Comentarios desactivados en Movilh denuncia ante Comandante en Jefe de la Armada torturas homofóbicas en Escuela Naval de Playa Ancha
En un video que el Movilh envió la Armada se explicitan las torturas.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva Molina, “una grave situación de abuso ocurrida en el marco del aniversario de la Escuela Naval Playa Ancha de Valparaíso”.
De acuerdo a la información que uniformados hicieron llegar al Movilh, “estudiantes de cuarto medio de tal recinto secuestraron y torturaron y amarraron a un joven, escribiendo en su cuerpo frases homofóbicas como “fleto y maraco”, todo lo cual violenta nuestra legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile”, señaló el vocero del movimiento LGBTI, Óscar Rementería.
Por lo expuesto, el Movilh solicitó a Leiva Molina que “encomiende una breve una investigación sobre lo ocurrido, se sancione a los responsables, se garanticen medidas de seguridad para la víctima y se adopten políticas para prevenir nuevos casos de atropellos o discriminación”
“Estos hechos explicitan una cultura de odio e intolerancia, donde se validan las ofensas y abusos como formas de expresión o diversión, lo cual requiere la máxima e inmediata sanción. El efecto psicológico que estas torturas tienen en uniformados LGBTI debe ser muy angustiante, por tanto los abusos deben cesar ya”, finalizó Rementería.
Los denunciantes señalaron al Movilh que los hechos ocurrieron en 2020, pero en un comunicado la Armada dijo que en 2018. “Esto habría ocurrido en 2018. Este tipo de actividades no se encuentran autorizadas en la institución. Al respecto se practicarán las averiguaciones internas necesarias a fin de adoptar las medidas internas que correspondan sobre el particular. La Armada de Chile señala que lo ocurrido se aleja de los principios y valores que la caracterizan”, señaló la entidad, tras la denuncia del Movilh.
Comentarios desactivados en Torturaron y asesinaron a un joven gay : denuncian “ola de crímenes de odio” en Chile
Denuncian en Fiscalía asesinato de trabajador de 36 años en Colina en medio de sospechas de un crimen homofóbico.
Miguel Arenas Rodríguez fue encontrado sin vida el 25 de octubre en la mañana en su casa, a pocas horas de que arrancara la histórica jornada por el plebiscito constitucional en Chile. Miguel era gay, tenía 36 años y según la información que manejan varias organizaciones lgbt, tenía signos de tortura.
Era peluquero y atendía clientes desde su casa, en la Villa San Andrés de Esmeralda, en Colina. Hasta el cierre de esta nota las autoridades no se habían pronunciado sobre el caso, pero desde el activismo sospechan que se trató de un crimen de odio. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó una denuncia ante la Fiscalía e informó que asesorarán a la familia de la víctima para presentar una querella.
“Estamos profundamente preocupados por este asesinato, que eventualmente podría ser un nuevo crimen de odio. Hemos solicitado a la Fiscalía que investigue las causas del crimen (…) y tuvimos una respuesta satisfactoria, pues los antecedentes que reportamos ya fueron derivados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional Metropolitana Norte”, dijo Óscar Rementería, vocero del Movilh, en un comunicado.
De acuerdo a la información que maneja el Movilh, Miguel estaba amarrado de pies y manos. “Se cree que pudo ser violado. En su boca tenía un palo (…) y un objeto con el que fue asfixiado”, dijo Rementería. También mencionó un detalle que cree puede guiar la investigación: en su casa estaban todas sus pertenencias, menos su celular y sus documentos de identidad. “Un antecedentes muy sospechoso es que al joven le robaron su celular y documentos de identidad, no faltando hasta ahora nada más en el inmueble. Además hay una fotografía de un sospechoso el cual tiene su polera rota. Se cree que con restos de la misma polera el joven pudo haber sido asfixiado”, apuntó Rementería.
El dirigente explicó que “este es un modus operandi en los crímenes de odio, por lo que esperamos la mayor sensibilidad de la fiscalía para considerar esta hipótesis en todas las investigaciones que curse, pues de comprobarse, aplica el agravante de la Ley Zamudio”, añadió Rementería.
Carlos Fernández, amigo de la víctima, también cree que hay un componente homofóbico por la forma en que lo asesinaron. “Su familia está destrozada por esta situación y a la espera de la respuesta de la Fiscalía. Pedimos justicia para nuestro amigo, pero también que nuestros derechos se hagan más fuertes”, dijo a Presentes.
Sus amigos y familiares emprendieron una campaña digital con la etiqueta #JusticiaParaMiguelArenas. Para este martes a la noche están convocando una velatón en la Plaza de Colina, en el barrio donde Miguel vivía.
En el mundo del activismo hay mucha preocupación por la ola de violencia que viene creciendo con fuerza en el país. En las últimas semanas, se han registrado al menos cuatro ataques a miembros de la comunidad y un asesinato a dos activistas gay
Tras dialogar con la familia, próximamente el Movilh definirá qué acciones cursar junto a los parientes y contra quienes resulten responsables.
Comentarios desactivados en Sri Lanka acusado de torturas a presos LGTB+
Recluso en una cárcel de Sri Lanka (Sena Vidanagama / AFP / Getty)
El gobierno de Sri Lanka ha sido acusado de imponer “pruebas” abusivas de virginidad anal y vaginal a personas LGBT + en un intento de probar la conducta homosexual.
Según un impactante informe de Human Rights Watch, al menos siete personas han sido obligadas a someterse a exámenes físicos “crueles, inhumanos y degradantes” desde 2017.
Junto con la organización sin fines de lucro Equal Ground, Human Rights Watch pide el fin de los espantosos exámenes, que la Organización Mundial de la Salud ha denunciado como una forma de tortura.
“Nadie debe ser arrestado, y mucho menos sometido a tortura y violencia sexual, debido a su orientación sexual percibida”, dijo Neela Ghoshal, directora asociada de derechos LGBT de HRW. “El Ministerio de Justicia de Sri Lanka debería prohibir inmediatamente a los funcionarios médicos judiciales que realicen exámenes anales forzados, que violan flagrantemente la ética médica y los derechos básicos”.
Los exámenes anales forzados implican la inserción de dedos u otros objetos en el ano en un intento de determinar si la persona ha tenido sexo anal. La práctica se basa en la teoría desacreditada de que la penetración anal puede probarse por el tono o la forma del esfínter anal.
Los expertos médicos desacreditan universalmente las pruebas de virginidad anal y vaginal por violar la ética médica y carecer de cualquier base científica, y la Asociación Médica Mundial ha pedido a los médicos que dejen de participar en la práctica.
A pesar de esto, un abogado le dijo al perro guardián que en los últimos 12 meses los seis acusados que representó en casos de conducta homosexual fueron sometidos a exámenes anales, que los fiscales utilizaron en el tribunal como “evidencia” de penetración anal pasada.
Los acusados alegaron haber sido sometidos a otros abusos, entre ellos azotes con alambres. Se ordenó a tres hombres que se sometieran a pruebas de VIH sin su consentimiento, cuyos resultados se hicieron públicos en el tribunal.
El trato espantoso se cometió en virtud de los artículos 365 y 365A del Código Penal de Sri Lanka, que prohíbe las “relaciones carnales contra el orden de la naturaleza” y la “indecencia grave entre personas”.
Human Rights Watch también documentó que otras leyes, incluida una Ley de Vagancia redactada de manera vaga y una disposición del código penal que prohíbe el “engaño por personalidad”, también se utilizan para apuntar a personas transgénero y no conformes con el género para arrestarlas.
Sin embargo, el gobierno de Sri Lanka ha negado sistemáticamente el abuso, y el fiscal general de Sri Lanka afirmó en 2014 que el código penal no se usó para atacar a las personas LGBT + y que hacer cumplir la ley de manera discriminatoria era inconstitucional.
Las relaciones entre personas del mismo sexo en Sri Lanka están penadas, al menos sobre el papel, como una conducta “inmoral”; en la práctica, sin embargo, no se suele aplicar el código penal heredado de la época colonial británica. Lo cual no quiere decir que la situación en el país sea aceptable: el acoso y la violencia contra las personas LGTB o percibidas como tales son una constante.
El artículo 365 del Código Penal de Sri Lanka, heredado de la época colonial británica, castiga explícitamente el “coito carnal contra natura con hombre, mujer o animal” con pena de cárcel que puede llegar a los diez años. El artículo 365 A, por su parte, castiga los actos de “indecencia grave”, ya sean cometidos en público o en privado, con penas que puede llegar a los dos años de cárcel.
Dos artículos que convierten en ilegales los actos homosexuales, algo que el Gobierno de Sri Lanka quiere mantener inalterado. Es por eso que ha procedido a la eliminación de las alusiones a la no discriminación por razones de orientación sexual que habían sido incluidas en el Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2017-2020, al considerar que ello hubiera dado argumentos a los partidarios de despenalizar la homosexualidad ante los tribunales.
Las explicaciones del entonces portavoz del Gobierno, Rajitha Senaratne, no dejaban por otra parte lugar a dudas sobre la hipocresía de la postura gubernamental. Tras argumentar que “incluso en Europa hay países muy católicos que no apoyan la homosexualidad” y que “nosotros, que somos un país budista, también en estamos en contra de ella”, el también ministro de Sanidad restó importancia a la criminalización, argumentando que nadie va a meterse en los espacios privados de la gente para saber si mantienen o no relaciones homosexuales. “No estamos deteniendo a nadie por esto. Es algo que no se hace a la vista. ¿Cómo puede alguien probarlo?”, ha declarado.
Lo cierto es que, aunque en la práctica dichos artículos no se apliquen, su mera existencia sigue constituyendo una espada de Damocles sobre el colectivo LGTB de Sri Lanka y les deja en situación de absoluta desprotección ante el acoso y la discriminación. Baste recordar lo que le ocurrió al ministro de Exteriores, Mangala Samaraweera, que simplemente por votar contra una propuesta homófoba de Rusia en Naciones Unidas (Rusia quería evitar que la institución reconociese las uniones del mismo sexo contraídas por sus empleados) fue acusado por otro parlamentario del delito de “indecencia grave”. Cuál no será la situación, por tanto, para una persona LGTB.
Comentarios desactivados en Declaran admisible querella del Movilh contra seis neonazis que secuestraron y torturaron a joven en razón de su orientación sexual
El joven fue atado a un palo y recibió golpes de corriente, en una casa okupa de Estación Central,
La querella criminal, patrocinada por la abogada del Movilh, Mónica Arias, precisa que la tortura que tuvo lugar en una casa Okupa, ubicada en Estación Central, donde se configuró el delito de secuestro con lesiones graves, siendo además aplicable el agravante de la Ley Zamudio, toda vez que los atropellos se originaron luego de descubrirse que el joven era bisexual.
Entre otras diligencias, el Movilh solicitó que la Policía de Investigaciones “pericie todos los dispositivos electrónicos de propiedad de los querellados”, que se “encargue a Carabineros de Chile el empadronamiento de testigos” y que se “practique una pericia de las lesiones sufridas por la víctima”.
La querella fue presentada contra Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González, José Rodríguez, Priscila Romo y el menor de edad, A.I.G.S.
Entre los abusos, los agresores desnudaron, golpearon y amarraron a un palo a la víctima, todo en medio de golpes de corriente y de amenazas de que sería violado.
La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo.
“Este es un hecho gravísimo, de violencia extrema, que no queremos vuelva a ocurrir nunca más en este país. Esperamos y exigimos la máxima pena posible, así como una mayor preocupación del Estado en torno a grupos neonazis que suelen actuar con total impunidad y de manera cotidiana”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.
Comentarios desactivados en Neonazis secuestran y torturan a joven en razón de su orientación sexual
Lo ataron a un palo y le dieron golpes de corriente. El Movilh pidió la intervención del Ministerio del Interior
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó y repudió hoy que cuatro neonazis, uno de ellos menor de edad, secuestraran y torturaran a un joven de 29 años, luego de enterarse de la orientación sexual de la víctima.
“Este es un hecho deleznable, sobrecogedor, merecedor del repudio de toda la sociedad y de la máxima sanción establecida en la legislación, considerando por cierto la agravante de la Ley Zamudio. Es inhumano atacar personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Estamos muy impactados por lo ocurrido. Hemos solicitado la intervención del Ministerio del Interior y evaluamos la presentación de una querella”, señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería.
El dirigente añadió que “hoy hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior todos los antecedentes del caso, de manera que el Gobierno se haga parte presentando una querella, así como brindando a la víctima toda la asesoría legal y psicológica que necesite”.
El joven de 29 años fue golpeado y secuestrado el pasado 5 de junio durante cinco horas por cuatro sujetos, todos neonazis, con quienes compartía una casa okupa de Estación Central. Los agresores fueron detenidos y formalizados ayer.
El Movilh precisó que “la agresión se habría provocado luego de que los victimarios se enteraran de la orientación sexual homosexual de la víctima, tras lo cual la desnudaron, golpearon y amararon en un palo ubicado en la casa okupa, todo en medio de golpes de corriente y de amenazas de que sería violado ”.
La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo
Luego de meses de indagatorias, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI detuvo ayer a los responsables. Se trata de Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S. Para los primeros el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva y para el adolescente arresto domiciliario, fijando un plazo de 20 días para la investigación
El Jefe (s) de la zona metropolitana de la PDI, Juan Pardo, explicó que ”se procedió a la detención por el delito de secuestro con lesiones graves. Los sujetos de tendencia neonazi procedieron a secuestrar a la víctima y la mantuvieron detenida por alrededor de cinco horas, causándole lesiones con objetos contundentes, además de golpes de corriente en su cuerpo”
Añadió que los agresores “corresponden a una célula neonazi, relacionada con la Legión 38 y otra relacionada con La Rapada”.
Por su lado, la fiscal Centro Norte, Pamela Contreras, anunció que invocará la Ley Zamudio, aprobada en 2012 e inspirada en el crimen de odio de Daniel Zamudio, un joven gay que fue asesinado por una banda de neonazis, en circunstancias parecidas a las de este caso, lo cual fue calificado de “justo y muy pertinente” por el Movilh, organismo que también estudia presentar acciones legales.
De acuerdo a un estudio del Movilh, en base a cifras del Poder Judicial, entre el año 2012 y el 31 de mayo del 2020 se presentaron un total de 465 demandas por Ley Zamudio en todo el país. Sólo en el 23,7% de los casos se dictó sentencia, la mayoría desfavorables para las víctimas.
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Habla joven torturado durante seis horas por neonazis: “asumí que me iban a matar y solo me entregué”
El joven, quien denuncia fue atacado por ser bisexual, autorizó al Movilh a hacer público su testimonio. El Movilh prepara querella
El joven que el pasado 5 de junio fue secuestrado, torturado y recibió golpes de corrientes por seis neonazis en una casa okupa de Estación Central, decidió dar su testimonio, autorizando al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a hacerlo público.
Se trata del joven tatuador Francisco Aranda (29), quien junto con aclarar que no tiene ninguna relación con la ideología neonazi, recuerda que conoció a los agresores hace años.
“Desde pequeño me junté en el Eurocentro, el cual era punto base de junta para tribus urbanas, a las cual yo pertenecí. Ahí conocí a estos “neonazis” cuando eran supuestos punks, dark, etc”, dijo en referencia a los agresores Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S, que ayer fueron formalizados, y sobre José Rodríguez y Priscila Romo, detenidos hoy.
Añadió que a la casa okupa, donde fue torturado, llegó en febrero pasado por problemas económicos, y que al poco tiempo comenzaron los problemas, los cuales se agudizaron en razón de su orientación sexual.
“Últimamente (en la casa okupa) veníamos teniendo problemas de convivencia por diversas razones, nunca una en en especifico; alcohol, drogas hacían que la convivencia fuese cada vez peor y de a poco violenta”, señaló,
Por eso, añadió, “llegó el día donde empecé a retirar mis cosas de ahí porque ya no me sentía cómodo. Fui a sacar un bolso con mi ropa y a buscar unas agujas para tatuar”.
Los neonazis “ahí estaban carreteando y me hicieron “La encerrona”. Mi mina estaba embarazada en ese momento, habíamos tenido una discusión y me acompañó a buscar mis cosas allá”.
En la ocasión Rodrigo González “me amarró a un palo junto a la Betzy (Betzabet Soto) y la Pila. Me pegaron con fierros, palos, me tiraban agua constantemente, mientras el hijo de la Betzy (menor de edad) me grababa y aprovechaba de golpearme”.
“Me trataban de “weco y maricón”, sus golpes iban acompañados de insultos homofóbicos. Me grabaron, me sacaron fotos, se dieron el tiempo de sacarse selfies conmigo desnudo y amarrado, ensangrentado y semi inconsciente”, sostuvo.
Denunció que “la Betzy llamó a varios tipos skinheads de índole NS (neonazis) para que me pegaran. Involucró a gente que yo ni siquiera conocía, y llegaron solo a golpearme. Mientras yo estaba amarrado.me dieron golpes de corriente incluso”.
Agregó que “quedé con fractura maxilofacial, fractura en la costilla. Llegué con hipotermia ya que estuve 6 horas amarrado, me tiraban agua helada constantemente, y nunca pararon de golpearme. Quedé inconsciente y llegó un momento en que asumí realmente que me iban a matar. Ya no di más y solo me entregue a lo que venía”.
“Me iban a violar, pero no lo concretaron porque debido a mis gritos los vecinos llamaron a los pacos, los cuales no hicieron nada. Yo solo quería salir de ahí cuando llegaron y debido al estrés comencé con convulsiones, llegué inconsciente a la mutual que está en el Metro Ecuador.
“Debo aclarar también que nunca estuve de acuerdo con denunciar ya que estuve constantemente bajo amenazas yo y mi familia si es que esto se hacía público. Fui torturado por 6 horas, las peores 6 horas de mi vida donde me hicieron sentir que valía nada”.
“Comparto esto ahora para que se haga público y tengan cuidado con estos sujetos, porque lamentablemente esto seguirá pasando si no cambiamos como sociedad”, dijo.
Puntualizó que “no necesito contarle mi orientación sexual bisexual a todo el mundo, ya que es algo personal. Me basta con que mi familia lo sepa. No es un tema que, según yo, sea relevante ante esta sociedad ya que mantengo al margen mi privacidad”.
Tras una conversación telefónica entre el joven y el Movilh se acordó además la próxima presentación de una querella contra los responsables.
Comentarios desactivados en Estados Unidos finalmente impone sanciones al tirano Ramzan Kadyrov, impulsor de la purga gay de Chechenia por “graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la tortura y los asesinatos”
Los Estados Unidos sancionan de forma personal al dictador checheno Ramzan Kadyrov, su mujer y su hija por “horribles violaciones de los derechos humanos”; prohibiéndoles la entrada al país y permitiendo la incautación de bienes personales
Los Estados Unidos han decidido sancionar finalmente a Kadyrov, a su mujer y a su hija, a los que ha prohibido la entrada al país y ha comenzado a incautar los bienes personales que puedan, como respuesta a las continuas violaciones de los derechos humanos de las personas LGTB+ que Kadyrov y el gobierno de Chechenia llevan cometiendo en Chechenia desde hace unos 3 años.
Fue en febrero de 2017 cuando un reportaje publicado en el periódico ruso Novaya Gazeta,destapaba la persecución brutal a la que el líder checheno, un aliado muy cercano de Vladimir Putin, estaba sometiendo a la población LGTB+. Varios supervivientes que pudieron escapar del país explicaron que el gobierno había habilitado antiguas prisiones como campos de concentración a los que se llevaba a cualquier persona sospechosa de ser LGTB+ para ser torturada y, en muchos casos, asesinada de forma totalmente impune.
La comunidad internacional reaccionó con cierta frialdad a esas denuncias. Líderes internacionales, como Angela Merkel y Emmanuel Macron habrían exigido a Vladimir Putin que pusiera fin a estos abusos, lo que llevaba a Rusia a abrir una investigación para esclarecer los hechos, que finalmente determinaría que «no hay víctimas de persecución, amenazas o violencia» en la República de Chechenia. Ante la pantomima que se traduce de esta investigación, Novaya Gazeta publicaba la lista de hasta 27 personas que habrían sido asesinadas a manos de los funcionarios de Kadyrov por el mero hecho de ser gays o bisexuales. Mientras tanto, siguen llegando testimonios de personas que denuncian haber sido sometidos a torturas en campos de concentración clandestinos, para sufrir después el escarnio ante sus propios familiares a los que culpabilizan de deshonor.
Pero finalmente se exigió a Moscú que investigara la situación, lo que llevó a Rusia a asegurar ante la ONU que en Chechenia no existen las personas LGTB+. Una estupidez muy en la línea de lo que declaraba el propio Kadyrov al ser entrevistado por la televisión norteamericana: “No tenemos ese tipo de gente aquí. No tenemos ningún gay. Si lo hay, lleváoslo a Canadá. Alabado sea Dios. Lleváoslos lejos para que no los tengamos en casa. Para purificar nuestra sangre, si hay alguno, lleváoslo. Son demonios. Están a la venta. No son personas.”
Pero a pesar de las presiones internacionales y de los gestos de varios países europeos, no ha sido hasta esta semana que los EE.UU. finalmente han cumplido su promesa y han comenzado a aplicar las sanciones al líder checheno.
Como ha explicado el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo: “Este departamento dispone de información amplia y creíble que señala a Kadyrov como responsable de numerosas y horribles violaciones de los derechos humanos desde hace más de una década, incluyendo la tortura y los asesinatos extrajudiciales. Junto a otras naciones de ideas afines, los Estados Unidos han expresado repetidamente, en público y en privado, su preocupación por las informaciones sobre las transgresiones de Kadyrov“.
Y añadió: “En 2018 los Estados Unidos y otras quince naciones tomaron el paso extraordinario de activar el Mecanismo de Moscú de la OSCE para crear una comisión de investigación sobre los horribles informes de abusos contra personas LGTBI, defensores de los derechos humanos, miembros de la prensa independientes y otros ciudadanos opuestos a Kadyrov. El informe de este Mecanismo de Moscú descubrió que estos incidentes estaban ocurriendo casos de ‘acoso y persecución, arrestos y detenciones arbitrarias o ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extraduciales’, y que un ‘clima de impunidad’ rodeaba a los hechos.“
“Nos preocupa que el señor Kadyrov esté ahora utilizando la excusa de la pandemia del coronavirus para vulnerar aún más los derechos humanos de los ciudadanos de la República de Chechenia. Las acciones de hoy sirven para notificar al señor Kadyrov que su relación con las enormes violaciones de derechos humanos tiene consecuencias, tanto para él como para su familia, y que los Estados Unidos están comprometidos y utilizarán cualquier herramienta a su disposición para asegurar que todos los que participen en este comportamiento aberrante sean hechos responsables.“
Comentarios desactivados en Puerto Montt (Chile) denuncian a gendarmes por torturas homofóbicas y transfóbicas
Además viven en condiciones insalubres. Enfermedades, plaga de ratones, falta de agua y de electricidad y violaciones son parte de la cruda realidad. El Movilh exigió a Gendarmería soluciones inmediatas.
Reos/as LGBTI del módulo 89 del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Alto Bonito de Puerto Montt, denunciaron golpizas y ofensas verbales en razón de su orientación sexual e identidad de género propinadas por gendarmes, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Los Lagos).
“A los brutales hechos de homofobia y transfobia se suman condiciones insalubres para hacer frente el Covid-19 al interior del mencionado recinto, por lo que hoy hemos solicitado medidas inmediatas a Gendarmería para hacer frente a esta situación”, señaló el activista de Movilh-Los Lagos, José Arcos.
El dirigente añadió que “se trata de una situación inhumana, que se agudiza al estar cruzada por un desprecio irracional a las personas LGBTI. Gendarmería debe acoger las demanda de los internos y trasladarlos a otro penal donde se garantice la dignidad humana”.
En la denuncia, llegada al Movilh-LosLagos y al Colectivo de DDHH y Género de San Felipe, los/as internos/as dijeron que “estamos sufriendo discriminación por parte de gendarmes. Nos tratan de “caballos culiaos”, “maricones hijo de perra” y cuestionan a mujeres trans por su vestimenta. Nos están vulnerando”.
Explicaron que un mismo módulo se encuentran personas afectadas por «VIH, hepatitis, asma, epilepsia, hipertensión arterial, y depresión» a lo que se suma “ la carencia de agua caliente y de electricidad y una plaga de ratones que nos deja propensos adquirir otras enfermedades”,
“Incluso en las mesas del comedor hemos encontrado excremento de ratones”, señalaron, junto con reportar agresiones físicas en distintas parte de su cuerpo propinadas por gendarmes y una violación sufrida por un interno LGBTI en manos de otro.
Comentarios desactivados en Recluso denuncia que firmó bajo presión declaración donde exculpa a Gendarmería de tortura y homofobia
Afirma que siete funcionarios lo atacaron.
Un interno del Complejo Penitenciario de Rancagua, J.N.M, denunció que Gendarmería lo obligó a firmar bajo presión una declaración donde exculpa a siete funcionarios de haberlo torturado e insultado en razón de su orientación sexual.
Luego de que el Movilh solicitara una investigación por la denuncia de tortura, Gendarmería envío el pasado 4 de junio una declaración firmada por J.M.M, donde éste señala que “me encuentro bien anímicamente y físicamente, me han suministrado todos los días mis medicamentos (…) Respecto a la denuncia que realicé (…) no es efectiva debido a que la realice en un momento de arrebato debido a que estaba descompensado porque no tenía mis medicamentos».
Sin embargo, en un video enviado posteriormente al Movilh el interno señala que “sí yo retiré la demanda, pero porque fui amenazado y bajo presión. Sí, he sido torturado, sí me pegaron, me tiraron gas. Pidan las grabaciones de las cámaras de las fechas cuando me pegaron. Quiero hacer mis declaraciones a un abogado o fiscal, pero a nadie de Gendarmería. Cada vez que me lleva Gendarmería a declara me presionan. Por favor, ayuda, estoy siendo amenazado”
En virtud de lo expuesto, el Movilh demandó a la Unidad de Protección de Derechos de Gendarmería una nueva investigación sobre la denuncia y que la misma sea cursada por agentes que no tengan relación directa, ni indirecta con los hechos, ni con el penal involucrado.
Comentarios desactivados en Chile: Interno de Complejo Penitenciario de Rancagua denuncia que fue torturado por siete gendarmes
Acusa discriminación en razón de su orientación sexual y condición de VIH.
Un interno del Complejo Penitenciario de Rancagua, J.M.M, denunció que ha sido torturado por siete funcionarios, además de ser discriminado en razón de su orientación sexual y condición de VIH, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
El afectado, quien se encuentra recluido en el módulo 93, precisó que fue agredido con lumas en distintas partes de su cuerpo, además de ser rociado con gas pimienta. Entre los siete gendarmes responsables, habría liderado el operativo uno de apellido Cornejo.
“También hemos recibido denuncias respecto a condiciones totalmente insalubres y la carencia de medidas para enfrentar el Covid-19, mientras que otros seis internos estarían castigados en condiciones inhumanas en el módulo 92”, señaló el dirigente del Movilh, Ramón Gómez.
Junto con repudiar que “estos abusos ya sean recurrentes en Gendarmería”, Gómez envío todos los antecedentes a la Unidad de Protección de Derechos de la institución, a objeto de que adopten medidas inmediatas a favor de las afectados y contra los responsables. Del mismo modo es deseable que el INDH intervenga este recinto y analice a todos la situación en todas las cárceles.
Comentarios desactivados en Corte IDH declara a Perú responsable por torturas y violación a una persona LGBT
Por Vero Ferrari
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por las torturas y violación sexual que sufrió Azul Rojas Marín de parte de agentes policiales de la Comisaría de Casa Grande (Trujillo), el 25 de febrero del 2008, cuando fue interceptada, según la policía “para identificarla”. Allí fue retenida cuatro horas en la dependencia policial, siendo torturada y violada sexualmente por cuatro policías. Cuando Azul intentó interponer la denuncia en la comisaría ese mismo día, no se la recibieron, por lo que fue a los medios de comunicación. Dos días después volvió a la comisaría para interponer nuevamente la denuncia. Dos días después se le realizó un reconocimiento médico legal y una pericia psicológica que revelaron lesiones y afectación psicológica por lo vivido.
Un proceso judicial que duró una década
24 de marzo de 2008, la Fiscalía peruana dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial de la Comisaría de Casa Grande por el delito “contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual” en agravio de Azul. Es ahí que empieza todo el arsenal de defensa de la impunidad contra Azul. Policía, Fiscalía y Poder Judicial rechazaron, negaron, pusieron en duda y no valoraron la violencia vivida por Azul como un daño efectivo contra su integridad física y psicológica.
21 de octubre de 2008, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa requirió el sobreseimiento del proceso seguido contra tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual agravada y abuso de autoridad en perjuicio de Azul.
9 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope “declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público” y “sobreseyó el proceso por ambos delitos y contra los tres imputados”, ordenando el archivo del expediente, indicando que no existía credibilidad en la versión de la presunta víctima, que ella no había sido uniforme en su declaración sobre los hechos, y además, había continuado con sus labores habituales el 25 de febrero, y que el examen médico se realizó cuatro días después de los hechos por lo que las pericias generaban una duda razonable en su contra.
22 de enero de 2009, Azul interpuso un recurso de apelación contra la resolución anterior. El 23 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope lo declaró improcedente de plano por extemporáneo. Es ahí cuando Azul recurre a instancias internacionales.
20 de noviembre de 2018, la Segunda Fiscalía Supraprovincial, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso la apertura de investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura, pero el 4 de diciembre de 2018, la Quinta Fiscalía Superior de La Libertad declaró nulo el requerimiento. El 16 de enero de 2019, la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope solicitó al Juez Penal de Investigación Preparatoria de Ascope la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los tres oficiales de policía. El 14 de agostode 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar improcedente el pedido de nulidad argumentando que el expediente tenía autoridad de cosa juzgada y que las recomendaciones de la Comisión no tenían la misma fuerza vinculante que las decisiones de la Corte. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope presentó recurso de apelación, señalando que el Estado debía hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la Comisión. El 3 de septiembre de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación por considerar que no respetaba los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa procesal penal peruana.
Lo que ordenó la Corte
Gracias a esta sentencia, el Estado peruano deberá continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por Azul, evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante.
Como medidas de satisfacción, la sentencia deberá publicarse en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y deberá realizarse u acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Así también, se le deberá dar asistencia médica y psicológica a Azul de forma gratuita e inmediata; y como garantías de no repetición, se deberá adoptar un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, se sensibilizará y capacitará de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, se diseñará e implementará de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI y se eliminará el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.
También se ha fijado una compensación por daños materiales e inmateriales contra Azul y su madre, que deberá ser pagado por el Estado. 70 mil dólares para Azul y 20 mil para su madre.
Comentarios desactivados en Margaret Court cónsul honoraria de Burundi, un país que tortura a las personas LGTBI
Margaret Court con la primera dama de Burundi Denise Bucumi en la apertura del consulado. (Centro de la vida de la victoria / Facebook
La homófoba y campeona de tenis Margaret Court es ahora la cónsul honoraria de la república africana de Burundi, donde las personas LGBT+ han sido torturadas y los niños homosexuales son expulsados.
Coqueta ha calificado anteriormente la homosexualidad como una “práctica sexual abominable”, ha comparado a los gays con Hitler, ha afirmado que las tenistas lesbianas “reclutan” a atletas más jóvenes y ha sugerido que los niños transexuales son “del diablo“. Fue nombrada Homófoba del Año en 2018 por GLORIAs por su dedicación a la homofobia.
Ahora se ha revelado que ella y su iglesia pentecostal han abierto un consulado en Australia para Burundi, que ha sido acusado de crímenes contra la humanidad, e incluso la oficina ha sido aprobada por el gobierno federal australiano. Fue inaugurado formalmente en julio de 2019 por Denise Bucumi, la primera dama de Burundi. El presidente del país, Pierre Nkurunziza, no pudo asistir porque si sale de Burundi, corre el riesgo de ser detenido por la Corte Penal Internacional.
Court, por supuesto, dirigió una oración en el evento en el que pidió “la unión de dos naciones“. Su marido Barry, que es el segundo cónsul honorario, insistió: “El lugar ha cambiado mucho”.
Según Yahoo, un portavoz de Supervivientes y Víctimas de la Dictadura de Burundi dijo: “Es muy preocupante que una famosa dama australiana acoja y apoye un régimen que mata a personas, discrimina a las personas LGBTI y utiliza la violación como arma”. Margaret Court es ahora cónsul honorario de un país acusado de “crímenes contra la humanidad“. El gobierno de Burundi hizo ilegal el sexo gay consensual en 2009, cuando firmó en secreto una prohibición. La homosexualidad sigue siendo punible en el país con hasta dos años de prisión.
Las víctimas están en prisión y se les pide que paguen grandes sobornos por su libertad, que muchos de ellos no pueden permitirse. El país africano fue uno de los 13 -incluyendo los Estados Unidos- que votaron en contra de una moción de la ONU en 2017 que proponía condenar la pena de muerte por homosexualidad. A partir de junio de 2011, los estudiantes pueden ser expulsados de la escuela si se sospecha que son LGBT+ y un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2012 encontró que un adolescente fue “atado a un poste” durante horas como castigo por ser gay.
Según Human Rights Watch, el presidente Nkurunziza y su régimen se han dirigido a todos los que perciben que se les oponen con “numerosos asesinatos, desapariciones, secuestros, actos de tortura, violaciones y detenciones arbitrarias“. En septiembre de 2017, una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas dijo que tenía “motivos razonables para creer que en Burundi se han cometido crímenes de lesa humanidad desde abril de 2015“.
Comentarios desactivados en Denuncian en Chile violencia sexual y torturas a mujeres y LGBT+ Por Carabineros en el contexto del estado de emergencia declarado por Sebastián Piñera
Uno de los jóvenes pudo constatar lesiones, mientras el segundo, ha sido impedido de ello y está preso en Santiago 1.
Los abusos han ocurrido en el marco del Estado de Emergencia. Movilh prepara acciones legales.
Durante los ocho días consecutivos de protestas en Santiago y otras ciudades de Chile, las redes sociales han funcionado para compartir imágenes de marchas multitudinarias, evidencia de represión policial, carteles ingeniosos, avisos de personas desaparecidas y detenciones arbitrarias. Pero también han servido como plataforma para denunciar vejámenes de índole sexual a mujeres y a personas de la comunidad LBTIQ+, como amenazas de violación, de tocación, penetración vaginal o anal con objetos o armas, golpizas, desnudamientos e insultos.
Josué Maureira, 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Católica, es una de estas víctimas. Desde el 21 de octubre estuvo desaparecido. Su foto fue compartida más de 70 mil veces en redes sociales. Anoche escribió desde su Facebook que fue liberado de la cárcel Santiago 1, donde estuvo seis días encarcelado ilegalmente. “Fui sometido a torturas y violencia sexual por parte de varios carabineros de la 51 comisaría de PAC (Pedro Aguirre Cerda)”, escribió Maureira. Acusó a tres uniformados: Marcos Valenzuela, Luna Huelche y M. Vásquez y dejó claro que otros funcionarios de esa misma comisaría lo amenazaron de muerte.
“Maricón culiao” le gritaron incontables veces al interior de ese cuartel, mientras lo golpeaban sin piedad en el calabozo. Luego de llevarlo a constatar lesiones, donde -sin siquiera revisarlo- indicaron que tenía lesiones leves, lo devolvieron al cuartel en Pedro Aguirre Cerca a registrar sus huellas. Allí, entre amenazas, le preguntaron “si era maricón”, ante lo que el estudiante de medicina respondió que sí, que era homosexual.
“De ahí en adelante, empezaron a golpearme con mucha más fuerza. Me obligaron a gritar que era maricón ante toda la comisaría, entremedio de golpes”, cuenta el joven a El Desconcierto. “Me rompieron la ropa, me bajaron los pantalones. Esto culmina en un hecho que me daña y me duele mucho: introducieron una luma dentro de mí, y me decían “maricón, te gusta por el hoyo”. Me preguntaban si me gustaba. Había un odio tácito por mi orientación sexual”, relata.
Los policías habrían permitido que otro de los imputados allí recluido lo golpeara, sin que ellos intervinieran en la golpiza. Luego de todos estos graves atropellos, el joven fue trasladado hasta el penal Santiago 1. Específicamente al módulo 4, donde debió convivir con otros 104 reclusos, hasta que este viernes fue liberado. En ese lugar, personal de Gendarmería se habría preocupado de su seguridad, señala.
Una querella que invoca la Ley Zamudio
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta ahora denuncia al menos 18 muertos y 3.162 detenidos -343 niños, niñas y adolescentes y 545 mujeres y 2.150 hombres- presentó ayer una querella por este caso, por los delitos de tortura con abuso sexual. Como Moureira es gay, la acción legal también considera la agravante de discriminación contenida en la Ley Zamudio.
“La víctima, estudiante universitario, relató a los observadores del INDH que el 21 de octubre pasado, mientras se trasladaba por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ingresó a un supermercado a entregar primeros auxilios a personas que se encontraban en su interior mientras se desarrollaban incidentes en el recinto. En la confusión de los hechos, Carabineros lo detuvo de manera violenta, propinándole golpes de bastón, puños y patadas. Producto de la golpiza, el joven perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado hasta la comisaría. Luego de recuperar la conciencia, se le informó que fue detenido por el delito de robo en lugar no habitado. Pese a que ya se encontraba detenido, fue golpeado e insultado por su condición homosexual. Incluso, fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo”, detalló el organismo en un comunicado de prensa.
El organismo acusó que al momento de la formalización, el estudiante no habría sido debidamente entrevistado por el defensor público que le fue asignado y tampoco por los jueces, por lo que no habría podido denunciar todas las vejaciones que sufrió en la comisaría.
El INDH presentó este sábado una querella por los delitos de tortura con abuso sexual en contra de efectivos de Carabineros. Esta acción legal considera la agravante de discriminación por orientación sexual, que incluye la Ley Zamudio. Desde la misma institución detallaron que los delitos de tortura sexual son considerados -en todo el mundo- como uno de los atropellos más graves a los Derechos Humanos de las personas.
En este punto coincide la diputada Natalia Castillo (RD), quien calificó esta denuncia como “gravísima”, dado que ningún Estado de Excepción autoriza las graves vulneraciones vividas por Josué. “Las víctimas de violencia sexual tienen derecho, además de que se haga justicia, a tener una debida reparación. Y al ser además en razón de su orientación sexual o expresión de género, esto se cruza con la vulneración de otros derechos fundamentales”, señala la parlamentaria, que ha promovido una agenda LGBTI en el Congreso.
Castillo espera que los uniformados involucrados en las agresiones sean “debidamente sancionados” y anunció que pedirá que se revisen los actuales protocolos de Carabineros y la formación en Derechos Humanos, temas de género y respeto a la diversidad sexual. La diputada además mencionó que no se trata de casos aislados, dado que desde que comenzaron las intensas protestas se han conocido varias hechos similares. Según el último informe del INDH, se denunciaron 15 casos de violencia sexual en todo el país.
Josué Maureira
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también se hizo eco su caso y de otro donde la víctima es un joven gay de 21 años que salió a comprar pan y fue detenido cuando observaba disturbios y saqueos en un supermercado. Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización, denunció que “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. Acto seguido, le propinaron golpes de pies, puños y con objetos contundentes y lo desnudaron, mientras le lanzaban insultos homofóbicos” en la 11 Comisaría de Lo Espejo. “Cuando pidió constatar lesiones, no se lo permitieron. Al otro día, en tribunales no escucharon su versión de los hechos, y lo mandaron a Santiago 1”, apuntó el Movilh. También dijo que lo desnudaron. Por ahora permanece en la cárcel Santiago 1 “sin que la Defensoría presente hasta ahora recurso de amparo alguno”.
“Aquí hay un modus operandi de apremios ilegítimos y torturas homofóbicas policiales. Hay fuerzas del orden actuando con total impunidad para liberar su desprecio por los derechos humanos y también, en estos casos, para canalizar con golpizas su homofobia. Dado que la Defensoría nada hecho en el caso del joven preso en Santiago 1, próximamente presentaremos acciones legales”, apuntó el Movilh. “Llamamos al Gobierno de Chile a implementar con carácter de urgencia todas las medidas para cesar con las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo bajo el amparo del Estado de Emergencia o el toque de queda”, finalizó el Movilh.
“Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal”
La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) registra al menos 12 denuncias de violencia sexual a mujeres y adolescentes por parte de Carabineros y de uniformados del Ejército, que permanecen en las calles desde el 19 de octubre, cuando el gobierno decretó Estado de Emergencia para tratar de controlar una ola de saqueos e incendios en supermercados y varias estaciones de metro.
Estos casos son adicionales a los que maneja el INDH, dijo a Presentes Rebeca Zamora, socia de Abofem y miembro de la Comisión de Litigación Estratégica a cargo de la coordinación nacional de representación judicial a víctimas de violencia sexual en el contexto de estas manifestaciones.
Lo que más han visto son desnudamientos, algo que escapa al protocolo de Carabineros al momento de una detención. “Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal para ver si es que tienen algún objeto. Eso está completamente al margen de nuestro derecho nacional y del derecho internacional”, explicó Zamora.
Víctimas que siguen recibiendo amenazas
Dos lesbianas de la región de Antofagasta, en el norte del país, se cuentan entre estas víctimas. Según Zamora, fueron detenidas durante una manifestación porque caminaban de la mano. Ya están en libertad, después de ser agredidas por uniformados. “No podemos revelar la identidad de quienes hacen estas denuncias por respeto y porque la confidencialidad es parte del éxito en la investigación de estos casos. Hay víctimas que están muy asustadas todavía, algunas siguen recibiendo amenazas o están siendo intimidadas para que no denuncien”, contó la abogada durante una jornada de asesoría legal a mujeres heterosexuales y de la comunidad LBTIQ+ realizada este sábado. Zamora está segura de que el número de casos seguirá aumentando con el paso de los días.
Negación por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Esta mañana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, negó haber recibido denuncias por abuso a mujeres en el contexto de las detenciones por las protestas de la última semana. “Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido denuncias de esa naturaleza y si las hubiera, en el marco de lo que está ocurriendo, corresponde que sean otras organizaciones las que asuman, porque necesitamos que sean organizaciones que garanticen autonomía”, dijo Plá. Sus declaraciones surgen luego de que el INDH presentara tres querellas por abusos sexuales, que habrían sido realizado por policías y militares.
Comentarios desactivados en Superviviente de la tortura en Chechenia cuenta su experiencia
Amin Dzhabrailov fue golpeado y torturado con descargas eléctricas como parte de la ‘purga anti-gay’ de Chechenia.
Amin Dzhabrailov, de 27 años, huyó a Canadá a través del Ferrocarril Arco Iris (Rainbow Railroad), una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas LGBT+ a escapar de países donde su sexualidad pone en peligro sus vidas.
Hablando en una recaudación de fondos del Ferrocarril Arco Iris en Winnipeg el jueves, 12 de septiembre, describió a CBC su experiencia como hombre gay en la república rusa.
“Fue horrible”, dijo, recordando el día en que en marzo de 2017 los soldados rusos lo secuestraron en la peluquería en la que trabajaba, “me teñía el pelo y era mi día habitual. Almorcé y vinieron unos tipos con armas”.
Los hombres esposaron a Dzhabrailov y lo llevaron a un centro de tortura donde estuvo detenido durante dos semanas junto a otros 17 hombres homosexuales.
Los hombres fueron torturados casi todos los días y noches mientras sus captores exigían saber los nombres de otros gays. Además del abuso mental y las palizas, una máquina que administraba descargas eléctricas se les aplicaba en los oídos, los dedos de las manos y los pies.
“Usaban sus pies, tuberías de plástico, tuberías largas“, dijo Dzhabrailov, “y después empezaron a usar descargas eléctricas”. Nadie quería tocarte con las manos sólo porque eres gay, y es asqueroso. “Es como estar al borde de la muerte, especialmente cuando están usando esa máquina que produce electricidad. Estaba gritando para que parara esto.”
Consideró el suicidio, pero no había posibilidad de escapar.
La pesadilla finalmente terminó cuando los soldados llevaron a Dzhabrailov y a otros a otro lugar donde su familia estaba esperando. Una vez libre, supo que tenía que abandonar Rusia lo antes posible.
El amigo de Dzhabrailov (y ahora socio) se puso en contacto con una red LGBT+ que los conectaba con el Ferrocarril Arco Iris, que logró sacar a ambos hombres del país a salvo.
Los dos están disfrutando ahora de su libertad en Toronto, pero están deseosos de que su historia sirva como un recordatorio del horror continuo al que se enfrenta la comunidad LGBT+ de Chechenia.
Comentarios desactivados en Chile: Gendarme tortura a cinco internos en medio de insultos por su orientación sexual
Los dejó con severas lesiones en distintas partes del cuerpo.
Cinco internos del “módulo para la diversidad sexual” de la Cárcel Santiago 1, denunciaron ante el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) que fueron ayer torturados por un gendarme, en medio de insultos por su orientación sexual.
Los afectados; cuatro de ellos chileno y uno extranjero; precisaron que los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 A.M , identificando como responsable al “teniente Castro”, quien les propinó golpes con objetos contundentes.
Tras el abuso, que ocurrió en el marco de un allanamiento al módulo, los afectados constaron lesiones en el recinto médico del penal.
«Repudiamos totalmente este nuevo episodio de torturas que cometen gendarmes contra las personas LGBTI. Los gendarmes deben entender de una vez que el único castigo para los internos es la privación de libertad y que todo otro abuso raya en la tortura, además de constituir discriminación cuando se mezcla con insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, dijo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.
Añadió que “en relación a este último incidente hemos presentado un recurso de amparo. Del mismo modo, exigimos una intervención inmediata del Ministerio de Justicia, el cual ha guardado silencio en todos los abusos que hemos denunciado en los últimos dos años, pese existir fallos de tribunales que han condenado estos atropellos y exigido su cese inmediato”
Comentarios desactivados en Mujer trans detenida sin condena quedó parapléjica y denuncia torturas
Por Luciana Bertoia
Mónica Mego, una trans peruana de 36 años, entró caminando a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y hoy está postrada, parapléjica, en la cama de un hospital de La Plata. Hace casi un año que está detenida sin condena, acusada de narcomenudeo. Después de meses de dolores y reclamos para que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la hiciera atender, quedó paralítica y sin control de esfínteres. Denunció por torturas al SPB – que depende del Ministerio de Justicia provincial de María Eugenia Vidal-, pero su presentación no avanzó. En simultáneo, los penitenciarios accionaron contra un defensor por haber ido a visitar a Mónica, supuestamente acompañado por una periodista. Esa investigación se mueve a pasos agigantados y ya pasó por las manos de tres fiscales. Distintos organismos dicen que se trata de un caso de torturas que el Estado provincial quiere impedir que se investigue, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema bonaerense.
La denuncia de Mónica entró a la fiscalía general de La Plata el 5 de julio de este año. La presentó el abogado de la Defensoría de Casación bonaerense Aníbal Hnatiuk. En un par de hojas, Mónica relataba cómo su vida se desmoronó en menos de un año, desde que quedó privada de su libertad. Los dolores renales empezaron en octubre del año pasado, cuando estaba detenida en la Alcaidía de Olmos. La atención del SPB consistía en suministrarle Ibuprofeno. Ella fue notando cómo crecía una protuberancia y también cómo los penitenciarios incumplían su promesa de llevarla a un hospital extramuros para que la atendieran y trataran.
Cuando la trasladaron a la Unidad 32 de Florencio Varela, Mónica ya casi no podía caminar. Sus compañeras de pabellón entraron en una huelga de hambre para reclamarle al SPB que la hiciera tratar. La respuesta del SPB fue ponerla en un “buzón” – una celda de castigo – y dejarla horas sin atención. El 21 de mayo, una compañera que colaboraba con el área de Sanidad quiso levantarla, pero Mónica se desmoronó. “Se me murió el cuerpo totalmente”, escribió en su denuncia.
Al día siguiente, la operaron en el Hospital San Martín de La Plata. La protuberancia que ella notaba era un absceso epidural por una tuberculosis no atendida. Cuando salió del quirófano, los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar: debería vivir el resto de su vida con pañales y sonda.
Días después, la volvieron a llevar a Olmos. La dejaron en una cama sin rotarla y se le formaron escaras, dejándola expuesta a infecciones múltiples. Una tortura adicional para alguien que vive con otras patologías crónicas.
Pamela Macedo Panduro falleció el 1 de enero mientras estaba detenida en la Unidad Penal Nro. 32 de Florencia Varela, Provincia de Buenos Aires.
La organización está por dar a conocer una investigación federal realizada con apoyo del Fondo Internacional Trans, que detalla los padecimientos de las personas trans en situación de encierro. “El informe va a dar cuenta de cómo se agravaron las condiciones de detención, malos tratos, tortura y muerte en estos cuatro años de macrismo”, adelanta. El 95 por ciento de las entrevistadas denunció que al menos una vez sufrió malos tratos, violencia verbal o física de las fuerzas de seguridad. En las cárceles, hay una triple discriminación– explica Vásquez Haro–: ser travesti, migrantes y pobres.
Según el último informe de la CPM, a diciembre del año pasado, eran 94 las mujeres trans detenidas en las cárceles bonaerenses. La mayoría de ellas están alojadas en la Unidad 32 de Florencio Varela. El resto se reparte entre la Unidad 44 de Batán y la Unidad 2 de Sierra Chica.
La población trans en cárceles creció un 36 por ciento entre 2017 y 2018 – al calor de la retórica manodurista. Hasta el año pasado, el 86 por ciento de las personas trans detenidas lo estaba por tener un procesamiento. O sea, sin sentencia ni revisión de sentencia. Como sucedió con Mónica.
La justicia le reclama a la justicia
El viernes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, firmó una resolución en la que le apuntaba directamente al Procurador General Julio Conte Grand. Por un lado, le reclamaba que le informe qué se hizo con la denuncia que presentó Mónica desde el hospital. Por otro, hacía una exhortación a todas las autoridades que intervienen en el caso para que no entorpezcan la acción de defensores de los derechos humanos.
Mario Coriolano, defensor de Casación, fue a visitarla mientras estaba en una cama en Olmos. Lo hizo a partir de un pedido del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) – que consideró que la falta de atención, las burlas y el hostigamiento que padeció Mónica podía catalogarse como un caso de tortura. Terminó denunciado Coriolano por el titular del SPB, Xavier Areses, por haber supuestamente permitido el ingreso de una periodista – lo que sería prácticamente una hazaña porque es el propio SPB quien controla ingresos y egresos de las cárceles.
“El de Mónica es un caso testigo porque pone sobre la mesa lo más brutal y estereotipado del sistema de justicia: de un sector de los fiscales, de la judicatura y el SPB”, dice Coriolano a Presentes. “Desde una perspectiva de género hay una intersección de vulnerabilidades. Es una mujer trans, peruana y eso llevó a que se la involucrara falsamente en un tema de drogas”.
La resolución de De Lázzari surgió después de que llegaran ante el máximo tribunal provincial presentaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del CNPT y del Vicario Episcopal de Solidaridad de la Diócesis de Quilmes.
La CPM presentó dos hábeas corpus por la situación de Mónica y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que extendió a todo el colectivo trans privado de su libertad en la provincia de Buenos Aires.Es probable que se repitan las presentaciones en las próximas semanas e incluso que se sumen nuevas organizaciones para apoyar el reclamo.
Mónica está actualmente detenida en prisión domiciliaria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, pero las organizaciones que siguen su caso vienen reclamando que se la traslade al Hospital El Dique, de Ensenada, porque es el centro médico ideal para tratar dolencias crónicas.
“Es de interés que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. La respuesta del Estado para Mónica debe ser reparatoria”, reclama Ignacio Di Giano, director del Programa de Recepción de Denuncias de la CPM. “Esta chica entró caminando y se va a ir en una silla de ruedas en el mejor de los casos”.
Comentarios desactivados en Por primera vez Corte Interamericana de DDHH trata torturas de policías a LGBT+
Por Vero Ferrari, desde Lima
Foto: Promsex
Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad al norte del Perú. Hoy, 27 de agosto de 2019, en el Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en Colombia, 11 años después de sucedidos los hechos, se presentó el caso Rojas Marín y otra vs Perú en una audiencia. Por primera vez la violencia institucional que sufrió una mujer transexual se presenta ante esta Corte para dar su testimonio de cómo un Estado puede ser partícipe de una tortura que aún no acaba.
Hechos que se denuncian
Aquel 25 de febrero de 2008, con la excusa de que querían que se identificara, el policía Luis Quispe Cáceres y dos de sus compañeros, obligaron a la víctima -que en aquel momento aún no había transicionado y era gay- a subir a un patrullero y se dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande. Ahí, Juan Isaac León Pardo y Dino Horacio Ponce Pardo la golpearon.
A pesar de la gravedad de los hechos y de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió Azul, su caso fue archivado por el Poder Judicial peruano en 2009. El trato que recibió Azul de los policías y del sistema judicial fue brutal. Con el apoyo de organizaciones pro derechos LGTBI, su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, siendo la primera vista del caso el 1 de diciembre de ese año.
En ella, la CIDH acreditó que Azul fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. También que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual, y que hubo un incumplimiento del Estado peruano, porque no investigó con la debida diligencia. Por lo que recomendó una reparación integral a la víctima y que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, señaló hoy frente a la Corte que “este es el primer caso sometido a la jurisdicción de este tribunal por la responsabilidad de un Estado como resultado de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual, contra una persona LGBT”.
Para qué sirve la sentencia de la Corte IDH
La sentencia de la Corte servirá para establecer estándares legales de reparación hacia víctimas de crímenes de odio, con el fin de asegurar que éstas puedan reconstruir sus vidas, reconociendo su identidad en un país que aún se niega a aprobar una Ley de Identidad de Género.
También sirve para asegurar que el Estado reconozca que no cumplió con su deber.
Cumplir con su función significa que el Estado repare a Azul Marín reconociendo su identidad, sancionando a sus agresores, asegurando su supervivencia material y evitando que situaciones de violencia contra las personas LGTBI en su conjunto vuelvan a repetirse.
“Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región”, expresó a través de su página web el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que con sus asistencia legal acompañó a la víctima ante la CIDH, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a REDRESS. “Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal”.
Comentarios desactivados en El ejemplo de una madre uzbeka contra la pena de muerte y las torturas. Tamara Chikunova: “Mi hijo firmó su sentencia para salvarme”
Tamara Chikunova,
Fundadora de “Madres contra la pena de muerte y la tortura“
Su único hijo fue detenido y fusilado injustificadamente
Viaja por el mundo contando su historia: la condena a muerte de su hijo, que la llevó a emprender el camino de la humanización de las cárceles
En su tierra natal la pena de muerte, gracias también a su arduo trabajo, apoyado por la Comunidad de San Egidio, fue abolida el 1 de enero de 2008, y se salvaron cientos de vidas
Es un dolor fuerte pero compuesto el de Tamara, que después de dos años de insomnio marcado por una profunda sed de venganza, asumió el último deseo de su amado hijo y comenzó a luchar contra el “castigo extremo”
| Vatican News
(David Dionisi, Vatican News).- Es un río lleno, sus relatos son extremadamente detallados y todos terminan de la misma manera: “Todo tiene un límite, excepto la misericordia”. Tamara Chikunova es una mujer uzbeka que, tras la condena a muerte de su único hijo, Dmitry Chikunov, de 28 años, y el sucesivo fusilamiento sucedido el 10 de julio del 2000, fundó la asociación “Madres contra la pena de muerte y la tortura”. Viaja por el mundo contando su historia, la ejecución injustificada de su hijo, la historia que la llevó a emprender el camino accidentado de la defensa de la tutela de los derechos humanos y de la humanización de las cárceles. Y lo hace especialmente en aquellos países donde todavía se aplica el “castigo extremo” (en los últimos meses se ha concentrado en Bielorrusia). En su tierra natal, la pena de muerte, gracias también a su arduo trabajo, apoyado por la Comunidad de San Egidio, fue abolida el 1 de enero de 2008, y gracias a la medida se salvaron cientos de vidas humanas que ya llevaban tiempo en el corredor de la muerte.
El arresto y la tortura
“Pero vayamos por orden”, comienza inmediatamente, dando poco espacio a las preguntas. “Vivíamos y trabajábamos en Tashkent hasta aquel maldito 17 de abril de 1999. En la oficina de mi hijo, se presentaron tres hombres vestidos de civil para arrestarlo. Yo estaba allí en el momento de la misteriosa visita”, explica Tamara, aclarando que inmediatamente tuvo la sensación de que algo no andaba. “Pregunté acerca del motivo de tal medida y me dijeron que se trataba de una formalidad. Desde ese día, Dimitry no salió más de la prisión”. Unas horas más tarde también ella fue detenida e interrogada durante 12 horas. “Me golpearon porque seguía preguntando por mi hijo. Logré verlo sólo después de seis meses y me costó reconocerlo”.
También ella fue detenida e interrogada durante 12 horas. “Me golpearon porque seguía preguntando por mi hijo. Logré verlo sólo después de seis meses y me costó reconocerlo”
La confesión y la condena a muerte
Dmitry Chikunov,
Momentos indelebles para una madre obligada a escuchar episodios de tortura y humillación de todo tipo sufridos por la persona que más amaba en el mundo. ¿La razón? “No accedió a firmar un testimonio en su contra, reconociendo que había cometido el doble asesinato del que se le acusaba”. Tamara se detiene y continúa la reconstrucción de los hechos sin vacilar. “Fue llevado al lugar del crimen, lo hicieron arrodillar, le ataron las manos detrás de la espalda y le apuntaron con la pistola a la cabeza. O firmas la confesión o te disparamos, fue la amenaza. Pero Dmitry se negó de nuevo, pero cedió cuando le hicieron oír los gritos de desesperación y dolor durante mi interrogatorio. Así que mi hijo firmó su sentencia para salvarme”. El 11 de noviembre en Tashkent se dictó la sentencia, pero Tamara sólo pudo reunirse con él siete meses después en el corredor de la muerte.
Después del fusilamiento, el testamento
El 10 de julio, en gran secreto, fue asesinado a tiros en la prisión de Tashkent. El dolor de la mujer era inconmensurable, especialmente cuando se combina a las tantas preguntas que nunca han recibido respuesta. ¿Por qué él y por qué tanta crueldad? Cuarenta días después, le fue enviada la última carta escrita por Dimitry antes de morir: su testamento. “Mi querida mamá, te pido perdón si el destino no nos permitirá encontrarnos. Recuerda que yo no soy culpable, no he matado a nadie. Prefiero morir, pero no dejaré que nadie te haga daño. Te quiero. Eres el único ser querido en mi vida. Por favor, acuérdate de mí”. Es dolor, dolor verdadero y fuerte pero compuesto el de Tamara, que después de dos años de insomnio marcado por una profunda sed de venganza, asume la carga del último deseo de su amado hijo y comienza a luchar contra esa odiada medida “que en demasiadas partes del mundo todavía se ve como una medida para reducir los crímenes violentos”. De esta manera, el condenado se convierte en víctima de un problema social, rehén de un delito cometido en nombre de la ley. “¡Es la venganza de la sociedad!”, subraya.
Con la fuerza del perdón
Su objetivo es, por tanto, luchar para mantener vivo el recuerdo del sacrificio de Dimitry y transformar su dolor en un testimonio concreto junto a las víctimas. “Con el poder del perdón”, comenta. Entonces pasa a monitorear los procesos, aconseja a los familiares de los presos sobre las posibles medidas que deben adoptarse y les ayuda en la preparación de cartas y apelaciones. “Repetía a las mujeres que iban al corredor de la muerte a visitar a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos: ‘No llores, denles la fuerza para luchar y seguir adelante. La de ustedes es una batalla por la vida. Y nunca hablen de venganza’”. La fuerza de voluntad y las iniciativas de su Asociación, apoyadas también por sus primeros seguidores, “los amigos de la Comunidad de San Egidio”, permiten que Tamara alcance la meta.
Abolición de la pena de muerte y las vidas salvadas
El 1 de enero de 2008, Uzbekistán abolió la pena de muerte y en ese año se convirtió en el 134º país abolicionista del mundo y el tercero de la Asia Central ex soviética, después de Turkmenistán y Kirguistán. Tamara lo logró y aunque hoy en día es ciudadana uzbeka “no deseada”, ha cruzado las fronteras geográficas y cuenta su historia y la de los que sobrevivieron. Entre las vidas que logró salvar se encuentra la de Evgeny Gugnin: “Para él la sentencia ya había sido dictada”, continúa. “En el corredor de la muerte fue bautizado y expresó su voluntad de ser sacerdote si lograba salir de ese infierno. Evgeny fue indultado y puesto en libertad en 2011. Hoy es estudiante en el seminario de Tashkent”.
En marzo de 2005 Dmitry fue reconocido inocente post mortem
La carpeta de Tamara
Una historia con un final feliz como las muchas que Tamara recoge en un paquete que contiene fotos y notas. Una carpeta A4 que se abre con una foto maxi de su amado hijo, junto con la frase: “Chikunov Dmitry, 28 años, ciudadano ruso, cristiano,no tiene ningún valor para la sociedad, y no puede ser rehabilitado en la cárcel. Por lo tanto, por los delitos cometidos, es condenado a muerte por fusilamiento”. En marzo de 2005 Dmitry fue rehabilitado post mortem, reconocido inocente, y su juicio fue declarado injusto para él, como para tantos otros. Tamara concluye: “La puerta de la prisión era demasiado ancha cuando entró, pero infinitamente estrecha cuando intentó salir”.
Comentarios desactivados en El obispo de Buenaventura denuncia torturas y asesinatos en el principal puerto de Colombia
“Hay hombres con rifles que corren por calles y barrios”, alerta Rubén Darío Jaramillo
“Hemos tenido 54 muertes violentas en lo que va del año, pero hay muchas personas que desaparecen”, advierte el prelado
“El problema es que todavía no existe una cultura de denuncia porque hay miedo, tenemos una sociedad que teme informar”
Tiene dos años como obispo de la Diócesis de Buenaventura en Colombia, y ya ha tenido que lidiar con los grupos violentos que han sembrado el terror en la zona. El obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya continúa intentando detener la confrontación violenta de los grupos criminales que compiten por el control de esta parte del país, donde se encuentra el puerto colombiano más importante del Pacífico, una encrucijada para el comercio que sustenta gran parte de economía nacional.
Hace solo unos días, el obispo le dijo a una estación de radio local que estaba dispuesto a abordar un helicóptero para esparcir el agua bendita en el puerto y la ciudad con el fin de eliminar de forma permanente a los demonios. En una entrevista con la prensa, solicitó la intervención de las autoridades nacionales para abordar juntos la violencia que está llegando a niveles aterradores.
En la entrevista que recibió Fides, el obispo dijo que no es sorprendente encontrar cadáveres desmembrados en la calle, como símbolo del poder de la violencia en la zona portuaria. Las “casas de piques“ siguen existiendo, dijo Mons. Jaramillo Montoya. Con este nombre, se indican los lugares de tortura y asesinato de las personas secuestradas porque obstaculizaban o no apoyaban a las pandillas y al crimen organizado: una realidad que se creía que en 2015 había desaparecido, que fue denunciado en aquél momento por el Obispo predecesor del Obispo Jaramillo, Mons. Héctor Epalza Quintero, PSS.
En muchas ocasiones, los pastores han denunciado este horror, señalando que la violencia ha estado “anclada” en el puerto durante más de 37 años: mientras que las otras regiones han visto una disminución en los asesinatos, Buenaventura sigue en niveles alarmantes.
“Hemos tenido 54 muertes violentas en lo que va del año, pero hay muchas personas que desaparecen. Y esto no se informa – dijo el arzobispo Jaramillo hace solo dos días -. El problema es que todavía no existe una cultura de denuncia porque hay miedo, tenemos una sociedad que teme informar. La comunidad me pidió que anticipara las misas del domingo a las seis de la tarde porque temen ser secuestrados o quedarse en la calle durante el toque de queda ilegal. Hay hombres con rifles que corren por calles y barrios”.
“He escuchado historias terribles de los fieles, continúa el obispo. Estos grupos obligan a una familia a irse, por lo que la casa permanece vacía y los criminales la toman para guardar las armas, ejecutar personas de pandillas y encarcelar personas que no pagan las extorsiones. Entonces, incluso las personas que viven cerca se ven amenazadas y tienen que irse a otro vecindario, porque éstas son pobres y no pueden ir a otra ciudad. Este movimiento intraurbano no está registrado como un desplazamiento interno o una migración”.
“El desplazamiento interno no es conocido por el estado y, por lo tanto, las personas terminan cumpliendo una ley llamada del silencio: es mejor guardar silencio, porque si matan a un hermano, también pueden matar a las hijas, a los tíos, a los abuelos, así que al final conviene estar en silencio”.
Ante esta situación, el obispo Jaramillo propone llegar a la raíz del problema: “en primer lugar, nos hemos alejado de Dios, en cambio, debemos ver al otro como algo sagrado, la vida es sagrada.
“Hoy ya no estamos interesados en nada, sino en el poder económico, el poder comercial, el poder político y el poder de las armas, que en esencia es el jefe. Debemos pedir la ayuda del Estado, por supuesto, pero es un problema de todos, por lo que todos estamos llamados a resolverlo, incluso organizaciones sociales, empresas privadas, con estrategias para crear confianza y, por lo tanto, promover el trabajo y la seguridad”, concluye el Obispo.
La Diócesis de Buenaventura (1996), tiene un área de 6,297 kilómetros cuadrados y una población de 407,675 habitantes, de los cuales 306,000 son católicos. Hay 38 sacerdotes (23 diocesanos y 15 religiosos), 15 hermanos religiosos, 12 religiosos. Hay 6 seminaristas mayores. (datos a 2017).
El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, hizo una cruda radiografía de la violencia que azota a la ciudad portuaria. Habló de los descuartizamientos, las fronteras invisibles y el desplazamiento urbano por cuenta de la guerra mafiosa https://t.co/CZqU7DkSdHpic.twitter.com/nWtzeLaqyo
Comentarios desactivados en Mujer transgénero pakistaní ‘secuestrada y torturada’ por una banda
Una banda de matones secuestró y torturó a una mujer transgénero en Mardan, Pakistán, afeitándole el pelo después de negarse a darles dinero.
Shakeela afirma haber sido secuestrada en el exterior de una mezquita el primer día de Eid al-Fitr, que cayó el 5 de junio en Pakistán. Dijo que los atacantes la retuvieron contra su voluntad durante tres horas, golpeándola y afeitándola la cabeza después de que se negara a pagarles 1 millón de rupias (£5.200).
La joven de 27 años trabaja como bailarina en Mardan. Según la Alianza de Acción Trans, ella había pagado previamente a los atacantes un total de 90.000 rupias como “una especie de dinero de seguridad que se paga y se puede trabajar y bailar en la zona”.
Farzana Jan, presidenta de Trans Action, dijo a Metro: “Hay un grupo organizado de bandas criminales que atacan específicamente a la comunidad transgénero porque son más vulnerables. No sólo están involucrados en la explotación sexual de la comunidad transgénero, sino que también les extorsionan. Son vistos como blancos fáciles y débiles“. Shakeela se presentó con Trans Action para presionar a la policía local.
Jan -la primera persona en Pakistán a la que se le expidió un pasaporte no binario- dijo al periódico Dawn que los funcionarios aún no han investigado el ataque a pesar de las repetidas peticiones, y que no han logrado arrestar a los “influyentes” perpetradores.
Según se informa, el crimen sólo se registró después de que los miembros de la comunidad trans organizaron una protesta.
Las personas transgénero se enfrentan a la violencia en Pakistán- En 2018, el parlamento pakistaní introdujo una legislación que garantiza a las personas transgénero las protecciones básicas y los derechos humanos, pero Jan dice que “el progreso y la implementación son casi nulos.La violencia es alta en el terreno, pero la tasa de enjuiciamiento y condena es cero, dijo a Metro.
Shakeela con los líderes de Trans Action. (Facebook)
Añadió que en toda la provincia de Khyber Pakhtunkhwa se producen regularmente ataques como el de Shakeela. “Vemos un gran número de personas que pagan o no pagan y son asesinadas o torturadas”, dijo.
Desde 2015, 64 personas transgénero han sido asesinadas en la provincia, mientras que más de 600 han sido torturadas, agregó Jan.
Las luces y sombras del colectivo LGTB de Pakistán
A lo largo de este último año, las personas transgénero han conseguido varios logros en la lucha por sus derechos en Pakistán: Se produjeron avances históricos en los derechos de las personas de zonas tribales y transgénero. Cinco mujeres trans concurren como candidatas en las elecciones generales de Pakistán. Marvia Malik, hacía historia al convertirse en la primera presentadora transgénero de un noticiario de la cadena Kohenor, en el mes de abril; pocas semanas después abre sus puertas Gender Guardian School, un centro educativo orientado a la capacitación laboral de las persona trasngénero en Lahore; al que sigue la aprobación de la Ley de Personas Transgénero, que otorga amplia protección legal a las personas transgénero al prohibir la discriminación por parte de empresarios, tanto públicos como privados. La Asamblea Nacional de Pakistán aprobaba el pasado mes de mayo la Ley de Protección de Derechos de las Personas Transgénero. Una norma que reconoce el derecho a decidir sobre la propia identidad de género y prohíbe la discriminación laboral y en otros ámbitos y que fue presentada en la cámara baja del parlamento bicameral pakistaní en agosto de 2017 por la diputada Naeema Kishwar. En el articulado se agrupan bajo el término «persona transgénero»realidades diversas como las personas intersexuales, los eunucos (varones de nacimiento sometidos a castración), los hombres y mujeres transexuales y «cualquier persona cuya identidad o expresión de género difiera de las normas sociales y las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer».
A pesar del gran avance de la nueva ley, las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los «delitos antinaturales», que cometerá «quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal».
Los condenados por estos «delitos» «serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa». La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, aparte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.
En la parte norte de Pakistán, los miembros de la comunidad transgénero siguen viviendo de forma muy insegura después de repetidos ataques a manos de personas cisgénero. La Dirección de Derechos Humanos de Khyber-Pakhtunkhwa se ha tomado muy en serio el peligroso incremento de los incidentes de violencia contra las personas transgénero, por lo que ha ordenado a todos los departamentos interesados a que compartan a diario su investigación sobre el asesinato de personas transgénero.
No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En abril recogíamos el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena era en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo en Pakistán desde 2015. Entre ese año y 2017, además, contabilizaron un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado).
Comentarios desactivados en Torturado y asesinado un joven activista gay guatemalteco. Su cuerpo aparece cubierto de insultos homófobos grabados a cuchillo
Espantosa noticia la que nos llega desde Guatemala, donde el joven José Roberto Díaz, de 18 años, fue torturado y asesinado en lo que claramente parece ser un delito de odio: sus asesinos le grabaron a cuchillo en su cuerpo insultos homófobos.
El asesinato ocurrió en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país. El cuerpo de José Roberto Díaz, un joven maquillador de 18 años, fue encontrado por sus vecinos en un terreno baldío el pasado 25 de marzo. Según publica Nómada, su última conexión en WhatsApp había sido el 24 de marzo, a las 19:37 de la tarde. Desde entonces permanecía desaparecido. Sus verdugos, que lo torturaron visiblemente antes de asesinarlo, dejaron su cuerpo grabado con insultos homófobos («hueco», «morro», «maricón») y, según informa la agencia Presentes, con el número 18, símbolo de una de las maras o pandillas más violentas de Centroamérica.
José Roberto Díaz era abierta y orgullosamente gay, lo que le había valido insultos y amenazas. Una de sus aficiones era el transformismo, y de hecho había ganado ya tres títulos bajo el nombre de Alessandra Villamizar. Contaba con la ayuda y el apoyo de su madre, y su gran aspiración era tener su propio salón de belleza. Además se había implicado como activista en Trabajando Unidos, un colectivo LGTB de Huehuetenango. «Como una estrella en el cielo serás recordado, porque viniste a ser luz para quienes te conocimos, él era reina y para esta reina habrá justicia. Para Josecito, como lo conocíamos cariñosamente, exigiremos justicia, gritaremos, aullaremos hasta que nuestra voz se enronque… Gritaremos para que te escuchen y morderemos si es necesario para alcanzar toda la justicia que mereces, en tu memoria y en tu nombre no desistiremos», puede leerse en su página de Facebook. En otro mensaje más formal publicado en esta misma red social, la organización a la que pertenecía el asesinado ha hecho además un llamamiento a denunciar los actos de intimidación «para reafirmarle a la sociedad, a las personas que no creen y desacreditan nuestras luchas y a las autoridades, que somos agentes de derechos, que no pueden violentarlos y sobre todo que estamos articulados, y que no permitiremos que estos sucesos sigan siendo las únicas miradas que se le den a la comunidad LGTBIQ».
Guatemala: una realidad muy difícil para el colectivo LGTB
Según el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, el colectivo LGTB guatemalteco se enfrenta a violencia desde múltiples frentes, que van desde la represión policial a las bandas de delincuencia organizada, además de a la enorme presión de grupos conservadores altamente LGTBfóbicos que incluso han promovido la discusión en el Congreso de la República de la mal llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que entre otras cosas busca prohibir la información sobre diversidad sexual en los colegios.
Por desgracia, resulta difícil cuantificar dicha violencia contra las personas LGTB, que en Guatemala no gozan de protección contra la discriminación. Según un informe de 2018del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».
En cualquier caso, la violencia parece estar a la orden del día. Según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento.
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