oficial de las tres instituciones del Estado: nacional –Rafael Catalá, ministro de Justicia, en representación del Gobierno español, secretarios de estado, embajador ante la Santa Sede, etc.-; autonómica –Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y Ángel Garrido, consejero de la Presidencia y Justicia-; municipal -José Javier Barbero, concejal de Seguridad, Salud y Emergencia-, en el Vaticano en la imposición del capelo cardenalicio al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra.

reyes-visitan-cee-1Ni el Rey es constitucionalmente católico, ni la Iglesia católica es teológicamente monárquica. Y, sin embargo, el pasado mes de noviembre el rey Felipe VI visitó oficialmente, en calidad de Jefe de Estado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo del cincuenta aniversario de su creación. Estuvo acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que copresidió el acto. En su discurso el rey elogió la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia católica y el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, expresó lealtad a la monarquía y pidió a Dios bendiciones para la familia real.

A tenor del carácter oficial de la visita podemos estar ante una reedición de la alianza entre el Trono y el Altar, dos instituciones no democráticas y patriarcales, ya que, por una parte, el Jefe del Estado español no es elegido por la ciudadanía y el varón tiene preferencia sobre la mujer para acceder al Trono, y, por otra, los obispos no son elegidos por la feligresía católica ni las mujeres pueden acceder al sacerdocio y al episcopado.

Ante las iniciativas que empiezan a surgir a favor de un pacto educativo, los obispos ya han empezado a tomar posiciones y no precisamente de diálogo, sino de exigencias que consideran irrenunciables, como el mantenimiento de la enseñanza confesional de la religión como asignatura troncal, su carácter evaluable y computable a todos los efectos. Tal exigencia está en contradicción con su propia afirmación de que la educación tiene que ser neutra. ¿Cómo puede ser neutra la educación si se introduce la enseñanza confesional de la religión en una institución laica como es la escuela?

Otra cosa muy distinta es el estudio de las religiones de manera científica y no apologética, laica y no confesional, a través de las ciencias de las religiones, que estudian el hecho religioso y su significación social y cultural, así como la historia de las religiones en el contexto de la historia de la cultura. Un estudio que no enseña a creer –ya que no es esa la misión de la escuela-, sino la historia de las creencias religiosas y el papel –positivo o negativo- jugado por las mismas en las diferentes etapas de la humanidad.

Hora es ya de terminar con los restos de nacional-catolicismo, que dura ya varios siglos en España y que es incompatible con una sociedad civil secularizada y con un Estado democrático. Hora es de defender el laicismo como filosofía política, movimiento social y modelo de organización política social práctica pública y de establecerlo en todos los campos del saber y del quehacer humano y en todos los poderes del Estado. Demorarlo por más tiempo aleja de la construcción de la utopía de la democracia.

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Universidad Carlos III de Madrid, Investigador del Instituto DEMOSPAZ, de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Invitación a la utopía. Estudio histórico para tiempos de crisis (Trotta, Madrid)

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El Parlamento de Navarra, con la abstención del PP, respalda la campaña de concienciación sobre los menores trans de Chrysallis

sábado, 21 de enero de 2017
Comentarios desactivados en El Parlamento de Navarra, con la abstención del PP, respalda la campaña de concienciación sobre los menores trans de Chrysallis

1356007795727navarrac4El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los derechos de las personas transexuales “incidiendo especialmente en los menores” que incluye además el apoyo expreso a la campaña de concienciación sobre la realidad trans en la infancia promovida por Chrysallis Euskal Herria. Lo ha hecho, eso sí, con la abstención del Partido Popular, que aunque respaldaba el resto del texto no ha querido ofrecer su apoyo expreso a la campaña de la asociación de familias de menores transexuales de País Vasco y Navarra.

Reproducimos literalmente el texto de la declaración:

1. El Parlamento de Navarra reitera su apoyo y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, incidiendo especialmente en los menores transexuales y su derecho a la no discriminación y a la comprensión de su realidad.
2. El Parlamento de Navarra muestra su apoyo a las familias de menores transexuales y a la campaña que la asociación Chrysallis ha puesto en marcha para dar a conocer la realidad de estos niños y niñas.
3. El Parlamento de Navarra muestra su compromiso para promover el marco normativo adecuado para el respeto de la diversidad sexual y de género, con especial incidencia en lo relativo a menores de edad.

La declaración ha sido presentada por los grupos parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. Se han posicionado a favor, además, el Partido Socialista de Navarra (la federación navarra del PSOE) y UPN. Los dos diputados del PP, sin embargo, no han querido dar su apoyo al punto 2 de la declaración, aunque sí al resto.

Una campaña que ha disgustado a los ultraconservadores

campana-chrysallisSegún afirman sus promotores, la iniciativa se ha presentado en respuesta a los ataques que ha recibido la campaña de Chrysallis. Como explicamos hace unos días, la campaña ha constado de 150 carteles repartidos por marquesinas de autobuses de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, además de en estaciones del metro de Bilbao. Su imagen era un dibujo en el que un grupo de cuatro niños corren desnudos, dos con pelo corto y dos con pelo largo (podrían ser por tanto cuatro niños, cuatro niñas, dos y dos, tres y uno…) Asumiendo que se trata de dos niños y dos niñas, si nos fijamos bien vemos que hay un niño y una niña con pene y un niño y una niña con vagina, representados en cualquier caso de forma pudorosa. La imagen se acompañaba de las leyendas “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo” y “La mayoría sufre cada día porque la mayoría desconoce esta realidad. Hablemos de ello. Su felicidad también depende de ti”.

La campaña sufrió la censura de Facebook, que consideró en un primer momento que el contenido era “inadecuado”, y despertó la ira de los sectores más conservadores, sufriendo incluso actos de vandalismo. Pero también ha despertado gran curiosidad por conocer la realidad de los niños y niñas trans y ha sido muy difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Desde dosmanzanas felicitamos a Chrysallis Euskal Herria por el éxito de su campaña. También al pueblo de Navarra, que a través de la cámara que lo representa ha tenido un gesto más que necesario de solidaridad hacia el colectivo de menores trans y sus familias. Navarra fue, no está de más recordarlo, la primera comunidad autonóma que aprobó hace ya más de siete años la primera ley integral de transexualidad del Estado.

Fuente Dosmanzanas

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Portugal despatologizará la transexualidad y prohibirá las “cirugías de asignación” en bebés intersexuales

lunes, 9 de enero de 2017
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bandera-portugalPortugal actualizará su ley de identidad de género, vigente desde 2011, para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” para proceder al la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual la persona podrá solicitar la modificación. La ley también garantizará que los menores sean tratados en las escuelas de acuerdo a su identidad y prohibirá que los bebés sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Magnífico ejemplo el de Portugal, que en solo seis años actualizará su vigente ley de identidad de género, aprobada definitivamente en 2011. Aquella ley, que en su momento significó un avance muy importante sobre la situación anterior, exigía la presentación de un certificado que acreditase el diagnóstico de “trastorno de identidad de género” emitido por un equipo multidisciplinar de sexología clínica que incluyese al menos a un médico y a un psicólogo. En este sentido, el proyecto seguía el modelo de leyes como la aprobada en 2007 en España, pero suponía ya un avance respecto a esta, al no incluir, por ejemplo, el requisito de que la persona transexual tuviese que haber sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, tal y como exige la ley española.

La nueva ley eliminará por tanto todo vestigio de patologización de la transexualidad. Pero según han adelantado los medios portugueses el proyecto incluye otras reformas, como la disminución de la edad a partir de la cual la persona podrá solicitar el trámite desde los 18 a los 16 años, además de la garantía a los menores transexuales de que en la escuela serán tratados de acuerdo a la identidad de género que manifiestan. Otra novedad muy importante que también incluirá la futura ley, relativa en este caso a las personas intersexuales (aquellas que nacen con características físicas de los dos sexos) es que prohibirá que se les realicen intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro hasta que no sean ellas las que libremente decidan qué hacer. Solo quedarán excluidas de la prohibición aquellas intervenciones necesarias para evitar riesgos y complicaciones para la salud.

Está por ver si el proyecto de ley, que el Gobierno de Portugal tiene previsto presentar a lo largo de este mes, sufre modificaciones en su tramitación parlamentaria, sea en sentido positivo o negativo. En cualquier caso, no debería contar con grandes dificultades para salir adelante. El Gobierno socialista de Portugal cuenta con el apoyo tanto de los propios diputados socialistas (86) como del Bloque de Izquierda (19), Partido Comunista (15) y Verdes (2), lo que le da mayoría parlamentaria suficiente. El propio Bloque de Izquierda, de hecho, propuso hace unos meses un proyecto similar al que ahora tiene previsto presentar el Gobierno.

Hay que tener en cuenta, además, que la derecha portuguesa, cuya fuerza mayoritaria es el  Partido Social Demócrata (PSD, 89 diputados) no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de por ejemplo el Partido Popular español. En 2010, por ejemplo, hasta 12 de los entonces 81 diputados del PSD votaron a favor de la vigente ley de identidad de género, mientras que en España el PP acabó oponiendose a la ley de 2007 en su votación final por el Congreso. Bien es cierto que el entonces presidente portugues, Aníbal Cavaco Silva, también del PSD, vetó la ley, al considerar que debía endurecerse el trámite médico para poder solicitar la modificación (la Asamblea levantó posteriormente el veto).

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos podrían aprobar una reforma

Congreso de los Diputados cercaEl pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En cualquier caso, no parece que sus señorías de la oposición tengan mucha prisa por alcanzar acuerdos de este tipo al margen del Gobierno. Esperemos que al menos en este aspecto el ejemplo de Portugal les sirva de acicate.

Fuente Dosmanzanas

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Javier Maroto miente una vez más sobre el recurso del PP contra el matrimonio igualitario

lunes, 2 de enero de 2017
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3916069_640pxAunque ya lo habíamos publicado, conviene precisar  como muy bien hace Dosmanzanas para poner en evidencia, aún más si cabe, las mentiras de este Señor…

Nos indigna que el vicesecretario general de Acción Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, en lugar de admitir que su partido hizo mal al interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, insista en defender a su formación y minimizar la que fue su postura oficial alegando que se trató de una mera objeción nominalista. Ya en septiembre de 2015 lo decíamos, y hoy lo volvemos a repetir: Maroto miente. No podemos dejar de denunciarlo así, por mucho que sea abiertamente gay y que en ese aspecto siempre le hayamos tratado con el máximo respeto. No podemos tolerar que se intente falsear el pasado y hacer olvidar lo mucho que costó conquistar los derechos que ahora disfrutamos. Basta un simple dato para desmontar el argumento de Maroto: el recurso del PP también consideraba inconstitucional la adopción homoparental.

En 2015 fue en la cadena COPE, poco antes de su comentada boda. Ahora ha sido en el programa Hoy por hoy de la cadena SER, donde ha repetido exactamente los mismos argumentos al ser preguntado sobre el mismo tema un día después de que Maroto presentase la ponencia social que el PP debatirá en su próximo congreso.

“¿No tiene la sensación de que el Partido Popular muchas veces llega tarde a los derechos sociales? Estoy pensando, por ejemplo, en la ley del matrimonio homosexual. Siete años la tuvo recurrida el Partido Popular, con muchísimas personas que contrajeron matrimonio durante esos  siete años sin saber que iba a pasar al final con su boda, con su pareja, con su familia… Y  a los siete años el Tribunal Constitucional dijo ‘es que esto es perfectamente constitucional’. ¿No tiene esa sensación, de que el PP llega tarde?”, le pregunta el periodista de la SER.

“Mire, yo en su momento, desde el primer día, me posicioné de forma contraria a ese recurso…”, comienza Maroto, que tras comenzar a explicar su posición personal se interrumpe y pasa a defender inmediatamente la posición de su partido: “Primero, hay que dejarlo claro: el Partido Popular nunca ha tenido ningún problema con los homosexuales. ¡Nunca!. Esto es una cosa que muchas veces me han preguntado… El problema es que se ha tratado de ver el recurso que se puso al nombre del derecho, cuestión que yo no comparto… El PP recurrió que en el Derecho Civil se llamase matrimonio, igual que el sacramento católico. Y había quien pensaba que debía tener otro nombre, y se recurrió por esa razón principalmente”.

El entrevistador interrumpe en ese momento a Maroto, aludiendo a “lo que se decía” en las manifestaciones contra el matrimonio igualitario a las que se sumó en su momento el Partido Popular.

“Bueno, yo no sé lo que se decía, yo sé lo que decía el recurso, que es lo que a mí me interesa comentar hoy aquí, y supongo que es por lo que tú me preguntas”, responde Maroto con cierta brusquedad al entrevistador. “El Partido Popular ha tenido una mayoría abosluta después de aquello y no ha cambiado nada, no ha querido cambiar nada. El programa electoral del 20 de diciembre y del 26 de junio no llevaba ninguna modificación, ni lo lleva esta ponencia. Ayer dijimos que el Partido Popular está de acuerdo con las familias que hoy no caben dentro de la ley, y yo no puedo ser más explícito. Por tanto estoy muy cómodo en la posición actual”, termina sobre el tema.

Puedes escucharlo a partir del minuto 11:48 de la entrevista:

Por qué Maroto, sencillamente, miente

Que el PP “nunca ha tenido ningún problema con los homosexuales” lo podríamos interpretar como una simple inocentada, dado que la entrevista tuvo lugar el 28 de diciembre. No creemos necesario dedicarle más tiempo a rebatirlo: ya lo han hecho con extensión otros medios, como BuzzFeed, que en un artículo titulado 17 veces que el Partido Popular no tuvo ningún problema con los homosexuales hace un repaso de muchas de las veces que desde el PP se han lanzado afirmaciones ofensivas hacia el colectivo LGTB (nos alegra ver además que varias de las noticias allí referidas tienen como fuente a dosmanzanas).

Mucha menos gracia nos hace la insistencia de Maroto sobre que el recurso del PP contra el matrimonio igualitario fue una mera cuestión de “nombre”. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por el PP, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer “la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor”.

El PP también defendía en su recurso que “no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual”. El recurso llegaba a hacer una alambicada argumentación para asegurar que la adopción homoparental era inconstitucional porque “el art. 39.2 CE también contempla la protección de las madres, protección que beneficia a la familia. En el caso de la adopción conjunta por una pareja homosexual dicha protección deviene imposible puesto que o bien nos encontramos con dos madres, o bien con ninguna. Ello, además de repercutir necesariamente sobre los hijos adoptados, supondría una discriminación de las familias por razón de sexo prohibida por la Constitución”.

Solamente este hecho, incontestable, nos faculta para llamar de nuevo mentiroso a Maroto. En cualquier caso, aún suponiendo que Maroto lo desconociera (no puede ser así, dado que en la cadena SER el político vasco presumió precisamente de “saber lo que decía el recurso”) su defensa del argumento nominalista no es más que un insulto a nuestra inteligencia. La Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no es una ley de “matrimonio homosexual” que otorgue a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que es una ley que abre el matrimonio, que de forma expresa es un derecho constitucional en sí mismo, a las parejas del mismo sexo. La modificación legal fundamental consistió solo en añadir 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Resultaba por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio, dado que el cambio legal consistió precisamente en reconocer el derecho constitucional al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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Para Javier Maroto el PP nunca ha tenido «ningún problema» con los homosexuales

viernes, 30 de diciembre de 2016
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maroto-pp-problema-homosexualesEste sujeto o no tiene memoria… o no tiene vergüenza… No vamos a olvidar nunca los desprecios del PP a los derechos LGTBI, su NO a la aprobación del matrimonio igualitario… Yo les ví votar en el Congreso entre aplausos… su recurso de la Vergüenza ante el Tribunal Constitucional para anular nuestros matrimonios, sus peras y manzanas…

«El PP está de acuerdo con las familias que hoy caben dentro de la ley. Por tanto estoy muy cómodo», ha dicho en la Cadena SER.

Javier Maroto se ha referido en la Cadena Ser al matrimonio igualitario y ha recordado que él ya se posicionó en contra del recurso. Ha querido destacar que el PP nunca ha tenido «ningún problema» con los homosexuales y que el problema era la denominación. «El PP está de acuerdo con las familias que hoy caben dentro de la ley. Por tanto estoy muy cómodo», ha dicho Maroto al ser preguntado si en este sentido se sentía cómodo dentro de su partido.

Y claro, lees eso… y te dan ganas de reírte por no llorar. Así que habíamos pensado hacer un recopilatorio de todas las veces que el PP ha tenido problemas con los homosexuales.

Como aquella vez que a Rajoy le dio por recurrir el matrimonio igualitario y estuvo un porrón de años esperando a que el Constitucional le dijera que no tenía razón. Y cuando dijo que lo volvería a hacer. O aquella vez que una señora dijo que la crisis era culpa de los gays.

O todas las veces que han votado contra cosas que buscaban la igualdad del colectivo LGTB. En Ciudad Real. En Baleares. En Madrid. O en Alcorcón. O en Torremolinos. O en Cataluña. Por votar en contra, votaron en contra incluso de que la Plaza Pedro Zerolo se llamara Pedro Zerolo.

Y llevan años sin dar un duro para el Fondo Mundial contra el SIDA, que no es algo sólo de homosexuales pero sí que afecta considerablemente más al colectivo. Por cierto, Maroto, que a la Gala SIDA de hace unas semanas sí que fuiste ¿eh?

Así que sí, claro Maroto. El PP no ha tenido nunca ningún problema con los homosexuales.

El caso es que como otras webs ya han rebuscado todas las veces en que el PP no tuvo ningún problema con los gays (en Buzzfeed, que han contado 17 veces), nosotros vamos a hacer lo único que nos queda por hacer, denunciar su hipocresía…

Además, el vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha dicho este miércoles que en España  el reto más importante es el envejecimiento poblacional.

Ha explicado que la maternidad subrogada no se ha incluido en la ponencia porque sólo se han introducido asuntos que generen un amplio consenso, y ha recordado que el PP es el único partido europeo que agrupa posiciones «de centro centro a las más conservadoras». Aunque ha dicho defender la gestación subrogada, ha explicado que la ponencia la hace en nombre de todo el PP, aunque ha dejado claro que se podrán presentar todas las enmiendas que sean necesarias.

Sobre el aborto y si querría que el Constitucional tumbara la ley de plazos, Maroto ha señalado que le gustaría que hubiera consenso en este asunto, aunque ha añadido que no espera un debate muy amplio en el Congreso sobre esta materia. Tras abogar por esperar a ver que dice la sentencia para tomar posiciones, se ha mostrado en contra de la eutanasia, aunque sí a favor de los cuidados paliativos y del testamento vital.

Sobre la inmigración, ha dicho estar a favor de una «legal, ordenada, vinculada al trabajo y respetuosa con los derechos y libertades del país que les integra».

Fuente Cáscara amarga/EstoyBailando

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La Generalitat valenciana garantiza el derecho del alumnado trans de los centros públicos a su identidad de género

miércoles, 28 de diciembre de 2016
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14693771_712043775614196_4588685433470189568_nEl Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este martes el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos, desarrollado por la Consejería valenciana de Educación. El protocolo, que se activará en los centros educativos públicos, y al que se podrán acoger todos los demás centros que lo deseen, se adelanta a la próxima aprobación de la ley integral de transexualidad valenciana, en tramitación parlamentaria.

La finalidad del protocolo, según asegura la propia Consejería valenciana de Educación, es “favorecer la inclusión educativa, asumir la igualdad y la diversidad como valores capitales e irrenunciables, de manera que todas las personas que conformen la comunidad educativa respeten y hagan respetar los derechos humanos. Por eso, será imprescindible facilitar la construcción de su identidad y la participación activa en la vida del centro, de manera que sienta la pertenencia real al grupo de iguales, en el centro y el entorno”. El protocolo facilitará a los equipos directivos y los orientadores de los centros tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos como opciones sociales normalizadas y ayudará a prevenir casos de acoso.

Desde el punto de vista estrictamente organizativo, los centros adecuarán la documentación administrativa al nombre y al género con los que se sienta identificado el alumno, que será también el nombre y el género por el que el personal del centro se dirigirá a este. Mientras el alumno sea menor de edad o no esté emancipado, la petición deberá realizarla quien ejerza su tutoría legal. La documentación oficial, sin embargo, no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil. Un proceso que a día de hoy continúa regulado por la legislación estatal. En cuanto al uso de las instalaciones del centro, incluyendo lavabos y vestuarios, estas serán utilizadas según la identidad de genero manifestada.

El coordinador de igualdad y convivencia de centro será la persona encargada de supervisar todas estas actuaciones, en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor, especialmente durante el proceso de transición de género que efectúe una persona durante su estancia en el centro educativo.

Son solo algunas de las medidas previstas en el protocolo, que puedes descargar en su integridad aquí. Los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana intentarán de esta forma garantizar a sus alumnos trans un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo.

Valencia se pone al día

La puesta en marcha de este protocolo para centros públicos aún debe completarse con la aprobación por las Cortes Valencianas de su ley integral de transexualidad, presentada en sociedad el pasado septiembre y aún en tramitación, y cuyo anteproyecto fue consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas regionales. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Eso sí, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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Acusan de “homófobo” al Ayuntamiento de Almería

martes, 27 de diciembre de 2016
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ayuntamiento_almeriaColega Almería y Familias por la Diversidad pide amparo al Defensor del Pueblo Andaluz por sentirse excluidos del Consejo Local de Familias por lo que ha calificado de política discriminatoria y homófoba por parte del equipo de gobierno de Almería.
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El colectivo almeriense de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, Colega Almería y la asociación de padres y madres con hijos e hijas LGBT Familias por la Diversidad de Almería, denuncian al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería por su “homofobia”. Le acusan de no contemplar la pluralidad de los modelos familiares en el reciente creado Consejo Local de la Familia.

Según informan en un comunicado, ambos colectivos pedirán amparo a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz.

“El Ayuntamiento actúa de manera discriminatoria al vulnerar el principio de igualdad de todo los modelos familiares entre ellos el que tanto nos ha costado reconocer legalmente como son las familias homoparentales y a los hijos e hijas de ellas, si la reciente constitución del Consejo Local de la Familia, que trata de ser una iniciativa pionera en nuestro municipio nace con la invisibilidad de este tipo de este tipo de modelos familiares, poco fidedigno es con la realidad actual, no obstante pedimos al resto de grupos municipales que pidan y reclamen al equipo de Gobierno municipal que se incluyan a las entidades LGBT, Colega-Almería y Familias por la Diversidad de Almería en el Consejo municipal de la Familia, denuncia Antonio Ferre, presidente de Colega Almería.

“No sabemos el criterio que ha llevado a cabo la concejal del Área Pilar Ortega ya que no hemos recibido invitación ni por vía de correo, teléfono, fax o email, para formar parte del Consejo Local de la Familia, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, se ha vetado, se excluido a las familias creadas por el colectivo LGBT, parece mentira que después de 11 años de que somos reconocidos legalmente como familias tengamos que seguir reivindicando nuestro sitio en los distintos foros sociales de la ciudad, por lo cual solicitamos una reunión urgente al Alcalde de Almería para arreglar esta situación de marginalidad y discriminación en la que nos estamos encontrando, dice Antonio Ferre.

Familias por la Diversidad considera que si un foro o Consejo Local de la Familia nace como un órgano de carácter consultivo, informativo y asesor para buscar las medidas necesarias para la protección a las familias y con carácter transversal, “poco o nada puede informar si soslaya a las familias creadas por nuestros familiares”, señala Francisco Ferre, presidente de Familias por la Diversidad de Almería.

Fuente Cáscara Amarga

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El Parlamento Europeo aprueba un informe sobre derechos fundamentales en la Unión con un balance desigual en materia LGTBI

jueves, 22 de diciembre de 2016
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Parlamento-EuropeoEl Parlamento Europeo aprobó el pasado martes el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2015. Un texto que analiza también la situación de la población LGTBI y llega a la conclusión de que, a pesar de algunos avances, queda mucho camino por recorrer. Especialmente para la comunidad trans y en el reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo.

Por 456 votos a favor, 138 en contra y 104 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó el pasado martes un informe anual sobre derechos fundamentales en la UE. La resolución, que no es vinculante, alerta entre otros contra la trata de personas y las desigualdades de género. El respeto de los derechos de los migrantes y los refugiados y la lucha contra la xenofobia, entre otras manifestaciones de odio, son otros de los puntos principales del documento.

En el ámbito LGTBI, al que dedica siete recomendaciones, destaca como positivo el incremento en el número de países que cuentan con alguna regulación para las parejas del mismo sexo. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la Comisión a actuar para que dichas uniones sean reconocidas en todos los Estados miembros, tal y como debería garantizar la libre circulación de personas. La lucha contra el acoso LGTBfobo, especialmente en el ámbito escolar y en el deportivo es otro de los asuntos que aborda el informe. También insta a acabar contra la patologización de la población trans.

Las referencias específicas a la orientación sexual y a la identidad de género vienen recogidas en las recomendaciones 123 a 129, que por su gran interés reproducimos literalmente a continuación (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo(…)

123. Condena toda discriminación o violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género; anima a la Comisión Europea a que presente una agenda que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos, respetando las competencias de los Estados miembros, y supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; acoge favorablemente, a este respecto, la lista de medidas preparada por la Comisión para promover la igualdad de las personas LGBTI, incluida la campaña de comunicación de la Comisión para luchar contra los estereotipos y mejorar la aceptación social de las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI; señala que la investigación de campo de la Agencia de los Derechos Fundamentales muestra que los funcionarios públicos consideran que la legislación y la política de la Unión son los principales impulsores de los esfuerzos nacionales para fomentar la igualdad de las personas LGBTI;

124. Lamenta que las personas LGBTI sufran un acoso y una intimidación que comienzan ya en la escuela y que sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas, incluido el lugar de trabajo; pide a los Estados miembros que presten especial atención a la homofobia en el deporte, a los jóvenes LGBTI y al acoso escolar; alienta a los Estados miembros a que apoyen a las organizaciones sindicales y patronales en sus esfuerzos por adoptar políticas en favor de la diversidad y la no discriminación centradas especialmente en las personas LGBTI;

125. Recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los derechos de las personas LGBTI; acoge con satisfacción el hecho de que un creciente número de Estados miembros ha tomado ya medidas para contribuir a una mejor promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI, y de que hayan adoptado nuevos procedimientos jurídicos de reconocimiento del género en relación con los derechos fundamentales de estas personas; pide a la Comisión y a sus agencias que recopilen datos sobre las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas LGBTI y que compartan con los Estados miembros las mejores prácticas en relación con la protección de sus derechos fundamentales, y anima a los Estados miembros a que informen a las personas LGBTI sobre sus derechos y a que intercambien las mejores prácticas a este respecto; condena las prácticas médicas que violan los derechos fundamentales de las personas transgénero e intersexuales;

126. Observa que las personas transgénero siguen siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; observa que la esterilización forzada constituye una violación de los derechos fundamentales; acoge favorablemente la reciente adopción por parte de varios Estados miembros de nuevos procedimientos de reconocimiento legal del género más respetuosos con los derechos fundamentales de las personas transgénero;

127. Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al trabajar por que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

128. Considera que existen más probabilidades de proteger los derechos fundamentales de las personas LGTB si estas tienen acceso a instituciones jurídicas como la convivencia, la unión registrada o el matrimonio; acoge con satisfacción el hecho de que en la actualidad dieciocho Estados miembros ofrezcan estas posibilidades, y pide a los demás Estados miembros que consideren la posibilidad de ofrecerlas igualmente;

129. Pide a la Comisión que presente una propuesta para el pleno reconocimiento mutuo de los efectos y la libre circulación de todos los documentos acreditativos del estado civil de todas las personas, parejas y familias en toda la Unión (incluidos todos los relativos al matrimonio y las uniones registradas, los cambios legales de sexo y los certificados de adopción y nacimiento), incluido el reconocimiento legal del género, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho a la libre circulación(…)

En el debate intervinieron los eurodiputados españoles Florent Marcellesi (Equo), Josep-Maria Terricabras (ERC), Marina Albiol (IU), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Izaskun Bilbao (PNV) y Ramon Tremosa (CDC). Terricabras y López Aguilar mencionaron los derechos LGTBI en sus alocuciones para defender el informe. Bilbao también apoyó el texto, como Marcellesi, quien sin embargo apuntó a la insuficiente presencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Albiol se mostró muy crítica con la pasividad de la UE ante el crecimiento de la derecha xenófoba y la intervención de Tremosa se centró en Cataluña.

De la delegación española, votaron a favor de la resolución los representantes del PP, PSOE, UPyD, CDC, ICV, PNV, Ciudadanos y Equo que estaban presentes. Se abstuvieron los eurodiputados de IU (Marina Albiol, Javier Couso, Paloma López Bermejo, Lidia Senra y Ángela Vallina), Podemos (Xabier Benito, Tania González y Miguel Urbán) y EH Bildu (Jon Juaristi).

El Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo ha saludado el informe como un texto “exhaustivo” que persigue que se aplique en todo su potencial la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Lamenta, eso sí, que no saliera adelante una enmienda del grupo Verde que instaba a los Estados miembros a prohibir las intervenciones médicas innecesarias en los menores intersexuales. Ulrike Lunacek y Daniele Viotti, copresidentes del Intergrupo, destacaron el papel de la UE como garante de los derechos LGTBI y pidieron a la Comisión que tome la iniciativa para defenderlos de manera global con más decisión.

Fuente Dosmanzanas

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La derecha más rancia crea la Plataforma por las Libertades

jueves, 22 de diciembre de 2016
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img-20161220-wa0003Cuando condenen una sola de la agresiones que sufrimos, que hablen… Y pensar que hay homosexuales que les votan…

Un “centenar” de asociaciones se unen para protestar contra las leyes de protección LGTB que se están aprobando a nivel autonómico en España.

Asociación con numerosos dirigentes del Partido Popular

Numerosas asociaciones provida y ultracatólicas han presentado la Plataforma por las Libertades. Una asociación que bajo el pretexto de defender la libertad de todxs lxs españolxs afirma que vivimos en una dictadura LGTB sustentada en la ‘perfida’ ideología de género.

El acto de presentación del Manifiesto contó con la presencia de los representantes de asociaciones que lo han promovido o se han adhertido a él: Jaime Mayor Oreja (Valores y Sociedad), José Eugenio Azpiroz (Familia y Dignidad Humana), Ignacio Arsuaga (HazteOir.org), Nicolás Jouvé (Civica), Rocío Monasterio (Femidisidencias), Pablo Siegrist (Fundación Jérome Lejeune) o Manuel Oliete (Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción), entre otros.

El mundo al revés. A pesar de que a lo largo del 2016, el colectivo LGTB ha sufrido una agresión cada tres días en la Comunidad de Madrid, algo ue no ha merecido la condena de esta gente, a pesar de que numerosas comunidades niegan el acceso a la reproducción asistida a las parejas lésbicas, a pesar de que el colectivo transexual y bisexual se encuentre en una espiral de silencio y burla, para la recién nacida Plataforma por las Libertades, en España vivimos en una dictadura LGTB.

Sí, varias asociaciones ultraconservadoras que reúnes a cuatro gatos y gatas cada una, de esas que dicen que están muy preocupadas por la vida de los demás y por las familias como debe ser de toda la vida de Dios, y dos universidades católicas (las de Murcia y la de Valencia) han formado una plataforma “por las libertades” cuyo único fin parece ser pedir el fin de las leyes autonómicas de protección al colectivo LGTB que poco a poco se están aprobando en toda España. Por queda alguien #YoSoyGayYDelPP entre quienes entran a esta página, a la cabeza de esta nueva plataforma están Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez, una señora muy católica y muy conservadora que fue diputada del PP hasta hace muy poco y que ahora se dedica a recorrer medios ultras de la caverna lloriqueando por la pérdida de sus valores reaccionarios en la política y prometiendo que habrá un nuevo partido de derechas porque lo de sus antiguos compañeros es una vergüenza.

El primer episodio de esta locura lo vivimos el pasado mes de noviembre. Este grupo de asociaciones mandaron una carta al Defensor del Pueblo indicando que:

«El derecho a la igualdad; el derecho a la integridad física y moral; el derecho a la protección de la salud; el deber de prestar asistencia a los hijos; el derecho a la libertad de expresión; el derecho de presunción de inocencia; el de seguridad jurídica; el derecho de tutela efectiva y el derecho de educación y a la libertad ideológica y religiosa eran vulnerados por la ‘Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual’ aprobada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes».

Sin embargo, La defensora del Pueblo decidió- dar carpetazo y rechazar la petición de amparo de los solicitantes y no interponer recurso alguno justificando la discriminación positiva que la Ley recoge en favor del colectivo LGTBI. 

Ahora, y a pesar del bofetón de realidad que supuso la decisión de la defensora del pueblo, estas asociaciones han decidido crear la Plataforma por las Libertades para seguir luchando contra un elemento que no se puede detener: la evolución de la sociedad.

En noviembre eran  20 las asociaciones que pedían el recurso a la ley Cifuentes, como ellos la llaman, y ahora afirman que más de 100 colectivos se han unido a su pataleta. No hemos encontrado el listado completo, pero viendo el nombre de algunas de ellas os podéis hacer una idea: Federación Europea One Of Us En Defensa De La Vida y Dignidad Humana,  la Asociación Ciencia, Vida y Cultura, la Asociación Española de Farmacéuticos  Católicos, la Asociación Familia y Dignidad humana, la Asociación Femidisidencia, la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares, la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, la Asociación Europea de Abogados de Familia, la Comunidad Evangélica y la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia.

Entre ellas dstacamos la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja, y en cuyo patronato figuran también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil, o el exdiputado y exsenador Ángel Pintado. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley madrileña (el otro fue el alcalde de Alcorcón, David Pérez).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud era la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Dos organizaciones que precisamente figuran en la lista de las entidades que se han adherido al manifiesto fundacional de la plataforma, presentada esta misma semana en un acto presidido por los ya mencionada Lourdes Méndez y en el que estuvo también presente Jaime Mayor Oreja, un político que siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB (como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación).

Entre el resto de organizaciones que se han adherido hay pocas sorpresas. Está, por supuesto, HazteOír, pero también la Federación Europea One Of Us, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos  o el Instituto de Política Familiar, entre otros grupos ultraconservadores y tradicionalistas. Sí que nos llama la atención, por ejemplo, la presencia de dos universidades católicas (la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Católica de Valencia) o de algunos colectivos que sobre el papel aseguran defender causas ajenas a la oposición a los derechos LGTB, como la Federación de Familias Numerosas de Madrid o la Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos.

Una mirada retrógrada

Ya sabéis que en este tipo de asociaciones siempre repiten que montan estos circos por los niños, no vaya a ser que crezcan siendo un poco más decentes que sus padres y que alguien les explique que pueden usar su religión para otra cosa que no sea difundir ideas absurdas y como excusa discriminar a otras personas.  De todas formas, esta vez estaban más creativos que lo habitual y han escrito un manifiesto  para explicarnos por qué están en contra de estas normas… de nosotros, vamos…

Lo han escrito con todo su amor, porque aseguran que cualquier español debe estar protegido de ideologías totalitarias, y empiezan fuerte, afirmando que la libertad en España está amenazada bajo el pretexto de perseguir la discriminación por orientación sexual o combatir la LGTBIfobia. También dicen que se vulneran artículos de la Constitución española que protegen el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud o a la educación.

Esta plataforma nace como reacción a ese atropello político, cometido de espaldas a los ciudadanos y fruto de la presión de lobbies que pretenden arrogarse la representación exclusiva de las personas con inclinación homosexual. Cualquier español debe estar protegido de cualquier ideología que se quiera imponer de forma totalitaria.»

Este extracto del manifiesto que ha presentado la asociación (se puede leer de manera íntegra aquí) resume la posición de la Plataforma por las Libertades, que se sitúa a la derecha del sector más a la derecha de la política española.

Esta gente tan creyente y tan poco evangélica dice que son “personas que creen en la igualdad”  y que están muy discriminados porque una serie de leyes intentan proteger a un colectivo especialmente perseguido. Aunque a lo mejor es que de verdad creen en la igualdad y por eso han escrito este manifiesto, que ya es todo un ejemplo de por qué son necesarias estas leyes.

También aseguran que a su escrito se han unido científicos muy preocupados porque se defienda la libertad de investigación y profesionales de la sanidad. Y aquí es cuando ya no nos parece gracioso lo que dicen. Detrás de esta preocupación por la salud, la ciencia y la técnica está la última obsesión de moda entre los reaccionarios, que son las falsas terapias de conversión. ¿Qué más da que el criterio científico sea conocido y clarísimo? Ellos tienen amor cristiano que dar y lo demuestran así, diciéndote con una sonrisa que si eres discriminado de alguna forma no es porque hagan todo lo posible porque así sea, es porque te empeñas en vivir de acuerdo con cómo naciste y no como a ellos les gustaría. Igualmente, nos gustaría saber dónde han recibido sus titulos estos profesionales sanitarios que ignoran el altísimo riesgo de depresión y suicidio por el que pasan las personas obligadas a acudir a estas “curas“.

Desde la Plataforma por las Libertades (compuesta por En Defensa De La Vida y Dignidad Humana, la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia o la Asociación Europea de Abogados de Familia, entre otras) afirman que los derechos del colectivo LGTB se han impuesto de forma totalitaria y de espaldas a los ciudadanos.

Algo que es absolutamente falso, puesto que todas las leyes autonómicas se han votado (algunas han salido por unanimidad como en la Comunidad de Madrid) y todas las encuestas realizadas afirman que la sociedad española se sitúa a la vanguardia en cuanto a tolerancia e inclusión de la comunidad LGTB.

Los mismos perros que en el pasado (y en la actualidad) se postularon contra el divorcio y el aborto ahora ladran contra los derechos del colectivo LGTB y la igualdad de géneros. Y al igual que en el pasado, en la actualidad sus protestas tienen la batalla perdida: por mucho que retumbe la caverna del heteropatriarcado, el progreso no se detiene.

A este espanto de la Plataforma por las Libertades se unen también, entre otros, escritores preocupadisímos por la libertad de expresión, redactores de Actuall, periodistas contrarios a que la homosexualidad se convierta en un dogma de Estado, empresarios y muchos profesores que ven en peligro su libertad porque tendrán que hablar de la diversidad familiar en clase, o al menos no ignorarla si se da el caso.

Por suerte, sabemos que aunque haya unos cuantos profesores con ganas de meterle a sus alumnos la mayor cantidad de homofobia en la cabeza, hay muchísimos docentes por todo el país que están cabreadísimos con los panfletos homófobos que HO está mandando a los colegios. Se sienten muy insultados, precisamente, porque en esos librillos se cuestiona su actividad como educadores. Porque al final eso es lo que realmente les molesta, ver amenazada su libertad como padres para meter tonterías homófobas y discriminatorias en las cabezas de sus hijos.

Como ya comentamos en su momento, el hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores.

Si por ejemplo la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, el texto madrileño, sin duda ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse, pero no conviene bajar la guardia.

Fuente: La Gaceta, vía Redacción Chueca/EstoyBailando

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El Grupo Parlamentario Socialista denuncia el incumplimiento de la Ley Integral de Transexualidad por parte del Gobierno Regional de Cristina Cifuentes

miércoles, 21 de diciembre de 2016
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psm carlaLa Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid que entró en vigor el pasado 27 de abril cuenta con dos tiempos prescriptivos para el desarrollo y cumplimiento de dicha normativa. El primero era de seis meses, que se refiere a la atención sanitaria de las personas trans y relativas a la atención en proximidad y descentralizada, en el cual se ha de proceder por la Administración de la Comunidad de Madrid a la definición de los circuitos de derivación de estas personas y a la formación de los profesionales sanitarios afectados por la nueva normativa.

La diputada socialista, Carla Antonelli, denunció en la sesión plenaria del pasado jueves que en este caso aún el Gobierno Regional no ha definido ni ha publicado los nuevos circuitos de derivación a la atención sanitaria de las personas transexuales, asimismo en cuanto a la formación de los profesionales médicos solo se ha realizado unas jornadas dirigidas a especialistas de todas las ramas el pasado 14 y 15 de noviembre, pero desde un punto de vista patologizante de la transexualidad, la disforia de género, que incapacita la autodeterminación de las personas transexuales sobre su sexo sentido y va en contra de los principios que emana esta norma, por lo que de persistir esta actitud por parte del Coordinador de la Unidad y quienes la conforman, exigiremos su dimisión y sustitución por profesionales cualificados y capacitados para ello, porque hay que establecer una clara opción formativa que se ajuste a la Ley que entró en vigor el pasado 27 de abril.

Antonelli también denunció que no se está dando el servicio que contempla el artículo 14/2/a de esta normativa, que se refiere a que las personas transexuales antes del tratamiento hormonal tienen la posibilidad de congelación de tejido gonadal y células reproductivas, ya que cuando lo solicitan en la Unidad de Género les dicen que ellos no lo hacen y les derivan a al 12 de Octubre o La Paz y allí les dicen que solo atienden a personas no transexuales, lo cual es un acto de discriminación gravísimo, por lo que les exigimos una solución inmediata a este problema.

Igualmente preguntó por qué la Comunidad de Madrid, a tan solo doce días de que se cumplan los nueves meses de entrada en vigor de esta Ley, que es el segundo plazo prescriptivo para el total desarrollo de la norma, aun no se ha puesto en contacto con las asociaciones de personas transexuales para la creación del Comité Consultivo, articulo ocho, que evaluará la efectividad de las medidas adoptadas en esta Ley, lo cual hace completamente imposible su conformación en los plazos establecidos.

Intervención de Carla Antonelli en la comparecencia del Consejero:

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