“Han presentado esta iniciativa con la clara intención de blanquearse de esos pactos que están haciendo con la extrema derecha”

Eduardo Fernández Rubiño (Madrid, 1991), diputado autonómico de Podemos, se subió el pasado jueves a la tribuna del pleno de la Asamblea de Madrid para realizar un encendido discurso en contra la iniciativa de Ciudadanos que pretendía declarar el Orgullo LGTBI de Madrid como fiesta de interés turístico regional. Desde que Ciudadanos pensó que era buena idea blanquear que se estaban manifestando con la extrema derecha usando las banderas del colectivo LGTBI+ en el mundo del activismo no se habla de otra cosa. Y es que el panorama para la formación de Albert Rivera (y para las personas LGTBI+ que la apoyan) no es nada halagüeño. Y es que ya llevamos tiempo avisando de que Ciudadanos no es lo que muchos pensaban que era.

Eduardo Rubiño, diputado abiertamente gay de Podemos en la Asamblea de Madrid, se subió a la tribuna para desmontar punto por punto la estrategia de pinkwashing que Ciudadanos está intentando llevar a cabo en las últimas semanas. Porque no hay mejor forma de disimular que gracias a sus pactos han metido en las instituciones junto con el Partido Popular a los que nos desprecian, nos calumnian y quieren quitarnos derechos, bloquean declaraciones contra la LGTBfobia o piden identificar a las trabajadoras sociales dedicadas a la violencia de género… que intentar que se declare al Orgullo LGTBI+ como Fiesta de Interés Turístico. Algo que, como bien explica Rubiño en el vídeo de ahí abajo, no sirve para nada.

Además de retratar a Ciudadanos como pocas veces se ha hecho Rubiño defendió la idea de un orgullo más reivindicativo que no tiene por qué ser incompatible con la fiesta y la vertiente turística. Y todo eso lo hizo llevando la camiseta “Maricón” de @jovendelopus que puede adquirirse aquí.

Rubiño atacó a la formación liberal al considerar incompatible su apoyo al colectivo LGTB mientras que se manifiesta con grupos neonazis y formaciones ultraderechistas en Colón, une sus votos a los del partido de extrema derecha Vox en Andalucía y no descarta pactos con ellos después de las elecciones. El diputado de Podemos cree que Ciudadanos ha presentado esta propuesta para mejorar su imagen publica. “Han presentado esta iniciativa con la clara intención de blanquearse de esos pactos que están haciendo con la extrema derecha”, ha lamentado Rubiño.

“¿Quieren demostrar su compromiso con las personas LGTB? Señor Aguado, diga que no va a pactar con Vox en la próxima legislatura, que no van a pactar con la ultraderecha, con los que quieren que seamos ciudadanos de segunda”, ha retado Rubiño.

La propuesta fue rechazada por la Asamblea, ya que solo sumó los 16 votos a favor de los liberales.

El diputado ha compartido su discurso en su cuenta en la red social Twitter que se ha convertido en viral:

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Ernesto Folgueira junto a Javier Maroto, vicesecretario nacional de organización del PP / Ernesto Folgueira

Ernesto Folgueira, a quien el comité electoral local del Partido Popular en la localidad madrileña de El Molar había elegido candidato a alcalde por su partido en las próximas elecciones municipales de mayo, ha denunciado públicamente que su condición de gay ha llevado al PP regional a preferir a otro candidato, Borja Díaz.

Ernesto Folgueira, que además del aval del comité electoral local contaba con el respaldo del exalcalde y líder local del partido, Emilio de Frutos, ha asegurado a la cadena Ser que el PP se «está saltando todos los procedimientos» y ha acusado a Borja Díaz de trasladar en las reuniones internas del partido que «un homosexual» no podía encabezar la lista de los populares en su pueblo.

Folgueira está convencido de que en efecto esta es la principal razón de que el PP regional, que según las normas internas de ese partido tiene la potestad de ratificar o no a los candidatos propuestos a nivel local, haya decidido en el caso de El Molar que él no sea el candidato a alcalde. «Ahora que se supone que el Partido Popular era renovación y tolerancia, etcétera, etcétera, parece un poco radical la verdad», ha opinado. Fuentes del PP han señalado a la cadena SER que en efecto Borja Díaz será proclamado candidato a la alcaldía del El Molar por «ser más idóneo», sin que supuestamente la orientación sexual de Folgueira tenga que ver en esa menor idoneidad.

De acuerdo a las declaraciones de Folgueira, bien podríamos encontrarnos ante un nuevo episodio de discriminación por razón de orientación sexual, en este caso en el seno del PP madrileño.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Borja Díaz, Discriminación, El Molar, Emilio de Frutos, Homofobia, LGTBfobia, Madrid, PP

Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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Maroto y Levy prometiendo lo que no hacen…

Hace unos meses, el PSOE propuso una reforma de la Ley Trans para introducir dos conceptos que la anterior ley de 2007 no reflejaba y que son de extrema importancia para las personas trans: la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género. O, lo que es lo mismo: que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de presentar un informe médico. Hasta ahora las personas trans necesitaban que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder comenzar los trámites legales (si querían, obviamente) para hacer los cambios oportunos en el registro; una normativa claramente anticuada, aunque solo sea porque la propia OMS aclaró que la transexualidad no es una enfermedad, aunque la llamen “incongruencia de género” por varios motivos .

Ya en su momento el Partido Popular, votó en contra de la tramitación de esa reforma; así que era de esperar que ahora volvieran a ponerse en contra. Pero como ellos son así han decidido ir un paso más allá y llevarle también la contraria a la OMS.

Actualmente la reforma de la ley está paralizada en la Comisión de Justicia porque hay una “sobrecarga de leyes”. Pero lo que sí se ha completado es el periodo de presentación de enmiendas, que luego se debatirán en sede parlamentaria, y entre las que el PP ha colado una de traca.

La propuesta del Partido Popular es mantener la obligatoriedad de presentar un informe médico con un diagnóstico de disforia de género (aunque la OMS haya dicho que eso no se puede diagnosticar ya) para poder acceder a los cambios registrales porque, según el PP, “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares“.

En el PP creen que la identidad de género de una persona trans es algo que puede variar según cómo se levante esa persona cada día y claro, hay que pedirle a un médico que certifique que está enferma, no sea que le cambiemos el nombre y dentro de dos años quiera recuperar el antiguo. Sí, es un nivel intelectual a la altura de los republicanos yankis que decían que las personas trans eran hombres con peluca que iban a entrar a los lavabos públicos a violar mujeres y niñas.

“Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decimos ser“, ha explicado Leo Mulió a ElDiario.es. Leo es un activista trans, psicólogo del equipo psicosocial de la asociación Transdiversa. Y añade: “Esta idea parte de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad trans como algo diferente al resto. A las personas trans se nos pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad que las personas cis“.

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El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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El Partido Popular de Totana denuncia que esta iniciativa esconde “una ilegalidad” y exige que los pasos de cebra se vuelvan a repintar de blanco de forma inmediata para garantizar la seguridad vial del municipio

“Me parece penoso que el PP se ponga a la altura de Falange“, lamenta Juan José Cánovas, concejal de Igualdad de Totana, y considera que la oposición a la Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI responde a “cuestiones ideológicas”

Falange fue el primer partido en criticar la decisión del Ayuntamiento, colocando de madrugada pancartas homófobas y boicoteando con pintura los pasos de peatones que mostraban los colores del arcoíris

Si es que les traiciona hasta el lenguaje… Cuando en su comunicado hablan de “depurar”, y coincidiendo con La Falange, a algunos nos recuerdan un cierto tipo de “depuraciones”…

El Partido Popular considera “ilegal” la decisión del Ayuntamiento de Totana (Murcia) de pintar varios pasos de peatones con los colores de la bandera arcoíris con motivo de la ‘Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI’, que se celebrará en la localidad entre el 18 y el 29 de junio. Una iniciativa de la concejalía de Igualdad para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI que también ha recibido las críticas y el boicot de La Falange.

Al igual que el colectivo ultraderechista, el Partido Popular denuncia que esta iniciativa esconde “una ilegalidad” y exige que los pasos de cebra se vuelvan a repintar de blanco de forma inmediata, “según estipula la normativa vigente”.

En un comunicado, los populares aluden a los riesgos para la seguridad vial que puede ocasionar esta modificación y afirman que “no se pueden modificar ni alterar las señales y marcas viales de forma arbitraria y caprichosa, máxime cuando están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de Totana”. “Queremos manifestar nuestro máximo apoyo y respeto a cualquier colectivo que reivindica los derechos que considera oportunos […] siempre y cuando no constituyan ningún tipo de ilegalidad”,

“Vamos a depurar la presunta comisión de actos ilegales por parte de los miembros que lo conforman, porque entendemos que no pueden utilizar el cargo que ostentan para defender un interés particular, partidista e ilegal por encima del interés y la seguridad de todos los totaneros”, añade el PP en el comunicado.

Los populares aseguraron no entender «dónde quiere llegar el alcalde con estas actuaciones» y subrayaron que «nos da a entender que puede ser a buscar la crispación máxima entre vecinos».

En su escrito incidieron en que «cuando todas estas actuaciones vienen desde la izquierda es un todo vale, todo lo justifican y todo lo argumentan intentando hacer ver a la gente que tienen la razón absoluta, incluso en ocasiones, como las que nos ocupa, hasta pasando por encima de la seguridad de las personas».

La campaña de sensibilización y concienciación por las libertades del movimiento LGTBI ha sido liderada por la concejalía de Igualdad a cargo de Juan José Cánovas, portavoz del grupo Ganar Totana-IU. En declaraciones a este periódico, Cánovas lamenta el cambio de opinión del PP respecto a estos temas porque “antes todas las medidas aprobadas en pleno tenían el apoyo unánime”. En este sentido, el edil relaciona este cambio con la entrada al consistorio de un concejal no adscrito y militante de Falange, “provocando que desde el año 2015, las mociones vinculadas a temas de igualdad y diversidad de género no tengan el voto favorable del PP ni el de este falangista”, lamenta Cánovas.

Juan José Cánovas afirma que el PP se ha puesto a la misma altura que Falange y que cuando alude a cuestiones de seguridad vial para oponerse a esta iniciativa “en realidad lo hacen por cuestiones ideológicas”, indica Cánovas y señala que “ahora más que nunca es necesaria la visibilización del colectivo LGTBI”.

La Falange coloca pancartas homófobas en los pasos de peatones LGTBI de Totana

Los primeros críticos contra la campaña de apoyo al movimiento LGTBI del Ayuntamiento fue Falange,  cuando el pasado 13 de junio colocaron pancartas con el símbolo del partido y con un mensaje contrario a lo que ellos consideran “ideología de género”. En este sentido, los partidarios de Falange continuaron sus actividades vandálicas y utilizaron pintura para tapar los colores del arcoíris los pasos de peatones de localidad.

Tanto la Policía como los servicios municipales de Totana han retirado las pancartas homófobas y respecto a los pasos peatonales “volverán a tener los colores de la bandera del arcoíris como parte del programa de la Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI”, manifiesta Cánovas.

¿Y qué dicen estos dos después de ir tras la pancarta del Orgullo?

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

Fuente La Razón de Murcia, vía la Crónica del Pajarito

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Fernando Grande-Marlaska y Màxim Huerta, designados como ministros de Interior y Cultura y Deporte, respectivamente, son abiertamente homosexuales y han abanderado los derechos del colectivo LGBTIQ. 

Tras la conformación del equipo de trabajo que lo acompañará en el año y medio de gestión, el mandatario español, Pedro Sánchez, ha tuiteado que “el nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Una sociedad paritaria, abierta, comprometida e intergeneracional. Un Gobierno progresista, modernizador y europeísta preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI”.

El nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Una sociedad paritaria, abierta, comprometida e intergeneracional. Un Gobierno progresista, modernizador y europeísta preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de junio de 2018

Así lo ha llevado a la práctica con la designación de un gabinete integrado en su mayoría por mujeres. En 11 de los 17 Ministerios estarán al frente mujeres, incluidos el área económica.

El presidente del Gobierno español ha asegurado que el equipo que trabajará junto a él es “fiel reflejo” del movimiento feminista que brotó en España a partir del 8 de marzo de este año. Para el mandatario ese evento marcó “un antes y un después” en la sociedad española. Asimismo, ha hecho énfasis en que “está comprometido con la igualdad”.

Dejando claro su compromiso con las causas sociales y con la diversidad, Pedro Sánchez se pone a la vanguardia al incluir en su Gobierno a dos destacadas figuras defensoras de los derechos del colectivo LGBTIQ. En el Ministerio de Interior nombró al reconocido juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y en la cartera de Cultura y Deporte designó al periodista y escritor Màxim Huerta, ambos abiertamente gays.

Este es el nuevo Gabinete

Estas son las 17 personas que acompañarán al mandatario Pedro Sánchez en su Gobierno:

Ministro del Interior: Fernando Grande-Marlaska, juez, 55 años

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Josep Borrell, ingeniero aeronáutico, 71 años

Ministra de Economía y Empresa: Nadia Calviño, economista, 49 años

Ministra de Justicia: Dolores Delgado, fiscal, 55 años

Ministra de Defensa: Margarita Robles, jueza, 61 años

Ministra de Hacienda: María Jesús Montero, licenciada en Medicina, 52 años

Ministro de Fomento: José Luis Ábalos, profesor de primaria, 58 años

Ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del gobierno: Isabel Celaá, licenciada en Filología Inglesa, Filosofía y Derecho, 69 años

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades: Pedro Duque, astronauta, 55 años

Ministro de Cultura y Deporte: Màxim Huerta, escritor, 47 años

Ministra de Política Territorial y Función Pública: Meritxell Batet, profesora de Derecho Constitucional, 45 años

Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Magdalena Valerio,licenciada en Derecho, 58 años

Ministra de Industria, Comercio y Turismo: Reyes Maroto, economista, 44 años

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: Luis Planas, licenciado en Derecho, 65 años

Ministra para la Transición Ecológica: Teresa Ribera, licenciada en Derecho, 49 años

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Carmen Montón, licenciada en Medicina, 42 años

Vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional, 60 años.

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI Feminismo, Fernando Grande-Marlaska, Gobierno de España, Igualdad, Màxim Huerta, Mujeres, Pedro Sánchez, Personas LGTBI, Visibilidad LGTBI

Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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El Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

• A favor:
  • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
    • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
  • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
    • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
• En contra:
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
• Abstenciones:
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Tras decaer la enmienda a la totalidad del PP, la Ley LGTBI continúa el trámite parlamentario con 287 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos.

Podemos retira de la ley las multas por ofensas LGTBfóbicas en redes sociales porque valoran muchísimo la libertad de expresión.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual o el Centro Nacional, Ángeles Álvarez, Ciudadanos, ERC, Ley de violencia contra las mujeres, Memoria Histórica LGTBI, PNV, PP, PSOE, Unidos Podemos

Un joven de Jerez denuncia en Instagram una agresión homófoba en la que cuatro desconocidos le dieron dos puñetazos que le rompieron la nariz al grito de “Por maricón”.

La ciudad está llena de pintadas de odio LGTBfóbico, pero nadie parece hacer nada por limpiarlas.

No se nos olvide que en su momento,  la Pastoral Familiar de la Diócesis de Asidonia-Jerez (Cádiz) expresó su “rechazo” al protocolo sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz impulsado por la Junta de Andalucía, que “contempla la transexualidad en púberes y adolescentes”.

Llevamos unos días en los que no paramos de hablar de agresiones homófobas en multitud de ciudades españolas y a lo mejor, A LO MEJOR, algún partido político debería empezar a plantearse hacer algo porque la situación empieza a ser muy preocupante.

Víctor subió a su Instagram Stories tres fotos en las que se le ve con la nariz vendada acompañadas de un texto explicando lo sucedido:

“Por maricón”. El motivo por el cual ayer cuatro energúmenos decidieron pegarme dos puñetazos en la calle, llegando a fracturarme la nariz. ¿Lo peor? Que eran menores de edad; me sigue costando entender cómo personas tan jóvenes pueden tener tanto odio dentro como para insultar y golpear a un desconocido por la calle. ¿Algo mucho peor? Que tengo que sentirme afortunado porque solo tenga la nariz fracturada, mientras muchos otros no tienen la misma suerte.

¿Que si me duele la nariz? No sabéis cuánto. Pero más duele que tu abuela te espere para cenar y se ponga a llorar al verte entrar por la puerta sangrando. Más duele la impotencia de que te rodeen entre cuatro personas y no puedas hacer nada. Más duele ir a las 10:30 de la noche a urgencias y decirle al médico que ha sido por culpa de unos homófobos. En pleno 2018. Cuando se sigue diciendo que la homofobia no existe, que ya tenemos toda clase de privilegios. Más duele tener que dar rodeos para no pasar por el mismo sitio, tener miedo. Más duele ver que toda tu ciudad está llena de pintadas que dicen “LGTB NO” y que nadie haga nada por borrarlas.

Por suerte, dentro de lo que cabe, estoy bien. Pero quizás el próximo que le pase algo parecido no tenga la misma suerte. Y creedme que aunque penséis que no os puede pasar una situación así, acaba pasando. Y si no es a vosotros, a alguien conocido. No suelo compartir mi vida por esta cuenta desde hace un tiempo, pero creo que esto era algo necesario.

No sé el quién, ni el cuándo, ni el cómo, pero creo que va siendo hora de que se haga algo por quitar las pintadas que hay por todo Jerez en contra de la comunidad LGTB.

Como explica Víctor, parece que en las últimas semanas Jerez se ha llenado de pintadas en contra del colectivo LGTB… y también parece que nadie está muy preocupado por eliminarlas. Huelga decir que tanto las pintadas como la agresión de Víctor (que por desgracia nos tememos no será la única, recordad que las agresiones LGTBfóbicas no siempre se denuncian por el miedo que las víctimas tienen a cómo les tratará la policía) son delitos de odio que deberían perseguirse como tal.

Y así todo Jerez. pic.twitter.com/fptU1uTfE3

— Sick Girl (@itsandreix) 27 de febrero de 2018

Esto ha pasado en mi ciudad. A un conocido. En un municipio plagado de pintadas de “LGTB NO” en pleno 2018. Porque solo por ser quienes somos, no estamos seguros en ningún sitio. Seguid diciendo que exageramos. pic.twitter.com/zGMgGaC4Sb

— Tigrillo (@TigrilloTW) 27 de febrero de 2018

Todo esto ocurre mientras tenemos que aguantar que el Partido Popular (que según Javier Maroto es un partido que adora a las personas LGTB) rechace la propuesta de Ley LGTBI redactada por colectivos y registrada por Podemos para presentar una propia que no solo no plantea un régimen sancionador contra los delitos de odio sino que además defiende que no se prohíban las “terapias de conversión”.

Fuente EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Homofobia/Transfobia, Jerez de la Frontera, Pintadas

La Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.

La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI fue registrada el pasado mes de mayo, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Desde entonces la Mesa del Congreso ha decidido una docena de veces ampliar el plazo de presentación de enmiendas, generando una situación de bloqueo que se ha prolongado varios meses. El PP decidía finalmente presentar una enmienda a la totalidad y proponía como alternativa una ley “florero”, consistente en una mera declaración de intenciones sin medidas efectivas ni capítulo sancionador. El pasado día 22 el pleno del Congreso rechazaba la enmienda popular por 207 votos contra 131. Se abría entonces un nuevo plazo de enmiendas al articulado que finalizaba este martes y que la Mesa del Congreso ya no ha prolongado. La proposición queda por fin lista para su discusión.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

Posteriormente, y de la misma forma que describíamos antes, la Mesa del Congreso ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso). Hasta este martes, cuando se ponía fin a este periodo sin que se haya presentado ninguna enmienda a la totalidad, abriéndose ahora el plazo de enmiendas al articulado que finaliza el 6 de marzo. Un plazo que en buena lógica no debería ampliarse más, dado que se trata de una proposición de ley más sencilla que la anterior. Así lo destacaba en Twitter Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que lleva más de un año batallando por la aprobación de esta reforma:

Hoy #Extremis con la presión de colectivos x fin se ha cerrado plazo enmiendas a totalidad #ReformaLeyTrans2007, paralizada en 1º fase con 5 ampliaciones, ahora se abre plazo enmiendas articulado hasta 6 marzo, tiempo + q sobrado para Ley 3 paginas, menores no pueden esperar + ¡ pic.twitter.com/hXLroWkWfQ

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 27 de febrero de 2018

En definitiva, después de meses de espera ambas proposiciones de ley encaran su recta final. Las dos iniciativas consiguen por fin zafarse del bloqueo legislativo que sufre el Congreso, facilitado por la composición de la Mesa: tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, este órgano, que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

En definitiva, ante la negativa del PP a permitir que se discutan numerosas iniciativas de la oposición, es Ciudadanos quien tiene la llave. La decisión de los de Albert Rivera de marcar en este momento distancias con el PP, permitiendo el desbloqueo de varias proposiciones (como por ejemplo la de la reforma de la conocida como “ley mordaza”) ha sido clave.

Seguiremos con atención la próxima evolución de ambas iniciativas (que por cierto no deben confundirse con otra proposición más reciente, la de ley integral de transexualidad registrada la pasada semana por Unidos Podemos, y de la que hablaremos en una próxima entrada).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Andrea Levy, Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, En Comú Podem, En Marea, FELGTB, Javier Maroto, Jesús Generelo, LGTBfobia, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos

Los parlamentarios han recordado en sus intervenciones a Ekai, el joven trans que se suicidó el pasado 15 de febrero en Ondarroa (Vizcaya)  y han deseado que no haya más víctimas por ese motivo.

La Ley de Igualdad LGTB podría ver la luz este verano, a tiempo para la celebración del Orgullo.Se hicieron la foto en el WorldPride Madrid 2017.

Prometieron apoyar la ley contra la LGTBIfobia… pero a la hora de la verdad han presentado una enmienda a la totalidad. El Partido Popular ha jugado, una vez más, con el colectivo LGTBI. Pero, esta vez, han perdido. Se han quedado solos. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado a la proposición de Ley de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, que continúa así su tramitación.

El Pleno aprobó la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 19 de septiembre de 2017, pero el Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad de esta iniciativa que ha defendido hoy en Pleno, con un texto alternativo que es el que hoy se ha votado con resultado desfavorable para el PP.

El Congreso, con el voto de todos los grupos de la oposición, ha rechazado el texto alternativo del PP a la ley LGTBI de Podemos, por considerar que es una propuesta vacía y ofensiva para las víctimas, como Ekai, el adolescente transexual que se suicidó en Euskadi.

Durante el debate el Pleno del Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición han pedido al PP que retire su enmienda a la totalidad, que ha obtenido 207 votos en contra y solo 131 a favor, y han propuesto que presente sus propuestas de cambio a través de enmiendas a la ley de Igualdad LGTBI.

Representantes de la FELGTB, que han asistido al debate aunque se han retirado durante la intervención del PP, han celebrado que haya “triunfado la razón y el sentido común”, porque suponía una “ofensa”, especialmente para el colectivo trans porque no reconoce el “derecho histórico” a que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad.

Su presidente, Jesús Generelo, ha subrayado que “esta enmienda a la totalidad no debería de haberse producido nunca porque había un gran consenso”.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha justificado que su partido haya rechazado la proposición de ley LGTB de Podemos por las “barbaridades” que incluye, como la de permitir cerrar medios de comunicación que difundan algo en contra del colectivo.

En los pasillos del Congreso, Maroto ha asegurado que el PP “no tiene ningún problema” con el colectivo LGTB pero la propuesta de Podemos “se equivoca” en algunas cuestiones, y ha reprochado al PSOE y Cs por apoyar la iniciativa pese a que en privado están de acuerdo en los errores que incluye.

Entre ellos se ha referido a la posibilidad de poder cerrar medios de comunicación que “digan algo en contra del colectivo”, y también ha criticado que el texto incluya la posibilidad de quitar la custodia a los padres que no autoricen a sus hijos el cambio de género, ya que se trata de cuestiones “muy importantes” que se “deben tratar en familia”.

El PP se ha quedado hoy solo como único partido contrario a la propuesta de Podemos y ha visto como el resto del arco parlamentario ha rechazado su enmienda a la totalidad.

Una enmienda que Maroto ha destacado porque incluía una proposición alternativa, que era además, ha dicho, la primera del PP sobre el colectivo LGTB, al que su partido, ha asegurado, defiende.

La ley en defensa del colectivo LGTBI sigue, por tanto, su trámite parlamentario. Y no gracias al PP. Que no se le olvide a nadie cuando en el próximo Orgullo quieran desfilar, tener carroza y hacerse la foto.

La #LeyIgualdadLGTBI de los colectivos #LGTBI, #ONGS y sindicatos ha dado hoy gran paso adelante. La enmienda a la totalidad de @GPPopular no ha entrado a trámite. Gracias a todxs pic.twitter.com/wkdXpZ5FQr

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 22 de febrero de 2018

Fuente Agencias, vía AmbienteG

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ALEAS denuncia la “nueva incitación al odio contra las personas LGTBI” de HazteOír y exige al Gobierno que retire la declaración de asociación de utilidad pública de la que se beneficia.

Hazte Oír continua con su particular cruzada contra la libertad y la no discriminación de las personas LGBTi. Si hace unos meses intentaba recorrer con más o menos éxito el estado español con el autobús naranja de la vergüenza, llegando incluso a intentar atropellar a manifestantes en Pamplona, ahora promete seguir dando que hablar con un Congreso tránsfobo que tendrá lugar en Madrid el próximo 23 de Febrero.

Según Hazte Oír, el suyo será el primer congreso del mundo sobre género, sexo y educación. Entre las lindezas que Hazte Oír debatirá en su congreso, se hablará de “adoctrinamiento infantil” de forma general para criticar la legislación en materia LGBTI y contará entre sus ponentes con una “víctima de la ideología de género”, un escritor cuyas teorías relacionan la pedofilia con el feminismo e incluso un médico que explicará por qué “mujer trans solo puede aspirar a ser un “hombre feminizado”, como cuenta la web Madrid Diario.

Resulta increíble que tras la polémica y escarnio de su autobús, que ya recorrió Madrid lleno de mensajes tránsfobos o del panfleto homófobo que envió a la mayor parte de los colegios españoles, que el diario ABC regaló como suplemento dominical, que siga dando guerra o protagonizando eventos de este cariz.

…O no tanto, teniendo en cuenta que la asociación Hazte Oír es receptora de ayudas y subvenciones por parte del gobierno de Rajoy, que la ha declarado de utilidad pública que “promueve el interés general” (sic), como podemos leer en La Sexta. Luego nos extraña que María Elósegui sea la magistrada elegida por el gobierno español para luchar por los derechos humanos, abiertamente homófoba.

El congreso de Hazte Oír será el 23F (casualidad o no, aniversario del golpe de estado de Tejero) en un restaurante del centro comercial ABC Serrano, si nadie del gobierno de la comunidad Madrid lo impide.

Izquierda Unida, a través de su Área federal de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS), denuncia la “nueva incitación al odio” contra las personas LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) que impulsa la plataforma ultraconservadora HazteOír.

Para la formación política, HazteOír pretende ahora “poner en duda la dignidad y la igualdad de derechos de las personas trans” y lo hace “a través de la convocatoria de un supuesto congreso mundial contra la mal llamada ‘ideología de género’”. Quieren que este cónclave se celebre en Madrid a partir del próximo 23 de febrero con la participación de “supuestos expertos internacionales”.

Desde ALEAS-IU recuerdan que “no es la primera vez que Hazte Oír utiliza sus convocatorias e iniciativas para lanzar mensajes que incitan al odio contra la diversidad sexual y de género. Valgan de ejemplo el patrocinio de un autobús que recorrió varias ciudades con mensajes contra las y los menores trans y el envío de folletos a colegios e institutos con argumentos discriminatorios son algunos ejemplos”. “Y todo ello utilizando los recursos y los beneficios económicos públicos de los que disfrutan por mantener desde 2013 la declaración de asociación de utilidad pública que les otorgó el Gobierno del PP”.

Ante esta situación, Izquierda Unida insta, por un lado, al Ejecutivo madrileño de Cristina Cifuentes a que “no permita lo que no es más que un ‘congreso de la intolerancia’ y aplique la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia, que prohíbe las expresiones vejatorias contra la diversidad sexual y de género en el ámbito madrileño”. Además, exige al Gobierno de Mariano Rajoy que “retire a Hazte Oír esa declaración de asociación de utilidad pública”, para impedir que “continúe sirviéndose de beneficios fiscales para atacar los derechos humanos de una parte importante de la ciudadanía”.

A través de su propia plataforma propagandística, Actuall, el director de Campañas y portavoz de HazteOír, Miguel Vidal, asegura que la administración regional presidida por Cristina Cifuentes “puede estar segura de que vamos a incumplir su ley LGTBI y no pensamos pagar las multas que quieran imponernos. Lo estamos anunciando, no nos escondemos: vamos a desobedecer conscientemente todas y cada una de las leyes LGTBI aprobadas en España”.

La pataleta de la organización ultracatólica organizando este “encuentro” tiene su origen en la multa que impuso el pasado mes de diciembre la Comunidad de Madrid por la difusión del folleto titulado ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual, en el que arremetía contra las úlitmas leyes leyes que protegen al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid.

No obstante, el Gobierno de Cifuentes les ha avisado de que los responsables de abrir expedientes a ciudadanos estarán “vigilantes” ante la celebración el próximo viernes 23 de febrero de este “congreso internacional”.

Fuente AmbienteG/Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. ABC Serrano, Actuall, ALEAS-IU, Congreso tránsfobo, Cristina Cifuentes, Hazte oir, Homofobia/Transfobia, Ideología de género, Miguel Vidal

Andrea Levy y Javier Maroto… memoria de pez

FELGTB: “El Partido Popular nos ha tomado el pelo”

Anteayer registró una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados 

¿#YoSoyGayYdelPP?

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), autora del texto original de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI y principal impulsora de su aprobación, expresa su más enérgica repulsa a lo que, en palabras de Jesús Generelo, su presidente, considera “la consumación de la mayor traición hacia el colectivo LGTB por parte del Partido Popular desde el recurso al Tribunal Constitucional del matrimonio igualitario”.

El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad al texto aceptado a trámite el 19 de septiembre de 2017 y que solo contó con el voto en contra de dos diputados. Con esta acción culmina el incumplimiento de su compromiso con FELGTB, ya anunciado durante la toma en consideración de la proposición. El Partido Popular se comprometió con FELGTB mediante la firma de un acuerdo el 26 de junio de 2017 a respaldar la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI, que le fue entregada y presentada el 28 de septiembre de 2016. El fruto de ese acuerdo llevó a que FELGTB invitara por primera vez en la historia a la pancarta de cabecera de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI al Partido Popular, en una fecha especialmente señalada porque, este año se celebraba además por vez primera en España el Orgullo Mundial (WorldPride Madrid).

FELGTB ha analizado detalladamente la enmienda a la totalidad y la considera “una absoluta tomadura de pelo”. Según Generelo, “el PP ha improvisado un texto carente de contenido, elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado, e incluso incoherente con lo que este partido apoya en lo relativo a leyes de protección hacia las personas LGTBI en Andalucía o Extremadura. Nuestra propuesta original, que fue respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados en su aceptación a trámite, es un texto complejo, trabajado durante años y con 99 artículos. El PP presenta ahora una ficción de enmienda de 33 artículos que produce sonrojo”.

La enmienda a la totalidad del Partido Popular excluye asuntos clave de la Proposición de Ley de Igualdad LGTBI elaborada por FELGTB, como la despatologización de la transexualidad, las mejoras en los derechos de filiación o la formación en diversidad. Además, excluye lo relativo a sanciones, un aspecto fundamental para acabar con la discriminación y los delitos de odio.

“A pesar de que sabíamos del pasado de ofensas al colectivo LGTB por parte del PP, le dimos, con gran generosidad, la oportunidad de sumarse a la lucha por la Igualdad porque deseábamos sumar todos los colores políticos a la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Por ello, creíamos en su compromiso con la esperanza de que sería lo mejor para garantizar unos derechos fundamentales a un colectivo históricamente discriminado. Ahora nos encontramos con la consumación de un desprecio mayúsculo: el Partido Popular vuelve a renegar de los principios que defendimos, y que defendieron, en la manifestación del WorldPride. El colectivo LGTBI sabrá tomar buena nota de cara al futuro”, ha manifestado Jesús Generelo.

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

En el citado texto, Javier Maroto, vicepresidente Nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, se comprometía con FELGTB en nombre de su partido a «apoyar la tramitación de la proposición de “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, registrada en el Congreso de los Diputados el 4 de mayo de 2017, y asumir un compromiso firme para que el texto aprobado por el Parlamento sea, en términos generales, lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español».

El Partido Popular no solo no ha respetado el compromiso firmado sino que ha llevado a cabo la redacción de la enmienda a la totalidad completamente de espaldas a las organizaciones representantes del colectivo LGTB, en una nueva muestra de desprecio por el trabajo de los colectivos sociales. El Congreso de los Diputados votará la próxima semana si a partir de ahora el texto sobre el que se realizarán las enmiendas al articulado será la propuesta original o la enmienda a la totalidad.

Una ley con un respaldo social incontestable

Además del apoyo recibido por todo el arco parlamentario –con excepción de PP y UPN- en la votación de paso a trámite, la proposición de ley cuenta con un amplísimo respaldo social. FELGTB, la mayor organización LGTB española −compuesta por 44 entidades de todo el país− y una de las mayores de Europa, hizo público el pasado 24 de enero un texto suscrito por 26 organizaciones y sindicatos en el que se pide, entre otros aspectos, «a las diputadas y los diputados del Congreso que, durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto […] ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados».

El texto está firmado por Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).

Fuente Nota de Prensa de la FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, FELGTB, Homofobia/Transfobia, Javier Maroto, Jesús Generelo, Ley de Igualdad LGTBI, PP

Fuensanta Lima, Juan Carlos Suffo y Francisco Javier López, en rueda de prensa en materia LGTBI

Los socialistas exigen al PP de Torremolinos “que abandone el paripé de hacerse la foto en el Orgullo y abracen el compromiso de trabajar por un Torremolinos más respetuoso y diverso del que ellos dejaron”.

El secretario de Diversidad y LGBTI de PSOE Málaga, Carlos Suffo, ha manifestado su rechazo al comunicado que ha hecho el PP de Torremolinos en Facebook, donde los populares definen el turismo LGTBI del municipio como de “baja estopa” y “que ahuyenta el turismo familiar”, algo que los socialistas han tachado de actitud “homófoba”.

Suffo ha señalado que “en un marco incomparable en lo que a materia LGTBI se refiere, con la reciente aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación de personas LGTBI y sus familias de Andalucía” y ante el trabajo que el PSOE viene realizando de manera integral y transversal con los movimientos sociales y la ciudadanía para garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades para este colectivo, “no podemos permitir que en pleno siglo XXI el PP de Torremolinos siga anclado en el pasado en este asunto”.

“El Gobierno socialista de Torremolinos es un ejemplo palpable de este compromiso con las personas LGTBI, ya que desde que José Ortiz es alcalde la relación con las asociaciones y con los empresarios de este colectivo ha sido fluida y productiva. El apoyo y promoción del turismo LGTBI es una de las prioridades en la agenda del Ayuntamiento de Torremolinos, teniendo en cuenta que este municipio es un icono internacional de este tipo de turismo y que mientras estuvo gobernando el PP, nunca gozó de buena salud y sufrió la desidia y el abandono de sus gobernantes”, ha dicho.

“Es inadmisible la carga de homofobia y clasismo que hay en las palabras del PP cuando habla de que los “Gays serios y formales” no están de acuerdo con el turismo LGTBI que promueve el Ayuntamiento de Torremolinos”, ha subrayado Suffo, añadiendo que “es aún más alarmante la separación que hacen entre el turismo de familia y el LGTBI, cuando cada vez son más las familias homoparentales que buscan destinos de vacaciones como Torremolinos”. “Las familias también son diversas y la normalización pasa por la visibilidad y convivencia de diferentes modelos familiares y de personas”, ha dicho.

Finalmente, el secretario de Diversidad y LGTBI del PSOE de Málaga ha pedido al PP de Torremolinos “que abandone el paripé de hacerse la foto en el Orgullo y abracen el compromiso de trabajar por un Torremolinos más respetuoso y diverso del que ellos dejaron”, añadiendo que “Pepe Ortiz ha devuelto el brillo y la categoría de icono LGTBI a la ciudad de Torremolinos, algo que es un hecho indiscutible”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Francisco Javier López, Fuensanta Lima, Homofobia/Transfobia, José Ortiz, Juan Carlos Suffo, Málaga, PP, PSA (PSOE), PSOE, Torremolinos

El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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A partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo”

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

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El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Foro Asturias, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, María Dolores Galovart, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Teresa Jordà, Transexualidad, Transgenerismo, Ttransfobia, Unidos Podemos, UPN

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Transgenerismo, Unidos Podemos