Una banda de matones secuestró y torturó a una mujer transgénero en Mardan, Pakistán, afeitándole el pelo después de negarse a darles dinero.

Shakeela afirma haber sido secuestrada en el exterior de una mezquita el primer día de Eid al-Fitr, que cayó el 5 de junio en Pakistán. Dijo que los atacantes la retuvieron contra su voluntad durante tres horas, golpeándola y afeitándola la cabeza después de que se negara a pagarles 1 millón de rupias (£5.200).

La joven de 27 años trabaja como bailarina en Mardan. Según la Alianza de Acción Trans, ella había pagado previamente a los atacantes un total de 90.000 rupias como “una especie de dinero de seguridad que se paga y se puede trabajar y bailar en la zona”.

Farzana Jan, presidenta de Trans Action, dijo a Metro: “Hay un grupo organizado de bandas criminales que atacan específicamente a la comunidad transgénero porque son más vulnerables. No sólo están involucrados en la explotación sexual de la comunidad transgénero, sino que también les extorsionan. Son vistos como blancos fáciles y débiles“. Shakeela se presentó con Trans Action para presionar a la policía local.

Jan -la primera persona en Pakistán a la que se le expidió un pasaporte no binario- dijo al periódico Dawn que los funcionarios aún no han investigado el ataque a pesar de las repetidas peticiones, y que no han logrado arrestar a los “influyentes” perpetradores.

Según se informa, el crimen sólo se registró después de que los miembros de la comunidad trans organizaron una protesta.

Las personas transgénero se enfrentan a la violencia en Pakistán- En 2018, el parlamento pakistaní introdujo una legislación que garantiza a las personas transgénero las protecciones básicas y los derechos humanos, pero Jan dice que “el progreso y la implementación son casi nulos. La violencia es alta en el terreno, pero la tasa de enjuiciamiento y condena es cero, dijo a Metro.

Shakeela con los líderes de Trans Action. (Facebook)

Añadió que en toda la provincia de Khyber Pakhtunkhwa se producen regularmente ataques como el de Shakeela. “Vemos un gran número de personas que pagan o no pagan y son asesinadas o torturadas”, dijo.

Desde 2015, 64 personas transgénero han sido asesinadas en la provincia, mientras que más de 600 han sido torturadas, agregó Jan.

Las luces y sombras del colectivo LGTB de Pakistán

A lo largo de este último año, las personas transgénero han conseguido varios logros en la lucha por sus derechos en Pakistán: Se produjeron avances históricos en los derechos de las personas de zonas tribales y transgénero. Cinco mujeres trans concurren como candidatas en las elecciones generales de Pakistán. Marvia Malik, hacía historia al convertirse en la primera presentadora transgénero de un noticiario de la cadena Kohenor, en el mes de abril; pocas semanas después abre sus puertas Gender Guardian School, un centro educativo orientado a la capacitación laboral de las persona trasngénero en Lahore; al que sigue la aprobación de la Ley de Personas Transgénero, que otorga amplia protección legal a las personas transgénero al prohibir la discriminación por parte de empresarios, tanto públicos como privados.  La Asamblea Nacional de Pakistán aprobaba el pasado mes de mayo la Ley de Protección de Derechos de las Personas Transgénero. Una norma que reconoce el derecho a decidir sobre la propia identidad de género y prohíbe la discriminación laboral y en otros ámbitos y que fue presentada en la cámara baja del parlamento bicameral pakistaní en agosto de 2017 por la diputada Naeema Kishwar. En el articulado se agrupan bajo el término «persona transgénero»realidades diversas como las personas intersexuales, los eunucos (varones de nacimiento sometidos a castración), los hombres y mujeres transexuales y «cualquier persona cuya identidad o expresión de género difiera de las normas sociales y las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer».

A pesar del gran avance de la nueva ley, las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los «delitos antinaturales», que cometerá «quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal».

Los condenados por estos «delitos» «serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa». La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, aparte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

En la parte norte de Pakistán, los miembros de la comunidad transgénero siguen viviendo de forma muy insegura después de repetidos ataques a manos de personas cisgénero. La Dirección de Derechos Humanos de Khyber-Pakhtunkhwa se ha tomado muy en serio el peligroso incremento de los incidentes de violencia contra las personas transgénero, por lo que ha ordenado a todos los departamentos interesados a que compartan a diario su investigación sobre el asesinato de personas transgénero.

En cambio, como publicó también dosmanzanas en su momento, ya en julio de 2009 la Corte Suprema de Pakistán daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un «tercer sexo». Este mismo año, el senador Babar Awan presentaba en la cámara alta un proyecto de ley similar al aprobado ahora para proteger al colectivo trans y que también contenía disposiciones antidiscriminatorias. En marzo de 2017, una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans.

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En abril recogíamos el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena era en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo en Pakistán desde 2015. Entre ese año y 2017, además, contabilizaron un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado).

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Espantosa noticia la que nos llega desde Guatemala, donde el joven José Roberto Díaz, de 18 años, fue torturado y asesinado en lo que claramente parece ser un delito de odio: sus asesinos le grabaron a cuchillo en su cuerpo insultos homófobos.

El asesinato ocurrió en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país. El cuerpo de José Roberto Díaz, un joven maquillador de 18 años, fue encontrado por sus vecinos en un terreno baldío el pasado 25 de marzo. Según publica Nómada, su última conexión en WhatsApp había sido el 24 de marzo, a las 19:37 de la tarde. Desde entonces permanecía desaparecido. Sus verdugos, que lo torturaron visiblemente antes de asesinarlo, dejaron su cuerpo grabado con insultos homófobos («hueco», «morro», «maricón») y, según informa la agencia Presentes, con el número 18, símbolo de una de las maras o pandillas más violentas de Centroamérica.

José Roberto Díaz era abierta y orgullosamente gay, lo que le había valido insultos y amenazas. Una de sus aficiones era el transformismo, y de hecho había ganado ya tres títulos bajo el nombre de Alessandra Villamizar. Contaba con la ayuda y el apoyo de su madre, y su gran aspiración era tener su propio salón de belleza. Además se había implicado como activista en Trabajando Unidos, un colectivo LGTB de Huehuetenango. «Como una estrella en el cielo serás recordado, porque viniste a ser luz para quienes te conocimos, él era reina y para esta reina habrá justicia. Para Josecito, como lo conocíamos cariñosamente, exigiremos justicia, gritaremos, aullaremos hasta que nuestra voz se enronque… Gritaremos para que te escuchen y morderemos si es necesario para alcanzar toda la justicia que mereces, en tu memoria y en tu nombre no desistiremos», puede leerse en su página de Facebook. En otro mensaje más formal publicado en esta misma red social, la organización a la que pertenecía el asesinado ha hecho además un llamamiento a denunciar los actos de intimidación «para reafirmarle a la sociedad, a las personas que no creen y desacreditan nuestras luchas y a las autoridades, que somos agentes de derechos, que no pueden violentarlos y sobre todo que estamos articulados, y que no permitiremos que estos sucesos sigan siendo las únicas miradas que se le den a la comunidad LGTBIQ».

Guatemala: una realidad muy difícil para el colectivo LGTB

Según el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, el colectivo LGTB guatemalteco se enfrenta a violencia desde múltiples frentes, que van desde la represión policial a las bandas de delincuencia organizada, además de a la enorme presión de grupos conservadores altamente LGTBfóbicos que incluso han promovido la discusión en el Congreso de la República de la mal llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que entre otras cosas busca prohibir la información sobre diversidad sexual en los colegios.

Por desgracia, resulta difícil cuantificar dicha violencia contra las personas LGTB, que en Guatemala no gozan de protección contra la discriminación. Según un informe de 2018del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

En cualquier caso, la violencia parece estar a la orden del día. Según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento.

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Seis policías de la provincia de Santa Fe fueron detenidos luego de que una pareja gay denunciara en Asuntos Internos haber sufrido detenciones ilegales, torturas y abusos por parte de ellos.

Seis policías del Comando Radioeléctrico fueron detenidos luego de que dos jóvenes denunciaran en Asuntos Internos haber sufrido detenciones ilegales, torturas y abusos en la Comisaría 12ª de Santo Tomé, provincia de Santa Fé.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes. La fiscal que interviene decidió detener a seis involucrados. Habría otros nueve efectivos vinculados a la causa que por el momento seguirán en libertad.

Una vez que se difundió el caso, el jefe de la Unidad Regional I, Ricardo Motta, brindó una conferencia de prensa en la que negó los hechos reportados por las víctimas y confirmó a los agentes en sus funciones. Sin embargo, la fiscal interviniente, Mariela Jiménez decidió intervenir para poder investigar lo ocurrido y librar las órdenes de detención.

Alexis y Nahuel denunciaron que, cuando llegaban a su casa de Santo Tomé el lunes por la madrugada, un grupo de policías que los interceptaron en la vía pública, los persiguieron hasta la casa de uno de ellos, los obligaron a salir de la vivienda y los llevaron a la Comisaría 12ª, donde los golpearon brutalmente durante cuatro horas.

Los jóvenes contaron que la violencia se agravó cuando los uniformados descubrieron que son una pareja gay. En ese momento comenzaron las vejaciones de índole sexual.

Las torturas siguieron hasta que uno de ellos, que es discapacitado, perdió el conocimiento por los golpes. En un video filmado por los familiares se puede ver cómo dos policías lo trasladan en una silla, casi inconsciente.

El médico policial de la Seccional 1ª constató las lesiones y los jóvenes presentaron ese informe al momento en Asuntos Internos, acompañado por fotografías que muestran las lesiones sufridas.

Fuente: Minuto Uno, vía SentidoG

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Fue golpeada, desnudada por hombres, ridiculizada por su identidad de género y hasta impedida de acceder a medicamentos para tratar una enfermedad en las cárceles del Biobío, Alto Hospicio, Antofagasta y La Serena. Todos los hechos fueron confirmados en fallos de los propios tribunales.

Una mujer trans, María del Pilar López Barrera (43), presentó hoy en el 12 Juzgado Civil de Santiago una inédita demanda contra el Estado de Chile, luego de haber sido torturada y agredida en razón de su identidad de género en distintos Centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP) del país, donde en diciembre pasado terminó por cumplir una condena de 15 años.

En la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta contra el Consejo de Defensa del Estado el abogado Juan Pablo Badani precisó que “desde un inicio del cumplimiento de su condena, en diferentes cárceles del país”, María del Pilar, sufrió “malos tratos y burlas de parte del personal de Gendarmería de Chile, humillaciones, incluso apremios ilegítimos. Cabe señalar que siempre el origen de estos hechos, radicaban en su identidad de género, así como en llamarla por su nombre legal”.

“Entre otros, la mujer fue golpeada, desnudada, revisada por personal masculino de Gendarmería e incluso impedida de acceder a medicamentos para tratar una enfermedad. Todas las veces que denunció los abusos, María del Pilar ganó los casos en tribunales. Gendarmería, lejos de cumplir los fallos de tribunales, exacerbó su violencia contra la mujer”, señaló el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que lleva unos dos años siguiendo el caso.

Los abusos ocurrieron en el CCP del Biobío, de Alto Hospicio, y de Antofagasta y de La Serena.

Entre otros, fallaron a favor de María del Pilar las cortes de Apelaciones de Concepción, de Iquique, Antofagasta y de La Serena.  Más aún, en dos ocasiones fue la propia  Corte Suprema la que falló a favor de la víctima, “luego de que Gendarmería apelara con transfóbicos argumentos, pues exigía tratarla como hombre y no como mujer”, redondeó el Movilh.

“Uno de los aspectos más graves de este caso, es que luego de que los tribunales exigieran a Gendarmería tratar a la víctima por su nombre social, así como respetar en todo momento su identidad de género, la reacción de los gendarmes fue más violenta, incumpliendo así los órdenes de los propios tribunales y convirtiendo a las cárceles en tierra de nadie” apuntó el Movilh.

En diciembre pasado “María del Pilar fue diagnosticada con trastorno del estrés postraumático crónico, como consecuencia de los hechos, malos tratos, golpes, apremios ilegítimos, discriminación y burlas sufridas por un agente del Estado, como lo es Gendarmería de Chile”, señaló en la demanda el abogado Juan Pablo Badani.

El Moivlh dijo “esperar justicia en este caso, el cual no solo servirá para paliar el daño causado a María del Pilar, sino también para que de una vez Gendarmería cese con los abusos en razón de la orientación sexual o la identidad de género de los/as internos y a veces también de los funcionarios LGBTI”.

Fuente MOVILH

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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha emitido un informe tras la investigación realizada en Chechenia, en el que afirma que «existen pruebas manifiestas que confirman» las acusaciones de persecución, tortura y ejecución de personas homosexuales, bisexuales y trans. El protocolo por el que se inició la investigación fue instado por dieciséis países, para quienes no bastaban las explicaciones dadas por el Gobierno ruso sobre las violaciones de los derechos humanos en el territorio checheno. La OSCE acusa también a las autoridades rusas de «falta de voluntad política» para esclarecer los hechos y actuar contra los responsables de la brutal represión.

Según la conclusión que se hace constar en un documento que tiene más de treinta páginas, «las pruebas demuestran claramente que las acusaciones de violaciones muy graves de los derechos humanos en la República de Chechenia de la Federación Rusa han sido confirmadas. Esto atañe a denuncias particulares de acoso y persecución, arrestos arbitrarios o detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En particular, han podido confirmarse varias oleadas de violaciones de los derechos humanos y abusos de personas debido a su orientación sexual e identidad de género que tuvieron lugar en 2017».

Además de las personas homosexuales, bisexuales y trans, entre las víctimas también se hallaban defensores de los derechos humanos, profesionales de medios de comunicación independientes, consumidores de drogas, abogados y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, el informe resalta que estos métodos se dirigían principalmente contra los varones homosexuales y las mujeres trans (a quienes incluían en el colectivo de varones homosexuales al no reconocer su identidad de género). Tal como consta en el informe, «eran golpeados regularmente con tubos, palos o cables de plástico o sometidos a descargas eléctricas para obligarlos a confesar. En algunos casos documentados, las víctimas no sobrevivieron a estos actos de tortura. Otros fueron ejecutados sin juicio».

Tras el análisis de multitud de documentos, los autores del informe consideran que las autoridades rusas encargadas de la investigación de estos hechos «parecen no haber asumidos su responsabilidad». La mayor parte de los investigadores opinan que las instituciones de la Federación Rusa tratan a Chechenia «como un caso especial, una zona excepcional, donde las instituciones no son eficaces y donde se tolera un régimen especial de impunidad», por lo que concluyen que existe «una falta de voluntad política en aras de lograr la estabilidad en la región».

Tras la publicación del informe, el Consejo Permanente de la OSCE, con sede en Viena, ha instado al Gobierno ruso a «trabajar con las instituciones internacionales pertinentes para abordar de manera constructiva las cuestiones planteadas».

La investigación que ha concluido con este demoledor informe fue propuesta por Islandia, a quien se sumaron Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Este grupo de países decidió activar el protocolo conocido como «mecanismo de Moscú», un procedimiento excepcional que solo se había empleado hasta ese momento en siete ocasiones y que prevé la participación de un grupo de expertos internacionales.

Su misión era investigar, entre otras denuncias de violación de los derechos humanos, la persecución y asesinato de personas homosexuales, que en la primavera de 2017 sacudían a la comunidad internacional tras el artículo del diario Novaya Gazeta, en el que se afirmaba que al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena.

En este tiempo, la homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados.

Fuente Dosmanzanas

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Ya hace semanas que os hablamos de la “purga” gay que el gobernador de la región de Dar es Salaam, Paul Makonda, decidió poner en marcha el pasado 5 de noviembre. Por ahora no parece que haya mucha gente manifestándose frente a los consulados del país como sí se hizo cuando ocurrió lo mismo en Chechenia, pero seguro que es por causas ajenas a la organización y no porque en Tanzania sean negros y en el fondo todos somos un poquito racistas o porque Chechenia tiene relación con Putin y joder, qué mal nos cae Putin a todos.

Makonda pidió a la población que denunciara a cualquiera que sospecharan que era homosexual, y formó un equipo de 17 “expertos” que se encargarían de comprobar si la acusación era cierta (realizando un examen anal, una práctica absurda, discriminatoria e inhumana que muchos países están dejando de utilizar para detectar gais); para luego no matarlos ni torturarlos sino “curarlos”. A base de más torturas, claro.

A pesar de que, según Amnistía Internacional, la policía del país ya ha arrestado (como mínimo) a 10 hombres sospechosos de ser gais; el Ministro del Interior del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, aseguró a la prensa que en su país todo el mundo está a salvo: “Tanzania es un lugar seguro y nadie puede decir lo contrario sin tener toda la información. Si alguien siente que su vida está amenazada, debería ir a la policía y no he recibido ninguna información por parte de la policía que demostrara la vulnerabilidad de ninguna persona“.

Parece un chiste, pero es real. Y luego que para qué seguimos celebrando el Día del Orgullo LGTB+.

Fíjate si las declaraciones del Ministro son absurdas (y falsas) que él mismo se contradijo un par de días después al dirigirse al Parlamento del país y asegurar que, con respecto a la homosexualidad, Tanzania “no es el lugar adecuado para ese tipo de actos, nunca permitiremos que ocurran esas cosas. Tenemos leyes que prohíben esas cosas.”

Independientemente de las atrocidades que Makonda y el gobierno tanzano (que dijo públicamente que se distanciaba de la “purga” pero no piensa hacer nada para evitarla), el país castiga la homosexualidad con la cadena perpetua. Es a lo que, probablemente, se enfrenten los 10 detenidos de hace unos días cuyo abogado teme que, a pesar de estar en libertad bajo fianza, vuelvan a ser perseguidos y acosados por la policía.

La misma policía que responde ante el ministro de interior del que te hablamos en esta noticia. Luego se extraña de que no le lleguen informes de violencia policial contra personas LGTB+.

Fuente | Pink News, vía HazteQueer

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La Corporación Caribe Afirmativo saluda esta decisión en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos Interamericano, frente a el primer caso que la CIDH somete a la Corte Interamericana en materia de violencia policial, detención ilegal y tortura sexual en contra de las personas LGBT.

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido un caso de violencia en contra de las personas LGBT a la Corte Interamericana (Corte IDH). El caso es sobre la detención ilegal y arbitraria a Azul Rojas Marín, mujer trans quien al inicio del caso se autorreconocía como hombre gay, el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande (Trujillo) por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), supuestamente con la finalidad de realizar un control de identidad cuando caminaba hacia su casa.

Mientras duró la detención injustificada de Azul, los policías ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Sumada a la violencia física y psicológica, Azul también fue víctima de violencia sexual.

A pesar de la grave de los hechos, los responsables no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú, pues el Estado incumplió su deber de debida diligencia en las investigaciones que se iniciaron. A lo largo de la investigación, Azul fue descalificada y su credibilidad fue puesta en duda, siendo revictimizada tanto por los operadores de justicia en la actuación probatoria, como en el marco de las decisiones que dieron lugar al archivo de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul).

Ante esta situación, con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS (Organización británica que lucha contra la tortura), Azul presentó su caso a la CIDH. Así las cosas, la Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBTI.

Al analizar los hechos del caso, la Comisión encontró suficientes elementos para considerar que por la naturaleza y forma en la que se ejerció la violencia, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, en ese momento, como un hombre gay. A su vez, la Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio, además de los elementos constitutivos de tortura.

Para la CIDH, el caso permitirá que la Corte Interamericana fije estándares respecto a casos de violencia física, psicológica y sexual, y la tortura, por parte de agentes de seguridad del Estado cometidas contra personas LGBTI, así como profundizar su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia en la investigación penal, materia probatoria y sanción de los responsables en casos de violencia por perjuicio cometidas contra personas LGBTI.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018[1] porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura de la que fue víctima.

Desde Caribe Afirmativo acompañamos estas exigencias de justicia, reparación y garantías de no repetición que logren avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT+ en la región; asimismo, instamos a los gobiernos en las Américas a respetar, acatar y ejecutar las decisiones del sistema interamericano como la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH, en la cual se instó a “impulsar reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos internos para garantizar que personas del mismo sexo tengan el derecho a contraer matrimonio y respetar las identidades de género de sus ciudadan[x]s”.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH presenta caso sobre Perú ante la Corte IDH.

 Recuperado de [http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/189.asp].

Fuente Caribe Afirmativo

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El Movilh denunció la vulneración a la vida, a la salud, al bienestar y a la dignidad humana consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy a Gendarmería de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por torturar a internos LGBTI, los cuales son además repetidamente insultados en razón de su orientación sexual o identidad de género.

En concreto se denunciaron las agresiones que el pasado 11 de julio un grupo de gendarmes del Centro Penitenciario de La Serena propinó a la interna trans María del Pilar López Barrera y a otros cinco reclusos gays, algunos de los cuales quedaron con evidentes lesiones en su cuerpo, tras ser humillados por ser LGBTI y/o vivir con VIH. La situación fue tan dramática, que Gendarmería impidió que los reclusos enfermos accedieran a sus medicamentos.

En su denuncia el Movilh recordó que informes del Instituto Nacional de DDHH (INDH) han revelado situaciones indignas y precarias al interior del Centro Penitenciario de La Serena.

“Los baños del interior de la celda (de castigo) se encuentran en pésimas condiciones de higiene y salubridad, con el inodoro, lavatorio y ducha en mal funcionamiento. Por lo tanto, no hay disponibilidad de agua potable durante el periodo de encierro. Los aparatos no son limpiados con regularidad, tampoco existe basurero ni sistema de ventilación. Los baños presentan mal olor y marcas de humedad”, señala el INDH.

Añade que se han recibido denuncias de uso de gas pimienta contra internos/as, los cuales además han recibido “golpes de puño y/o pies por parte de gendarmes mientras permanecían castigados. Respecto a la posibilidad de contactarse con sus abogados/as, todos respondieron negativamente”.

Junto con solicitar una medida cautelar, el Movilh precisó que los hechos descritos vulneran el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

“Por otra parte, en cuanto a los obstáculos para acceder a la terapia antirretroviral para internos con VIH se configura una vulneración del artículo 5, pero también del derecho a la vida (artículo 4) y del Derecho a la preservación de la salud y al bienestar (articulo 10)”, finalizó la denuncia del Movilh.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Centro Penitenciario de La Serena, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Convención Americana de Derechos Humanos, Gendarmería, María del Pilar López Barrera

Tras reunión del Movilh con la Comisión. También será citado el INDH y se oficiará al Ministerio de Salud.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Carmen Hertz (en la fotografía), acordó ayer citar al ministro de Justicia, Hernán Larraín y a la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, a raíz de los continuos abusos, torturas y discriminaciones en razón de su orientación sexual e identidad de género que están padeciendo internos/as LGBTI en distintos recintos penitenciarios del país.

La medida se adoptó ayer luego de que el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiéménez, expusiera ante la Comisión detalles de todos los abusos ocurridos en los últimos tres año, pese a existir siete fallos de tribunales que obligan a Gendarmería a terminar con los atropellos y a garantizar un trato libre de discriminación a los reclusos LGBTI.

El hecho más reciente está afectando a internos trans y gays del Centro Penitenciario de La Serena, y en particular, a la reclusa María del Pilar López Barrera, quien han sido discriminada y torturada en diversos penales del país debido a sus denuncias ante tribunales.

En gran parte de estos graves hechos “ha debido intervenir el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que también serán citado al Congreso Nacional para conocer su versión de los hechos. De igual manera la Comisión de DDHH de la Cámara oficiará al Ministerio de Salud para que se garantice el tratamiento sobre VIH/SIDA en las cárceles, pues varios reclusos son impedidos de estos derechos en represalia a sus denuncias”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Cámara de Diputados, Carmen Hertz, Chile, Claudia Bendeck, Comisión de Derechos Humanos, Gendarmería, Hernán Larraín, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Prisiones, Tortura

La Fiscalía General del estado detalló que su cadáver estaba semidesnudo y con huellas de tortura.

Organizaciones y activistas piden que su asesinato sea considerado como un crimen de odio por identidad de género y se encuentre a los responsables.

Alaska Contreras Ponce, mujer trans y ‘Reina Gay 2018’ de un municipio de Veracruz, fue torturada y asesinada, su cuerpo fue hallado este miércoles en el municipio jarocho de Martínez de la Torre.

Los informes policiales señalaron que el asesinato ocurrió en el municipio Martínez de la Torre, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima identificada legalmente como José Luis Contreras Ponce y conocida como “Alaska Bout“, Reina Gay 2018.

El cuerpo fue ubicado en la colonia Ejidal, semidesnudo, con huellas de tortura y un alambre de puas enredado en el cuello, revelaron policías de la Fiscalía General del Estado (FGE), que abrieron una investigaciones por el crimen.

Ante el hecho, la defensora de derechos humanos, Jazz Bustamante, emitió un comunicado firmado por diversas organizaciones civiles en el que condenan el asesinato y exigen que el caso se investigue a fondo.

“Alaska contaba con tan solo 25 años , estaba estudiando la carrera de estilismo, era amiga, hija, y vecina ejemplar, por ello nos llena de coraje que le hayan arrebatado la vida de esa manera”, se lee en el escrito.

“Hace un par de años tratamos de impulsar la tipificación de los crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual, hoy ya es un hecho, esta iniciativa fue aprobada hace un par de meses por ello exijo a la Fiscalía sea investigado este caso como un crimen de odio por identidad de género“, demandó en sus redes sociales.

Explicó que el asesinato de la Reina Gay se suma al de 15 homicidios de personas transgénero que han perdido la vida de manera violenta en Veracruz, hechos “considerados crímenes de odio dirigidos a la población de la diversidad sexual”.

Hicieron un llamado a las autoridades y medios de comunicación para que se respete la identidad de género de Alaska, además de que su asesinato sea considerado, y por ende investigado, como un crimen de odio por identidad de género.

“Los crímenes de odio tienen su origen en las familias, sí, ahí, en los hogares se gestan los futuros violadores, asesinos (as), xenofóbicos, nadie nace odiando. Pedimos a la sociedad y en especial a quienes tengan a su cargo niños (as) que eduquen una generación con respeto hacia la diversidad, con respeto hacia todas las personas más allá de su color de piel, orientación sexual, estatus económico , identidad de género , forma de vestir”, exponen.

La investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), Patricia Ponce Jiménez, dio a conocer que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de asesinatos a transexuales.

Fuente Agencias

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Se ordenaron una serie de medidas a favor e la interna trans María del Pilar López Barrera y otros 5 internos gays, al tiempo que se ofició al INDH para que indague las condiciones de salubridad donde actualmente se encuentran las víctimas,

El Juzgado de Garantía acogió hoy una medida cautelar a favor de la interna trans María del Pilar López Barrera y de otras cinco personas gays recluidas en el Complejo Penitenciario de La Serena, donde el pasado 11 de julio fueron torturadas e insultadas por gendarmes en razón de su orientación sexual e identidad de género.

Junto con acoger la cautela de garantía presentada por la Defensoría Penal Pública, el Juzgado acogió que se hiciera parte del proceso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), instancia que está en permanente contacto con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) por este caso.

“Una vez más los tribunales acogen recursos a favor de María del Pilar y otros internos LGBTI en medio de permanentes abusos y montajes de Gendarmería que en nada garantizan la calidad de vida de los recluidos/as. Por ello, valoramos que el tribunal encomendará una serie de medidas en el breve plazo, a objeto e paliar las represalias, la homofobia y la transfobia de los gendarmes”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez-

Entre otros puntos, el Juzgado Garantía ofició al Instituto Salud Pública para que repongan los medicamentos de VIH/SIDA que una de las víctimas requiere con urgencia, pero que Gendarmería se había negado a facilitarles, en una nueva muestra de agresión.

A la par, se ofició a Gendarmería para que informe sobre la salubridad e infraestructura en el módulo en donde se encuentran actualmente las víctimas y se ofició a la INDH para que investigue las condiciones del recinto.

“Valoramos profundamente el accionar de la Defensoría Penal Pública, así como la rápida y oportuna intervención del INDH. Dado que hay seis fallos de la justicia favorables a María del Pilar y ninguno de ha cumplido, nos mantenemos al mismo tiempo firmes en nuestra decisión de denunciar en los próximos días a Gendarmería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Uno de los hechos afecta a María del Pilar López Barrera, quien han ganado en tribunales seis juicios contra Gendarmería por otras torturas en razón de su identidad de género.

Familiares de seis internos del Complejo Penitenciario de La Serena denunciaron hoy ante el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que ayer fueron torturados por gendarmes en medios de insultos en razón de su orientación sexual 2 identidad de género.

Los afectados son los internos gays S.A. R..S, J.A.C.M, F.F.B.M, M.R.L.C, P.E.D.A.V y la trans María del Pilar López Barrera, esta última víctima de permanentes acosos y abusos en los últimos dos años luego de que ganará seis recursos de protección en diversos tribunales del país (incluidos dos fallos de la Corte Suprema) donde Gendarmería fue sancionada por golpear, torturar, insultar y aislar a la mujer en razón de su identidad de género.

“Nuestros familiares fueron golpeados con objetos contundentes y se encuentran aislados en una celda, impedidos de recibir medicamentos que con urgencia requieren para tratar diversas enfermedades. Los abusos de gendarmes siempre se basan en insultos como “maricones”, “caballos” y “fletos” y en negar la identidad de género de María del Pilar”, denunció uno de los parientes al Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “la situación en gendarmería es peligrosa y alarmante para la población LGBTI, y muy especialmente contra María del Pilar, quien es constantemente víctima de represalias por sus denuncias en tribunales. Esto lo hemos hablado con todas las direcciones nacionales de Gendarmería de los últimos dos años y nada se resuelve”.

Añadió que “la violencia contra la población LGBI se ha vuelto extrema en el último año y es particularmente nociva en las cárceles. Se están viviendo procesos gravísimos y ninguna autoridad del Estado les ha tomado el peso. Los abusos están ocurriendo frente a sus ojos, y ni siquiera tienen la decencia de solidarizar con las víctimas”.

En virtud de lo anterior, el Movilh anunció que “reportaremos los atropellos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y analizaremos la presentación de una demanda contra Gendarmería por desacato, pues no ha cumplido ninguno de los seis fallos que la han obligado a tratar con dignidad a la población penal LGBTI y a respetar el nombre y sexo social de internos e internas trans”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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Tagnabou Elvis, rescatado por el Open Arms (Olmo Calvo/El Diario)

“En Libia, cada noche violaban delante de nosotros a quien iban a matar”

“Decían ‘ven, ven’ y disparaban. Yo vi como mataron a mi amigo. Cuando estás en esa situación, solo Dios puede ayudarte”

A pesar de los testimonios, la Unión Europea defiende la devolución de migrantes al país vecino

General Burkina Faso, Esclavitud, Libia, Migrantes, Open Arms, Tagnabou Elvis, Unión Europea, Violencia

Entre los años 1960 a 1990, durante el cruento conflicto armado que se vivió en este país centroamericano, cientos de hombres y mujeres fueron criminalizados por su orientación sexual e identidad de género.

La Policía Nacional de Guatemala –entre los años 1960 y 1996- vejó y torturó a más de 150 personas por su orientación sexual y/o identidad de género. En la actualidad esta nación continúa presentando grandes desigualdades en materia de derechos para la comunidad LGBTI.

En el año 2005 la Procuraduría de Derechos Humanos reveló que había documentos y fotografías que daban cuenta de los maltratos sufridos por la comunidad LGBTI en este país centroamericano. Sin embargo, el Gobierno siempre negó su existencia.

Fue solo a mediados de este mes de mayo cuando el Archivo Histórico de la Policía Nacional reveló que existen 80 millones de documentos, de los cuales se han digitalizados 22 millones, que hacen referencia a los vejámenes sufridos por la población civil, incluida la homosexual y transgénero, durante los años que duró el cruento conflicto.

El director del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Gustavo Meoño, manifestó que el informe recoge investigaciones de los años 1960 a 1990. En ellos que aparecen fichados diferentes hombres y mujeres a quienes se criminalizó por su orientación sexual, informó la agencia de noticias AP.

“Hay fotografías de personas homosexuales señaladas directamente como delito o agravante de un delito común”, reveló Meoño.

Entre la montaña de documentos analizados, se encontraron 13 libros con 156 caso de arrestos de personas “por delitos como homosexualidad, usurpación de personalidad, actos inmorales, actos de hermafroditas o prostitución”, informó la investigadora, Katia Orantes.

Recordó Orantes que en el año 1975 un grupo de personas solicitó a la policía la detención de homosexuales y prostitutas que estaban en una calle. Días después, varios fueron arrestados.

Colocó como ejemplo el caso de una persona identificada como “Adolfo”, quien “aparece posando en fotos en posiciones sugestivas femeninas, algo que no era parte de las actividades reguladas que usaba la policía para registrar las detenciones”, dijo la investigadora.

En los libros también aparecen palabras como “huecos”, una expresión despectiva utilizada en Guatemala para referirse a una persona homosexual.

Mayor protección

“Los archivos deben servir para la justicia no sólo como museo sino para conocer la verdad”, afirmó la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña. La funcionaria precisó que Guatemala hace falta una ordenanza que proteja a las personas de la comunidad LGBT.

Por su parte, para el activista de la comunidad LGBT, Fernando Us, “nada de lo que se considera discriminación no es subjetivo, tiene una intencionalidad, una carga violenta, que es la de exterminar a esta población”, fueron sus palabras sobre estos dantescos hallazgos.

Con la llegada de la democracia a este país aún la población LGBTI continúa siendo muy vulnerable, como lo revela el trabajo presentado en este vídeo.

Fuente Universogay

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Sencillamente repugnante:

Tras las denuncias contra un religioso en Guayaquil

El arzobispo anunció investigaciones contra el sacerdote

Grupos sociales de Ecuador anunciaron hoy la creación de un Comité contra casos de abuso y violación por parte de representantes de la Iglesia católica, tras conocer las denuncias de supuesta tortura contra un sacerdote que practicaba extraños rituales de fe.

Diane Rodríguez, activista transgénero del colectivo LGBTI de Ecuador, convocó hoy en una rueda de prensa a formar el “Comité contra la tortura, acoso y violación por parte de la Iglesia en Ecuador“, para dar seguimiento a las denuncias de abuso y acoso sexual que involucren a representantes religiosos.

“Nos declaramos en lucha permanente contra la impunidad y contra las personas que cometen actos de pederastia”, señaló Rodríguez y dijo que su colectivo no descansará hasta que los responsables “paguen con todo el rigor de la ley”.

El portal informativo GKCity reveló esta semana una investigación sobre las acusaciones de diez guayaquileños por supuestos abusos sexuales cometidos cuando eran adolescentes, por parte del padre Luis Fernando Intriago, entonces párroco de la Iglesia de Czestochowa, en el norte de Guayaquil.

Según la información, el cura había sometido a sus víctimas a un extraño ritual que incluía desnudarlos, golpes y otras vejaciones, aunque nunca los violó ni tocó sus genitales.

La denuncia ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana que días antes conoció otros casos de pederastia que involucraban a un exsacerdote en la ciudad andina de Cuenca.

Rodríguez, que pertenece a la Asociación Silueta X, reprochó que los últimos casos de abusos atribuidos a sacerdotes no hayan sido resueltos aún por la Justicia ordinaria y recordó que en el caso del cura Intriago, él ha dirigido grupos juveniles en los últimos diez años, precisamente desde los que han surgido las denuncias.

“Hacemos un llamado a los operadores de justicia para que estos casos puedan sentenciarse a la brevedad posible y puedan dar como resultado la condena que merecen”, añadió la activista que hoy también presentó un manifiesto de varios grupos sociales que se adhieren a la creación del Comité.

“No permitiremos que la impunidad presentada por quienes usan sotana transite campante por los tribunales de justicia”, agregó Rodríguez e invitó a grupos “pro vida”, que se oponen al aborto y a la diversidad sexual a sumarse al colectivo para vigilar los procesos contra los curas acusados de abusos.

También hizo un llamamiento a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a que se sume a las campañas de denuncias y de exigencia de una reparación a las víctimas.

Estas denuncias “no son hechos aislados, por el contrario, son de los tantos casos que conocemos que no se han hecho público por el temor de las víctimas al rechazo y la vergüenza”, reza el manifiesto.

A raíz de las denuncias, el arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera Herrera, informó hoy en una carta que se han iniciado dos nuevas investigaciones en contra del sacerdote Luis Fernando Intriago.

En el documento aclara que los procesos penales iniciados anteriormente contra el sacerdote prescribieron porque las denuncias se presentaron más de cinco años después de haber ocurrido los hechos.

Sin embargo, destacó que “la Fiscalía ha abierto dos investigaciones más para determinar si los hechos descritos (últimamente) pueden tratarse como torturas, delito que aún podría no haber prescrito”.

Y en un mensaje de reflexión, el religioso afirma que la “dinámica de pecado, no está aprobada por la Iglesia católica bajo ninguna modalidad”.“Más aún, luego de haber escuchado sus testimonios, lo consideramos como un instrumento que atenta ante la  integridad física, moral y espiritual de las personas“, concluyó

Fuente Agencias, vía Religión Digital

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Un espantoso suceso ha tenido lugar en un centro de detención francés. Un joven ha sido brutalmente torturado durante toda una noche por sus tres compañeros de celda, después de que descubrieran que había visitado una página web de contenido gay a través del teléfono móvil. Fue asfixiado, golpeado brutalmente, llegaron a perforarle un tímpano, le raparon la cabeza y las cejas, le obligaron a ingerir excrementos… A la mañana siguiente, el joven fue ingresado en la enfermería donde denunció a los guardias de la prisión lo sucedido. Estos procedieron a detener a los tres compañeros de celda, que se enfrentan a cargos por tortura y barbarie.

El centro de detención de la ciudad francesa de Troyes es tristemente conocido por sus precarias condiciones y por el hacinamiento de los presos. Pero los hechos ocurridos el pasado sábado 28 de abril han conmocionado a la opinión pública.

Un joven preso de 24 años, de origen guyanés, que cumplía condena por pequeño contrabando de cocaína, compartía celda con otros tres prisioneros, dos de ellos de 19 años y el restante de 27. Al parecer, el joven guayanés tomó prestado el teléfono móvil de uno de ellos y navegó por la red durante unos instantes. Posteriormente, el propietario del teléfono descubrió que había visitado una página web de contenido gay y se lo comunicó a sus otros dos compañeros.

Los tres procedieron a atar al joven a una silla y comenzó lo que sería una larga sesión de tortura que se prolongaría desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo. Simularon que le iban a matar asfixiándole, le golpearon salvajemente, le introdujeron un bolígrafo en el oído y le perforaron el tímpano, le raparon la cabeza y las cejas, le obligaron a comer excrementos, para humillarle, le obligaron a que hiciera el papel de criada… Además, grabaron con uno de los teléfonos móviles las torturas y humillaciones para luego difundir el vídeo por la red.

Una vez amaneció, el joven guyanés fue atendido por los guardias, que le condujeron a la enfermería, donde estuvo internado durante 9 días. Allí relató lo sucedido, por lo que se procedió a la detención de los tres compañeros de celda, que responden a los nombres de Camel, Imed y Ayoub. Los tres se enfrentan a cargos por tortura y actos de barbarie, y han sido internados en tres establecimientos penitenciarios diferentes.

El diputado de origen guyanés Gabriel Serville, del Grupo de la izquierda demócrata y Republicana, ha condenado enérgicamente la agresión homófoba y ha reiterado la necesidad de aumentar las campañas de sensibilización contra la homofobia, especialmente entre los jóvenes, así como de fortalecer la legislación para combatir todas las formas de discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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Irwandi Yusuf

La región de Aceh, que aplica la Ley Sharia musulmana, dejará de someter a latigazos en público a los y las acusados de homosexualidad para pasar a hacerlo en recintos privados.

El movimiento simplemente quiere ayudar al gobierno del país a limpiar su imagen exterior y acusan a occidente de islamofobia por las críticas recibidas.

Tal y como adelantábamos en julio, la provincia indonesia de Aceh impedirá la difusión pública de imágenes de los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La reforma fue discutida en su momento entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, debido al daño que para la imagen de Indonesia supuso la difusión de la flagelación de dos jóvenes. Pues bien, la semana pasada se conocía que Yusuf ha firmado la orden. Los castigos a homosexuales se ejecutarán  en el interior de las cárceles y centros de detención, sin que puedan registrarse ni difundirse imágenes de las mismas.

La provincia de Aceh en Indonesia, la única provincia del país en la que se aplica la Ley Sharia islámica, ha anunciado que dejara de someter a los hombres condenados por ser homosexuales a latigazos en público… para pasar a hacerlo a puerta cerrada.

Tal y como ha explicado el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, la decisión de mover las torturas de las plazas públicas a los patios privados de las cárceles se ha tomado para reducir así las críticas internacionales por ese tipo de castigos. Eso sí, aclara que tanto a él como al resto del país les dan igual esas críticas y las considera un ataque islamófobo: “No queremos que la islamofobia interfiera en los asuntos externos de Indonesia“.

La medida cuenta con críticos entre la población local. Los hay que consideran que si los castigos no son públicos perderán su carácter «ejemplarizante». «Si los latigazos se dan en prisión, seguro que habrá más violaciones de la sharía en Aceh», declaraba un manifestante opuesto a la reforma. En esta provincia, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Desde la organización Human Rights Watch su investigador en Indonesia, Andreas Harsono, ha declarado que “Indonesia va en cabeza en la carrera hacia el abismo“. La nueva ley que traslada las torturas a los centros penitenciarios permitirá la asistencia de adultos y periodistas y fue recibida con una manifestación frente a la delegación del gobierno en Aceh. “Si los latigazos se hacen en prisión” explica Tuwanku Muhammad, uno de los manifestantes, “estamos seguros de que habría más delitos contra la Sharia en Aceh“.

Hay que recordar que la homosexualidad (por ahora) no es ilegal en Indonesia y aunque Aceh es la única provincia que aplica la ley Sharia el país al completo está sumergido en una deriva anti-LGTB. Todos los grupos políticos apoyan que se criminalicen las identidades no heteronormativas, las personas trans sufren persecución y agresiones en público que resultan impunes e incluso la Asociación de Psiquiatría del país define a las personas LGTB como enfermos.

Actualmente dos estudiantes universitarios están en prisión preventiva a la espera de juicio, acusados de practicar sexo homosexual entre ellos. Los dos chicos, de 21 y 24 años, fueron detenidos por civiles que entraron a la fuerza en una habitación en la que estaban los dos chicos. El director del Departamento de la Ley Sharia de la región ha explicado a la prensa que tienen los teléfonos móviles de los detenidos, unos preservativos y el colchón que había en la habitación como pruebas; y asegura que uno de los dos hombres ya se habría declarado culpable de practicar sexo gay.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace algunos días recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboral con el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Charly, una mujer transgénero de 25 años de edad, fue asesinada en su propio trabajo ubicado en el municipio de Tehuacán, Puebla. La mujer padeció violencia y tortura antes de ser ultimada con 15 puñaladas; asimismo, de acuerdo con los reportes de los medios locales, su cuerpo fue objeto de una mutilación.

La manera en la que fue asesinada ha hecho que el caso no se descarte como un crimen de odio.

Su cuerpo fue hallado la madrugada de este miércoles en las inmediaciones de la estética en la que trabajaba, un negocio que ella misma había emprendido, por la administradora del edificio que rentaba el local a la fallecida. Según detallaron los vecinos, la mujer fue atacada por un grupo de sujetos desconocidos.

De acuerdo con sus vecinos, Charly, quien además se desempeñaba como bailarina y coreográfa, era una persona tranquila y dedicada a su trabajo.

Además, las investigaciones de medios de comunicación locales revelaron que Charly ya había sido el objetivo de otro atentado en el pasado, en el que un grupo de hombres la agredieron con impactos de bala.

Elementos de la policía municipal, paramédicos de Protección Civil y bomberos arribaron a la zona luego de que la administradora hiciera una llamada para alertar sobre el hecho; no obstante, Charly ya se encontraba sin vida.

Kevin Williams, presidente del Club G y del Colectivo de la Diversidad Sexual, Social y Cultural, dos organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas LGBT en Puebla, condenó los hechos y exigió a las autoridades que se esclarezca el caso y se haga justicia por el asesinato de Charly.

El activista señaló que las personas de la diversidad sexual y de género del estado se encuentran indignadas ante el asesinato de la mujer transgénero. Los activistas señalaron que por tal motivo no se descartan que se realice una manifestación en los próximos días para exigir justicia por este crimen.

Con información de Diario Cambio y Debate. Imagen tomada de Diario Cambio.

Fuente Desastre.mx

General, Homofobia/ Transfobia. Charly, Club G, Homofobia/Transfobia, Kevin Williams, México, Puebla, Tehuacán, Transgenerismo, Transgénero

Las doce mujeres trans detenidas y torturadas en Aceh (Indonesia) han explicado su experiencia a Amnistía Internacional.

Hace unas semanas publicábamos que en la provincia de Aceh, Indonesia, la policía (ayudada por un grupo de ciudadanos) había llevado a cabo redadas en varias peluquerías regentadas por mujeres trans y las había detenido. Las doce mujeres fueron llevadas a un parque público donde se les rapó la cabeza para después ser retenidas en comisaría para someterse a un “curso de conversión” que las convirtiera de nuevo en hombres.

Ahora las doce mujeres han hablado con Amnistía Internacional Indonesia para explicar qué fue exactamente lo que les ocurrió la noche del 27 de enero.

La policía de Aceh llevó a cabo redadas en varias peluquerías locales para encontrar a las mujeres trans y luego llevarlas al centro del pueblo. La operación policial llevaba como nombre “operasi penyakit masyarakat”, que se traduce como “Operación de Enfermedades Públicas“. Cuando las tuvieron a todas reunidas frente a la vista de decenas de curiosos, el jefe de policía dio un discurso condenando la identidad de género de las retenidas y provocando que la gente aplaudiera y exigiera que fueran asesinadas.

Las mujeres explican que entonces se les obligó a marchar de forma militar hasta un parque cercano donde les obligaron a llevar a cabo un entrenamiento militar simulado para volverlas más “masculinas“. Además se les obligó a desnudarse y a rodar por el suelo y cuando una de las mujeres se negó la policía disparó varios tiros de advertencia. A otra mujer que protestó le lanzaron un cubo de agua helada; y una de las detenidas le dijo a la policía que le dispararan porque prefería morir con dignidad que ser torturada y humillada; algo a lo que, según el relato, el jefe de policía respondió con un “Tú, como transgénero, no tienes derecho a tener dignidad“.

Imagen de uno de los vídeos que los “curiosos” grabaron con sus móviles.

La policía rapó la cabeza de seis mujeres a las que obligaron a orinar en una botella para hacer un test de drogas. Una de ellas fue obligada a “limpiar” al resto con una manguera, pero al no hacerlo como la policía quería fue pateada. Se obligó a las mujeres a gritar “como hombres” y cuando estuvieron empapadas fueron llevadas a la comisaría donde se les encerró en una celda sin colchones y se les forzó a dormir en el suelo con la ropa aún mojada.

Al día siguiente la policía liberó a 11 de las mujeres, no sin antes obligarlas a acudir a un sermón por parte de un clérigo musulmán que les dijo que tenían que “volver” a su “naturaleza” y que justificó el asesinato de personas trans y LGTB porque “son más peligrosas que los infieles“. La última mujer fue retenida porque en su teléfono móvil se encontró un vídeo sexual explícito.

Tras la detención las mujeres aseguraron estar “profundamente traumatizadas“. Muchas de ellas se han visto obligadas a abandonar Aceh, la única región de Indonesia en la que está en vigor la ley islámica; aunque dado la deriva LGTBfóbica que está tomando el país en los últimos tiempos (con la ilegalización de la homosexualidad pendiendo de un hilo) puede que cambiar de región no les sirva para protegerse. Algunas mujeres han sido acosadas y atacadas por sus vecinos o familiares, llegando incluso a darles patadas o lanzarles piedras. Varias han sido despedidas de sus empleos porque sus jefes tienen miedo de atraer la atención de la policía y las propietarias y trabajadoras de las peluquerías no han podido volver a su trabajo porque los locales o bien están clausurados o han sido vandalizados por la gente.

Desde Amnistía Internacional han condenado el trato “cruel, inhumano y degradante” al que se sometió a las mujeres y han aclarado que, bajo la ley internacional, podría considerarse un caso de tortura. Usman Hamid, Director Ejecutivo de A.I. en Indonesia, asegura que el único motivo para esas detenciones era la transfobia: “Es aterrador que un grupo de hombres fuertemente armados hiciera redadas y detuviera a mujeres trans con la discriminación como única base. Las autoridades locales y la población general, en nombre de la ley Sharia, se han unido para atacar y humillar a estas mujeres trans. Creemos que, bajo la ley internacional, las acciones de la policía suponen un caso de tortura.”

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Realidad LGTB en Indonesia

El pasado mes de diciembre recogíamos la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital de este país asiático. Como decíamos hace ahora poco más de un mes, esta la noticia suponía un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive Indonesia. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

En diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Aceh, Amnistía Internacional, Homofobia/Transfobia, Indonesia, Usman Hamid

Gracias a la acción ciudadana, localizan y capturan en Mosul a Abu Omer, uno de los verdugos más temidos de ISIS, vinculado a la persecución y ejecución de numerosas personas homosexuales bajo el califato del Estado Islámico.

La fuerzas gubernamentales iraquíes han detenido a Abu Omer, un miembro del Estado Islámico que aparece frecuentemente en las imágenes de ejecución y tortura de hombres homosexuales y bisexuales. El grupo terrorista ha utilizado con persistencia vídeos y fotografías de hombres lapidados, degollados o arrojados al vacío, con el fin de servir de sádica propaganda de sus actividades y de infundir el terror entre sus opositores.

Según informa la agencia de noticias AhlulBayt, las fuerzas gubernamentales de Irak han capturado en la localidad norteña de Mosul a Abu Omer, un dirigente del Estado Islámico muy conocido por su participación en ejecuciones de hombres homosexuales y bisexuales. La noticia ha sido confirmada a Newsweek por Hisham al-Hishimi, que trabaja como asesor para diversos gobiernos de Oriente Medio sobre asuntos del Ejército Islámico, y también ha sido difundida por los medio locales.

Abu Omer en ejecución de homosexuales – Foto: Uso permitido

Conocido por la prensa occidental como “Barba blanca”, Omer ha sido visto en distintas imágenes en ejecuciones públicas de hombres homosexuales y bisexuales. En alguno de los vídeos, realizados por el propio Ejército Islámico, aparece leyendo los cargos contra los que serán ejecutados, ataviado con vestiduras clericales, lo cual hace suponer que su función era la de shari, o líder religioso encargado de la aplicación de la sharía o ley islámica. En otras imágenes se le ve frente a las piedras que serán utilizadas para la lapidación de sus víctimas. Estas infames imágenes han sido difundidas repetidamente con el objetivo de propagar las actividades del Ejército Islámico e infundir el máximo terror posible tanto entre sus enemigos, como entre las poblaciones que ocupaban o en posibles disidentes.

Abu Omer en lapidación a homosexuales – Foto: Uso permitido

Se puede ver a Abu Omer presidir la decapitación pública de tres hombres acusados de blasfemia y homosexualidad en un vídeo de marzo de 2015. En el vídeo se puede ver al jihadista dirigiéndose a una multitud antes de que se produzca la decapitación de los tres acusados, que permanecen de rodillas y con los ojos vendados en el centro de lo que parece ser una rotonda de una ciudad no identificada, en el momento en el que un verdugo enmascarado coloca una espada sobre sus cabezas. Asimismo, también se le puede ver en imágenes de otro vídeo en el que aparece inspeccionado un montículo de piedras de cara una lapidación pública. Con su detención, han salido a la luz imágenes en las que se le puede ver con más claridad una de las caras del mal de ISIS, quien podría enfrentarse ahora a su propia ejecución.

En 2014, Daesh bombardea amplias zonas de Siria, apoderándose de Raqqa, que se erige en la capital del llamado «califato» del Estado Islámico durante algo más de tres años en los que se extiende al norte y oeste de Iraq, haciéndose también con el control en Mosul y llegando a avanzar incluso hasta los límites de Bagdad. Si Raqqa era recuperada en octubre de 2017, a lo largo del año pasado se habrían liberado a más de 23.000 millas cuadradas de las manos de ISIS tanto en Siria como en Iraq, además de liberar a alrededor de 4,5 millones de personas de su opresivo régimen.

Captura de Abu Omer – Foto: Uso permitido

A principios de diciembre, el primer ministro de Iraq, Haider al-Abadi, anuncia formalmente la expulsión de ISIS de Iraq, aunque siguen persistiendo restos del grupo «escondidos en todo el país», donde los terroristas aprovechan para seguir realizando ataques contra las tropas iraquíes y algunas figuras locales prominentes, particularmente en la provincia de Kirkuk. Según el Mayor General Felix Gedney, ISIS sigue siendo una amenaza para la zona y «también para nuestra patria. Pero las operaciones militares aquí en los últimos años les han afectado mucho (…). Les hemos quitado una enorme cantidad de territorio, hemos matado a un gran número de militantes de ISIS, y seguiremos haciéndolo. De modo que hemos degradado severamente su capacidad para realizar operaciones fuera de Iraq y Siria».

Un infierno para la comunidad LGTB

La consolidación del Estado Islámico supuso la imposición de un régimen de terror, en el que la comunidad LGTB fue una de las grandes perdedoras. Siria e Irak, que fueron en el pasado estados de tradición laica (vinculada al baazismo gobernante) en los que las personas LGTB podían encontrar pequeños espacios de libertad, acabaron por convertirse para ellas en un auténtico infierno. En Irak, la homosexualidad fue legal hasta 2001, cuando Sadam Hussein, para contentar a los sectores religiosos, decidió castigar las relaciones homosexuales con cárcel y, en caso de reincidencia, con pena de muerte (aunque la legislación no llegó a ser aplicada). “Entonces teníamos clubes nocturnos, bares, áreas de encuentro y una red de asambleas sociales”, explicaban en su momento desde la organización Iraqi LGBT. De hecho, durante los años 80 y primeros 90, la vida nocturna de los homosexuales en Bagdad atraía a visitantes de países vecinos, como Kuwait o Arabia Saudí.

Tras la invasión, la situación legal de la homosexualidad se sumió en un estado de confusión. La entonces autoridad administrativa estadounidense ordenó en 2003 retrotraer los códigos penal y civil a la situación vigente en los 70, pero la diversidad de autoridades existentes según la zona del país, así como el papel preponderante que los líderes religiosos alcanzaron (especialmente en el área de mayoría chií) facilitó que la persecución de las personas LGTB fuera en aumento. En los años sucesivos la situación no hizo más que empeorar, y las denuncias sobre el secuestro, la tortura y el asesinato de homosexuales, involucrando además a las fuerzas de seguridad, no hicieron sino aumentar en todas las zonas del país.

En el caso del área suní, la situación de profundo descontento con el régimen surgido de la invasión, unida a la difusión de las ideas religiosas más radicales, terminó por cristalizar en el surgimiento del Estado Islámico, que también llegó a controlar una parte importante del territorio sirio. Y es que en Siria la revuelta contra el régimen de Bashar al-Asad, alentada en sus inicios desde los países occidentales (y de la que ya en 2013 conocíamos sus terribles consecuencias para los homosexuales sirios) confluyó finalmente en ese mismo fenómeno.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Abu Omer, AhlulBayt, Asesinatos, Discriminación, Estado Islámico, Haider al-Abadi, Hisham al-Hishimi, Homofobia, Irak, Iraqi LGTB, Islamismo, Mosul, Newsweek, Sharia