Dos hombres han sido detenidos en Malawi por haber tenido contacto sexual en el domicilio de uno de ellos, que fue asaltado por sus vecinos tras la detención. Ambos se enfrentan a penas de hasta 14 años de prisión. La suspensión de la aplicación de las leyes que castigan la homosexualidad en Malawi, anunciada en 2012 y en 2014 por el Ministerio de Justicia, parece haber llegado a su fin.

Según el relato de la portavoz del departamento de Policía de Kanengo, Ester Nkwanda, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 7 de diciembre en Lilongüe, la capital del país. Cuthbert Kulemela, de 19 años, y Kelvin Gonani, de 39, habían salido del bar donde habían estado tomando copas y se habían dirigido a casa de Gonani. Cuando Kulemela abandonaba el domicilio, se encontró con lo que la portavoz denomina “miembros de la policía comunitaria”, que le interrogaron acerca de lo que había sucedido entre los dos en el interior de la casa. Kulemela afirmó que habían estado “haciendo el amor”, lo que provocó que procedieran a la detención de ambos, mientras sus vecinos invadían el hogar.

Kulemela y Gonani se enfrentan a cargos por sodomía, lo que puede acarrearles penas de hasta 14 años de prisión. Según informaciones, ambos se encuentran en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación. Lamentablemente, las mismas fuentes hacen referencia a que, durante ese proceso investigativo, los dos detenidos habían sido ingresados en el Hospital Central de Kamuzu para “ser evaluados”, lo que hace temer que hayan sido sometidos a la infame tortura de las inspecciones anales para probar su homosexualidad.

La detención de Kulemela y Gonani parece evidenciar que la suspensión de la aplicación de las leyes que castigan la homosexualidad en Malawi, repetidamente anunciada por las autoridades malauís, ha concluido, aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo se han dictado instrucciones a ese respecto.

Una ley repetidamente suspendida y reanudada

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la presión y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión inmediata de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país.

Pero pocos días después, el ministro Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

La Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión.

En julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justica y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad. Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación.

Ahora, sin noticias de que la Corte Constitucional haya dictaminado aún al respecto, salta la noticia de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, lo que hace temer que la moratoria haya concluido definitivamente.

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Son varias las organizaciones que han realizado un análisis de las propuestas en materia LGTB de los partidos más importantes cara a los elecciones generales del próximo domingo. Presentamos hoy tres de estos análisis, los realizados por FELGTB, Federación Andaluza Arco Iris y Fundación Triángulo, este último especialmente detallado. Os invitamos a consultarlos, analizarlos y contrastarlos, en caso de duda, con los programas originales de los partidos. Por encima de las diferentes sensibilidades, matizaciones y divergencias de criterio, una cosa resulta clara: el PP es, con diferencia, la formación estatal que menos interés demuestra en proponer avances. 

FELGTB

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales asegura haber mantenido reuniones con todas las formaciones políticas de ámbito estatal, a excepción del PP, que no quiso. “PSOE, IU [que a estas elecciones se presenta con el nombre de Unidad Popular], Podemos, Ciudadanos y UPyD acogieron las demandas y las integraron de diferentes maneras en sus programas electorales o se comprometieron en firme en las diferentes reuniones, que la FELGTB ha analizado para ofrecer una imagen general que ayude a entender cómo se apuesta por la igualdad LGTB en los diferentes partidos. Una vez más, la primera conclusión a extraer es que el Partido Popular no suma derechos”, expresa la FELGTB en un comunicado. Esta organización ha promovido el hashtag #SumaDerechosLGTB para promover sus demandas.

A continuación insertamos la infografía realizada por la FELGTB, en la que se observa con claridad cuál es el partido menos comprometido con los derechos LGTB…

Federación Arco Iris

La Federación Andaluza Arco Iris ha elaborado otra infografía, en la que valora también las propuestas de las mismas seis formaciones que valora la FELGTB. Cambian, eso sí, los aspectos evaluados, que dejan traslucir las distintas sensibilidades existentes en las organizaciones (mientras que la FELGTB valora la postura de los partidos sobre la atención sanitaria a las personas trans migrantes, Arco Iris lo hace sobre la gestación subrogada, por mencionar dos ejemplos).

En cualquier caso, hay una coincidencia importante: el PP sigue siendo el partido que en cualquier caso menos avances propone en materia LGTB:

Fundación Triángulo

Pero si alguna valoración merece especial atención, por ser más representativa de la diversidad territorial y política de España, esa es la de Fundación Triángulo, que disecciona los programas de un número mayor de fuerzas políticas (incluyendo varias de ámbito autonómico) y teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay varias plataformas de confluencia participadas por Podemos (en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana) con programas propios, o que PSOE y PSC son en realidad dos partidos distintos. Aún así quedan fuera algunas fuerzas, como por ejemplo PACMA, a uno de cuyos candidatos entrevistábamos hace pocos días.

En este sentido, Triángulo ha elaborado dos infografías, una “abreviada” que representa el número total de propuestas, sin dar más importancia a una que a otra:

Y otra segunda que muestra con mayor detalle cuáles son esas propuestas:

Es más, Fundación Triángulo ha elaborado una amplia comparativa de los programas electorales en materia LGTB de 58 páginas (que puedes descargar aquí), además de recopilar en una página los programas electorales completos de muchos de los partidos analizados.

Triángulo, en este sentido, sí reconoce al PP tres propuestas genéricas, en materia de no discriminación, empleo y lucha contra el acoso escolar, aunque sigue siendo, de las fuerzas políticas de ámbito estatal, la más regazada con muchísima diferencia. Triángulo, además, se atreve a valorar como programa “más completo” el de Compromís-Podemos, “seguido muy de cerca por PSOE, UP-IU, Podemos y Ciudadanos”.

Triángulo anticipa, en este sentido, que si las diferentes encuestas no se equivocan no debería haber problemas en aprobar una ley contra la LGBTIfobia, una ley integral de transexualidad no patologizante y en adoptar medidas contra el acoso escolar. La devolución del derecho a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja varón también parece factible, aunque Triángulo no acaba de ver del todo clara la postura de Ciudadanos.

Sobre la gestación subrogada pocos partidos se pronuncian. Ciudadanos, UPyD y Democràcia i Llibertat (la marca electoral de Convergència Democràtica de Catalunya el próximo 20-D) son partidarios de regularla con garantías jurídicas para las partes implicadas, mientras que Unidad Popular-Izquierda Unida se opone expresamente. Por lo que se refiere a cambios en la propia Constitución Española, Podemos propone incluir expresamente la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en el artículo 14, mientras que el PSOE defiende blindar constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Agradecemos el trabajo hecho por las organizaciones LGTB, y muy especialmente el nivel de detalle alcanzado por Fundación Triángulo. No puede decirse, desde luego, que no exista información disponible sobre lo que propone cada partido. Ahora lo que toca es convertir nuestra queja por el retraso en materia LGTB que hemos tenido que soportar estos últimos cuatro años en votos.

Fuente Dosmanzanas

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Seis jóvenes tunecinos han sido condenados a tres años de prisión por mantener relaciones homosexuales. El juez ha dictado además el destierro de su lugar de residencia, la localidad de Kairuán, durante los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena. La escalada homófoba en el país magrebí también ha causado el exilio de Hedi Sahly, uno de los vicepresidentes de la asociación LGTB Shams, puesta en el disparadero desde el propio Parlamento tunecino por uno de sus diputados, que la ha calificado de “peligrosa para la paz social”, y desde el mismo Gobierno del país, que ha solicitado a las autoridades judiciales su disolución. Shaly explica que ha recibido serias amenazas de muerte por su lucha por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga la homosexualidad.

El Código Penal de Túnez establece en su artículo 230 la condena a 3 años de prisión para los que sean «culpables» de sodomía pero esta normativa incluye también a extranjeros en el territorio tunecino. En febrero pasado conocíamos el caso de un sueco de 50 años de edad que era condenado a dos años de cárcel por homosexualidad. El terror se recrudece porque este mes, seis jóvenes han sido encarcelados para cumplir una condena de tres años acusados de relaciones sexuales homosexuales, según un grupo LGBTI local llamado Shams , que el Gobierno tunecino pretende disolver.

Los hombres fueron condenados por un tribunal de Kairouan este pasado jueves, 10 de diciembre, después de que se vieron obligados a someterse a exámenes anales para «probar su culpabilidad». Además, uno de los jóvenes fue condenado a seis meses adicionales de prisión por ‘exhibicionismo’ tras encontrar la policía videos de contenido sexual gay en su ordenador.

El tribunal también ha desterrado a los seis acusados de su ciudad natal de Kairouan durante un periodo de cinco años. Una condena que comenzará a aplicarse después de completar sus condenas carcelarias. Kairouan es la cuarta ciudad más sagrada en el Islam y atrae a peregrinos de todo el mundo musulmán. Una ciudad donde se aplica a rajatabla la ultraconservadora Sharia.

Los activistas LGBTI de Shams han protestado contra este juicio al que consideran “injusto” y piden a la sociedad civil movilizarse para la liberación de los seis prisioneros. El grupo condena la vigencia del artículo 230 por “restringir las libertades individuales y la invasión de la privacidad de los ciudadanos”, escribió el grupo en su cuenta de Facebook.

Esta nueva condena se suma a la del joven Marwen, de 22 años de edad, sentenciado hace unos meses a un año de prisión por el mismo delito. Marwen se hallaba en libertad bajo fianza hasta que se resolviera su apelación, cuya vista también estaba fijada para el 10 de diciembre. Para ese mismo día estaba convocada una manifestación por la asociación LGTB Shams, tanto para apoyar a Marwen como para protestar por el acoso de que es objeto por parte del Gobierno tunecino, que ha pedido a las autoridades judiciales su disolución. La página de Facebook desde la que se convocaba la manifestación se encuentra ahora borrada.

Acoso a los miembros de la asociación LGTB Shams

Precisamente el apoyo a Marwen, cuya sentencia causó revuelo internacional, hizo que los miembros de Shams aparecieran con cierta frecuencia en los medios de comunicación tunecinos solicitando la derogación de las leyes que castigan la homosexualidad. Esas apariciones pusieron en el disparadero a Shams, que fue objeto de ataques en el propio Parlamento tunecino, donde el diputado Ennahdha Abedlatif el Maki llegó a calificar a la asociación LGTB de “peligrosa para la paz social”. Por su parte, el secretario del gobierno de Túnez, Ahmed Zarrouk, solicitaba a las autoridades judiciales la disolución de Shams por su defensa de los derechos LGTB.

Todo ello ha tenido como consecuencia que los miembros de Shams se hayan convertido en objetivo de los fanáticos. Hedi Shaly, uno de sus vicepresidentes, ha comunicado que debe partir para el exilio debido a las serias amenazas de muerte de que es objeto. En una entrevista concedida a HuffPost Tunisie, Shaly detalla cómo ha podido acceder a informes internos del Ministerio del Interior gracias a un familiar que trabaja en ese organismo. En ellos aparece como una de las personas oficialmente bajo amenaza. Las autoridades, sin embargo, le han negado cualquier protección.

Shaly denuncia también que desde la mezquita de Hammamet se pidió la muerte del portavoz de Shams, Bouhdid Belhadi, residente en la ciudad. Aunque miembros de la policía local se encontraban presentes en ese momento, no se tomó ninguna medida. Sus compañeros de Shams fueron a buscarle para poder esconderle, por lo que ha tenido que abandonar sus estudios universitarios. Por su parte, la policía únicamente se ha puesto en contacto con él para exhortarle a que se comporte de manera más discreta, sin hacer nada más por protegerle.

Otro de los vicepresidentes de Shams, y miembro fundador, es Ahmed Ben Amor, quien también recibe amenazas de muerte diarias, según relata Hedi Shaly. Ha sido golpeado y maltratado por extraños en la calle, le han acosado y atacado violentamente de manera gratuita. Pero lo peor es que, cuando ha intentado interponer alguna demanda por esos hechos, lo único que ha recibido por parte de los policías han sido insultos.

Así pues, Hedi Shaly teme seriamente por su vida, por lo que ha decidido abandonar el país. No tiene claro aún dónde pedirá asilo político, aunque le sirve “cualquier lugar donde me sienta seguro y pueda terminar mis estudios”. En todo caso, continuará con su labor de defensa de los derechos de las personas LGTB tunecinas allá donde se instale definitivamente. La dureza de la vida que abandona se resume con este último testimonio:

En la facultad, las proclamas abiertamente homófobas asumidas por la Unión General Tunecina de Estudiantes, un sindicato estudiantil de tendencia islamista, resuenan contra los estudiantes y militantes LGTB. Acosan a mi padre para que me obligue a dejar de defender a los “maricones”, como nos llaman ellos. Mi hermano, que también está en la universidad, ya no quiere ir a estudiar porque los otros alumnos se burlan de él.

Me engañaron haciéndome creer que ahora éramos libres, que vivimos en una democracia, que ya no había lugar para el miedo. Incluso los partidos políticos y las asociaciones que se dicen progresistas nos han fallado. Las prácticas policiales agresivas continúan contra nosotros con total impunidad. La libertad en Túnez es una quimera.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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Ampliación de la noticia que ya apuntamos hace unos días…

En unos momentos en los que Colombia intenta poner punto final a sesenta años de guerra interna entre guerrillas de izquierda, paramilitares y gobierno, se ha dado a conocer un informe que documenta la violencia que todos los grupos han ejercido hacia las personas LGBT. El documento, de casi 500 páginas y titulado Aniquilar la diferencia, es desgarrador.

El informe, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tras dos años de investigación, fue presentado el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En el documento se narra cómo el Ejército, la Policía, los paramilitares de derecha y las guerrillas estuvieron involucrados en la persecución de quienes tenían una diferente orientación sexual o identidad de género. Mujeres lesbianas y mujeres trans fueron objeto de “violaciones correctivas”, hombres gais eran violados, desplazados o simplemente asesinados en “limpiezas sociales”. No en pocas ocasiones la Policía o el Ejército fueron cómplices de tales acciones, pero el informe no olvida tampoco el papel de la propia sociedad civil, marcado por la indiferencia y la estigmatización.

El informe se distribuye en cuatro partes. La primera presenta las condiciones que hicieron posible que esta violencia sucediera. La segunda analiza qué hicieron los actores armados, quiénes son las víctimas y cuáles fueron los diferentes tipos de violencia utilizados. La tercera se pregunta por el impacto y consecuencias de esta violencia. Por último, se analiza la resistencia de las víctimas, para acabar con las conclusiones y recomendaciones. Para el estudio fueron entrevistadas de forma directa 63 víctimas, aunque también se realizaron talleres colectivos de memoria en los cuales participaron diversos grupos de víctimas.

El informe contiene historias indignantes como la de los ring de boxeo de San Onofre, donde se obligaba a los gais a pelear para que “mostraran hombría”. Un “espectáculo” organizado por los paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María, que se celebraba a la vista de los habitantes del pueblo como un mensaje de rechazo a la diversidad sexual. En algunos casos la violencia demostrada es espeluznante. En Caquetá, por ejemplo, los paramilitares empalaron a un gay por mantener una relación sentimental con un guerrillero de las FARC. También espantosa la narración del asesinato de una mujer trans que hace Sandra, otra mujer trans de Tumaco: “Después de violarla, con cortauñas cortarle los dedos, pedacito a pedacito, y luego de ahí meterle un plátano popocho de esos gruesos por el ano y luego agarrarlo y aplastarle la cabeza, eso lo pasaron por El Extra, la muerte de ella fue horrible”.

El informe del CNMH muestra además la relación de la violencia ejercida contra las personas LGTB en el contexto del conflicto con la LGTbfobia social reproducida en el seno de las familias y de la Iglesia: “La memoria de estas víctimas del conflicto armado ha insistido en señalar esa conexión, y ha insistido también en que, si la comunidad, la escuela o la familia, e incluso, las instituciones religiosas tuvieran un accionar distinto, existiría la posibilidad de disminuir estas violencias (…) así como sus consecuencias”.

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Diez años después Fernando Savater vuelve a cargar desde las páginas de El País contra la igualdad de las personas LGTB. Como hiciera entonces, el mediático intelectual y ahora candidato al Senado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha vuelto a tener palabras despectivas hacia la homoparentalidad, en concreto hacia el derecho de las parejas de mujeres (y también de mujeres solas) a recurrir a la reproducción asistida para ser madres.

En una columna titulada Discriminar, Savater muestra su enfado por la reciente condena de un tribunal al Hospital Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. “Pues bien, apúntenme en la lista de los malos (…) Que una mujer sana procree un hijo artificialmente para abolir al varón (o que uno o dos hombres utilicen un vientre de alquiler para un fin semejante pero inverso) es realmente discriminatorio para el recién nacido, huérfano programado y privado de una de las dos líneas de filiación que pertenecen a la condición humana. Es lícito querer ser padre o madre, pero querer ser padre sin madre o madre sin padre puede ser aceptado por un juez pero no por la reflexión ética, ya que hurta a un tercero una parte esencial de su aventura personal. Cualquiera puede criar a un niño, sean cuales fueren sus gustos eróticos, pero nadie participa en la paternidad como pareja de una probeta”, argumenta Savater.

Palabras muy similares a las que escribió, también en El País, tres días antes de la histórica aprobación por las Cortes Generales de la ley que hacía posible el acceso de gais y lesbianas al matrimonio civil, algo que no gustó demasiado a Savater, según el cual una cosa era ver reconocida legalmente “ciertas formas de convivencia” y otras llamarlas matrimonio, “denominación que recibe la familia formada por una pareja de distinto sexo”. “Invocar la igualdad de derechos en este campo es una tontería, porque las condiciones desiguales permiten derechos específicos para cada una”, argumentaba.

También entonces (era un artículo de opinión bastante más largo que el ahora publicado) Savater cargaba contra la homoparentalidad buscada a través de la reproducción asistida, al asegurar que “nadie tiene derecho a programar y fabricar huérfanos en probeta para complacer a solteros o parejas del mismo sexo“. “Decir que tener padre y madre puede ser sustituido por tener dos papás y dos mamás es una sandez del mismo calibre que sostener que pueden tenerse dos pies izquierdos”, llegaba a escribir (en aquel momento no existía nuestra web, pero dos años después recuperamos aquellas palabras en nuestra sección Una carta en dosmanzanas).

Han pasado diez años, pero el fondo homófobo de Fernando Savater parece seguir igual de robusto. Al igual, por cierto, que la tolerancia del diario El País hacia los textos homófobos… y no solo con Savater. Aún recordamos, los que tenemos memoria, el infame artículo de opinión publicado por ese periódico en 2004 No puede ser en derecho lo que no es por naturaleza, en el que el ya fallecido Rafael Termes revistió de intelectualidad las que entonces eran posiciones contrarias al matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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Ángeles Acosta y Carmen Milagros Vélez con su hija Juliana, Foto del Facebook de Pedro Julio Serrano

Nuevo avance de los derechos LGTB en Puerto Rico, apenas cinco meses después de que comenzasen las bodas entre personas del mismo sexo en el estado libre asociado, sujeto a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (y por tanto a la histórica sentencia que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario). En esta ocasión, una decisión judicial local ha reconocido por primera vez una adopción homoparental. Ya en julio el gobierno de Puerto Rico había ordenado no discriminar a las familias LGTB en el acceso a la adopción, pero es ahora cuando la justicia puertorriqueña falla por fin a favor de una familia cuya lucha se había convertido en todo un símbolo.

Ángeles Acosta y Carmen Milagros Vélez llevaban años intentando que Juliana, hija biológica de Vélez, fuera adoptada por Acosta (su pareja desde hace 25 años) de forma que la adolescente, de 15 años de edad, llevase los apellidos y fuese reconocida como hija de ambas en igualdad de condiciones. En el año 2013, sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico les negó esta posibilidad pese a que el embarazo fue planificado por ambas y logrado mediante inseminación artificial, y que la pareja había contraído matrimonio un año antes en Nueva York (matrimonio que por entonces no era legalmente reconocido en Puerto Rico).

En aquella ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por una ajustada mayoría de cinco votos a cuatro, consideró que la discriminación por razones de orientación sexual no estaba prohibido en la Constitución local, avalando además el criterio de que la familia tradicional era la que protegía mejor el bienestar de los menores. Una decisión que entonces recogimos en dosmanzanas y que fue considerada un duro golpe a la igualdad por los defensores de los derechos LGTB.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, catalizador del cambio

El contexto jurídico, sin embargo, ha dado un giro de 180 grados tras la decisión del Supremo estadounidense del pasado junio, y que ha generado una cascada de normas para eliminar la discriminación de las personas LGTB. Entre ellas la Orden Administrativa 2016-01, que fue emitida por la secretaria de Familia de Puerto Rico, Idalia Colón, que decretaba que los empleados de su departamento debían mostrar un trato igualitario a las familias LGTB y establecía, entre otras medidas, que “los trabajadores sociales y técnicos de servicios a la familia que de alguna y otra forma atienden a esta población en los programas de Protección de Menores y de Cuidado Sustituto y Adopción, tendrán la responsabilidad de realizar su trabajo de manera imparcial y sin prejuicios. La directriz aplicará de manera inmediata y de igual forma aplicará a todo el personal que procese solicitudes de servicios en el Secretariado, la Acuden (Administración para el Cuidado y Desarrollo integral de la Niñez), Adsef (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia) y Asume (Administración de Sustento de Menores)”.

Sin embargo no ha sido hasta ahora, varios meses después, cuando un tribunal de primera instancia de San Juan ha concedido por fin la adopción a Ángeles Acosta de la que siempre ha sido su hija. “Es un día maravilloso para nuestra familia, pero pienso que también es maravilloso para todas nuestras familias, todas las familias diversas, para todos a los que nos han hecho sentir que no somos una familia legítima. Esta vista ha sido hermosa”, declaraba Carmen Milagros Vélez, una vez conocida le decisión. Una decisión que ha sido saludada por el propio secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, como “histórica” y como un nuevo logro de los derechos civiles en la isla caribeña.

“¡HISTÓRICO! Se logra la primera adopción por una pareja del mismo sexo en Puerto Rico. El Estado al fin reconoce -lo que siempre ha sido- que Juliana María Acosta Vélez tiene dos mamás: Angeles y Carmen Milagros. El amor siempre vence. #‎AmorEsAmor”, se felicitaba en Facebook el activista puertorriqueño Pedro Julio Serrano.

Sin duda, un gran paso adelante que convierte en realidad lo que hasta ahora era un cambio legal. ¡Nuestra enhorabuena a la feliz familia! Os dejamos con un vídeo de El Nuevo Día con declaraciones de las dos madres:

Fuente Dosmanzanas

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La República Checa ha hecho historia al reconocer, ante un juzgado, que una pareja gay ha adoptado a un niño. No uno de ellos en solitario como soltero, sino que ambos, de forma totalmente legal, son los padres del crío en cuestión.

Una reciente decisión judicial en la República Checa ha reconocido como tales a los hijos de una pareja del mismo sexo adoptados en California. Los padres gozan así de plenos derechos parentales también en el territorio checo, donde vive la abuela de los niños y donde estos pasan sus vacaciones. La decisión se suma a otra anterior del Tribunal Supremo de ese país que ya reconoció a otra pareja la paternidad de dos hijos. Además, actualmente otro hombre lucha por el reconocimiento de su hija fruto de gestación subrogada.

Se trata de una pareja checo francesa que viven en Estados Unidos y que han adoptado a dos gemelos de 10 años. Todos viven juntos en San Francisco, y el padre de nacionalidad checa está encantado porque ahora pueden viajar a su país sin problema alguno. Antes, cuando los niños iban a visitar a su abuela en vacaciones, el padre no tenía derechos legales sobre los niños y ahora podrán pedir la doble nacionalidad si así lo quieren. La pareja vive feliz en San Francisco, pero no descartan mudarse a la República Checa ahora que su paternidad ha sido totalmente reconocida por un juzgado. Es un precedente que puede hacer historia, ya que ahora no serán pocos los padres del mismo sexo que reclamen el mismo trato. Y así, con un poco de suerte, cambia la ley y se convierte en uno de los primeros países en permitir la adopción gay totalmente legal.

Jindřich (checo) y su marido Franck (de nacionalidad francesa) adoptaron dos niños en California cuando aún estaban en su primer año de vida (ahora tienen diez años). Y aunque viven en San Francisco, los chicos viajan con frecuencia a la República Checa a pasar las vacaciones con su abuela. Durante todos estos años, sin embargo, la familia ha vivido sus estancias en el país en una situación de inseguridad jurídica. Esta situación acabó el pasado 5 de noviembre, cuando un juez de la localidad de Prostějov, en Moravia, decidió reconocer plenos derechos parentales a la pareja. Se basó para ello en un cambio en la legislación local sobre derecho internacional privado, que permite a los jueces checos reconocer las decisiones acerca de tutela de menores adoptadas en otros países.

La sentencia ha sido recibida con satisfacción por los padres: “Ahora podremos obtener la ciudadanía checa para nuestros hijos, lo que nos permitirá mudarnos a Chequia. Facilita también nuestros viajes por Europa y a los chicos se les abren las puertas de las escuelas checas. Si pasara algo, Dios no lo quiera, tendríamos derecho a decidir sobre cuestiones médicas. Los chicos se sienten muy bien en Chequia, adoran los knedlíky* de su abuela y les encantaría quedarse aquí” [*masa cocinada de pasta de pan o patata, rellena o no, que acompaña diversos platos con salsa o sopas].

No se trata, de hecho, de la primera vez que en la República Checa se produce este reconocimiento gracias al mencionado cambio legislativo. Este mismo año, otra sentencia judicial, esta vez del Tribunal Supremo, reconoció los dos hijos de otra pareja del mismo sexo. Asimismo, actualmente otro hombre se está esforzando por obtener el reconociendo de paternidad de su hija, que nació por gestación subrogada.

En España es aún bastante difícil de imaginar que sea una realidad con un gobierno que aún permite que se celebre el recuerdo de Franco (y se reúne con Rusia para limitar los derechos de los gays), pero es un hecho que los padres LGBT existen y es una de las luchas sociales que no debemos abandonar.

República Checa y derechos LGTB

Todo esto se produce en un contexto local en el que se ha intentado en vano durante un año aprobar la adopción del hijo biológico de una persona por parte de su pareja del mismo sexo: hay una propuesta de enmienda a la actual ley de parejas (registrované partnerství) pero lleva un año estancada debido a la oposición de los democristianos, una de las las tres fuerzas que componen la coalición de gobierno. Sin embargo, el ministro de Derechos Humanos, Jiří Dienstbier (socialdemócrata) y el de Justicia Robert Pelikán, de ANO (literalmente “sí” en checo: un partido de corte liberal fundado por un multimillonario), han señalado que si el Parlamento no la aprueba tratarán de promover otra enmienda a la ley de parejas para permitir la adopción. Así es al menos si damos crédito a Petr Kalla, un abogado que está representando a parejas del mismo sexo en los tribunales checos.

Por lo demás, estos desarrollos son coherentes con el contexto checo, una de las pocas excepciones a la potente homofobia que impera en lo que antaño fue el otro lado del telón de acero. Si atendemos a los datos del Pew Research Center en 2013, un 80% de los checos considera que la sociedad debería aceptar la homosexualidad (por comparación, España tiene un 88% y Alemania un 87%; Italia, en cambio, se queda en el 74%. La República Checa fue además el primer país del antiguo bloque comunista con una ley de parejas, aprobada en 2006 (registrované partnerství), adelantándose en varios años a Hungría (donde la situación sociopolítica actual es sin embargo mucho más hostil a los derechos LGTB), Estonia, Croacia y Eslovenia (único país de la región que ha aprobado el matrimonio igualitario, pero que al haber pertenecido a la antigua Yugoslavia no fue parte del bloque “soviético” aunque sí comunista). Por otro lado, los checos se han sentido históricamente como un puente entre la Europa occidental y la centro-oriental. Sentencias como la que hoy recogemos apuntan a la veracidad de este sentimiento.

Fuente Dosmanzanas y Cromosomax

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El veterano periodista ruso Vladimir Pozner ha declarado en una entrevista concedida a Business-Gazeta.RU que las leyes homófobas vigentes en su país son “una reliquia de la era soviética carente de sentido”, y que deben ser derogadas. El informador estima que “ya es hora de que los políticos dejen de centrarse en la sexualidad de la gente”. Pozner es una de las pocas voces dentro de los medios de comunicación rusos que se ha atrevido a criticar la persecución que sufre la población LGTB de su país.

Vladimir Pozner, de 81 años de edad, es un conocido periodista y presentador de la primera cadena de la televisión rusa, donde produce y presenta un programa semanal de actualidad que es visto por más de 10 millones de personas. Su prestigio y reconocimiento provienen de los años 80, donde condujo una serie de programas emitidos simultáneamente en Leningrado y los Estados Unidos, que tuvieron un enorme éxito, sobre todo en el lado soviético. También es fundador de la más importante escuela de periodismo televisivo de Rusia. Siempre se ha destacado por su defensa sin ambages de los derechos humanos, aunque ha reconocido en su memorias que “se ha vuelto más difícil hablar abiertamente” de estos asuntos desde la llegada al poder de Vladimir Putin.

Entrevistado por el medio Bussines-Gazeta.Ru, Pozner se ha referido a las leyes que castigan la llamada “propaganda homosexual ante menores” en Rusia, aprobadas a nivel federal en junio de 2013. El periodista cree que, a pesar de haberse instaurado recientemente, son una reminiscencia de las leyes de la época soviética que castigaban penalmente la homosexualidad. Las encuentra además “carentes de sentido” porque “no podemos convertir en gay a un hombre heterosexual, si realmente es heterosexual, de la misma manera que no podemos convertir en heterosexual a un gay”. Pozner no teme ser contundente y explícito al respecto: “Si dos hombres quieren acostarse juntos, ¿en qué te afecta eso a ti? Si no te gusta, nadie te obliga a unirte a ellos”.

El periodista muestra su extrañeza cuando le preguntan sobre si los activistas LGTB tratan de “imponer su cultura en Rusia” vulnerando los “sentimientos religiosos” de la mayoría de la población. Pozner cree que quienes creen afectadas sus creencias religiosas deben preguntarse “si Dios está en el origen del mundo, también es el padre creador del 10 % de la población del planeta que es LGBT”, y que si  ese porcentaje de la población no es de su agrado “deberían enviar a Dios sus reproches y críticas”.

Vladimir Pozner recibió en 2013 la medalla de oro de GLAAD por su defensa de los derechos de las personas LGTB durante los Juegos Olímpicos de Sochi. En aquella ocasión, preguntado sobre cómo afectaba a la población LGTB la legislación vigente en Rusia, contestaba lo siguiente:

Los gais rusos viven unos momentos muy duros. He conocido a algunos que han estado al borde del suicidio. Otros quieren salir del país. Este es un país homófóbo. Estimo que el 85 % de la población es muy, muy homófoba. Quiero decir que puede llegar a ser algo físico. Están en una situación muy difícil. Y la ley que se ha aprobado, a pesar de que dicen que es una ley para proteger a los menores de la propaganda gay, de hecho, juega a favor de esa mentalidad homófoba.

Efectivamente, recientes encuestas evidencian el incremento de la intolerancia hacia las personas LGTB, desde la aprobación de las leyes homófobas, por parte de la población rusa. Según esos estudios, un 21% de los ciudadanos rusos estaría a favor de que los homosexuales fueran “liquidados”, mientras que un 37% opina que deberían ser aislados del resto de la sociedad. Más de la mitad de la población rusa, por tanto, estaría a favor de tomar medidas drásticas contra sus conciudadanos homosexuales.

La absoluta desprotección de la comunidad LGTB rusa

Dosmanzanas realiza habitualmente un seguimiento bastante intensivo de las noticias sobre la realidad LGTB de Rusia. Desde la aprobación de las leyes homófobas de estado, no hemos dejado de tener que trasladar a nuestros lectores informaciones sobre la práctica impunidad con que actúan grupos como Occupy Pedofilyaj y similares, dedicados al acoso, tortura e incluso asesinato de personas LGTB, que son, tímidamente perseguidos por las autoridades.

En lugar de perseguir a quienes agreden y torturan, las autoridades alientan aún más la homofobia con leyes como la aprobada en 2013, que prohíbe informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que permite que quienes simplementede enarbolan una bandera arcoíris o  reivindican la celebración del Orgullo son detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

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Una nueva compañía estadounidense se ha unido a aquellas que muestran a personas o familias LGTB en sus campañas publicitarias. Una decisión que adoptan muy pocas empresas, hasta el punto de que se convierte en noticia por lo poco habitual. En este caso ha sido la aseguradora Allstate, una de las líderes del sector en los Estados Unidos y Canadá, la que ha decidido ampliar sus miras. Adaptada a los tiempos, la compañía también ofrece publicidad online, a través de su canal en YouTube, y allí es donde ha alojado recientemente varios vídeos que muestran a distintas familias estadounidenses, que comparten en más o menos dos minutos sus preocupaciones y anhelos.

Una de las familias elegidas es la formada por Danny y Andrew, que comentan cómo les ha cambiado la vida desde que adoptaron a su hija Nora Alice. El vídeo les muestra junto a la pequeña en momentos entrañables, a los que también se unen los abuelos, tíos y demás allegados, visiblemente felices con el nuevo miembro de la familia. Lo podéis comprobar en el vídeo que insertamos a continuación (en inglés, pero las meras imágenes ya son elocuentes):

Danny y Andrew no olvidan, sin embargo, todas las dificultades a que se han debido enfrentar, ni tampoco las que están por venir. Así lo resume uno de ellos: “Hemos conseguido casarnos y tener una niña. Hace veinte años, eso no habría pasado. Así que mi esperanza es que ella no se enfrente a los mismos obstáculos que nosotros. Aunque no le deseo que no tenga obstáculos. Pero solo los que le hagan así de fuerte“.

Aunque ha habido algún comentario negativo, en el que afirman que van a buscar otra compañia de seguros, la inmensa mayoría de ellos son favorables y de felicitación a Allstate por su publicidad inclusiva. Tanto la decisión de la aseguradora al respecto, como la respuesta del público son reflejo de una tendencia creciente de aceptación y tolerancia en la sociedad estadounidense, si bien quienes se oponen a los derechos LGTB, aun siendo minoritarios, logran habitualmente causar más “ruido” mediático con sus proclamas.

Como ejemplo de esa nueva situación sirven las declaraciones de Linda Harvey, una fanática miembro de la organización LGTBfoba Mission: America’s, que se quejaba por que el conocido día de rebajas Black Friday (nuevo en Europa, pero toda una institución en los Estados Unidos) estaba siendo vedado para los cristianos. El motivo es que el número de compañías comerciales que han adoptado medidas antidiscrimitarias para su personal LGTB, o que se han declarado a favor de sus derechos, se ha incrementado exponencialmente. Por el otro lado, las marcas y comercios que se han declarado contrarias a esos derechos ha disminuido drásticamente. La consecuencia es que quienes quieren boicotear a las compañías que respaldan al colectivo LGTB no pueden realizar sus compras en ninguno de los grandes establecimientos, cadenas y franquicias comerciales estadounidenses, y muchos menos adquirir online. Se tienen que conformar con comercios de menor rango que simplemente no han dado opinión alguna al respecto.

Aunque la diatriba de Linda Harvey sea tan exagerada como su fanatismo, la realidad es que las grandes corporaciones empresariales estadounidenses se muestran cada vez más favorables y beligerantes respecto a los derechos LGTB, hasta el punto de que su presión ha causado que se reviertan leyes contrarias a los mismos, como ocurrió en Indiana y Arkansas.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido un informe que revela unos escalofriantes datos: Hombres y mujeres trans sufren violencia, pobreza y se ven obligados a realizar trabajos sexuales. Una investigación del Registro de Violencia revela que el 80% de las mujeres trans asesinadas en América Latina tienen menos de 35 años.

Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su recién publicado informe sobre la violencia perpetrada contra las personas LGTBI en América. Pese a los indudables avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos que se han dado en varios países de la región, continúan registrándose altos índices de violencia en todos ellos, “con altos niveles de ensañamiento y crueldad”. Pero además la CIDH alerta sobre la invisibilidad de la violencia cotidiana que afecta a estas personas y que no se denuncia ni se reporta en los medios.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, integrada por siete miembros independientes. Hace ahora dos años puso en marcha una relatoría dedicada a los derechos LGTBI, al frente de la cual se sitúa la abogada jamaicana Tracy Robinson. Meses después emitió unas primera valoración de la situación de las personas LGTBI en el continente americano, y ahora publica un completo informe de 309 páginas que aborda las variadas formas de violencia contra las personas LGTBI, basado entre otros elementos en el registro que la CIDH llevó a cabo durante un período de 15 meses (entre enero de 2013 y y marzo de 2014), durante el cual se documentaron al menos 770 actos de violencia contra personas LGTB, incluyendo 594 muertes.

El informe muestra que hombres gais y mujeres trans constituyen la mayoría de las víctimas de asesinatos y actos de abuso policial, mientras que las mujeres lesbianas y bisexuales son afectadas particularmente por la violencia intrafamiliar y violencia sexual. El colectivo de mujeres trans, por su parte, es el grupo más afectado por la violencia policial. “En su gran mayoría se encuentran insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que suele comenzar desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, centros educativos y comunidades, que se refuerza por la falta de reconocimiento legal de su identidad de género en la mayoría de los países de la región”, expresa la CIDH en un comunicado.

Los investigadores dicen que la corta esperanza de vida de las mujeres trans no es sólo debido a la violencia dirigida contra ellas. La discriminación y la exclusión social, a menudo desde una edad temprana por ser expulsadas de sus hogares, aisla a las personas trans. Como resultado de la precariedad y la pobreza, no siempre pueden acceder a una vivienda y, a menudo, tienen que trabajar en la industria del sexo. La OEA también dice que las mujeres trans se encuentran en mayor riesgo de abuso policial, criminalización y de entrar en prisión. La exclusión social y la pobreza que enfrentan hacen que sea más difícil para las mujeres el acceso a la atención médica adecuada.  Pero no sólo es una cuestión femenina porque los hombres trans también sufren, dice el informe. A menudo son objeto de violencia, aunque más de sus familias y de las personas cercanas. A los hombres trans también les resulta más difícil acceder a la educación y la sanidad.

La violencia a la que se enfrentan las personas intersexuales tiene para la CIDH rasgos diferentes. En este caso, se trata sobre todo de que los menores intersexuales son frecuentemente sometidos a intervenciones quirúrgicas que en su mayoría no son médicamente necesarias con el único objetivo de modificar sus genitales y que se parezcan más a los de un niño o una niña. Estas cirugías se suelen realizar, obviamente sin su consentimiento, a bebés recién nacidos o niños y niñas de muy corta edad, y pueden causar enorme daño (dolor crónico, falta de sensibilidad genital, esterilización, capacidad reducida o nula para sentir placer sexual y trauma)

El informe analiza también la intersección con otros factores, tales como etnia, sexo, género, situación migratoria, condición de activista en favor de derechos humanos o pobreza. Las personas LGTB y pobres, por ejemplo, son aún más vulnerables al acoso policial y presentan tasas más altas de criminalización y encarcelamiento.

La mayoría de actos de violencia quedan impunes

Otra conclusión del informe es que la gran mayoría de asesinatos y actos de violencia quedan impunes, por diversas razones: miedo a denunciar, inadecuado registro del problema, abordaje inadecuado por parte de las autoridades, fallos en las investigaciones… “La inefectividad por parte de los Estados de aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los asesinatos y otros crímenes violentos contra las personas LGBTI guarda estrecha relación con los prejuicios y estereotipos que los agentes del Estado tienen sobre las víctimas”, expresa la CIDH. “Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de la violencia contra las personas LGBTI, como ocurre en la mayoría de los casos, se genera una impunidad frente a estos delitos que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia”, continúa.

El informe no se olvida del vínculo entre legislaciones discriminatorias y violencia. “Leyes de sodomía, indecencia seria e indecencia grave, protección de la ‘moral pública’ y ”las buenas costumbres’, entre otras, continúan siendo un problema grave en la mayoría de los países anglófonos del Caribe. Aunque estas leyes suelen no aplicarse, su existencia es utilizada para acosar, perseguir, hostigar y amenazar a personas con orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género diversas, reales o percibidas”, expresa la CIDH. Bien lo sabemos en dosmanzanas, donde de forma recurrente recogemos por ejemplo terribles episodios de violencia en Jamaica, uno de los países más homófobos de América y que aún mantiene en vigor leyes que criminalizan las relaciones homosexuales masculinas. El informe aborda también la relación entre el derecho a igualdad y el derecho a la libertad de expresión y recuerda que la apología del odio contra un grupo por motivo de su orientación sexual, identidad o expresión de género y diversidad corporal está incluida en las expresiones prohibidas por la Convención Americana.

La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho un llamamiento a los estados miembros para actuar en ayuda a las personas trans con medidas y políticas activas que integren a estas personas al acceso a la educación, la sanidad y el trabajo. La CIDH insta en el informe a los Estados miembros de la OEA a investigar y sancionar los crímenes y actos violentos contra las personas LGBTI con debida diligencia. En el informe se pone de manifiesto que las investigaciones de los asesinatos deben llevarse a cabo con la «diligencia debida» y se debe tomar en consideración la identificación de las víctimas de género. Los estudios demuestran que los asesinatos trans son, a menudo, muy mal manejados por la policía. ‘Hacer que el trabajo sexual sea legal reducirá el estigma y hará que sea más seguro para las personas trans’, dice la OEA.  El informe contiene, de hecho, más de 100 recomendaciones a los Estados para abordar y resolver este grave problema, entre ellas que siempre que se abra una investigación se incluya la hipótesis de que pueda haber sido violencia por prejuicio, que se recolecte información estadística sistemática sobre la violencia contra las personas LGBTI y sobre el acceso a la justicia que permita identificar los motivos de la impunidad y que los estados adopten medidas preventivas y educativas a fin de combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos sociales y culturales contra las personas LGBTI. La mayoría de los Estados miembros no recogen la identidad de género de la víctima o incluso la confunden con otras orientaciones sexuales.

Os invitamos a quienes estéis interesados a leer con detalle el informe, que puedes descargar aquí, y que está lleno de valiosa información sobre la situación de las personas LGTB en América. También podéis navegar por la página web creada por la CIDH en base a dicha información.

Fuente Dosmanzanas y Ragap

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La funcionaria homófoba de Kentucky podría ser elegida “Persona del Año” de TIME. La publicación aclara que se busca a la persona “más influyente” en las noticias, sea por su aspecto positivo o negativo.

La infame funcionaria estadounidense Kim Davis “competirá” por el galardón de “Person of Year 2015” de la revista TIME. Aunque los últimos responsables de la elección son los editores de la revista, “eso no significa que los lectores no deban expresar su opinión”, aseguran. En este sentido, la publicación anima a que los lectores emitan su voto a favor de la persona que consideren “más influyentes en las noticias este año, para bien o para mal”. Según se indica desde TIME, las votaciones se cerrarán a las 11:59 pm del 6 de diciembre, aunque la “Persona del Año” se dará a conocer el día 9.

Parece poco probable, sin embargo, que TIME se decante por Davis y que esta acabe protagonizando la portada de esta histórica cabecera estadounidense en calidad de “Persona del Año 2015”. Entre el resto de candidatos se encuentran el CEO de Apple, Tim Cook, y la deportista Caitlyn Jenner (su salida del armario como mujer transexual conmocionó a los EEUU, e incluso fue portada en junio de la revista Vanity Fair). Los candidatos presidenciales demócratas Bernie Sanders y Hillary Clinton aspiran igualmente al premio, junto a JK Rowling, la autora de la saga de libros de Harry Potter. Entre los aspirantes homófobos se encuentran, además de Kim Davis, nombres como los de los republicanos Ted Cruz, Marco Rubio, Ben Carson o Donald Trump.

Davis, símbolo de la comunidad reaccionaria de los Estados Unidos

“Emitir una licencia matrimonial que entra en conflicto con la definición divina de matrimonio, con mi nombre en ella, viola mi conciencia. No es un tema inocuo para mí. Se trata del cielo o del infierno”, expresaba en un comunicado Kim Davis, secretaria del condado de Rowan (Kentucky) para justificar su negativa a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que consideró contrario a la Constitución prohibir el matrimonio igualitario. Debido a esta actitud, al margen de la ley, la funcionaria fue encarcelada por un delito de desacato. No obstante, sería liberada poco tiempo después con la condición de no seguir impidiendo las bodas entre personas del mismo sexo, aunque Kim Davis afirmó que los trabajadores de su oficina podrán seguir expidiendo licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo pero que ella no las firmaría, dando a entender que carecerían así de validez.

Desde los sectores más reaccionarios y LGTBfóbicos estadounidenses se ha llegado a catalogar a Davis como una especie de adalid de la libertada religiosa. La hipocresía de muchos de los que la han apoyado, en cualquier caso, les hace ignorar que la vida de esta funcionaria no parece reflejar la “santidad” del matrimonio: divorciada tres veces, casada cuatro (dos de ellas con el mismo marido), tuvo dos hijos fuera del matrimonio… Fue hace cuatro años cuando se refugió en la religión y se convirtió en una “cristiana renacida”.

Desde el bufete de abogados que representa a Kim Davis han pedido a los lectores de TIME que voten por ella, preguntando retóricamente: “¿Quién más que Kim Davis ha influido en las noticias en el último año? Kim Davis inspiró a una nación y al mundo para luchar por la libertad religiosa cuando eligió una celda de prisión en lugar de sacrificar su conciencia”.

Fuente Dosmanzanas

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El proyecto de ley ha entrado en su última fase y está a la espera de la firma del Presidente.

La mayoría de los colegios irlandeses son religiosos y la ley les permitía tomar las medidas que considerasen necesarias «para evitar que los empleados socaven el espíritu religioso de la institución».

La cámara baja del parlamento irlandés ha aprobado recientemente una ley que prohíbe la discriminación a profesores LGBT por su orientación sexual en lo colegios. La ley, que ya ha pasado por el Senado, está a sólo una paso de ser aprobada y firmada por el Presidente.

Hace unos días lo anunciábamos: Ahora llega el momento de impedir que la Iglesia pueda despedir a empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. O al menos, de dificultar esta posibilidad. Así lo anunciaba en Twitter el ministro irlandés de Igualdad, Aodhán Ó Ríordáin, después de que el gobierno hubiera introducido en el Parlamento una propuesta de reforma que obligará a las instituciones religiosas a demostrar que las personas que despidan han producido realmente un daño en su ethos. Se trata, por ejemplo, de que la Iglesia no pueda despedir a profesores contratados por escuelas católicas por el mero hecho de ser personas LGTB a no ser que en su actuación como docentes realmente causen un daño a la institución.

En un país en el que la mayoría de los colegios son dirigidos por instituciones religiosas, la medida pretende eliminar el enfrentamiento para los trabajadores y trabajadoras LGBT. La Red de Igualdad entre Gays y Lesbianas ha declarado que «estamos encantados de que esta enmienda haya superado todas las fases». «Este proyecto de ley es la pieza clave del mapa legislativo que permitirá al colectivo LGBT ser ellos mismos, casarse y tener una familia sin ver amenazado su puesto si trabajan en un colegio religioso», ha añadido.

La enmienda aprobada modificará el artículo 37 de la Ley de Igualdad en el Empleo, según la cual, los hospitales y colegios pueden llevar a cabo las medidas que consideren necesarias «para evitar que los empleados socaven el espíritu religioso de la institución«.

Para la Red de Igualdad entre Gays y Lesbianas «las cláusulas existentes suponen una amenaza de discriminación que ha servido para silenciar a miles de profesores en nuestras escuelas». Además, «la sección 37.1 ha servido para crear un ambiente distendido para muchos trabajadores LGBT», continúa.

La aprobación de este proyecto de ley llega en un gran año para los derechos de las personas LGBT en Irlanda. En mayo de este año se celebró un referéndum sobre la aprobación del matrimonio igualitario que ganó el sí y gracias al cual se ha aprobado recientemente la ley que permite casarse a personas del mismo sexo.

Fuente Cáscara amarga

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El secretario general del gobierno tunecino, Ahmed Zarrouk, ha solicitado que la administración de Justicia disuelva la asociación Shams, que lucha por la despenalización de la homosexualidad y la transexualidad en Túnez. En protesta por esta petición, desde Shams se ha convocado una manifestación para el próximo día 10 de diciembre frente al edificio del Parlamento, coincidiendo con la celebración del Día de los Derechos Humanos y la vista de apelación del joven Marwen, condenado a 1 año de prisión por practicar la homosexualidad.

La petición de disolución de Shams fue efectuada por el diputado Ennahdha Abedlatif el Maki en asamblea plenaria del Parlamento. En su discurso, Abedlatif el Maki denunciaba que la asociación había obtenido la autorización para desarrollar sus actividades el pasado 18 de mayo, sin haber aclarado en sus estatutos que estas comprendían la defensa de los derechos LGTB. El diputado se sentía obligado a “recordar que la ley criminaliza estas prácticas”, en referencia a los actos homosexuales.

En un alambicado discurso, Abedlatif el Maki añadía: “recuerdo, como antiguo preso político, que había una celda destinada para los homosexuales. El antiguo régimen sancionaba a los presos políticos, y en particular a sus dirigentes, mediante el envío a esa celda, lo que suponía un castigo psicológico“. Yendo aún más allá, el diputado argumentaba que la autorización de Shams era “peligrosa para la paz social”, comparándola, sin más argumentos, con el aumento de la tasa de divorcios, el consumo de drogas o la violencia conyugal. Finalmente, el representante popular también afirmaba que la legalización de este tipo de asociaciones podría servir de excusa a los terroristas para perpetrar sus actos.

Posteriormente, el secretario del gobierno tunecino, Ahmed Zarrouk, corroboraba los argumentos de Abedlatif el Maki. Zarrouk señalaba que en los objetivos declarados por Shams en su comunicación como asociación “no hay ninguna referencia a la homosexualidad”, y que los miembros del gobierno tunecino se habían quedado “sorprendidos cuando vimos a su responsable hablar de ese tema en la televisión”. A ello, el secretario añadía que la asociación había comunicado su constitución, pero sin cumplir el trámite obligatorio de su publicación en el Boletín Oficial. Por todo ello, Zarrouk ha pedido la disolución de Shams, aunque esa decisión “está en manos de la justicia”.

Ahmed Ben Amor, miembro fundador y vicepresidente de Shams, expresaba su sorpresa por las declaraciones del secretario del gobierno. Ben Amor afirma que su asociación cumplió con todos los trámites legales para obtener la autorización, y que incluso pagó las tasas para la publicación de su constitución en el Boletín Oficial, “aunque la publicación nunca se llevó a cabo, y eso es una negligencia por parte del Estado”

Según distintos expertos en procedimientos administrativos, la publicación en el Boletín Oficial no se efectúa de manera automática, siendo frecuentes tanto los retrasos como las omisiones. En su opinión, “es Shams quien debería interponer una demanda por la falta de una formalidad administrativa exigida por la ley”. También estiman que las asociaciones pueden iniciar sus actividades una vez que han comunicado su constitución, tras lo cual “corresponde a la administración controlar esas actividades y someterlas a la justicia en caso de excesos”.

Manifestación reivindicativa y de protesta

Por todo ello, Shams ha convocado para el próximo 10 diciembre una manifestación de protesta frente al edificio del Parlamento. La fecha coincide con la celebración del Día de los Derechos Humanos, pero también con la vista de apelación del juicio contra el joven Marwen, condenado a un año de prisión por practicar la homosexualidad, y actualmente en libertad bajo fianza hasta que se resuelva la apelación.

La condena de Marwen causó protestas internacionales e incluso el cese del entonces ministro de Justicia Mohamed Salah Ben Aissa, que se declaró contrario a la legislación homófoba, por creerla contraria a la actual Constitución del país. La repercusión en los medios de comunicación fue inmediata, con apariciones televisivas de miembros de Shams en defensa del joven Marwen y abogando por la despenalización de la homosexualidad y la transexualidad en Túnez. Es indudable que la petición de disolución de la asociación LGTB es consecuencia de todo ello.

La convocatoria de Shams, que se inicia con una cita de René Cassin, principal redactor de la Declaración de Derechos Humanos, reza así:

“No habrá paz en este planeta mientras exista un solo lugar donde se violen los derechos humanos”.

Con ocasión del aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la asociación Shams os invita a una reunión el 10 de diciembre de 2015, a las 11 de la mañana, frente al Parlamento de Túnez.

Esta manifestación tendrá lugar por las siguientes razones:

• Debido a las declaraciones inhumanas del diputado Abedlatif el Maki contra las minorías sexuales en Túnez y la asociación Shams.
• En apoyo de Marwen, que se presentará una vez más ante el juez el 10 de diciembre de 2015.
• Contra los artículos 230 y 226 del Código Penal que penalizan la homosexualidad y la transexualidad.

La difícil situación de los homosexuales tunecinos

Tras cuatro años de la llamada Primavera Árabe, que trajo esperanzas de modernización a la sociedad tunecina, y de la redacción de una nueva Constitución el pasado 2014, lo cierto es que ser homosexual en Túnez sigue siendo muy difícil. El anteriormente citado Ahmed Ben Amor, como vicepresidente de Shams, denuncia que se producen al menos 50 detenciones anuales de varones tunecinos acusados de practicar la homosexualidad, y que más de 500 estarían actualmente en prisión por condenas por estos cargos. Según Ben Amor, el trato a que son sometidos tanto en comisarías como posteriormente en prisión es especialmente degradante.

El activista también destaca que no es solo la ley la que dificulta la vida de los varones homosexuales tunecinos, sino que el rechazo social es muy intenso y que cada día reciben en su asociación “mensajes de personas amenazadas, expulsadas por sus familias o torturadas”.

Fuente Dosmanzanas

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“El amor de Dios no hace distinciones”, así de rotundo se pronuncia el documento aprobado en Bonn por la Alianza de Juventudes Católicas Alemanas (Bund der Deutschen Katholischen Jugend –BDK-). En él también se afirma que las personas homosexuales pueden “vivir el sexo de manera responsable”. Declaraciones que forman parte de un texto titulado “Todos son bienvenidos”, emitido tras el encuentro anual de la división local de Colonia de la mencionada organización juvenil, en la que participaron alrededor de 90 delegados. Un gesto que confirma de nuevo la enorme distancia entre muchos fieles y las enseñanzas de la Iglesia en comunidades católicas de gran peso.

En el documento, los jóvenes católicos lamentan que su Iglesia excluya a las minorías sexuales y afirme la heterosexualidad como norma única. Esto hace que las personas LGTB católicas sientan desde el principio “que no son normales”. El texto también critica la exigencia del celibato, pues “esta doctrina eclesiástica no tiene en cuenta la realidad vital que nosotros vivimos con niños y jóvenes”.

Frente a ello, el documento proclama que “el amor de Dios no hace distinciones”. Lo importante, afirma, es que alguien se comporte con su pareja con amor y responsabilidad, no el sexo de sus componentes: “Si como personas que somos nos remitimos a una moral autónoma y a nuestra libertad en nuestro pensar y actuar respecto de nuestra sexualidad, entonces queda claro que la sexualidad viene ligada a la responsabilidad. Esta responsabilidad puede ser igualmente asumida en relaciones no heterosexuales”.

Elena Stötzel, la presidenta de la Alianza en la diócesis de Colonia, ha declarado que “reclamamos de nuestra iglesia que sea un lugar en el que ninguna persona experimente intolerancia o discriminación. Nuestra iglesia debe estar lista a entrar en diálogo con las personas que no se sienten aceptadas por causa de su identidad sexual. Debe estar dispuesta a escuchar y aceptar nuevas valoraciones de sus miembros acerca del trato con personas que viven como lesbianas, gais, bisexuales, trans, inter o queer”.

Alemania: una comunidad católica especialmente audaz

No es de extrañar que un pronunciamiento así se haya producido en Alemania, uno de los países donde se han producido los gestos más claros de apertura hacia la realidad LGTB incluso de parte de la jerarquía. De hecho, en septiembre pasado —poco antes del Sínodo de la Familia— Franz-Josef Bode, obispo de Osnabrück, se mostró a favor de bendecir a las parejas del mismo sexo unidas en una relación estable, aunque de forma privada y no en una ceremonia pública.

Además, ya antes del pontificado de Francisco, en 2012, el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Berlín, llamó a la Iglesia a reflexionar sobre su posición contraria a las parejas del mismo sexo. En este sentido, afirmó que deberían ser consideradas como análogas a las heterosexuales. Igualmente, en una entrevista algo posterior, denunció el “falso perfeccionismo” que a su juicio imperaba en la iglesia. Con todo, poco después tuvo que aclarar su postura haciendo un curioso equilibrio: por un lado afirmó que “allí donde haya personas pendientes y dispuestas la una de la otra, eso merece reconocimiento”, para añadir en cambio que los “actos” homosexuales iban “en contra de la ley natural y por tanto no pueden ser aceptados por nuestra parte”.

Más allá de estas declaraciones de la jerarquía, el movimiento a favor de las personas LGTB tiene notable arraigo entre los católicos del espacio de lengua alemana. Un ejemplo especialmente ilustrativo fue el documento firmado 144 teólogos católicos de habla alemana (aproximadamente un tercio del total) en el que abogaban por una profunda reforma de la iglesia que incluyera, entre otras muchas medidas, el fin del “rigorismo moral” que condena al ostracismo en el seno de dicha institución a las parejas del mismo sexo o a los divorciados casados en segundas nupcias. Esta apertura a la realidad LGTB  se corresponde, por lo demás, con una actitud especialmente progresista de buena parte del catolicismo alemán en temas como la contracepción o el divorcio, en los que Alemania ya marcaba diferencias con los pontífices anteriores (en particular con el también alemán Joseph Ratzinger).

En este contexto, la declaración de los jóvenes católicos alemanes supone un paso más adelante y deja clara la divergencia entre la doctrina oficial y los fieles en países tradicionalmente católicos, como Irlanda, o con una fuerte comunidad católica, como Alemania o Estados Unidos.

Fuente Dosmanzanas

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“Ya he dicho que no voy a cambiar la ley, no está en mi programa electoral. Y por tanto, esa ley de 2005 está en vigor. Lo demás, pues usted misma”. La intervención de Mariano Rajoy respondiendo a preguntas de un grupo de ciudadanos en el programa La Sexta Noche dejó momentos interesantes. El más recordado será posiblemente cuando aseguró que la precariedad laboral “no llega al 1% de las personas que trabajan en España”… Desde el punto de vista estrictamente LGTB, sin embargo, hoy destacaremos su negativa a reconocer como un error la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

La pregunta a Rajoy, explícita y clara, la hizo Andrea García, estudiante de Derecho y Criminología de Valencia. “Señor Rajoy, su partido presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el Partido Socialista en 2005 y que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Hoy por hoy sigue pensando que hicieron lo correcto?”, inquirió a Rajoy la joven, de 19 años.

“El Tribunal Constitucional ya ha fallao [sic], dijo que la ley era constitucional, y yo no he modificado la ley, por tanto la ley de 2005 está en vigor, y no tengo intención de modificarla”, respondió Rajoy, sin contestar a la pregunta que Andrea García le había hecho realmente.

Ante su resistencia, la joven repitió su pregunta, de otra manera. “Entonces… ¿Cree que lo que hicieron no estuvo bien? ¿Cree que las personas de un mismo sexo tienen derecho a casarse?“. “Ya he dicho que no voy a cambiar la ley, no está en mi programa electoral. Y por tanto, esa ley de 2005 está en vigor. Lo demás, pues usted misma…”, le volvió a responder Rajoy, dando por cerrado el tema.

Javier Maroto defiende a Rajoy en Twitter

La negativa de Rajoy a pronunciarse sobre el recurso fue inmediatamente destacada en redes sociales. “Rajoy se niega a reconocer que hizo mal recurriendo el matrimonio igualitario. Hala, la boda de Maroto por el desagüe”, tuiteaba por ejemplo el activista salmantino Ignacio Paredero, en referencia a la asistencia de Rajoy a la boda de Javier Maroto, exalcalde de Vitoria y vicesecretario de Acción Sectorial del PP, abiertamente gay.

Curiosamente, el propio Maroto defendía la actitud de Rajoy en su propia cuenta de Twitter. “No te da vergüenza haberlo invitado a tu boda oyendo a tu jefe?”, le preguntaba un usuario.  “Pero no has oído la respuesta? Ha dicho que no quiere cambiar la ley. A veces pienso que lo que molesta es que haya pasado página”, le respondía Maroto. “Me ha encantado cuando no ha querido contestar si se confundieron al recurrir la ley de matrimonio igualitario…”, le decía otra usuaria. “Está tan claro que se equivocaron como que asumimos la ley como propia desde hace ya años. Vemos juntos el acierto en ello..?”, le respondía Maroto. “Mismos derechos para todos. Pasamos página. Nos dejáis?”, zanjaba el político popular en otro tuit.

Mariano Rajoy, un político tóxico para los derechos LGTB

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005 Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un recurso que no se limitaba a una mera cuestión “nominalista”, como de forma tramposa argumentan incluso los políticos del PP favorables al matrimonio igualitario, como el propio Maroto. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por el PP en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.

Rajoy también encabezó, como líder de la oposición, la negativa de su partido a aprobar una ley de identidad de género, a consensuar una asignatura de Educación para la Ciudadanía que contribuyera a fomentar el respeto a la diversidad familiar, a aprobar una ley de igualdad de trato… Ya siendo presidente promovió la eliminación de la que ya era una descafeinada Ciudadanía; volvió a bloquear una posible ley de igualdad de trato; impulsó el infame Real Decreto 16/2012 que puso fin a la sanidad universal y que los especialistas en VIH/sida no han dejado de criticar; dio cobertura a la decisión del Ministerio de Sanidad de modificar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para excluir a las mujeres sin pareja masculina de la prestación de reproducción asistida (una decisión que por cierto sentencias judiciales posteriores han considerado discriminatoria), de forma que ahora cada comunidad autónoma hace en este campo lo que quiere… Por no hablar de todo lo que simplemente no ha hecho o ha dejado de hacer durante estos años en materia LGTB y de lucha contra el VIH.

Fuente Dosmanzanas

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Cuatro jóvenes refugiados en su apartamento de la ciudad alemana de Dresde. Fueron sacados de los refugios oficiales de refugiados tras ser acosados.

Cinco demandantes de asilo gais que llegaron a Ámsterdam procedentes de Siria, Irak e Irán han tenido que ser trasladados a un piso de acogida por su seguridad. La causa, las amenazas e insultos de carácter homófobo que les dirigieron algunos de sus compañeros refugiados. El Gobierno holandés ha mostrado su disconformidad con lo que consideran una segregación de estas personas por su orientación sexual.

La asociación COC viene alertando de la situación de inseguridad y los ataques a los refugiados LGTB desde el pasado mes de octubre, cuando se produjeron los primeros incidentes y dos hombres gais tuvieron que ser realojados para preservar su seguridad. El mes pasado, la organización protestante Ejército de Salvación y la fundación de vivienda social Rochdale acondicionaron un piso de acogida para dar refugio a otros cinco hombres que habían sufrido insultos y amenazas a causa de su orientación. Tres de ellos provienen de Siria, uno de Irak y otro de Irán.

La decisión de separar a los refugiados LGTB de los demás, sin embargo, no cuenta con una aprobación unánime de las autoridades. El Ayuntamiento de Ámsterdam la apoya por la vulnerabilidad del colectivo, que precisa, según su visión, un entorno seguro para poder recibir la asistencia adecuada. La concejala de Diversidad Simone Kukenheim también destacó la importancia de proporcionar a estos demandantes de asilo toda la información necesaria sobre la normativa antidiscriminatoria y de igualdad que rige en Holanda; un servicio que ya se ha empezado a prestar en los centros de primera acogida. También la COC está a favor de realojar a las personas víctimas de la homofobia y destaca la importancia del problema: “¿Para qué quiere un refugiado un techo sobre su cabeza si luego no se atreven a salir de su habitación?”.

Pero el Gobierno holandés no lo tiene tan claro y alerta del peligro de estigmatizar a este colectivo al señalarlos ante su comunidad como personas LGTB. El primer ministro Mark Rutte y su viceprimer ministro apuestan por la integración como la mejor solución. Los brotes de violencia homófoba o tránsfoba que se produzcan deben ser abordados y resueltos dentro de los centros de acogida, en opinión del Ejecutivo. Según Rutte, “todo el que llega aquí debe respetar desde el primer día las normas y los valores holandeses”, que incluyen “la plena aceptación de las minorías”. La Agencia Central para la Recepción de los Solicitantes de Asilo propone, por su parte, un régimen “estricto” para los refugiados más violentos o problemáticos.

Un problema generalizado

La llamada “crisis de los refugiados”, que a finales de verano empezó a encontrar un eco masivo en los medios de comunicación, muestra una nueva cara al dejar al descubierto la situación de desprotección adicional en la que con frecuencia se encuentran las personas LGTB que huyen de la violencia y la guerra. Además del caso holandés, en Alemania se reciben a la semana entre tres y seis denuncias por agresiones homófobas en campos de refugiados, que a veces incluyen intentos de violación. Una violencia que se ve agravada por la situación de masificación en la que en muchas ocasiones se encuentran los solicitantes de asilo.

En Canadá, el debate se ha originado a raíz de la decisión del Gobierno de Justin Trudeau de acoger a 25.000 refugiados sirios que no sean varones sin familia, pero haciendo una excepción con los homosexuales. Una medida que no comparten algunos de los implicados, que alertan del peligro de visualizarse públicamente como LGTB al solicitar el asilo en origen, en un entorno en el que ello podría poner en peligro su vida. Una situación, la de estas personas, sin duda muy delicada y que requiere de una reflexión en profundidad para encontrar la mejor manera de ayudarlas sin poner en riesgo su integridad.

Fuente Dosmanzanas

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Ryan O’Connell es un joven escritor y bloguero de éxito en Estados Unidos. Con su trabajo y su activismo, ha dado visibilidad a una parte del colectivo LGTB frecuentemente discriminada: las personas con discapacidad. O’Connell, con un estilo desinhibido y franco, nos habla de cómo ha aprendido a superar todas las barreras, incluidas las que él mismo se había puesto a sí mismo.

Fuente Dosmanzanas

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Sin miedo a la incoherencia: la CDU, partido de Angela Merkel, propone un contrato de integración para los extranjeros que quieran instalarse en Alemania en el que se comprometan a respetar la igualdad LGTB. La iniciativa se discutirá en el mismo foro en el que los democristianos defenderán la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio igualitario.

La convención federal (Bundesparteitag) de la CDU tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de diciembre. La cita había despertado una cierta expectación por parte de la comunidad LGTB alemana después de que varios miembros del partido de la canciller mostraran su apoyo al matrimonio igualitario. Los socialdemócratas del SPD, socios de Gobierno de Merkel, alentaron esas expectativas al avanzar un posible cambio en la posición oficial de la CDU (por ahora contraria a la igualdad matrimonial) tras su foro político.

Pero las esperanzas de un cambio en la fuerza hegemónica de Alemania parecen difuminarse conforme se acerca la convención. Una de las tres ponencias aprobadas, con el título Fortalecer la unión – modelar el futuro de la sociedad civil, defiende la promoción del matrimonio como “el vínculo duradero entre hombre y mujer”. Una alusión que no deja lugar a dudas sobre la nula voluntad de avance de la CDU en este asunto. El documento también otorga a las uniones civiles una “calidad vinculante”, pero desde una institución de segunda clase en relación a la del matrimonio.

Aunque decepcionante, la posición del partido democristiano en este asunto no sorprende en especial. Pero sí han llamado la atención algunos aspectos de otra propuesta, consistente en introducir un contrato de integración para los ciudadanos que quieran instalarse en Alemania. Concretamente, la inclusión de una cláusula por la que los inmigrantes no solo se comprometan a respetar la igualdad entre hombres y mujeres sino entre las personas de diferente orientación sexual.

Las creencias religiosas no se podrán esgrimir como excusa para eximirse de este compromiso, según el documento de la CDU. El incumplimiento del contrato podría suponer desde la pérdida de prestaciones sociales hasta la revocación del permiso de residencia. Una firmeza en la exigencia del respeto a la igualdad LGTB que resulta sorprendente cuando proviene de una fuerza política que se niega sistemáticamente a otorgar esa igualdad a sus propios compatriotas.

Mientras tanto, las voces que dentro del partido se habían alzado hace unos meses en pro del matrimonio igualitario parecen haberse silenciado. Es el caso por ejemplo de la vicepresidenta del grupo parlamentario en el Bundestag, Nadine Schön, quien hace unos meses se había mostrado “favorable a una apertura del matrimonio para las parejas homosexuales”. También el líder de la CDU en el parlamento del Schleswig-Holstein, así como diputados democristianos de las cámaras regionales del Sarre y de Baja Sajonia, habían mostrado el mismo apoyo a la medida. Ninguno de ellos, sin embargo, ha podido o querido cambiar la posición mayoritaria de los democristianos.

Pero por mucho que la CDU continúe en el inmovilismo y el SPD  no logre convencerle, no pasará mucho tiempo sin que el matrimonio igualitario vuelva a discutirse en el Bundestag: en septiembre, el Bundesrat aprobaba una proposición de ley en esa dirección. Se trata de la segunda vez en dos años que la cámara alta muestra su apoyo mayoritario a la medida, pero en esta ocasión, hay tiempo suficiente hasta las próximas elecciones para que la propuesta llegue a la cámara baja, donde la gran coalición tendrá que retratarse de nuevo. La gran coalición sí aprobó el mes pasado ampliar los derechos de las uniones civiles.

Fuente Dosmanzanas

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La periodista egipcia Mona Iraqi ha sido condenada a seis meses de prisión por un delito de difamación tras orquestar y difundir las imágenes de una redada en una sauna gay de El Cairo. La sentencia, que responde a la demanda presentada por el dueño del establecimiento, ha quedado en suspenso hasta que se resuelva la apelación presentada por Iraqi, tras el ingreso de la correspondiente fianza. La periodista, sin embargo, aún tiene pendiente otro juicio por la denuncia efectuada por 18 de los detenidos en la redada, que en su día fueron absueltos sin cargos.

Según el abogado de Mona Iraqi, la periodista ha sido condenada por un tribunal de El Cairo a seis meses de cárcel por un delito de difamación, información que ha sido confirmada por la agencia de noticias oficial Mena. El letrado también informaba de que el juez ha aceptado la libertad provisional de su defendida bajo fianza de 1.000 libras egipcias (120 euros, 128 dólares), hasta que se resuelva a apelación que ha presentado su equipo. La condena responde a la denuncia presentada por el dueño de la sauna Ramsés tras las fuertes acusaciones vertidas contra él por la periodista cuando difundió las imágenes de una redada efectuada por la polícia en su establecimiento.

Los hechos tuvieron lugar a finales de 2014, cuando un miembro del equipo del programa El Mostakbai, que presenta Mona Iraqi, se infiltraba con una cámara oculta en la citada sauna de El Cairo para, según difundían, “destapar” los encuentros entre hombres homosexuales que tenían lugar en el local. Como consecuencia de la denuncia del programa, la policía realizaba una redada y detenía a 33 hombres desnudos, bajo el pretexto de que estarían cometiendo prácticas de “libertinaje” y “promoviendo el VIH”. El programa no dudó en emitir en directo cómo los detenidos, completamente desnudos, eran conducidos a los furgones policiales. Veintiséis de ellos fueron acusados de “escándalo público”, “atentado contra el orden y la moralidad”, “perversiones” o “libertinaje”, pero tan solo un mes después fueron absueltos de todos los cargos, absolución ratificada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones.

La actuación de Mona Iraqi fue fuertemente criticada tanto por sus compañeros de profesión como por distintas organizaciones humanitarias egipcias e internacionales. Sin embargo, incluso tras la absolución de los detenidos, la periodista siguió defendiendo su actuación desde su programa de televisión. Llegó incluso a emitir un programa especial al respecto, en el que acusó a sus críticos de ser “agentes extranjeros”, y continuó defendiendo que su incursión en la sauna estaba motivada por sospechas de tráfico sexual, promoción del VIH y homosexualidad. En el mismo programa entrevistó al responsable policial de la redada, Ahmed Ashad, que habló largo y tendido de la prolongada “investigación secreta” que le condujo a las detenciones. Sin embargo, no mencionó que el Tribunal de Apelaciones aceptó con claridad el argumento de la defensa de que las pruebas presentadas por él habían sido prefabricadas. La emisión de este programa, con la reiteración permanente de las imágenes de la redada, continuó causando grave daño a los afectados, hasta el punto de que uno de ellos trató de suicidarse tras su difusión.

Para el abogado del demandante dueño de la sauna, el veredicto condenatorio supone un “paso positivo”, pues “había mucha simpatía entre la opinión pública hacia las víctimas”, ya que “la gente era consciente de que aquello ni era periodismo, ni era profesional”. Mona Iraqi debe enfrentarse aún a la resolución de otro juicio, al haber sido denunciada por 18 de los detenidos en la redada, que además tratan de impedir que siga emitiendo su supuesto programa de “investigación”.

Egipto: un país inseguro para oriundos y extranjeros

El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en su ficha de Egipto, “desaconseja que las mujeres viajen solas, sin agencia de viajes y/o fuera de los circuitos turísticos” y explica a continuación que “aunque la homosexualidad no está formalmente tipificada como delito, los actos homosexuales en público son ilegales y hay precedentes de homosexuales condenados a prisión por contravenir leyes de ‘decencia pública’”.

Efectivamente, aunque las relaciones homosexuales no son ilegales, sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Además, el pasado mes de abril nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

En junio de este 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de apps de contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.

En noviembre de 2014 un tribunal condenaba a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.

Según la organización estadounidense de defensa de los derechos humanos Human Rights First, la policía egipcia ha detenido a más de ochenta personas durante el último año por el delito de ser LGTB. Sin ir más lejos, hace solo unos meses nos hacíamos eco de la sentencia de un tribunal egipcio que condenaba a cuatro hombres a varios años de prisión por crear una supuesta red de prostitución homosexual, después de que la policía encontrase ropa de mujer y maquillaje en la casa de uno de ellos.

Fuente Dosmanzanas

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El 51,1% de los japoneses verían con buenos ojos la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, frente a un 41,3% que se opone. Es lo que arroja una encuesta puerta a puerta realizada en marzo. La encuesta, respondida por 1.259 adultos de entre 20 y 70 años, estaba subvencionada por el Ministerio japonés de Educación y Cultura y dirigida por Kazuya Kawaguchi, profesor de la Universidad de Hiroshima Shudo. Pese al buen dato, la encuesta sigue mostrando que una alta proporción de japoneses siguen mostrándose incómodos con la homosexualidad.

En concreto, el 51,7% de los encuestados reconocen sentirse incómodos con la idea de que dos hombres mantengan una relación amorosa, frente a un 43,8% que aseguran lo contrario. La aceptación es algo mayor (56%) cuando se considera la idea de que sean dos mujeres las protagonistas de la relación. En cualquier caso la aceptación baja, incluso entre los “tolerantes”, cuando en lugar de preguntarse por una relación amorosa se pregunta por la conducta sexual homosexual entre hombres. De hecho, un 30% de los tolerantes reconocen que pese a ello se sentirían incómodos si supiese que uno de sus amigos es gay.

En línea con lo que ya se ha percibido en encuestas similares realizadas en otros lugares, la encuesta muestra que las mujeres aceptan con mayor facilidad las relaciones homosexuales que los hombres (63,2% frente al 41,2%).

La encuesta también pregunta sobre la tolerancia respecto a las personas trans, que parece ser algo mayor. Un 60% de encuestados aseguran que no tendrían ningún problema si se tratase de vecinos o compañeros de trabajo, aunque como en el caso de las relaciones entre personas del mismo sexo el porcentaje baja cuando se pregunta por lo que sentirían si se tratase de una persona próxima, en concreto un familiar. En este caso, las cifras se invierten: hasta un 70% de los encuestados no lo vería con buenos ojos.

Como su director, Kazuya Kawaguchi, ha reconocido, la encuesta supone un punto de partida para abordar futuras discusiones sobre la realidad LGTB en Japón. Y es que hablamos de un país, no lo olvidemos, en el que estas cuestiones han sido consideradas hasta hace bien poco un tema tabú. Por ejemplo, no ha sido hasta este mismo año cuando se ha abierto tímidamente la posibilidad de ver reconocidas las parejas del mismo sexo, gracias a sendas decisiones de los distritos tokiotas de Shibuya y Segataya que les reconocen mínimos derechos a nivel local.  A este respecto, por ejemplo, un dato que nos parece llamativo de la encuesta ahora conocida es la relativa igualdad entre los porcentajes de aceptación de las relaciones homosexuales y de la idea de legalizar el matrimonio igualitario.

Un cambio social que en cualquier caso va en paralelo a una creciente visibilidad LGTB ejemplificada en algunos casos que hemos recogido en esta página, como los del activista y político Taiga Ishikawa, primer político japonés abiertamente gay elegido para un cargo público del que tuvimos conocimiento (fue elegido concejal en Toshima, otro distrito de Tokio, en 2011) o el adolescente que hace año y medio sorprendía al salir del armario con un emotivo discurso pronunciado con motivo de un concurso escolar.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Discriminación, Japón, Kazuya Kawaguchi, Matrimonio, Segataya, Shibuya, Taiga Ishikawa, Tokio, Universidad de Hiroshima Shudo