El obispo católico John Stowe se posiciona en contra de los despidos de trabajadores LGTB en instituciones católicas
Podrían aprender de él los obispos españoles…
El obispo John Stowe ha sido ya noticia en esta página por presidir una oración en un encuentro de católicos LGTB. Ahora vuelve a merecer ser puesto de relieve por su posición en uno de los temas más delicados de la Iglesia institucional en su relación, precisamente, con las personas LGTB: la retirada de puestos de responsabilidad, y en el peor de los casos los despidos, de personas LGTB en instituciones católicas. Sus palabras tienen especial relevancia porque podrían ayudar a personas cuyo medio de vida depende de un sueldo en instituciones católicas.
John Stowe, obispo de Lexington (Kentucky), es franciscano. Hace pocas semanas ya nos referimos a él por presidir una ceremonia de oración en un encuentro de católicos LGTB. Se trataba, en concreto, de un encuentro de New Ways Ministry, una organización norteamericana que trabaja por la inclusión de las personas LGTB en la Iglesia católica, y en presencia de gente de la significación de la hermana Jeaninne Gramick, una de las figuras más prominentes en este campo. Ahora vuelve a ser noticia porque en una entrevista realizada con motivo de su participación en ese mismo encuentro se ha pronunciado sobre el despido de personas LGTB de instituciones católicas.
Según el relato de la entrevistadora, Patricia Lefevere, “Cuando se le preguntó a Stowe cómo creía que la Iglesia debía responder a los casos de empleados LGTB —muchos de los cuales habían sido despedidos de posiciones en la Iglesia mantenidas durante mucho tiempo cuando sus matrimonios del mismo sexo se hicieron públicos o alguien los hizo públicos— remarcó que la iglesia debe ser consistente y no discriminatoria en su trato con sus empleados. ‘Debemos preservar nuestra tradición e integridad como iglesia’, dijo. ‘Nos arriesgamos a contradecirnos a nosotros mismos si queremos que nuestros empleados cumplan las enseñanzas de la Iglesia mientras nosotros no vivimos según nuestras enseñanzas, que siempre se han opuesto a la discriminación de todo tipo’. Stowe consideró que la iglesia podía encontrar una vía para ‘defender nuestra libertad religiosa sin violar los derechos humanos de nadie”.
En el contexto de los Estados Unidos, las declaraciones de Stowe son importantes porque tienen lugar precisamente en medio de un goteo de casos de discriminación hacia las personas LGTB desde que el matrimonio igualitario comenzó a ser una realidad en ese país, y sobre todo desde que el Tribunal Supremo extendiera ese derecho a todo su territorio. No solo se trata, de hecho, de personas que se casan con sus parejas: lo exacerbado de los ánimos hace que el mero hecho de saberse que es LGTB (incluso defender sus derechos públicamente) puede suponer problemas. En algunas ocasiones, la justicia ha acabado dando dado la razón a los despedidos, pero en otros, la ausencia de legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB a nivel de los estados lo impide. Recientemente, ha cobrado también protagonismo el caso de personas trans que han visto negado su tratamiento en hospitales católicos, incluso con cancelaciones de última hora.
Pero la relevancia de sus declaraciones va más allá de los Estados Unidos y afecta a todas aquellas regiones en las que la Iglesia católica tiene un peso importante, como España o América Latina. Sobre todo, merecen ser destacadas porque suponen una interesante argumentación para acabar con los despidos o las retiradas de sus funciones a personas LGTB sin necesidad de un cambio doctrinal. Como señala el propio Stowe, se puede apelar a ser fieles a la propia doctrina de no discriminar para mantener a estas personas en sus puestos.
Con razón podrá argumentarse que este enfoque se queda corto, pero en el terreno práctico podría marcar una importante diferencia, crucial para quienes trabajan o cooperan en instituciones católicas de diverso tipo y no pueden permitirse esperar a una revisión de la doctrina para tener tranquilidad en sus empleos. Hay que tener en cuenta, sumando las instituciones educativas, sanitarias o de otra índole que están administradas de uno u otro modo por la Iglesia católica, que el número de personas afectadas es elevado. Hablamos, además, de un derecho fundamental: el derecho al trabajo.
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