El vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil, para impedir que las personas trans puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus.

El pasado lunes día 30, el Parlamento húngaro votó a favor de otorgar poderes especiales al primer ministro Viktor Orbán, debido a la situación de emergencia creada por la crisis del coronavirus. Con esos poderes, Orbán podrá aprobar leyes por decreto sin control parlamentario de manera indefinida, lo que convierte a Hungría en una dictadura de facto.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género en los archivos registrales. Este es el texto del proyecto de ley:

El concepto de género no se incluye actualmente en la legislación, dado que su definición se basa en razones biológicas. Se puede determinar en función de los caracteres sexuales primarios o de los cromosomas. El género asignado en el registro se basa en los hechos declarados por los médicos para su anotación registral. A menos que se demuestre lo contrario, el registro certifica los hechos así declarados, aunque en principio no tiene ningún efecto legal.

Sin embargo, existen derechos y obligaciones que pueden surgir en función del género declarado en el registro y, por lo tanto, es necesario definir el concepto de género al nacer. Dado que no es posible cambiar completamente el género biológico, es necesario indicar en la legislación que tampoco es posible cambiarlo en el registro.

De esta manera, utilizando los poderes especiales otorgados para la lucha contra el coronavirus, el Gobierno de Orbán aprovecha para cercenar y dejar sin efectos el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género. Ocurre tan solo dos años después de que entrara en vigor la ley que permite el cambio del género en los datos registrales, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Según la normativa aún vigente, los ciudadanos húngaros pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitan un informe médico al respecto, aunque no están obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Domanzanas/Cristianos Gays

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Prosigue la deriva legislativa tránsfoba en Estados Unidos. El gobernador del estado de Idaho, el republicano Brad Little, firmó el pasado lunes dos leyes que suponen un retroceso sin precedentes en el reconocimiento de las personas trans. La primera prohíbe a las alumnas trans participar en equipos deportivos femeninos, mientras que la segunda elimina la posibilidad de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento para que refleje a la propia identidad de género. Los activistas pro derechos humanos ya se preparan para la batalla legal contra la legislación que coloca al estado como uno de los más hostiles del país para la comunidad trans.

Las leyes fueron aprobadas por ambas cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos. La primera de ellas (Ley de Imparcialidad en el Deporte Femenino) prohíbe a los colegios y universidades públicas aceptar a mujeres trans en sus equipos femeninos. En caso de duda, un médico determinará el sexo de la estudiante basándose «solamente» en su «anatomía reproductiva externa e interna», sus «niveles de testosterona normalmente producidos de manera endógena» y su «composición genética».

El contenido de la Ley de Estadísticas Vitales de Idaho es, si cabe, aún más grave. La norma elimina la modificación registral del sexo en las partidas de nacimiento, en cualquier circunstancia. Suprime el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género y se las obliga a conservar el sexo legal asignado al nacer, incluso después de someterse a cirugía de reafirmación de género. Los legisladores se excusan en una supuesta necesidad de garantizar una información estadística «factual» que no se pueda alterar por «sentimientos o experiencias subjetivas», sin hacer referencia a la identidad de género.

No se trata del primer intento de negar la identidad de las personas trans en Idaho. En 2018, un tribunal federal declaró inconstitucional una ley aprobada anteriormente y los activistas esperan que la actual siga el mismo camino. El propio fiscal general del estado ya ha advertido de esta posibilidad. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que combatirá las leyes en los tribunales. Solo otros dos estados, Ohio y Tennessee, impiden a las personas trans obtener una partida de nacimiento acorde a su identidad de género.

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Mikel Díaz Andrino, un hombre trans, maestro de profesión, fue zarandeado, empujado, insultado y vejado por su identidad sexual.

El agredido ha presentado denuncia ante la Guardia Civil por agresión motivada por su identidad sexual.

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FECyLGTB+) ha denunciado públicamente la agresión sufrida por Mikel Díaz, maestro de profesión, en la localidad abulense de Cebreros. Díaz, un hombre trans, fue agredido por un vecino mientras paseaba a su perro. El agresor lo agarró, zarandeó y le dedicó insultos tránsfobos.

La agresión tuvo lugar el pasado 23 de marzo, estando ya vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia por coronavirus. Mikel Díaz, maestro,  paseaba a su perro (una de las circunstancias por las que se permite abandonar momentáneamente en confinamiento en los domicilios) cuando un vecino lo agarró, zarandeó e insultó. «Zorra», «engendro», «puta» o «eres una cosa» fueron algunos de los insultos que recibió Díaz, relacionados obviamente con su condición de hombre trans.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León de la que el agredido es afiliado, condenan, rechazan y muestran en un comunicado,  la más absoluta repulsa contra este tipo de ataques, “que demuestran por un lado cuánto camino queda por recorrer hasta la igualdad real, y cómo algunas “personas” siguen fomentando el odio y siguen sin mostrar ningún signo de civismo ni ciudadanía… nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de educar, formar e informar en diversidad, en respeto, en eliminación de las violencias. Es por este motivo que es muy importante establecer medidas educativas contundentes que ayuden a erradicar las violencias y lleven a la transformación social y que se apruebe una ley en el marco de la comunidad autónoma de CyL de Igualdad social que ponga freno a las situaciones de rechazo, discriminación y violencia hacia personas y familias LGTB+.

Desde la FECCOOCYL seguiremos luchando contra esta lacra social y seguiremos apostando por la defensa de la diversidad como elemento enriquecedor de la educación y la sociedad, por lo que nos ponemos a disposición de todas las personas LGTBI+ que necesiten cualquier tipo de ayuda, para lo que seguiremos promoviendo cuantas acciones sindicales sean necesarias para prevenir este tipo de agresiones.”

Según confirma FECyLGTB+ en un comunicado hecho público este miércoles, el agredido ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. La organización que agrupa a varios colectivos LGTBI castellano-leoneses considera lo sucedido un claro delito de odio. «Los momentos de cuarentena, en la que los nervios, la frustración y la tensión están a flor de piel son particularmente peligrosos para los grupos vulnerables, pues es habitual que esas tensiones se conviertan en odio y agresiones hacia colectivos que son atacados o señalados como cabezas de turco de una situación de la que no tienen culpa alguna», expresa el comunicado.

«La discriminación al colectivo LGTB+ y especialmente al trans, y el odio que sufrimos, no desaparece ni siquiera ante una pandemia, si acaso se agrava por la tensión y los nervios. Es por esto que es tan importante que se apruebe en Castilla y León nuestra ley de igualdad social de la diversidad sexual, apoyada por todos los grupos menos el PP en la anterior legislatura y que estos bloquearon», detalla además Amanda Azañón, portavoz trans de FECyLGTB+, en alusión al texto que no pudo ser aprobado en la anterior legislatura (y que parece que tampoco lo será en la actual, si persiste la marcha atrás de Ciudadanos y su intención de aprobar un texto alternativo junto al PP que incluiría importantes recortes).

Fuente Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León

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Win McNamee / Getty Images

Chelsea Manning es liberada de su encarcelamiento por desacato tras concluir la labor del gran jurado ante el que se negó a declarar

Un juez ordenó la liberación de la denunciante Chelsea Manning, después de que pasó un año atrás tras las rejas.

La exsoldado transgénero Chelsea Manning ha sido puesta en libertad tras la conclusión de la labor del gran jurado ante quien se negó a declarar en el caso que mantiene la administración estadounidense contra Wikileaks y Julian Assange, lo que causó su encarcelamiento por desacato. Su liberación ha tenido lugar un día después de que intentara suicidarse en el centro penitenciario, si bien sus abogados han comunicado que se restablece adecuadamente en un hospital. Sin embargo, el tribunal ha mantenido la fuerte sanción económica con la que también se quiso forzar su declaración.

Tras haber recibido el indulto del presidente Barack Obama por su condena por revelación de secretos de Estado, Chelsea Manning aún sigue enfrentándose a la justicia federal estadounidense por asuntos estrechamente relacionados con su antigua actividad. Desde su liberación por aquellos cargos, ha permanecido encarcelada en dos ocasiones por negarse a declarar ante el gran jurado en el caso del estado federal contra Wikileaks y Julian Assange.

En ambas ocasiones, Manning se negó a prestar testimonio por considerar que estaba siendo utilizada y puesta en riesgo por intereses espurios, remitiéndose a la declaración efectuada en el consejo de guerra en el que fue condenada anteriormente. Su primera citación ante el gran jurado tuvo lugar en marzo de 2019. Tras su negativa a declarar, el tribunal dictó prisión por desacato, como medida coercitiva para provocar su colaboración. En esta ocasión, fue internada en una prisión femenina, si bien fue sometida a largos días de casi total aislamiento. El 9 de mayo se dictó su liberación por haber expirado el plazo establecido para que resolviera  el gran jurado. Sin embargo, recibió una nueva citación para presentarse ante otro gran jurado, ante el cual volvió a rehusar prestar declaración.

De nuevo se produjo la acusación de desacato y su internamiento en la misma prisión del estado de Virginia, acompañada por una fuerte sanción económica por cada día de retraso en prestar declaración. Manning se declaró insolvente, permaneciendo en encarcelada hasta que el pasado 11 de marzo intentó suicidarse, tan solo dos días antes de la vista programada para un recurso sobre su liberación. Sin embargo, el día 12 el tribunal dictó su puesta en libertad al haber concluido la labor del gran jurado y no ser su declaración necesaria. Según sus abogados, Manning se está restableciendo adecuadamente en un hospital.

El juez de distrito estadounidense Anthony Trenga escribió: “La aparición de la Sra. Manning ante el Gran Jurado ya no es necesaria, a la luz de lo cual su detención ya no sirve para ningún propósito coercitivo … se ordena que Chelsea Manning sea liberada inmediatamente del custodia del Fiscal General “.

El fallo, como decíamos más arriba, se produce un día después de que Manning fue trasladada de urgencia al hospital después de intentar suicidarse mientras estaba en la cárcel. Sus abogados confirmaron el incidente y condenaron el “daño profundo que sigue sufriendo” debido a su encierro.

El sheriff de Alexandria, Dana Lawhorne, dijo: “Hubo un incidente hoy aproximadamente a las 12.11 pm en el centro de detención de adultos de Alexandria que involucró a la reclusa Chelsea Manning. Fue manejado adecuadamente por nuestro personal profesional y la Sra. Manning está a salvo”.

Se espera que Manning sea liberado inminentemente después del fallo. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para la activista, ya que el juez se negó a renunciar a las multas de $ 1,000 dólares por día impuestas contra ella durante su año negándose a testificar. Trenga sostuvo que las multas no son “punitivas” y son “necesarias para el propósito coercitivo de la orden de desacato civil de la Corte”, lo que significa que ahora Manning debe pagar $ 256,000.

No parece, sin embargo, que los problemas de Chelsea Manning hayan acabado, pues el tribunal ha mantenido la sanción económica acumulada, que asciende a 256.000 dólares (230.000 euros), estipulando que deben ser abonados de manera inmediata.

Siete años de encarcelamiento en condiciones muy duras

Chelsea Manning estuvo en prisión desde 2010 hasta 2017, tras un consejo de guerra donde fue declarada culpable de 22 cargos relacionados con la revelación de secretos de Estado. Durante su encarcelamiento, fue sometida a condiciones de máxima vigilancia y aislamiento extremo que en su momento fueron muy criticadas por organizaciones humanitarias. Desde el día siguiente a su condena se declaró públicamente como una mujer transexual, expresando su intención de iniciar su proceso de reasignación. Sin embargo, se vio obligada a demandar al Gobierno estadounidense por la negativa de las autoridades penitenciarias a ofrecerle la asistencia precisa. No fue hasta abril de 2015 que consiguió la autorización para iniciar el tratamiento hormonal.

Los continuos castigos a un durísimo aislamiento por las faltas más leves y la lucha continuada por ejercer sus más elementales derechos la condujeron a dos intentos de suicidio, uno en julio de 2016 y otro en octubre de ese mismo año. También llevó a cabo una huelga de hambre ante la negativa de las autoridades de la prisión a que se pudiera someter a cirugía de reasignación, algo que el propio equipo médico había recomendado. Solo cuando la situación fue denunciada por la asociación ACLU, los mandos penitenciarios se comprometieron a facilitar el proceso.

Dada la precaria situación en prisión de Chelsea Manning, la medida de gracia había sido solicitada repetidamente, incluso por otros responsables de WikiLeaks acogidos fuera de los Estados Unidos, como Edward Snowden o Julian Assange. Finalmente Barack Obama accedió a la petición, que se materializó el 17 de mayo de 2017. En 2018, Manning comunicó su intención de dedicarse a la política.

Fuente Dosmanzanas/PinkNews

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La Fiscal General Letitia James anuncia un cambio en la política de salud del estado de Nueva York que permite a los menores transgénero corregir la designación sexual en los certificados de nacimiento

El proceso para corregir los certificados de nacimiento también será más fácil para los adultos transgénero

 La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy un cambio en la política del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Vital Records, que permite a los menores transgénero corregir la designación sexual en sus certificados de nacimiento si nacieron en el Estado de Nueva York.

Después de un caso presentado en nombre de un menor transgénero, denominado M.H.W. – Quien quería corregir la designación de sexo en su certificado de nacimiento de mujer a hombre para que coincida con su identidad de género, el estado cambió su política para garantizar que M.H.W. y otros jóvenes transgénero no necesiten esperar hasta que tengan 18 años para hacer el cambio. Ahora, las personas transgénero nacidas en el estado de Nueva York pueden obtener una copia certificada de su certificado de nacimiento que refleje con precisión su sexo, de acuerdo con su identidad de género.

“Gracias a la valiente determinación de este joven, el estado de Nueva York ha tomado la decisión correcta y ha cambiado su política para permitir que los menores obtengan certificados de nacimiento que reflejen con precisión su identidad de género”, dijo el Fiscal General James. “Con vigencia inmediata, las personas transgénero nacidas en Nueva York tendrán derecho a tomar esta decisión profundamente personal sin la negación injustificada del gobierno o sin que se viole su privacidad. En el estado de Nueva York, no permitiremos que una política desactualizada nos impida brindar a todas las personas la misma dignidad y respeto ”.

“Esto es asombroso. Ahora todos mis documentos de identidad coinciden, y puedo seguir adelante sin tener que preocuparme por documentos legales que entren en conflicto con quien soy nuevamente. Solo puedo seguir siendo yo “, dijo M.H.W.

“Cada persona debe ser reconocida y respetada por lo que es”, dijo Omar González-Pagán, abogado principal de Lambda Legal y asesor legal de M.H.W. “Hoy, el estado de Nueva York ha presentado un cambio en la política que permite a los menores transgénero corregir la designación de sexo en sus certificados de nacimiento, de acuerdo con su identidad de género. No debería tomar un litigio para que los derechos de una persona sean reconocidos. Pero con este anuncio, el Estado de Nueva York elimina una barrera anticuada e injusta para la capacidad de los menores transgénero de ser ellos mismos y tener documentos de identidad precisos y esenciales. Agradecemos al Fiscal General James y a la Administración de Cuomo por esta nueva política y, por supuesto, a M.H.W. y sus padres por defender lo que es correcto y justo “.

Anteriormente, el Estado de Nueva York tenía una política desactualizada que perpetuaba el estigma que enfrentan las personas transgénero al exigir que los nacidos en Nueva York que intentaron corregir el sexo que figura en su certificado de nacimiento tengan al menos 18 años y presentar una declaración jurada notariada de un médico, enfermera practicante o asistente médico que confirme que se han realizado procedimientos quirúrgicos en el solicitante para completar la reasignación de sexo. Alternativamente, uno de estos profesionales médicos podría presentar una declaración jurada confirmando que habían tratado, o revisado y evaluado, el historial médico del solicitante relacionado con el género para una serie de diagnósticos, señalando que el proveedor estaba haciendo hallazgos en revisiones y evaluaciones independientes e imparciales. , no relacionado con el solicitante.

A partir de hoy, no será necesario presentar declaraciones juradas médicas para corregir la designación de sexo en un certificado de nacimiento para adultos o menores, y las personas menores de 18 años pueden presentar una solicitud para corregir su certificado de nacimiento. Las personas de 17 años o más pueden presentar su solicitud al Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Oficina de Registros Vitales, presentando 1) una solicitud completa y firmada (DOH-5305) y 2) un formulario de declaración jurada notarizada que afirme su identidad de género (DOH) ‑5303).

Los menores de 16 años o menores pueden solicitar la corrección de un certificado de nacimiento a través de sus padres o tutores legales. Las solicitudes deben incluir 1) una solicitud completa y firmada por sus padres o tutores legales (DOH-5306), así como 2) un formulario de declaración jurada notarizada que afirme la identidad de género de su hijo (DOH-5304). Si quienes hacen la solicitud solicitan simultáneamente que se cambie un nombre en un certificado de nacimiento, eso también debe anotarse en la solicitud.

Las preguntas sobre la nueva política o la corrección o modificación de los certificados de nacimiento pueden dirigirse a la Oficina de Registros Vitales por correo electrónico a vr@health.ny.gov o por teléfono al (855) 322-1022.

En la demanda presentada en nombre de MHW, los demandantes argumentaron legítimamente que “la negativa del gobierno a reconocer el sexo de una persona no solo niega a una persona transgénero la misma dignidad y respeto al socavar, de hecho negar, su propia existencia, sino que también autoriza e invita a otros públicos y entidades privadas para discriminar y negar el reconocimiento de manera similar “. Además, un estudio de 2015 mostró que las personas transgénero que mostraron documentos de identidad con un nombre o género que no coincidían con su presentación de género fueron hostigadas verbalmente, se les negaron beneficios o servicios, se les pidió que se fueran o fueron agredidas por otros.

Esta nueva política tiene la intención de acercar al Estado de Nueva York un paso más para poner fin a la discriminación por parte de entidades públicas y privadas que estigmatizan a las personas transgénero.

Fuente Agencias

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Lauren Jackson y debajo su agresor Fred Joseph Costanza (Lincoln County Sheriff’s Office)

Fred Constanza, de 37 años, ha sido condenado por un tribunal de Oregón (Estados Unidos) a casi seis años de prisión por la brutal paliza que propinó el pasado mes de agosto a Lauren Jackson, una mujer trans que utilizó un baño público femenino, el correspondiente a su identidad de género. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió fractura craneal y una fractura de mandíbula que precisó intervención quirúrgica. El ataque a Jackson, un ejemplo más de la ola de odio tránsfobo que recorre Estados Unidos, ha sido reconocido como delito de odio al haberse producido en Oregón, estado que incluye en dicha categoría a las agresiones motivadas por la identidad de género de la víctima.

Lauren Jackson es una mujer trans de 29 años que el pasado mes de agosto hizo uso del baño público femenino en un parque cerca de Newport, en Oregón. Algo que no gustó a Fred Constanza, de 37 años y natural de Idaho, que se encontraba en el parque con su esposa. Constanza se enfrentó a Jackson («¿qué te crees, que eres una mujer o algo así?», le espetó), la agarró del pelo y, según testigos presentes en el lugar, golpeó su cabeza repetidas veces, dejándola malherida. La mujer fue trasladada al hospital, donde le apreciaron fracturas de cráneo y mandíbula, precisando cirugía por esta última. El agresor, que abandonó el parque junto a su mujer tras propinar a Lauren Jackson la paliza, fue detenido al día siguiente y encarcelado. Un jurado lo encontró culpable de acoso, agresión en segundo grado y delito de odio en primer grado. El pasado 7 de febrero se conoció la condena que le ha sido impuesta, que asciende a 70 meses (casi seis años) de prisión, además de una sanción económica por los daños causados.

This is Lauren Jackson, a transgender person beaten at Agate Beach State Park for using the women’s restroom. More on the story #LiveOnK2 at 6pm pic.twitter.com/vpZCu6Bdpu

— Joe English (@JoeEnglishKATU) August 30, 2019

Cabe señalar que la consideración de la agresión como delito de odio ha sido posible por haberse producido en Oregón, un estado que desde solo unas pocas semanas antes incluía en dicha categoría a las agresiones motivadas por la identidad de género de la víctima. Lauren Jackson es natural de Utah, pero como parte de su nueva vida tras salir del armario como mujer trans y comenzar su proceso de transición decidió trasladarse a Oregón, estado en el que solo llevaba unos días cuando sufrió la brutal paliza. Pese a todo lo sufrido, Jackson se muestra animosa y dispuesta a que su experiencia pueda ser útil para ayudar a que otras mujeres trans no pasen por lo mismo. «Todas merecemos poder existir y ser felices», declaraba tras conocer la condena a su agresor.

Ojalá fuese así, aunque no faltan razones para el pesimismo dada la profunda ola de transfobia que recorre Estados Unidos y otros países. Pocos días después de conocerse la condena a Fred Constanza, por ejemplo, se producía el asesinato en Puerto Rico de Alexa Luciano, una mujer trans sin hogar de 28 años, acribillada a balazos después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar un baño público femenino, el correspondiente a su identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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Ona, nombre ficticio,

Ona, una niña trans de ocho años, podrá competir junto a sus compañeras después de que la Federación Catalana de Natación le haya habilitado su ficha federativa en la categoría que corresponde a su identidad sentida. Cinco meses después que su familia lo solicitase, ha tenido que ser la Generalitat de Cataluña la que, dando cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, haya conseguido que Ona (nombre ficticio) pueda competir como la niña que es. Un ejemplo más de la necesidad de un marco legislativo que blinde los derechos de las personas trans (y muy singularmente las menores de edad) en todos los ámbitos de la vida y no permita, como sucede en este caso, que se vean sometidas a decisiones arbitrarias. 

Ona (nombre ficticio) tiene ocho años, y todavía no ha podido ver reconocida legalmente su identidad de género. La ley española ha quedado atrasada en esta materia, al no permitir a los menores acogerse a este derecho a no ser que lo peleen en los tribunales y tengan suerte con el juez que les toque. Una circunstancia que hasta el propio Tribunal Constitucional ha declarado ya inconstitucional (con matices) pero que sigue sin actualizarse debido a la parálisis legislativa estatal en materia LGTBI de la última década. Es por eso que la Federación Catalana de Natación se negaba a emitir su fecha federativa como niña, a pesar de la ilusión de Ona por ese deporte y el apoyo incondicional de su familia. En la actualidad, como han denunciado colectivos como la FELGTB, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI o Deporte y Diversidad con motivo de la reciente celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, «el derecho de la infancia y adolescencia trans a acceder libremente a la práctica deportiva depende de la voluntad de las federaciones deportivas que deciden arbitrariamente si una persona puede competir o no en la categoría correspondiente a su género».

Finalmente, y después de que la Secretaría de Igualdad de la Generalitat de Cataluña mediase, Ona ha visto cumplidos sus deseos. La solución adoptada implica que la Federación Catalana de Natación tomará los datos de la tarjeta sanitaria de la niña, que de acuerdo a la legislación autonómica catalana sí contempla el cambio de nombre, y no de su DNI. La Generalitat da así cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, que entre otros puntos obliga a las administraciones públicas catalanas a garantizar «junto con las federaciones deportivas, la libre participación de las personas LGBTI en las competiciones y el trato correcto de estas personas en las instalaciones deportivas».

Una decisión que ha sido bienvenida por los colectivos LGTBI, si bien la presidenta de Chrysallis Catalunya, Ana Valenzuela, ha insistido en que no solo se trata «de que se aprueben medidas excepcionales para casos concretos como este», sino que se respete el derecho de todas las personas trans que participan en competiciones deportivas. «Para ello, es importante que el gobierno de España apruebe de forma urgente una ley estatal contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género. Esa ley debe contener el derecho de deportistas trans a participar libremente en la categoría según su identidad sentida y sin aportar ninguna documentación médica», han expresado en una nota de prensa conjunta Chrysallis Cataluña, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI y Deporte y Diversidad. Mientras llega esa ley estatal, el presidente de Deporte y Diversidad, David Guerrero, ha asegurado que «seguiremos exigiendo a los gobiernos autonómicos con leyes específicas LGTBI que aprueben reglamentos y normativas que garanticen los derechos de las personas trans».

Estas organizaciones han recordado además que ya existe un precedente en Castilla y León, comunidad en la que paradójicamente no hay vigente una ley trans, y en la cual el Tribunal Administrativo del Deporte (dependiente del Consejo Superior de Deportes) ha ordenado a una federación la expedición de una ficha federativa en categoría de sexo sentido a una persona trans.

Fuente Dosmanzanas

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Marina Echebarría Sáenz se ha convertido, en nuestro conocimiento, en la primera mujer abiertamente trans en acceder a una cátedra universitaria en España. Sáenz era hasta ahora profesora titular acreditada a cátedra de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, departamento del que es directora. Desde esta semana ya es, por fin, catedrática. Además de por su excelencia académica, Marina Sáenz destaca por su currículum activista. Ha formado parte durante años de la dirección estatal de Fundación Triángulo y ha contribuido a dar forma a varias de las leyes autonómicas en materia trans.

Las felicitaciones a Marina Sáenz no se ha hecho esperar. «Desde ayer Marina Sáenz es Catedrática de Derecho Mercantil, la primera mujer transexual que consigue este reconocimiento en nuestro país. Hemos compartido muchos momentos de activismo con ella, que fue parte de nuestra dirección estatal. ¡Nuestra mas profunda enhorabuena, Marina!», tuiteaba este viernes Fundación Triángulo, colectivo de cuya dirección Marina Sáenz formó parte. «¡Qué buena noticia! ¡Enhorabuena Marina por este importante y tan merecido reconocimiento! ¡Por tu visibilidad, tu activismo y tu tesón!», se felicitaba por su parte la FELGTB.

«Conocí a Marina hace 20 años, en un curso que organizó Pablo A. Cantero. Siempre ha sido un referente, y estoy muy feliz porque desde ayer sea la primera mujer catedrática trans de nuestro país. Una importante noticia, sobre todo en estos tiempos de transfobia creciente. ¡Enhorabuena!», expresaba José María Nuñez, durante años compañero de activismo de Marina Sáenz en Triángulo. «Recuerdo esa sala del San Francisco y esa cena en la parte antigua de Cáceres. Me impresionó esa mujer. Me alegra un montón que Marina sea la primera catedrática trans de este país. Con lo que cuesta llegar. Con lo que le ha costado. ¡Enhorabuena!», le respondía el propio Cantero.

Especial significado tiene la felicitación de la que posiblemente es la activista trans más conocida de España, Carla Antonelli. «Felicidades, Marina Sáenz, ya catedrática de Derecho Mercantil, primera mujer transexual que consigue este logro personal y laboral en España, con su trabajo, esfuerzo y tesón. Marina fue junto a los colectivos trans quien dio forma legal a la ley integral trans de la Comunidad de Madrid», tuiteaba la diputada socialista en la Asamblea de Madrid.

Marina c9n el alcalde socialista de Valladolid Oscar Puente

La lucidez de Marina Sáenz es especialmente importante en tiempos como los que vivimos actualmente en España, cuya legislación estatal en materia trans ha quedado obsoleta y que vive inmersa en un proceso de intensificación del odio tránsfobo a manos de una curiosa confluencia entre colectivos ultraconservadores y sectores minoritarios que se autoproclaman feministas pero que excluyen a las mujeres trans. Recomendamos, en este sentido, la lectura de una reciente entrevista a Sáenz realizada por Nuria Alabao y publicada por Contexto el pasado mes de diciembre. «Es un despropósito que un montón de gente se esté centrando en atacar a las mujeres trans, en perseguirlas por redes pensando que eso es el movimiento feminista y que eso es activismo. Es extraño que estén centradas en atacar al 0,01 de la población mientras, que yo sepa, la sociedad patriarcal está ahí enfrente. Supone una distracción brutal del objetivo –que forma parte de una especie de reacción–, porque habíamos identificado el auténtico problema, que era la conceptualización del patriarcado, la definición de la estructura machista de la sociedad. Y cuando empezamos a centrarnos no solo en logros parciales, sino en el problema de base, que es todo el sistema que justifica todas estas discriminaciones, aparece esta cuestión», aseguraba Sáenz. Una entrevista en la que la prestigiosa jurista repasa otras cuestiones, como la necesaria actualización de las leyes españolas en materia de identidad de género, la situación de los menores trans o la vergonzante disputa sobre el derecho de las mujeres trans a usar los aseos que corresponden a su identidad de género, de la cual estos días teníamos noticia de una trágica consecuenciaen Puerto Rico con el asesinato de una mujer trans después de que se viralizara su imagen, precisamente, por haber intentado utilizar un aseo de mujeres.

Gran noticia, por lo que significa además de visibilización de las realidades trans y de enriquecimiento de referentes para las personas trans más jóvenes. ¡Felicidades!

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Neulisa Alexa Luciano Ruiz, una mujer trans sin hogar de 28 años, fue acribillada a balazos en Puerto Rico después de que su imagen se difundiera en redes sociales por usar un baño público femenino, el correspondiente a su identidad de género. El asesinato de Alexa, que todo apunta fue un delito de odio, ha causado una profunda conmoción en Puerto Rico y ha puesto de nuevo sobre la mesa el clima de odio creciente al que se enfrentan las mujeres trans. El caso ha conseguido además una especial repercusión después de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny lo denunciase en The Tonight Show, el late-night de la NBC estadounidense presentado por Jimmy Fallon.

El pasado domingo el rostro de Alexa se viralizó en redes sociales después de que un usuario difundiera un vídeo en el que aseguraba que «un hombre vestido de mujer»había intentado usar el aseo de mujeres de un establecimiento de la cadena McDonald’s situado en Toa Baja, una localidad situada al oeste de San Juan, la capital puertorriqueña. De hecho, según informa la agencia Presentes, las últimas imágenes con vida de Alexa la muestran dentro del restaurante, abordada por policías que atendieron la denuncia de quienes divulgaron el vídeo. «Algunas personas que estaban allí, en vez de asumir que era una mujer transexual, denunciaron que había un hombre disfrazado de mujer en el baño de mujeres y que representaba un riesgo para las que estaban allí», ha declarado a BBC Mundo la abogada Amárilis Pagán, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) de Puerto Rico. «Eso provocó que a través de las redes sociales se disparara la discriminación y durante todo el día estuvo corriendo por las redes sociales una foto de Alexa en el restaurante y también un llamado a que se hiciera algo contra ella», añadía Pagán.

El lunes 24 de febrero, un día después de que su imagen se viralizara, el cuerpo sin vida de Alexa era encontrado acribillado a balazos. Lo que parecen ser imágenes grabadas del momento de su asesinato, precedido de insultos y burlas tránsfobas, llegaron de hecho a circular por redes sociales, en una muestra más del sadismo de sus asesinos. En el vídeo, Alexa es aparentemente acribillada a tiros por individuos en un auto que circulaba en el pueblo de Toa Baja. Se escucha decir a los ocupantes del vehículo en la grabación divulgada en principio por Tu Video PR. “A que voy y le meto con el palo, cabr**, a que sí”, continúa uno de ellos. En otro momento, uno de los acosadores repite: “Mira la loca”. El otro le contesta: “El loco, el loco”. A los pocos segundos, se escucha una ráfaga de tiros que parecen provenir del interior del coche. Los sujetos que, aparentemente, la emprendieron contra Alexa estaban grabando al mismo tiempo.

Pero ni tras conocerse la muerte de Alexa se respetó su dignidad. Medios locales difundieron la noticia tratándola en masculino e repitiendo de nuevo que era «un hombre vestido de mujer». «No estamos hablando de un hombre con falda. Hablamos de una mujer trans. Repetir que es un hombre, nombrarle en masculino y perpetuar la idea de que una mujer trans es un peligro en un baño de mujeres aumenta el prejuicio social hacia las personas trans y fomenta mitos sobre ellas. Ya vimos lo que se provocó ayer a través de las redes sociales y cómo terminó Alexa: asesinada por personas que prácticamente salieron a cazarla en medio de ataques a su dignidad humana. Ya basta de transfobia», expresaba Amárilis Pagán en un comunicado del CABE hecho público ese mismo día.

Con el transcurso de los días, y gracias sobre todo a la movilización de un activismo harto del creciente clima de odio al que se enfrentan las mujeres trans, especialmente aquellas en situación de pobreza, la indignación se ha extendido en Puerto Rico. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció que las banderas se izarán a media asta en todos los edificios del municipio de la capital por el asesinato de Alexa. “En el municipio de San Juan hemos ordenado bajar las banderas a media asta en todas nuestras dependencias para honrar la memoria de Alexa, denunciar la transfobia y exigir que se haga justicia en este terrible crimen de odio”, dijo Cruz en un comunicado.

“Ofrecemos los recursos del municipio de San Juan tanto para la familia de Alexa como para la comunidad trans en cualquier esfuerzo que fomente un clima de paz, respeto y dignidad para toda la gente ‘trans’ y de la comunidad LGBT”, indicó.

La propia gobernadora, Wanda Vázquez, condenaba el asesinato y aseguraba en rueda de prensa que se estaba trabajando en su esclarecimiento. Por el momento, la principal hipótesis es que un grupo de adolescentes habría decidido asesinar a Alexa tras lo sucedido en el McDonald’s, pero a día de hoy la investigación sigue abierta y ni siquiera el análisis del vídeo que supuestamente mostraría los momentos del asesinato ha resultado suficiente para esclarecer los hechos.

El pasado sábado, a las 17:00 horas en Puerto Rico, fue convocada una vigilia en la calle Resistencia de San Juan en memoria de Alexa. Una mujer cuyo «delito» fue ser trans y pobre. Según se ha publicado, Alexa vivía en la calle, sufría problemas mentales y en su momento fue abandonada por su familia. En un vídeo difundido en Twitter (ver aquí) puede verse como el pasado noviembre Alexa contaba que sufría de depresión.

En cuanto a los datos disponibles de la investigación, la Policía detuvo la noche del martes a una persona por su posible relación con el asesinato, un menor de 17 años que junto a su madre intentaba salir de la isla a través del Aeropuerto Luis Muñoz Marín de la capital.

En medio de la ola de odio tránsfobo que llevan tiempo impulsando grupos ultraconservadores y sectores minoritarios autoproclamados como feministas (pero que excluyen a las mujeres trans), las personas más vulnerables son las que más tienen que perder. Como en este caso.

El homenaje de Bad Bunny a Alexa en la televisión estadounidense

Lo sucedido con Alexa ha tenido además especial repercusión gracias al gesto que Bad Bunny, el popular cantante puertorriqueño de trap y reguetón, tuvo el pasado jueves en The Tonight Show, el famoso late-night de la NBC presentado por Jimmy Fallon. En un momento determinado de su actuación junto al panameño Sech, el cantante abrió su chaqueta y dejó ver una camiseta con el lema «Mataron a Alexa, no a un hombre con falda»:

El artista denunció el crimen de odio ante el show que emite la cadena estadounidense NBC, con una audiencia estimada en 11 millones de telespectadores solo en Estados Unidos.

Fuente AgenciaPresentes

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El uso de bloqueadores de la pubertad disminuye de forma significativa el riesgo de suicidio en la población trans adolescente. Así lo pone de manifiesto un estudio recién publicado en la revista Pediatrics, que edita la Academia Americana de Pediatría.

El bloqueo de la pubertad facilita el no tener que pasar por la desagradable experiencia de ver cómo tu cuerpo se desarrolla en una dirección contraria a la de tu identidad de género. Es un tratamiento reversible, que permite detener el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (vello, barba, pechos…) durante unos pocos años hasta que la persona está legalmente capacitada para afrontar cómo y hasta dónde desee su proceso de reasignación mediante estrategias como hormonación y/o cirugía.

Los investigadores han examinado la relación entre el uso de bloqueadores de la pubertad durante la adolescencia y una serie de parámetros relacionados con la salud mental, entre ellos diferentes medidas relacionadas con la ideación suicida, mediante el análisis de los datos de 20.619 personas trans de entre 18 y 36 años recogidos en la U.S. Transgender Survey, una gigantesca encuesta que se llevó a cabo en 2015 en Estados Unidos. De ellos, solo el 2,5% tuvieron acceso a este tratamiento, pese a que un 16,9% lo hubiera deseado. Los resultados son indiscutibles. Incluso tras hacer los correspondientes ajustes tanto por variables demográficas como por el nivel de apoyo familiar que recibieron, aquellos que recibieron tratamiento presentaron de forma significativa mejores indicadores de salud mental y menores índices de suicidio que los que se lo plantearon pero no lo recibieron.

«Sabemos históricamente que los bloqueadores de la pubertad son seguros y efectivos y que son totalmente reversibles, por lo que los beneficios superan con creces cualquier riesgo. Es una obviedad el que estén disponibles en estas circunstancias», ha declarado a CNN Michelle Forcier, profesora asociada de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Brown (Rhode Island), uno de los centros universitarios más prestigiosos de Estados Unidos, al ser preguntada por este estudio. Aunque no ha participado en él, Forcier trabaja habitualmente con menores trans. Para la pediatra, negar este tratamiento a los menores que lo deseen es equivalente a negar a un niño con asma su inhalador o rechazar tratarlo de cáncer, ya que se trata de una intervención que «salva vidas», como este estudio demuestra una vez más. «No permitir a estos niños usar estos tratamientos no es una posición neutral», ha remarcado.

Un estudio sin duda importante, en un momento en el que diversos estados norteamericanos gobernados por republicanos están valorando aprobar leyes que impedirían a los menores de edad acceder a este tipo de tratamientos, pese a que gozan de respaldo científico (aquí se puede acceder, por ejemplo, a las pautas recomendadas por la Endocrine Society). Un movimiento que se enmarca en la ola de transfobia que en estos momentos agitan en ese país tanto movimientos ultraconservadores como un sector minoritario del feminismo.

Suicidio adolescente en menores trans, una lacra evitable en buena medida

Como es bien conocido, el riesgo de suicidio en adolescentes trans es elevado. En septiembre de 2018 hacíamos referencia, por ejemplo, a un demoledor estudio, publicado también en Pediatrics, que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%). Pero no era ni mucho menos el primero: ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que el resto de niños y adolescentes de su misma edad. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

Es importante destacar que el uso de bloqueadores de la pubertad no es la única estrategia que se ha demostrado útil para reducir el sucidio adolescente en menores trans. Alguna de ellas es bien sencilla: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba que simplemente el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicidio. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Fuente Dosmanzanas

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Christine Lambrecht (SPD)

El ministerio de Justicia y Protección al Consumidor alemán está preparando un proyecto de ley para prohibir las cirugías mal llamadas de «normalización» genital en menores intersexuales. La medida es una de las pocas promesas concretas en materia LGTBI del acuerdo de gran coalición entre los democristianos de la CDU/CSU y los socialdemócratas del SPD firmado en febrero de 2018. La ministra Christine Lambrecht (SPD) ha enviado un texto preliminar a los colectivos para que se pronuncien sobre su contenido. La oposición democrática saluda la reforma pero sigue reclamando la reforma de la ley de identidad de género.

La organización Aktion Transsexualität und Menschenrecht («Acción Transexualidad y Derechos Humanos») hizo público el texto que el ministerio de Justicia les había remitido el jueves pasado, junto a otros colectivos LGTBI, para que expresen su opinión sobre su contenido. La propuesta contempla la prohibición en el Código Civil alemán de la esterilización de menores de 14 años, a no ser que esté en riesgo la vida. A partir de esa edad, será la propia persona la que podrá autorizar una operación de ese tipo.

La medida es una de los pocos compromisos concretos, en materia LGTBI, que asumió el acuerdo que renovó la gran coalición tras las elecciones de septiembre de 2017. Los tres partidos de la oposición democrática han saludado la reforma pero critican el retraso en su tramitación. Los Verdes también reclaman un fondo para indemnizar a las víctimas de intervenciones de «normalización» no deseadas y ejecutadas sin su consentimiento. FDP, Die Linke y Verdes recuerdan también la necesidad de reformar la ley sobre transexualidad para incorporar los principios de despatologización y autodeterminación de género.

La prohibición de las cirugías de modificación genital en menores intersexuales es una reivindicación de los colectivos LGTBI que recogió el Parlamento Europeo en su informe sobre derechos fundamentales en la Unión aprobado en marzo de 2018. Concretamente, en su punto 68, la cámara «pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de ‘normalización’ genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo».

Fuente Dosmanzanas

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La película se en basa un reencuentro forzado entre un padre y su hija trans, tras la muerte de la madre.

Lola vers la mer es una historia delicada y elaborada gracias a una magnífica puesta en escena. La película destaca por la calidad de sus intérpretes: Benoît Magimel y la revelación Mya Bollaers.

Cámara lenta sobre Lola, sus movimientos de manos, su cabello al viento. Parece flotar en el aire. La protagonista toma su lugar en este marco preciso e hipnótico. Estos planos de apertura no son triviales: cuando comienza la película, Lola, una chica trans, ya ha despegado.

Lola tiene 18 años y vive en una casa compartiendo habitación con su mejor amigo, Samir, ya que su padre la echó de casa años antes. Se despide de él antes de regresar a las tierras de su pasado para el funeral de su madre. La reunión con su padre será brutal, los vínculos se han roto durante unos años. Los gestos son duros, las palabras de violencia increíbles: «¡Mírate a ti mismo! No te da vergüenza mostrarte así delante de familiares y amigos, vuelves aquí vestido como un transexual.”

Pero Lola es clara con el protocolo de su viaje de transición, el problema es el dinero. Por parte de su padre, el problema es diferente, tendrá que tomar este camino que nunca se atrevió o quiso hacer para comprender quién es su hija.

La oportunidad se presenta: el padre y la hija tendrán que respetar los últimos deseos de la difunta que aún los ata, y tendrán que tomar el mismo camino: un viaje en automóvil hasta el mar para esparcir sus cenizas.

El motivo de ese viaje hará su trabajo: obligar a estos dos seres a hablarse, escucharse, conocerse, tratar de comprenderse, de acuerdo con los caprichos del destino.

La joven protagonista, Mya Bollaers, fue elegida después de un largo proceso de casting que consiste en encontrar una actriz trans para este papel, es un verdadero descubrimiento que es a la vez agradable e inspirador.

No es didáctico, ni da lecciones, sino que obviamente es político en el sentido noble del término, Lola vers la mer es un momento de vida y verdad, llevado por personajes fuertes y una atmósfera inmersiva que da lugar a las elecciones estéticas precisas. Una película simple, aireada y terrosa al mismo tiempo, y que lleva en su corazón una honestidad infalible.

Fuente Oveja Rosa

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Lucas, un joven trans de 21 años, se ha quitado la vida en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. No han trascendido más detalles sobre lo sucedido y en redes sociales se han difundido informaciones confusas sobre las circunstancias que habrían rodeado su trágica decisión. Desde dosmanzanas optamos por publicar íntegramente el comunicado hecho público por Chrysallis, la asociación de familias de menores trans, y que según la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha sido consensuado con la familia del joven:

Ha vuelto a suceder. Una vez más y debería ser la última. Una vez más nuestras voces se quiebran desde lo más hondo de nuestro ser. Hoy nos vuelven a invadir la impotencia, el dolor y la incomprensión ante tanto odio sutil.  Desde Chrysallis reivindicamos el derecho de todas las personas trans a una vida libre de violencia. No es suicidio, es asesinato social provocado por la transfobia.

Hay muchos tipos de transfobia, está la que se ejerce detrás del visillo, la que se ejerce a hurtadillas, tirando la piedra y escondiendo la mano. Está la que ni siquiera parece transfobia porque se esconde tras una fachada de comprensión y aceptación falsas. Esta transfobia, también es odio y mata.

Todas las personas merecemos las mismas oportunidades, oportunidades para estudiar, trabajar, para enamorarnos y desenamorarnos. Construir ilusiones y llevarlas a cabo, o no, pero mantener esa ilusión como una posibilidad que nos puede acontecer, que nos puede acompañar, que nos puede hacer felices. Si esas ilusiones encuentran obstáculos a pesar de tener el apoyo y acompañamiento familiar, pueden esfumarse y dar paso a la desesperación.

No nos cansamos de repetir una y otra vez que la transfobia mata.

Denunciamos a esta sociedad, saturada de convencionalismos, estereotipos y creencias absurdas que se reproducen en un ciclo interminable y que debe cesar. Exigimos que se ponga fin a todo tipo de odio y violencia, incluido aquel encubierto de buenismo. Invitamos a la reflexión, a la de todas aquellas personas que escudadas por la intimidad de lo que se cuece en las cocinas de sus hogares, se piensan inocentes y se exculpan y lamentan en la distancia y tras los muros.

Reclamamos protección. Las familias solas no podemos. Es imprescindible una sociedad y unas estructuras públicas y legales que garanticen una vida feliz y plena en derechos para las personas trans*.

Una vez más desde Chrysallis lanzamos el grito: ¡NO ES SUICIDIO, ES ASESINATO SOCIAL!

Una vez más lloramos la pérdida de una vida que debería de haber tenido todas las oportunidades para ser vivida plenamente.

Jóvenes trans, una población especialmente vulnerable

Hace solo unas pocas semanas informábamos de otro suicidio de una joven trans de 18 años en Llíria (Valencia). Y antes hemos recogido los casos de Thalía, otra chica trans de 17 años que se quitó la vida en Móstoles en mayo de 2018, o del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia en septiembre de 2018, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que el resto de niños y adolescentes. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes trans con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Concentración in memoriam en Sevilla

«Lucas y su familia fueron parte de Chrysallis y de ATA. Por ese motivo, y con la aprobación de su familia, ambas asociaciones convocamos una concentración para honrar su vida, su memoria y mostrar nuestro dolor y consternación. Os invitamos a acompañarnos, el domingo 12 de enero, a las 18 h., en Plaza Nueva de Sevilla. Sin distintivos: solo claveles y velas», ha anunciado Chrysallis en sus redes sociales.

Fuente Dosmanzanas

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José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.

Gibson, de 41 años, fue condenada en 1995 por una agresión y dos años después, por el asesinato de otra reclusa. Desde los quince años vive de acuerdo a su identidad de género femenina. Los médicos le diagnosticaron disforia de género en 2014, y autorizaron su acceso a un tratamiento hormonal. La legislación de Texas, el estado donde cumple condena, no permite sin embargo las «intervenciones quirúrgicas irreversibles» como sería la cirugía de reasignación de sexo.

La reclusa recurrió a la justicia al considerar que la negativa a autorizar la intervención constituye una forma de castigo cruel e inusual prohibida por la octava enmienda de la Constitución. Gibson ha sufrido una depresión que la ha llevado a intentar tanto automutilarse como cometer suicidio. El Tribunal de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, rechazó en marzo la demanda de Gibson. El caso llegó hasta el Supremo, cuyos jueces rechazaron este lunes su toma en consideración.

A pesar del revés judicial, existen precedentes en los que los tribunales han dado la razón a personas trans en prisión. En 2015, un juez federal autorizaba la cirugía de reasignación de sexo para Shiloh Quine, meses después que Michelle Norsworthy, otra reclusa trans, obtuviera una orden favorable de un tribunal federal con el mismo objetivo. El estado de California se comprometió además a costear las intervenciones.

Los casos de Quine y Norsworthy contrastan con el de Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando «problemas de seguridad», así como una supuesta «fuente de angustia mental» para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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La comunidad LGTBI de la India ha iniciado una movilización para impedir que entre en vigor un proyecto de ley de protección de las personas transgénero aprobado por el Parlamento. Los activistas critican que el texto ignora sus principales reivindicaciones. La norma contempla penas sustancialmente menores para los crímenes cometidos contra una persona trans en comparación con las previstas cuando la víctima es cisgénero, y podría facilitar la violencia contra las personas trans en el seno de sus familias, que es la que sufre con más frecuencia el colectivo. La Corte Suprema de la India ordenó el reconocimiento legal de un tercer sexo en 2014.

El histórico fallo del alto tribunal indio en 2014 reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de que medie una operación de reasignación. Su traslación a la legislación ordinaria, sin embargo, ha sido lenta y decepcionante. En ese mismo año, el legislador Tiruchi Siva introdujo el primer proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia en el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, cuyos miembros le dieron su respaldo. Sin embargo, su tramitación entró en vía muerta después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi presentara en 2016 su propio texto ante la cámara baja o Lok Sabha, donde dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Gobierno suponía un retroceso drástico con respecto a las medidas previstas en el texto original de Siva. El Lok Sabha dio su visto bueno al proyecto de ley en diciembre de 2018, ignorando las recomendaciones aportadas por el comité permanente de la cámara y por la propia comunidad LGTBI. Sin embargo, su tramitación no se completó y la iniciativa expiró con la celebración de las elecciones generales de 2019. En agosto de este año, el Lok Sabha aprobaba una nueva versión del proyecto que mantenía su esencia, aunque suprimía alguno de los aspectos más lesivos como la prohibición de mendigar a las personas trans. La semana pasada, la norma superó su siguiente trámite con su aprobación en el Rajya Sabha.

La comunidad trans se ha movilizado desde entonces para impedir que el texto entre en vigor, lo que sucederá cuando lo firme el presidente de la India. Denuncian que en el proyecto «abunda la retórica y escasea el compromiso real por la justicia» y reclaman una ley integral que tenga en cuenta sus reivindicaciones. En particular, señalan la discriminación palmaria que supone el establecimiento de penas de entre seis meses y dos años de prisión para los delitos de violencia sexual contra una persona trans, frente a los siete años que contempla el código penal para los mismos crímenes cometidos contra una persona cis.

El activismo señala otros dos asuntos críticos del proyecto de ley. El primero, que no reconoce el principio de autodeterminación de género, porque mantiene el requisito de una operación genital para poder registrarse bajo un sexo legal diferente al asignado al nacer. Además, la decisión de otorgar la condición de transgénero dependerá de un juez y no se aclara si el Estado financiará los tratamientos de reasignación. El segundo punto, especialmente preocupante, es el artículo que prevé que las personas trans vivan con sus familias o en «centros de rehabilitación». La comunidad trans recuerda que la violencia en el seno de las familias es que con más frecuencia sufre el colectivo. Esperemos que su movilización sirva para lograr una ley que cumpla con sus necesidades.

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Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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