Triunfa la infancia trans: sobreseen querella contra juez que autorizó cambio de nombre y sexo legal de una niña

Se trata del más significativo triunfo judicial a favor de los niños y niñas trans tras el fallo del valiente juez Luis Fernández. La sentencia será clave para la tramitación de Ley de Identidad de Género

Nueva derrota en los tribunales para la ultraderechista organización cristiana Comunidad y Justicia. Una vez más, esta entidad ha fracasado en su cruzada LGTBfóbica. El juez Luis Fernández, contra el que presentaron una querella después de que este autorizara el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años (a instancia de sus propios padres), ha sido absuelto por la Justicia de Chile. Fernández fue acusado de prevaricación, ya que la asociación Comunidad y Justicia sostenía que su resolución fue “ilegal” e “imprudente”. Hace unas semanas, el Senado chileno despachaba la ley de identidad de género, que no contempla los derechos de los menores trans. Por ello, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) confía en poder mejorar ahora el texto en el Congreso. Entretanto, el tristemente conocido autobús tránsfobo de HazteOír anuncia su llegada al país el próximo lunes.

Mario Cayul, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, ha sobreseído una querella por supuesta prevaricación, presentada por la organización cristiana Comunidad y Justicia contra el magistrado Luis Fernández. La mencionada asociación ultraderechista le llevó ante los tribunales por haber autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años. Para el MOVILH, que ha llevado la defensa del juez Fernández a través de su abogado Jaime Silva, se trata del “más significativo triunfo judicial a favor de la infancia trans”.

En una audiencia de casi tres horas el abogado del Movilh y defensor del juez, Jaime Silva (en la segunda fotografía), enfatizó que Fernández sólo promovió el interés superior de la infancia al autorizar la rectificación de la partida de nacimiento y que para ello tuvo a la vista variados antecedentes, incluida las declaraciones del padre y la madre de la niña.

Silva, por su parte, ha explicado que en la actualidad “existe un vacío legal en relación a la realidad de las personas trans, pero las cortes de apelaciones y jueces valientes como mi representado han ido subsanado este tema permitiendo el cambio de nombre y sexo legal de las niños y niños”. Durante la audiencia judicial, que se alargó dos horas, el abogado del MOVILH defendió que el juez Fernández únicamente promovió el interés superior de la infancia al autorizar la rectificación de la partida de nacimiento y que para ello tuvo a la vista variados antecedentes, incluida las declaraciones del padre y la madre de la niña.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de junio, el Senado de Chile aprobaba el cambio legal de sexo en el Registro Civil, aunque patologizando la transexualidad y excluyendo a los menores de edad y a las personas casadas. La ignorancia sobre la realidad del colectivo LGTB (muy especialmente de las personas trans) hacía que la acción parlamentaria de los senadores Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Hernán Larraín, Ena Von Baer y la archiconocida LGTBfóbica Jacqueline Van Rysselberghe entorpeciera el desarrollo de aspectos esenciales para la asunción de derechos igualitarios. No obstante, la absolución del juez Fernández puede suponer un balón de oxígeno para mejorar la legislación de identidad de género en el Congreso.

Fuente MOVILH

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Cataluña dispone de una muy avanzada ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, pero la evidencia indica que no se está aplicando, al menos no como se debiera. Hace tiempo que el Observatori contra l’Homòfobia lo viene denunciando, pero este miércoles, 28 de junio, la Crida LGBTI ha querido visibilizar el malestar del colectivo LGTBI catalán ocupando durante unos minutos el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat y pidiendo la dimisión de la jefa del área encargada de su aplicación, Maria Lluïsa Jiménez.

Según asegura la Crida LGBTI en un comunicado, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, del que depende la Dirección General de Igualdad, “está ignorando de manera sistemática lasdenuncias por LGTBIfobia, dejando sin efecto práctico la ley 11/2014”. “Ya solamente el Observatori contra l’Homofòbia ha presentado, desde que se aprobó la ley, más de 200 casos, de los cuales se han tramitado menos de 80 y solo se han resuelto dos, uno con sanción y el otro -el caso del autobús tránsfobo de HazteOír- con medidas cautelares. El resto de casos han sido archivados o ni siquiera han sido estudiados”, denuncia la Crida. “La principal consecuencia no es otra que el refuerzo de los agresores, ya sean personas individuales o empresas como El Corte Inglés, que siguen incumpliendo la ley con la seguridad de que no recibirán sanción alguna. En Cataluña, la LGTBIfobia sale gratis”, se lamenta este colectivo.

Ante esta realidad, la Crida pide a la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, así como a la directora general de Igualdad, Mireia Mata, el cese de la jefa del Área de Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI, Maria Lluïsa Jiménez, “y su sustitución por una persona comprometida con nuestros derechos y libertades”. La Crida considera que este cese debe acompañarse además de una decidida voluntad política de dar un giro a la situación, revisar los más de 70 casos tramitados y no sancionados, “así como el resto de denuncias que no han llegado a ser tramitadas”, bajo la supervisión de entidades LGTB, como por ejemplo el propio Observatori contra l’Homofobia. La Crida también pide que se proceda de una vez al completo desarrollo reglamentario de la ley, que permita la aplicación de sanciones contundentes, así como que se le dote de una partida presupuestaria adecuada para que no siga siendo “papel mojado”.

Una hora de ocupación

Para hacer oír sus demandas, activistas de la Crida ocuparon este miércoles, de forma pacífica, el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat, en la calle Sepúlveda de Barcelona.

Allí estuvieron durante una hora, durante la cual desplegaron una pancarta y varias banderas arcoíris, entonaron consignas reivindicativas, pegaron pasquines explicativos en cristales y paneles y atendieron a la prensa. En el exterior del edificio arrojaron además un bote de humo rosa. Aunque una pareja de Mossos d’Esquadra se personó en el lugar, la protesta trancurrió de forma pacífica y sin incidentes.

Ley catalana contra la LGTBfobia: un instrumento que está para ser aplicado

En octubre de 2014 nos felicitábamos por la aprobación por el Parlamento catalán de la histórica ley 11/2014, pero conforme el tiempo ha ido pasando se ha hecho cada vez más evidente la escasa voluntad política de aplicarla. El Observatori contra l’Homofòbia lo viene denunciando casi desde el principio, pero muy especialmente estos últimos meses, en los que los episodios de LGTBfobia en Cataluña están creando una considerable alarma. Muy significativo, en este sentido, fue lo sucedido en Lleida hace escasas semanas, cuando la Generalitat decidió “perdonar” sin sanción alguna al profesor de un instituto público que hizo en clase comentarios homófobos, siendo la presión de los colectivos y la reacción social las que le hicieron dar marcha atrás y abrirle finalmente expediente.

No está de más recordar otra vez que según el informe sobre delitos de odio recientemente presentado por el Ministerio de Interior, Cataluña es la comunidad autónoma con el mayor número de delitos motivados por la orientación o identidad sexual de las víctimas. 

Fuente Dosmanzanas

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Mientras los colores del arcoíris inundan fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de la localidad de Alcorcón seguirá sin engalanarse con la bandera de la igualdad. El alcade, el popular David Pérez, ha decidido “ocultarla” y colocarla tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no es visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos había aprobado que ondease en el balcón del edificio. Además, el equipo de Gobierno sigue sin aplicar las medidas por la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI de Alcorcón, aun habiendo sido aprobadas en pleno. También se ha sabido que la Junta de Portavoces preparatoria del próximo pleno pretendía relegar al último lugar la intervención del colectivo Arcópoli, aunque la presión de los restantes grupos ha evitado el atropello.

De nuevo, el veto del alcalde David Pérez ha evitado que la fachada del Ayuntamiento de Alcorcón se vea engalanada por la bandera arcoíris, a pesar de que en el pleno del pasado 25 de enero se aprobó una moción para que se colocase en el balcón del edificio del consistorio y el municipio se sumase así a la conmemoración del Orgullo para “conseguir la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI”. El regidor ha decidido prácticamente “esconderla”, colocándola tras la puerta de entrada al edificio municipal, completamente plegada, de manera que no es posible verla desde el exterior y es difícil identificarla aun pasando a su lado. Además, por decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, en este 2017 siguen sin aplicarse las medidas aprobadas en pleno por la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI.

También el pasado 2016, David Pérez impidió que la bandera de la igualdad ondease en el edificio consistorial, aun cuando se había aprobado su colocación en pleno, a instancias del PSOE y con la anuencia del resto de los grupos, que ostentan la mayoría en la corporación municipal. Durante ese año, el equipo de Gobierno de Pérez también había vetado o ignorado reiteradamente cualquier resolución favorable a los derechos de las personas LGTB de la localidad madrileña.

Y todo ello ocurría, y sigue ocurriendo, a pesar de que el acuerdo de investidura por el que ostenta el cargo de alcalde David Pérez, llevado a cabo con Ciudadanos, quitaba atribuciones a la Junta de Gobierno Local para dárselas al pleno del Ayuntamiento, de tal forma las propuestas aprobadas por los grupos deben ejecutarse. Debido a esta actuación claramente LGTBfoba, a mediados de 2016 fue reprobado por el pleno del Ayuntamiento con los votos de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos y Grupo Mixto, que suman 17 ediles contra los 10 del Partido Popular.

La moción de reprobación fue seguida de cerca por el colectivo Arcópoli, a quien preocupaba la falta de medidas favorables a los derechos LGTB en un municipio de más de 170.000 habitantes. Por ello, emitió un comunicado en el que detallaba todas las resoluciones aprobadas en pleno a instancias de los grupos de la oposición, y que habían sido reiteradamente vetadas por el equipo de Gobierno de David Pérez. Arcópoli concluía que “todas las mociones fueron aprobadas, debido a la minoría del Grupo Popular en el Consistorio, pero el equipo de Gobierno se niega a ejecutarlas, de modo que no hay iniciativas de apoyo a un colectivo totalmente invisibilizado en Alcorcón”.

Pero esta reprobación no sirvió para que David Pérez reflexionara, sino que su repuesta en las redes sociales fue enviar un mensaje despectivo en el que afirmaba que “a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas”. También amenazó con presentar sendas demandas contra el edil del grupo Ganar Alcorcón, Jesús Santos, y Arcópoli, por calificar sus actuaciones políticas como LGTBfobia, si bien no ha habido constancia de que tales demandas fueran finalmente presentadas.

Pero parece que la animadversión del regidor alcorconero contra Arcópoli no ha cesado. El colectivo de defensa de los derechos LGTB ha sido invitado para intervenir en el próximo pleno del Ayuntamiento, para que, desde su experiencia, hable sobre la realidad del colectivo LGTB y de las medidas antidiscriminatorias que deben ser aplicadas de urgencia en la localidad. Sin embargo, se ha sabido que la Junta de Portavoces, con mayoría del Partido Popular, pretendía relegar la intervención de Arcópoli al final del pleno, un puesto habitualmente dedicado a asuntos menores y siempre limitado por la falta de tiempo. Afortunadamente, la presión de los restantes grupos ha evitado la tropelía, y la alocución de Arcópoli no estará relegada al último lugar.

Cabe recordar que David Pérez no solo destaca por su animosidad contra el colectivo LGTB en su labor como alcalde de Alcorcón. También lo hace desde su escaño como diputado de la Comunidad de Madrid, donde fue uno de los dos únicos representantes en ausentarse del pleno en el que se aprobó la Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que fue respaldada por la unanimidad de todos los presentes.

Fuente Cadena SER, vía Dosmanzanas

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Lamentable episodio el ocurrido este miércoles en Aguilar de Campoo, al norte de la provincia de Palencia, cuya alcaldesa (del Partido Popular) ordenó retirar con una grúa una bandera arcoíris que el grupo de Izquierda Unida había colocado en una ventana del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Tanto Chiguitxs LGTB+ Palencia como la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) han condenado lo sucedido, que consideran “un ejercicio de diversexfobia institucional”. Lo cierto es que el gesto ha atraído la atención sobre esta provincia, una de las menos pobladas de España.

La bandera había sido colocada en la ventana del despacho del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la tarde del martes, con motivo de la celebración, este miércoles 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Un gesto que no gustó a la alcaldesa popular, María José Ortega, que ante la negativa del concejal de IU, Alberto García, a acudir al despacho a retirarla, decidió nada más y nada menos que enviar un camión-grúa a hacerlo desde el exterior. Un momento que fue inmortalizado en una fotografía que el coordinador general de IU en Castilla y León, José Sarrión, difundía en Twitter:

El PP acaba de enviar un camión a retirar la bandera del Orgullo del despacho de IU en Aguilar de Campoo, Palencia. pic.twitter.com/Reb7lHj0yU

— José Sarrión Andaluz (@jsarrionan) 28 de junio de 2017

Un momento bochornoso que ha sido justificado por la alcaldesa con el argumento de que la colocación de la bandera “carecía de autorización”. María José Ortega negaba que se tratase de un gesto homófobo, algo que no comparten ni el colectivo palentino Chiguitxs LGTB+ Palencia ni la FECyLGTB+ que han emitido un comunicado conjunto en el que califican la retirada de la bandera de “un claro ejercicio de homofobia, de diversexfobia institucional, una autentico desprecio a la diversidad sexual y de género, realizada utilizando recursos públicos para ello y vulnerando la autonomía y los espacios de un grupo político”.

Chiguitxs LGTB+ ha querido recordar además que ya el año pasado se solicitó desde el colectivo la colocación de la bandera de la diversidad sexual y la alcaldesa se negó expresamente a hacerlo. “Esta retirada es un retroceso de veinte años, una clara homofobia institucionalizada. Por eso exigimos que la presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular desautorice este ejercicio de autoritarismo y desprecio a la diversidad sexual por parte de la alcaldesa de Aguilar y diputada provincial”, ha declarado Adolfo Infante, coordinador de Chiguitxs LGTB+. “Es increíble que, a día de hoy, en Castilla y León veamos cómo hay responsables políticos que están dispuestos a todo, incluso a utilizar una grúa municipal para retirar una bandera arcoíris de un espacio de un partido político, para no respetar la diversidad sexual”, ha añadido por su parte Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+.

Se da por cierto la circunstancia de que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo lucía sin problemas un cartel alusivo a las fiestas de San Juan y San Pedro. Un detalle que en las redes sociales no pasaba desapercibido:

Alcaldesa del PP de Aguilar de Campoo y diputada provincial #Palencia celebra #Orgullo2017 retirando bandera arcoiris del despacho de IU pic.twitter.com/ldHziaMHdx

— IU Palencia (@IUPalencia) 28 de junio de 2017

El gesto de la alcaldesa de Aguilar de Campoo protagonizaba este jueves, por cierto, el debate del pleno de la Diputación Provincial de Palencia, de la que María José Ortega forma parte, y en la que precisamente se aprobaba por unanimidad de todos los grupos una moción de apoyo al colectivo LGTBI. El portavoz de Ganemos Palencia, Félix Iglesias, hacía entrega a Ortega de una bandera arcoíris:

La alcaldesa de Aguilar, muy educadamente, la ha recibido con un par de besos y ha asegurado que en el futuro se colocará en el Ayuntamiento si así se aprueba, mencionando el hecho de que en otros pueblos de Palencia gobernados por el PP sí ha ondeado la bandera arcoirís. Sorprendente “buenrrollismo” cuando el día anterior había ordenado movilizar un camión-grúa para retirar la bandera que representa los derechos del colectivo que ahora asegura apoyar…

Lo cierto es que el tiro puede haberle salido por la culata a la alcaldesa de Aguilar de Campoo y a los homófobos palentinos. Lo sucedido en este pueblo, con gran eco a nivel nacional, ha puesto aún más en valor el hecho de que en otras localidades de la provincia (como Herrera, Paredes, Venta de Baños o Villamuriel) sí que haya ondeado la bandera arcoíris:

Los Ayto. de Villamuriel, Venta de Baños, Paredes, Herrera lucieron la bandera ArcoIris en este #28J #DiversidadSexual en el medio rural. pic.twitter.com/dlEwa2lDr5

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

En la propia capital provincial, Palencia, el pasado miércoles tenía lugar la primera concentración con motivo del Orgullo LGTBI, con una asistencia más que apreciable para ser la primera vez en una ciudad de su tamaño, como podemos apreciar en las fotos que Chiguitxs LGTB+ ha difundido en redes:

Algunas fotacas del orgullo de Palencia. ArcoIris de la diversidad sexual y de género para combatir la #Diversexfobia #Orgullo2017 pic.twitter.com/cCCRAmf2sH

— Chiguitxs Lgtb+ (@chiguitxslgtb) 29 de junio de 2017

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La organización ultraconservadora HazteOír, responsable de la recientes campañas de odio contra las leyes autonómicas que protegen a las personas LGTBI y contra los menores trans y sus familias, ha querido preguntar a sus socios, donantes y simpatizantes su opinión tanto sobre esta última campaña como sobre sus próximos pasos a seguir, a través de una encuesta difundida a través de su lista de correo. Dosmanzanas ha tenido acceso al correo electrónico en el que Ignacio Arsuaga, su presidente, comunica los resultados. Os contamos los más significativos…

En primer lugar, Arsuaga deseaba conocer la opinión de sus simpatizantes sobre el autobús tránsfobo. Un 82,7% de los que han respondido (cuyo número total no revela) la consideran positiva, frente a un 17,3% que no la ven así. Un 83,6% creen que la campaña ha ayudado a hacer visible ante la opinión pública las “leyes de adoctrinamiento de género, silenciadas por los medios y los líderes políticos [sic]“, frente a un 16,4% que responden negativamente a esa pregunta.

Por otra parte, un 14,3% de las personas que han respondido consideran que la campaña “solo ha servido para atacar a colectivos LGTBI”, mientras que un 12,2% creen que los mensajes del autobús eran ofensivos o insultantes. De hecho, un 13,2% creen directamente que el autobús “promueve el odio”. Datos que parece haber sorprendido al propio Arsuaga. “No es un porcentaje muy alto, pero sin duda nos indica que debemos afinar más nuestro mensaje y evitar que nadie pueda sentirse atacado en la nueva fase que estamos preparando”, asegura el presidente de HazteOír, que ya tiene preparado su próximo objetivo: la ley de igualdad y no discriminación presentada por los colectivos LGTBI en el Congreso. “Esta ley, que muchos analistas han llamado la ‘Ley Mordaza de Podemos’, podría ser un mazazo a nuestros derechos como padres y pondría a nuestros hijos a merced del adoctrinamiento sexual más feroz que podamos imaginar”, explica. Pocas sorpresas, en este aspecto.

Las prioridades de los simpatizantes de HazteOír

Sin embargo, sí que nos ha llamado la atención otro dato de la encuesta. HazteOír preguntaba a sus simpatizantes qué campaña le parecía “más urgente”. Además de por la campaña “a favor de la libertad de educación y contra el adoctrinamiento de género (es decir, en contra de las leyes que protegen a las personas LGTBI)” esta organización preguntaba por posibles campañas sobre el aborto, la corrupción política, la libertad religiosa, el terrorismo yihadista y la unidad de España.

Pues bien, parece que el odio LGTBfóbico es el sentimiento que más parece motivar a estas personas. El 31,1% consideran que la más urgente era la campaña contra las leyes que protegen a las personas LGTBI, por encima incluso de una campaña contra el aborto, tradicional “bestia negra” de este tipo de organizaciones (29,7%) y muy por delante de una campaña por la libertad religiosa (13,2%), por la unidad de España (10,9%) la corrupción política (9%) o el terrorismo yihadista (6,1%). Están claras cuáles son sus prioridades:

En definitiva, que tras la pausa veraniega HazteOír amenaza con una continuación de su campaña de odio contra las personas LGTBI. Una organización, por cierto, a la que el Gobierno del Partido Popular sigue sin retirarle el estatuto de “entidad de utilidad pública” que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades.

Fuente Dosmanzanas

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Manifestación LGTB de 1977 en Barcelona. (Foto de Colita).

La Sexta recupera las primeras imágenes grabadas inéditas de la primera manifestación del Orgullo tras la muerte de Franco (Barcelona, 1977)

«No somos maricones, somos transexuales». «Queremos que nos dejen en paz».

Ese mismo día hubo otra manifestación en Sevilla y una concentración en Madrid.

Este año además de celebrarse el World Pride de Madrid se conmemoran los 40 años de la primera manifestación del Orgullo en España.

En 1977 unas 4.000 personas tomaron las Ramblas de Barcelona para protestar por el trato que recibían las personas LGTB en aquella época. Hasta hoy habíamos podido ver imágenes de la marcha, muchas de ellas tomadas por Colita, una de las fotógrafas que estuvo allí.

Barcelona, Ramblas, 26 de junio de 1977. Primera manifestación del Orgullo LGTBI (entonces “Orgullo Gay”) tras la muerte del dictador. Unas cuatro mil personas, según recogía La Vanguardia en una pequeña noticia en la página 25 de su edición del 28 de junio, marcharon por el centro de la ciudad convocadas por el Front d’Alliberament Gai De Catalunya para reclamar amnistía para las personas condenadas por su orientación o identidad sexual y la derogación de la todavía vigente ley de “peligrosidad social”. Una manifestación pacífica, pero que no se libró, en el último momento, de las cargas policiales al llegar a la altura de Canaletas.

Momentos históricos, de los que hasta ahora la inmensa mayoría solo teníamos testimonio gráfico gracias a unas pocas fotografías, una de las cuales, la de la varias personas trans, se ha convertido ya en uno de los iconos de la lucha LGTB en España. En un encuentro celebrado hace unos días en el Hotel Axel de Barcelona, Colita explicaba la sorpresa que supuso que se celebrara esa manifestación y la poca sorpresa que supuso para los manifestantes que aparecieran los grises para disolverla a base de disparos de pelotas de goma.

Cuarenta años después gracias a La Sexta, han trascendido imágenes grabadas, que hasta hoy no sabíamos ni que existían, de la que sucedió aquel día, gracias a José Romero, por entonces un joven aficionado al cine de 32 años, que las grabó una cámara super ocho y un magnetófono. “Miedo teníamos todo, pero bueno, decidimos que teníamos que salir y que teníamos que dar la cara”, asegura cuarenta años después. Una grabación recuperada ahora por La Sexta. Un tesoro que os invitamos a disfrutar:

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Las paredes de varias calles de Bagdad han aparecido empapeladas con pósteres que animan a respetar al colectivo LGTB en Irak. Las imágenes se han hecho virales en varias redes sociales y visibilizan el activismo latente en una sociedad marcadamente LGTBfóbica. Ayaz Shalal, subdirector de programas del grupo de derechos humanos de la organización Rasan (con sede en el Kurdistán iraquí) ha dicho que la colocación de estos carteles es “un paso muy valiente”, razón por la que asegura que apoyará a los activistas “hasta el final”. Shalal también considera que estas acciones son una muestra de “cuántos cambios se van a producir en un futuro próximo”, en tanto que “hay un movimiento nacional en todo el país que quiere cambiar algo en la sociedad, pero carece del apoyo adecuado”, al menos por el momento.

Activistas igualitarios anónimos han pegado carteles reivindicativos en las paredes de distintas calles bagdadíes. “Soy igual que tú. La diferencia es la base de la vida”, es el texto que, en árabe, acompaña a los dibujos de varias parejas sexualmente diversas. Un corazón representado con manos pintadas de varios colores encierra las siglas LGTBI. Además de la alusión a las personas intersexuales, teniendo en cuenta cómo se representa, se cree que la “I” puede referirse también a “Irak”.

Desde una perspectiva “occidentalista” puede no parecer una noticia especialmente extraordinaria o relevante, sin embargo, hay que tener en cuenta la difícil realidad del colectivo LGTB en el país. En el territorio ocupado por el Estado Islámico, sin ir más lejos, la diversidad sexual y de género se paga con la vida. Las milicias y los tribunales islámicos, en muchos casos, ejecutan la pena capital (especialmente, aunque no en exclusiva, contra hombres gais o acusados de serlo). En el resto del país, el “escándalo público” está legislado (artículo 403 del Código Penal) con la privación de libertad durante varios años. Como ocurrió hasta 1983 en España, cualquier acto de visibilización LGTB que moleste a las autoridades iraquíes puede ser legalmente reprimido.

Aunque en Bagdad esta clase de activismo es prácticamente inédita por parte de la sociedad civil local, en otras zonas “más libres” ya se han llevado a cabo reivindicaciones similares. En la ciudad de Solimania o Suleimaniya (capital de la provincia semiautónoma del mismo nombre, integrada en el Kurdistán iraquí), la organización proigualitaria Rasan dibujó un mural en una escuela con figuras de parejas sexualmente diversas junto al lema “love is love” (amor es amor).

Precisamente, el subdirector de programas del grupo de derechos humanos de Rasan, Ayaz Shalal, ha dejado claro que, “personalmente, estoy muy impresionado por aquellos que hicieron los carteles y los apoyo hasta el final”. Estas acciones, asegura, son una muestra de “cuántos cambios se van a producir en un futuro próximo”, en tanto que “hay un movimiento nacional en todo el país que quiere cambiar algo en la sociedad, pero carece del apoyo adecuado”, al menos por el momento.

Fuente Dosmanzanas

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La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT en el País Valenciano (FeSP-UGT PV) ha lanzado “Visibilitzar en els Serveis Públics”, una campaña que busca “sensibilizar y dar a conocer la diversidad sexual y las formas en que debemos luchar para eliminar la LGTBIfobia de nuestros lugares de trabajo”. Se trata de la primera campaña vídeo-publicitaria de sensibilización sobre la discriminación del colectivo LGTBI dirigida expresamente a trabajadores del sector público.

La iniciativa parte, en concreto, de la Secretaría de Movimientos Sociales Socials de la FeSP-UGT PV, coordinada y dirigida por Maripau García. “Nuestra labor como representantes de las trabajadoras y los trabajadores incluye la defensa de las personas más vulnerables en el ámbito laboral por tanto debemos garantizar que no hay ningún tipo de discriminación hacia las personas LGTBI , ya sea mediante el uso de un lenguaje homófobo, actitudes excluyentes , acoso y cualquier otra circunstancia. Nuestro objetivo es convertir los servicios públicos en espacios libres de LGTBIfobia y lograr un ambiente de trabajo en el que las personas se sientan libres de poder expresar su sexualidad sin temor a las consecuencias. Una persona que no visibiliza su sexualidad estará excluida de determinados derechos laborales como el pedir permisos familiares que implican visibilizar a su pareja. Tenemos que garantizar la igualdad de trato y la visibilidad que conlleva la normalización y la aceptación de la diversidad”, explican desde este sindicato.

Para ello, se han elaborado inicialmente tres vídeos, que forman parte de una serie de acciones que comenzaron con la elaboración de un primer díptico (que puedes descargar aquí) y que tendrán continuidad con una serie de jornadas en diversos puntos de la geografía valenciana.

Insertamos a continuación los tres vídeos de la campaña (en valenciano, pero creemos que muy fácilmente comprensibles para un castellanoparlante). Cada uno de ellos cuenta una historia de LGTBIfobia que tiene lugar en tres ambientes laborales distintos: la sanidad, la educación y los cuerpos de seguridad (bomberos, en este caso). Más abajo, insertamos un cuarto vídeo explicativo de los promotores de la campaña en la que estos explican (en castellano, en este caso) cómo se fraguaron las tres historias y sus razones:

Si deseas saber más sobre la campaña, descargar material relacionado o contribuir a difundirla puedes acceder a toda la información en la web www.visibilitzar.org

Cine/TV/Videos, General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Comunidad Valenciana, Discriminación, FeSP-UGT PV, LGTBfobia, Maripau García, UGT, Visibilidad LGTBI

Podrían aprender de él los obispos españoles…

El obispo John Stowe ha sido ya noticia en esta página por presidir una oración en un encuentro de católicos LGTB. Ahora vuelve a merecer ser puesto de relieve por su posición en uno de los temas más delicados de la Iglesia institucional en su relación, precisamente, con las personas LGTB: la retirada de puestos de responsabilidad, y en el peor de los casos los despidos, de personas LGTB en instituciones católicas. Sus palabras tienen especial relevancia porque podrían ayudar a personas cuyo medio de vida depende de un sueldo en instituciones católicas.

John Stowe, obispo de Lexington (Kentucky), es franciscano. Hace pocas semanas ya nos referimos a él por presidir una ceremonia de oración en un encuentro de católicos LGTB. Se trataba, en concreto, de un encuentro de New Ways Ministry, una organización norteamericana que trabaja por la inclusión de las personas LGTB en la Iglesia católica, y en presencia de gente de la significación de la hermana Jeaninne Gramick, una de las figuras más prominentes en este campo. Ahora vuelve a ser noticia porque en una entrevista realizada con motivo de su participación en ese mismo encuentro se ha pronunciado sobre el despido de personas LGTB de instituciones católicas.

Según el relato de la entrevistadora, Patricia Lefevere, “Cuando se le preguntó a Stowe cómo creía que la Iglesia debía responder a los casos de empleados LGTB —muchos de los cuales habían sido despedidos de posiciones en la Iglesia mantenidas durante mucho tiempo cuando sus matrimonios del mismo sexo se hicieron públicos o alguien los hizo públicos— remarcó que la iglesia debe ser consistente y no discriminatoria en su trato con sus empleados. ‘Debemos preservar nuestra tradición e integridad como iglesia’, dijo. ‘Nos arriesgamos a contradecirnos a nosotros mismos si queremos que nuestros empleados cumplan las enseñanzas de la Iglesia mientras nosotros no vivimos según nuestras enseñanzas, que siempre se han opuesto a la discriminación de todo tipo’. Stowe consideró que la iglesia podía encontrar una vía para ‘defender nuestra libertad religiosa sin violar los derechos humanos de nadie”.

En el contexto de los Estados Unidos, las declaraciones de Stowe son importantes porque tienen lugar precisamente en medio de un goteo de casos de discriminación hacia las personas LGTB desde que el matrimonio igualitario comenzó a ser una realidad en ese país, y sobre todo desde que el Tribunal Supremo extendiera ese derecho a todo su territorio. No solo se trata, de hecho, de personas que se casan con sus parejas: lo exacerbado de los ánimos hace que el mero hecho de saberse que es LGTB (incluso defender sus derechos públicamente) puede suponer problemas. En algunas ocasiones, la justicia ha acabado dando dado la razón a los despedidos, pero en otros, la ausencia de legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB a nivel de los estados lo impide. Recientemente, ha cobrado también protagonismo el caso de personas trans que han visto negado su tratamiento en hospitales católicos, incluso con cancelaciones de última hora.

Pero la relevancia de sus declaraciones va más allá de los Estados Unidos y afecta a todas aquellas regiones en las que la Iglesia católica tiene un peso importante, como España o América Latina. Sobre todo, merecen ser destacadas porque suponen una interesante argumentación para acabar con los despidos o las retiradas de sus funciones a personas LGTB sin necesidad de un cambio doctrinal. Como señala el propio Stowe, se puede apelar a ser fieles a la propia doctrina de no discriminar para mantener a estas personas en sus puestos.

Con razón podrá argumentarse que este enfoque se queda corto, pero en el terreno práctico podría marcar una importante diferencia, crucial para quienes trabajan o cooperan en instituciones católicas de diverso tipo y no pueden permitirse esperar a una revisión de la doctrina para tener tranquilidad en sus empleos. Hay que tener en cuenta, sumando las instituciones educativas, sanitarias o de otra índole que están administradas de uno u otro modo por la Iglesia católica, que el número de personas afectadas es elevado. Hablamos, además, de un derecho fundamental: el derecho al trabajo.

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Solo entre 2014 y 2016 se registraron en Berlín más de 400 casos de agresiones físicas, insultos o amenazas contra refugiados LGTB. Es lo que se desprende de las estadísticas recogidas por tres organizaciones LGTB que brindan su apoyo a estas personas en la capital alemana. La dura situación del colectivo, que sufre una doble discriminación xenófoba y LGTBfoba, ha vuelto al debate público a raíz de una pregunta del diputado regional Tom Schreiber, del Partido Socialdemócrata (SPD).

Schreiber registró su interpelación el pasado 15 de mayo ante la Cámara de Diputados, el Parlamento unicameral del estado de Berlín. La respuesta del departamento de Justicia, Protección al Consumidor y Antidiscriminación hace referencia a los casos atendidos por tres asociaciones LGTB: Lesbenberatung Berlin, Mann-O-Meter y LSVD de Berlín. Los datos agregados de estas organizaciones contabilizan un total de 411 refugiados que solicitaron su ayuda tras haber sufrido ataques de carácter LGTBfobo. En la mayor parte de los casos se trataba de hombres gais, seguidos de personas trans y, a mayor distancia, mujeres lesbianas.

Un dato quizás aun más grave es que 47 de estas agresiones fueron procedieron del personal de seguridad de los centros de acogida donde viven los refugiados. En dos de estos casos tuvo lugar violencia física y en otros dos, agresiones sexuales. Las asociaciones han registrado un total de 86 casos, entre 2015 y 2016, de ataques homófobos y tránsfobos contra solicitantes de asilo perpetrados por funcionarios de la Administración.

El Gobierno de la ciudad-estado berlinesa ha anunciado una serie de medidas para abordar este problema, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha. El tripartito de izquierdas de SPD, Verdes y Die Linke (La Izquierda) ha puesto en marcha, entre otras medidas, alojamientos específicos para refugiados LGTB y personas de contacto a las que dirigirse en caso de ser víctima de ataques. También se publicará un manual sobre pautas de actuación ante la violencia machista y LGTBfoba en los centros de acogida.

Los refugiados LGTB, un colectivo doblemente vulnerable, no solo se ven obligados a escapar de la guerra, sino que en muchos casos se ven a su vez despreciados y acosados por sus propios compatriotas que huyen también del horror. Por no hablar del trato que reciben en muchos de los lugares a los que consiguen huir. Ya en enero del año pasado denunciábamos la penosa situación de un gran número de refugiados LGTB en Berlín, obligados a dormir en la calle ante la inseguridad a la que se enfrentan en los centros de acogida no diferenciados. Y en diciembre de 2015 nos hacíamos eco de cómo cinco demandantes de asilo gais que llegaron a Ámsterdam procedentes de Siria, Irak e Irán tuvieron que ser trasladados a un piso de acogida específico a causa de las amenazas e insultos de carácter homófobo recibidos de parte de otros refugiados.

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El Senado de Chile aprueba el cambio legal de sexo en el Registro Civil, pero patologiza la transexualidad

Aunque el debate y la aprobación de la Ley de Identidad de género de Chile no ha finalizado (proseguirá el próximo martes), solo quedan aspectos menores por abordar. La legislación, que comenzó su tramitación en mayo de 2013, sigue su curso en el Senado de este país, con un perfil bajo en relación a los avances y derechos que se otorga a las personas trans. Es cierto que ahora se permitirá el cambio legal de sexo en el Registro Civil, pero se exigirán informes médicos con carácter obligatorio. Esta medida patologiza la transexualidad y ha generado el rechazo del activismo LGTBI, encabezado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH). Asimismo, la ley excluye a los menores de edad y a las personas casadas. Sirva como muestra de la ignorancia de algunos senadores conservadores el argumento esgrimido por Juan Antonio Coloma. Su señoría ha defendido en la Cámara Alta que “solo” los hombres nacen con pene y las mujeres con vagina, el mismo discurso simplista y vacuo que prodigan organizaciones radicales como HazteOír. Sobre el texto de la ley, el portavoz del MOVILH Rolando Jiménez deja claro que “haremos todos los esfuerzos necesarios para mejorarlo en la Cámara de Diputados”, donde tendrá que ser discutido tras su aprobación en el Senado.

Los debates que el Senado de Chile está acogiendo con motivo de la aprobación de la Ley de Identidad de Género están permitiendo que sus señorías se retraten. En algunos casos, como aplaude el MOVILH, a favor de los derechos igualitarios de las personas trans. Es el caso de las senadoras Isabel Allende y Lily Pérez, así como de sus homólogos masculinos Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro y Patricio Walker. Además de su apoyo parlamentario, Guido Girardi ha leído una declaración igualitaria redactada por el MOVILH. Este senador ha acusado de “reduccionistas” a quienes suponen que la masculinidad o feminidad se define solo por los genitales, tal y como ha reiterado Juan Antonio Coloma en sus alocuciones.

Además de Coloma, en la bancada de la intolerancia se han sentado los senadores Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Hernán Larraín, Ena Von Baer y la archiconocida LGTBfóbica Jacqueline Van Rysselberghe. Todos ellos han tratado de limitar los derechos para las personas trans en la norma, logrando algunos de sus cometidos. Mientras el cambio de nombre y sexo legal para mayores de 18 años en el Registro Civil ha sido aprobado por 17 votos contra 13, el Senado acordaba exigir exámenes médicos para acceder a dicho derecho, ganando esta patologizante medida por 12 votos contra 7. A la par, el proyecto impide a niños, niñas y personas casadas la rectificación de la partida de nacimiento.

El veto a los menores en la Ley de Identidad de Género de Chile dará alas a grupos LGTBfóbicos para seguir luchando en contra de los derechos de las personas más vulnerables y contribuyendo a su estigmatitación desde edades tempranas. Recordemos que, tan solo hace unas semanas, la organización ultraconservadora chilena Comunidad y Justicia denunciaba al juez Luis Fernández por autorizar el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años.

El MOVILH ha expresado que “lamentamos profundamente que el proyecto que hoy se discute deje fuera de su amparo a los niños y niñas trans. Ello violenta el interés superior del niño. También lamentamos que este proyecto impida a las personas casadas cambiar su nombre y sexo legal, aun cuando la legislación actual sí lo permite”. No obstante, a pesar de todos los aspectos negativos que no se conseguido arrancar de la futura legislación, la organización igualitaria sostiene que “hoy marcamos un hito en la tramitación de esta norma, tras el primer proyecto de ley sobre la materia que ingresamos al Parlamento en 2008. Hoy pedimos el cese de los obstáculos, la agilidad en el trámite y el despacho en breve de este proyecto para continuar su segundo trámite y así avanzar por nuevos caminos hacia la igualdad y el real respeto a los derechos humanos”.

Esta es la declaración completa que el senador Guido Girardi ha leído en nombre del MOVILH:

Lectura del senador Girardi

A continuación se reproduce el mensaje leído del Movilh, leído por el senador Girardi en el hemiciclo:

“Constituye tortura tratar a las personas con un nombre y sexo que no las identifica, obligándolas desde pequeñas a desarrollar una vida que no es la suya, sino las proyecciones o deseos de otros.

Senadores, senadoras, los invitamos a pensar como se sentirían si hubiesen sido obligados a vivir según un sexo que nos los identifica. Si naciendo hombres, les asignaran una identidad legal femenina o, si siendo mujeres, las obligaran a usar los baños de hombres y a exponer su intimidad. Vivirían abusos y desconsuelos permanentes.

Si ustedes estuvieron seguros a temprana edad sobre si eran hombres o mujeres no fue por sus gentitales.  Fue porque así lo sintieron, así les fluyó, sin que nadie les dijera nada. La naturaleza no recibe órdenes.

Sentir, fluir y ser es lo que negamos a las personas trans cada vez que las tratamos con un nombre y sexo ajeno a su identidad. El problema se acrecienta cuando existen barreras estatales para recuperar legalmente la naturaleza arrebatada al nacer por prejuicios o ignorancia.

Si alguien nace con pene o vagina, asumimos automáticamente que es hombre o mujer, en forma respectiva, y comenzamos, queriéndolo o no, a dirigir su forma de vida hacia lo masculino o femenino, sin cuestionamientos, sin peguntarnos si con ello violentamos la dignidad humana.  Pero si la persona nacida con pene verbaliza que es mujer, asumimos que es un error que debe corregirse o que el futuro podría variar.

Genitalizar a la persona implica ver sus sentimientos, raciocinios y deseos sólo a partir de lo que está entre las piernas.  Tal mirada reduccionista provoca daños concretos, estando en el extremo los asesinatos transfóbicos.

Lamentamos profundamente que el proyecto que hoy se discute deje fuera de su amparo a los niños y niñas trans. Ello violenta el interés superior del niño. También lamentamos que este proyecto impida a las personas casadas cambiar su nombre y sexo legal, aún cuando la legislación actual si lo permite.

Pese a todo, hoy marcamos un hito en la tramitación de esta norma, tras el primer proyecto de ley sobre la materia que ingresamos al Parlamento en 2008. Hoy pedimos el cese de los obstáculos, la agilidad en el trámite y el despacho en breve de este proyecto para continuar su segundo trámite y así avanzar por nuevos caminos hacia la igualdad y el real respeto a los derechos humanos”.

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Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, ha dicho en calidad de gobernador del Estado mexicano de Nuevo León que “creo en el matrimonio, no en las otras zonceras [tonterías, cosas sin valor]. No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre y mujer, punto”. El mandatario regional, que podría optar como independiente a la presidencia de la república en 2018, hacía estas homófobas declaraciones durante su intervención en el Real Estate Summit Monterrey (un evento anual de networking empresarial). Rodríguez Calderón, de factura netamente populista, prefiere que, a pesar de todo, no se le etiquete como “moralista” ni como “religioso”. Por su parte, desde el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido acción Nacional) han rechazado el discurso del gobernador y exigen medidas contra su intolerancia.

Durante tres décadas, Jaime Rodríguez Calderón militó en el PRI, por el cual fue elegido diputado federal (1992-1995), diputado en el Congreso de Nuevo León (1997-2000) y alcalde del municipio de García (2009-2012), en el área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, en 2014 “el Bronco” renunció a la militancia en su antigua formación y decidió presentarse como independiente a la presidencia del Estado de Nuevo León. Su victoria incontestable en 2015 (con una diferencia del 25% respecto al candidato del PRI, el segundo más votado) llamó la atención de medios internacionales como The New York Times o The Wall Street Journal, que destacaron el jaque al bipartidismo tradicional por un independiente (el primero en ganar unas elecciones a gobernador).

En una entrevista concedida a la edición internacional del diario El País en 2015, Rodríguez Calderón, preguntado sobre el matrimonio igualitario, contestó que “la diversidad ya existe en el mundo. La decisión no puede deberse a un gobernante, hay que celebrar una consulta para decidirlo”. Entonces todavía era candidato y no ocupaba el cargo que ahora ya ejerce. Quizá por ello, en aquel momento, sus declaraciones fueron, si bien no inclusivas, mucho más comedidas que las de ahora. Dos años después, “el Bronco” ha decidido quitarse la careta de hipócrita y descubrir su verdadero rostro homófobo.

Durante la celebración del Real Estate Summit Monterrey (un conocido encuentro anual con docenas de empresarios, que este año se ha llevado a cabo en el hotel Quinta Real de San Pedro) el gobernador de Nuevo León ha asegurado que “creo en el matrimonio. No en las otras zonceras. No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre y mujer, punto”. Al mismo tiempo, Jaime Rodríguez Calderón invitaba a los presentes que disientan de su discurso homófobo a que “convenzan a la sociedad”. En este sentido, siempre en su opinión, “estamos perdiendo el principio fundamental de la familia, es lo que yo creo y es lo que estoy tratando de transmitir y para eso no se necesita presupuesto”.

Tras descartar que sus palabras se motiven por ser un representante “moralista” o “religioso”, el gobernador de Nuevo León dejaba claro que “yo creo en Dios, voy a las iglesias cada que hay boda o quinceañera”. Sin importarle demasiado la diversidad de opiniones que pudiera despertar en su audiencia, Rodríguez Calderón añadía que “yo no sé si a ustedes les caiga bien esto que les estoy diciendo, lo tengo que decir, lo debo decir, porque todos los días veo padres angustiados, madres arrepentidas”.

Oposición y activismo LGTB de Nuevo León censuran la homofobia del gobernador

Ante las hirientes y despectivas argumentaciones homófobas del gobernador de Nuevo León, desde el PRI y el PAN no se hacían esperar para reprobarle. Mauro Guerra, dirigente del PAN en este Estado mexicano, ha solicitado un “castigo ejemplar” contra Rodríguez Calderón y ha remarcado que él siempre ha defendido los mismos derechos para todos los ciudadanos. Por su parte, César Cavazos, representante del PRI, ha enfatizado que “pedimos respeto a esta comunidad [LGTB] y que se les den todos sus derechos para que puedan vivir bien en el Estado de Nuevo León”. Cavazos defendía, además, que declaraciones discriminatorias como las del gobernador “lastiman a esta población”.

Desde diversas organizaciones LGTB apuntan a la responsabilidad que tendrá que asumir el gobernador Rodríguez Calderón si se desata una ola de delitos de odio LGTBfóbico. “Es increíble que pueda atrever este hombre a referirse como ‘zonceras’ a una comunidad que somos cientos, miles de personas en el Estado, expuestos muchos de ellos a problemáticas sociales”.

Eduardo Elizondo, miembro de CONASIDA considera que “estas declaraciones lo que hacen es promover el estigma y la discriminación: por orientación sexual, por identidad de género, por tener VIH”. Asimismo, desde esta y otras entidades aprovechan para denunciar el “olvido” y la “irresponsabilidad” de la Administración de Nuevo León, que encabeza Rodríguez Calderón, en la prevención y lucha contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Al parecer, el gobernador también ha incumplido su compromiso de apoyar al colectivo de personas trans con soporte médico, endocrinológico y sicológico, como prometió el pasado mes de diciembre.

A finales de año se espera saber si el homófobo gobernador de Nuevo León competirá como candidato independiente a las elecciones presidenciales de México de 2018. Así lo explicaba Rodríguez Calderón: “yo siempre he dicho a ustedes que tomaré una decisión en diciembre si así lo considero adecuado, si veo que he ido resolviendo los problemas de Nuevo León porque no tiene ningún caso que yo compita si ni la gente de Nuevo León va a votar por mí”.

Con independencia de los avances legislativos y judiciales que el activismo igualitario ha ido conquistando, México está considerado como el segundo país más hostil para la comunidad LGTB. De hecho, se contabilizan 1.310 asesinados desde 1995 hasta abril de 2016; 1.021 hombres gais, 265 mujeres trans y 24 mujeres lesbianas.

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“Repugnante espectáculo”. Así ha definido Amnistía Internacional la aplicación del brutal castigo infligido a dos hombres por tener sexo entre ellos en la región indonesia de Aceh. Como adelantamos a principios de abril, los jóvenes (de 20 y 23 años) fueron condenados y han recibido ahora 83 latigazos en público con una vara de ratán, ante una multitud que se reía, jaleaba y que lo grababa con sus teléfonos móviles, como si se tratara de un concierto. Illiza Sa’aduddin Djamal, alcaldesa de Banda Aceh, asegura querer “salvar a nuestra próxima generación. Imaginen qué pasaría si a toda la gente le empezara a atraer su mismo género y la enfermedad se empezara a esparcir por el mundo”.

La flagelación a la que han sido sometidos dos jóvenes acusados de “homosexualidad” en la región indonesia de Aceh es la primera que se ejecuta contra personas de la comunidad LGTB. El pasado 29 de marzo se presentó una denuncia por parte de los vecinos de un inmueble, que acusaban a la pareja de jóvenes de practicar la homosexualidad. Uno de los residentes grabó en vídeo a los denunciados, para posteriormente compartir las imágenes en las redes sociales. Al reconocer que eran una pareja gay, fueron detenidos y han estados dos meses recluidos. Por si no fuera suficiente, a la privación de libertad y a los latigazos se suma el escarnio público.

Josef Benedict, director adjunto para el Sureste Asiático y Oceanía de Amnistía Internacional, ha denunciado que “este repugnante espectáculo, llevado a cabo delante de más de un millar de espectadores que insultaban a las víctimas, es un acto de la máxima crueldad. La emboscada que sufrieron en su propio domicilio fue una invasión forzosa de su intimidad, y el ‘castigo’ que se les ha infligido hoy estaba concebido para humillarlos, además de para causarles lesiones físicas”.

Desde Amnistía Internacional, además, han añadido que “las autoridades de Aceh y de Indonesia deben derogar de inmediato la ley que impone estos castigos, que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante y podrían equivaler a tortura”. Asimismo, dejan claro que “las penas de flagelación y la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son violaciones flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar a Indonesia para crear un entorno más seguro para la comunidad LGBTI antes de que la situación se deteriore aún más. Nadie debe ser castigado por mantener relaciones sexuales consentidas”.

En muy diferentes términos se ha expresado la alcaldesa de Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal: “No les odiamos a ellos como seres humanos, pero no nos gusta lo que hacen”. Con estas palabras justifica la primera edil la ejecución de la pena a los jóvenes de 20 y 23 años, al tiempo que ha calificado la homosexualidad de “enfermedad” y, como tal, considera que se debe de prevenir para evitar que se extienda. Y más tristes aún son las palabras del padre de uno de los muchachos, víctima de la homofobia institucional de Aceh: “después de que se resuelva este problema, lo enviaremos a un internado islámico para que lo eduque para que ya no sea un desviado”.

Advertimos a nuestros lectores que las imágenes del vídeo, en el que se recogen varios momentos de la flagelación, son muy duras:

141 detenidos, acusados de participar en una supuesta orgía gay

El pasado domingo (21 de mayo) la policía de Indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”. La homosexualidad no es ilegal en el país, a excepción de la provincia conservadora de Aceh. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía de Indonesia. “Había personas homosexuales que fueron capturadas desnudándose y masturbándose”, explicaba el representante policial.

Por otra parte, hace tan solo un mes, ocho hombre eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay”. Ocurría en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Shinto Silitonga, el jefe de la policía local, declaraba que había 14 hombres en dos habitaciones de hotel viendo porno gay y realizando “actos sexuales desviados”. Las otras seis personas fueron puestas en libertad con cargos. A todos ellos se les acusaba, como en el caso de los 141 arrestados en Yakarta, bajo las moldeables normas contra la pornografía. Los organizadores se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión.

Creación de una policía específicamente LGTBfóbica

Anton Charliyan, jefe de policía de Java Occidental, ha hecho público el plan de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGBT. Este anuncio, que ha coincidido con la flagelación a los dos jóvenes de Aceh, es extremadamente preocupante para la comunidad LGTB de Indonesia, que observa atemorizada cómo aumenta la represión contra la diversidad sexual y de género, deteriorándose forzosamente su calidad de vida.

Lejos de cualquier rastro de humanidad, el responsable de las que deberían ser las fuerzas de seguridad de esta provincia ha dicho esperar que “no haya seguidores en Java Occidental de ningún estilo de vida o tradición gay o LGBT”. A lo que ha añadido que “si hay alguien siguiéndolo, se enfrentará a la ley y a pesadas sanciones sociales. No serán aceptados por la sociedad”.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015.

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HazteOír y su marca internacional CitizenGo comienzan la ruta del autobús del odio LGTBfóbico en América Latina. Colombia se ha convertido en el primer país del continente que recibe la indeseada visita del vehículo tránsfobo. Pero la elección no ha sido en absoluto arbitraria, pues coincide con el reciente rechazo al referéndum contra la adopción por parejas del mismo sexo, promovido por Viviane Morales. Las organizaciones españolas contrarias a la igualdad cuentan con la colaboración de la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacea) y el Movimiento Nacional por la Familia de Colombia. Representantes de estas organizaciones, junto a grupos cristianos, acompañaron la llegada del bus tránsfobo a la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso. El concejal bogotano Marco Fidel Ramírez, conocido por su trayectoria LGTBfóbica, se paseó delante del autobús con una gran banderola en la que se podía leer “Jesucristo es el señor”. Activistas y partidarios de los derechos LGTB han desplegado pancartas y han lanzado pintura multicolor al autobús.

Tras el rechazo que el “autobús del odio” de HazteOír cosechó en los Estados Unidos, su andadura se traslada ahora a América Latina, empezando por Colombia. El lema escogido en esta ocasión es “Los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas. Es biología, no ideología”. Como decíamos, la llegada del vehículo tránsfobo a Colombia coincide con el intenso debate LGTBfóbico que ha despertado la frustrada iniciativa de la senadora Viviane Morales para intentar impedir, mediante referéndum, la adopción por parejas del mismo sexo en el país. Tampoco es casual que el autobús se aparcara frente a la sede del Congreso.

En la plaza de Bolívar de Bogotá, este sábado, se congregaron en torno al vehículo representantes HazteOír y CitizenGo, junto a miembros de la Mesa Nacional de Educación y Autonomía (Menacea) y el Movimiento Nacional por la Familia de Colombia. También su unieron grupos cristianos, que llegaron a montar una carpa desde la que lanzaron proclamas contra la igualdad, en materia de identidad de género y de orientación sexual. Entre ellos se encontraba el concejal bogotano Marco Fidel Ramírez (conocido por protagonizar distintas polémicas LGTBfóbicas), que ondeó una banderola con la inscripción “Jesucristo es el señor”. El autocar tránsfobo estuvo protegido por agentes de la policía.

Por otra parte, un grupo de activistas y de partidarios de los derechos LGTB quisieron protestar y demostrar su malestar por esta campaña de odio tránsfobo. En este sentido, desplegaron pancartas con mensajes como “los niños trans existen” o “la infancia trans tiene derechos en Colombia”. La policía desalojó a los activistas igualitarios, haciendo uso de la fuerza, cuando intentaron impedir la permanencia del autobús en la plaza de Bolívar. Entonces, algunos manifestantes lanzaron pintura multicolor contra el vehículo, impactando también contra algunos agentes y miembros de las organizaciones convocantes. Así se expresaba tras el choque el concejal Ramírez:

Hemos sido agredidos con empujones,pintura e insultos x parte d la COMUNIDAD LGBT. Lamento q eso ocurra! Se trata de BIOLOGÍA,no IDEOLOGÍA! pic.twitter.com/igbmhDXW6E

— MARCO FIDEL RAMÍREZ (@7MarcoFidelR) 20 de mayo de 2017

Fuente Dosmanzanas

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Magnífica iniciativa del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), que junto a la rama española de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA-Spain), la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud (AECS) y el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCat) han promovido la primera “OUTlist” de la sanidad española.

Las “OUTlists” son espacios asociados a una institución, en los que todos los miembros que lo deseen pueden dejar constancia de que pertenecen a la comunidad LGTBQ+ o de que simplemente la apoyan este movimiento. Es un formato relativamente común en universidades estadounidenses (un ejemplo es la OUTlist de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford) y que ahora los estudiantes de Medicina introducen en España, “apostando por la necesaria eliminación de las barreras generadas por orientación sexual e identidad o expresión de género”. La OUTlist constituye el germen de una comunidad de personas implicadas en la transformación de las dinámicas cotidianas tanto de las facultades como de los hospitales y centros de salud universitarios, y que además reivindican una formación específica en diversidad sexual y de género para garantizar una adecuada asistencia sanitaria a todas las personas.

“Como futuros médicos, queremos dar aval y amparar a todas las personas que sienten que no pueden desarrollarse de forma plena en sus espacios de clase o de trabajo, que no puedan compartir y vivir su orientación sexual o expresión e identidad de género. Queremos que aquellas personas aliadas o que se identifiquen como LGTBQ+ que voluntariamente quieran proponerse como mentores para acompañar a estudiantes de ciencias de la salud, profesionales o familiares puedan hacerlo de una manera accesible para todos y todas”, ha declarado al respecto Aarón Otero, coordinador de la Comisión de Salud Pública del CEEM. “Esta es una acción que pretende construir un cambio profundo, fomentando que los espacios donde nos desarrollamos dejen de ser violentos y excluyentes para muchas de las personas que los habitamos”, ha añadido.

Uno de los grupos que con mayor ilusión ha respaldado la iniciativa es el grupo de trabajo de Salud Reproductiva, Sexualidad, VIH/sida y otras ITS de IFMSA-Spain, una de cuyas líneas maestras es precisamente la educación en la diversidad y salud sexual. “Son varios años los que llevamos luchando y trabajando como estudiantes de medicina porque en el mundo sanitario se considere la sexualidad como parte esencial de la identidad de las personas y, por lo tanto, como determinante de su salud como pacientes. Nuestra existencia se fundamenta, precisamente, en esta falta de un enfoque de la asistencia sanitaria que integre esta paleta de colores que nos rodea en las calles y sentimos en nuestro interior respecto a la sexualidad: identidades de género, vivencias del sexo, etc.”, ha comentado a este respecto uno de sus coordinadores, Daniel García Abiétar.

Una sensibilidad parecida muestra coordinadora del grupo de salud sexual y reproductiva  de la AECS, Laura Lalucat. “Defendemos que los servicios sanitarios garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, de forma que estos sean inclusivos, libres de estigma y discriminación, excluyendo cualquier forma de LGBTQfobia. Todos los individuos deberían ser capaces de ejercer plenamente sus derechos y libertades independientemente de cual sea su orientación sexual y/o identidad de género. Así, como estudiantes de ciencias de la salud, nos consideramos una pieza clave para generar un mundo sanitario donde ninguna orientación ni identidad pueda quedarse fuera del sistema”, ha declarado.

Desde el CEMCAT, por su parte, consideran que “el colectivo LGTBQ+ sufre mucha más estigmatización y discriminación de lo que la sociedad observa”, lo que hace necesario “denunciar los ataques a este colectivo y mostrar nuestro apoyo”. “La iniciativa de la OUTlist es una gran forma de dar voz a todas las personas que son parte de la causa y/o la apoyan, y nos sumamos a ella, sin dudarlo. Esperamos que, con este proyecto, se consiga concienciar más al conjunto de la sociedad y que el colectivo LGTBQ+ tenga sus derechos reconocidos y sus libertades preservadas, algo que es esencial para todos los individuos”, ha expresado Dafne Burgués, presidenta de la organización catalana.

Sin duda, una ambiciosa iniciativa que puede dar lugar a un cambio profundo en la forma en la que la sanidad española ha abordado hasta el momento la diversidad sexual y de género. Si perteneces al colectivo sanitario, puedes sumarte a ella a partir de este enlace. Y si quieres consultarla, puedes hacerlo aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Mark Green, el político ultraconservador propuesto por Donald Trump como secretario del Ejército de los Estados Unidos, ha renunciado finalmente a ocupar dicha posición tras divulgarse su historial profundamente anti-LGTB. Green, senador estatal de Tennessee e impulsor de un proyecto de ley anti-LGTB en ese estado, era el candidato de Trump para suceder al abiertamente gay Eric Fanning (propuesto por Barack Obama en septiembre de 2015 y confirmado luego por el Senado tras varios meses de espera), y se encontraba a la espera de que el Senado de los Estados Unidos confirmase su nombramiento. 

El nombramiento de Eric Fanning supuso en su momento un hito en la visibilidad de las personas LGTB en la administración estadounidense. The United States Army, en su denominación original, es la mayor de las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que también se componen de la Marina, la Fuerza Aérea o el cuerpo de marines). Sería, por tanto, el equivalente al Ejército de Tierra español. El secretario es nominado directamente por el presidente de los Estados Unidos, debiendo recibir la aprobación del Senado, y se sitúa en el escalón inmediatamente inferior al del secretario de Defensa. Fanning fue la primera persona abiertamente LGTB en ocupar dicha posición.

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, y al igual que todos los altos funcionarios de la administración Obama, Fanning abandonó dicha posición, que durante estos primeros meses ha estado ocupada en funciones por Robert Speer a la espera de que Trump nominase a un sucesor. Tras un primer candidato fallido (el multimillonario Vincent Viola, que renunció por voluntad propia cuando comprobó que no podía compatibilizar el puesto con sus negocios), Trump se decidió finalmente por un político cuyo perfil no puede ser más contrario al de Fanning: Mark Green, que durante un tiempo sirvió como médico militar y que en la actualidad es un destacado miembro republicano del Senado estatal de Tennessee. Representante de la derecha religiosa y muy cercano al Tea Party, Green es además un enemigo declarado de los derechos LGTB.

Como senador, Green ha promovido un proyecto de ley que persigue prohibir que cualquier entidad gubernamental pueda sancionar a negocios o empresas del estado de Tennessee que adopten decisiones discriminatorias sustentadas en sus “reglas de política interna”. Aunque el proyecto no nombra expresamente a las personas LGTB, a nadie se le escapa que se trata de una de tantas iniciativas hechas a medida para bloquear, mediante leyes de alcance estatal, las normativas contra la discriminación de las personas LGTB que numerosas ciudades están promoviendo a nivel local. El proyecto de Green, de hecho, ya ha recibido el visto bueno del Senado de Tennesee, y está solo a la espera de la decisión de la Cámara de Representantes del estado.

La transexualidad, “una enfermedad”

Pero este proyecto de ley no es su único antecedente LGTBfobo. Especialmente importante fue la divulgación de un vídeo de un encuentro de Green con simpatizantes del Tea Party hace varios meses, en el que refiriéndose a la por entonces oposición de la administración Obama a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte y a la polémica sobre el uso de los baños públicos por las personas trans, aseguró que la transexualidad “es una enfermedad”. Unas palabras que hicieron saltar las alarmas entre las familias de los militares LGTB, que desde hace solo muy pocos años pueden mostrar abiertamente su orientación sexual (la derogación del Don’t Ask, Don’t Tell no entró en vigor hasta septiembre de 2011) o su identidad de género (el fin de la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército no entró en vigor hasta el año pasado). Y que motivaron una profunda reacción de colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles, que promovieron una campaña ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado con el objetivo de que este se pronunciase contra el nombramiento de Green.

Finalmente, tras la polémica despertada, y ante la eventualidad de que el Senado rechazase su confirmación para un puesto tan delicado (los republicanos disponen de mayoría por un solo escaño), Green ha dado un paso atrás y ha decidido renunciar, asegurando en un comunicado que sus “creencias cristianas” habían sido manipuladas de forma intencionada por sus enemigos políticos y que prefería marcharse para no perjudicar a Trump.

De la misma forma que hace un mes, cuando se conoció la noticia, comentábamos que pocos relevos simbolizaban tan claramente la profundidad del cambio político en materia LGTB que la victoria de Trump había supuesto, hoy nos congratulamos de que la fortaleza del activismo estadounidense haya sido capaz de conseguir esta victoria.

Fuente Dosmanzanas

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Hace unas semanas te contábamos que el mundo entero estaba escandalizado (no) por el nuevo Modo Restringido que Youtube había conectado en su página y que se había cargado de un plumazo una parte enorme del contenido LGTB que aparecía en sus resultados de búsquedas.

Según intentaron explicar desde la compañía, el filtro se aplica para que el contenido que en algún momento ha sido marcado por X usuarios como “inapropiado” no apareciera en las búsquedas y así hacer que los que no quieran verlo pues no lo vean. Que es una bonita manera de luchar por la integración y el respeto entre seres humanos: ocultándole a los intolerantes lo que no quieren ver. Sí. Porque encima estos intolerantes son los que marcan los vídeos de youtubers LGTB como inapropiados y los que propiciaron este desastre.

Pues parece que la compañía ha arreglado el filtro que jamás debió instaurar. En un comunicado emitido ayer aseguran que el problema ya está solucionado y explican que en ningún momento el Modo Restringido debería haber filtrado contenido de grupos o individuos en base a su género, identidad de género, ideas políticas, raza, religión u orientación sexual: “Ahora hay 12 millones adicionales de vídeos de todo tipo -incluyendo cientos de miles con contenido LGTBQ+- disponibles en el Modo Restringido.”

Además la plataforma de vídeos de gatitos ha puesto a disposición de todo el mundo un formulario para señalar los vídeos que el Modo Restringido sigue filtrando pero no debería ser así. Tú vas, pones la URL del vídeo en cuestión, tienes un apartado para dejar un comentario y todo; y con eso ayudas a que el sistema automático mejore y deje de filtrar lo que no debe.

Fuente EstoyBailando

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Sin el trabajo de las entidades LGTB, las víctimas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género estarían especialmente desprotegidas. Hoy nos hacemos eco de una nueva iniciativa en ese sentido, que surge del colectivo alicantino Diversitat y que tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana. Se trata del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Según datos de Diversitat, en la Comunidad Valenciana se cometen cerca de un centenar de incidentes relacionados con delitos de odio por LGTBfobia al año, muchos de los cuales no se denuncian por miedo a revelar la identidad o a recibir represalias. “Solo en Alicante, durante 2016 se registraron 22 agresiones a personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. En lo que va de año llevamos 11 consultas por agresión”, explican. Son datos, desde luego, superiores a los oficialmente registrados. Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2015 (último año del que hay datos completos publicados), en la provincia de Alicante se registraron solo 5 incidentes (1 en la de Castellón y 11 en la de Valencia). Una discordancia que ya han puesto de manifiesto otras entidades en la Comunidad de Madrid o en Cataluña.

Una realidad ante la cual Diversitat han decidido poner en marcha un Observatorio similar a los existentes, por ejemplo, en esas dos comunidades. De carácter autonómico, asistirá a las personas que hayan sufrido una agresión o incidente de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Valenciana. El acceso será a través de un teléfono y medios telemáticos, como correo electrónico e internet, y pondrá en contacto directo a las víctimas con un equipo de atención psicológica y jurídica especializada que brindará atencion ininterrumpida. El equipo de asistencia, formado por un psicólogo y una abogada experta en delitos de odio, realizará un acompañamiento integral a las víctimas a lo largo de todo el procedimiento policial como, llegado el caso, judicial. Según Toño Abad, “lo que nos encontramos a la hora de realizar el acompañamiento son personas destrozadas que sienten que parte de la culpa de la agresión es debido a ellas, a su aspecto, expresión, orientación o identidad (…) Nuestro trabajo es recomponer a estas personas y darles herramientas, sensación de acogimiento y acompañamiento para que puedan denunciar sin miedo ni temor”.

Según el director del Observatorio, Toño Abad, Diversitat pretende “luchar contra el fenómeno de la infradenuncia”. “La situación que se produce con el miedo a denunciar por no sentir comprensión por parte de los funcionarios, la normalización de la violencia que sufren las personas LGTBI, el sentimiento de culpa muy asociado a la vítima del delito de odio o no querer ser públicamente reconocido por tu orientación o identidad, provocan que muchas víctimas tengan miedo a denunciar”, explica. Esta situación da lugar a que haya delitos penales “que en su mayoría quedan impunes, reforzando precisamente el agresor frente a la víctima”.

Según los datos que maneja Diversitat, la mayor parte de las agresiones son verbales y físicas, pero también psicológicas, de discriminación en entornos laborales o en centros educativos, de acoso, hostigamiento y amenazas. Según Abad, “a veces la violencia es de baja intensidad pero mantenida en el tiempo, lo que a la larga produce crisis de ansiedad, depresión y situaciones emocionales cuya reparacion es muy complicada”. Por ello el asesoramiento psicológico es esencial y formará parte de todo el proceso a través de la atención especializada.

El Observatorio estará compuesto, además del área de asistencia a las víctimas, por una mesa de delitos de odio, en la que participarán todas las entidades e instituciones que quieran sumarse y que coordinará las acciones, políticas y actividades propuestas, así como por un área de análisis, docencia e investigación, que estará coordinada por la Universidad de Alicante (en concreto, por el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y la Unidad de Atención a la Diversidad). El objetivo de esta última es el de documentar, sistematizar y analizar los datos de agresiones.

Futuro convenio con el Colegio Provincial de Abogados

Según explican desde Diversitat, la iniciativa ha sido ya presentada al decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que ha mostrado sun interés por establecer una colaboración con el Observatorio. En palabras de Toño Abad, “es muy importante tener de nuestro lado a las instituciones públicas y a los representantes de la sociedad, y en este caso, el Colegio de Abogados es un gran aliado, tanto a la hora de realizar formación específica en materia de delitos de odio a colegiados y profesionales del derecho como en difundir el servicio que prestamos a sus colegiados de forma que todos los abogados de Alicante tengan conocimiento de que hay entidades que trabajamos específicamente con la víctima de delitos de odio”.

Ambas entidades, de hecho, se han comprometido a elaborar próximamente un convenio de colaboración.

Seguiremos con atención la evolución del Observatorio valenciano contra los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por lo pronto, puedes seguirlo en su cuenta de Twitter.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido al senador estatal de Tennessee Mark Green como futuro secretario del Éjercito de los Estados Unidos. Green, representante de la derecha religiosa e impulsor de un proyecto de ley anti-LGTB en su estado de origen, sucederá al abiertamente gay Eric Fanning, propuesto por Barack Obama en septiembre de 2015 y confirmado luego por el Senado tras varios meses de espera. Ningún otro relevo simboliza tan claramente la profundidad del cambio político en materia LGTB que la victoria de Donald Trump ha supuesto.

El nombramiento de Eric Fanning supuso en su momento un hito en la visibilidad de las personas LGTB en la administración estadounidense. The United States Army, en su denominación original, es la mayor de las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (que también se componen de la Marina, la Fuerza Aérea o el cuerpo de marines). Sería, por tanto, el equivalente al Ejército de Tierra español. El secretario es nominado directamente por el presidente de los Estados Unidos, debiendo recibir la aprobación del Senado, y se sitúa en el escalón inmediatamente inferior al del secretario de Defensa de los Estados Unidos (el “ministro” de Defensa, en terminología europea). Fanning fue la primera persona abiertamente LGTB en ocupar dicha posición.

Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, y al igual que todos los altos funcionarios de la administración Obama, Fanning abandonó dicha posición, que durante estas últimas semanas ha estado ocupada en funciones por Robert Speer a la espera de que Trump nominase a un sucesor. Por fin lo ha hecho, y su perfil no puede ser más contrario al de Fanning: Mark Green, que durante un tiempo sirvió como médico militar y que en la actualidad es un destacado miembro republicano del Senado estatal de Tennessee. Representante de la derecha religiosa y muy cercano al Tea Party, Green es además un enemigo declarado de los derechos LGTB.

Como senador, Green ha promovido un proyecto de ley que persigue prohibir que cualquier entidad gubernamental pueda sancionar a negocios o empresas del estado de Tennessee que adopten decisiones discriminatorias sustentadas en sus “reglas de política interna”. Aunque el proyecto no nombra expresamente a las personas LGTB, a nadie se le escapa que se trata de una de tantas iniciativas hechas a medida para bloquear, mediante leyes de alcance estatal, las normativas contra la discriminación de las personas LGTB que numerosas ciudades están promoviendo a nivel local. El proyecto de Green, de hecho, ya ha recibido el visto bueno del Senado de Tennesee, y está solo a la espera de la decisión de la Cámara de Representantes del estado.

Siendo más que suficiente, el proyecto de ley anti-LGTB no es el único antecedente en el que nos basamos para calificar a Green como un político abiertamente hostil a las personas LGTB. Tras su nominación por Trump se ha divulgado un vídeo de un encuentro de Green con simpatizantes del Tea Party hace varios meses, en el que el senador de Tennessee, refiriéndose a la por entonces oposición de la administración Obama a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte y a la polémica sobre el uso de los baños públicos por las personas trans, que la transexualidad “es una enfermedad”. Es esa misma intervención Green se mostraba convencido de que Obama no nació en Estados Unidos (lo que le convertiría en un presidente ilegítimo, una corriente “negacionista” muy popular entre la extrema derecha estadounidense) y defendía que su país había “tolerado la inmoralidad”.

No es de extrañar que la nominación de Green, que aún debe confirmar el Senado de Estados Unidos (previsiblemente lo hará, gracias a su mayoría republicana), haya hecho saltar las alarmas entre las familias de los militares LGTB, que desde hace solo muy pocos años pueden mostrar abiertamente su orientación sexual (la derogación del Don’t Ask, Don’t Tell no entró en vigor hasta septiembre de 2011) o su identidad de género (el fin de la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército no entró en vigor hasta el año pasado). Y es que hasta la fecha pocos relevos simbolizan tan claramente la profundidad del cambio político en materia LGTB que la victoria de Trump ha supuesto.

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Sandra Ramírez, una mujer de 38 años, ha sido víctima de una agresión lesbófoba en Chile. Dos hombres y una mujer con simbología nazi se ensañaron verbal y físicamente con ella en la calle cuando se dirigía a su puesto de trabajo. Los agresores la trataron de “lesbiana asquerosa”, “maricona” y “escoria”, además de propinarle puñetazos y darle golpes con una botella. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) confiesan que es la primera denuncia de una mujer lesbiana por ataque en la vía pública a manos de desconocidos. Asimismo, han querido poner en valor la “valentía” de Ramírez por “atreverse a denunciar el atropello, lo cual es poco común”.

Dosmanzanas recogía hace solo unos días el incremento de casi un 30% en los casos de LGTBfobia en Chile, incluyendo cuatro asesinatos. El informe, como decíamos, ha registrado un total de 332 casos o denuncias por odio hacia la orientación sexual o la identidad de género en el año 2016. Por primera vez en 12 años, las personas transexuales y las mujeres lesbianas denunciaron más abusos que los gais, concentrando el 28%, el 24% y el 23% del total de casos, respectivamente.

En esta línea se enmarca la brutal agresión que ha sufrido Sandra Ramírez. La víctima caminaba hacia una parada de autobuses, para acudir a su trabajo, cuando dos hombres y una mujer se le acercaron y comenzaron a imitar sus gestos y su forma de caminar. Al mismo tiempo le espetaron exabruptos lesbofóbicos como “lesbiana asquerosa”, “maricona” y “escoria”.

Los agresores, con simbología nazi visible, no se contentaron con las palabras hirientes y pasaron en poco tiempo a los golpes. Así lo relata Ramírez: “Se acercaron donde mí, me dieron repetidos puñetazos y me golpearon con una botella, mientras gritaban que las personas como yo no merecían vivir. Pude darme cuenta que en sus chaquetas tenían el símbolo nazi, lo que me dio mucho miedo. No logro sobreponerme por lo vivido”.

Afortunadamente, Sandra Ramírez logró huir del escenario de los hechos, aunque en el ambulatorio le diagnosticaron tec cerrado, esguince cervical y policontusión, ordenándose 8 días de baja laboral. Asimismo, apoyada por su pareja, ha interpuesto la correspondiente denuncia en la comisaría 14 de San Bernardo (capital de la Provincia de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago).

Óscar Rementería, uno de los portavoces del MOVILH, ha dejado claro que “repudiamos con toda nuestra fuerza este cobarde abuso contra una mujer. Es indignante que la homofobia se exprese incluso cuando vas a tu trabajo. Toda nuestra solidaridad con Sandra, de quien destacamos la valentía por atreverse a denunciar el atropello, lo cual es poco común”.

Cinco años sin Daniel Zamudio

Cualquier agresión o asesinato a una persona LGTB, por su mera orientación sexual o identidad de género, despierta nuestra denuncia y más absoluta condena. Todas y cada una de ellas sin excepción. Pero la muerte de Daniel Zamudio nos llegó al alma. A Daniel, de 24 años, le torturaron y asesinaron por ser homosexual en un parque del centro de Santiago. El 27 de marzo se ha cumplido el quinto aniversario del horror. Solo hay que recordar la declaración de Raúl López, uno de los cuatro asesinos, en la que explicaba que cuando le rompieron la pierna a Daniel “sonaron como unos huesos de pollo, y como ya el muchacho estaba muy mal, nos fuimos cada uno por su lado”.

Cabe recordar que en verano de 2012, unos meses después del crimen contra de Daniel, el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgaba una histórica ley antidiscriminación, popularmente conocida como “Ley Zamudio”. Por otra parte,  en 2014 se inauguraba el Memorial por la Diversidad en el Cementerio General de Santiago de Chile, lugar donde descansan los restos de Daniel Zamudio.

Fuente MOVILH/vía Dosmanzanas

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