En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.

A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.

Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.

Nació en la Honduras de la década de los 80, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad un trastorno mental. Su infancia transcurrió en Ocotepeque, un pueblo hondureño de montañas, fronterizo con El Salvador y Guatemala, en pleno Triángulo Norte de Centroamérica.

Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.

A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.

Una discriminación estructural

La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.

“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.

La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.

A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.

El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.

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Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.

En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.

Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.

El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.

Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.

La noche del 28 de junio, un grupo de policías también asesinó a Vicky Hernández, una mujer trans, mientras ejercía su jornada como trabajadora sexual. Por este crimen todavía impune, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado hondureño en  2021.

Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.

De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.  

Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.

“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.

El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.

Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.

En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.

“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022. 

A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.

Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.

De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.

Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.

En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.

“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.

Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.

Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.

Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.

En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.

Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.

IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes. 

El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.

Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.

El informe Dejarlo todo atrás. Relatos de personas que se ven forzadas a huir de Centroamérica y México, publicado por ACNUR en septiembre de 2023, indica que, hasta 2020, 3.9 millones de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras han migrado hacia diferentes regiones.  

El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.

Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador.
Foto: Kellys Portillo.

En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.

La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.

Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.

«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.

El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.

En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.

Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.

En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.

De México a Sudamérica, las personas LGBTIQ+ son perseguidas por la familia y por sus comunidades, basadas en la religión; y en el caso de los activistas, por los Estados, señala Espinosa, de Rainbow Railroad. Algunas, dice la especialista, son sometidas a las “terapias de conversión”. Las denominadas “terapias de conversión” deberían prohibirse, ya que según afirma Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género en un informe de mayo de 2020 sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, pueden equipararse a formas de tortura.

En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.

La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS —Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.

En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.

«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.

Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.

En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.

“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.

El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.

Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.

En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.

Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.

En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.

Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.

“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.

Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.

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Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.

De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.

A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.

Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.

La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.

Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.

Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.

Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.

Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.

En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.

Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.

«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.

María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.

El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.

“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.

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De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.

Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.

No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.

La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.

Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.

En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.

Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.

En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.

Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.

En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.

Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.

La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.

Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.

“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.

Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.

Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.

Stanley Luna

Carlos Lara

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Alejandra Mena, Alejandro Córdova, Argentina, Dennis Castillo, Diversidad sexual, ECOSIEG, El Salvador, FALGBT, Homofobia/Transfobia, Honduras, Iglesia Católica, Karla Guevara, La Taylor, María Fernanda Parada, Nayib Bukele, Osman Lara, Religión, Sexilio, Sigfredo Funes, Triángulo Norte de Centroamérica, Xiomara Castro

John Walter Lay (Facebook)

Amigos de la víctima dicen que el asesino gritaba con frecuencia insultos contra los homosexuales

by Hilary Mitchell

A los usuarios de un parque para perros del condado de Hillsborough les preocupa que la oficina del sheriff no haya presentado cargos contra un hombre que mató a tiros a su amigo el viernes pasado. Ahora comparten videos que su amigo hizo horas antes del tiroteo y que que presenciaron antes del trágico evento del viernes pasado.

La semana pasada, un hombre gay de 52 años fue asesinado a tiros en un parque para perros en Tampa, en lo que sus amigos describen como un crimen de odio.

Cuando le dispararon, la víctima acababa de tener un encontronazo con otro hombre que supuestamente le había estado acosando en el parque durante meses, amenazándolo repetidamente y lanzando insultos homofóbicos.

Lay, de 52 años, se había estado quejando a sus amigos durante meses sobre el acoso de otro dueño de perro en West Dog Park. Esa otra persona era Gerald Declan Radford, conocido con el sobrenombre de «Dec«. «La situación ha ido aumentando y aumentando sin motivo alguno», dijo Albert Darlington, otro visitante frecuente del parque. Oye, hubo un pequeño incidente entre Dec y yo esta mañana. Te lo contaré todo la próxima vez que te vea”, dijo Lay en un video que le envió a un amigo el 28 de enero.

“Me llamó por teléfono y luego me envió un mensaje de texto diciéndome: ‘Sue, tengo mucho miedo’. Dijo que Dec simplemente está fuera de control”, dijo Sue Jones, otra dueña de un perro que frecuenta el parque. Jones compartió el último mensaje de texto que Lay le envió el día antes de su muerte.»El esta loco. No tiene adónde ir. Los mantendré informados”, decía.

Según informa el Tampa Bay Times,  el día antes de que un hombre matara a tiros a John Walter Lay, conocido como Walt, Lay grabó un video de sí mismo hablando directamente a la cámara y explicó: “Esto es parte de mi  vida diaria en video que les envío porque la policía me dijo que hiciera esto. Estoy intentando no llamar a la policía”, dijo Walter Lay en un vídeo premonitorio que le envió a su amigo el día antes de su muerte.“Así que esta mañana, mientras caminaba, y somos los únicos dos aquí, (el pistolero) se me acerca y me grita: ‘vas a morir, vas a morir’, y le pedí que me dejara en paz, y hasta ahora lo ha hecho”.

Radford disparó y mató a Lay en el parque temprano a la mañana siguiente. La familia supo por su certificado de defunción que le habían disparado en el pecho y que el proyectil le perforó el corazón, la aorta y el pulmón. No está claro si había testigos en el parque en el momento del tiroteo o si la oficina del sheriff obtuvo algún video que arroje más luz sobre lo sucedido.

Amigos de Lay le dijeron a The Tampa Bay Times que a la mañana siguiente, en el mismo parque y aproximadamente a la misma hora, el hombre mató a tiros a Lay. Tenía 52 años.

“Me detuve y había 10 coches de policía aquí”, dijo Tammy Vashline. Vashline dijo que estaba sorprendida de que le hubieran disparado a su buen amigo. «Walt es una persona maravillosa, amable, cariñosa, compasiva y tranquila». Amigos y familiares dijeron que Lay había hecho todo lo posible para evitar a Radford y creían que solo se habría metido en una pelea para defenderse:  “Nunca lo imagines comenzando nada. Simplemente no a su manera”, dijo Vashline.

The fatal shooting of a gay man in Hillsborough County comes a day after he recorded a video recounting the gunman using homophobic slurs and telling him, “You’re going to die, you’re going to die.”https://t.co/FlZ0C89WNR

— Equality Florida (@equalityfl) February 9, 2024

La oficina del sheriff local ha confirmado que Gerald Declan Radford, de 65 años, fue el autor del disparo. Afirma que le disparó a Lay en defensa propia. Sin embargo, sus amigos no están de acuerdo en que ese hubiera sido el caso.

Se cree que el asesino aún no ha sido arrestado ni acusado. “Nos miramos el uno al otro y pensé: ¿este tipo acaba de matar a nuestro amigo y no está esposado?”. Se dice que dijo uno de los amigos de Lay. “Para nosotros fue increíble”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough ha publicado pocos detalles sobre lo sucedido y no emitió un comunicado de prensa sobre el tiroteo hasta cuatro días después de que ocurrió, y sólo después de que un reportero del Tampa Bay Times preguntó al respecto. La agencia dijo que la Oficina del Fiscal del Estado de Hillsborough decidirá si presentará cargos penales en el caso.

Darlington recibió un mensaje de texto de Radford después del tiroteo. Incluía una imagen del rostro de Radford que mostraba cortes y hematomas. El texto decía: «Walt me atacó en el parque y tuve que defenderme». “ Lamento mucho decirte que Walt me atacó en el parque y tuve que defenderme. El sheriff me dijo que era VIH positivo así que pensé que sería mejor decírselo. Nunca pensé que él realmente iría por mí. Realmente lo siento, realmente no tuve otra opción, estaba demasiado loco.”

Texto que Radford envió a Albert Darlington después del tiroteo

Le preguntaron sobre el texto y si Lay lo atacó, pero no respondió. ABC Action News le preguntó a Radford si estaba molesto con Lay porque era gay, pero tampoco respondió. Radford dijo que no hablaría del caso. “No estoy ni cerca de superar esto. No estoy ni cerca de estar listo”, dijo.

En un mensaje de texto a un periodista del Times, Radford indicó que le disparó a Lay en defensa propia. “Me atacaron. Me defendí. Fin de la historia”, decía el texto. Envió un segundo mensaje de texto advirtiendo al Times que se comunicara con la oficina del sheriff para obtener información. Cuando se le pidió una entrevista telefónica, respondió que la oficina del sheriff tiene su teléfono y rechazó una solicitud para reunirse en persona, diciendo que «no se encontraba en buen estado«. Cuando se le preguntó si tenía abogado, respondió: “No he hecho nada malo”.

Los amigos de Lay no creen en el relato de Radford y describieron cómo le gritaba insultos anti-gay a Lay. Andy Prince dijo que tuvo un encuentro preocupante con Radford cuando lo conoció en el parque para perros. “Se aseguró de decir que portaba un arma. Se podía ver el bulto. Y también dijo que odia a los homosexuales. Sin que se lo pidieran”, dijo Prince.

Sus amigos afirman que Lay y Radford inicialmente tenían una relación amistosa. Pero después de que Radford descubrió que Lay era abiertamente gay, Radford comenzó a atacar a Lay, llamándolo insultos cuando caminaba por el parque. Se dice que la política de Radford “se inclinaba hacia la derecha”.

Sue Jones describe a Radford burlándose de Lay frente a otros visitantes del parque. “Aquí viene el [insulto homofóbico]”, dijo que diría él. “Cada vez que Walt llegaba aquí”, asegura Dec decía: ‘Aquí viene ese [improperio] [insulto homofóbico]”, dijo Darlington.

“En mi opinión, no hay manera de que esto sea realmente defensa propia”, dijo Albert Darlington, de 68 años, amigo de Lay. “Durante más de un año, Dec no ha hecho más que acosar a Walt. Él grita, grita y le insulta cada vez que llega al parque para perros. Se sienta allí y dice: ‘Me gustaría darle un puñetazo en la maldita boca’… y la cosa ha ido de mal en peor y de peor en peor”.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough envió un breve comunicado de prensa cuatro días después del tiroteo diciendo que «no hay cargos inminentes» y «no hay peligro para el público».  “De hecho, la verdad es todo lo contrario”, dijo Paul Gumpert, un visitante frecuente del parque para perros. Gumpert dijo que Lay le guardó su perro cuando estuvo fuera de la ciudad el fin de semana antes de que le dispararan. Gumpert, un ex empleado de la Fiscalía Federal, envió un correo electrónico al detective que llevaba el caso pidiéndole que abriera una investigación sobre la orden de protección de riesgos. “Quiero que le quiten las armas. Quiero que se los lleven lo antes posible”, dijo Gumpert.

Ninguno de los visitantes frecuentes del parque para perros con los que hablamos dice haber recibido llamadas de seguimiento de los detectives. “Esto simplemente no se puede esconder debajo de la alfombra y dejarlo ir. ¿Qué va a hacer a continuación?” Dijo Darlington. Según el comunicado de prensa de HCSO, la investigación se entregará a la oficina del Fiscal del Estado para su revisión final.

Los amigos de Lay dijeron  a The Tampa Bay Times que trabajaba en servicio al cliente para una empresa de atención médica, repartía comida y conducía para Uber por las noches. Uno de sus amigos añadió: “Era amable con todos y trataba a todos como seres humanos”.

El The Tampa Bay Times revisó la página de Facebook de Radford y descubrió que incluía memes publicados que despreciaban a las personas LGBTQ+.

Mientras la comunidad llora la pérdida de Lay, su fiel perro Fala es un conmovedor recordatorio de su legado perdurable. El último deseo de Lay era que un amigo en Tampa cuidara a su perro si algo le sucediera, ya que quería garantizar el cuidado continuo de Fala dentro de los límites familiares de la comunidad de Tampa a la que llamaba hogar.

El amigo de Lay tiene la intención de seguir paseando a Fala por el parque para perros a pesar del ataque fatal, y explica que Fala “estaría más feliz con la manada de Tampa que ya conoce”.

Florida ha sido recientemente un foco de actividad anti-LGBTQ+, gran parte de ella instigada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Sólo en mayo de 2023, DeSantis firmó seis nuevos proyectos de ley para atacar los derechos LGBTQ+ en el estado.

En respuesta a eso, Equality Florida y la Human Rights Campaign emitieron consejos de viaje actualizados para las personas LGBTQ+ que estaban considerando visitar o mudarse a Florida, diciéndoles a las personas queer que “reconsideraran” sus planes y que no era un lugar seguro para que los viajeros LGBTQ+ lo visitaran.

Fuente PinkNews/ABCActionNews

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinato, Condado de Hillsborough, Delitos de Odio, EE.UU., Florida, Homofobia/Transfobia, John Walter Lay, Personas LGTBIQ, Tampa

La policía trató al activista como a un criminal y allanó su casa mientras aún se recuperaba en busca de pruebas que demostraran que era gay.

El resurgimiento de proyectos de ley anti-LGBTQ+ y leyes draconianas en África ha provocado una oleada de ataques homofóbicos en todo el continente, poniendo en peligro aún más a las personas LGBTQ+ cuyas vidas ya estaban en riesgo.

Estas leyes anti-LGBTQ+ no sólo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo sino que también apuntan sistemáticamente a los activistas LGBTQ+. Steven Kabuye, un destacado activista ugandés por los derechos LGBTQ+, fue recientemente apuñalado y abandonado frente a su cas al tomarlo por muerto,  por dos hombres en una motocicleta que lo habían estado siguiendo durante varios días. Imágenes de video gráficas compartidas en X muestran a Kabuye retorciéndose de dolor, una laceración visible extendida a lo largo de su brazo y un cuchillo incrustado en su abdomen.

Kabuye, activista y editor de Coloured Voices Media Foundation-Truth to LGBTQ Uganda, fue emboscado cuando se dirigía al trabajo. Sus agresores, que llevaban casco, le apuntaron con el cuchillo, apuntando a su cuello, que él protege con su brazo derecho en el vídeo. Cuando intentó huir, los agresores lo persiguieron y lo apuñalaron en el estómago. Kabuye fue descubierto por los residentes y trasladado a un hospital cercano para una cirugía de emergencia.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, recientemente  promulgó en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo,  uno de los proyectos de ley contra los homosexuales más severos del mundo. La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda…

Unknown Ugandan is harassed by a mob in a bar known as Happy Boys in Kampala.
It’s translated that: «Museveni forbid gays in Uganda. You deserve death. You need to be gang raped so that you learn.»
This is the daily life of a Ugandan Gay man. #RepealAHA23 #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/Q992r0IHAo

— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) November 23, 2023

Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.

Kabuye, que aún se está recuperando, reveló en X que ya ha sido acosado por la policía desde el ataque. Dijo que entraron a la fuerza a su casa en busca de lubricantes, banderas del arco iris o cualquier otro artículo incriminatorio que pudieran usar como evidencia para acusarlo bajo la Ley Anti-Homosexualidad. Dijo que cree que el intento fallido contra su vida fue un asesinato planeado.

El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

Un incidente similar ocurrió en 2011 en la trágica historia de David Kato, un maestro ugandés y activista por los derechos LGBTQ+. Kato, considerado el padre del movimiento por los derechos de los homosexuales en Uganda, fue asesinado a sangre fría después de obtener una victoria judicial sobre un tabloide que pedía que se matara a los homosexuales.

Kabuye continuó revelando que después de que se le negó la entrada a su casa, la policía arrestó a su compañero de piso, lo torturó y amenazó con exámenes anales forzados en un intento de obligarlo a confesar que él y Steven eran amantes, y al mismo tiempo le pidió que detuviera a la comunidad internacional de ejercer presión sobre ellos o sería acusado falsamente de intento de asesinato.

Kabuye escribió en X: “Cuando vinieron a pedirme una declaración, seguían haciéndome preguntas como: ‘¿Quién te patrocina? ¿Cómo y cuándo te volviste gay? ¿Alguna vez has tenido alguna actividad sexual con algún hombre? Preguntas no relacionadas con el caso que nos ocupa. Simplemente no querían aceptar que fuera un crimen de odio o un intento de homicidio/asesinato”.

Otro activista LGBTQ+, Ronald Agaba, que ha estado hablando y exigiendo justicia para Kabuye, dijo que la policía de Uganda está tratando de encubrir el crimen y está ocupada culpando a la víctima. Continuó publicando capturas de pantalla de las amenazas de muerte que ha estado recibiendo desde que habló.

“La policía no te ayudará. Uganda no es para homosexuales”, dijo un usuario de X.

“Mira a este gay, corre por tu vida en Uganda porque estamos matando a los llamados LGBTQ”, añadió otro.

Otras víctimas en todo el país incluyen a Arianna, una mujer transgénero que fue acusada falsamente en un video viral de TikTok de obligar a hombres jóvenes a tomar hormonas. Un día, cuando llegó a casa después de hacer compras, se encontró con una multitud enfurecida reunida frente a la puerta de su casa. “Cuando me vieron, empezaron a agarrarme y a gritar que tenía que morir”, dijo a The Guardian. “Lo único que recuerdo después fue despertarme en un hospital”.

La nueva ley también castiga a activistas con 20 años de prisión por promover la homosexualidad, lo que lleva a una represión contra las organizaciones de derechos humanos y a la criminalización de cualquier defensa LGBTQ+. Un diputado de Uganda, el Excmo. Cecilia Ogwal, que fue una de los 387 miembros del Parlamento de Uganda que apoyaron la Ley contra la Homosexualidad, llamó a los defensores LGBTQ+ “una fuerza del fondo del infierno” e instó a los ugandeses a “destruir” estas fuerzas LGBTQ+.

Jane, una activista ugandesa de 24 años, dijo Nación LGBTQ Teme por su vida y ha estado escondida. “Últimamente he estado recibiendo amenazas de muerte en línea. Una persona prometió cazarme, violarme y cortarme el cuello”, dijo. “Lo desalentador de esto es que ni siquiera puedo denunciarlo a la policía. Incluso la policía es la que nos aterroriza y fomenta este comportamiento”.

Los activistas y activistas LGBTQ+ en África no han ocultado su postura y lo que sienten acerca de la nueva ley. Se presentó una petición ante el Tribunal Constitucional para impugnarla, pero no se sabe si habrá un resultado positivo. Las audiencias judiciales comenzaron el mes pasado, pero aún no se ha emitido ningún fallo.

Entre las personas que presentaron la petición se encontraban los dos únicos parlamentarios que votaron en contra del proyecto de ley, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, así como los destacados activistas de derechos humanos Pepe Onziema y Frank Mugisha. El Foro de Promoción y Concienciación sobre los Derechos Humanos de Uganda y una serie de grupos internacionales presentaron peticiones adicionales.

La activista Jackline Kemigisa escribió en OpenDemocracy que se unió a la petición “porque el delito vagamente definido por la ley de ‘promoción de la homosexualidad’” pone en peligro su “trabajo y libertad como periodista e investigadora que cubre los movimientos queer y feministas en Uganda. Si mi trabajo, en el que escribo sobre comunidades minoritarias con equidad y dignidad, fuera considerado ‘promoción de la homosexualidad’ según la Sección 11 de la nueva ley, me enfrentaría a hasta 20 años de prisión”, dijo.

Otra activista ugandesa, Kira, explicó cómo la nueva ley ha cambiado su vida. “Uganda siempre ha sido homofóbica”, dijo a LGBTQNation, “pero desde que se firmó este nuevo proyecto de ley las cosas han cambiado. Antes de la nueva ley, lo peor que te podía pasar en público era que te abuchearan, ya que la gente rara vez te ataca sin provocación. Pero la nueva ley los ha envalentonado. Ahora nos atacan públicamente basándose en la percepción, algunos de ellos incluso llegan a acecharnos y tendernos emboscadas en nuestras casas. Al ser una mujer que se presenta masculina, tengo miedo de salir en público estos días porque no ser lo suficientemente tradicionalmente femenina podría hacer que me maten. Casi perdemos a un amigo el mes pasado después de que una turba lo golpeara en el mercado por sus gestos femeninos”.

Según Reuters, el Tribunal Constitucional de Uganda comenzó a escuchar una impugnación el 18 de diciembre que dice que la ley viola derechos constitucionalmente protegidos. Un panel de cinco jueces dijo a los peticionarios que serían notificados cuando se llegara a un fallo.

“Para ser honesto, no tengo ninguna fe en que nuestro poder judicial o que todo este caso tenga un resultado positivo”, dijo John Mukasa, un activista por los derechos de los homosexuales y funcionario médico que vive en Uganda. Nación LGBTQ. “La homosexualidad es un tema muy controvertido en África y la homofobia ha calado profundamente en nuestra sociedad. Nuestros políticos están explotando este odio para su propio beneficio disfrazado de proteger las culturas africanas y continuarían haciéndolo sin importar el costo. Uganda tiene una infinidad de problemas, desde la inseguridad hasta la pobreza multidimensional y el hambre; estas leyes contrarias simplemente se utilizan para distraer a la gente de los problemas que realmente importan”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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“No nos dejamos intimidar”, dijo el propietario de la clínica.

Los bomberos de Decatur, Georgia, han determinado que un incendio en octubre en una clínica local de atención de afirmación de género fue provocado intencionalmente en una medida que un activista ha calificado de “terrorismo”.

El incendio en el histórico edificio Blair de la ciudad estuvo “contenido en una oficina y no se reportaron heridos”, según una declaración reciente del Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad de Decatur.

El comunicado expresó que una investigación determinó que el incendio “fue de naturaleza incendiaria, lo que indica que fue provocado intencionalmente”. No hay sospechosos, los autores no  han sido identificados .

El edificio Blair alberga a varios proveedores médicos, pero un informe policial confirma que el objetivo del incendio era QMed, que se centra en atención de afirmación de género, según  informó Decaturish.

“No nos dejaremos intimidar”, dijo la propietaria de QMed, la Dra. Izzy Lowell al Atlanta News First. “No dejaremos de brindar atención que salva vidas a nuestros pacientes”. Si bien la oficina está “completamente destruida”, Lowell dijo que la clínica atiende a los pacientes de forma remota. También confirmó que el FBI está investigando el ataque incendiario como un crimen de odio.

Georgia aprobó una ley sobre delitos de odio en 2020. La H.B. 426 se convirtió en la primera ley del estado en proteger específicamente a los residentes LGBTQ+ y dar castigos más severos a aquellos cuyos delitos apuntan a las víctimas debido a su identidad LGBTQ+, o debido a otros factores como su raza, religión o origen nacional.

La activista trans Alejandra Caraballo escribió en X que el ataque “sigue el manual antiaborto de destruir clínicas para cerrarlas. Esto es terrorismo”, concluyó.

El Proyecto de Avance del Movimiento le dio a Georgia 1 punto de un posible 44,5 por sus políticas LGBTQ+, dejándola con una calificación general de “baja”.

En marzo de 2023, el gobernador Brian Kemp (R) firmó la prohibición de que los jóvenes trans reciban atención médica que afirme el género. La ley revoca las licencias de los profesionales médicos que administran cirugías o terapias de reemplazo hormonal a personas transgénero menores de 18 años. La ley crea una exención para los jóvenes cisgénero; se les permite recibir cuidados de afirmación de género que se ajusten al sexo asignado al nacer.

 Los bloqueadores de la pubertad, sin embargo, no están prohibidos por la legislación.

La Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría han rechazado las afirmaciones de que la atención que afirma el género perjudica a niños o adultos transgénero. Además, la cirugía de afirmación de género casi nunca se realiza en jóvenes.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Brian Kemp, Decatur, Georgia, Homofobia/Transfobia, Incendio, Izzy Lowell, Personas LGBTIQ+, Personas trans

La quema del noble y caballero suizo Richard Puller von Hohenburg y su sirviente por sodomía, Zurich, 1482. Ilustración: desconocida

Revisión del deseo prohibido en la Europa moderna temprana: la guerra bárbara del cristianismo contra la homosexualidad

El estudio del historiador Noel Malcolm sobre la vida gay en los siglos XV al XVIII desacredita muchos mitos, pero sobre todo cataloga la violencia extrema perpetrada contra aquellos que se consideraba que habían violado la doctrina religiosa.

Peter Conrado
Dom 28 de enero de 2024 10:00 CET

Deseo prohibido, la historia sobria y llena de notas a pie de página de Noel Malcolm sobre la homosexualidad masculina entre 1400 y 1750, tiene algunos compañeros de cama más juguetones: en Amazon comparte su título con una serie de bromances de pechos peludos, uno o dos juegos sáficos y una historia sulfurosa sobre una aventura de una bruja con un demonio atormentado. Contra tal competencia, Malcolm presenta un elenco que incluye lujuriosos potentados turcos, sacerdotes católicos depredadores, pinches corruptibles y coristas de mejillas tersas, junto con dos reyes ingleses que supuestamente jugueteaban con jóvenes viriles favoritos. Pero la mayoría de los sodomitas, como Malcolm insiste sombríamente en llamarlos, deben satisfacer sus deseos en privado; La preocupación del historiador son los prohibitivos mandamientos religiosos que las parejas del mismo sexo desobedecían y las penas increíblemente brutales impuestas por leyes que pretendían defender el orden divino del universo.

Aquí el sexo parece ir seguido, casi automáticamente, de una muerte insoportable. En el siglo XV, la sodomía en Venecia se castigaba con la decapitación, tras lo cual los cadáveres de los malhechores eran quemados para garantizar que no quedara rastro de ellos. Como era ilegal matar a un hombre ordenado, un clérigo lascivo fue encerrado en una jaula en la Piazza San Marco y dejado morir de hambre a la vista de una población regodeada. En Florencia, un niño de 15 años fue castrado en el patíbulo y luego sodomizado mortalmente con un atizador de hierro candente. Un joven holandés colocado en la picota fue arrojado con inmundicia y bombardeado con piedras, que finalmente acabaron con él. Otros fueron condenados a remar hasta morir como esclavos de galeras; a los afortunados, en un extraño acto de misericordia, les cortaron la nariz, no la cabeza ni el pene.

El pánico moral suscitado por estos procesamientos a menudo ocultaba miserables motivos financieros o políticos. Un asalto francés a los reservados Caballeros Templarios en el siglo XIV utilizó la sodomía como excusa para confiscar sus riquezas. En Perú, las tribus indígenas fueron acusadas del mismo vicio para justificar los ataques de los conquistadores españoles.

En caso de que uno se pregunte por qué la Europa cristiana estaba tan reprimida contra la intrusión, Malcolm menciona un abstruso complejo psicológico conocido como “xenohomofobia”: los hombres que optaban por un papel pasivo en el sexo eran considerados traicioneros porque su preferencia indicaba “penetración religiosa y militar”. . Quizás la loca metáfora pueda ampliarse para explicar el muro fronterizo de Trump, diseñado como un tapón protector para uno de los orificios de Estados Unidos.

Un grupo de hombres franceses c1470. Ilustración: Archivo/Alamy

Como demuestra Malcolm, esta intolerancia paranoica se deriva de una mala interpretación de las Escrituras. La impía ciudad de Sodoma es condenada porque sus habitantes cometieron un pecado particularmente abominable, pero la Biblia no especifica que este peccadillo fue “relación o deseo sexual entre hombres”. Los comentaristas patrísticos llenaron el vacío resoplando y resoplando sobre una práctica que llamaron “innombrable”; advirtiendo que si se pronunciaba en voz alta “contaminaría la boca del hablante y los oídos del oyente”, lo que dejaba a los devotos libres para fantasear espeluznantemente sobre un amor que no se atreve a pronunciar su nombre. Sodoma permaneció tan convenientemente oscura que cuando el marqués de Queensberry la invocó para denunciar a Oscar Wilde por corromper a su hijo, no recordaba cómo deletrear la palabra: la tarjeta que dejó en el club de Wilde se dirigía a él como un «somdomita posando». Gracias a uno de los sabios apartes de Malcolm, la acusación sinónima de sodomía también se evapora en el aire. El término proviene del francés “bougre”, que originalmente significa “búlgaro”, que se refiere a “los dualistas bogomilos de los Balcanes”, gnósticos que evitaban la procreación para rechazar el mundo material. Vulgarizada en inglés, Bulgaria se convirtió en sodomía, un insulto polivalente que redujo el anatema religioso a un ejercicio de insultos.

Cerca del final del libro de Malcolm, los pensadores de la Ilustración finalmente cuestionan la imposición cristiana de códigos morales al señalar que nuestros apetitos corporales no pueden considerarse antinaturales. En 1785, Jeremy Bentham descartó los viejos tabúes sagrados calificándolos de “ofensas contra uno mismo”: si los pederastas podían ser incinerados, Bentham sugirió que los monjes deberían ser asados vivos a fuego lento. La teología musulmana, hay que reconocerlo, hizo discretas concesiones a las debilidades sensuales: en su descripción de la cultura otomana, Malcolm cita a poetas que comparan a los camareros efebos con los coperos en el paraíso y parafrasean dulcemente la eyaculación como “extraer leche de la caña de azúcar”. Los eruditos musulmanes del siglo XI incluso autorizaron la sodomía en el más allá. En la Tierra, el sexo no procreativo estaba censurado porque podía llevar a la despoblación, pero tales prohibiciones eran innecesarias en el cielo, donde no habría nuevos nacimientos. ¿Qué mejor manera de pasar el tiempo en la eternidad?

Al anunciar que ha “llegado a este tema sin ninguna implicación personal en él”, Malcolm se resiste a las ilusiones de los historiadores que también actúan como activistas homosexuales y proyectan “significados sexuales anacrónicos” en amistades inocentes entre hombres medievales. La neutralidad académica es bastante justa, pero me resulta difícil permanecer imparcial ante la carnicería piadosa que descubre su libro. La trascendental campaña del cristianismo para prohibir el deseo fue una guerra contra la humanidad, y ahora está concluyendo tardíamente en una derrota.

El deseo prohibido en la Europa moderna temprana: relaciones sexuales entre hombres, 1400-1750 de Noel Malcolm es una publicación de Oxford University Press (£25). Para apoyar a The Guardian y Observer, solicite su copia en guardianbookshop.com.Se pueden aplicar cargos de entrega

Fuente The Observer

Biblia, Cristianismo (Iglesias), Homofobia/ Transfobia. Cristianismo, El deseo prohibido en la Europa moderna temprana: relaciones sexuales entre hombres 1400-1750, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Noel Malcolm

Eden Rogers y Brandy Welch con sus hijas.

Más del 40% de los adultosLGBTQ+ creen que la adopción no es accesible.

  Un estudio estadounidense ha revelado que las parejas LGBTQ+ tienen muchas más probabilidades de acoger o adoptar que las heterosexuales, pero a muchas les preocupa la discriminación que puedan sufrir durante el proceso.

La investigación, publicada el miércoles 24 de enero, reveló que el 37% de los adultos LGBTQ+ se ha planteado acoger a un niño, mientras que el 32% ha considerado seriamente la adopción.

Mientras tanto, sólo el 23% de los adultos no LGBTQ+ se ha planteado acoger a un niño, mientras que el 15% ha pensado en la adopción.

Encargada como parte de un proyecto de investigación sobre la opinión de los estadounidenses acerca del acogimiento familiar en Estados Unidos, por la empresa de análisis Gallup y Kidsave, organización que busca familias para niños mayores, los resultados se recogieron entre marzo y abril del año pasado.

Sarah Fioroni, investigadora principal de Gallup, declaró que los resultados estaban «en consonancia con nuestra hipótesis general» de que «muchos estadounidenses interesados en la acogida y la adopción pueden sentirse intimidados a la hora de participar por miedo a la discriminación que puedan sufrir en el proceso».

Más de un tercio de los estadounidenses LGBTQ+ afirmaron que el miedo era un obstáculo importante para intentar acoger o adoptar, mientras que sólo el 10% de los adultos no LGBTQ+ compartían una opinión similar.

Según la encuesta, la preocupación por la discriminación era más frecuente entre los hombres LGBTQ+, ya que alrededor del 46% afirmaba que era un obstáculo importante, frente al 22% de las mujeres.

Como resultado, el 44% de las mujeres LGBTQ+ encuestadas afirmaron haber pensado mucho o haber dado pasos hacia la adopción o la acogida, frente al 29% de los hombres.

Más del 40% de los adultos LGBTQ+ creen que la adopción no es accesible en igualdad de condiciones

Gallup señaló que, en 2021, se cree que hay casi 400.000 niños en el sistema de acogida de Estados Unidos, de los cuales unos 100.000 necesitan urgentemente familias permanentes.

Las barreras a las que se enfrentan los adultos homosexuales que desean adoptar están «frenando potencialmente a millones de familias y personas [LGBTQ+] que desean seriamente cuidar de niños que necesitan un hogar«, concluye el informe.

Una de esas familias, Eden Rogers y Brandy Welch, demandaron al estado de Carolina del Sur tras ser rechazadas por una agencia de acogida financiada por el gobierno por ser LGBTQ+.

Al parecer, Miracle Hill Ministries, la mayor agencia de acogida contratada por el Estado de Carolina del Sur, rechazó la solicitud debido a una «declaración doctrinal» que incluye un apartado que afirma: «El diseño de Dios para el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer».

Apoyada por Lambda Legal y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la pareja demandó en 2019, alegando que el gobierno había aprobado prácticas discriminatorias al permitir que criterios religiosos dictaran si una pareja podía adoptar.

A finales del año pasado, un tribunal denegó una petición de juicio sumario, permitiendo básicamente a Carolina del Sur seguir trabajando con la agencia de adopción.

La investigación de Gallup mostró que el 41% de los adultos LGBTQ+ estaban de acuerdo en que la adopción no es igualmente accesible para todos los adultos adoptivos interesados, independientemente de su orientación sexual.

El 21% de los adultos que no son LGBTQ+ coincidieron en que la adopción no es igualmente accesible, mientras que el 26% afirmó que cree que sí lo es.

Shantay Armstrong, directora del proyecto Embrace, una iniciativa de diversidad y equidad impulsada por Kidsave que trabaja para mejorar los resultados de los jóvenes negros y marginados en régimen de acogida, afirmó que empezar en un régimen de acogida puede ser «intimidante» para los adultos LGBTQ+.

«En Kidsave hemos trabajado con adultos LGBTQ+ que habían sufrido discriminación en su camino hacia la creación de una familia. En Estados Unidos, nos anima que se esté trabajando en una legislación federal para prevenir la discriminación contra las personas LGBTQ+, pero también sabemos que el cambio cultural puede ir por detrás del cambio político y lleva su tiempo.«

Como parte de un paquete de protecciones para los adultos interesados en adoptar y acoger, la administración Biden anunció en septiembre que ampliaría el acceso a los servicios jurídicos para los niños y las familias en riesgo de entrar en el sistema de bienestar infantil e impondría más protecciones para los jóvenes LGBTQ+ en acogida.

En un comunicado, la Casa Blanca dijo que daría instrucciones al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que «proteja a los jóvenes LGBTQI+ en el sistema de acogida», proponiendo una norma que impida «el maltrato relacionado con su orientación sexual o identidad de género».

Sin embargo, el gobierno debe «eliminar los estereotipos negativos» sobre las familias LGBTQ+ y otros grupos marginados, dijo Armstrong.

«También ayudaría a proporcionar formación contra los prejuicios y planes de estudios a los informadores obligatorios y a los asistentes sociales, y contribuiría a reducir las barreras para las familias proporcionando recursos de salud mental y formación sobre elegibilidad.»

Fuente Cromosomax

General, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Adopción Homoparental, Carolina del Sur, Discriminación, EE.UU., Gallup, Homofobia/Transfobia, Kidsave, Lambda Legal, Miracle Hill, Personas LGTBIQ, Proyecto Embrace, Sarah Fioroni, Shantay Armstrong, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)

Su  pareja, una mujer trans recluida en el Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena, teme por su vida. En diciembre pasado la Justicia había acogido un recurso de amparo a favor de la pareja. El Movilh expresó su preocupación a Gendarmería y pidió la Intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Un interno de 25 años, Wilson Villanueva Riffo, fue encontrado muerto en una celda del Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena,  luego de que junto a su pareja, una mujer trans, denunciara a gendarmes por torturas y acosos homo/transfóbicos, siendo los hechos repudiados hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo a cercanos, gendarmes  venían desde hace meses hostigando a Wilson y a  su pareja  en razón de la orientación sexual y la identidad de género, a un punto que “lanzaban orina al módulo 94 de la cárcel”, el cual está destinado para la población LGBTIQ+

En septiembre pasado, Gendarmería llegó al extremo de separar y trasladar de manera ilegal a los/as internos/as a otras cárceles, a las de  Arica y Concepción,  contraviniendo al Juzgado de Garantía de La Serena que había ordenado paralizar esos trámites.

Por esta razón, Wilson y su pareja presentaron acciones legales contra la alcaide de la cárcel de La Serena, Elizabeth Ramos, tras lo cual los/as interno/as debieron ser devueltos a dicho recinto, sin embargo los mantuvieron durante meses en celdas de aislamiento, lo cual fue calificado de ilegal por la propia Corte Suprema

El 6 de diciembre pasado la Corte Suprema concluyó que “los amparados se encuentran en celdas de aislamiento casi cuatro meses, no siendo dichas dependencias las idóneas para el cumplimiento de pena privativa de libertad, lo que se agrava por el hecho de que la resolución del tribunal (de primera instancia) fue clara en orden a que la destinación era de carácter provisoria (…) La mantención en las celdas de aislamiento, habiendo cesado su motivo y no esgrimiéndose uno nuevo, se traduce en ilegal”.

El pronunciamiento judicial no bastó. De acuerdo a familiares, los acosos homo/transfóbicos continuaron razón por la que Villanueva Riffo se auto-lesionó con  arma blanca el anterior sábado.

Si bien las causas del deceso aún se investigan, cercanos a la víctima y a  su pareja señalaron al Movilh que Villanueva Riffo no recibió la asistencia adecuada por parte de gendarmes, pese a su intento de suicidio.

“Lo dejaron solo una hora sin quitarle sus cordones, sin esposarlo, sin cuidar su integridad física y al momento de ir a verlo lo encontraron ahorcado”, denunciaron cercanos al Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, calificó de “gravísima esta situación. Aquí ha sido la propia Corte Suprema la que ha tipificado de ilegal las medidas que adoptaba el Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena contra Wilson y su pareja, quienes a su vez venían denunciado hace meses acosos y torturas homo/transfóbicas”.

“Hemos expresado nuestra máxima preocupación a Gendarmería por estos abusos y hemos solicitado la intervención a la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia. Que un interno haya perdido la vida, tras ser sometido  a sanciones ilegales por parte de Gendarmería, y que otra interna, una mujer trans, tema por su integridad física, es una situación alarmante y gravísima. La única pena legal contra internos/as es la privación de la libertad, por lo que el proceder de la cárcel de la Serena es a todas luces ilegal”, apuntó Jiménez.

“La situación es más grave aún porque a la interna trans le están negado la posibilidad de ir al funeral de su pareja, por lo que estos momentos realizamos intensas gestiones para revertir esa brutal medida”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito carcelario, Chile, Complejo Penitenciario Huachalalume, Elizabeth Ramos, Gendarmería, Homofobia/Transfobia, La Serena, MOVILH, Personas LGTBIQ, Personas trans, Rolando Jiménez, Torturas, Wilson Villanueva Riffo

Representantes sociales han señalado el pasado lunes 29 de enero, que los discursos de odio emanan en delito y han pedido «políticas reales de prevención» en el acto Discursos de Odio, un riesgo para la democracia, celebrado en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Sumar han apuntado que este tipo de mensajes pertenecen a «unas siglas determinadas«.

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Con un acto inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo

“Es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante”

“Fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos”

El PSOE apunta a «hombres blancos» entre 26 y 40 años

Las ONG firmantes del Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables y los grupos parlamentarios PP, PSOE, Sumar y Podemos han dado, este lunes (29 de enero), los primeros pasos de trabajo institucional para la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio que proteja a los colectivos en situación de vulnerabilidad del odio que se vierte desde las instituciones públicas y las redes sociales.

En el acto, inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, han intervenido representantes de la Federación Estatal LGTBI+; CCOO, CESIDA, SEDOAC y Fundación Secretariado Gitano, así como de PP, PSOE, Podemos y Sumar. Durante sus intervenciones, los colectivos sociales han contado en primera persona el impacto sobre los grupos vulnerables de los discursos de odio y los partidos políticos han debatido sobre cómo abordar políticamente la lucha contra estos discursos.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, que ha apuntado que la acción contra los discursos de odio «no puede quedarse en un mero ejercicio de control y eliminación de los episodios puntuales que surjan«, sino que «debe tener el calado suficiente para llegar a la raíz de un problema complejo y estructural«, así como «una vocación transformadora y de permanencia«.

Además, ha recalcado la importancia de «asegurar la protección y la reparación del daño de la víctima«. En este punto, ha indicado que es preciso «perseverar en la construcción de una cultura y un discurso de paz, de no discriminación«.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió el pasado jueves 25 de enero en la comisión de Igualdad, que se celebró en el Congreso, un «acuerdo de país» contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos «más vulnerables«. «Un acuerdo para reforzar el consenso social y político de rechazo a los discursos de odio hacia los distintos grupos en situación de vulnerabilidad social que informe y proteja a las víctimas de la discriminación«, matizó. De esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Sumar, que recogía la firma de un pacto de Estado, similar al de la violencia de género.

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha recordado que “es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante, con más violencia, con más odio, una sociedad mucho peor, en la que no queremos vivir.”. “Se trata de mensajes que atentan directamente contra los valores democráticos y contra los derechos humanos. Perjudican seriamente la cohesión social y la calidad de vida de muchas personas. Son el odio por el odio”, denuncia, y ha pedido «compromiso» a los grupos parlamentarios, así como «políticas reales de prevención del discurso de odio» y «que se pongan a trabajar ya», que «no demoren». Además, ha destacado la necesidad de un Pacto de Estado para las personas LGTBI, que «defienda» la «dignidad» y la «salud» del colectivo.

Por su parte, Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, ha subrayado que las discriminaciones estructurales «se pueden combatir desde las leyes cuando el tejido social se escucha por el Parlamento y por los gobiernos». En esta línea, ha señalado que «sólo colectivamente se transforma la sociedad«. En todo caso, ha apuntado que se tiene que intervenir, no solamente en los medios de comunicación y en las grandes empresas digitales, sino también «en el consenso de los gobiernos y quien puede legislar».“Es fundamental erradicar el odio del espacio público e incidir, además, especialmente en los entornos laborales”. Así, ha añadido que “los discursos de odio se traducen en discriminaciones en el acceso al empleo y situaciones de acoso y violencia en los trabajos que es imprescindible combatir”.

Asimismo, Carmen Martín, secretaria de Cesida, advierte de la necesidad de este Pacto, “ya que los discursos de odio no solo fomentan la serofobia, xenofobia, homofobia y transfobia, sino que también fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos y, por lo tanto, afecta a la calidad de vida de estas personas”.

En la misma línea se ha manifestado la tesorera de la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC), Edith Espinola, quien ha recalcado que este tipo de mensajes «generan muchísimo dolor, angustia, baja autoestima«. Asimismo, ha criticado los estereotipos que sufren los migrantes en España. «No es igual venir de la comunidad musulmana que venir de África y mucho menos venir de América Latina. Si somos latinos, generalmente estamos en bandas latinas, que se utiliza muchísimo como arma arrojadiza para decir que somos malos, que venimos en oleadas a violar y matar mujeres españolas o europeas», ha afirmado

Igualmente, José Santos, periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, ha advertido sobre el impacto que tienen estos discursos en las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados, contra los que se dirigen. “Estos mensajes, como puede ser el caso del discurso antigitano, parten de unos estereotipos arraigados en la sociedad y tienen unas consecuencias concretas en las personas, que se traducen en vulneraciones de derechos en nuestro día a día”, ha declarado. Ha centrado su discurso en el lenguaje, en la manera que tiene la sociedad y los medios de comunicación de dirigirse al pueblo gitano. En este punto, ha denunciado que a esta parte de la población se la «deshumaniza«, se la compara «con animales«, se dice que es «una plaga«, e incluso que debería de haber sido «exterminada» en la Segunda Guerra Mundial en las cámaras de gas. También ha criticado que cada vez hay más insultos y cada vez se incita más a la violencia.

Asimismo, ha intervenido por el Grupo Parlamentario Socialista la diputada Sonia Guerra, que ha manifestado que la línea que diferencia el discurso de odio y el delito de odio es «demasiado sutil». «En el momento en el que hay discurso, hay delito, y en el momento en el que hay delito, hay odio«, ha afirmado. Igualmente, ha explicado que este tipo de mensajes «nacen a partir de una ideología política», de «unas siglas determinadas«, que «está presente a nivel internacional y a nivel mundial». Además, ha añadido que «mayoritariamente son racistas» y de «orientación e identidad sexual» y que pertenecen a «hombres blancos» con una edad comprendida entre los 26 y los 40 años. En este sentido, ha pedido hacer «un gran pacto social y político» y que se luche «contra el fascismo y contra los discursos de odio».

Por Sumar, Tesh Sidi ha explicado que los discursos de odio se dan «por un avance de la extrema derecha en toda Europa, en todo el mundo». Igualmente, ha pedido hacer «mucha pedagogía» y que, si se vulnera un derecho, es «fundamental» que «todos» vayan «con ese derecho», o no vamos.

Aunque estaba prevista su presencia  “disculparon” su ausencia la representante de Podemos Noemí Santana y del PP Jaime De los Santos.

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«Discursos de Odio. Un riesgo para la democracia» 

Es fundamental identificar  el papel de los que promueven estos discursos y el  de actores sociales y políticos en la lucha contra los discursos de odio.

Los discursos de odio son la causa. Los delitos de odio, la consecuencia. Por eso, promovemos el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio.

Fuente FELGTBI+/Infolibre/Agencias

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El grupo cristiano que lo contrató comparó asistir a una boda entre personas del mismo sexo con llevar a un alcohólico a un bar.

American Family Radio, la transmisión de audio de la American Family Association (AFA) anti-LGBTQ+, ha anunciado que ya no transmitirá “Truth for Life”, el programa de los miércoles por la mañana del pastor de la iglesia Alistair Begg, de 71 años, porque Begg dijo que los cristianos deberían asistir al matrimonio de una persona transgénero.

“Mi nieto está a punto de casarse con una persona transgénero y no sé qué hacer al respecto, y te llamo para pedirte que me digas qué hacer”, supuestamente le preguntó una abuela a Begg en septiembre de 2023. entrega de su podcast.

Begg le preguntó a la abuela: “¿Entiende tu nieto que tu creencia en Jesús hace que no puedas aceptar de ninguna manera afirmativa las decisiones que ha tomado en la vida?”

Cuando la mujer respondió: “Sí”, Begg dijo: “Bueno, entonces, está bien. Mientras él sepa eso, te sugiero que vayas a la ceremonia. Y te sugiero que les compres un regalo”.

Aunque ella pareció sorprendida por su respuesta, Begg añadió: “La gente necesita ocuparse de su propia salvación con temor y temblor. Pero… vamos a tener que correr ese riesgo mucho más si queremos construir puentes hacia los corazones y las vidas de aquellos que no entienden a Jesús y no entienden que él es un Rey”.

Al anunciar la separación de la AFA de Begg, el vicepresidente de la AFA, Ed Vitagliano, calificó la ceremonia de boda como un “matrimonio homosexual”, presumiblemente porque ve a la novia transgénero como un hombre. “Todos estábamos de acuerdo en que el matrimonio homosexual es tal como lo declara la Biblia, es un matrimonio falso”, dijo Vitagliano, según la AFA. “No es un matrimonio real. Es una unión pecaminosa”.

El presidente de la AFA, Tim Wildmon, estuvo de acuerdo y comparó asistir a una boda entre personas del mismo sexo con llevar a un alcohólico a un bar. “Hijo, no te llevaré al bar”, dijo Wildmon. “Si vas al bar y eres adulto, es tu decisión, pero yo no voy a ser parte de eso”.

Vitagliano dijo que veía el problema como una cuestión de “conciencia individual”, y señaló que algunos creyentes cristianos verían una película con clasificación R mientras que otros no. Sin embargo, no ver una película tiene menos consecuencias que asistir a la ceremonia de compromiso de un ser querido.

Wildmon dijo que llamó a Begg para encontrar una “reconciliación” sobre el tema, pero Begg se negó a retractarse de su creencia. “Esto no es algo que vimos venir”, dijo Wildmon a los oyentes de AFR. “Esto no es como algunos otros, líderes evangélicos, que se han desviado. Este no es uno que estuviera en la lista. Si un cristiano va a una boda homosexual, ¿lo aprueban?” añadió Vitagliano. “Nuestra respuesta aquí es absolutamente. Este es un tema crítico en el cuerpo de Cristo en este momento”, continuó. “Y este no sólo es un consejo equivocado, sino que es profundamente inquietante para los cristianos que quieren mantener la línea contra el impacto cultural de la agenda LGBTQ”.

La respuesta de Begg puede parecer una expresión de aceptación gay, pero anteriormente llamó a la homosexualidad “una decisión antinatural” y “una expresión de rebelión contra Dios” en una transmisión de 2022. También apoya la terapia de conversión, la práctica pseudocientífica ampliamente desacreditada que pretende cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

La AFA considera a las personas LGBTQ+ “inmorales”, “antinaturales” y “satánicas”; apoya la llamada ley rusa contra la “propaganda gay”, que encarcela a personas por cualquier expresión pública de identidad LGBTQ+; ha dicho que las personas LGBTQ+ van al infierno, fundaron el nazismo, no deberían ocupar cargos políticos y cometen “terrorismo interno” cada vez que tienen relaciones sexuales, según Media Matters.

La AFA también supervisa One Million Moms, un grupo que lanza periódicamente peticiones contra cualquier empresa que presente a personas LGBTQ+ en sus medios.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Bautista, Iglesias Evangélicas Alistair Begg, American Family Association (AFA), American Family Radio, Ed Vitagliano, Homofobia/Transfobia, Iglesia Bautista, Iglesias Evangélicas, Personas LGTBIQ, Tim Wildmon, Truth for Life, “One Million Moms”

Vanessa Joy fue expulsada de la boleta porque no incluyó su nombre muerto en los documentos oficiales.

La junta electoral del condado que descalificó a una candidata transgénero para un cargo estatal en Ohio porque no incluyó su nombre muerto en las peticiones distribuidas a los votantes potenciales se niega a revertir su decisión, incluso después de la presión del gobernador del estado y de otros candidatos trans para postularse para el cargo sin revelando sus nombres muertos en Ohio.

A pesar de recolectar suficientes firmas para postularse como demócrata por el Distrito 50 de la Cámara de Representantes, firmemente republicano, de Ohio, la fotógrafa de bienes raíces Vanessa Joy se enteró a principios de este mes de que había sido descalificada de la carrera por la Junta Electoral del Condado de Stark debido a una oscura ley estatal que exige que los candidatos revelar cualquier cambio de nombre que haya tenido lugar en los últimos cinco años.

En particular, la ley de 1995 no se mencionó en la guía de candidatos para 2024 del secretario de estado de Ohio y no se ha incluido en guías de candidatos anteriores en los últimos años. El formulario de petición de candidatura que Joy completó tampoco incluía ninguna mención de la ley ni espacio para enumerar los cambios de nombre.

Joy solicitó una reconsideración de la decisión, según un comunicado del 19 de enero de la Junta Electoral del Condado de Stark. La junta denegó su solicitud, citando un caso de la Corte Suprema de Ohio que determinó que la ley es “inequívoca”, que la “intención detrás del uso de un nombre diferente por parte del candidato no es relevante” y que no podía “agregar una excepción que no no figurar en el lenguaje legal”.

“La Junta Electoral del Condado de Stark simpatiza con el argumento de Vanessa Joy de que la guía electoral de campaña publicada por el Secretario de Estado de Ohio no era lo suficientemente específica”, decía el comunicado.

La junta añadió que su “decisión debe basarse en la ley y no puede aplicarse arbitrariamente”. Sin embargo, Joy fue una de los cuatro candidatos transgénero que se postularon para un cargo en Ohio este año. Otros dos, Bobbie Arnold y Arienne Childrey, vieron impugnadas sus candidaturas para escaños en la Cámara del estado de Ohio en virtud de la ley. Desde entonces, ambos han sido autorizados a que sus nombres aparezcan en la boleta electoral de noviembre. Aún así, según Associated Press, tanto Arnold como Childrey podrían técnicamente ser destituidos de sus cargos si Joy no logra desafiar la ley.

Un cuarto candidato trans, Ari Faber, no ha visto cuestionada su candidatura al Senado estatal de Ohio. Faber no ha cambiado legalmente su nombre y se postula con su nombre de nacimiento en la boleta, informa NBC News.

Si bien Joy le dijo a la AP que, por ahora, su campaña ha terminado, está trabajando con un abogado para cambiar la ley. “Estoy fuera de la carrera, pero no fuera de la lucha”, dijo.

La semana pasada, el gobernador de Ohio, Mike DeWine (R), dijo que los candidatos trans no deberían ser descalificados por no incluir sus nombres muertos y abogó por cambios para garantizar que los futuros candidatos conozcan la ley poco conocida.

Según AP, el secretario de Estado republicano de Ohio, Frank LaRose, dijo que su equipo incluirá la ley en futuras guías para candidatos, pero se opuso a cambiar la ley en sí.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Ari Faber, Arienne Childrey, Bobbie Arnold, Cámara del Estado de Ohio, Condado de Stark, Distrito 50 de la Cámara de Representantes, Frank LaRose, Homofobia/Transfobia, Junta Electoral, Mike Dewine, Ohio, Vanessa Joy

A finales del verano pasado, Mei recibió un mensaje de su amiga diciéndole que se escapaba de casa. Era la primera vez en nueve meses que Mei, una mujer transgénero de 29 años que vive en una ciudad del sur de China, tenía noticias de su amiga Ying*.

La familia de Ying -que no apoya su identidad trans- había mantenido a Ying, mayor de 18 años, bajo arresto domiciliario y aislada del mundo exterior. En agosto, por fin le permitieron salir para proseguir sus estudios. Ahora estaba en la escuela, pero quería huir para estar con su novia en otra ciudad.

Juntas urdieron un plan. Mei cogería el teléfono de Ying para impedir que su familia rastreara su paradero e intentar convencerles de que no llamaran a la policía. Pero tras un mes de mediación fallida, la familia avisó a las autoridades, que rastrearon el teléfono hasta el apartamento de Mei. La policía acudió y la detuvo por secuestro.

«Era la primera vez que me detenían. Me llevaron a comisaría y me interrogaron durante 10 horas. Intentaron hacerme confesar, pero me negué a decir nada», cuenta Mei a The Guardian a través de una aplicación encriptada. «Al final, me dejaron ir porque no había pruebas».

Al final, la policía encontró a Ying y se la llevó de vuelta con su familia. El intento fallido de rescate es uno de los más de 10 casos similares que Mei conoce de defensores de los derechos humanos que han sido detenidos e interrogados por la policía desde que se unió a una red informal de apoyo a la comunidad LGBTQ+ hace algunos años.

Según los activistas, estos ejemplos son una muestra de la incapacidad sistémica del Estado para proteger a las minorías de género, especialmente a las personas trans y queer. Afirman que también ponen de manifiesto las dificultades de ser LGBTQ+ en un país en el que el partido gobernante aboga cada vez más por la conformidad y los valores tradicionales.

En los últimos años, la comunidad LGBTQ+ de China se ha visto envuelta en la represión más amplia del Partido Comunista Chino contra la sociedad civil y la libertad de expresión. En mayo de 2023, un conocido grupo de defensa del colectivo LGBTQ+ de Pekín anunció su cierre debido a circunstancias «inevitables«. El pasado mes de febrero, dos estudiantes universitarios interpusieron una demanda contra el Ministerio de Educación tras ser sancionados por distribuir banderas arco iris en el campus.

En 2021, el fundador de otro grupo, LGBT Rights Advocacy China, fue detenido y puesto en libertad con la condición de que cerrara la organización, que cerró poco después. Ese año también se cerraron sin previo aviso decenas de cuentas de redes sociales asociadas a movimientos LGBTQ+ en campus universitarios. El Orgullo de Shanghái, la celebración de minorías sexuales más antigua del país, finalizó en 2020.

En China no hay leyes que protejan explícitamente contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. Aunque la homosexualidad se despenalizó en 1997 y se retiró de la lista de trastornos psiquiátricos en 2001, las parejas del mismo sexo no pueden casarse ni adoptar niños. Muchas personas siguen siendo obligadas a someterse a prácticas de conversión y se han denunciado casos de jóvenes trans que han sido enviados a campamentos de «reeducación«.

Dentro de la comunidad LGBTQ+, las personas trans y no conformistas son las más vulnerables. China establece criterios estrictos para acceder a la cirugía de reafirmación de género (ser mayor de 18 años, soltero, tener consentimiento paterno y no tener antecedentes penales), necesaria para cambiar legalmente de género.

«En China hay una persecución sistemática«, afirma Fangqing*, de 23 años, defensora de los fluidos de género que, antes de exiliarse al extranjero, fue presionada por la policía para que admitiera haber vendido medicamentos nocivos tras intentar ayudar a una víctima de violencia doméstica. Habían comprado y suministrado legalmente a la persona medicamentos de terapia hormonal sustitutiva (THS), de difícil acceso en China.

«Al principio es difícil identificarse como queer y luego sobrevivir como tal. Incluso cuando eres adulto, el sistema está diseñado de tal manera que no es posible que escapes o que otros te ayuden«.

Aunque China tiene una ley contra la violencia doméstica, no protege adecuadamente a las víctimas, especialmente a las personas LGBTQ+, dicen los defensores, y los delitos a menudo se desestiman como asuntos familiares. En una encuesta realizada en 2017 por el Centro LGBT de Pekín a 1.640 personas trans y de género no conforme, todas menos seis afirmaron haber sufrido violencia doméstica.

Quienes ayudan a las víctimas a escapar de la violencia pueden ser detenidos y obligados a confesar cargos como venta ilegal de drogas, secuestro o incluso «libertinaje en grupo«, afirma Fangqing. Este último delito se define como relaciones sexuales con tres o más participantes mayores de 16 años y conlleva una pena de prisión de hasta cinco años.

En junio de 2023, una mujer trans que daba cobijo a un joven trans que huía de la violencia doméstica fue condenada a dos años y medio por libertinaje en grupo, algo que ella niega, según los defensores. Según los informes, la sentencia se basó en parte en una confesión que, según ella, hizo bajo coacción mientras estuvo detenida ilegalmente durante 29 días.

Wang*, defensor de los derechos de los homosexuales que trabajó en China durante casi una década como defensor de los derechos legales de las personas LGBTQ+ antes de trasladarse al extranjero, afirma que estos casos «no son inauditos«, y que ser acusado de secuestro ha sido durante mucho tiempo un problema para quienes han ayudado a gays y lesbianas a escapar de la violencia doméstica.

«Puede que la policía no sepa cómo tratar algunos casos de violencia doméstica y sólo escuche a los padres. Sobre todo si (la víctima) no es adulta, es muy difícil intervenir«, dice Wang. «En las ciudades pequeñas, las familias también pueden tener influencia sobre la policía».

Wang afirma que ha habido ejemplos de defensores que han conseguido pedir ayuda a las autoridades. En 2017, un hombre ganó una demanda contra un hospital psiquiátrico tras ser ingresado a la fuerza para recibir «terapia» de conversión por su esposa y sus familiares.

A pesar de las dificultades, muchos activistas siguen adelante sin hacer ruido. En diciembre, Mei ayudó a una mujer trans que había hecho la transición pocos meses antes a acceder a la cirugía de reafirmación de género. Es la tercera vez que Mei asume este papel. «Está descansando. Pasarán quizá otras dos semanas hasta que podamos volver a casa», dice Mei en una videollamada desde la sala de espera del hospital. «Estaré aquí hasta entonces«.

* Todos los nombres han sido cambiados

Fuente The Guardian

General, Homofobia/ Transfobia. China, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, LGBT Rights Advocacy China, Partido Comunista Chino

Taya Ashton

Un hombre de 29 años ha sido condenado a 48 años de prisión por el asesinato de una mujer trans con la que mantenía una relación en 2021 en el condado de Prince George, Maryland.

El hombre, llamado DeAllen Price, mató a tiros a Taya Ashton en su apartamento en Suitland, Maryland, el 17 de julio de 2021 después de enterarse de su género anterior, dijeron los fiscales.

Price, de Capitol Heights, Maryland, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y uso de arma de fuego en la comisión de un delito violento en octubre de 2023.

La fiscal del estado del condado, Aisha Braveboy, describió a la víctima fallecida Ashton, que tenía sólo 20 años cuando fue asesinada, como “una hija y una amiga querida para muchos. La muerte de Taya fue una verdadera tragedia para nuestra comunidad, así como para su familia. Su muerte representa mucho más, en términos de nuestro nivel de tolerancia en nuestra comunidad hacia las personas que quieren expresarse y vivir sus vidas en sus propios términos”, dijo Braveboy al anunciar la sentencia contra Price el 24 de enero. “Cualquiera que decida hacer eso debe ser respetado y (saber) que su vida es tan valiosa como la de cualquier otra persona”.

PinkNews se ha puesto en contacto con un representante legal de Price en la Oficina del Defensor Público de Maryland para obtener comentarios sobre el asunto.

Según Human Rights Campaign, al menos 32 personas transgénero y no binarias fueron asesinadas a tiros o por otros medios violentos el año pasado. Además, el 84 por ciento de esas víctimas eran personas de color, mientras que el 50 por ciento eran mujeres trans negras.

Renee Lau, portavoz de Baltimore Safe Haven, un centro de bienestar sin fines de lucro para mujeres trans negras y miembros de la comunidad LGBTQ+, dijo que la violencia afecta desproporcionadamente a las personas trans a pesar de “tocar a toda la comunidad. La tasa de asesinatos, la tasa de suicidios y las muertes por sobredosis en nuestra comunidad alcanzan cifras mayores debido al hecho de que somos una comunidad tan pequeña”, dijo Lau.

En el momento de su trágica muerte, Lindsey Clark, directora asociada de HRC de la Iniciativa de Justicia Transgénero, dijo: “Taya estaba apenas en el comienzo de su vida, una vida que merecía vivir al máximo. Las mujeres transgénero negras siguen siendo asesinadas en este país y esta violencia es inaceptable”.

Si usted o alguien que conoce cree que podría ser víctima de abuso de pareja, llame a la línea directa de The Network/La Red las 24 horas al 617-742-4911 (voz) o al 800-832-1901 (llamada gratuita) las 24 horas, los 7 días de la semana. La organización brinda apoyo emocional confidencial, información, referencias, planificación de seguridad e intervención en crisis para personas LGBTQ+, así como para aquellos en comunidades perversas y poliamorosas.

Fuente PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. DeAllen Price, Homofobia/Transfobia, Maryland, Personas LGBTIQ+, Personas trans, Prince George, Taya Ashton

Un tribunal italiano condenó a prisión a los padres de un adolescente gay por una serie de actos abusivos en un intento de obligar a su hijo a ser heterosexual.

La publicación italiana La Estampa detalló cómo el padre del joven de 18 años leyó su diario cuando tenía 14 y descubrió que era gay. Después lo obligó a salir a correr en medio de la noche, le prohibió afeitarse, le obligó a mostrar sus genitales y también lo obligó a leer páginas de su diario en voz alta.

El padre del adolescente también se hizo cargo de sus cuentas de redes sociales y comenzó a controlar con quién hablaba y adónde iba.

Después de que el padre fuera rechazado por un psicólogo que le dijo que la homosexualidad no era una enfermedad, le dijo a su hijo que debía demostrarle que se había acostado con una chica en el plazo de un mes. El adolescente no pudo soportarlo más y pidió ayuda al psicólogo de la escuela.

El padre ha sido condenado a dos años de prisión y la madre a un año y cuatro meses por presenciar los abusos y no hacer nada para detenerlos.

Sin embargo, el juez concedió a la pareja la suspensión condicional de su condena si seguían un curso psicológico y de recuperación de un año de duración.

El gobierno de extrema derecha de Italia ha contribuido a la perpetuación de la homofobia en la nación últimamente.

La primera ministra Giorgia Meloni, líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia y la primera mujer primera ministra de Italia, fue elegida a finales de 2022. Hizo de la retórica anti-LGBTQ+ una piedra angular de su campaña, oponiéndose a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, así como a igualdad en el matrimonio. Ha calificado las uniones civiles como “suficientemente buenas” para las parejas LGBTQ+.

El gobierno ha estado tomando medidas enérgicas contra los derechos de los padres LGBTQ+ y ha comenzado a despojar de sus derechos legales a aquellos que no están genéticamente relacionados. Una pareja habló con la prensa sobre huir del país para evitar perder a sus hijos.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Padres

Como dice el refrán popular, “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”.  Esto que está aconteciendo en Argentina puede contagiarse por todo el Continente y ocurrir en España y Europa si ganan las elecciones los amigos y amigas de este psicópata como Trump, VOX, el Partido Popular, la AfD, el partido de Marine Le Pen… ya está ocurriendo en Italia con la vuelta del Fascismo, en Hungría, en Reino Unido con el vergonzante Partido Conservador, en El Salvador con Bukele… ¿Cómo tantas personas LGTBI y tantas mujeres han podido votar a Feijoo, Ayuso o Abascal? Es terrible que las víctimas voten a sus verdugos… y luego están las malas personas como Sor Lucía Caram que se dice cristiana pero que ha votado a Milei. Es necesaria la formación y la resistencia. No pueden pasar y No pasarán.

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«La patria no se vende»: imágenes y consignas del Paro Nacional en Argentina

El paquete de medidas enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, entre sus múltiples propuestas, propone modificar y restringir políticas de género y diversidad.

BUENOS AIRES, Argentina. En el paquete de medidas que busca reformar la Ley Ómnibus, el lenguaje en que están expresados esos cambios es en sí mismo una praxis política. El texto que el presidente Javier Milei envió al congreso el 27 de diciembre con el título “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” busca reformar temas y áreas de todo tipo: la economía, la salud, la educación, entre otras. De aprobarse, sus alcances afectarán profundamente la vida de las personas, y en especial de las mujeres y diversidades, mucho más allá de estos destacados. Aluden a las escasas veces que temas de género aparecen mencionados de modo explícito en el documento de 350 páginas que en esas pocas alusiones plantean retrocesos en términos de políticas y derechos ganados.

Lenguaje en clave antiderechos

La expresión violencia de género se reemplaza en el texto de la Ley Micaela por ejemplo por “violencia familiar y contra la mujer”. Este cambio de abordaje representa un grave retroceso. Por un lado, invisibiliza la diversidad al acotarla a la categoría “mujer”. Por otro, deja de lado que la violencia de género adopta diferentes dimensiones  y se perpetra en espacios que van mucho más allá del familiar, operando como base de desigualdad estructural.

El proyecto de Ley Ómnibus propone modificar, entre tantas cosas, la Ley de los Mil Días (Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia). Elimina la nominación «personas gestantes» -en el original- y la reemplaza por «madres embarazadas». Y hace mención en reiteradas oportunidades a «niños desde la concepción«, un concepto que es la base de los movimientos que se oponen al aborto.

También elimina las menciones al «respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de “autonomía progresiva” y a la “autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”.

INADI en peligro

A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515 que tenía por objeto la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como entidad descentralizada del Ejecutivo

El INADI es una institución clave para impulsar políticas contra la discriminación y un espacio de denuncia federal, con una red en todo el país. Es el primer lugar al que acuden muchas personas de la diversidad sexual y cultural cuando sufren actos discriminatorios.

La Federación Argentina LGBT+ expresó ayer en un comunicado su repudio: “El cierre del INADI va en contra del respeto a la diversidad y a la libertad en nuestro país. No se puede ser libre si la respuesta a la libertad es la violencia y la discriminación. Y es el Estado quien debe velar por esa libertad”.

Sin Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades

Aunque no es parte de la Ley Ómnibus, el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades se convirtió a través de un decreto en Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Ahora depende del mega Ministerio de Capital Humano.

El Ministerio de las Mujeres era la autoridad de aplicación por ejemplo de la Ley Micaela, también incluida en el paquete de reformas.

Restricciones a la Ley Micaela

La Ley Micaela (Ley 27.499) promulgada en 2009 estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En el proyecto de reforma que integra la Ley Ómnibus, se convertirán en capacitaciones «en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia«. De modo que su órbita será mucho más restringida.

Según el proyecto de ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Capital Humano.

Micaela García era una joven entrerriana, militante del Movimiento Evita y feminista, asesinada a los 21 años. Su victimario estaba en libertad condicional tras una condena por violar a dos mujeres. Su femicidio puso en agenda de manera urgente la necesidad de capacitar con perspectiva de género a todxs lxs que trabajan en la órbita del Estado.

Sin paridad de género 

En su proyecto de reforma electoral, la Ley Ómnibus propone, entre otras cosas, cambiar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en 254 circunscripciones que enviarían a un representante cada una. Así se tornaría imposible la paridad de género garantizada por la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley 27.412), sancionada en 2017.

Archivo Agencia Presentes,Ana Mombello, Ariel Gutraich

Edición: María Eugenia Ludueña

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Diversidad Género, Diversidad LGTBIQ+, Federación Argentina LGBT, Homofobia/Transfobia, Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Interrupción voluntaria del embarazo, Javier Miley, Ley de los Mil Días, Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, Ley Micaela, Ley Ómnibus, Mujeres, Personas LGTBIQ, Ultraderecha, “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”

Boosie Badazz

El rapero Boosie Badazz ahora ha afirmado que la comunidad LGBTQ+ está “intimidando” a las personas heterosexuales y dice que él es el “único que defiende a las personas heterosexuales”.

El controvertido rapero, que recientemente enfrentó reacciones violentas por abandonar El color morado por su romance sáfico, hizo los comentarios durante un video de Instagram Live el domingo (21 de enero).

El rapero de 41 años dijo: “¿Nada de mierda gay? Hermanos, todos ustedes matones, hermano. Supongo que soy el único que defiende a los heterosexuales, así que soy gay. Cualquiera que defienda a los heterosexuales, dice gay. Mierda, estés loco”.

Continuó: “Todos ustedes han intimidado al mundo entero. Los atletas y los raperos tienen miedo de decir lo contrario. Los raperos y atletas tienen miedo incluso de decir que les gustan las mujeres. Tienen miedo de ser intimidados, hermano. Ya terminaron de intimidar al mundo entero. Excepto yo. ¡Excepto yo!”

Añadió que la gente puede “llamarme así porque sabes que no lo soy”, pero a él “no le parece bien que se le imponga a los niños”.

Badazz dijo: “Pero puedes venir a mi Live. Intento bloquearte, pero muchos de ustedes vienen a mi Live llamándome gay solo porque no me gustan las pollas. Esos locos de mierda”.

Boosie Badazz calls out LGBTQ community: «Y’all done bullied the whole world»

via: @livebitez pic.twitter.com/w7bZGnzasG

— HipHopDX (@HipHopDX) January 22, 2024

Esta no es la primera vez que el rapero, cuya propia hija, Poison Ivi, de 21 años, es gay, hace comentarios sobre la comunidad LGBTQ+.

Sus comentarios sobre El color morado. La historia de amor sáfica de Lorenz lo vio criticado por personas en las redes sociales por estar enojado por el romance queer consensuado, pero no por el matrimonio de menores, el abuso doméstico y la agresión sexual que también aparecen en gran medida en el trabajo.

Antes de su perorata en las redes sociales sobre la trama lésbica de El color morado, Badazz también ha hecho diatribas transfóbicas atacando a la hija de Dwyane Wade, Zaya Wade, y comentarios profundamente homofóbicos sobre Lil Nas X, donde pidió al icónico rapero gay que se suicidara.

“Eres toda una perra jugando con un gansta smh, puedes seguir chupando pollas follándote el culo”, Badazz sobre ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ cantante. Añadiendo: “NASx si #CommitSuicide le harías un gran favor a este mundo”.

La controversia no termina con comentarios sobre personas queer: el artista enfrentó una gran reacción en 2020 por admitir haber contratado mujeres para realizar actos sexuales con sus hijos y sobrinos adolescentes, que en ese momento tenían solo 12 y 13 años y estaban muy por debajo de la edad legal de consentimiento.

“Cuando tenían 12, 13 años, tenían cabeza. Sí, así es como se supone que debe ser. Diablos, sí, le chuparon la polla a mi maldito hijo”, afirmó en un Instagram Live, diciendo que estaba “entrenando bien a estos chicos”.

Fuente PinkNews

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El patriarca ortodoxo arremete contra lo que considera «un edificio al borde del colapso«

El patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. «Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo«, afirmó el líder de la iglesia en la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”

24.01.2024 | RD

Fuente Religión Digital

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Los usuarios lgtbifóbicos, la mayoría asociados a cuentas falsas, muestran más su odio en comentarios y lo hacen, sobre todo, contra las mujeres trans, según un estudio sobre la red social X de la FELGTBI+ junto a 40dB.

Un informe elaborado por la agencia de investigación 40dB para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) revela que una parte importante de los discursos de odio contra el colectivo LGTBI+ en la red social X (antes Twitter) proviene de cuentas potencialmente falsas.

El secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero, explica que “los datos apuntan a que se trata de estrategias organizadas para estigmatizar y humillar a las personas LGTBI+ que, además, Twitter permite con total impunidad”. “A día de hoy, no existe en esta red social ningún tipo de herramienta de control de bots, lo que deja a las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad completamente expuestas e indefensas ante posibles campañas de señalamiento”, denuncia.

La Federación Estatal LGTBI+ insiste en la necesidad de un Pacto de Estado contra los discursos de odio para frenar las semillas de la violencia.  

Por esta razón, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, reivindica con urgencia “un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad que incluya medidas para la prevención y la erradicación del odio en las redes sociales”.

“No podemos permitir que se siga vertiendo odio contra los grupos vulnerables en las redes sociales que a día de hoy se han convertido en una herramienta fundamental de socialización. Este odio lo sufren personas reales, con nombres y apellidos, que pagan las consecuencias a diario en forma de discriminaciones y violencias en su trabajo, en la calle e incluso, en ocasiones, en su familia. Los discursos de odio son el origen de los delitos de odio, tomemos medidas ya”.

Investigación de 40dB para la Federación Estatal LGTBI+

La investigación analiza las narrativas en torno a los derechos LGTBI+ desde la fecha en que Vox desplegó “la lona del odio”, hasta la celebración del Orgullo estatal 2023 y el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. Así, concluye que, del total de mensajes emitidos, un 86% eran de apoyo, mientras que un 14% eran discursos de odio, muy dirigidos, además, contra las personas trans.

Según explica la representante de 40dB, Erika Bejerano, “dentro de este 14% de mensajes de odio, la investigación ha encontrado dos subcomunidades emisoras: la subcomunidad trans-excluyente y la de extrema derecha, presentando, ambas, mucha cercanía e indicios de contener cantidades significativas de cuentas fraudulentas”.

Los indicios para realizar esta afirmación son los siguientes:

1. El número de cuentas con nombres de perfil ficticios (no registrados en el INE) es mayor en ambas subcomunidades que en la muestra aleatoria utilizada como referencia de comparación.

2. Tanto la comunidad de extrema derecha (7,4%), como la feminista trans-excluyente (4,6%), presentan una proporción de cuentas matrícula significativamente mayor de lo habitual en Twitter (1,9%). Las cuentas matrícula son aquellas que no han modificado el “screen name” que les otorgó aleatoriamente Twitter cuando fueron creadas.

3. Es en 2021 cuando usuarios de extrema derecha y trans-excluyentes desembarcan en Twitter a un ritmo muy superior al de la creación de cuentas en el común de la red social. La tan reciente creación de muchos de estos perfiles puede ser un indicativo adicional de una importante presencia de cuentas profesionales, bots y, en definitiva, de algún tipo de campaña dirigida.

4. El hecho de que las subcomunidades trans excluyentes y de extrema derecha hayan emitido, de media, una cantidad de tweets muy superior a la de los usuarios de la muestra aleatoria.

Fuente FELGTBI+

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El organismo se ha negado a informar al Movilh sobre el estado de avance de una querella que presentó en 2018 por torturas y detención arbitraria contra activistas LGBTIQ+, al tiempo que se rehusó a solidarizar públicamente con defensores de DDHH tras las presiones sufridas en manos de congresistas que exigían censurar el Informe Anual de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, que encabeza Consuelo Contreras, por “negarse sistemáticamente a informarnos sobre el estado de avance de una querella que en 2018 presentó en nombre de activistas de nuestra organización luego de que sufrieran torturas y una detención policial homofóbica”.

“Desde el 2018 que venimos pidiendo al INDH que aclare en qué estado se encuentra la querella. Dado que no da respuestas claras, suponemos que en un acto del todo reprochable olvidó y abandonó la acción legal presentada en nombre de nuestros activistas. Si esto le sucede a personas pertenecientes a una ONG con visibilidad como la nuestra, es claro que otros ciudadanos deben estar pasando por similares o peores problemas”, señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería

El Movilh recordó que “varios párrafos de la  querella presentada por el INDH eran una copia literal de otras acciones legales, un burdo copy/paste a un punto que relataba hechos ajenos a lo ocurrido. Les pedimos entonces al INDH que corrigieran la querella, respondieron que lo harían, pero jamás nos enviaron copia del nuevo texto. Esta es una situación gravísima que mantiene en la impunidad el más grave abuso policial sufrido por activistas de nuestra organización”.

“Dado que estamos hablando de hechos ocurridos hace ya seis años, la inoperancia, insensibilidad y falta de rigurosidad del INDH es tan alarmante como repudiable. Que en seis años nada hagan y nada informen, tiene un impacto nocivo para la justicia. De haber sabido que el INDH procedía de estas manera cuando presenta querellas, jamás les hubiésemos entregado la posibilidad de representarnos”, apuntó Rementería.

A esto se añade, recordó el Movilh, que en noviembre pasado “pedimos al INDH que condenara públicamente y expresara solidaridad con nuestro activista Rolando Jiménez, luego de que parlamentarios anti-derechos condicionaran su acceso al Congreso Nacional a que nuestra organización borrara del Informe Anual de DDHH los nombres de autoridades identificadas como responsables de actos homo/transfóbicos. El INDH se negó a expresar cualquier pronunciamiento público y también a enviar un observador al Congreso Nacional, luego de que un parlamentario hasta nos amenazara con sacarnos con fuerza policial del recinto en caso de que no censuráramos el Informe de DDHH”.

Añadió que “por este tema nos reunimos el 14 de noviembre pasado con la directora del INDH, pero en la cita ello no dijo una sola palabra y abandonó el encuentro antes de que terminara”.

“Al parecer el INDH poco y nada se mueve o preocupa cuando quienes ven vulnerados sus derechos humanos son representantes de organizaciones autónomas,  realmente independientes, sin vínculos partidarios y/o sin relaciones con miembros de su directiva. Esto es repudiable, por lo que ya informamos de todo lo ocurrido a Naciones Unidas y lo haremos saber en todos los espacios posibles y pertinentes, en particular desde marzo próximo en adelante ”, apuntó Rementería.

Por ahora, “y esta vez públicamente, exigimos al INDH que aclare si arregló la querella que presentó en nombre de nuestros activistas y en qué estado se encuentra la misma”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

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El centro LGTBI Pride Info Center de Belgrado, la capital de Serbia, ha sufrido un nuevo ataque por parte de un individuo enmascarado que lanzó objetos contra los cristales de la fachada, rompiéndolos por completo. El hecho ocurrió la tarde del 7 de enero de 2024 y se suma a una serie de agresiones que el centro viene padeciendo desde su apertura en agosto de 2017.

Según un comunicado de prensa de Goran Miletić, director del Departamento de Europa y MENA de Civil Rights Defenders, se trata del decimonoveno ataque al Pride Info Center y ninguno de los anteriores ha sido investigado a fondo ni se ha procesado a los responsables. Miletić expresó su preocupación por la situación de peligro y vulnerabilidad que enfrenta la comunidad LGTBI en el país y pidió actuar de forma urgente para garantizar su seguridad y bienestar.

Miletić también manifestó su solidaridad con el Pride Info Center, que cuenta con el apoyo de Civil Rights Defenders desde su inauguración. El centro tiene como objetivo sensibilizar sobre la comunidad LGTBI, abordar sus problemas y desafíos, y servir como punto de información para el Orgullo de Belgrado y el movimiento LGTBI en general. Además, funciona como un espacio social y creativo, donde se realizan exposiciones, actuaciones, proyecciones de películas, debates y charlas organizadas por diversas organizaciones LGTBI.

“Nos solidarizamos con la comunidad LGTBI del país en exigir justicia e igualdad de derechos. Juntos, luchamos por un mundo donde el amor triunfe sobre el odio. El ataque es repudiable porque atenta contra la esencia misma de la inclusión y la aceptación y es una contradicción flagrante con los principios de comprensión, respeto y unidad. Es un llamado a la acción para que nos mantengamos firmes en nuestro compromiso de crear una sociedad donde la diversidad sea celebrada y todas las personas puedan vivir sin miedo. Condenamos enérgicamente el ataque y hacemos un llamado a las autoridades serbias para que investiguen el caso a fondo y aseguren la rendición de cuentas de los responsables”, dijo Miletić.

Cabe recordar que hace casi dos años, el 18 de febrero de 2022, otro individuo accedió al centro rompiendo muebles y otras cosas y amenazó al personal. El hombre fue sacado por los guardias de seguridad y detenido por una patrulla policial.

Una iglesia ortodoxa firme aliada de la ultraderecha LGBTIfoba:

Y es que llueve sobre mojado… En septiembre de 2022, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, anunciaba la cancelación del Europride de Belgrado programada para los días 12 a 18 de septiembre. El mandatario serbio reconocía que había sido la presión ejercida por los grupos de extrema derecha y la Iglesia ortodoxa la que le ha conducido a tomar esa decisión. Desafortunadamente, equiparó esas presiones espurias con la exigencia del mantenimiento de sus compromisos internacionales por parte de la organización del Europride, a quien espetó: «no se puede conseguir todo y ya está». La Asociación Europea de Organizadores del Orgullo estimaba que el presidente serbio no tenía autoridad para cancelar un evento ajeno, lo que además significaría una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos humanos y la protección de las minorías sexuales. Por lo tanto, tanto la organización del Europride como los activistas LGTBI serbios consideraronn que el evento no había sido cancelado y tendría lugar en las fechas previstas. Desde distintos organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Comisión Europea, se ha instó al Gobierno serbio a que colaborase en la celebración del Europride protegiendo los derechos fundamentales de reunión y manifestación frente a posibles agresores.

El  presidente de Serbía, Aleksandar Vučić, compareció en una conferencia de prensa rutinaria en la que trató de asuntos como la prolongación del cargo de primera ministra de la abiertamente lesbiana Ana Brnabić o las medidas a tomar de cara al invierno en cuanto a las necesidades energéticas del país. Pero también aprovechó la ocasión para anunciar la «cancelación o aplazamiento» del Europride 2022, que iba a tener lugar en Belgrado desde los días 12 a 18 de septiembre con una gran manifestación programada para el día 17.

Vučić confirmó que tanto los grupos de extrema derecha como la Iglesia ortodoxa habían presionado para que la celebración fuera cancelada. Efectivamente, en días pasados se habían producido manifestaciones de protesta en Belgrado por parte de los LGTBIfobos e incluso amenazas provenientes de algún obispo ortodoxo. El presidente serbio consideraba que la celebración del Europride, por tanto, no era segura.

Sin embargo, en la comparecencia equiparó esas presiones y amenazas a la seguridad con las exigencias por parte de los organizadores del Europride de que mantuviese su compromiso y velase por los derechos de las minorías. «No se trata de qué presiones sean más fuertes», espetó, «es que en algún momento no se puede conseguir todo, y ya está». Posteriormente aseguró que deseaba que el evento tuviera lugar en «tiempos más felices».

Alfinal, el Europride de Belgrado se celebró con un gran dispositivo policial y ataques violentos de grupos de extrema derecha nacionalista y religiosa.

La presidenta de Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (organismo que autoriza el Europride), Kristine Garina, emitía el siguiente comunicado, lleno de contundencia:

Ni los anfitriones del Europride 2022, el Orgullo de Belgrado, ni nosotros, como licenciadores, vamos a cancelar el Europride de Belgrado.

El derecho a celebrar el Orgullo ha sido declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un derecho humano fundamental. Cualquier intento de «prohibir» un Orgullo es una violación de los artículos 11, 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por Serbia como miembro del Consejo de Europa.

Aparte de la ilegalidad de tal prohibición, hay que señalar que quienes se oponen al Europride en Belgrado están utilizando viejos tópicos, inexactitudes y francas mentiras para desacreditar lo que es, de hecho, una celebración de los derechos humanos y la igualdad. Dicen que estamos en contra de los valores familiares, cuando todos nosotros venimos de una familia y muchos de nosotros tenemos nuestras propias familias. Dicen que somos maltratadores de niños, cuando todos nos mantenemos firmes contra todo tipo de maltrato infantil. Afirman que las autoridades serbias han invertido 40 millones de euros en el Europride, a pesar de que el evento cuesta una fracción de esa cantidad y no recibe fondos gubernamentales. Cada una de sus afirmaciones es una mentira, y tratar de prohibir el Europride significaría que las autoridades han caído en sus mentiras.

El Europride de Belgrado no se cancelará y reunirá a miles de personas LGBTI+ de toda Europa con personas LGBTI+ de Serbia y de los Balcanes occidentales en general. Aportará muchos millones de dinares a la economía local y permitirá a Serbia demostrar que está en el camino de ser una nación europea progresista y acogedora. Lo que deben hacer las autoridades serbias es mantenerse firmes frente a estos matones, y proteger el evento.

El activista serbio Marko Mihailović aseguraba por su parte en las redes sociales: «El Estado no puede cancelar el Europride , solo puede tratar de prohibirlo, lo que sería una clara violación de la Constitución, así como de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las prohibiciones del Orgullo de los años 2011, 2012 y 2013 que fueron declaradas inconstitucionales. ¡El Orgullo tendrá lugar como estaba previsto el 17 de septiembre. a las 17 horas frente a la Asamblea Nacional!»

Reacciones internacionales

Desde el anuncio del presidente serbio se han sucedido de manera inmediata y contundente las reacciones de distintos organismos internacionales. Christophe Lacroix, relator general sobre los derechos de las personas LGBTI de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hacía unas declaraciones, casi advertencias, en los siguientes términos:

A las personas LGBTI todavía se les hace sentir con demasiada frecuencia que tienen algo que ocultar. Los actos del orgullo son una fuente vital de fuerza y solidaridad, y dan una visibilidad crucial a la lucha por la igualdad LGBTI. Como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro en repetidas ocasiones, y como la Asamblea volvió a subrayar en enero, el Orgullo no es un problema: prohibirlo sí lo es. Las autoridades deben apoyar activamente estos actos y permitir que se celebren con seguridad. Deben respetarse tanto la igualdad como la libertad de expresión y de reunión. Serbia ha avanzado mucho desde los años en que los requisitos de seguridad se utilizaban como falso pretexto para prohibir los actos del Orgullo. Acoger el Europride representa un hito importante en ese camino. La interferencia política desde las más altas esferas, presionando a las instituciones democráticas para que privilegien las supuestas preocupaciones por la seguridad nacional por encima de la promoción activa de la igualdad en la sociedad, representaría un grave retroceso tanto para la democracia como para los derechos humanos en Serbia. Europa está mirando. No se equivoquen.

El actual presidente del Consejo de Ministros de la Comisión Europea y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, hacía a su vez las siguientes manifestaciones:

La libertad de reunión y la prohibición de la discriminación son libertades fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su calidad de Presidente del Consejo de Europa, Irlanda reconoce los derechos LGBTQI como derechos humanos y anima a Serbia a apoyar y facilitar un Europride pacífico y seguro.

La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, instaba en redes sociales al Gobierno serbio a que facilitase la celebración del Europride, al igual que hacía su homóloga sueca, Ann Linde.

Recordemos que Serbia ha solicitado el ingreso en la Unión Europea y está bajo un continuo escrutinio del cumplimiento de los requisitos previos imprescindibles para su incorporación.

Por su parte, Françoise Jacob, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Serbia, destacaba el Europride como «una oportunidad para celebrar los fundamentos de una sociedad fuerte y progresista basada en la equidad social, la igualdad de todos los derechos, la solidaridad, la amistad y el amor». También calificaba la cancelación del evento como «una violación del derecho a la libertad de reunión garantizado por la Constitución serbia, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional serbio en años anteriores. Iría en contra de los compromisos internacionales de Serbia en materia de derechos humanos, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos».

La Iglesia ortodoxa y la extrema derecha prorrusa exhiben su poder en Belgrado

Al día siguiente de las declaraciones del presidente serbio, se celebraba una procesión ortodoxa por las calles del Belgrado correspondiente a una determinada festividad. Sin embargo, previamente se había difundido que el acto religioso se celebraría en protesta por la celebración del Europride y para «salvar a Serbia».

De hecho, la procesión la encabezan dirigentes De la Iglesia ortodoxa y miembros de la rama serbia del grupo de extrema derecha ruso llamado «Lobos nocturnos», que apoya incondicionalmente a Vladimir Putin. Los participantes exhibían cruces e iconos religiosos junto a pancartas con el texto «Salvemos a nuestros hijos y a nuestra familia» y enarbolaban banderas rusas.

El obispo ortodoxo Nikanor Bogunović se dirigió a los miles de manifestantes, expresando su satisfacción por la decisión tomada por el presidente de cancelar lo que calificó de «profanación de nuestro país, nuestra iglesia y nuestra familia». También aseguró que la población serbia estaría dispuesta a salir a la calla para oponerse a «quienes pretenden destruir los valores de Serbia».

Fuente Agencias/Cristianos Gays

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La Defensoría presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual el pasado 10 de enero anuló un fallo de primera instancia que había negado la condición de mujer de Claudia Díaz Pérez. El Movilh acusó a la Defensoría “de fomentar la transfobia en el sistema judicial”

Los/as abogados/as de la Defensoría Penal Pública, Carla Pérez Trigo y Humberto Ramírez Larraín, presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que el pasado 10 de enero anuló un transfóbico fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, el cual había desconocido la calidad de mujer de Claudia Díaz Pérez solo por ser trans, otorgando gracias a ello una condena menor a su femicida, Julio Alexis Ramis Padilla (39).

Pese a que durante el juicio testigos y el propio femicida reconocieron haber tratado de “maricón” a Díaz Pérez, al tiempo que junto a la Defensoría Penal Pública rechazaron la condición de mujer de la víctima solo porque no había rectificado su partida de nacimiento, los abogados/as Pérez Trigo y Ramírez Larraín negaron en su recurso de queja que el crimen se relacionara con la identidad de género.

Para la Defensoría Penal Pública la Corte Apelaciones de Valparaíso se excedió en sus competencias al anular el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio.

“La sentencia de la Quinta Sala de la I. Corte de Valparaíso, lo que hace es no es invalidar la sentencia por concurrir un motivo absoluto de nulidad, de fundamentación deficiente o contraria a las normas del Código Procesal, sino que decide declarar la nulidad del juicio y la sentencia recaída en él, porque no comparte la interpretación, la valoración probatoria y conclusiones a que arriba el tribunal oral en su sentencia, atribuyéndose una labor exclusiva de los jueces del fondo”, alegó la Defensoría Penal Pública ante la Corte Suprema.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, replicó que “es claro que la para la Defensoría las personas trans no son hombres o mujeres  según se perciban, lo cual es una visión abiertamente transfóbica, contraria a la Ley Zamudio y a la Ley de Identidad de Género”

“Ya fue del todo repudiable que en la defensa de un victimario la Defensoría optara por argumentos transfóbicos. Pero que ahora persista  en su odiosidad a las personas trans, llegando hasta la corte Suprema, convierte a la Defensoría en una de las instituciones más transfóbicas del país. Esperamos que su arremetida de odio no prospere en la Suprema y que pueda realizarse un juicio justo sobre el asesinato de Claudia Díaz, por cierto gracias a la persistencia de la Fiscalía”, finalizó Zúñiga.

Fuente MOVILH

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