BUENOS AIRES. Argentina. “La violencia ha escalado en el último tiempo”, dijo a Presentes Pablo Terrera, dueño de Maricafé, el bar y LGBT Book Store ubicado en Honduras al 4200 de la ciudad de Buenos Aires.

El domingo 16 de enero, el local sufrió un atentado durante la madrugada: dos hombres lanzaron una almohada prendida fuego a las puertas del local.

Sobre el hecho, sus trabajadorxs afirman que se trata de un acto de odio hacia la diversidad sexual porque no ocurrió en ningún otro comercio.

“Nuestra comunidad está con agresiones constantemente y muchas no son denunciadas. Yo decidí hacerlo porque no voy a legitimar esto”, dijo Terrera. Para él, los hombres actuaron “con alevosía” contra su local -que abrió en 2018. Por eso lo denunció ante la Comisaría N° 2, en el barrio de Palermo. Ante esto se abrió una investigación que la lleva adelante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°1, especializada en violencia de género.

La llegada del verano vino de la mano con una serie de violencias contra la comunidad LGBTIQ+ en la Argentina. Desde la vandalización al mural del Bachillerato Trans Mocha Celis, la rotura de carteles que anuncian la futura Plaza de la Diversidad en Las Flores, la desvinculación de una futbolista de Rosario Central por besarse con su pareja, hasta el ataque a un bailarín y dos transfemicidios en menos de una semana.

El registro del Estado

“Las denuncias han aumentado”, confirmó a Presentes Victoria Donda, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en cuanto a los casos de discriminación de vive el colectivo. Y continuó: “No sabemos si es porque aumentaron los casos de discriminación o porque venimos trabajando desde el INADI. Cuando entramos en el 2019 el sistema de estadística se había destruido, la sociedad no sabía que existía el INADI, prácticamente”.

Donda considera que actualmente proliferan discursos de odio hacia la población LGBT+. Esos discursos, afirma, “no solo se escuchan de boca de candidatos o personas del sistema político, sino también en los medios de comunicación”, y construyen “un ideario desde donde la violencia es correcta”.

Agresiones al Mocha Celis

En tanto, el 4 de enero, otro ataque a la diversidad se produjo en el barrio porteño de Once.

Estudiantes, egresades y docentes construyeron el mural del Bachillerato Travesti Trans Mocha Celis, durante una jornada de la que participó Presentes el 2 y 3 de diciembre. Fue una bienvenida de la escuela al barrio a principios de diciembre. Un mes después, y en circunstancias que aún se desconocen, el dibujo fue vandalizado con mensajes de odio hacia la diversidad sexual.

“Entendemos que la violencia es una constante y una latente en nuestra existencia, incluso cuando lo que queremos es construir. Lamentablemente debo decir que es una de las cosas más que nos pasan. En los últimos años los atropellos de las fuerzas de seguridad no han parado ni los desprecios, las malas caras, las burlas. Esta es una marca más que estamos llevando como colectivo”, dijo en su momento a este medio Manu Mireles, secretaria académica de la Mocha.

En contra de la diversidad

En la localidad de Las Flores de la provincia de Buenos Aires, personas rompieron el cartel que anuncia el proyecto de construcción de la Plaza de la Diversidad.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante “con la intención y necesidad de contar con un espacio que sea símbolo de reconocimiento a un colectivo históricamente discriminado como es el LGBTI+”. Así lo indicaron desde el Espacio de Géneros Hablemos, entidad que hizo público el hecho a través de sus redes sociales.

Además, denunciaron que la agresión ocurrió a pocos días del Festival Hablemos, organizado “para incluir y visibilizar la lucha de la comunidad LGBT”, que tendrá lugar el sábado 22 de enero en la Confitería de La Laguna del distrito.

Para Mercedes Crego, de 28 años, licenciada en Turismo y militante del espacio, “la discriminación, la violencia y el odio hacia las personas LGBTI+, ya sea explícita o implícita, es lo que nos expulsa de las ciudades chicas como la nuestra”.

“Ante estos hechos reafirmamos la necesidad de nuestra militancia, de visibilizarnos y hacernos escuchar como colectivo. Mientras estos actos sigan ocurriendo, nosotrxs seguiremos más unidxs y fuertes luchando”, afirmó.

Discriminación directa

Además de ataques materiales, en diciembre y enero se registraron graves violencias hacia personas de la comunidad.

Luego de una reunión con la dirigencia del fútbol femenino y las altas autoridades del club Rosario Central sin buenos resultados, las jugadoras del plantel de fútbol femenino del club decidieron denunciar ante el INADI a mediados de diciembre los múltiples maltratos que vienen atravesando.

Las situaciones van desde amenazas, comentarios inapropiados y sobreexigencia deportiva, hasta la expulsión de una de las defensoras del equipo profesional, Maira Sánchez, “por besarse con otra chica”.

“A mí me encantaría que el club pueda tener gente realmente capacitada para que esté al mando de un equipo profesional. No sólo por nosotras sino por las chiquitas que vienen atrás”, dijo, entonces, Maira a Presentes.

También a mediados de diciembre, el bailarín de ritmos latinos y profesor de baile Roberto Tito Costilla, de 27 años, sufrió un ataque homoOdiante que le quebró la pierna.

Tras un allanamiento, solicitado por la Fiscalía Penal 3 y ordenado por el juez de Garantías 2, el 14 de diciembre detuvieron a Ignacio Colombo, padre e hijo, acusados del delito de lesiones graves calificadas por odio a la orientación sexual.

Dos transfemicidios en 2022

Finalmente, el 2022 inició con dos transfemicidios en menos de una semana. La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que en las primeras dos semanas del año ocurrió el 20 por ciento de los crímenes de odio hacia travestis y trans que hubo en el 2021.

En este sentido, según la organización La Rosa Naranja, el año pasado se registraron 10 asesinatos a travestis y trans.

El primer transfemicidio del año fue el de Aldana Lorenz, una mujer trans de 35 años, que murió el 4 de enero, luego de haber estado internada durante 10 días tras haber recibido un ataque en la víspera de la Nochebuena en el barrio La Ranita, al noroeste de Santa Fe capital.

Recién cuando se conoció su muerte se dio intervención a la policía y se notificó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A fines de la semana pasada, se conoció el segundo transfemicidio del año en la localidad de Beccar, del partido de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Se trató de una mujer trans de 46 años que fue encontrada asesinada a cuchilladas en una vivienda del distrito.

Actualmente, el crimen es investigado por personal de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella.

“En todo proceso de avance sobre la conquista de derechos también hay momentos de retroceso. Creo que, sin lugar a dudas, se está verificando en todo el país un avance de sectores socialmente conservadores y violentos. Estos hacen eco de los discursos de odio que se construyen en usinas más pensadas para las carreras electorales, como pueden ser lo que expresa Javier Milei o Patricia Bullrich”, concluyó la titular del INADI.

Policías de San Isidro hallaron el jueves 13 de enero a una mujer trans de 46 años y apellido Giacobbi asesinada a cuchilladas en una vivienda de la localidad de Beccar, en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires, según informó el parte policial del distrito.

Tras tres días sin tener conocimiento del paradero de la mujer y alarmades por un “fuerte olor”, vecines de la zona dieron aviso a la policía. Al llegar a la casa ubicada en calle América al 2400, entre Gobernador Udaondo y Padre Acevedo, encontró su cadáver y pisadas con manchas de sangre.

La investigación sobre el caso la lleva adelante personal de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella.

Qué se sabe del caso

El cuerpo de la mujer fue examinado por médicos forenses que constataron que la muerte ocurrió entre 36 y 48 horas antes del momento en el que fue descubierto el cuerpo.

“Es como que la sociedad argentina no registra el travesticidio y el transfemicidio. No hay forma. Solamente la comunidad LGBTIQ+ le da cierto valor. La travesticidad siempre queda en el último escalón”, dijo a Presentes Marcela Tobbaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja.

Para ella, “la violencia que existe por parte de los masculinos es muy fuerte” y considera que “el crimen de Beccar es un crimen de odio”.

Según el registro que lleva adelante La Rosa Naranja desde hace cinco años en todo el país, el año pasado hubo 67 muertes de mujeres trans, travestis y transgénero, y 4 de varones trans. De elles, 10 fueron asesinadas.

Una violencia que no desciende

El segundo transfemicidio del 2022 ocurrió con una diferencia menor a una semana del anterior, el de Aldana Lorenz, una mujer trans de 35 años. En este panorama, ya ocurrió el 20 por ciento de los crímenes hacia mujeres trans y travestis que tuvieron lugar el año pasado.

En lo que va del año, la asociación registró ocho muertes de compañeras travestis y trans por travesticidio o transfemicidio social -es decir, aquellas que se encuentran vinculadas al abandono estatal, judicial y social- y dos asesinatos.

“Es una aberración que nos sigan matando de esa manera. Esto nos afecta a todas”, dijo Erika Moreno, referenta de la Red Diversa Positiva de la provincia de Tierra del Fuego.

Sobre esto, amplió: “La comunidad travesti trans siempre somos las personas relegadas, sudacas, que no tenemos realmente oportunidades. Algunas tenemos posibilidades, otras muchas no. Las adultas mayores viven en situaciones paupérrimas, donde estamos carentes de un montón de cosas”.

Por eso, concluyó: “Necesitamos urgentemente una reparación histórica, una indemnización, que se nos tenga en cuenta realmente”.

Fuente Agencia Presentes

ARGENTINA, Rosario. Comentarios inapropiados, maltratos, amenazas, sobreexigencia deportiva y restricciones en la comunicación. Esas son algunas de las acciones que llevaron a un grupo de 15 jugadoras de fútbol de Rosario Central a realizar una denuncia colectiva contra el club en el Inadi.

Días antes, Maira Sánchez, una de las defensoras del equipo profesional, fue desvinculada “por besarse con otra chica” en el predio deportivo.

“La denuncia que hicimos es colectiva. Si bien hay puntos como el mío que se destacan el reclamo es colectivo”, remarca Maira en diálogo con Presentes y agrega: “Teníamos muchos destratos por parte de la DT y las personas a cargo del femenino en Rosario Central”.

Un encuentro con el club

El 11 de noviembre, después de meses de sufrir distintas situaciones, las jugadoras convocaron a una reunión a todo el cuerpo técnico, la dirigencia del fútbol femenino, el área de género y a las máximas autoridades del club. Del encuentro participaron el vicepresidente, Ricardo Caldoni, y la representante del fútbol femenino, Carla Facchiano, pero nadie del equipo técnico.

En el encuentro se expusieron las situaciones que venían padeciendo las jugadoras y se marcó el caso puntual de Maira. “A mí la DT me había comunicado que iba a quedar por fuera del plantel profesional porque un dirigente le dijo que no podía seguir en el club porque me habían visto besarme con una compañera dentro del complejo donde entrenamos”, cuenta la ex defensora de Central y agrega que en el momento le remarcó la directora técnica que ella nunca incumplió con su trabajo.

“Ella me dijo que no era su decisión, que era una bajada de línea pero no me quiso dar el nombre de la persona que dio la orden. Cuando lo hablamos en la reunión con el vicepresidente del club, él dijo que no estaba al tanto de esto, que le parecía una falta de respeto”, recuerda Maira.

Sin embargo, no se decidió dar marcha atrás con la medida.

Después de escuchar todos los reclamos de las jugadoras, la dirigencia definió darle licencia a quienes habían firmado la nota pero el resto del equipo siguió entrenando y las personas denunciadas también continuaron con sus tareas habituales. “Se comprometieron a darnos una solución antes de que termine noviembre pero eso nunca sucedió, no se volvieron a comunicar”, recuerda Maira.

La violencia de la inacción

La situación se volvió angustiante para las jugadoras. Fueron apartadas de los entrenamientos y muchas quedaron sin respuesta sobre su continuidad en el grupo. En ese escenario, a mediados de diciembre, deciden contactar al Inadi para que pueda mediar y accionar en el caso.

“El de Maira no es el único hecho que se denuncia. Forma parte de una crónica de situaciones que venían pasando desde principio de 2021. En ese andamiaje, y entendiendo que en virtud de todas estas situaciones algunas jugadoras iban a quedar desvinculadas a partir del 31 de diciembre, se decide la intervención el Inadi. Son un grupo de jugadoras y ex jugadoras que denuncian una serie de discriminaciones y acoso”, indica en diálogo con Presentes, Paula Saini, delegada de Inadi Santa Fe.

Saini reconoció que lo que las jugadoras vivieron fueron “situaciones pequeñas que día a día constituyen una situación de acoso, hostigamiento y discriminación. Entendemos que se dan por su condición de género pero también apelamos a la interseccionalidad de la discriminación. Son demasiados obstáculos dentro del fútbol femenino”.

Maira Sánchez fue desvinculada del club este año.

La delegada también reconoció que Rosario Central es uno de los clubes con mayor trayectoria en la incorporación de planteles femeninos y en la creación de una Secretaría de Género y Diversidad, pero remarcó que la falta de respuestas de la institución constituyó también una situación de violencia hacia las jugadoras y ex jugadoras.

Para ella las medidas adoptadas por el club tienen “fundamentalmente impacto en lo psicológico, moral y anímico de las jugadoras. Desde ese momento no saben qué va a pasar con sus contrataciones ni cómo va a ser su relación con el club en 2022. De hecho, hay jugadoras que tienen contrato por un año más y tampoco saben cuál es la situación en la que están”.

El martes hubo una reunión con las autoridades del club que mostraron buena predisposición para trabajar junto al organismo nacional en la búsqueda de una solución a los problemas que plantearon las jugadoras. Hasta ahora no hubo avances concretos y estaba prevista un nuevo encuentro con las denunciantes.

La respuesta del club

Un día después de que se conociera la denuncia de Maira al Inadi, la Secretaría de Género y Diversidad del club emitió un comunicado. Allí señalaron: “Queremos manifestar nuestra preocupación ante el hecho de gravedad institucional que en las últimas horas se hizo público. Al tomar conocimiento de la denuncia de un hecho homo-odiante se activó el Protocolo de Prevención y Actuación ante situaciones de violencia de género y discriminación para realizar el abordaje correspondiente”.

Más adelante remarca el apoyo a Sánchez y a todo el plantel. También aclara: “Creemos importante recalcar que señalar a la secretaría y culparla por todos los hechos de violencia patriarcal que suceden en el club es desconocer nuestra función y trabajo cotidiano, que con muchísimo esfuerzo realizamos. Seguimos construyendo este espacio colectivamente, espacio abierto a todas las personas que quieran formar parte”.

Luego de su denuncia, la jugadora mantuvo una reunión con la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Pilar Escalante, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Cambiar las reglas

Maira y sus compañeras siguen de cerca las actuaciones del Inadi. Esperan que el club tome las medidas que corresponden para mejorar la situación del fútbol femenino que, en todo el país sigue en situación de desigualdad con el masculino.

“No quisimos hacer un reclamo laboral a Central”, resalta Sánchez pero aclara que las acciones fueron con la intención de mejorar las condiciones del fútbol femenino.

Para ella, que comenzó a jugar al fútbol cuando tenía 13 años fue un sueño llegar a Central a los 24, el club del que es hincha desde que nació. “Soy muy hincha de Central. Es difícil cuando tenés que separar sentimientos de los actos que tienen estas personas. Pero la pasión por los colores no cambia. Nunca me imaginé que iba a ser profesional y a vestir la camiseta de mi club. Fue un sueño”, remarca.

Y cierra: “A mí me encantaría que el club pueda tener gente realmente capacitada para que esté al mando de un equipo profesional. No sólo por nosotras sino por las chiquitas que vienen atrás. Queremos que puedan tener la mejor forma de trabajar, que no por ser mujeres tengamos que seguir sufriendo estos tipos de abusos. Ni siquiera podés hablar porque sino quedás afuera”.

Fuente Agencia Presentes

Sin embargo, ni la policía ni el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomaron conocimiento del hecho –pese a que el caso fue relatado por los medios locales– hasta este lunes cuando la joven trans falleció. Recién 10 días después del ataque, comenzó la investigación.

Aldana tenía 35 años, ejercía la prostitución pero también se las rebuscaba llevando cosas a un trueque. Quienes la conocieron recuerdan que le gustaba mucho maquillarse y, cuando podía, juntaba algunos pesos para comprarse algo nuevo. “Yo la conocí por el año 99. Era una chica muy linda y llena de sueños, como todas nosotras  cuando somos chicas. Después el tiempo nos va cambiando”, lamenta Priscila Martínez, militante trans.

Y agrega: “La vi atravesar cosas muy difíciles que la fueron cambiando. Ella tuvo problemas y muchas veces se quedó en mi casa. Pero lo que hay que decir es que fue una persona con sueños truncados. Creo que lo que le tocó vivir (antes del crimen) es por la falta de contención familiar, del Estado y la expulsión real que sentimos en el estudio, en lo laboral. De no ser capaces de vivir otra vida y de tener que adaptarnos a lo que tenemos. Yo la recuerdo como una persona llena de sueños que la vida le fue truncando”.

No fue sólo un golpe

Hace unos meses, mientras ejercía la prostitución, un hombre la embistió con su moto después de no querer pagarle. No podía identificar al agresor, así que no realizó la denuncia.

Del ataque le quedaron varias secuelas que le impidieron seguir con sus actividades. Tenía un golpe fuerte en la pierna que le seguía molestando y mareos producto del golpe en la cabeza.

Tenía que tratarse pero aún no le habían dicho cuándo en el hospital, según contó a sus conocidos. Quería volver a trabajar para ayudar un poco a su mamá con quien vivía y sobrevivía con una asistencia del municipio.

Los pocos datos del caso

Por lo que se pudo reconstruir, el 24 de diciembre a la hora de la siesta tuvo una discusión con su hermano en la casa de su mamá, en barrio La Ranita, y él la habría golpeado con un elemento cortante en la cabeza.

Tuvo fractura de cráneo y eso agravó el problema que ella tenía, por lo que la llevaron al hospital Iturraspe. De allí se decidió derivarla al José María Cullen.

En el hospital fue intervenida y quedó en terapia, sin recibir visitas, hasta que el lunes falleció. Recién cuando se conoció su muerte se dio intervención a la policía y se notificó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Habían pasado 10 días que hubieran sido claves para esclarecer el hecho y detener al agresor.

El martes se tomaron las primeras declaraciones a los familiares de Aldana y el jueves se realizaron dos allanamientos. Uno en la casa del hermano de la víctima, a quien se busca como presunto autor del ataque y que está prófugo; y otro en la casa de la mamá de Aldana, donde ocurrió la agresión. 

Fuentes de la investigación confirmaron a Presentes que se secuestraron elementos de valor para comprobar los hechos y que, en el lugar, se notificó a la madre de la joven fallecida a quien se le atribuye “la presunta autoría del delito de abandono de persona”.

El 24 de dic. de 2021 ingresa al Hospital Cullen de Santa Fe la compañera Aldana Lorenz con un fuerte traumatismo de cráneo. Después de 10 dias agonizando muere y recién ahí le dieron intervención a la policía. @MinSaludSantaFe la comunidad trans de Santa Fe necesita respuestas

— Pamela Rocchi (@pamela_rocchi) January 4, 2022

La soledad de la pandemia

Alejandra Ironici, referente de Miser Santa Fe (Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa), explicó a Presentes que, más allá de las características individuales de este crimen, hay que prestar atención al impacto que la pandemia tuvo en las personas trans y travestis.

“Creo que la pandemia terminó de destruir a la comunidad trans. Nos encerró en una cárcel propia en donde a las compañeras, que ya venían mal, se les suma la falta de empleo, la inflación y el no saber dónde vivir. La soledad de la pandemia terminó de refundir y matar a toda la comunidad trans travesti”, enfatiza Ironici.

Además remarcó la falta de respuestas sobre por qué se demoró la comunicación con la policía y el MPA, razón por la cual el martes a las 11 varias organizaciones se convocarán en la puerta del hospital José María Cullen para reclamar que se investigue y se sancione a las personas responsables. Desde el MPA remarcaron que esa situación no es motivo de investigación por el momento porque se considera una cuestión administrativa.

“Invitamos a todas las organizaciones de diversidad y a la sociedad a convocarse en la puerta del hospital. Queremos solicitar hablar con el director del hospital, queremos conocer por qué se actuó como se hizo y por qué no se cumplieron los protocolos”, destacó Ironici.

Para las organizaciones de docentes y de la diversidad sexual, la norma –emitida en vísperas de las elecciones legislativas del 14 de noviembre– es un “avance conservador y confesional” contra los derechos reconocidos en la ley y los tratados internacionales vinculados.

“APROBAR la implementación de programas de Educación Sexual Integral cimentada en fundamentos científicos y en valores desde una propuesta alterntiva de enseñanza, aprendizaje y formación en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial destinado a docentes, alumnos y familias”, indica el artículo 1 de la resolución N° 967/2021 firmada por el ministro Aldo Lineras el 10 de noviembre.

El 25 de ese mes, la resolución fue refrendada por decreto N° 2633/2021 del gobernador Jorge Capitanich. Sus considerandos mencionan convenciones y declaraciones internacionales de derechos humanos incorporadas a la legislación nacional, destacando las que consagran “el derecho de enseñar y aprender, y a ejercer libremente su culto”.

También invocan el artículo 5 de la ley nacional 26150/2006, donde se indica que el Estado nacional, provincial y municipal debe garantizar el cumplimiento del Programa Nacional de ESI, pero “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

Que nuestras voces se escuchen en todos los rincones. #LaESIesunasola. Queremos inclusión y el respeto por los derechos humanos acordes a la Ley 26.150 y 1502-E.
Pedimos que lxs funcionarixs anulen resolución y decreto del ejecutivo. https://t.co/YbS4xf2REI

— Red de Educadoras Feministas (@ReddeEducadoras) December 16, 2021

El decreto del gobierno chaqueño fue celebrado por sectores confesionales que se oponen a la ley nacional de ESI y resisten su enseñanza en sus escuelas.

Los pastores de las iglesias nucleadas en la Mesa Evangélica Metropolitana del Chaco (MEM) expresaron en un comunicado: “Desde la mesa evangélica metropolitana expresamos el respaldo de todas las organizaciones que representamos, al decreto 2633/21 firmado por el gobernador Capitanich mediante el cual se establece una alternativa de enseñanza de educación sexual con perspectiva científica y con valores de familia”.

En la cuenta de Facebook de la MEM un flyer proclama: “Yo elijo ESI con valores – Decreto 2633 – Provincia del Chaco”. En el muro de uno de sus miembros, Miguel Giménez, referente de la Fundación Escuelas de Vida, el agradecimiento fue más explícito: “Cumplió su palabra el gobernador. Resolución 967/21. ESI respetando ideario institucional. Dios nunca deja de amarnos”.

“Beneficia al sector evangélico fundamentalista”

Desde la REF, plantearon que “la ley nacional es clara en contenidos y objetivos, por lo que no se requiere otro instrumento que genere confusión”.

En un comunicado, denunciaron: “La intencionalidad de este último decreto es dar lugar al ingreso de otra educación sexual, no integral, en detrimento del derecho que asiste a las personas, en beneficio de un sector en particular, que hace años puja por ingresar a las instituciones educativas, el sector evangélico fundamentalista”.

Integrante de la Red, la educadora Romina Coronel alerta que con la resolución convertida en decreto provincial las iglesias evangélicas y católica “podrán tener ingerencia en la capacitación docente, por supuesto en las escuelas confesionales pero incluso en las públicas”.

La docente destaca que el artículo 3 autoriza “la presentación de proyectos de capacitación de Educación Sexual Integral con fundamentos científicos y basada en los valores sociales fundamentales”.  

Coronel explica a Presentes que esta nueva normativa “vulnera la integralidad” de la enseñanza de la ESI: “El recorte científico y de valores que hacen en la resolución y el decreto deja afuera la perspectiva de género y la atención a la diversidad. En realidad, estos sectores toman lo científico como lo biologizante, varón y mujer, eso es lo científico para ellos. Y al no tener perspectiva de género y diversidad, dejan afuera todo lo LGTBIQ, por ejemplo”.

Los chaqueños quieren ESI

Con más de 400 adhesiones institucionales e individuales, la REF presentó petitorios de anulación del decreto 2633 que ratifica la resolución 967/21 al gobernador Capitanich, el 2 de diciembre, a la vicegobernadora Analía Rasch Quiroga, el 20, y a la Cámara de Diputados de la provincia, el 22.

En los respectivos documentos, plantean que “un decreto no puede ir contra la Ley”.

El instrumento cuestionado incurre en “inconstitucionalidad y arbitrariedad”, ya que “incumple la normativa Internacional, a la cual nuestro país adhiere como Estado parte, leyes nacionales y provinciales, en torno a un bloque de derechos que contempla la Política Pública de Educación Sexual Integral (Ley Nacional N° 26.150 y provincial N° 1.502-E)”.

“Niegan el género y la diversidad”

Para Miguel Szabó, docente, militante gremial y vocero en Chaco de la organización Cien por Ciento Diversidad y Derechos, “al hablar de ‘alternativa’, están abriendo una ventana para que estos sectores ultramontanos, conservadores y muy patriarcales tengan derecho a decir: ‘Nosotros a la ESI la damos como queremos’. Es decir que las iglesias van a tener la posibilidad de capacitar a sus docentes en una ESI alternativa, que niegue la perspectiva de género, la diversidad o las disidencias sexuales”.

“Los valores de la ESI tienen que ver con el respeto: respeto a las decisiones, respeto al cuerpo, respeto al otro… Toda una serie de valores que están en la ley y en los materiales. Esta resolución, al hablar de valores, le da la posibilidad a los valores religiosos que no están dentro de la ley, porque la ley se basa en la libertad y en fundamentos científicos. Si se le da lugar a una ESI alternativa, entran a jugar los mitos, prejuicios, leyendas y cuestiones que no están fundamentadas científicamente”, añade Szabó.

Con la fe puesta las urnas

Las organizaciones feministas y LGTBQI+ consideran que la resolución 967 tuvo una finalidad electoralista que le permitió al oficialismo revertir la derrota en las PASO, cuando la alianza Chaco Cambia + Juntos por el Cambio se impuso con el 44% de los votos contra el 35% del Frente de Todos.

En las elecciones legislativas del 14 de noviembre, el Frente de Todos obtuvo en Chaco el 44,12% contra el 42,92% del Chaco Cambia + Juntos por el Cambio.

“No está dicho públicamente, pero estos sectores copiaron el contexto latinoamericano. No podemos desconocer que en Brasil, Jair Bolsonaro llega al poder por los grupos ultramontanos, pero más por los grupos evangelistas, que tienen mucho poder en en ese país, y lo están teniendo en el Chaco. Estos pastores presionan y mandan a votar a sus fieles”, sostiene Szabó.

“Los que estamos desde hace muchos años en la docencia y la política gremial y social no podemos ser ingenuos. Este decreto le dio vía libre a estos sectores para que sigan avanzando en un lugar que no les corresponde: lo social y político. A ellos se les respeta por ley que ejerciten su fe y tengan sus acólitos. El problema es cuando a eso lo vuelcan al resto de la sociedad y pretenden obligarla” manifiesta Szabó.

“El decreto convalida ese accionar sobre el resto de la sociedad. La sociedad no es un templo grande. Dentro de la sociedad estamos los que priorizamos las libertades, los derechos y la libre elección de tener o no tener fe. Por eso priorizamos una educación laica, gratuita y estatal”.

Un pacto a cambio de apoyo a sus candidatos

Úrsula Sabarece, referente del Movimiento Furia Travesti Chaco, se opuso a la resolución y luego al decreto de la ESI “alternativa”, a pesar de que ser la directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Provincia.

“Desde Furia Travesti, como organización con una mirada de géneros, disidencias e identidades étnicas, nos parece un retroceso en materia de derechos y un avance de la derecha fundamentalista”, dice Sabarece a Presentes .

“La ley de la ESI está desde hace quince años y venimos trabajando incansablemente para que se cumpla en los estamentos educativos, tanto públicos como de gestión pública-privada», afirma. «En estos años, la ESI fue una herramienta fundamental para las juventudes y niñeces, para reconocerse y reconocer cuando hay un abuso. También para hablar de ciertas cuestiones que a veces no se hablan en la familia. La escuela es la caja de resonancia para poder hablarlas y que no se naturalicen los abusos y las agresiones en las infancias”.

¿Qué puede pasar con esta resolución en las escuelas del Chaco?

Según afirma la activista y funcionaria, en la provincia son muy pocas las escuelas donde les docentes aplican ESI o llevan adelante la formación de sus docentes con un acompañamiento de directores y supervisores.

“Nos preocupa mucho, y más cuando vamos a las localidades del Chaco más profundo y vemos que la ESI no se dicta. Hay que defenderla y batallarla. Desde Furia Travesti, estamos preocupadas y alertas a que en algún momento tengamos que salir al cruce o estar presentes –como siempre lo hacemos– en la calle para dar la batalla cultural en todas las escuelas. Junto con el estudiantado, que es un pilar fundamental”.

Sabarese no fue consultada respecto de la resolución y el posterior decreto. “No hubo consulta. Por lo menos, no a nosotras en la dirección y creo que tampoco a la subsecretaria de Género, Diversidad y Disidencias, Delia ‘Choni’ Pérez, porque cuando nos enteramos nos indignamos muchísimo”, recuerda la funcionaria.

“Lo del gobernador a mí en particular no me sorprende, porque conozco su postura de ultrarreligioso católico y que comulga con todas las otras religiones de derecha. Sí nos sorprendió que el ministro saque esto sin hacer una consulta a las organizaciones y a les docentes. En mi opinión, entiendo que esta resolución y decreto han sido pedidos por organizaciones religiosas que manejan mucho poder y dinero, y que detrás de esto hay un pacto a cambio de apoyo a sus candidatos”.

Con perspectiva de género y diversidad

La ley nacional 26150 establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos” (artículo 1).

Para ese fin, crea en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (artículo 2), cuya elaboración de lineamientos curriculares “será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática”.

Mientras tanto, la Resolución del Consejo Federal de Educación 340/18, plantea que la ESI, abordada en espacios específicos y/o en forma transversal, debe contemplar cinco ejes conceptuales: “cuidar el cuerpo y la salud; valorar la afectividad; garantizar la equidad de género; respetar la diversidad; ejercer nuestros derechos”.

No obstante, para las organizaciones feministas y de la diversidad sexual, el punto débil de esta norma radica en el citado artículo 5, que desde el paradigma del “ideario institucional” habilita que las escuelas privadas religiosas planteen una suerte de objeción de conciencia contra la ESI. “Ahí está la trampa y ese artículo es algo que en el futuro habrá que revisar”, coinciden.

Principales hallazgos de nuestra investigación

• A finales de 2021, sólo uno de estos crímenes perpetrados en 2020 llegó a juicio oral. Y terminó con la absolución del imputado.

• Otras causas fueron elevadas a juicio, pero de eso ya hace más de siete meses,y aún no hay novedades.

• La mayoría de los crímenes ocurrieron en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. El promedio de edad de las víctimas es de 37 años y casi todas eran trabajadoras sexuales.

“El hecho de que la mayoría de las víctimas de transfemicidios fueran trabajadoras sexuales (o personas en situación de prostitución) está señalando un elemento más de vulnerabilidad de las víctimas, la situación de desprotección de la trabajadora sexual”, dice a Presentes la abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse, la primera en concursar como candidata a jueza de Familia en la provincia de Neuquén. Cabe aclarar que para muchas personas trans esto no es una elección sino un modo de subsistencia.

• En la mayoría de los casos judicializados hay personas detenidas por el crimen: todos son varones de entre 20 y 40 años.

“Llegar antes de un transfemicidio o un femicidio es muy difícil porque la conducta humana es impredecible, no se puede encerrar a las personas por peligrosidad. La cuestión no viene solo desde el derecho. Es principalmente cultural”, explica. Y agrega: “¿Qué tiene que hacer el Estado? Colaborar con deconstruir 5000 o 7000 años de patriarcado”.

• Dos de las causas de trans/travestis asesinadas en Argentina en 2020 se investigan como travesticidio, otra como femicidio, y una más se investigó como crimen de odio. El resto llevan la carátula de homicidio.

Para Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, es necesario que en la investigación y la determinación de responsabilidades se incorpore la figura de odio a la identidad de género. “Que se caratulen por lo tanto como transfemicidios y travesticidio. Y que en concordancia se considere todo el contexto de violencia y exclusión de las personas trans”.

De estas volencias extremas del año 2020, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) sólo interviene en una causa judicial. Para que lo haga en Ciudad de Buenos Aires, la fiscalía que investiga debe pedir colaboración o por alguna medida puntual o para asistencia en la instancia de juicio oral. Otra opción es que la fiscalía delegue la causa a la Unidad.

“Para el resto del país podemos intervenir en delitos federales con alguna manifestación de violencia de género. Es decir que en femicidios, salvo que sea en el marco de una causa federal, no seríamos competentes en el resto del país”, explicaron a Presentes desde la UFEM.

Quiénes eran, qué pasó y qué hace (o no) la Justicia

Roberta Carabajal: dos detenidos, a juicio y sin fecha

El 1 de febrero de 2020, Roberta Carabajal fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62, una esquina de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde paran las chicas en situación de prostitución. Roberta tenía 45 años. Después del ataque, sus compañeras la llevaron al Hospital San Martín, donde falleció horas después.

Casi diez meses después, el 3 de noviembre, la investigación se cerró. Dos hermanos -Ignacio y Julián Garay, de 26 y 23 años- fueron detenidos por “homicidio doblemente agravado por premeditación y criminis causa en concurso real y robo calificado por empleo de arma blanca”. 

La investigación estuvo a cargo del fiscal de turno, Juan Cruz Condomi Alcorta, titular de la UFI 16. Al principio, pidió el registro de las cámaras de seguridad de la zona y pudo identificar a un vehículo Chevrolet Corsa blanco en el lugar. De acuerdo a testigxs consultados por la agencia Sudaka en esos días, dos hombres habían estado rondando y molestando a las chicas y preguntando por Roberta.

En la investigación también se sumó el testimonio de una joven de 23 años que dijo haber presenciado el hecho. “La maté. La maté. Mirá dónde se lo enterré”. Eso, dijo la testigo que le contó su novio cuando se subió al auto. Su novio era uno de los asesinos.

Los hermanos que mataron a Roberta son de Berisso, una ciudad vecina de La Plata. Dos datos ayudaron a dar con ellos: ropa manchada con sangre y el auto, que apareció en las cercanías de donde viven familiares de los detenidos. Según medios locales, uno de los asesinos había salido de la cárcel con libertad condicional hacía poco tiempo.

“La causa está elevada a juicio. No tiene fecha todavía. Ahora depende del Juzgado de Garantías 2. Están detenidos los dos imputados. Yo me opuse a cualquier tipo de morigeración”, explicó a Presentes el fiscal Condomí Alcorta.

Karly Sasha Palomino: a juicio pero sin fecha

Karly Sasha Chinina Palomino había nacido el 20 de mayo de 1988 en Perú, y era trabajadora sexual. En la madrugada del 5 de marzo de 2020 fue asesinada en la calle en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

En la causa judicial donde se investigó su muerte no se respeta su identidad de género: la llaman por su nombre asignado al nacer. Sin embargo, es la única que lleva la palabra “femicidio” en la carátula: “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género por ser hecho contra una mujer”.

Aquella noche, cerca de las 2.30 de la mañana, la policía de la comisaría Ciudadela Sur la encontró tirada en avenida Rivadavia y Granaderos, cerca de un paso nivel del tren. Pero dijeron que todavía no sabían quién era: no llevaba ningún documento con su nombre. Le hicieron pericias con las huellas dactilares. Sus compañeras la reconocieron: era Chinina, ellas no tenían dudas.

Algunas personas dijeron que llegaron a ver a dos hombres alejándose a las corridas por la zona de las vías. La Fiscalía Nº 5 de San Martín intervino en la escena del crimen.

De acuerdo con lo que informó Fiscalía General de la provincia a Presentes, hay un detenido. Se llama Santos Diego Chavarría Condomí. El hombre, oriundo de Bolivia, le disparó a Chinina esa madrugada.

La investigación dio con él a los pocos días, y en este momento está preso, con prisión preventiva firme. La autopsia dice que la muerte se dio a causa de un paro cardíaco traumático por compromiso de órgano noble, que fue el pulmón, por herida de proyectil de arma de fuego.

La causa fue derivada a juicio el 22 de abril de 2021: un año y tres meses después de su muerte. Casi ocho meses después de la elevación a juicio, aún no hay fecha para que se realice.

El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Criminal n° 2 de San Martín. La causa lleva el número 5068. Pero todavía no hay fecha estipulada, según confirmaron fuentes de dicho Tribunal a Presentes.

Vanesa Solorzano: a juicio por odio a la identidad de género

Vanesa Solorzano tenía 20 años y sobrevivía ejerciencia trabajo sexual/prostitución en San Miguel de Tucumán. En las primeras horas de la mañana del 11 de agosto de 2020 un vecino de la zona sur de la capital tucumana encontró su cuerpo violentado y sin vida. Horas más tarde, los oficiales que investigaban el homicidio hallaron el arma que se cree se utilizó para asesinar a Vanesa, un cuchillo de carnicero.

Los medios locales cubrieron el hecho mencionando que había sido un intento de robo pero la investigación descartó esta hipótesis estigmatizante, que indignó a familiares y amigues.

Se identificó y detuvo a Daniel Alejandro Díaz, un taxista de 30 años, a quien se señaló como el responsable de la muerte de la joven trans. Se hallaron las llaves del auto, el arma, se verificaron los datos del GPS del taxi y se encontraron manchas, presumiblemente de sangre, en el interior del vehículo. Además, se revisaron las cámaras de seguridad de la zona, lo que comprometió la situación del detenido.

En diciembre, tras cuatro meses de investigación, la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación a juicio de la causa.

Díaz será el primero en afrontar un juicio por homicidio agravado por el odio a la identidad de género en Tucumán. La causa por el transfemicidio de Vanesa tiene como carátula “homicidio” y desde el 19 de octubre se elevó a la Sala I de la Cámara Conclusional de homicidios a la espera del juicio.

Melody Barrera: un policía detenido y primer juicio por jurados por travesticidio

Melody Barrera tenía 27 años y en la madrugada del sábado 29 de agosto de 2020 fue encontrada muerta con al menos seis disparos, en una de las “zonas rojas” del Gran Mendoza, un espacio urbano y poblado en la intersección de Costanera y Correa Saá en la zona oeste.

Del análisis de las cámaras de seguridad y de las primeras pericias pudo reconstruirse que los disparos fueron hechos desde la ventanilla de un automóvil por un varón que se dio a la fuga. La mayoría de los impactos de bala fueron en el tórax por lo que su muerte fue inmediata. Por este hecho detuvieron a Darío Jesús Chavez, auxiliar principal de la Comisaría 34 del barrio Bancario de Godoy Cruz.

El acusado enfrenta cargos por homicidio por odio a la expresión de género, agravado por su condición de efectivo policial, por el uso de arma de fuego, y agravado ahora por alevosía.

La causa, caratulada como “travesticidio”, tendrá el año próximo requerimiento de elevación a juicio y meses después se definirá fecha.

Viviana Bergel, abogada de la querella, dice a Presentes: “Va a ser un juicio por jurados. En la instrucción nosotros tratamos de que el caso quede lo más completo posible, con perspectiva de género, teniendo en cuenta todas las agravantes que tienen que ver con el odio por la identidad de género y todo lo que podamos aportar en relación a eso. Va a ser el primer juicio por jurados por crimen de odio por identidad de género en Mendoza”.

Para Bergel la investigación está “bastante bien”. Y agrega: “Los medios hablan de travesticidio y eso tiene que ver con todo el trabajo que estamos haciendo en la causa como querellantes. Es un trabajo que hicimos en conjunto con las organizaciones LGBTI para que nos pudieran acompañar. Cuando tenés el acompañamiento de las organizaciones es otra cosa y ayuda a visibilizar. En cada situación en la que se puede se pide justicia por Melody”.

Priscila Ponce Nieto: a juicio, sin fecha ni perspectiva de géneros

Priscila tenía 33 años y fue apuñalada el 14 de septiembre de 2020 en Zavaleta, un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. A los pocos días, la organización villera La Garganta Poderosa publicó un tuit pidiendo justicia por su muerte.

Georgina Orellano, secretaria General en AMMAR (Sindicato de trabajadorxs sexuales de Argentina) escribió en su Facebook: “Despertarte con el celular estallado de mensajes. Otra vez. Una trans menos. Otra vez y de la forma más brutal”

“”La Michu del Santa Cruz” así la conocíamos, el Santa Cruz era el hotel donde vivía y se tuvo que ir porque no podía seguir pagando su habitación. La Michu que paraba por Salta, que siempre andaba con su inseparable amiga Lala, no tiene familia acá, están en Perú, su familia son sus amigas y compañeras que hoy la lloran y piden justicia. No se merecía ese final, no se merecía tanta saña y crueldad”, escribió Orellano. La hermana de Priscila autorizó a las amigas para poder reclamar el cuerpo y despedirla.

El crimen fue investigado por la fiscalía nacional n°30, a cargo de la Dra. Marcela Sánchez.

El Juzgado Criminal y Correccional n°30 confirmó a Presentes que la causa fue elevada a juicio el 25 de junio de 2021. Ahora quien debe poner fecha es el Tribunal Oral Criminal n°22. El imputado es Piero Lucero Rodríguez, y el delito: homicidio agravado por ensañamiento.

Francesca Cornejo: aún no se sabe qué pasó

A Francesca Cornejo la encontró muerta un familiar en la noche del sábado 26 de septiembre de 2020. Estaba en su casa, en el barrio Parque Liceo 1° Sección, en ciudad de Córdoba, tirada en el piso de la habitación a un costado de la cama, atada de pies y manos. Francesca tenía 63 años, vivía sola, padecía algunos problemas de salud y estaba en situación de pobreza, agravada por el aislamiento por la pandemia de covid.

Como la vivienda se hallaba desordenada, esto hizo presumir a la fiscal de instrucción, Patricia García Ramirez, quien lleva adelante la investigación, de que fue víctima de un robo. A simple vista no presentaba heridas visibles.

Actualmente, la causa continúa en estado de investigación en el Distrito 3 turno 5 de Ciudad de Córdoba:“actuaciones labradas por la muerte de Francesca Cornejo”. Fuentes del Ministerio Público Fiscal cordobés indican que se hizo un informe pericial pero no se pudo constatar si el móvil fue robo o por odio, ni tampoco sospechoso alguno.

Alejandra Benitez «La Power»: un crimen impune

A Alejandra Benítez la asesinaron a balazos por la espalda el 5 de noviembre del 2020 en la vereda del lugar donde vivía, en San Miguel de Tucumán. “La Power” tenía 34 años y, como la mayoría de las mujeres trans, ejercía el trabajo sexual para sobrevivir. Su transfemicidio fue el segundo en la provincia durante el aislamiento por la pandemia de covid. Sus amigas la recuerdan divertida, alegre, solidaria y comprometida.

Al momento del hecho, Alejandra se encontraba con su amigo, Diego Mercado, en la vereda de su casa, una especie de complejo habitacional donde la mayoría de las personas que alquilan son trans. Mercado se convirtió en el principal testigo y también en víctima.

En sus primeras declaraciones describió que un hombre, quien luego fue identificado como Ricardo Puenzo, se bajó de una motocicleta, discutió con la Power, sacó un arma y le disparó cuando ella ya se había dado vuelta. Mercado intentó correr hacia el interior del complejo y recibió cuatro disparos que lo hirieron. Como quedó tendido, el sospechoso lo dio por muerto y huyó.

Casi siete meses después, el 31 de mayo de 2021, inició el juicio contra Ricardo Horacio Puenzo, el único imputado que enfrentaba una pena de prisión perpetua. En los alegatos de apertura, Carlos Sale, el fiscal, mencionó el compromiso por concientizar a la población de que Alejandra pertenecía a un colectivo de riesgo.

“Ese colectivo pasa momentos difíciles y el Estado ha tomado cartas en el asunto, ha concientizado y exige a todos los empleados públicos de los tres poderes concientizarse respecto de la perspectiva de género que tenemos que tener en nuestras vidas. El Estado se ha aggiornado permitiendo el derecho al cambio del nombre, a una tutela judicial efectiva, a la identidad de género autopercibida. A pesar de todo este esfuerzo, lamentablemente Alejandra llegó a formar un número más dentro de la lista de violencia machista”.

Pero  Puenzo fue absuelto en un fallo unánime por el tribunal compuesto por la jueza María Balcazar, el juez Rafael Marorito y la jueza Isabel Menéndez, porque Mercado cambió su relato durante el juicio y puso en dudas toda la hipótesis de la fiscalía y de la querella. El tribunal sostuvo que la investigación había sido deficiente, y el crimen quedó impune.

Carlos Garmendia, abogado de la querella, dijo a Presentes: “Hemos planteado el último recurso que nos queda acá en Tucumán, un recurso extraordinario, que es una audiencia que se tiene que realizar en presencia de la corte tucumana para que revise la sentencia Estamos a la espera de que nos notifiquen de cuándo va a ser esa audiencia a ver si la corte revierte la situación. La sentencia de Cámara nos ha rechazado la apelación”.

Garmendia describe nuevamente los hechos para demostrar que la investigación no pudo haber sido considerada deficiente: “En el momento en que sucede el episodio había tres personas. Alejandra, su amigo, Mercado, con quien estaba tomando cerveza y el homicida, quien saca el arma y le dispara a ambos. El único que ve esto es Mercado y durante la investigación, en la declaración que le da al fiscal, si bien nunca dice “Puenzo ha sido quien hizo los disparos”, claramente no hay nadie más presente. Pero en el juicio, Mercado introduce que él ha escuchado otras voces, lo dice de una manera no directa. Entonces quedó absolutamente claro que algo sucedió para que en el juicio mienta”. Puenzo nunca declaró.

“La revisión que hemos pedido está en manos de la Corte y estamos esperando que nos notifique de cuándo va a ser la audiencia”, finaliza Garmendia.

Alejandra Salazar Villa: a juicio por odio a la identidad de género pero sin fecha

A Alejandra, primero, la presintieron muerta. Antes que nadie supiera, sus vecines llamaron a la policía para avisar que había un olor raro en el pasillo del edificio de avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once. Cuando efectivos de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad entraron al departamento, la encontraron.

Alejandra Salazar Villa vivía sola, era peruana, tenía 54 años y había sido asfixiada. Eso lo sabrían después, por la autopsia. Al principio, lo que vieron ese día fue una mujer desnuda tirada en el piso con una bolsa negra en la cabeza. La misma bolsa que su asesino había cargado una semana antes con manzanas.

La puerta del departamento no estaba forzada, pero el lugar estaba completamente revuelto. La investigación entonces, a cargo del fiscal Ignacio Mahiques de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº35, apuntaba también a un posible robo.

Las cámaras de seguridad fueron la clave. Un hombre la había acompañado con una bolsa negra con manzanas hasta su casa la semana anterior. Minutos después se lo ve saliendo del edificio con un televisor. Afuera lo esperaba su tío. Se fueron en taxi, vendieron el televisor.

La policía no tardó en llegar a ellos. Dos semanas después Rodrigo Keilis -el homicida-, de 20 años, y Pablo Getar -el hombre que esperaba afuera-, de 40, fueron detenidos. Keilis trabajaba descargando camiones y estaba en situación de calle.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Keilis mató a Alejandra el día 6 de diciembre de 2020, entre las 18.47 y las 20.22 horas. A las 18.30 ella había salido del supermercado Coto y se cruzó con los dos hombres. Keilis la acompañó a su casa y le llevó la bolsa con la que luego la asfixiaría.

“El motivo del ataque nosotros lo encuadramos como odio a la identidad de género”, explicó el fiscal Mahiques a Presentes. La carátula de la causa habla de un “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género, en concurso real con robo simple”.

En el pedido de elevación a juicio se respeta tanto el nombre como la identidad de género de Alejandra. En la investigación también intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra Las Mujeres (UFEM).

El fiscal pidió la elevación a juicio en enero de 2021, pero a punto de terminar el año aún no hay fecha. Esto lo debe decidir el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26. Mientras tanto, Rodrigo Keilis sigue detenido. Su tío, Pablo Getar, imputado sólo por el robo, está en libertad.

“Fue un travesticidio. La ahorcaron. Horrible fue, horrible”, contó a Presentes Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja. Marcela la conocía, porque una vez Alejandra había consultado a la organización para que la asesoraran: quería hacerse el cambio de identidad de género en el DNI: “Yo no supe de ella de nuevo hasta esta noticia”.

Yaelin Maydana Olmedo: violencia estructural y sin resolver

A Yaelin Maydana Olmedo la conocían como Yaqui. El 16 de diciembre de 2020 la golpearon y asfixiaron hasta matarla. Tenía 31 años, vivía en Bahía Blanca y, según cuenta una amiga que la conocía de hacía muchos años, había tenido una vida muy difícil.

Los medios locales informaron que su muerte se produjo porque Yaelin atravesaba una crisis nerviosa que el hermano y un vecino intentaron contener. Dijeron entonces que por el forcejeo el hermano había apoyado una rodilla sobre el cuello, provocándole la muerte por asfixia. Se lo acusó de homicidio culposo, porque argumentaron que había sido en defensa propia, pero según una persona muy cercana, el fiscal evaluaba acusar de homicidio doloso porque hubo abuso en la defensa. Actualmente los sospechosos están en libertad.

Yaqui era cartonera. Cuando tenía dinero era aceptada por su familia pero si no, vivía en un asentamiento de chapa con piso de tierra. Adabel Montenegro, activista trans, conoce a todas las mujeres trans que viven en Bahía Blanca y señala que la situación para el colectivo LGBTI “está fatal”.

Desde el Ministerio Público Fiscal indican que la causa ingresó como averiguación de causal de muerte. Luego pasó a la UFIJ N°5 a cargo del Agente Fiscal Jorge Viejo y que aún está en trámite. “Se han tomado varios testimonios y se solicitaron algunas medidas que, por el momento, están pendientes y no han sido recibidas por la Fiscalía. Las personas vinculadas con la muerte de Yaelin Olmedo están plenamente identificadas y, una vez que el fiscal reciba toda la información pendiente, tomará el temperamento que corresponda. Hasta el momento la investigación está en proceso. Cuando el Fiscal adopte un temperamento lo hará de acuerdo a una calificación en particular que por ahora no consta en la causa”, explicaron a Presentes.

Por qué una reforma judicial transfeminista

¿Cómo se hace para que se respete la identidad de las trans asesinadas, para que se caratulen como crímenes de odio, para que la justicia llegue antes? La abogada Hendrickse explica que es necesaria una justicia más humana, cercana y transfeminista. 

“Una reforma judicial transfeminista tiene que llegar a esos sectores que es donde hay mayor vulnerabilidad. Donde las mujeres, además de la vulnerabilidad por su género, son más vulnerables por la pobreza, por migrantes. Ahí debería haber jueces y juezas barriales, jueces no letrados que definan los conflictos entre las personas, que sea un tercero imparcial que tenga presencia de Estado para resolver conflictos pacíficamente”, indicó Hendrickse.

“El femicidio es la punta del iceberg de infinidad de violencias que ocurren todos los días, y no hay abordaje de esa problemática”, advirtió.

Después del análisis de cada uno de estos casos, Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, llegó a la misma conclusión: “La muerte es el remate de toda una cadena de violencias que venían sufriendo en función de su identidad”.

Identidades LGBTIQ+ denuncian hostigamiento y situaciones laborales irregulares en empleos públicos de Corrientes, una provincia que “prioriza la idiosincrasia y la tradición por sobre los derechos”. Así lo destacó le activista TLGBIQ+ y comunicadore, Miguel Nicolini.

Miguel es una de las personas que recientemente denunció en forma pública la situación laboral que está viviendo.

El activista ingresó a trabajar en julio del 2020 en el Banco de la provincia de Corrientes dentro del Departamento de Marketing. Allí soportó “infinidades de chistes” por parte de su jefe debido a su identidad sexual y de género. También por su afinidad política peronista y su historia como militante marica y feminista, contó a Presentes.

Además, Nicolini contó en una denuncia ante el Banco Central, que recibió amenazas de despido por parte de su superior y que lo notificó en varias oportunidades ante el área de Recursos Humanos.

Sin embargo, desde esa área respondieron tres meses después, detalló Miguel. Organizaron una reunión donde fueron citados Nicolini junto a su jefe y ambos fueron derivados al Gabinete de Riesgo Psicosocial. A Miguel le informaron que su contrato se renovaría por tres meses y no seis, como era lo estimado.

Miguel Nicolini continúa sin respuesta respecto de su situación laboral.

Ni respuestas ni soluciones

A mediados de noviembre, Miguel hizo pública su situación. Para entonces, ya había presentado denuncias ante el Banco Central y la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato La Bancaria. Tres días después de la publicación, levantaron la columna de género que tenía en un programa de Radio Continental desde hacía un año.

Hasta hoy, continúa trabajando en la oficina junto a su jefe. Desconoce cuál será su situación laboral luego del 2 de enero, día en que termina su contrato.

En su proceso lo acompañan el Banco Central de la República Argentina, la delegación de Corrientes del INADI, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, el sindicato La Bancaria y el recientemente inaugurado frente provincial de la diversidad sexual llamado Fuerza Travesti, Trans, Marica – No Binarie Correntina.

Tanto la vicepresidenta, Laura Sproveri, como el síndico del Banco de Corrientes no respondieron cuando fueron consultados sobre la situación laboral de Miguel Nicolini para esta nota.

El frente Fuerza Travesti, Trans, Marica – No Binarie Correntina que acompaña a Miguel Nicolini se formó en octubre.

Diversos casos

Otra situación es la David Sabarece, de 32 años y su pareja, Roberto Pérez, de 29 años. David es estudiante de Diseño Gráfico y Roberto estudia la carrera de Derecho.

Ambos trabajaban en la Dirección de Género de la Municipalidad de Corrientes y fueron despedidos junto a 300 trabajadorxs más del municipio.

“En el 2017 que asume Eduardo Tassano como intendente de la ciudad de Corrientes continuamos ahí sin ningún tipo de función. No solo nosotros sino todes les que estábamos: las políticas de género quedaron estancadas, sin agenda. Solamente para cuestiones de campaña”, dijo a Presentes, David, que fue echado en 2019 y su pareja en 2017.

“Actualmente la Dirección de género no tiene director/a/o/e. Por lo que tengo conocimiento ni siquiera cuenta con personal ni con agenda”, agregó.

Hoy ambos son estudiantes. “Rober tiene un trabajo registrado en Mc Donald’s. Yo no tengo de ningún tipo: percibo el Potenciar Trabajo y hago changas. Con eso sobrevivimos”, detalló David.

Rober y David fueron despedidos y aún continuan sin trabajo.

Falta de políticas públicas

Lorena Acevedo Caffa es concejala de la ciudad de Corrientes y “aliada” de la diversidad sexual. Así la reconocen activistas LGBTIQ+ del municipio.

Para ella, “la situación en la provincia es bastante complicada porque es muy conservadora, con costumbres muy arraigadas, donde la idiosincrasia de la provincia y de la sociedad prima muchas veces por sobre un montón de derechos”.

A esto, Miguel Nicolini agrega que la situación laboral de las personas LGBTIQ+ es problemática. “Es una comunidad sumamente empobrecida y el Estado no ha desarrollado políticas públicas específicas en materia de inserción laboral con la comunidad LGBTIQ+”.

Urgente adhesión a la ley Diana Sacayán-Lohana Berkins

En este sentido, Acevedo Caffa presentó este año un proyecto de adhesión del municipio a la Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (N° 27.636), aprobada en junio de este año.

Sin embargo, aún no fue tratado en comisión. Tampoco la provincia está adherida a la ley.

“Tenemos algunos compañeros y compañeras trans que lograron acceder a partir de tanta lucha, a empleos en la parte de salud. Pero están totalmente precarizados”, describió, por su parte, la activista trans Patricia Ramírez.

Patricia, de 40 años, es activista desde el 2012 cuando se aprobó y promulgó la Ley nacional de Identidad de Género. “Me dio la seguridad de por lo menos tener una identidad”, contó a Presentes.

Sin embargo agrega, “Corrientes no está adherida a esta ley y mucho menos el municipio. Todo esto es algo que todavía se recontra pelea”.

“Somos una de las dos provincias del país que tampoco estamos adheridos a la Ley de Paridad. A la vez, es una provincia donde la Educación Sexual Integral (ESI) se cumple dependiendo del directivo de la escuela, o sea que no se cumple realmente”, indicó la concejala.

Y concluyó: “lamentablemente la mayoría de las leyes de avanzada que tuvimos con un gobierno nacional años anteriores acá no se pudieron lograr las adhesiones o la reglamentación”.

La Legislatura de la provincia de Chaco sancionó el miércoles 24 de noviembre la Ley de Acceso a vivienda y tierra para la población LGBTIQNB+ (N°3.467). “Ojalá pueda servir para que otras provincias la repliquen”, dijo una de sus impulsoras, la diputada Teresa Cubells, quien además presentó el proyecto de ley.

La ley se aprobó a por 19 votos. Tuvo 1 voto en contra de una diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que 12 legisladores se ausentaron de la votación.

Con ella se establece un cupo habitacional de no menos del 5% del total de cada uno de los planes habitacionales a ejecutarse a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia del Chaco (IPDUV), para ser destinado a la población LGBTIQNB+.

Su objetivo es “establecer y promover políticas públicas habitacionales destinadas a la población LGBTIQNB+” a través de garantizar “el acceso a una vivienda digna y/u otros medios que posibiliten disminuir su déficit habitacional, con el fin de contribuir a que puedan realizar un ejercicio efectivo y pleno del Derecho a la Ciudad”.

“La ley no sólo permite el acceso a la vivienda sino también a créditos y a todo lo que se necesita para aportar que se garanticen estos derechos”, dijo a Presentes Cubells.

En 2018, la legislatura chaqueña ya había aprobado el cupo laboral travesti trans en la provincia.

Una lucha colectiva

La diputada también destacó la importancia de que estas políticas se desarrollen junto a la población a la que se dirigen. Fueron varias las organizaciones que acompañaron la ley: Furia Trava, Identidades Diversas Chaco, Trans Masculinidades y No Binaries Chaco y 100% Diversidad y Derechos. También tuvo el apoyo de Úrsula Sabarece, responsable de la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del gobierno del Chaco.

Esta ley viene a cubrir una demanda de vivienda necesaria para la población LGBT+ de la provincia y también del resto del país. Miguel Szabó, activista histórico por los derechos de la población LGBT+ e integrante de 100% Diversidad y Derechos en Chaco, contó a Presentes que desde la organización realizaron la campaña “Nos cuidamos entre todes”, en la que además de dar ayuda solidaria, también realizaron una encuesta para saber el estado de situación de la comunidad LGBT+ en Chaco.

“Yo llegué a censar a 75 personas y descubrí que el 90% de la población trans o gay no había terminado sus estudios secundarios y solo 2 del total había heredado una vivienda de la familia. El resto alquilaba, vivía de pensiones, de prestado”, indicó.

Una ley con registro bajo el brazo

A su vez, la ley contempla la creación de un Registro Provincial de Solicitantes de Viviendas para LGBTIQNB+ donde se deberán asentar las postulaciones de las personas que aspiren al cupo habitacional en el marco de esta norma.

También crea un Observatorio de Acceso Justo a la Tierra y la Vivienda para LGBTIQNB+, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, con el objetivo de “registrar permanentemente información actualizada en relación a la demanda y necesidades habitacionales de esta población específica”. Esta información será de acceso público y “deberá ser considerada en el diseño de políticas habitacionales y afines”.

Por último, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros que, en coordinación con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente estarán a cargo de su implementación.

La familia del joven hizo la denuncia penal ayer mismo, en el Destacamento Policial del barrio Docente. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que por la zona está interviniendo el fiscal Horacio Córdoba Mazuranic. Sobre el avance de la investigación sólo se indicó que “ya se dispusieron distintas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho”.

“Me dio la impresión de que me estaban esperando”, contó. Relató que lo tomaron desprevenido porque «no les había visto», solo sintió los golpes que le dieron desde atrás cuando ya llegaba a su domicilio. La víctima dijo que intentó defenderse y sintió “un impacto enorme en las piernas” que le fracturó la tibia y el peroné de la pierna derecha. “La pierna se me quiebra inmediatamente y yo caigo” y en ese momento pudo identificar “la persona que me ataca no estaba sola”. Pero por el dolor de la fractura, que casi le provocó un desmayo, no pudo ver a las otras personas, consignó la misma fuente. Toda esa secuencia de golpes fue en medio de todo tipo de insultos homofóbicos.

Uno de los agresores fue identificado por Costilla como Fabrizio, un joven de 18 años. También señaló al padre de este chico y a su madre, como quienes atacaron luego a sus propios padre y madre cuando salieron a socorrerlo. Tanto Tito como su padre refieren que el joven viene sufriendo agresiones constantes de esta familia por su orientación sexual.

Qué fue lo que pasó

“Pensé que él mi iba a matar. Una vez que me quiebra, que me ve en el piso y que me sigue golpeando, yo dije me va a matar”, contó Costilla desde su lugar de internación. También su padre hizo declaraciones públicas en las que refirió que mientras lo atacaban y él estaba junto a su esposa, su principal preocupación era que no llegaran nuevamente a su hijo: creía que lo iban a matar.

La víctima dijo que cuando el atacante vio la quebradura, “como que se frenó un poco”. Entonces aprovechó para llamar por teléfono a su padre. “Cuando él sale, veo que ya lo estaban agrediendo con un palo, a él y a mi mamá con un palo”.

Costilla indicó que el médico traumatólogo que lo atendió en el Hospital le informó que la quebradura fue provocada por un elemento contundente, el palo que vio o bien un metal. Tito cree que el autor del golpe que le quebró la pierna pudo ser el padre de Fabrizio, porque lo vio atacar con un palo a su padre y a su madre. «Tirado en el piso sin poder defender a mis padres empecé a los gritos a pedir ayuda”, salieron les vecinos y les ayudaron.

Que estos actos de odio no se permitan nunca más

Costilla es un reconocido bailarín de ritmos latinos, especializado en bachata, ritmo con el que obtuvo tres títulos nacionales y un subcampeonato sudamericana. El traumatólogo le dio “muchas esperanzas pero también dijo que va a ser doloroso y largo, aproximadamente seis meses de recuperación y terapia. Me tienen que operar y poner un clavo” sobre la tibia. “Es una fractura grave pero con buena rehabilitación”, sintetizó.

Según el relato que la víctima brindó a Presentes, el ataque se perpetró alrededor de las 7 de la mañana. Fue a metros de su casa, cuando regresaba de un cumpleaños en la vivienda de una amiga en el mismo barrio.

Sus amigues están convocando a otras amigues, compañeres, colegas y alumnos a sumarse a una sentada con pancartas frente a la casa de les agresores. «Que estos actos de odio no se repitan nunca más», expresaron.

Muchas denuncias por violencias, ninguna respuesta

La familia Costilla reside hace 17 años en este barrio, y desde entonces conocen a quienes les agredieron. Tito recuerda que recibe sus insultos desde ese mismo momento. La primera denuncia la hicieron en 2004.

En estos 17 años hicieron entre siete y diez denuncias. Nunca recibieron una respuesta del Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal de Salta. “Siempre tuvo que ver con insultos hacia mi orientación, de hecho la hermana de él, me insulta aún más. Por suerte hemos guardado todas las denuncias. Tenemos desde la primera que se hizo en 2004 hasta la última, que se hizo este domingo, ayer”.

Esta mujer no vive en el barrio desde hace un año, pero Tito Costilla recordó que “ella siempre ha sido superhomofóbica, me veía en la calle me insultaba, mierda, puto de mierda, me escupía, si no, me empujaba, ella llegó a hasta amenazarme con una punta”. Esa vez la denunció en la Ciudad Judicial, pero tampoco hubo reacción alguna de los organismos del Estado.

Mientras tanto, les integrantes de esta familia lo insultaban donde lo veían. “No sabés lo que fue mi secundario”. Costilla recordó que cuando iba al centro de la ciudad con sus compañeros, como es la costumbre en Salta, cada vez que “los cruzaba era un martirio”. Se escondía cuando los veía venir, pero a veces lo tomaban por sorpresa y sufría la humillación de los improperios, “porque uno en la adolescencia es muy vulnerable”. “A mí me han hecho pasar cosas horribles”.

A pesar de eso, nunca hasta ahora quiso hacer pública esta persecución. “Pensé que sí se iba a poder hacer algo, que sí se iba a cesar la violencia. (Pero) claramente no, la violencia siempre aumentó”.

“En realidad esta es una situación que viene de hace muchos años por el tipo de personas que tenemos como vecinos, una familia muy conflictiva, muy violenta. Esa violencia siempre la han manifestado también con los vecinos. Yo ya hice muchas denuncias, los vecinos también. Han llamado permanentemente al 911 cuando escuchamos este tipo de violencia, que es prácticamente todas las semanas y en más de una oportunidad por semana, más aún con mi hijo”. Y “siempre por su orientación sexual”, ratificó el padre de Tito.

Denuncias cruzadas y agresiones a familiar trans

A través del área de prensa del Ministerio Público Fiscal salteño, el fiscal Mazuranic confirmó que “hay denuncias cruzadas entre las partes”. Costilla contó que una de las denuncias de la familia agresora fue también en 2004, contra él, que entonces tenía diez años de edad, y otres chiques del barrio, porque habían jugado en la vereda de la vivienda vecina.

Según Costilla, les agresores no tienen buena relación con les vecines en general, aunque es más intenso el maltrato con la familia de Tito, porque son vecines que colindan, por su orientación sexual “y porque tengo una tía trans”.

Costilla contó que una vez la tía trans estacionó el automóvil frente a la casa de les vecinos, que reaccionaron tirándole piedras. Después le rayaron el auto, la golpearon e insultaron por su identidad de género. En otra ocasión agredieron verbalmente e intentaron golpear a su hermana mayor, también por estacionar su automóvil en la calle.

Piden medidas para proteger derechos LGBT

La delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se contactó esta mañana con Tito Costilla para ponerse a disposición. Emitió un comunicado en el que expresó su “profundo repudio y preocupación” por la agresión sufrida al joven.

«Entendemos que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática de odio que los colectivos de diversidad sexual viven y padecen de manera cotidiana«, sostuvo el INADI. También denunció “la desidia por parte de la policía de la provincia y el sistema judicial. En más de una oportunidad han recibido denuncias por parte del profesor, sin tomar medidas».

El organismo nacional pidió públicamente que “se lleven a cabo las acciones correspondientes para garantizar la protección y sanción ante estos hechos aberrantes”. Y advirtió que es “urgente impulsar medidas tendientes a garantizar el acceso a la justicia y el trato digno en las comisarías, que garanticen la protección por parte de la población LGTBIQ ante estos delitos de odio”.

“Salta es una provincia muy retrógrada, el tema de la noche, dependiendo de los lugares donde uno va”, sufren situaciones parecidas, como que hay boliches donde no le permiten ingresar, “ven que sos gay y no te quieren dejar pasar”, ponen excusas, expresó Tito. También “cuando vas caminando por la calle te gritan algo o quieren golpearte”. La violencia verbal “es el día a día”, expresó.

Aunque a los cinco años ya sabía que la imagen que le devolvía el espejo no la representaba, la transición de Gabriela Gómez Girones fue lenta y paulatina. Hija de un prefecto y alumna rebelde, dejó la vivienda de su mamá y su papá a los 13 para mudarse al primer lugar que sintió como propio: la casa de su abuela. Allí también vivía su tío, artista y diseñador. De su mano conoció el carnaval de Gualeguaychú, y esa impronta forma parte de Boca Rosa, la cooperativa textil conformada en su mayoría por mujeres trans que nació en plena pandemia y busca generar vocación costurera como herramienta de inserción laboral.

Gabriela tiene 40 años, vive hace 20 en Gualeguaychú –provincia de Entre Ríos- y trabajó durante 15 en el carnaval. Ese universo de trajes con plumas y lentejuelas fue su escuela en el rubro textil. Y al mismo tiempo fue –es- un rasgo propio de una ciudad que se convirtió en destino elegido por gran cantidad de personas trans y travestis de localidades y provincias vecinas.

“Mi raíz fue el carnaval. Mi tío era un gran artista de mi ciudad de Victoria, Entre Ríos. Me vine a Gualeguaychú por una decisión de mis segundos papás: mi abuela y mi tío. Fueron un poco los que me encaminaron en todo esto”, cuenta Gabriela. Dice que tuvo suerte: que trabajó cuatro años en blanco y que siempre encontró oportunidades laborales. Pero se quiebra “pensando en las compañeras que quedaron en el camino”, y quiere fomentar capacitaciones e inserción laboral como vías de inclusión.

De eso hablaba con su amiga Manuela González en charlas que fueron génesis de Boca Rosa. Única maestra trans y primera funcionaria trans de Entre Ríos, ella es responsable del Área de Género y Diversidad del Municipio de Gualeguaychú. “Cuando asumimos nos metimos de lleno en pensar cómo hacer para que las pibas tuvieran un trabajo, independencia económica. Empezamos a tejer desde el Estado el proyecto de una cooperativa textil. Porque el carnaval fue semillero de compañeras como Gabriela, que han podido llevar adelante una vida económica activa con eso. Pero sólo conocíamos dos o tres compañeras que sabían coser”. Convencer a otras para que se sumaran a aprender fue el primer desafío. La pandemia sólo complicó un poco las cosas, en un ámbito habituado a los obstáculos. “No me atribuyo nada, pero cómo se transforman las realidades cuando estamos nosotras”, sonríe Manuela.

Corte y confección

A Valentina Barbosa le avisó una amiga. “Están por juntarse para hacer una cooperativa”, le dijo. Cuando se sumó a la primera reunión, ni siquiera sabía de qué se trataba. Apenas se enteró que era un emprendimiento textil, le gustó. Llevaba tiempo buscando trabajo, mientras se dedicaba a “hacer la calle. No tenía otra cosa”. Así, durante diez años.

Ahora es una de las que sabe manejar las cuatro máquinas industriales que la cooperativa pudo adquirir gracias a un programa provincial. Mientras espera que se logre la matriculación para avanzar con la producción y vender al público, se capacita en corte y confección, hilvanado y costura. También, en computación. Y tiene una máquina de coser en su casa, para un emprendimiento propio. Hace lo que le encarguen, pero ella apunta especialmente a la ropa para mascotas.

“Boca Rosa es lo más. Tiene las mejores máquinas. Estamos chochas”, se alegra. Y cuenta que las primeras piezas que produjeron fueron toallitas para vender en centros de estéticas. También, banderines multicolores para la municipalidad. Como ella, una decena de personas integra la cooperativa, que debe su nombre a Pequeña Pe, artista referenta del colectivo travesti trans de Entre Ríos, fallecida en circunstancias poco claras. Uno de sus temas se llamaba Boca Rosa.

Valentina tiene 31 años y nació en Zárate, pero eligió Gualeguaychú. “Mi recorrido fue de muy chica. Sentía esto y me decidí a los 12. Les conté a mis viejos. Me lo respetaron. Lo único que me pidieron es que me cuide. Me acercaba a las chicas más grandes de Zárate y ellas me tiraban data de cómo ir armándome. Me fui haciendo de a poco”, relata su transición.

Vivió tres años en Calafate, hasta que se instaló en tierra carnavalesca. “Siempre buscaba trabajo en otros lugares, no acá, porque no se abría nada. Es la primera vez que me pasa algo así”, dice sobre la experiencia en la cooperativa. “Hace rato que tendría que haberse dado el cambio. Antes no nos incluían en nada. Si querías un trabajo, no te veían con esos ojos. Como si perteneciéramos a otro ambiente. Sólo para lo que ellos querían. Ahora se puede tirar un currículum y no te rechazan ni te miran con mala cara”. 

“Más allá de lo textil, esto sirvió mucho para unirlas, que se conocieran, que compartan un espacio”, resalta Manuela, funcionaria en una ciudad donde estima que hay medio centenar de mujeres trans mayores de 18 años. “Esta es una ciudad diversa por sus orígenes: Gualeguaychú creció a la par de la diversidad. En el desfile de carrozas las creativas siempre fuimos las travestis. Tiene esa cultura LGTB y es un plus que hace que sea un lugar al que las compañeras migran. Acá se sienten contenidas, eso ha permitido profundizar un montón de cosas, laburar con los privados. Tiene ese plus: que es un lugar que las compañeras elijen”.

Pero, aclara, “no deja de haber mentalidad conservadora de pueblo. Por eso está bueno pensar en dispositivos territoriales que acompañen a travestis y sus familias. Porque cuando una sale del clóset también sale la familia: empiezan a ser el hermano, la mamá de la travesti”, dice, y apuesta por el rol que cumplirá en ese sentido la Casa de la Diversidad, un proyecto pionero que ya está en marcha, tras la firma de un convenio de adhesión al Programa de infraestructura del cuidado con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, por $63 millones. “Y buscamos también apuntar al privado –remarca Manuela– Que no esté todo en manos del Estado. Que la sociedad se abra a este derecho negado por tantos años”.

Pandemia y pizzetas

“Cuando surge la primera reunión por la cooperativa, el problema era que casi ninguna sabía sobre el rubro. Había que entusiasmarlas, conducirlas, enseñarles. Llegamos a un pre acuerdo con el municipio para empezar y nos anotamos en varios programas para tener financiamiento. Pudimos comprar la maquinaria. Estábamos felices. Pero nos agarró la pandemia. Justo cuando estábamos todas entusiasmadas. Dijimos ¿cómo seguimos? Y ahí surge la idea de capacitarnos”, cuenta Gabriela Gómez Girones, al frente de Boca Rosa. Talleres, cursos y hasta completar el secundario de forma virtual, mientras se pensaba y organizaba lo que vendría post cuarentena.

“Mi idea era guiarlas, pero no podíamos juntarnos. Empezamos un curso virtual de corte y confección y fue muy productivo, así que este año lo estamos siguiendo. Las chicas cuando tuvimos las primeras reuniones virtuales no entendían mucho. Después cuando nos reencontramos en el aula fueron con miedo, pero empezaron a coser, se sentaron ante las máquinas y ya están más enganchadas”. Comenzaron por la blanquería –toallas y manteles– para hacer todo más rápido y recto. Piensan ofrecer el servicio a hospitales y asilos, y empiezan a imaginar proyectos más grandes, como confeccionar equipos de protección personal para ámbitos sanitarios.

Por lo pronto, realizan prácticas en la Escuela Secundaria “María América Barbosa” para aprender más sobre el manejo de las máquinas de coser. Y el municipio les cedió un ala del “Espacio de las Juventudes”, llamado Casa Redes 2, que aún está siendo acondicionado. Todo el proceso cuenta con el apoyo de la seccional de Entre Ríos de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA) y de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados Ltda. (CONARCOOP).

“Hemos arrancado despacito. Así va a salir mejor. El año pasado teníamos que pagar matrículas y otras cosas y se nos ocurrió vender pizzetas. No sólo para recaudar plata sino también para hacernos presentes y que nos fueran conociendo. Creo que fue la mejor manera de entrar a los hogares de nuestra comuna: la gente nos vio, nos conoció, se copó mucho con la compra. Las compañeras estaban contentas. Fue como volver a vivir, después de mucho tiempo encerradas y con miedo. Ese miedo se les fue cuando empezaron a tener este contacto”.

Gabriela también está contenta. Pide disculpas una y otra vez por irse por las ramas, mientras habla a borbotones sobre los planes para Boca Rosa. “El Estado se ha hecho presente. Para nosotras fue algo que nunca pensábamos que iba a pasar –celebra- La gente se está parando un poquito más en los zapatos del otro y ya no te miran con esos ojos que te miraban antes. Lo importante es no guardarse. Salir, mostrarse y contar lo que hacemos. Lo único que nos faltó fueron oportunidades. Hoy lo estamos disfrutando y vamos a dejar algo muy lindo para que las que siguen lo aprovechen mejor y no pasen por los que hemos pasado nosotras, y ni hablar las anteriores”.

Mediante la resolución dictada este miércoles, la institución busca «instruir el ‘Cupo laboral travesti trans’» en el club. Asume como objetivo «garantizar la inclusión de personas del colectivo travesti trans de manera progresiva, de acuerdo a la disponibilidad de vacantes y recursos, hasta alcanzar el equivalente al 5% de la planta total de personal del Club proporcional a sus distintos convenios».

Para ello se llevará a cabo un «procedimiento de inscripción y selección de postulantes». Además, el club se compromete a difundir campañas por redes sociales y otros medios institucionales que inviten «a la afiliación y participación activa de las personas de la diversidad sexual dentro de la institución».

Asimismo, buscará «celebrar convenios con grupos y equipos deportivos, asociaciones civiles y otras organizaciones que trabajan la temática LGBTI+» con el objetivo de «brindar espacios para la práctica deportiva, y facilitar la visibilidad de la diversidad sexual en el ámbito del Club».

«Hoy Central es un club más libre, más igualitario»

«Para el club, la ciudad, las intituciones sin fines de lucro y las asociaciones civiles esto es muy importante. Somos el primer club de Latinoamérica en tener el cupo laboral trans. Hoy Central es un club más libre, más igualitario», dijo a Presentes la vocal titular de la Comisión Directiva del Club, Geraldina Platero, quien también está a cargo de la Secretaría de Género y Diversidad. Y agregó: «Es muy importante para que de una vez por todas dejemos de discriminar. Ojalá seamos punta de lanza para otras instituciones civiles y clubes de fútbol».

La política institucional se dio en el marco de la presentación del Proyecto Noviembre 4, el cual surge de una iniciativa de la Secretaría de Género y Diversidad del club en la que se realizan actividades durante todo el mes de noviembre encaminadas a reflexionar sobre la efeméride del 25 de noviembre, Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Además de la resolución que aprueba el cupo laboral travesti trans, este año se sumó la aprobación de una cláusula de rescisión contractual por motivos de violencia de género.

Desde hace cuatro años, el club lleva adelante distintas políticas dirigidas a buscar garantizar los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. En 2018 se creó la Secretaría de Género y Diversidad. En 2019 se aprobó e implementó el “Protocolo de Prevención y Actuación para el abordaje de situaciones de violencia de género y discriminación”. Además, en 2020, la institución adhirió a la Ley Micaela.

Un antes y un después en los ámbitos deportivos

Sobre la aprobación del cupo travesti trans, el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ Esteban Paulón, dijo que «es un antes y un después en la visibilidad del colectivo LGBT+ en los ámbitos deportivos». Y agregó: «La inclusión del cupo laboral travesti trans y el apoyo a la visibilidad de la diversidad sexual en el ámbito deportivo son medidas que avanzan en un sentido correcto hacia deportes más inclusivos, sin estigma y discriminacion».

Según informa la resolución, la ciudad de Rosario dio acceso al empleo registrado y a una carrera laboral a 15 mujeres y varones trans desde el 2016.

La actual medida se encuentra a tono con la reciente sanción el 24 de junio de este año de la Ley 27.636, la cual establece que el Estado nacional “debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”. Y, además, el Decreto 721/2020 de emitido en septiembre de 2020.

Fuente Agencia Presentes

Fotos: Gentileza Prensa Rosario Central

Es la primera ficción del mundo sobre la temática de infancias trans y se basa en la historia real de Luana. En 2013, “Lulú” fue precursora en Argentina en conquistar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de acuerdo a su autopercepción, sin haber judicializado el caso. La película, dirigida por Federico Palazzo, versiona el libro de Gabriela Mansilla, mamá de Luana y activista.

“Yo nena, yo princesa” cuenta la lucha de una madre primero en el seno de su familia y luego en la vida pública para velar por los derechos de su hija trans. Narra la incomprensión de médicos y psicólogos posicionados desde una mirada biologicista y patologizadora. De esta manera, la película muestra lo que viven las personas travestis y trans, y la constante batalla frente a los mandatos sociales pero también la importancia del activismo de la diversidad sexual.

A lo largo de la película se van mostrando las faltas de políticas públicas que acompañen a las familias en los primeros años. También los problemas en acceder a la educación, la salud, la circulación de afecto, el esparcimiento y la recreación, para llegar a la conclusión de que, en nuestra sociedad, el problema es estructural y merece la construcción colectiva de espacios habitables que no pongan en riesgo sus vidas.

“Es una historia de amor con una interpelación hacia el mismo amor, hacia la construcción de familia que tenemos como idea instalada en la sociedad. Van a empezar a replantearse qué es ser varón, qué es mujer. Se van a encontrar con una niña que no solo les va abrir la cabeza. Es una película donde se defiende desde muy temprana edad ‘el quién soy’ ante todos los obstáculo que tienen esta cultura machista, patriarcal, capitalista, binaria, biologicista y va a generar muchos interrogantes. Anhelamos la empatía y el respeto con el que soñamos con el proyecto”, dijo a Presentes Gabriela Mansilla.

La construcción de un personaje desde el amor

La actriz Eleonora Wexler, que en la película encarna a la mamá de Luana, dijo a Presentes:

“Es histórico en el mundo abordar la historia de una niña trans como lo es Luana, además protagonizada por otra niña trans como lo es Isabella. Es un compromiso social enorme por todo lo que hay para contar, decir y concientizar. Hablar de infancias trans era realmente un desafío, implicaba entrar en un mundo inexplorado y yo me considero una persona con una mentalidad super abierta y de repente me chocaba con todo esto que existe y desconocía”.

Para construir su personaje, se reunió con Luana y Gabriela en la casa de ambas. Tenía previsto estar una hora, pero el encuentro duró cuatro. “El desafío de la película tiene que ver con educar desde el amor y lo que implica habilitar la escucha, con el acompañamiento, con cómo es y qué significa la autopercepción, qué sucede en los primeros años de esas infancias, lo importante del rol familiar allí y la importancia de la identidad para poder tener espacio en la sociedad, y para eso yo tenía que poder dialogar con ellas, era sumamente necesario”, agregó la actriz.

Integraron el elenco junto a Wexler, Juan Palomino, Isabella G. C, Lidia Catalano, Valentina Bassi, Valentino Vena, Mariano Bertolini, Paola Barrientos, entre otres.

La historia de Lulú

La historia comienza en 2009, tres años antes de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. El caso de Luana tomó estado público en 2013, cuando Gabriela Mansilla contó en los medios obre lo que estaba atravesando junto a su hija. Ese mismo año, luego de una lucha sostenida, Luana recibió el DNI en manos de su madre en un acto con el entonces jefe de gabinete bonaerense Alberto Pérez y el fallecido dirigente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti.

Hoy Gabriela es fundadora y presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Se define como militante por las niñeces y adolescencias travestis y trans. Además es escritora, conferencista y madre de les mellices Luana y Elías. Hace cuatro años la contactaron de la productora “Tronera” para adaptar su libro al cine.

“Creo que es un proyecto importante y hubo gran sensibilidad y disposición por parte del equipo. Fue un aprendizaje para todo el elenco, el equipo de técnicxs y todas las personas que participaron porque había que comprender qué era lo qué se iba a contar y desde qué lugar, considerando que es una historia contemporánea”, contó Gabriela a Presentes.

Luana tenía 6 años cuando le dieron el Documento Nacional de Identidad, hoy tiene 14. Su visibilidad logró ayudar a otras niñeces: después de esto, 1400 infancias lo tramitaron en el país y además logramos instalar un gran debate en la agenda política.

“Yo nena, yo princesa” fue producida por Grupo Octubre, Arco Libre, Tronera Producciones y Universidad Nacional de la Matanza. Fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación y el ente de Cultura de la Provincia de Tucumán.