La iniciativa, impulsada por la congresista evangélica Francesca Muñoz, busca garantizar días libre de trabajo a quienes cumplen aniversario de matrimonio, medida que fue calificada por el Movilh como “discriminatoria y altamente ideologizada”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su máximo rechazo a un proyecto de ley que busca “proteger y promover el matrimonio”, otorgando días libres a quienes cumplen una cantidad de años casados, pero excluyendo del beneficio a otras formas familiares reconocidas por la ley, como son los convientes civiles.

El proyecto de ley es liderado por la diputada evangélica Francesca Muñoz (RN) con el respaldo de los legisladores de Miguel Mellado (RN), Érika Olivera (RN), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Francisco Undurraga (Evópoli) y Miguel Ángel Calisto (DC).

Mediante modificación al artículo 207 bis del Código del Trabajo, el proyecto establece que al cumplir 20 años de casados se otorgarán diez días de permiso laboral; mientras en el aniversario número 30, se otorgarán 15 días de permiso y de ahí en adelante otros 15 días por cada diez años.

“Al establecer un permiso especial para aquellos matrimonios que van logrando permanecer unidos a lo largo de los años, se busca recompensar el esfuerzo de mantener unida a una familia, porque no es una tarea fácil”, dijo Muñoz.

El proyecto excluye al Acuerdo de Unión Civil, porque “no puede existir una igualdad absoluta entre ambas instituciones, ya que perdería el sentido la distinción. Debido a lo anterior, es absolutamente legítimo que la ley establezca incentivos para la permanencia de la unión matrimonial”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, replicó que “este proyecto de ley se basa en el absurdo de que la estabilidad y unidad familiar depende de días libres, lo cual raya en lo ridículo y desmerece lo más preciado en el vínculo de las personas, el amor y los afecto, los únicos sustentos de las parejas y sus hijos”

“Lo que se aprecia es una visión ideologizada del matrimonio, que busca presentarlo o imponerlo como un ideal. Tan ideal que solo a través de esa unión las familias podrán acceder a beneficios que deberían ser aplicable en igualdad de condiciones a todas las parejas, sea cual sea su figura legal u orientación sexual”, apuntó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

“Dejar fuera de este proyecto a los convivientes civiles, y de paso a las parejas del mismo sexo, es así una abierta e injustificada discriminación, que esperamos los parlamentarios de Evópoli no compartan. Creemos que los congresistas de Evópoli que se sumaron a esta iniciativa fueron mal asesorados”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Acuerdo de Unión Civil, Chile, Convivientes civiles, DC, Érika Olivera RN, Evópoli, Francesca Muñoz, Francisco Undurraga, Homofobia/Transfobia, Iglesias Evangélicas, Luciano Cruz Coke, Matrimonio, Miguel Ángel Calisto, Miguel Mellado, MOVILH, Óscar Rementería, Rolando Jiménez

Un año más ha tenido lugar la celebración del Orgullo LGTB de Praga, uno de los más tardíos de Europa, y cuyos actos se han extendido del 6 al 12 de agosto. Entre los protagonistas de este 2018 han destacado las familias LGTB, un gesto con el que los activistas checos buscan marcar terreno en un momento en el que la República Checa puede ver legalizado el matrimonio igualitario.

Como cada agosto desde 2011 se ha celebrado en Praga la semana del Orgullo LGTB. En esta ocasión, los organizadores han querido dar un especial protagonismo a las familias, una elección muy vinculada al debate sobre la posible aprobación del matrimonio igualitario en la República Checa. Como ya hemos informado, el proyecto de ley fue registrado el pasado 22 de junio. De ser aprobado, las parejas del mismo sexo tendrían acceso al matrimonio en igualdad de condiciones en derechos y obligaciones que las de distinto sexo. No va a resultar sencillo: el principal elemento a favor es el respaldo del propio Gobierno checo y de buena parte del partido gobernante, ANO. En contra, el hecho de que solo el Partido Pirata lo respalda de forma clara y públicamente unánime. Además, un grupo de diputados ha presentado un proyecto de enmienda a la Constitución para hacer imposible su aprobación, si bien requeriría del apoyo de dos tercios de la Cámara, algo improbable con la actual correlación de fuerzas (la aprobación del matrimonio igualitario requeriría «solo» de una mayoría absoluta).

En este contexto, los organizadores del Orgullo y los colectivos LGTB checos han decidido dar protagonismo a la igualdad de las familias LGTB, especialmente en el acceso al matrimonio y los derechos familiares. Buen ejemplo ha sido la exposición de fotografías del artista eslovaco Robert Vano, titulada «Jedna láska, jedno manželství» («Un solo amor, un solo matrimonio») y exhibida en la Estación central de ferrocarriles. Allí se han podido ver imágenes de gran formato de varias familias homoparentales del país, con el objetivo de visibilizar su realidad en uno de los lugares más transitados de la capital checa.

Pero también se han abordado otros temas, como la prevención del VIH/sida. En este sentido, se ha reservado un espacio para la prueba del VIH y otras ITS en el corazón del festival, el «Pride Village» en Střelecký Ostrov (La «Isla de los Cazadores»). El día 8 de agosto, el «duhová tramvaj» («tranvía del arco iris») recorrió las calles de la ciudad con una intervención de arte destinada a concienciar sobre la necesidad de hacerse la prueba. Igualmente, destaca como nota llamativa el que una parada de tranvía, cercana al Pride Village, haya cambiado su nombre por el de «Duhová» («arco iris»).

El Orgullo de Praga también destaca por la presencia notable de colectivos de creyentes LGTB, especialmente la asociación Logos, que engloba varios grupos en todo el país. Sus actividades están contempladas en el programa oficial y disponen de una caseta propia en la Isla de los Cazadores como punto de información permanente y lugar de la mayor parte de sus actividades (cada día celebran una oración o meditación a las 18 horas en torno a el tema de la identidad, así como dos oficios religiosos, al comienzo y el final del festival respectivamente). Este año, en especial, han contado con la presencia del británico Philip Baldwin, quien el pasado 8 de agosto habló sobre cómo pasó de abogado a activista LGTB y en favor de las personas con VIH y de ahí a hacerse cristiano sin que ello lo viviera como una contradicción.

Como es habitual en las celebraciones del Orgullo, la actividad principal fue la celebración, ayer sábado 11 de agosto, de la gran manifestación desde la Plaza de San Venceslao hasta el parque de Letná. Se estima que unas 40.000 personas participaron activamente (el año pasado fueron 35.000), una cifra que no ha parado de crecer desde 2011, tal y como se muestra en las gráficas de los propios organizadores. Una cifra especialmente significativa si se compara con otros países del antiguo bloque soviético, respecto de los que el Orgullo praguense destaca también por el apoyo institucional y la ausencia de incidentes o contramanifestaciones homófobas. En este sentido, merece la pena señalar que, según estimaciones de los organizadores, cerca de un cuarto de los asistentes procede de estos países, especialmente de Eslovaquia, Polonia y Ucrania. Parece claro que el Orgullo de Praga constituye para muchos la ocasión más cercana y accesible para encontrar una ocasión de libertad que en sus lugares de origen aún resulta muy difícil.

Desde el punto de vista político, ha destacado muy especialmente la implicación del Partido Pirata, tercera formación más votada en las elecciones de 2017, como el más claramente comprometido con la realidad LGTB. Aunque ya habían participado en años anteriores en la manifestación, en esta ocasión lo han hecho con su propia carroza, que, en obvia referencia al partido, ha adoptado la forma de barco pirata. «Como en otras ciudades del mundo, la semana del Orgullo se ha convertido en parte del calendario anual de actividades. El Prague Pride pertenece a nuestra ciudad: habla de libertad, tolerancia mutua y respeto a las diferencias, pero también de divertirse. Para mí, personalmente, es una semana para cargar energías, cuando la ciudad cobra vida y me alegra poder formar parte de ello», ha declarado Zdeněk Hřib, candidato pirata a la alcaldía de Praga.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ANO (República Checa), Discriminación, Homofobia, LGTBfobia, Logos, Matrimonio, Orgullo LGTB, Partido Pirata (República Checa), Philip Baldwin, Praga, Prague Pride, República Checa, Robert Vano, Zdeněk Hřib

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha dado un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. Defensoría de los Habitantes y activistas LGTB han criticado este plazo, al considerar que la decisión debería ser de efecto inmediato. 

El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La sentencia de la Sala Constitucional, emitida en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconoce explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica.

Sin embargo, la Sala Constitucional ha optado por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que sea la Asamblea Legislativa la que adecúe la legislación: «Vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos de sus sentencias de constitucionalidad (…), se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia», expresa la Sala Constitucional en el comunicado leído por su presidente, Fernando Castillo.

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Críticas a la Sala por mantener 18 meses una situación de desigualdad

Ahora, la decisión de la Sala Constitucional, en lo que al parecer ha sido su sesión más larga en casi 29 años, pone plazo a la aprobación del matrimonio igualitario, aunque no faltan los que consideran tibia e incluso cobarde la resolución, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se ha mostrado «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamenta que el tribunal haya dejado «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se ha manifestado, por ejemplo, Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+. «El fallo no tiene sentido. Es una salida que toman y que en el fondo lo que hace es dilatar el cumplimiento de nuestros derechos. Yo tenía muchas dudas sobre la actuación de la Sala; este fallo me confirma que no había una voluntad de respeto hacia lo que son los derechos humanos. Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido», ha expresado el histórico activista costarricense.

Estaremos muy atentos a los acontecimientos, pero la noticia es sin duda importante. Costa Rica puede convertirse en el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana ha supuesto un antes y un después en la evolución de los derechos LGTB en América. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Carlos Alvarado, Corte Suprema de Justicia (Costa Rica), Costa Rica, Defensoría de los Habitantes (Costa Rica), Discriminación, Diversidades LGBTIQ+, Fabricio Alvarado, Fernando Castillo, Luis Guillermo Solís, Marco Castillo, Matrimonio, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE)

Una larga batalla jurídica se cierra: el Tribunal Constitucional rumano ha sentenciado que los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a obtener el permiso de residencia en Rumanía. El fallo resulta de la adopción de la histórica sentencia de la justicia europea del pasado mes de junio, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. La sentencia del alto tribunal rumano resuelve así, de conformidad con la justicia europea a la que había consultado, el litigio presentado por una pareja de un rumano y un estadounidense legalmente casados en Bélgica y que ahora podrán por fin establecerse en Rumanía como era su deseo.

El caso que ha culminado en la sentencia del miércoles pasado es conocido: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Finalmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio fue favorable a los demandantes. El fallo explica que en el contexto de la libertad de circulación y residencia, el concepto «cónyuge» debe interpretarse como «neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión», con independencia de que ese cónyuge sea a su vez un ciudadano comunitario o no. La sentencia se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, aunque matiza que «la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Como avanzábamos entonces, la sentencia europea fue la respuesta a una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Es lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional de Rumanía al resolver en favor del matrimonio Coman-Hamilton y de todos los casos análogos que pudieran ocurrir. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convertiría en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia.

Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado. La de Rumanía, de hecho, es la segunda sentencia sobre libertad de circulación de los matrimonios del mismo sexo que se basa en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Sofía, en Bulgaria, reconocía el derecho de residencia al matrimonio formado por una ciudadana australiana-chilena y su esposa francesa, legalmente casadas en Francia.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adrian Coman, Bulgaria, Matrimonio, Robert Hamilton, Rumanía, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La asamblea nacional de la Iglesia Unida de Australia acaba de cambiar sus reglas para permitir que las parejas del mismo sexo se casen en sus iglesias.

La Iglesia Unida es la tercera denominación cristiana más grande en Australia detrás de la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, con casi un millón de seguidores.

Bajo las nuevas reglas, la Iglesia Unida tendrá “dos puntos de vista iguales y distintos sobre el matrimonio para honrar la diversidad de creencias cristianas entre sus miembros”, uno que incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo y otro que expresa que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

La resolución “permite a sus ministros la libertad de conducir o negarse a llevar a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo” según sus puntos de vista individuales.

Deidre Palmer

La presidenta de la Iglesia Deidre Palmer dice: “Esta decisión sigue muchos años de reflexión, oración y discernimiento, y quiero agradecer a los miembros de la Asamblea por la forma en que han respondido con gracia a lo que es una conversación difícil para mucha gente de fe“.

Dirigiéndose directamente a los miembros de la Iglesia LGBTIQ, Palmer dijo: “Reconocemos a aquellos que, por alguna razón, no han sido capaces de apoyar este cambio. Tengan la seguridad de que sus derechos a seguir sus creencias sobre el matrimonio serán respetados y protegidos. Les agradezco a todos por modelar una comunidad cristiana amorosa, unida y cuidada entre sí, a través de nuestra diversidad de puntos de vista firmemente y fielmente sostenidos“.

La nueva política inclusiva establece: “El matrimonio es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad para el bienestar de todas las familias y no debe celebrarse a la ligera sino de manera responsable. Es una forma de vida que todas las personas deberían honrar”.

Fuente Oveja Rosa

Cristianismo (Iglesias), Iglesia Metodista, Iglesia Presbiteriana Australia, Deidre Palmer, Iglesia metodista, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Unida, Matrimonio

Rodolfo Lizárraga Arellano considera perjudicial que un menor tenga padres del mismo sexo «porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir» y esto, en su opinión, «es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica». En este sentido, alega que convivir en una familia homoparental «es un trauma sicológico» para los niños. Lizárraga ha sido transformista y ahora es diputado en el Congreso de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, a la que pertenece el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo legislador, en cambio, asegura que sí está dispuesto a reformar el Código de Familia a favor del matrimonio igualitario (que junto a la adopción homoparental ya es legal en diversos estados mexicanos y cuya validez en todo el país cuenta con el aval de la Corte Suprema de la Nación).

De los 21 diputados que se disputaban el Congreso de Sonora, la coalición Juntos Haremos Historia ha obtenido la abrumadora mayoría de 20, dejando como única oposición al PRI con un único escaño. Así pues, Rodolfo Lizárraga, que asumirá su cargo de forma efectiva en septiembre como el resto de diputados electos, ganaba el distrito XIII, relevando a Manuel Villegas del PAN. Lizárraga ha sido anteriormente concejal y alcalde por el Partido del Trabajo, una formación ahora integrada en Juntos Haremos Historia, liderada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México (del que no se espera a priori grandes avances en materia LGTB).

En una entrevista radiofónica, Lizárraga ha dicho que «creo yo que un niño de 5 o 6 años no puede convivir con dos mujeres que son pareja o con dos hombres que son pareja porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir, o sea, siento que es un trauma psicológico para el niño o la niña, es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica».

En 2007 compaginaba el cargo de regidor con sus espectáculos de transformismo, imitando a personajes tan populares como Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Angélica María o Paquita la del Barrio. Lizárraga hacía entonces estas declaraciones:

«para mí el travestismo es un trabajo que no necesariamente es sinónimo de alcoholismo, depravación o drogadicción, a mí se me ha tratado con mucho respeto, pero creo la mayoría de los travestis u homosexuales siguen sufriendo de discriminación».

Además, el entonces mandatario local añadía que «aunque (en México) hemos avanzado un poco en el respeto a nuestra actividad (travestismo) pero todavía no hemos aprendido a discernir bien entre el homosexualismo y el travestismo, yo tengo muy definida mi sexualidad y no tengo problemas con la sociedad porque ante todo trato de ser un ciudadano ejemplar».

En el siguiente vídeo se recoge la entrevista completa al diputado Lizárraga Arellano:

General, Homofobia/ Transfobia. Andrés Manuel López Obrador, Congreso de Sonora, Discriminación, Homofobia, Juntos Haremos Historia, LGTBfobia, Matrimonio, México, Pan, PRI, Rodolfo Lizárraga Arellano, Sonora, Transformismo

Un tribunal de Cuenca (Ecuador) ha ordenado al Registro Civil de esa ciudad que inscriba los matrimonios de dos parejas del mismo sexo a los que se había denegado ese derecho. Las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, han dado la razón a la parejas demandantes, que se remitían en su argumentación a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción acepta el Estado ecuatoriano, y que hace unos meses determinó que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio.

Las dos parejas (cuya identidad no ha sido hecho pública) acudieron el 19 de abril al Registro Civil de Cuenca (la tercera ciudad del país en población) y solicitaron contraer matrimonio. Su petición fue denegada el 24 de mayo, una negativa que las parejas, representadas por abogadas del Colectivo Jurídico Feminista, llevaron ante la justicia. El pasado 29 de junio tuvieron lugar las correspondientes audiencias a las partes. Por parte del Estado ecuatoriano, acudieron los abogados del Registro Civil y de la Procuradoría General.

Una vez escuchadas las dos partes, así como dos amicus curiae presentados ante el tribunal, las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y a las cuales las demandas fueron asignadas por sorteo, dieron la razón a las parejas demandantes. Estas alegaban el incumplimiento por parte del Registro Civil de lo establecido por la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo señalan los artículos 11.3 y 426 de la Constitución de Ecuador (que marcan la obligatoriedad de dar cumplimiento a los derechos consagrados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos).

Recordemos que según dicha opinión, hecha pública en enero pasado y de la que en su momento dimos cumplida cuenta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. La opinión, emitida en respuesta al requerimiento de Costa Rica, no marcaba plazos de obligado cumplimiento, pero sí suponía una hoja de ruta definida que no permite, además, soluciones parciales «intermedias», como es por cierto la existente en este momento en Ecuador, un país que sí reconoce las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Las abogadas de las dos parejas también alegaron que la negativa del Registro Civil a celebrar su matrimonio vulnera su derecho a la igualdad y no discriminación de fundar una familia a través del matrimonio en razón a la orientación sexual de los contrayentes; el derecho de formar una familia en sus diversos tipos, tal y como resaltó la Corte Constitucional en el «caso Satya» (en el que el alto tribunal ecuatoriano falló a favor de una pareja de mujeres que solicitaban que su hija pudiera llevar el apellido de las dos madres) y el derecho a realizar sus proyectos de vida.

Constitución de Ecuador, contradictoria

Se da la circunstancia de que la Constitución ecuatoriana de 2008, en su artículo 11, prohíbe expresamente la discriminación «por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición  migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o  permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el  reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos».

Sin embargo, pese a ser tan claro y rotundo el mandato del artículo 11, el texto constitucional incluye después un artículo discriminatorio, el 67, que define el matrimonio como «la unión entre hombre y mujer». Discriminación que solo corrige en parte el artículo 68, que otorga a las parejas del mismo sexo derechos equiparables a los del matrimonio aunque dejando fuera la adopción homoparental. «La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las  condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y  obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo», reza el artículo 68.

La sentencia no es aún firme

La sentencia no es todavía firme, dado que el Registro Civil ha apelado la decisión de las juezas y será revisado en segunda instancia. En cualquier caso, supone una noticia de gran importancia. Lo comentábamos en enero, al hacernos eco de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esta no tenía efectos inmediatos, pero abría un camino de muy difícil retorno a favor de la igualdad jurídica de las personas LGTB en América Latina y el Caribe. Los intentos previos de parejas del mismo sexo por ver reconocido su matrimonio en Ecuador por la vía judicial han sido hasta el momento infructuosos, pero eso puede cambiar en breve.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Colectivo Jurídico Feminista (Ecuador), Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuenca (Ecuador), Ecuador, Iliana Vallejo, Matrimonio, Ruth Álvarez

Quienes sigan a dosmanzanas desde sus orígenes recordarán a Javier Rodrigo de Santos, el que fuera concejal de Urbanismo de Palma de Mallorca con el Partido Popular (PP), conocido por su militancia católica y su negativa a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Rodrigo de Santos fue condenado a prisión en 2009 por varios delitos de abusos sexuales a menores, así como por malversación de fondos públicos en locales de alterne homosexual. Años después, Rodrigo de Santos ha sido imputado de nuevo.

Las víctimas de los abusos por los que fue condenado en 2009 fueron menores vinculados a las actividades del Camino Neocatecumenal, la organización católica a la que Rodrigo de Santos pertenecía. Inicialmente la Audiencia de Palma le impuso una condena de 13 años, pero luego fue rebajada a 9 años por el Tribunal Supremo. Antes había sido condenado además a 2 años de prisión por malversar fondos públicos (más de 50.000 euros) en locales de alterne homosexual. En ambos casos se benefició parcialmente del atenuante de drogadicción por ser adicto a la cocaína.

Javier Rodrigo de Santos, casado y padre de cinco hijos, era un político muy cercano al catolicismo más conservador, que como concejal se negaba a oficiar enlaces entre personas del mismo sexo. Participó en las concentraciones con motivo de la visita papal a Valencia en el año 2006, fotografiándose en compañía del entonces obispo de Mallorca. De Santos había llegado a Mallorca de la mano de la que ahora es presidenta del Congreso, Ana Pastor, que lo nombró presidente territorial de la mutualidad de funcionarios del Estado cuando ella dirigía dicha entidad. De Santos desarrolló con posterioridad una fulgurante carrera dentro del PP balear.

Pues bien, como si se tratara de una especie déjà vu, este martes nos desayunábamos con la noticia, publicada por eldiario.es, de que Javier Rodrigo de Santos ha sido imputado por un posible delito de agresión sexual. Según el artículo que firma el periodista Pedro Águeda, Rodrigo de Santos, que salió de la cárcel en 2014, habría utilizado presuntamente su puesto en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, una ONG que entre otras actividades se dedica a ayudar a la reinserción de reclusos, para coaccionar a dos presos en tercer grado y obligarlos a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de informar en contra de su puesta en libertad a Instituciones Penitenciarias.

Rodrigo de Santos habría conseguido su puesto en la ONG tras un periodo como voluntario para el que fue recomendado por una religiosa. Después fue contratado para cubrir una vacante de forma temporal y más adelante ascendió a responsable de uno de los programas de reinserción de presos.

La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos cuenta en su patronato con varias personalidades vinculadas al PP de ideología fuertemente conservadora, como Luis Peral, que siendo diputado de la Asamblea de Madrid se ausentó para no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia. También forma parte del patronato el socialista José Bono. La dirección de la ONG asegura que ninguno de ellos conocía la contratación de Rodrigo de Santos, que fue despedido en diciembre, tras resultar imputado. De hecho, siempre según eldiario.es, la detención de Rodrigo de Santos arrastró a la que era entonces presidenta de la ONG, María Dolores Navarro (exconcejal del PP en los ayuntamientos de Madrid y Torrejón) que se vio obligada a dimitir.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Abusos sexuales, Ana Pastor, Camino Neocatecumenal, Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, Homofobia, Iglesia Católica, Javier Rodrigo de Santos, Luis Peral, María Dolores Navarro, Matrimonio, Palma de Mallorca, Pedro Águeda, PP

La australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo acaban de abrir un importante camino en la conquista de derechos LGTB en Bulgaria. El Tribunal Administrativo de Sofía les ha reconocido como matrimonio, siendo la primera pareja del mismo sexo residente en este país balcánico que lo consigue. Su caso se ampara en la prominente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio, por la que los cónyuges de parejas del mismo sexo pueden establecerse legalmente en cualquier país o territorio comunitario. El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía, explica que «esta es la naturaleza de la normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia», aunque se trate de un país en el que no se contemplen los matrimonios igualitarios en su legislación nacional. Dosmanzanas ha podido hablar con Cristina Palma, una de las cónyuges pioneras, que califica como «un momento histórico» el espaldarazo legal recibido y que, en sus propias palabras, «también es muy importante para el avance de la comunidad LGTB en Bulgaria».

A principios de junio recogíamos la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio».

A raíz de la citada sentencia europea, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria, aun sin que este país contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia.

Según ha explicado Palma a dosmanzanas en una conversación telefónica, «en 2017, cuando fui a renovar, se tomaron mucho tiempo en responder y en marzo de 2018 me dijeron que no me daban la residencia, porque en Bulgaria no se reconocía el matrimonio del mismo sexo. En ese momento decidimos llevar el Departamento de Inmigraciones al Tribunal Administrativo de Sofía». Y este, amparándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, se veía obligado a admitir legalmente su matrimonio y a concederle la residencia a Cristina Palma. «Además, hasta el 30 de junio Bulgaria ocupaba por primera vez la presidencia rotatoria de la Unión Europea y no podía desoír en esta posición un precepto emanado de la justicia de la propia Unión Europea», alega Palma.

Con todo, el Departamento de Inmigraciones de Bulgaria podría apelar el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía, aunque teniendo en cuenta la jurisprudencia europea lo máximo que podría conseguir es alargar los plazos y dificultarle a la pareja los trámites de reconocimiento mientras pudiera extenderse el proceso de resolución la nueva y eventual sentencia (si bien es muy improvable que se cambie el sentido de la actual).

El activista LGTB Marco Vidal, establecido en Sofía, considera que «precisamente para cosas como esta es importante el acceso al matrimonio por parejas del mismo sexo: una pareja formada por una persona de la UE y otra que no es en muchos países no podrá conseguir el permiso de residencia, a pesar de estar casada, mientras en otros sí podrá conseguirlo fácilmente». Para el eslavista español «esta es la naturaleza de esta normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia».

Felices e integradas en su entorno rural de Bulgaria

Cristina Palma y Mariama Diallo viven en Palamartsa, una pequeña población al norte de Bulgaria (relativamente próxima a la frontera con Rumanía). El municipio cuenta con apenas 450 habitantes y Palma reconoce que es algo «peculiar» en comparación con otras zonas rurales del país, en parte porque buena parte de la población es de origen extranjero (aproximadamente, unas 150 personas). En sendas noticias, dosmanzanas se ha hecho eco, en boca de expertos y activistas como Marco Vidal o Miguel Rodríguez, de la LGTBfobia social, cultural y política de los Balcanes. Rodríguez argumentaba que «las sociedades balcánicas son eminemente rurales y la vida en el pueblo o en las pequeñas ciudades para las personas LGTB es opresiva».

Sin embargo, quizá por el carácter extraordinario y diferencial de Palamartsa o porque algo está empezando a cambiar, Palma y Diallo afirman que «nunca hemos sentido discriminación aquí». Paradójicamente, desde el punto de vista de la convivencia social, señalan haber tenido más problemas en otros países como Francia que en Bulgaria, aunque reconocen que «puede que las parejas de hombres lo tengan más difícil».

En todo caso, como ejemplo de respeto, aplauden la actitud del alcalde de Palamartsa, Georgi Georgiev, que ha sido uno de los primeros regidores del país en apoyar públicamente en los medios de comunicación locales y nacionales a una pareja del mismo sexo.

El Movilh festejó la medida y felicitó a la pareja considerándolo un “hecho histórico para las parejas LGBTI de ese país y una alegre noticia para nosotras y nosotros”, sostuvo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Para la vocera del Movilh. Daniela Andrade, “es gran motivo de Orgullo que sea una chilena quien esté haciendo historia para los derechos LGBTI en Bulgaria y en el mundo. A ella, y a Mariamma, les deseamos toda la felicidad. Han abierto puertas para un mundo mejor y han dado una señal de esperanza para los chilenos y chilenas”.

Añadió que “el Estado de Chile sigue estando en deuda con las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, a las cuales considera de segunda categoría y les niega derechos por su orientación sexual. Este abuso y desigualdad es cada vez más dañino y requiere llegar a su fin.- Reafirmamos nuestra lucha por el matrimonio igualitario, y exigimos al Estado cumplir el compromiso que firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH a favor de la plena de igualdad para las familias homoparentales y para las parejas del mismo sexo”.

El precedente de Adrian Coman y Robert Hamilton

Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio. Oor fin, en junio pasado conocíamos la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afirmaba que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

El pasado mes de enero publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también ha contactado con Babulkova para preguntar por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio para registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que su caso se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de la «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

General, Historia LGTBI Adrian Coman, Balcanes, BSP, Bulgaria, Convenio de Estambul, Cristina Palma, Daniela Andrade, Denitsa Lyubenova, Deystvie LGBT, Emil Radev, Georgi Georgiev, GERB, Homofobia, Kornelia Ninova, LGTBfobia, Lily Babulkova, Marco Vidal, Mariama Diallo, Matrimonio, Melchior Wathelet, Miguel Rodríguez, MOVILH, Palamartsa, Reino Unido, Robert Hamilton, Rumen Radev, Sofía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Unión Europea, Violencia de género, Youth LGBT Action

La Corte Suprema del Reino Unido ha fallado de forma unánime a favor de  la pareja formada por Charles Keidan, de 41 años, y Rebecca Steinfeld, de 37, reconociendo su derecho a contraer una unión civil. La institución del civil partnership, recordemos, esta vetada a las parejas de distinto sexo del Reino Unido. Se trata de una figura jurídica que fue creada en 2004 para conceder a las parejas del mismo sexo derechos equivalentes a los del matrimonio pero negándoles el nombre.

Por vía legislativa, en 2004 solo había sido aprobado el matrimonio igualitario en Holanda y en Bélgica, aunque decisiones judiciales lo habían legalizado también en varias provincias de Canadá y en el estado de Massachussetts, en Estados Unidos. El Gobierno de Tony Blair no quiso por entonces dar el paso y optó por promover la aprobación de una institución que si bien concedía a las parejas del mismo sexo derechos similares al matrimonio bajo la ley británica, les negaba el nombre y el reconocimiento simbólico como matrimonio. Una institución a la que, por otra parte, solo tenían derecho las parejas del mismo sexo. Una verisón británica del segregador separate, but equal: mismos derechos, pero distintas instituciones.

Los años posteriores han acabado por derrumbar este esquema de pensamiento. Apenas unos meses después de que fuese aprobada la ley de uniones civiles (pero incluso antes de que entrase en vigor) España y Canadá aprobaban el matrimonio igualitario. Sería el comienzo de una ya amplia lista de países que han ido sumándose después… Incluyendo tres de los cuatro países constituyentes del Reino Unido: Inglaterra y Gales en julio de 2013, Escocia en febrero de 2014. Solo Irlanda del Norte permanece sin matrimonio igualitario. Sin embargo, el civil partnership ha permanecido vetado a las parejas del mismo sexo. Solo la isla de Man, una dependencia de la Corona que no formalmente no forma parte del Reino Unido, permitía a las parejas del mismo sexo unirse civilmente. En esta misma página recogíamos en 2016 como Charles Keidan y Rebecca Steinfeld acudieron a la isla, situada entre Gran Bretaña e Irlanda, para contraer su unión civil como parte de su batalla jurídica por la igualdad, en este caso en beneficio de las parejas de distinto sexo.

Una batalla jurídica que parece por fin llega a su fin, y que de hehco Keidan y Steinfeld no han sido los primeros en dar (ya en 2010 nos hacíamos eco de la negativa a contrar unión civil a varias parejas de distinto sexo). Su caso sí que ha sido el primero en ser decidido por la Corte Suprema, que de forma contraria a lo que hasta entonces han hecho otros tribunales de rango inferior ha fallado que negar a las parejas de distinto sexo el acceso a la unión civil atenta contra la Convención Europea de Derechos Humanos, que potege el derecho a la vida privada y familiar y prohíbe la discriminación.

Todo un triunfo para Keidan y Steinfeld, pareja desde 2010 y padres de dos hijos, que se negaban a formalizar su unión bajo la institución del matrimonio al considerar que esta lleva implícita una carga histórica de discriminación de la mujer. «Queremos educar a nuestros hijos como iguales, y creemos que una unión civil, una institución moderna y simétrica, es el mejor ejemplo para ellos», argumenta la pareja, que por cierto ha contado en su lucha con el apoyo explícito de activistas LGTB como Peter Tatchell, que se ha mostrado encantado con el fallo.

La ley no cambia, al menos por el momento

El fallo de la Corte Suprema respecto a Keidan y Steinfeld no implica que la ley cambie de forma automática para todos los ciudadanos, pero coloca al Gobierno británico en una situación incómoda si opta por no modificarla y permite que nuevos casos de parejas de distinto sexo inunden los tribunales. Una reforma de la ley que ha reclamado por ejemplo el colectivo Stonewall, que ha advertido además contra la posible tentación del Gobierno de aprovechar la situación para suprimir totalmente el civil partnership donde exista ya matrimonio igualitario, una posibilidad que se ha llegado a barajar en tiempos recientes.

Rebecca Steinfeld, en este sentido, ha anunciado que su campaña en favor de que todas las parejas de distinto sexo que quieran contraer unión civil puedan hacerlo continúa plenamente activa:

We WON!!! But the fight for civil partnerships doesn’t end here. It must go on until civil partnerships are extended to all couples. So please continue to back our campaign: https://t.co/p94gqnce6W https://t.co/07IlW57w5Y @EqualCPs pic.twitter.com/wjLR03Yjtf

— Dr Rebecca Steinfeld (@beccasteinfeld) 27 de junio de 2018

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Charles Keidan, Convención Europea de Derechos Humanos, Corte Suprema (Reino Unido), Discriminación, Matrimonio, Peter Tatchell, Rebecca Steinfeld, Reino Unido, Stonewall (Reino Unido), Uniones Civiles

El Tribunal Constitucional de Perú deberá decidir sobre la demanda de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, a los que un tribunal reconoció su derecho a ver inscrito su matrimonio, celebrado en México, algo a lo que se niega el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El pasado miércoles los magistrados del alto tribunal peruano escucharon los argumentos de la pareja.

Ugarteche (ciudadano peruano) y Aroche (ciudadano mexicano) se casaron en 2010 en Ciudad de México. En enero de 2012 Ugarteche solicitó al RENIEC la inscripción de su matrimonio en Perú, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que si hubiese sido entre personas de distinto sexo. Sin embargo, en su caso, el RENIEC la consideró improcedente. Óscar Ugarteche recurrió judicialmente, al considerar que la negativa violaba sus derechos constitucionales a la  igualdad y la no discriminación. Y es que Ugarteche sabe bien lo que tiene entre manos: se trata de un destacado economista, que ejerce la docencia universitaria tanto en Perú como en otros países, y que fue uno de los fundadores del histórico Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una importantísima sentencia de la que nos hicimos eco en su momento. La sentencia (a la que puedes acceder aquí) detallaba 35 considerandos según los cuales la demanda estaba plenamente fundada y ordenaba al RENIEC la inscripción del matrimonio. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Hace unos meses, la 4ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la anulaba argumentando que Ugarteche había presentado su demanda de amparo contra el RENIEC seis días después de vencer el plazo legal (el 12 de diciembre de 2012 en lugar del 6 de diciembre). Pese a que Ugarteche argumentó que no pudo hacerlo hasta ese día debido a que se encontraba fuera del país y que la persona que recibió la notificación correspondiente no era su apoderado legal ni tenía poder para intervenir en su nombre, la Corte Superior de Justicia de Lima aprovechó para dar carpetazo al proceso sin molestarse en dar argumentos.

Finalmente, la defensa de Ugarteche ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, para que este se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. «No se está pidiendo que se celebre un matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se está pidiendo el reconocimiento de un matrimonio que ya se celebró en un país donde esto es legal, y por tanto tiene que inscribirse aquí y generar los derechos correspondientes», ha insistido el abogado de la pareja, Javier Mújica. El pasado miércoles presentaron los alegatos ante el alto tribunal, que deberá decidir sobre el caso en próximas semanas.

Una decisión favorable marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos parece contar con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

Otro factor a tener en cuenta es la opinión consultiva que hacía pública en enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio de Ugarteche y Aroche supondría todo un desafío.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuentes Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alberto de Belaunde, Carlos Bruce, Con mis hijos no te metas, Discriminación, Fidel Aroche, Homofobia, LGTBfobia, Matrimonio, México, Óscar Ugarteche, Perú, RENIEC, Tribunal Constitucional de Perú

Si hace unos días hablábamos del asesinato de tres activistas LGTBI, las últimas noticias que nos llegan desde México no son menos atroces…

Este miércoles fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas una mujer transgénero centroamericana que se dedicaba al trabajo sexual y al activismo a favor de la diversidad sexual. Nataly Briyth Sánchez, quien era originaria de Cuyamel, Puerto Cortés, Honduras, llevaba varios años viviendo en la capital del estado huyendo de la violencia de la que era objeto en su país de origen por parte de las pandillas criminales.

En su estancia en el estado, Nataly rentaba una habitación en la avenida 3ª Poniente Norte, Número 662, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar la joven mujer transgénero recibió este miércoles a uno de sus clientes, mismo que la atacó hasta asesinarla.

La mujer que le rentaba el cuarto a Nataly fue la encargada de reportar su agresión a la policía, pues escucho gritos provenientes de su habitación. La policía arribó al lugar de los hechos y pudo atrapar al agresor, ya que este se quedó encerrado en el cuarto, pues antes de ser agredida la mujer transgénero puso llave a la puerta por seguridad.

En un comunicado, la organización civil Diana Sacayán se exigió a las autoridades de la entidad que se castigue al responsable del asesinato: “El homicida fue capturado en flagrancia y está confeso, por lo que no hay nada más que investigar”.

De acuerdo con información difundida por la organización civil, en lo que va del año llevan contabilizados 5 asesinatos en contra de mujeres transgénero en el país; por lo que la asociación exhortó a los defensores de derechos humanos a alzar la voz para que el asesinato de la mujer transgénero centroamericana no quede impune.

“Nosotras no somos animales, nosotras necesitamos que el gobierno haga algo porque nos están matando como a un animal, sin derecho. Van cinco chicas trans que han asesinado en lo va del año. Queremos que no vayan a soltar a esa persona ya que puede pasar lo mismo con el caso de la chica comiteca, Itzel que por no tener pruebas suficientes lo dejaron en libertad”, denunció Fanny, presidenta de la asociación.

Asimismo, ese fin de semana una mujer transgénero que se dedica al trabajo sexual fue agredida a puñaladas por un hombre que la intercepto en las calles de Monterrey mientras ejercía su trabajo, el agresor escapó y la mujer fue enviada a un hospital donde se reportó estable.

A este suceso, desgraciadamente, se suma también el asesinato de una mujer trans en el Estado de Colima. El cuerpo de la mujer se encontraba atado de manos y presentaba signos de haber sufrido tortura. En cualquier caso, las autoridades no han aclarado si contaba con heridas de bala, aunque sí se sabe que su rostro habría sido repetidamente golpeado.

El hallazgo se realizó en la carretera libre a Armería-Manzanillo a la altura de la colonia Sagrado Corazón. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil que motivo el asesinato. Las autoridades no informaron si el cuerpo presenta heridas de bala, pero se pudo constatar que el cuerpo presentaba golpes en el rostro.

El lugar fue acordonado por elementos policiacos y a él arribó personal de servicios periciales con el fin de iniciar una investigación para determinar la identidad de la mujer asesinada así como las razones y los responsables de este crimen.

Este es uno de los crímenes de odio en contra de personas LGBT que acontecieron este fin de semana. Este domingo fueron asesinados tres activistas abiertamente homosexuales que defendían los derechos de las personas LGBT en el estado de Guerrero. De acuerdo Orlando Pastor, activista LGBT de Chilpancingo, los hombres fueron privados de su libertad por un grupo armado, asesinados y abandonados en las calles de Taxco, municipio del que eran originarios.

Con este último crimen, al menos van nueve mujeres trans asesinadas entre abril y junio en los Estados de Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y la última de Colima.

Este mismo año, recogíamos en marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.

Según datos del informe Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, publicado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de enero de 2013 a diciembre de 2017 se registraron como mínimo 381 crímenes de odio en contra de personas LGBT en el país.

LGTBfobia y las elecciones federales de México

En este clima de inseguridad para el colectivo LGTB (entre otros), muy castigado por la violencia y el fanatismo, el país celebrará el próximo 1 de julio elecciones federales, sin que ninguno de los principales candidatos haya expresado un compromiso firme y claro en defensa de los derechos plenamente igualitarios.

Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) «demandamos investigar el asesinato de estos jóvenes más allá de la idea de que se trata de un hecho más dentro de la ola de violencia que azota a varias regiones del país. Las autoridades deben tomar en cuenta los estereotipos negativos que pesan sobre las personas no heterosexuales y que muchas veces provocan homicidios». El PRD concurrirá a las elecciones dentro de la coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, un candidato con un perfil bajo en relación al compromiso con el colectivo LGTB.

Fuente Proceso/Colima Noticias/ Desastre.mx/Dosmanznas.

Imagen tomada de Association of World Citizens.

General, Homofobia/ Transfobia. #NoSonTresGaysSomosTodos, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Uriel López, César Cavazos, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Desde el arcoíris, Discriminación, El Bronco, Fuera del Clóset, Guerrero, Homofobia, Jaime Rodríguez Calderón, Jennifer Aguayo, José Antonio Meade Kuribreña, Juntos Haremos Historia, LGTBfobia, Manzanillo, Margarita Zavala, Matrimonio, Mauro Guerra, México, Monterrey, Nataly Briyth Sánchez, Nuevo León, Orlando Pastor, Pan, Por México al Frente, PRD, PRI, Ricardo Anaya, Roberto Álvarez, Roberto Vega, Rubén Estrada, Sinaloa, Taxco, Transfobia, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el adelanto provisional del movimiento natural de población correspondiente al año 2017, durante el cual se celebraron 4.606 bodas entre personas del mismo sexo, el 2,7% del total (171.454). De ellas, 2.316 fueron entre varones (el 50,3%) y 2.290 entre mujeres (el 49,7%). Se trata de la cifra más alta de la serie histórica, tanto en términos absolutos como relativos, superando a 2016 (cuando contrajeron matrimonio 4.320 parejas).

Según estos datos (que insistimos, son aún provisionales), en 2017 aumentó en un 6,6% el número de bodas entre personas del mismo sexo respecto al año anterior (pasando de 4.320 a 4.606). Un aumento que contrasta con un descenso de la cifra global de enlaces, que pasa de 175.343 a 171.454. Como consecuencia, la proporción de bodas entre personas del mismo sexo se incrementó del 2,5% al 2,7% del total.

De hecho se trata, por lo que a las bodas entre personas del mismo sexo respecta, de la cifra más alta de la serie histórica, superando las cifras de 2016 (4.320 enlaces) y de 2006, primer año completo en que se pudieron celebrar estas bodas (entonces se celebraron 4.313). Se encadenan además cuatro años de repunte, desde que en 2013 el número de bodas entre personas del mismo sexo conoció su punto más bajo (3.071).

Por el momento los datos de matrimonios entre personas del mismo sexo no aparecen desglosados por comunidades autónomas. En 2016, último año del que hay datos definitivos publicados, Cataluña repitió como la comunidad con más matrimonios entre personas del mismo sexo en números absolutos, si bien en términos porcentuales es Canarias la mayor proporción de bodas entre personas del mismo sexo celebra (4,5%). En cuanto a las capitales de provincia, el valor más alto se alcanzó en Barcelona (5,9%).

Sumando los datos provisionales de 2017 a los definitivos de 2005 (1.269), 2006 (4.313), 2007 (3.193), 2008 (3.194), 2009 (3.082), 2010 (3.193), 2011 (3.540), 2012 (3.455), 2013 (3.071), 2014 (3.275), 2015 (3.738) y 2016 (4.320), cerca de 45.000 parejas del mismo sexo (44.249, en concreto) han contraído ya matrimonio en España.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI España, Estadísticas, INE, Matrimonio

La Corte Suprema de Bermudas aprueba por segunda vez las bodas gays al bloquear la ley mediante la que el Gobierno de las islas ilegalizaba el matrimonio igualitario a pesar de una primera resolución del mismo tribunal que legalizaba las bodas entre personas del mismo sexo dándoles los mismo derechos que a los matrimonios heterosexuales.

 El año pasado, el Tribunal Supremo de las Bermudas declaraba que las parejas del mismo sexo tenían derecho a contraer matrimonio así como obtener los mismos derechos que los matrimonios de personas del mismo sexo, pero en lugar de seguir su dictamen, en febrero de este mismo año, el Gobierno aprueba la que denomina Ley de Asociaciones Domésticas (DPA por sus siglas en inglés: Domestic Partnerships Act), mediante la que se limita a ofrecer uniones civiles en lo que en su momento se considera una manera de ilegalizar el matrimonio igualitario, que ha terminado por ser bloqueada por el Tribunal Supremo este miércoles, 6 de junio, al ser declarada inconstitucional por Ian Kawaley, presidente del tribunal.

«El Tribunal Supremo de Bermudas ha corregido la injusticia que se produjo cuando los legisladores de Bermudas convirtieron las islas en el primer territorio nacional del mundo en abolir la igualdad matrimonial. Felicitamos a los demandantes en este caso por su victoria histórica asegurando que una vez más, ¡Love Wins!», declara en un comunicado Ty Cobb, director del departamento global de la Campaña por los Derechos Humanos. En cualquier caso, esta contramedida no entrará en vigor durante las próximas seis semanas, tiempo establecido para que el Gobierno de Bermudas decida si apela la decisión del Tribunal Supremo.

La aprobación por segunda vez del matrimonio igualitario se debe a dos demandas interpuestas por Rod Ferguson, que acude a los tribunales denunciando que están infringiendo sus derechos como ciudadano, como también lo hace la organización OutBermuda, quienes terminan fusionando sendas demandas en una sola. Posteriormente, Carnival Cruise Line se une a la demanda en abril con el objetivo de brindar «apoyo financiero, cívico y de relaciones públicas».

Tras la aprobación de la DPA, muchos activistas LGBT piden a los opositores internacionales a esta medida a que el turismo no convierta el boicot hacia las islas en un arma contra la que es piedra angular de la economía de las islas. De hecho, compañías navieras, como Carnival Cruise Line, habían comenzado a ofrecer cruceros en los que se pudieran celebrar bodas gays, lo que se habría impedido al estar dos de sus empresas subsidiarias registradas en Bermudas estando vigente la ley DPA. «¡El amor vuelve a ganar! Nuestros corazones y esperanzas están llenos, gracias a esta histórica decisión de nuestro Tribunal Supremo y su reconocimiento de que todas las familias de Bermudas importan. La igualdad bajo la ley es nuestro derecho de nacimiento, y comenzamos haciendo que cada matrimonio sea igual», declaran Zakiya Johnson Lord y Adrian Hartnett-Beasley en un comunicado de OutBermuda.

El matrimonio igualitario en Bermudas

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de «cortocircuitar» a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que, en lugar del matrimonio igualitario, instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. A principios de febrero, el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, estampaba su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Desde entonces, las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que han tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la ley que eliminó esa posibilidad siguen vigentes. Se tiene constancia de diez enlaces en el territorio y cuatro más en barcos con bandera de Bermudas.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

Fuente Universogay/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adrian Hartnett-Beasley, Bermudas, Charles-Etta Simmons, Discriminación, Ellen DeGeneres, Homofobia, John Rankin, LGTBfobia, Mark Pettingill, Matrimonio, Rod Ferguson, Same Love Bermuda, Zakiya Johnson Lord

Importantísima sentencia la dada a conocer este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», señala el alto tribunal europeo en el comunicado de prensa en el que da a conocer el fallo.

El caso es conocido en esta página: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal ha coincidido con su criterio.

Mediante su sentencia dictada hoy, y según el comunicado hecho público por la institución, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de ‘cónyuge’, que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión». Y aunque la sentencia precisa que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, señala que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, al asegurar que «la obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional». Sin embargo, matiza que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Rumanía debe actuar en consecuencia

Hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que ahora debe resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convierte en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adrian Coman, Bélgica, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Discriminación, Estados Unidos, Matrimonio, Melchior Wathelet, Robert Hamilton, Rumanía, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unión Europea

La Asamblea General de la Iglesia de Escocia ha aprobado, por una contundente mayoría, iniciar el camino para celebrar bodas entre personas del mismo sexo. La moción fue aprobada por 345 votos contra 170. El proceso será largo y no culminará hasta 2020 (como mínimo), pero todo hace pensar que el camino inclusivo iniciado por la iglesia más importante de Escocia es un camino de no retorno.

La Iglesia de Escocia, primera confesión religiosa del país en número de fieles, es una iglesia presbiteriana que carece de obispos y que no pertenece al ámbito anglicano. Ya en 2016, de hecho, aprobó la ordenación de pastores casados civilmente con personas del mismo sexo, una vez que una mayoría de presbiterios dieron su visto bueno. Escocia, recordemos, ya había aprobado el matrimonio civil igualitario en febrero de 2014 (en un proceso independiente al de Inglaterra y Gales). La decisión de permitir la ordenación de pastores homosexuales casados no supuso la aprobación del matrimonio religioso igualitario ni obligaba a las congregaciones más conservadoras, que siguen contando con la libertad de refrendar a sus pastores, pero sin duda marcaba la dirección a seguir.

La decisión adoptada ahora por la Asamblea supone el inicio de un proceso que sí tendrá como paso final la celebración de bodas religiosas entre fieles del mismo sexo. Un comité procederá ahora a elaborar un informe sobre como implementar la reforma de su canon matrimonial, que será presentado a la Asamblea General de 2020, año en que previsiblemente se tomará la decisión definitiva. Todo parece indicar que está será positiva, especialmente si se tiene en cuenta que el mandato que se acaba de aprobar ya prevé que aquellos pastores que no quieran celebrar estas bodas no se verán obligados a hacerlo.

Es la segunda iglesia escocesa en dar el paso

Puede parecer un juego de palabras, pero la Iglesia de Escocia no es la primera iglesia escocesa en dar el paso: ya en 2017 el Sínodo General de la Iglesia episcopaliana de Escocia aprobaba, también por una clara mayoría, la reforma de su canon para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Se trata, en este caso sí, de la rama escocesa de la comunión anglicana, que aunque cuenta con pocos fieles (es la tercera del país, tras la Iglesia de Escocia y la Iglesia católica) sí que tiene un indudable peso simbólico.

La que sigue impertérrita por lo que al matrimonio religioso igualitario se refiere es la segunda iglesia de Escocia en número de fieles, la Iglesia católica. Aun así, siendo justos, a nivel local esta mantiene posiciones que contrastan, por ejemplo, con las de la Iglesia católica española: en 2017, por ejemplo, hacíamos referencia a la aprobación de un plan de “escuelas seguras” para alumnos LGTB en los colegios católicos escoceses.

General, Historia LGTBI, Iglesia Inclusiva, Iglesia Presbiteriana Discriminación, Escocia, Homofobia, Iglesia de Escocia, Iglesia episcopaliana de Escocia, Iglesias inclusivas, LGTBfobia, Matrimonio, Reino Unido

Gallup ha publicado su encuesta anual sobre la identificación como personas LGTB de los ciudadanos estadounidenses. El porcentaje de quienes así se definen sigue incrementándose paulatinamente, hasta alcanzar en 2017 el 4,5 % de la población, lo que supone que más de once millones de estadounidenses se identifican como personas LGTB. Hay considerables variaciones en función de la edad, el sexo o el nivel económico, siendo las mujeres, los jóvenes y las personas con menores ingresos quienes en mayor número se definen como lesbianas, gais, bisexuales o trans.

Los datos corresponden a una encuesta realizada desde el 2 de enero hasta el 30 de diciembre de 2017 a 340.604 ciudadanos adultos estadounidenses, a lo largo de los 50 estados que componen los Estados Unidos y el distrito de Columbia. Este mismo estudio se viene haciendo desde el año 2012, por lo que se puede establecer una comparativa, en la que se percibe el crecimiento paulatino de la población LGTB que declara abiertamente su orientación sexual o identidad de género. Así, el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que se define como LGTB ha pasado del 3,5 % en 2012 hasta el 4,5 % en 2017.

Por edad, el estudio divide a los encuestados en cuatro grandes grupos generacionales. Entre los «tradicionales», nacidos entre 1913 y 1945, tan solo un 1,4 % se identifica como LGTB. Los «baby boomers», nacidos entre 1946 y 1964, llegan hasta un también escaso 2,4 %. Los miembros de la «Generación-X», nacidos entre 1965 y 1979, alcanzan el 3,5 %. Finalmente los «millennials», aquellos que han nacido entre 1980 y 1999, son los que en mayor porcentaje se declaran como LGTB, un 8,2 %. Se hace evidente una vez más que quienes han crecido en un ambiente de menor rechazo social y familiar pueden asumir su orientación sexual o identidad de género con mayor facilidad. Todo ello a pesar de que las cifras de discriminación o acoso escolar y laboral siguen siendo muy altas, y la aceptación entre quienes viven en comunidades fuertemente religiosas apenas si ha evolucionado. Así, la cifra de personas que se identificarían como LGTB tras haber crecido en un ambiente cultural y social absolutamente no discriminatorio es aún incierta.

Por sexo, son las mujeres quienes en mayor número asumen su orientación sexual o identidad de género, llegando a alcanzar el 5,1 % de las encuestadas, frente a un 3,9 % de varones. Por grupos étnicos, el mayor porcentaje se da entre los hispanos (6,1 %) y el menor entre los blancos no hispanos (4,0 %), si bien en todos ellos se constata un incremento respecto a años anteriores. Una de las razones de esta diferencia residiría en el mayor número relativo de jóvenes entre los hispanos, mientras que la población de etnia blanca alberga al mayor número relativo de personas de mayor edad.

Otro dato interesante lo ofrece la diferenciación por ingresos económicos. Las personas con menor número de ingresos son quienes en mayor porcentaje se identifican como LGTB (un 6,2 %), mientras las pertenecientes al sector de mayor nivel económico son las más renuentes a hacerlo (un 3,9 %). Esta diferencia reseñable quizás tenga que ver con una mayor presión social y laboral entre altos cargos y ejecutivos. Las diferencias por nivel educativo, sin embargo, apenas si ofrece variantes reseñables, aunque no deja de ser curioso que el menor porcentaje se dé entre quienes han efectuado cursos de postgrado.

La mayor aceptación de la orientación sexual y la identidad de género entre los estadounidenses más jóvenes concuerda con lo que ocurre en otros países. En una encuesta realizada en Europa en 2016, el 5,9 % de los entrevistados se identificaba como LGTB, mientras que el porcentaje alcanzaba el 10 % entre los más jóvenes. Según el mismo estudio, en España el dato era aún mayor, un 6,9 % de los entrevistados se asumían como personas LGTB, llegando al 14 % entre quienes tenían de 14 a 29 años de edad.

Por otro lado, Gallup también ha dado a conocer el resultado de la encuesta realizada durante los primeros días de este mes de mayo respecto a la aceptación del matrimonio igualitario. Según el sondeo, un 67 % de los estadounidenses se muestra favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el 31 % considera que no deben ser válidos. Esta situación revierte los datos de 1996, cuando los porcentajes eran casi los contrarios.

General Estadísticas, Estados Unidos, Gallup, Matrimonio, Visibilidad LGTBI

Un miembro de la Iglesia Evangélica Vid, identificado como José Cortés Muñoz, ha sido sorprendido intentando provocar un incendio en la discoteca de ambiente lésbico Club Social Frida Kahlo de Chillán (en la región chilena del Biobío). El sujeto, que gritó: «si no se queman aquí, se quemarán en el infierno y, si eso no pasa, lo haré yo», fue sorprendido con un bidón de parafina en los alrededores, después de la pronta reacción de la propietaria para sofocar las llamas. En esta ocasión solo hay que lamentar daños materiales menores. Sin embargo, como denuncia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), «es una situación en extremo grave que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar». Por esta razón, la organización igualitaria exige que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley». Además, Cortés ha declarado abiertamente que va a volver a actuar. En este sentido, hay que asumir que los discursos LGTBfóbicos en Chile incitan a la violencia, coincidiendo, no por casualidad, con el incremento del apoyo social a los derechos del colectivo LGTB.

«A eso de las 3:30 de la madrugada del domingo, el sujeto, quien vive en una Iglesia que colinda con el Club Frida Kahlo, lanzó parafina desde la pandereta que separa los inmuebles para, posteriormente, encenderle fuego a algunas de sus dependencias». Así lo ha explicado Esteban Guzmán, presidente de MOVILH-Biobío. Guzmán también ha añadido que «es una situación en extremo grave, que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar», por lo que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley».

Por su parte, la propietaria del Club Social Frida Kahlo, Jacqueline Ortega, ha narrado que «escuchamos un fuerte estallido y nuestros clientes llegaron a alertarnos que nuestra terraza estaba ardiendo. Entre todos quienes estábamos en lugar apagamos las llamas para que no se propagaran. Cuando salimos a la calle a ver qué ocurría, nos dimos cuenta de que nuestro vecino de la Iglesia Evangélica estaba con un bidón de parafina. Sin ningún tipo de pudor o arrepentimiento nos afirmó que él había comenzado el fuego, peor aún nos amenazó con matarnos por depravados».

Para el MOVILH-Biobío «este acto marca un negativo y funesto precedente para la seguridad de las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersex que debe ser combatido al instante y con el máximo rigor de la ley». El presidente regional de esta organización igualitaria anima «a las personas LGBTI de Chillán a reportar cualquier otro atropello que hubiesen visto de este sujeto, pues no sería extraño que con anterioridad protagonizara abusos similares que no fueron denunciados». La discoteca ha publicado en su cuenta de Facebook que el atacante, de hecho, ya ha avisado de que volverá a actuar.

Violencia LGTBfóbica vs. histórico apoyo social

Hace solo unos días recogíamos que la ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Desde febrero de 2014 el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género.

Sin embargo, en la anterior noticia ya advertíamos del contraste entre la aceptación histórica de los derechos del colectivo LGTB por parte de la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico. Sin duda, la visibilización de la comunidad en el debate público, estimula a los discursos de odio de grupos intolerantes y radicales (como la presencia del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO) y esto se puede traducir también, como vemos en el caso del ataque a la discoteca de Chillán, en acciones violentas.

Fuente MOVILH, vía Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Adopción, Cadem, Chile, CitizenGO, Club Frida Kahlo (Chile), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Delitos de Odio, encuestas, HazteOir, Homofobia, Homoparentalidad, Identidad de género, Iglesia Evangélica Vid (Chile), Jacqueline Ortega, Jacqueline van Rysselberghe, José Cortés Muñoz, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Matrimonio, Michelle Bachelet, MOVILH, Movilh-Biobío, Sebastián Piñera, UDI

Tras la multi-galardonada La Librería, Isabel Coixet dirigirá su nuevo largometraje protagonizado por Natalia de Molina y Greta Fernández, cuyo rodaje comienza hoy en España.

Hace un par de meses te explicábamos que Isabel Coixet estaba preparando el rodaje de su nueva película, Elisa y Marcela, que contará la historia de dos mujeres lesbianas que se casaron en La Coruña en 1901… ¡y por la Iglesia!

Ahora Netflix, plataforma que estrenará la película en 2019, anuncia que acaba de comenzar el rodaje con un vídeo en el que Coixet habla sobre el proyecto. “Elisa y Marcela es para mí un proyecto soñado, imaginado y deseado desde hace mucho, muchísimo tiempo. Cuando descubrí la historia de estas dos mujeres que desafiaron a la sociedad de la época, a la Iglesia, y a los convencionalismos, con una valentía, un coraje y una pasión inauditas, supe que era una historia que quería y debía contar“, explica la directora.

La película se está rodando en blanco y negro entre Cataluña y Galicia y tendrá como protagonistas a Natalia de Molina y Greta Fernández, a las que acompañarán Tamar Novas, Sara Casasnovas, María Pujalte, Francesc Orella, Manolo Solo y Lluís Homar.

Elisa y Marcela es una película original española de Netflix y está producida por Rodar y Rodar (El Orfanato, Los Ojos de Julia), Zenit TV, Lanube Películas y TV3, en asociación con Film Factory.

Fuente EstoyBailando

Cine/TV/Videos, General, Historia LGTBI Dumbría, Elisa Sánchez Loriga, Emilia Pardo Bazán, Francesc Orella, Greta Fernández, Iglesia Católica, Isabel Coixet, La Coruña, La Librería, Lesbianas, lesbianismo, Lluís Homar, Manolo Solo, Manuel Rivas, Marcela Gracia Ibeas, María Pujalte, María Valverde, Matrimonio, Narciso de Gabriel, Natalia de Molina, Netflix, Sara Casasnovas, Tamar Novas

«Agradecemos» su cambio de postura pero va a ser que no nos conformamos con ser fieles de segunda… Llegan tarde, el matrimonio civil y eclesiástico es lo que pedimos, ni más, ni menos… ¿Y qué es eso de que «no tiene «absolutamente nada en contra» de las uniones homosexuales, siempre y cuando se lleven a cabo en un contexto donde «la honestidad, la firmeza y la lealtad sean fundamentales»…

El primado de Bélgica ve «insostenible la condena» de la Iglesia a las parejas gay

«La Iglesia debe respetar más a los gays y a las lesbianas, también en su experiencia de la sexualidad»

«Una oración eclesiástica para una relación entre dos hombres o dos mujeres es ciertamente posible, siempre que no se parezca a un matrimonio eclesiástico»

(Cameron Doody).- «La Iglesia debe respetar más a los gays y a las lesbianas, también en su experiencia de la sexualidad». El arzobispo de Malinas-Bruselas, el cardenal Jozef De Kesel, ha apuntado a un «cambio de paradigma» en el trato de la Iglesia hacia personas con atracción al mismo sexo.

Un cambio que podría incluir una celebración eclesial «de acción de gracias o de oración» por las relaciones homosexuales, dado que «ya es insostenible la condena» de la Iglesia de este tipo de amor, ha declarado el primado de Bélgica.

A finales del mes pasado, el cardenal De Kesel se reunió durante con la organización pro-LGBTI HLWM en su palacio arzobispal, ante los que aseguró que no tiene «absolutamente nada en contra» de las uniones homosexuales, siempre y cuando se lleven a cabo en un contexto donde «la honestidad, la firmeza y la lealtad sean fundamentales».

«Veinte años atrás hubiera hablado de manera diferente a como lo hago ahora sobre este tema«, explicó De Kesel, en declaraciones recogidas por Zizo Online. «Entonces habría seguido la enseñanza oficial de la Iglesia. Ahora lo veo mucho más ‘comprensivamente’. El respeto es fundamental«.

El arzobispo belga también expresó su deseo de responder a las peticiones de parejas homosexuales creyentes que desean un reconocimiento simbólico por parte de la Iglesia. Por ello, De Kesel propuso una celebración formal eclesiástica de dichas relaciones, si bien ha matizado que dicha ceremonia no podría parecerse demasiado a las de bendiciones o nupcias heterosexuales.

«Una oración eclesiástica para una relación entre dos hombres o dos mujeres es ciertamente posible, siempre que no se parezca a un matrimonio eclesiástico», apuntó De Kesel en este sentido, precisando que «un intercambio de anillos, por ejemplo, no se puede hacer».

Aún así, el apoyo de De Kesel a la idea de un reconocimiento eclesial de las relaciones gays se suma al del cardenal Reinhard Marx, quien afirmó en febrero de este año que no ve nada malo en un cuidado pastoral más «cercano», y hasta en un «ánimo» explícito, a los católicos homosexuales.

35 de las 93 diócesis francesas ya cuentan con oficinas de atención pastoral a los homosexuales

Una idea del «cambio de paradigma» eclesial hacia los homosexuales que proponen los cardenales De Kesel y Marx ya empieza a hacerse evidente en Francia, donde cinco años después de la legalización de los matrimonios gays 35 de las 93 diócesis nacionales ya cuentan con oficinas de atención pastoral a los homosexuales, según informa La Croix.

Programas como el de la diócesis de Creteil, en las afueras de París, donde un diácono casado y su mujer reúne periódicamente a fieles gays para «testimoniar a la presencia fraternal de la Iglesia» con los homosexuales. O en Saint-Etienne, cerca de Lyon, donde el obispo ha mandado que trabajadores pastorales acompañen a los gays en «tiempos de oración» para «confiar su amor a Dios»: en mayor parte para contrarrestar la impresión -extendida entre la comunidad homosexual- de que la Iglesia apoyó las manifestaciones en contra del matrimonio gay organizadas por la asociación La manif pour tous.

Como ha explicado Fabienne Daull, miembro de un grupo de cristianos pro-LGBT en Nimes, la idea de estos programas es «decir y repetir que es posible ser cristiano y ser homosexual, que no es incompatible ni contrario a la fe». Que es posible que los gays encuentren a Dios en sus vidas y que estén plenamente integrados en sus parroquias. Un cambio de actitud y de trato que ha sido impulsado por las famosas palabras pronunciadas por el Papa Francisco en 2013: «¿Quién soy para juzgar a un gay?».

Un grupo reducido, pero insistente, de obispos aperturistas

Lo cierto es que Jozef De Kesel, no está del todo solo. Forma parte un grupo de obispos que han avanzado posturas diferentes en materia LGTB a las que sostiene la mayoría de la jerarquía católica como el obispo de Amberes, Johan Bonny. Es un grupo reducido, pero destacable por haber mantenido una misma línea desde hace ya varias años. Entre ellos está, por ejemplo, Franz-Josef Bode, obispo de Osnabrück (Alemania), que en septiembre de 2015 se mostró a favor de bendecir a las parejas del mismo sexo unidas en una relación estable, aunque de forma privada y no en una ceremonia pública.

Destaca el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, arzobispo de Munich y Frisinga, considerado un estrecho colaborador del papa Francisco. Fue él quien declaró primero, dando pie a que el propio papa hiciera declaraciones en el mismo sentido, que la Iglesia católica debía pedir perdón por su trato a las personas homosexuales: “La historia de los homosexuales en nuestra sociedad es una historia pésima porque hemos hecho mucho para marginarlos. No hace tanto tiempo de ello, y por tanto como Iglesia y como sociedad debemos pedir perdón”. El cardenal alemán señaló también que las relaciones de fidelidad entre personas mismo sexo deben valorarse positivamente: “Tenemos que respetar las decisiones de las personas. Tenemos asimismo que respetar, como dije en el primer sínodo —algunos estaban consternados pero yo creo que es normal— no se puede decir que una relación entre dos hombres, si son fieles, que esto no es nada, que no tiene ningún valor”.

Ya antes del pontificado de Francisco, en 2012, el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Berlín, llamó a la Iglesia a reflexionar sobre su posición contraria a las parejas del mismo sexo. En este sentido, afirmó que deberían ser consideradas como análogas a las heterosexuales. Igualmente, en una entrevista algo posterior, denunció el “falso perfeccionismo” que a su juicio imperaba en la Iglesia. Con todo, poco después tuvo que aclarar su postura haciendo un curioso equilibrio: por un lado afirmó que “allí donde haya personas pendientes y dispuestas la una de la otra, eso merece reconocimiento”, para añadir en cambio que los “actos” homosexuales iban “en contra de la ley natural y por tanto no pueden ser aceptados por nuestra parte”.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar a Raúl Vera, obispo de Saltillo (México), quien lleva ya años destacándose por su defensa de las personas LGTB. En fecha tan temprana como 2011 apoyó la organización del Foro de Diversidad Sexual, Familiar y Religioso por parte de la Comunidad de San Elredo, un grupo LGTB cristiano: “La sociedad mexicana aún no ha podido desligarse de prejuicios, intolerancia y hostilidad contra las personas homosexuales, generando actos de violencia y rechazo social y familiar”, declaró entonces. Igualmente, este mismo obispo bautizó en 2014 a la hija de una pareja de lesbianas, quienes habían contraído matrimonio en el Distrito Federal, primer territorio de México que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El catolicismo alemán, punta de lanza

No es de extrañar que la mayor parte de los ejemplos mencionados vengan del ámbito germánico. Alemania alberga una de las comunidades católicas más abiertas a la realidad LGTB. De hecho, las declaraciones de estos obispos alemanes resultan tímidas frente a iniciativas de los laicos. En diciembre de 2015, la división local de Colonia de la Alianza de Juventudes Católicas Alemanas (Bund der Deutschen Katholischen Jugend –BDK-) aprobaba un documento titulado “Todos son bienvenidos”, en el que afirmaba que “el amor de Dios no hace distinciones” y reconocía que las “personas homosexuales” pueden “vivir el sexo de manera responsable”. Otro ejemplo elocuente fue el documento firmado en 2011 por 144 teólogos católicos de habla alemana (aproximadamente un tercio del total) en el que abogaban por una profunda reforma de la iglesia que incluyera, entre otras muchas medidas, el fin del “rigorismo moral” que condena al ostracismo en el seno de dicha institución a las parejas del mismo sexo o a los divorciados casados en segundas nupcias.

Esta apertura a la realidad LGTB  se corresponde, por lo demás, con una actitud progresista de buena parte del catolicismo alemán en temas como la contracepción o el divorcio, en los que Alemania ya marcaba diferencias con los pontífices anteriores, en particular con el también alemán Joseph Ratzinger.

En definitiva, dentro de la dinámica en la Iglesia católica de alternar algún paso adelante con pasos atrás (como bien ha quedado en evidencia con las más recientes declaraciones del papa), existe un grupo de obispos que parece presionar en un sentido inclusivo. No hace falta recordar, por desgracia, en qué posición se sitúan las voces cantantes del episcopado español. Con alguna salvedad como el obispo Vera, parece que de nuevo les toca a los obispos del norte de Europa el papel de avanzadilla.

Fuente reigión Digital/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Iglesia Católica Bendición, Fabienne Daull, HLWM, Iglesia Católica, Jozef De Kesel, Malinas-Bruselas, Matrimonio