Un matrimonio de dos hombres, Greg Bourke y Michael DeLeon, han sido nombrados personas del año por el National Catholic Reporter, una de las publicaciones católicas más prestigiosas de Estados Unidos. Michael y Greg son participantes activos de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en su ciudad y además fueron una de las parejas participantes en la demanda que llevó a la legalización del matrimonio igualitario en todo el país.

Llegados al final del año, llegan las habituales recopilaciones de noticias y, en especial, las propuestas de “personas del año”. Entre todas ellas, queremos destacar la del National Catholic Reporter, que ha señalado como personajes del año a un matrimonio de dos hombres, Greg Bourke y Michael DeLeon. Pareja desde hace 33 años, Bourke y DeLeon residen en estos momentos en Louisville (Kentucky) y tienen dos hijos. Son además católicos practicantes y miembros activos de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Louisville desde hace 28 años. En 2004, viajaron a Ontario, en Canadá, para contraer matrimonio. La pareja fue una de las que presentaron ante el Tribunal Supremo la demanda que desembocó en la sentencia que el pasado junio extendió el matrimonio igualitario a todo el territorio de los Estados Unidos.

En un largo editorial, la publicación religiosa estadounidense explica sus motivos. El texto señala, en primer lugar, que la legalización del matrimonio igualitario será un acontecimiento histórico que se estudiará en el futuro. Tampoco le cabe duda del enorme impacto que tendrá entre los católicos estadounidenses. El editorial presenta, en este sentido, las diferentes visiones sobre este impacto. Si algunos, como el arzobispo de Filadelfia Charles Chaput, hablan de “consecuencias dolorosas”, otros dudan de que vaya a ser así, invitan a la serenidad y están incluso abiertos a ver los posibles beneficios, sobre todo en relación a las personas LGTB que viven en el seno de las comunidades católicas. Esta última es, de hecho, la posición del Reporter.

Greg y Michael, junto sus hijos, constituyen precisamente uno de los ejemplos que, a juicio del Reporter, invita a apreciar esos efectos beneficiosos: “Una pareja católica que puede contar la historia de los beneficios del matrimonio entre personas del mismo sexo —y así lo hacen— es la de Greg Bourke y Michael DeLeon (…) Desde cualquier punto de vista, se han hecho vitales para su comunidad”. Citando una entrevista que les hicieron en The Huffington Post en marzo, el Reporter destaca cómo los periodistas los encontraron de voluntarios tomando pedidos de comida en una actividad parroquial, y señala asimismo las palabras del párroco: “Sencillamente, son buena gente, y de eso al final va todo el asunto, ¿no?”. Una visibilidad que ha sido uno de los factores determinantes para ser nombrados personas del año. El otro ha sido su papel como demandantes ante el Supremo. “Por su papel histórico como demandantes en Obergefell v. Hodges y por su testimonio público y creyente como gais católicos, nombramos a Greg Bourke y Michael DeLeon personas del año del National Catholic Reporter”, concluye el editorial.

El National Catholic Reporter es una de las publicaciones católicas más prestigiosas de los Estados Unidos. Aunque no esté orgánicamente vinculada a la Iglesia católica, su influencia en el país norteamericano y más allá es indudable. Por ello, su decisión resulta muy significativa, aunque no deja de ser coherente con su tradicional línea de apertura a la realidad LGTB. Ya hace un tiempo la publicación se pronunció, por ejemplo, a favor de la permanencia de los trabajadores en instituciones católicas que estuvieran casados con otra persona de su mismo sexo (en 2015, al menos 10 personas perdieron sus trabajos en instituciones católicas de Estados Unidos por ese motivo).

Discriminados, pese a todo, por su iglesia

Esta defensa de la no discriminación hacia las personas LGTB en la iglesia católica tiene también relevancia para Greg y Michael. Y es que ser miembros activos y respetados de su parroquia no los ha librado de ser discriminados. En su caso, debido a la pertenencia de Greg a los Boy Scouts. Hace cuatro años Greg fue retirado de su posición de líder de tropa debido a su matrimonio con Michael. Durante ocho años había sido voluntario en la tropa donde estaba su hijo, seis de ellos como líder. Precisamente, el eco mediático que obtuvo su caso fue lo que atrajo la atención a quienes, por entonces, buscaban personas que se ofreciesen como demandantes en la causa que, años más tarde, dio como fruto la legalización del matrimonio igualitario.

Este año 2015, cuando los Boy Scouts levantaron la prohibición, Greg quiso recuperar su puesto. Sin embargo, permanece en vigor una cláusula que permite que ciertas ramas ligadas a comunidades religiosas tengan sus propias reglas de pertenencia. Aprovechando esto, el obispo de Louisville, Joseph Kurtz, ordenó a todos los sacerdotes de su diócesis que no aceptaran a personas abiertamente homosexuales como líderes, lo que ha impedido que Greg pueda volver a ser líder de tropa en los Scouts.

En definitiva, si la visibilidad de Greg y Michael ha dado frutos en la sociedad civil con el reconocimiento de su matrimonio, en la iglesia a la que pertenecen siguen siendo personas discriminadas. En el campo religioso, y a pesar de su posición más bien privilegiada (son voluntarios y no dependen de la iglesia para mantener sus puestos de trabajo), Greg y Michael tienen aún mucho camino por delante. Esperemos que el simbólico espaldarazo de una publicación como el National Catholic Reporter contribuya a cambiar algún día esta realidad.

Funt Dosmanzanas

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Recogimos la historia hace ya casi tres años: una pareja de mujeres de Oregón denunció a una pastelería por negarse a elaborar su pastel de boda. Su dueño les dijo que sus creencias religiosas le impedían elaborar la tarta para una boda homosexual. La pastelería ha tenido que abonar ahora una multa de 144.000 dólares. Desde 2007 el estado de Oregón prohíbe a los establecimientos comerciales discriminar a los clientes por su orientación sexual o identidad de género.

Aaron Klein, dueño de la pastelería Sweet Cakes en Gresham (Oregón), negó haber insultado a la pareja, pero admitió que había rechazado elaborar el pastel por razones religiosas. “Les pedí disculpas por las molestias ocasionadas y les dije que no servimos a matrimonios del mismo sexo (…) No quise ofender a nadie, es simplemente algo en lo que creo profundamente“, declaró Klein, que se escudó en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para defender su supuesto derecho a “practicar mi religión de la forma en la que yo la veo“.

Han pasado casi tres años, y ahora hemos conocido que el estado de Oregón ha obligado por fin a Aaron y Melissa Klein, dueños de la pastelería, a abonar una multa de 137.000 dólares a Laurel y Rachel Bowman-Cryer, la pareja que fue víctima del episodio discriminatorio. Una cifra que se suma a los 7.000 dólares que ya habían abonado a principios de este mes. El estado de Oregón prohíbe a los establecimientos comerciales discriminar a los clientes por su orientación sexual o identidad de género, y únicamente reconocer exenciones a esta norma a organizaciones religiosas.

La multa, en realidad, les había sido impuesta hace ya seis meses, pero los Klein se habían negado hasta ahora a pagar la multa alegando dificultades financieras, y ello a pesar de haber recaudado más de medio millón de dólares en varias cuentas abiertas para que quienes les quisiesen ayudar pudieran hacerlo. El dinero, no obstante, permanecerá en depósito y no será entregado al matrimonio Bowman-Cryer hasta que la sanción sea firme, dado que los Klein han recurrido la multa ante los tribunales.

Una negativa que desencadenó una gran polémica 

En su momento, la lamentable noticia desencadenó una gran polémica en los Estados Unidos, gracias sobre todo a que los grupos de la derecha cristiana se movilizaron a favor de los pasteleros (ahí está el más de medio millón de dólares recaudado) y desencadenaron una formidable campaña mediática construida en buena parte a base de falsedades para convertir a los pasteleros en una especie de “mártires de la causa cristiana” (un artículo publicado por The New Civil Rights Movement la analizaba con detalle hace unos meses).

También la pareja discriminada recibió innumerables muestras de apoyo. Una de las más celebradas fue el ofrecimiento de Duff Goldman, dueño de la pastelería Charm City Cakes de Baltimore, para elaborar gratuitamente el pastel de boda de la pareja y hacerse cargo de los gastos de su traslado. Goldman es un pastelero conocido en todo el país por haber sido el protagonista de Ace of Cakes, un reality en torno al mundo de la pastelería emitido con gran éxito entre 2006 y 2011 por Food Network, un canal de televisión especializado en alimentación y cocina.

Fuente Dosmanzanas

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Otro país se suma a la homofobia de estado y consagra en su Constitución la discriminación de las parejas del mismo sexo. Se trata de Armenia, cuya nuevo texto constitucional, ampliamente reformado, incluye una modificación de su artículo 34 para hacer explícita la prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La nueva Constitución armenia fue aprobada en referéndum el pasado 6 de diciembre, con el propósito de cambiar el régimen político desde un sistema presidencial (en el que el presidente de la República es elegido por sufragio directo y tiene importantes poderes ejecutivos) a un sistema parlamentario, en el que dichos poderes pasan a manos de un primer ministro elegido por el Parlamento. Aunque solo votó la mitad del censo, la reforma recibió el visto bueno del 66% de los que acudieron a las urnas, consiguiendo por estrecho margen superar el umbral necesario del 33% del censo.

Según sus críticos, la reforma fue impulsada por el presidente armenio, Serzh Sargsián, para seguir controlando los resortes del poder una vez que concluya su segundo y último mandato. Sargsián, además de actual presidente de Armenia (con importantes poderes ejecutivos), es el líder del Partido Republicano de Armenia, una formación de derecha nacionalista (adscrita con el estatus de observadora al Partido Popular Europeo) que controla buena parte de los resortes del poder desde que el país dejó de ser una república soviética y que ha gobernado el país entre acusaciones de corrupción y nepotismo.

Pero más allá del propósito político principal de la reforma, lo que llama la atención es que se aprovechase la ocasión para modificar el artículo 34 de la Constitución, referido al derecho de hombres y mujeres a contraer matrimonio y formar una familia, para añadir la coletilla de “entre sí”, lo que hace legalmente inviable no solo una futura reforma legal para aprobar el matrimonio igualitario en Armenia, sino que una pareja del mismo sexo casada en otro país pueda ver reconocido su matrimonio en Armenia a menos que se modifique la propia Constitución. “En Armenia, la familia es la unión de un hombre y una mujer”, justificó en su momento Hrayr Tovmasian, miembro de la comisión presidencial que propuso la reforma constitucional, para justificar el cambio.

En la práctica, nada va a cambiar para las personas LGTB en Armenia, dado que nadie planteaba seriamente legalizar el matrimonio igualitario en ese país, pero lo sucedido no deja de ser un nuevo síntoma de hasta qué punto llega la discriminación social de este colectivo en Armenia, donde ya en su momento se intentó aprobar una ley contra la “propaganda homosexual” al estilo de la vigente en Rusia, aunque entonces la propuesta acabó siendo retirada como consecuencia de su negativa repercusión internacional. Sin embargo, según un informe del que nos hicimos eco con cierta extensión hace ahora año y medio, el hecho de que la legislación homófoba no saliera entonces adelante no significó ningún avance en la situación de los armenios LGTB. Antes al contrario, el informe constataba “una clara regresión” en tanto que “las personas LGTB se enfrentan a la discriminación en todas las áreas de la vida social y económica, son vulnerables a ataques verbales y físicos y siguen siendo en gran medida invisibles por temor a represalias”. Lo sucedido ahora hace temer que las cosas no han mejorado.

¿Suiza, próximo país en consagrar constitucionalmente la discriminación?

Armenia se une así a la ya larga lista de países que prohíben constitucionalmente el matrimonio igualitario, básicamente estados de la Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia (lo que fue aplaudido por el papa Francisco), Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Pero no hablamos de una situación exclusiva de la “atrasada y conservadora” Europa postcomunista. Suiza, un país en el que el populismo derechista cuenta cada vez con más adeptos, puede convertirse en solo unas semanas en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución si los votantes dan su visto bueno a la propuesta del Partido Demócrata Cristiano suizo (otra formación en la órbita del Partido Popular Europeo, esta vez como miembro asociado). El referéndum suizo tendrá lugar el 28 de febrero.

Fuente Dosmanzanas

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En marzo de 2014 llegaba una mala noticia desde Taiwán, el Gobierno del país asiático limitaba el matrimonio a las parejas heterosexuales pero parece que la presión mediática, social y de los grupos activistas ha hecho que se flexibilice la normativa y, a partir del próximo 1 de enero, las parejas del mismo sexo que se registren en Taipei y Kaohsiung, las dos grandes ciudades de la isla, serán reconocidas automáticamente.

Kaohsiung se convirtió en la primera ciudad en Taiwán en permitir en el pasado mes de mayo a los residentes homosexuales inscribirse en el registro como Unión Civil, seguida de Taipei en junio. La ciudad de Taichung fue la última en incorporar esta normativa en octubre. El director general de la oficina de asuntos civiles de Kaohsiung, Tseng Tzu-wen, explicó que los «registros’ serán simbólicos ya que el código civil sólo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer.

Al no haber ningún certificado de por medio, se entregarán a las parejas un acuerdo que tendrán que firmar. Pero la ley tiene sus propias restricciones: Las parejas registradas no tendrán los mismos derechos que las casadas pero sí contemplan algunos beneficios. Las agencias públicas, incluyendo los servicios médicos, el sistema de justicia y la policía pueden acceder al registro de familias de la ciudad, lo que permitiría a las parejas registradas poder actuar como representantes legales de sus cónyuges. Por ejemplo, dar su consentimiento para una cirugía de emergencia.

Los residentes pueden registrarse con su documento de identidad y una prueba de que realmente es efectiva la relación de pareja. También pueden cancelar el registro si la pareja se separa.

El acuerdo se hizo «para dar a las parejas del mismo sexo el consuelo espiritual y para garantizar que las promesas que se hicieron el uno al otro con respecto a su vida en común puede llevarse a cabo», explican desde el departamento de Asuntos Civiles de Taipei. Hasta el momento 44 parejas en esa ciudad se han registrado. Además, no se descarta ampliar el acuerdo para incluir a la ciudad de Taichung en el futuro.

Este pasado sábado, unas 2.000 personas marcharon en el Orgullo de Taiwan para solicitar que el registro de uniones se amplíe a esta cuarta ciudad de Taiwán y una de las más poblada de la República de China después de Taipéi, Kaohsiung y Taichung.

Taiwán no reconoce el matrimonio homosexual. Un proyecto de ley de matrimonio homosexual logró pasar una primera lectura en el Parlamento en 2013, pero desde entonces se ha estancado por culpa de una pequeña pero ruidosa minoría cristiana que se opone frontalmente.

Foto de portada: Instragram (charlesc1025)

Fuente Ragap

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Los derechos LGTB han sufrido un duro golpe en Europa, pero avanzan en América Latina. Mientras un referéndum anulaba la ley de matrimonio igualitario aprobada en Eslovenia, el estado mexicano de Nayarit la aprobaba por aplastante mayoría del Congreso local: 26 votos a favor, una abstención y solo un voto en contra. Nayarit es el cuarto territorio mexicano con matrimonio igualitario pleno, si bien por vía judicial las bodas son posibles ya en todo el país.

Votaron a favor del matrimonio igualitario casi todos los diputados del Congreso local, incluyendo los representantes de los tres principales partidos mexicanos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Acción Nacional (PAN), aunque una diputada de este último se abstuvo. El único voto en contra fue el de un diputado del Partido Verde Ecologista (una fuerza que pese a lo que su nombre defiende posiciones conservadoras en lo social). La iniciativa, que llevaba discutiéndose desde el 25 de junio en el Congreso de Nayarit, había partido del diputado del PRD Luis Manuel Hernández Escobedo y contó con el apoyo expreso del gobernador del estado, el priista Roberto Sandoval.

Antes de Nayarit, estado de la costa oeste del país, solo dos territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (desde 2009) y norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también era ya posible en el estado de Quintana Roo (en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Un escenario judicial favorable

En Nayarit ya se habían celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial, como por otra parte ya ha sucedido en la inmensa mayoría de los estados mexicanos. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se han reproducido luego en amparos a parejas de numerosos estados. En uno de ellos, Chihuahua, el propio gobierno decidía el pasado julio dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se aprobase una ley de matrimonio igualitario.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que hace pocos meses recibió un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide la extensión a todo el país

De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) acaba de emitir una recomendación oficial a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de todos los estados del país para que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar. “Este Organismo Nacional enfatiza que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el cual puede ser el mismo, tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales. Solamente el Distrito Federal y Coahuila han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario y, si bien es cierto que algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como ‘sociedad de convivencia’, ‘pacto civil de solidaridad’, ‘enlace conyugal’, resultan discriminatorias pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente”, expresa el citado organismo.

La CNDH también recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene ya en su jurisprudencia que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido.

Fuente Dosmanzanas

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Estar casado con un hombre no es motivo justificado para discriminar a un trabajador en un centro católico: así de rotunda ha sido la sentencia de un juez en Massachusetts (Estados Unidos). La sentencia apela a una ley antidiscriminatoria del Estado y rechaza la aplicación de una excepción por libertad religiosa.

Matthew Barrett recibió una oferta para trabajar como director de servicios alimentarios en el colegio católico Fontbonne Academy (una escuela preparatoria para chicas de Milton, al norte de Boston) en 2013. Cuando tuvo que rellenar un formulario para empleados con sus datos, se encontró con una casilla destinada a indicar un número de contacto en caso de emergencia. Puso el de su marido, Ed Suplee. Ante ello, las autoridades del colegio le indicaron que no se le iba a contratar porque, según alegaban, su matrimonio era inconsistente con las enseñanzas de la iglesia. Barrett decidió entonces presentar una demanda, siendo representado por la Gay and Lesbian Advocates and Defenders (GLAD) de Boston.

Los representantes del colegio alegaron su derecho a la libertad religiosa, un argumento bastante habitual para justificar este tipo de actos. La sentencia ha rechazado este argumento y ha dejado claro que el colegio violó la legislación del Estado contra la discriminación hacia las personas LGTB. En el veredicto, del juez Wilkins, ha sido determinante la consideración de que el trabajador en realidad no suponía en sí mismo riesgo para la transmisión de la doctrina oficial de la Iglesia, dado que no se trata de un “profesor, ministro o portavoz de Fontbonne” y “no se ha visto comprometido en la defensa pública del matrimonio entre personas del mismo sexo“.

Wilkins señala igualmente que el colegio también da empleo a no católicos excepto en la dirección y como profesores de religión; los admite como alumnos y hasta tiene su propia política interna contra la discriminación por orientación sexual. El colegio trató de alegar que el rechazo se debía a que estaba casado y no a su sexualidad, pero el juez no aceptó el argumento.

Tras esta sentencia vendrá ahora una audiencia para abordar los daños y perjucios, según informa GLAD. También es cierto que Fontbonne podría apelar la decisión pero hasta la fecha el colegio ha rechazado hacer declaraciones.

Este caso no es sino uno de tantos de discriminación por parte de empleadores con afiliación religiosa contra personas que están en matrimonios con alguien de su mismo sexo. Por ello, esta sentencia es importante, al establecer una clara limitación a la alegación de libertad religiosa. En este caso, no basta con estar casado y que se sepa; es necesario mostrar que activamente la persona supone un “foco de difusión” de doctrinas no acordes con la enseñanza católica. Cierto es que se mantiene el problema de si bajo la “libertad religiosa” puede hacerse lo que, a fin de cuentas, es privar de un trabajo (es decir: causar un daño objetivo y no una ofensa subjetiva, más cuando el trabajo escasea y perder un empleo puede suponer un serio perjuicio al desempeño de la propia vida) y de que la sentencia ha sido posible gracias a que el estado de Massachusetts dispone de una legislación antidiscriminatoria por razones de orientación sexual. En cualquier caso y con todas las salvedades es de agradecer que sentencias como esta restrinjan el alcance de las pretendidas “exenciones” en nombre de la libertad religiosa.

Fuente Dosmanzanas

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El Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo francés, ha desestimado este 18 de diciembre todos los recursos presentados contra los decretos para la aplicación del matrimonio igualitario. Las reclamaciones, unificadas por el Consejo de Estado en un solo dictámen, tenían como objetivo conseguir la inaplicabilidad de la ley por violar tratados internacionales, o permitir la objeción de conciencia para los alcaldes y concejales que rehúsen celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. El alto tribunal administrativo ha dictaminado en contra de todos los recursos, por lo que se cierra definitivamente la última puerta abierta para las reclamaciones de quienes se oponen a los derechos LGTB.

Una vez que el Consejo Constitucional francés validara la ley de matrimonio igualitario, que fue aprobada por el Parlamento en 2013, ya no cabía recurso alguno contra la validez de la ley en sí. A los contrarios a la igualdad de derechos solo les quedaba abierta la puerta del contencioso administrativo, donde podían recurrir los decretos y circulares con los que se modificaban los diversos trámites y documentos relacionados con el matrimonio. Por ello acudieron al Consejo de Estado, la más alta instancia administrativa del país.

El Ministerio de Justicia había emitido el 24 de mayo de 2013 un decreto y una orden ministerial para la aplicación efectiva de la ley de matrimonio igualitario. Posteriormente, recordó los cambios legislativos y reglamentarios en una circular de 29 de mayo de 2013. Por medio de otra circular, emitida el 13 de junio de 2013, el ministro del Interior recordó a los prefectos las condiciones bajo las cuales las autoridades competentes podían celebrar matrimonios y las consecuencias de una negativa ilegal a tal celebración. Contra todas esas disposiciones se dirigieron los diversos recursos.

La Unión de Familias de Europa estimaba que la reforma de la ley de matrimonio era “contraria a los tratados firmados por Francia” como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la ONU el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por Francia el 28 de mayo de 1981, el cual estipula que “el derecho a casarse y fundar una familia se reconocerá al hombre y la mujer en edad núbil”. En base a ello, instaba al Consejo de Estado a anular el decreto de aplicación de la ley de 24 de mayo de 2013 y la orden del Ministerio de Justicia del mismo día para la modificación de los libros de familia. La anulación de esas normativas causaría que la ley de matrimonio igualitario fuese inaplicable en la práctica.

El alto tribunal administrativo, sin embargo, sostiene que “los tratados internacionales que garantizan el derecho a contraer matrimonio y el consentimiento de los cónyuges al matrimonio no requieren que el matrimonio y la adopción estén reservados a las parejas de sexo opuesto. Tampoco lo hacen la Convención sobre la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional”. En consecuencia, el recurso de la Unión de Familias de Europa ha sido desesmitado. En su día, la asociación afirmó que recurriría hasta el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas si el Consejo de Estado fallaba en su contra.

Por su parte, algunos dirigentes municipales y asociaciones como el Colectivo de alcaldes por la infancia, muy cercana al movimiento homófobo contra el matrimonio igualitario “Manif pour tous”, reclamaban poder aplicar la objeción de conciencia para rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, delito estrictamente castigado por la legislación francesa con penas de hasta cinco años de prisión. La objeción de conciencia ya había sido declarada improcedente por el Consejo Constitucional en referencia a los artículos del Código Civil modificados por la ley de matrimonio igualitario, por lo que estos recursos también se ceñían a los decretos de aplicación de la ley.

El Consejo de Estado ha corroborado la decisión del Consejo Constitucional, al estimar que “ningún texto o principio impone a los oficiales del registro civil que aprueben las elecciones de vida de quienes celebran su boda. Teniendo en cuenta el interés general exigido para el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público civil del Estado, este tribunal sostiene que la prohibición a los oficiales del registro civil de rehusar la celebración de matrimonios, en los casos dispuestos por la ley, no ignora la libertad de conciencia garantizada por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”. Los recursos, pues, también han sido desestimados, con lo que la vía judicial en Francia ha quedado definitivamente cerrada por los contrarios a los derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El estado de Tasmania (formado por la isla homónima y otras islas adyacentes, todas ellas al sureste del país) es el primer territorio australiano que se disculpa formalmente por la legislación que penalizó las relaciones homosexuales hasta 1997. El gobierno estatal ha anunciado que introducirá una nueva ley en 2016 para restaurar la imagen de todas las personas afectadas por la vieja ley discriminatoria. En este sentido, además de las disculpas, a las víctimas de la injusta homofobia institucional y legal se les retirarán los antecedentes existentes por esta circunstancia. Por el momento no se conocen muchos más detalles sobre la futura ley y tampoco se ha especificado si habrá indemnización económica para los afectados (lo que parece poco probable).

Durante años, la legislación homófoba de Tasmania fue la más dura de entre las llamadas “democracias occidentales”. Nada menos que hasta 21 años de prisión por mantener relaciones gais. También se persiguió lo que la ley llamaba “travestismo”. La ley de reparación de las víctimas prevé contemplar, igualmente, a estas víctimas. Asimismo, este estado fue el último de toda Australia en descriminalizar las relaciones consentidas entre dos hombres (lo hizo en el año 1997; hace menos de dos décadas).

La Fiscal General del Estado, Vanessa Goodwin, ha manifestado que “la legislación asegurará que cualquier individuo procesado en virtud de estos delitos ya no sufrirá angustia ni estará en desventaja, por antecedentes penales, en relación con los viajes, el empleo y el voluntariado”.

Por su parte, uno de los líderes históricos LGTB de Tasmania, Roodney Croome, ha mostrado su satisfacción a través de su cuenta de Twitter: “es una gran noticia que [el Gobierno de Tasmania] permita que los expedientes de sexo gay sean borrados y se disculpe con las víctimas de las leyes anti-gay”. Hasta el momento, otros cuatro estados ya han aprobado leyes eliminación de antecedentes penales, pero ninguno ha ofrecido disculpas a las víctimas injustamente detenidas.

Great news that TasGov will allow gay sex records to be expunged & apologise to victims of fmr anti-gay laws. Apology will be natnl 1st!

— Rodney Croome (@RodneyCroome) diciembre 17, 2015

La “nueva” política LGTB de Tasmania

Paradójicamente, con el paso de los años, Tasmania ha pasado de ser un territorio retrógrado a uno de los más progresistas en materia LGTB. En agosto de 2012, tal y como publicaba dosmanzanas, el Gobierno estatal anunció si Australia no daba luz verde el matrimonio igualitario a nivel federal, lo haría por su cuenta. Solo un mes después, la cámara baja del Parlamento de Tasmania aprobaba un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque luego la cámara alta lo rechazó por un estrecho margen.

En el ámbito federal australiano, la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda, gracias a la victoria en referéndum, abría nuevas perspectivas para las parejas del mismo sexo en Australia el pasado mes de mayo. En julio nos hacíamos eco de la iniciativa parlamentaria para aprobar el matrimonio igualitario y en agosto recogíamos las distintas movilizaciones que se produjeron en distintos puntos de Australia en favor de la equiparación de derechos. A pesar de todo, acabó imponiéndose la opinión del primer ministro Tony Abbott, una voz tenaz contra al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

En estos momentos, con un nuevo primer ministro (Malcolm Turnbull) la cuestión sigue paralizada y la oposición está empezando a perder la paciencia (lo contábamos hace solo unas semanas). El Senado, de hecho, le pedía a Turnbull que no pospusiera la decisión hasta la celebración de un referéndum en 2017.

Fuente Dosmanzanas

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La consulta, en cuya votación ha destacado la baja participación, fue impulsada por grupos católicos y conservadores opuestos a esa norma, que sí ha sido apoyada por el primer ministro y el presidente, «en nombre de la igualdad de derechos». Los partidarios del «no» al matrimonio igualitario se han impuesto en el referéndum celebrado en Eslovenia sobre la anulación de la ley que en marzo concedió ese derecho a las parejas del mismo sexo, a la espera de conocer el dato de participación decisivo en esta consulta.

Los eslovenos han decidido votar mayoritariamente en contra de los derechos de sus conciudadanos LGTB. El referéndum sobre el matrimonio igualitario que ha tenido lugar a lo largo de esta semana en Eslovenia se ha saldado con la victoria de quienes querían derogar la ley de matrimonio igualitario, aprobada por el Parlamento esloveno en mayo de 2015. En contradicción de unas encuestas que reflejaban un resultado más ajustado, aproximadamente un 63,5 % de los votantes han dicho no al matrimonio entre personas del mismo sexo. Eslovenia ha dejado de ser el único país de la antigua Europa del Este, y el único de mayoría eslava, que permitía el matrimonio igualitario, y lo ha hecho por decisión de sus ciudadanos.

A instancia de grupos contrarios a los derechos LGTB, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar para este 20 de diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogar la reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares aprobada el pasado 3 de mayo, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), sus detractores lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular con el fin de invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional lo consideró pertinente, por lo que finalmente ha tenido lugar. Según la normativa eslovena, para que una ley aprobada por el Parlamento sea derogada mediante referéndum, se necesita que “una mayoría de los votantes que han emitido votos válidos vote en contra de la ley, siempre que al menos una quinta parte de todos los votantes calificados hayan votado en contra de la ley“. Es decir, además de obtener la mayoría de los votos, el total de votantes contrarios a la ley debería suponer al menos el 20 % del total del censo electoral esloveno, aproximadamente 1.700.000 eslovenos con derecho a voto, es decir unas 340.000 personas, independientemente del número de participantes en la consulta. Finalmente, las aproximadamente 390.000 personas que se han opuesto a la igualdad de derechos han bastado para anular la norma.

La iniciativa de referéndum se plasmó gracias a una recogida de firmas del grupo católico «Están en juego los niños», que recogió más de 80.000 apoyos y propició así la convocatoria. En un referéndum similar de 2012, al menos el 55 por ciento de los votantes se posicionaron en contra de dar más derechos a las parejas del mismo sexo.

Los datos ofrecidos por el Gobierno esloveno tras el cierre de las votaciones cifran el censo esloveno en un total de 1.714.182 ciudadanos. Por lo tanto, para derogar la ley, los votos contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo deberían sumar al menos 342.836, la quinta parte del total del censo. En el referéndum han participado más de 620.000 eslovenos (por encima del 36 %). Con más del 99 % de los votos escrutados, los contrarios al matrimonio igualitario superaban los 391.000, frente a poco más de 225.000 favorables. La cifra de votos contrarios al matrimonio igualitario supera así ampliamente la mínima establecida, por lo que la ley deberá ser derogada. Las personas LGTB eslovenas seguirán legalmente discriminadas por decisión de sus conciudadanos.

«¿Está usted a favor de que entre en vigor la ley sobre enmiendas y complementos de la ley del matrimonio y familia que el Parlamento aprobó el 3 de marzo de 2015?« era el texto de la consulta, convocada por una plataforma católica movilizada bajo el nombre «Se trata de los niños».

«El resultado es un triunfo para todos nuestros niños», comentó Ales Primc, uno de los representantes de esa iniciativa. «La gente no quiere permitir que sean derribados los valores que para la mayoría son sagrados, como la familia, la paternidad y la maternidad», alegó por su parte France Cukjati, del principal partido de la oposición, el conservador SDS.

Martina Vuk, ministra del Trabajo, del centrista y gubernamental SMC, opinó que «ha triunfado un gran miedo creado artificialmente» y lamentó que el resultado «muestra que los derechos humanos en Eslovenia no valen todavía para todos«.

Desde Izquierda Unida, una formación también opositora pero que impulsó la reforma legal, se aseguró que se seguirá insistiendo en la equiparación de derechos y que una ley en este sentido entrará en vigor antes o después.

La norma fue aprobada en marzo gracias a la mayoría de centro-izquierda que gobierna el país y se encontró inmediatamente con la oposición de los sectores conservadores y católicos del país. Según la ley eslovena, el Parlamento tendrá que esperar al menos un año para aprobar una nueva legislación en la materia, por lo que mientras tanto seguirá en vigor la actual norma en materia de familia, adoptada hace 35 años. Aunque los estudios sociológicos indican que la mayoría de los eslovenos aprueban el matrimonio homosexual, los sondeos habían previsto ya que hubiera más participación entre quienes se oponen.

La ley de marzo convirtió a Eslovenia en el primer país de Europa del Este y el primero del antiguo bloque comunista en igualar los derechos de homosexuales y heterosexuales. Con esta anulación, el país es ahora uno de los primeros en aprobar una ley de igualdad de derechos de los homosexuales para luego revocarla. No es la primera vez que una consulta popular contradice una ley de equiparación de derechos.

Eslovenia es un país de profundas raíces católicas a pesar de que poco más de la mitad de la población se declara creyente, un porcentaje muy inferior al 97 por ciento anterior a la Segunda Guerra Mundial y al 72 por ciento de 1991.

La situación del colectivo LGTB esloveno es ahora incierta. Existe desde 2006 una ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo, pero es muy restrictiva, pues excluye, entre otros, los derechos relativos a la seguridad social, herencia o adopción. En 2009 el Tribunal Constitucional dictaminó que era inconstitucional impedir a las parejas del mismo sexo que heredasen la propiedad del otro. Además, estipuló que el tratamiento diferente de las uniones civiles respecto al matrimonio constituía una discriminación por orientación sexual, lo cual violaba el artículo 14 de la Constitución de Eslovenia. Dio al Parlamento un plazo de seis meses para enmendar la situación, pero los distintos procesos electorales obstaculizaron el cumplimiento de ese mandato.

En 2014, el ministro de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales presentó un nuevo proyecto de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo, que otorgaba los mismos derechos que el matrimonio, exceptuando la adopción y el acceso a la reproducción asistida. Sin embargo, la iniciativa quedó en suspenso debido a unas nuevas elecciones anticipadas. El Gobierno entrante, finalmente, decidió aparcar el proyecto de ley y apostar por el matrimonio igualitario, aprobándolo en mayo de 2015. Queda por saber si ahora retomará el proyecto de ley de uniones civiles aparcado.

Fuente Dosmanzanas, Cueca.com y Cáscara Amarga,

General, Homofobia/ Transfobia. Ales Primc, Discriminación, Eslovenia, France Cukjati, Izquierda Unida, Martina Vuk, Matrimonio, Referendum, SDS, SMC, Tribunal Constitucional de Eslovenia

“Za” (Sí) al matrimonio igualitario

La ciudadanía de Eslovenia ha comenzado a dirigirse a las urnas para decidir si la ley aprobada el pasado mes de marzo que propone los derechos matrimoniales en términos de género neutro es anulada o no. El domingo conoceremos el resultado, pero hasta entonces varios representantes políticos y sociales han instado al país a conservar el derecho.

Los ciudadanos eslovenos votan esta semana en un referéndum sobre la derogación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento el 3 de marzo de 2015. La votación anticipada ya ha tenido lugar los días 15, 16 y 17 de diciembre, y concluirá el próximo día 20. Los votos contrarios al matrimonio igualitario no solo tienen que superar a los favorables, sino que además deben suponer al menos el 20 % del total del censo electoral esloveno. Los votos necesarios para invalidar la ley no se sabrán con exactitud hasta el mismo día del referéndum, dado los cambios que puede experimentar el censo, pero se prevé que rondarán los 343.000. Según las últimas encuestas, aunque los detractores de los derechos LGTB logran una pequeña ventaja sobre los partidarios, no lograrán alcanzar el total de votos exigidos para derogar el matrimonio igualitario.

El Parlamento esloveno fijó para el 20 de diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogar la reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares aprobada el pasado 3 de mayo, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), los contrarios a los derechos LGTB lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular para invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional lo consideró pertinente, por lo que finalmente ha tenido lugar. No obstante, el referéndum debe adaptarse a las exigencias de una enmienda Constitucional aprobada en 2013, que endurecía las condiciones para que se pueda derogar mediante consulta popular una ley aprobada por el Parlamento. El texto de la enmienda que se refiere a ese aspecto, dice literalmente:

Una ley será derogada mediante referéndum si una mayoría de los votantes que han emitido votos válidos vota en contra de la ley, siempre que al menos una quinta parte de todos los votantes calificados hayan votado en contra de la ley.

Es decir, además de obtener la mayoría de los votos, el total de votantes contrarios a la ley debe suponer al menos el 20% del total del censo electoral esloveno, independientemente del número de participantes en la consulta.

La Comisión Nacional Electoral estableció el pasado mes de noviembre las condiciones del referéndum. La votación tendría lugar a lo largo de las jornadas del martes 15, miércoles 16, jueves 17 y domingo 20 de diciembre, en horario de 7 a 19 horas. Su presupuesto no podría superar los 3.200.000 euros (3.463.000 dólares). Finalmente, ofrecía el dato del total de electores del censo esloveno en esa fecha, que ascendía a 1.715.518, y consiguientemente el total de votos negativos necesarios para derogar la ley si se mantuviera esa cifra, que debían ser al menos 343.104. La cifra exacta necesaria, sin embargo, no se sabrá hasta la misma jornada del 20 de diciembre.

Integrantes del Parlamento Europeo, entre los que se incluye la Comisaria de Transportes de origen esloveno Violeta Bulc, han iniciado una campaña pública respaldando el respeto a la normativa, con el objetivo de evitar que se revoque la ley que da derechos igualitarios a las parejas hetero y homosexuales en el acceso a la institución matimonial.

A la espera del conocer los resultados del mismo, que se harán públicos este domingo, sus bases detallan que con una participación mayor del 20% su resultado será vinculante, con el consecuente riesgo de que sean cercenados los derechos matrimoniales de las parejas del mismo sexo.

Borut Pahor, Presidente de Eslovenia, ya ha respaldado públicamente su apoyo a la Ley. Y de acuedo con Eurobarómetro de 2015 el 54% de la ciudadanía eslovena está a favor del derecho, frente a un 40% que se opone.

Si el país apoya el respeto a la ley, se convertiría en el primer país de Europa Central que somete a consulta pública la conservación de este derecho, en un contexto que tiene como precedente que más de 10 países europeos ya han implementado leyes en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo –incluyendo a Irlanda, el primero que usó un referéndum para hacerlo-.

Un resultado incierto hasta el último momento

Las diversas encuestas realizadas en los últimos días ofrecen resultados contradictorios, dada la poca diferencia existente entre detractores y partidarios de los derechos LGTB, que parece dividir en dos partes casi iguales a la población eslovena. En lo que coinciden es en el perfil de ambos bandos: los favorables al matrimonio igualitario se encuentran en la izquierda política, las personas más jóvenes, los habitantes de las grandes ciudades y con estudios superiores; los contrarios son mayoritarios entre la derecha, las personas con bajo nivel educativo y profesional, las personas mayores y en el mundo rural.

Dos de los últimos sondeos, efectuados el 16 de diciembre, dan muestran de lo apretado del resultado previsto, pues cada uno de ellos otorga la victoria a un bando diferente por un margen de diferencia muy pequeño.

Según el diario Delo, un 40 % de los eslovenos votaría en contra del matrimonio igualitario y un 43 % lo haría a favor. El restante 17 % se mostraba indeciso.

En el sondeo efectuado por la empresa Episcenter, sin embargo, un 51,5 % afirma que votará en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y un 48,5 % lo hará a favor. Episcenter ofrece además el porcentaje de participación en la consulta, que prevé en un 37,4 % del electorado. Las cifras entonces serían las siguientes:

• Según Episcenter, el total del censo electoral esloveno al 11 de diciembre era de 1.714.050 ciudadanos.
• La quinta parte de ese censo electoral es 342.810, que sería el total de votos negativos necesarios para derogar la ley de matrimonio igualitario.
• La participación del 37,4 % daría un total de 641.055 votantes.
• El 51,5 % de esos votantes que se prevé que voten negativamente ascendería entonces a 330.143, por lo que no se alcanzaría el mínimo necesario para invalidar la ley.

En todo caso, dado lo apretado de la diferencia entre detractores y partidarios, el margen de error de ese resultado previsto es muy amplio. Estaremos atentos a los resultados del domingo 20 de diciembre.

Una aprobación histórica puesta en la cuerda floja

El Parlamento de Eslovenia aprobó el 3 de marzo de 2015 una reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares que abría la institución a las parejas del mismo sexo y permitía además la adopción homoparental. La medida fue aprobada por una abrumadora mayoría  de 51 votos contra 28. A favor votaron los diputados de Izquierda Unida, los del centrista Partido de Miro Cerar (el actual primer ministro), los Socialdemócratas y los liberales de la Alianza de Alenka Bratušek. El Partido Democrático de los Pensionistas dejó libertad de voto a sus parlamentarios. En contra votaron los diputados del centroderechista Partido Democrático Esloveno y los del democristiano Nueva Eslovenia. Eslovenia se convertía así en el 13º país europeo en aprobar el matrimonio igualitario (posteriormente Irlanda sería el 14º). También era el primer país perteneciente a la antigua Europa del Este, y el primero de mayoría eslava, en hacerlo.

Pero los opositores al matrimonio igualitario se pusieron inmediatamente manos a la obra para conseguir la convocatoria de un referéndum que anulase la nueva redacción de la ley, tal y como sucedió en 2012, cuando una reforma mucho menos ambiciosa, referente a la adopción de los hijos de la pareja del mismo sexo, fue invalidada por un 54,55% de los votos en un referéndum cuya participación fue del 30,31%. En poco tiempo, los contrarios a los derechos LGTB lograron recoger las 40.000 firmas necesarias para instar la consulta popular, pero el Parlamento decidió de forma muy mayoritaria suspender el proceso, al considerar que el referéndum tenía como objeto derogar una ley que reconoce derechos fundamentales, y que por lo tanto sería contrario a la enmienda a la Constitución aprobada en 2013. Según dicha enmienda, no pueden ser sometidas a consulta popular “las leyes que supriman una inconstitucionalidad en el campo de los derechos humanos y las libertades fundamentales o cualquier otra inconstitucionalidad”.

Sin embargo, el bando homófobo decidió recurrir la resolución del Parlamento ante Tribunal Constitucional, al no considerar el matrimonio entre personas del mismo sexo un asunto de derechos humanos o libertades fundamentales, causando de ese modo la suspensión de su entrada en vigor hasta que se dilucidase el recurso. Comenzó también una fuerte campaña contraria a los derechos LGTB, a la que se sumó con entusiasmo la jerarquía de la iglesia católica. El arzobispo de Liubliana, Stanislav Zore, apoyó la convocatoria del referéndum contrario al matrimonio igualitario, pues, según sus palabras, viola “una de las verdades fundamentales de nuestra fe” que dicta que “el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer contraída de manera legal”.

Lamentablemente, los argumentos de los intolerantes convencieron a los miembros del Tribunal Constitucional, que resolvieron anular la disposición del Parlamento y permitir la convocatoria de la consulta popular. Como las 40.000 firmas necesarias ya habían sido recogidas, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar la fecha de celebración del plebiscito, haciéndolo, como hemos expuesto, para este 20 de diciembre.

Fuente Dosmanzanas y politico.eu / Redacción chueca

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El Bailiazgo de Guernsey, una de las dependencias de la corona británica situadas en el Canal de la Mancha, ha aprobado instar a su gobierno a que legisle el matrimonio igualitario, por una amplia mayoría de 37 votos a favor y 7 en contra. Dos proposiciones para introducir en su lugar leyes de unión civil siguiendo los modelos francés o inglés han sido rechazadas con la misma contundencia. La fecha para que las reformas legislativas que deben efectuarse entren en vigor es aún incierta, aunque un portavoz gubernamental no lo cree posible “antes de 2017”.

El Bailiazgo de Guernsey es un conjunto de islas perteneciente al Archipiélago del Canal de la Mancha, que habitan aproximadamente 65.000 personas. En el mismo archipiélago se encuentra el Bailiazgo de Jersey. Ambos, junto a la Isla de Man, componen las dependencias británicas, territorios vinculados a la corona pero que formalmente no forman parte del Reino Unido, por lo cual las legislaciones sobre el matrimonio igualitario vigentes en Inglaterra, Gales y Escocia no les son de aplicación.

Sin embargo, los representantes políticos de Guernsey han estimado que había llegado el momento de regular la situación legal de las parejas del mismo sexo en el territorio. Para ello, presentaron tres propuestas distintas ante la Asamblea de los Estados (el Parlamento unicameral de la dependencia británica) este 10 de diciembre.

El diputado Hunter Adam proponía una ley de unión civil a semejanza de la francesa, abierta a las parejas del mismo o distinto sexo. Para Adam, el matrimonio igualitario era “un paso demasiado largo” en estos momentos, que causaría “división en la comunidad”. Fue rechazada por una diferencia de 4 votos a favor y 40 en contra.

Por su parte, el diputado David De Lisle presentaba otra ley de uniones civiles semejante a la vigente en Inglaterra y Gales, únicamente disponible para las parejas del mismo sexo. De Lisle también aludió a que “había que ir paso a paso” para impedir “que se divida la comunidad”. Su propuesta tan solo obtuvo 7 votos favorables, frente a 37 contrarios.

Finalmente, se votó la propuesta de abrir la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Ellie Jones, activista de la organización LGTB Liberate, elogió las intervenciones de los diputados en el debate, que calificó de “extremadamente positivas”. Tras la deliberación, la proposición fue aprobada por una aplastante mayoría de 37 votos a favor y 7 en contra.

El Gobierno del Bailiazgo de Guernsey tendrá pues que legislar, a instancias de la Asamblea, sobre el matrimonio igualitario. La fecha en que acabará el proceso legislativo es incierta, pues depende, en palabras de un portavoz gubernamental de “la prioridad que se le dé en la legislatura”, aunque aventura que no será “antes del 2017”.

Para principios de ese 2017 se estima que se pondrá a consideración una ley de matrimonio igualitario en la Asamblea de los Estados del Bailiazgo de Jersey, tras aprobar el inicio de su tramitación en septiembre de este año. El primer ministro de la restante dependencia, la Isla de Man, situada en el mar de Irlanda, también ha mostrado su disposición a avanzar en la misma dirección.

Pero el primer territorio británico en aprobar el matrimonio igualitario han sido las islas Pitcairn, situadas en la Polinesia y que cuentan con apenas 50 habitantes. La reforma de la ley de matrimonio fue aprobada en junio de este 2015, por la unanimidad del consejo de la isla.

Aun así, son muchos los territorios vinculados a la corona británica que aún no han legislado el matrimonio igualitario. Como tampoco lo ha hecho una de las naciones que componen el Reino Unido: Irlanda del Norte.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI David De Lisle, Discriminación, Ellie Jones, Guernsey, Hunter Adam, Isla de Man, Islas Pitcairn, Jersey, Liberate, Matrimonio, Reino Unido

Ángeles Acosta y Carmen Milagros Vélez con su hija Juliana, Foto del Facebook de Pedro Julio Serrano

Nuevo avance de los derechos LGTB en Puerto Rico, apenas cinco meses después de que comenzasen las bodas entre personas del mismo sexo en el estado libre asociado, sujeto a la jurisdicción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (y por tanto a la histórica sentencia que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario). En esta ocasión, una decisión judicial local ha reconocido por primera vez una adopción homoparental. Ya en julio el gobierno de Puerto Rico había ordenado no discriminar a las familias LGTB en el acceso a la adopción, pero es ahora cuando la justicia puertorriqueña falla por fin a favor de una familia cuya lucha se había convertido en todo un símbolo.

Ángeles Acosta y Carmen Milagros Vélez llevaban años intentando que Juliana, hija biológica de Vélez, fuera adoptada por Acosta (su pareja desde hace 25 años) de forma que la adolescente, de 15 años de edad, llevase los apellidos y fuese reconocida como hija de ambas en igualdad de condiciones. En el año 2013, sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico les negó esta posibilidad pese a que el embarazo fue planificado por ambas y logrado mediante inseminación artificial, y que la pareja había contraído matrimonio un año antes en Nueva York (matrimonio que por entonces no era legalmente reconocido en Puerto Rico).

En aquella ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por una ajustada mayoría de cinco votos a cuatro, consideró que la discriminación por razones de orientación sexual no estaba prohibido en la Constitución local, avalando además el criterio de que la familia tradicional era la que protegía mejor el bienestar de los menores. Una decisión que entonces recogimos en dosmanzanas y que fue considerada un duro golpe a la igualdad por los defensores de los derechos LGTB.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, catalizador del cambio

El contexto jurídico, sin embargo, ha dado un giro de 180 grados tras la decisión del Supremo estadounidense del pasado junio, y que ha generado una cascada de normas para eliminar la discriminación de las personas LGTB. Entre ellas la Orden Administrativa 2016-01, que fue emitida por la secretaria de Familia de Puerto Rico, Idalia Colón, que decretaba que los empleados de su departamento debían mostrar un trato igualitario a las familias LGTB y establecía, entre otras medidas, que “los trabajadores sociales y técnicos de servicios a la familia que de alguna y otra forma atienden a esta población en los programas de Protección de Menores y de Cuidado Sustituto y Adopción, tendrán la responsabilidad de realizar su trabajo de manera imparcial y sin prejuicios. La directriz aplicará de manera inmediata y de igual forma aplicará a todo el personal que procese solicitudes de servicios en el Secretariado, la Acuden (Administración para el Cuidado y Desarrollo integral de la Niñez), Adsef (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia) y Asume (Administración de Sustento de Menores)”.

Sin embargo no ha sido hasta ahora, varios meses después, cuando un tribunal de primera instancia de San Juan ha concedido por fin la adopción a Ángeles Acosta de la que siempre ha sido su hija. “Es un día maravilloso para nuestra familia, pero pienso que también es maravilloso para todas nuestras familias, todas las familias diversas, para todos a los que nos han hecho sentir que no somos una familia legítima. Esta vista ha sido hermosa”, declaraba Carmen Milagros Vélez, una vez conocida le decisión. Una decisión que ha sido saludada por el propio secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, como “histórica” y como un nuevo logro de los derechos civiles en la isla caribeña.

“¡HISTÓRICO! Se logra la primera adopción por una pareja del mismo sexo en Puerto Rico. El Estado al fin reconoce -lo que siempre ha sido- que Juliana María Acosta Vélez tiene dos mamás: Angeles y Carmen Milagros. El amor siempre vence. #‎AmorEsAmor”, se felicitaba en Facebook el activista puertorriqueño Pedro Julio Serrano.

Sin duda, un gran paso adelante que convierte en realidad lo que hasta ahora era un cambio legal. ¡Nuestra enhorabuena a la feliz familia! Os dejamos con un vídeo de El Nuevo Día con declaraciones de las dos madres:

Fuente Dosmanzanas

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Es el ministro más popular… y «popular»  de esta semana, el actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En una entrevista que concedía al periódico La Vanguardia sorprendía a muchos al hablar abiertamente de muchos temas, especialmente sobre sus creencias y su fervor religioso. Él cree en Dios, en la vida eterna y va a misa a diario. Pero lo más friki de todo lo que ha contado Fernández Díaz es que afirma rotundamente que tiene un ángel de la guarda que le ayuda en esos pequeños problemillas que la vida nos presenta día a día, como por ejemplo, aparcar el coche. El ministro le ha puesto nombre a su amigo imaginario, al que llama Marcelo. Obviamente, Marcelo fue trending topic durante muchas horas.

Pero también habla sobre homosexualidad, suponemos que para demostrar eso que dicen de que en el Partido Popular la homofobia no existe y tienen muchos amigos gays y los homosexuales también son personas y bla, bla, bla.  Juzguen ustedes mismos, sin dejarse llevar por las palabras de sus ángeles de la guardia, y voten en consecuencia.

Ha sido en una entrevista al diario La Vanguardia. El ministro Jorge Fernández Díaz, perfecto representante del ala más retrógrada del Partido Popular (y número uno en su lista por Barcelona en las elecciones del próximo día 20) ha vuelto a hacer gala de su homofobia.

Una de las preguntas ha sido “Si tuviese un hijo homosexual, ¿qué?”. “No lo es”, contesta lacónico Fernández Díaz. “Es una hipótesis”, le replica el periodista. “Ante todo, procuraría ejercer como padre”, responde el ministro.

“¿Y si se casara con un hombre, iría usted a la boda?”, insiste el periodista, ante lo críptico de su respuesta. “Me llevaría un disgusto, la verdad, pero estaría a su lado, ayudándole como padre”, acaba por fin admitiendo.

El hipotético “disgusto” de Jorge Fernández Díaz no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que el ministro del Interior es un políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en otra entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas). Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB.

En la entrevista a La Vanguardia, por cierto, el ministro del Interior también ha asegurado tener un ángel de la guarda, al que llama Marcelo, que le ayuda, entre otras cosas, a encontrar aparcamiento. Unas declaraciones que han sido recibidas con sorna en redes sociales pero que a nosotros nos resultan preocupantes, al revelar el tipo de personajes que dirigen los destinos de España.

Fuente Cromosomax y Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. España, HazteOir, Iglesia Católica, Jorge Fernández Díaz, La Vanguardia, Matrimonio, PP

“Ya he dicho que no voy a cambiar la ley, no está en mi programa electoral. Y por tanto, esa ley de 2005 está en vigor. Lo demás, pues usted misma”. La intervención de Mariano Rajoy respondiendo a preguntas de un grupo de ciudadanos en el programa La Sexta Noche dejó momentos interesantes. El más recordado será posiblemente cuando aseguró que la precariedad laboral “no llega al 1% de las personas que trabajan en España”… Desde el punto de vista estrictamente LGTB, sin embargo, hoy destacaremos su negativa a reconocer como un error la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

La pregunta a Rajoy, explícita y clara, la hizo Andrea García, estudiante de Derecho y Criminología de Valencia. “Señor Rajoy, su partido presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el Partido Socialista en 2005 y que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Hoy por hoy sigue pensando que hicieron lo correcto?”, inquirió a Rajoy la joven, de 19 años.

“El Tribunal Constitucional ya ha fallao [sic], dijo que la ley era constitucional, y yo no he modificado la ley, por tanto la ley de 2005 está en vigor, y no tengo intención de modificarla”, respondió Rajoy, sin contestar a la pregunta que Andrea García le había hecho realmente.

Ante su resistencia, la joven repitió su pregunta, de otra manera. “Entonces… ¿Cree que lo que hicieron no estuvo bien? ¿Cree que las personas de un mismo sexo tienen derecho a casarse?“. “Ya he dicho que no voy a cambiar la ley, no está en mi programa electoral. Y por tanto, esa ley de 2005 está en vigor. Lo demás, pues usted misma…”, le volvió a responder Rajoy, dando por cerrado el tema.

Javier Maroto defiende a Rajoy en Twitter

La negativa de Rajoy a pronunciarse sobre el recurso fue inmediatamente destacada en redes sociales. “Rajoy se niega a reconocer que hizo mal recurriendo el matrimonio igualitario. Hala, la boda de Maroto por el desagüe”, tuiteaba por ejemplo el activista salmantino Ignacio Paredero, en referencia a la asistencia de Rajoy a la boda de Javier Maroto, exalcalde de Vitoria y vicesecretario de Acción Sectorial del PP, abiertamente gay.

Curiosamente, el propio Maroto defendía la actitud de Rajoy en su propia cuenta de Twitter. “No te da vergüenza haberlo invitado a tu boda oyendo a tu jefe?”, le preguntaba un usuario.  “Pero no has oído la respuesta? Ha dicho que no quiere cambiar la ley. A veces pienso que lo que molesta es que haya pasado página”, le respondía Maroto. “Me ha encantado cuando no ha querido contestar si se confundieron al recurrir la ley de matrimonio igualitario…”, le decía otra usuaria. “Está tan claro que se equivocaron como que asumimos la ley como propia desde hace ya años. Vemos juntos el acierto en ello..?”, le respondía Maroto. “Mismos derechos para todos. Pasamos página. Nos dejáis?”, zanjaba el político popular en otro tuit.

Mariano Rajoy, un político tóxico para los derechos LGTB

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005 Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un recurso que no se limitaba a una mera cuestión “nominalista”, como de forma tramposa argumentan incluso los políticos del PP favorables al matrimonio igualitario, como el propio Maroto. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por el PP en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.

Rajoy también encabezó, como líder de la oposición, la negativa de su partido a aprobar una ley de identidad de género, a consensuar una asignatura de Educación para la Ciudadanía que contribuyera a fomentar el respeto a la diversidad familiar, a aprobar una ley de igualdad de trato… Ya siendo presidente promovió la eliminación de la que ya era una descafeinada Ciudadanía; volvió a bloquear una posible ley de igualdad de trato; impulsó el infame Real Decreto 16/2012 que puso fin a la sanidad universal y que los especialistas en VIH/sida no han dejado de criticar; dio cobertura a la decisión del Ministerio de Sanidad de modificar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para excluir a las mujeres sin pareja masculina de la prestación de reproducción asistida (una decisión que por cierto sentencias judiciales posteriores han considerado discriminatoria), de forma que ahora cada comunidad autónoma hace en este campo lo que quiere… Por no hablar de todo lo que simplemente no ha hecho o ha dejado de hacer durante estos años en materia LGTB y de lucha contra el VIH.

Fuente Dosmanzanas

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el adelanto provisional del movimiento natural de población del primer semestre de 2015, en el cual se celebraron 1.803 bodas entre personas del mismo sexo, el 2,6% del total (69.671). De ellas, 908 fueron entre varones (el 50,4%) y 895 entre mujeres (el 49,6%).

Según estos datos provisionales, en el primer semestre de 2015 se habría producido un repunte relativo de bodas entre personas del mismo sexo, al ascender a un 2,6% del total de matrimonios (en años anteriores la cifra se había estabilizado ligeramente por encima del 2%). Habrá que esperar no obstante a los datos definitivos para confirmarlo.

El adelanto provisional del INE no ofrece los datos de bodas entre personas del mismo sexo desglosados por comunidades autónomas, pero no son de esperar, una vez se conozcan los datos definitivos, grandes cambios respecto a años previos. En 2014, el ejercicio inmediatamente anterior, Cataluña repitió una vez más como la comunidad con más matrimonios entre personas del mismo sexo en números absolutos (709), si bien en términos porcentuales es Canarias la que tradicionalmente más alto número de bodas entre personas del mismo sexo celebra (el 3,7% del total de bodas en 2014).

Sumando los datos provisionales del primer semestre de 2015 a los de 2005 (1.269), 2006 (4.313), 2007 (3.193), 2008 (3.194), 2009 (3.082), 2010 (3.193), 2011 (3.540), 2012 (3.455), 2013 (3.071) y 2014 (3.275) y teniendo en cuenta que prácticamente ya ha transcurrido todo 2015, más de 35.000 parejas del mismo sexo habrían contraído ya matrimonio en España.

Las bodas entre parejas de hombres y mujeres se igualan

Los datos provisionales del primer semestre de 2015 confirman, por otra parte, una tendencia que se veía con claridad en 2014: la equiparación ya casi total en el número de bodas entre hombres (1.679) y entre mujeres (1.596).

En los primeros años de matrimonio igualitario en España, las bodas entre hombres superaban con claridad las bodas entre mujeres. Una tendencia que sin embargo ha ido aminorándose con el paso del tiempo, hasta casi igualarse en 2014, cuando las bodas entre mujeres ascendieron al 48,7% del total de bodas del mismo sexo. Durante el primer semestre las cifras se igualaron aún más: 908 bodas entre varones (el 50,4%) frente a 895 entre mujeres (el 49,6%). Habrá que esperar a los datos de todo año para saber si por primera vez las bodas entre mujeres son más numerosas.

Tres de cada cuatro matrimonios son ya civiles

Por lo que se refiere a la forma de celebración, y refiriéndonos ya al total de matrimonios, parece que en el primer semestre de 2015 se acentúa la caída del matrimonio católico. De las 69.671 bodas celebradas, 51.670 (el 74,2%) fueron exclusivamente civiles, mientras que 16.788 (el 20,1%) se celebraron por el rito católico. 338 se celebraron por el rito de otra religión, no constando el dato en 875 casos.

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Sin miedo a la incoherencia: la CDU, partido de Angela Merkel, propone un contrato de integración para los extranjeros que quieran instalarse en Alemania en el que se comprometan a respetar la igualdad LGTB. La iniciativa se discutirá en el mismo foro en el que los democristianos defenderán la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio igualitario.

La convención federal (Bundesparteitag) de la CDU tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de diciembre. La cita había despertado una cierta expectación por parte de la comunidad LGTB alemana después de que varios miembros del partido de la canciller mostraran su apoyo al matrimonio igualitario. Los socialdemócratas del SPD, socios de Gobierno de Merkel, alentaron esas expectativas al avanzar un posible cambio en la posición oficial de la CDU (por ahora contraria a la igualdad matrimonial) tras su foro político.

Pero las esperanzas de un cambio en la fuerza hegemónica de Alemania parecen difuminarse conforme se acerca la convención. Una de las tres ponencias aprobadas, con el título Fortalecer la unión – modelar el futuro de la sociedad civil, defiende la promoción del matrimonio como “el vínculo duradero entre hombre y mujer”. Una alusión que no deja lugar a dudas sobre la nula voluntad de avance de la CDU en este asunto. El documento también otorga a las uniones civiles una “calidad vinculante”, pero desde una institución de segunda clase en relación a la del matrimonio.

Aunque decepcionante, la posición del partido democristiano en este asunto no sorprende en especial. Pero sí han llamado la atención algunos aspectos de otra propuesta, consistente en introducir un contrato de integración para los ciudadanos que quieran instalarse en Alemania. Concretamente, la inclusión de una cláusula por la que los inmigrantes no solo se comprometan a respetar la igualdad entre hombres y mujeres sino entre las personas de diferente orientación sexual.

Las creencias religiosas no se podrán esgrimir como excusa para eximirse de este compromiso, según el documento de la CDU. El incumplimiento del contrato podría suponer desde la pérdida de prestaciones sociales hasta la revocación del permiso de residencia. Una firmeza en la exigencia del respeto a la igualdad LGTB que resulta sorprendente cuando proviene de una fuerza política que se niega sistemáticamente a otorgar esa igualdad a sus propios compatriotas.

Mientras tanto, las voces que dentro del partido se habían alzado hace unos meses en pro del matrimonio igualitario parecen haberse silenciado. Es el caso por ejemplo de la vicepresidenta del grupo parlamentario en el Bundestag, Nadine Schön, quien hace unos meses se había mostrado “favorable a una apertura del matrimonio para las parejas homosexuales”. También el líder de la CDU en el parlamento del Schleswig-Holstein, así como diputados democristianos de las cámaras regionales del Sarre y de Baja Sajonia, habían mostrado el mismo apoyo a la medida. Ninguno de ellos, sin embargo, ha podido o querido cambiar la posición mayoritaria de los democristianos.

Pero por mucho que la CDU continúe en el inmovilismo y el SPD  no logre convencerle, no pasará mucho tiempo sin que el matrimonio igualitario vuelva a discutirse en el Bundestag: en septiembre, el Bundesrat aprobaba una proposición de ley en esa dirección. Se trata de la segunda vez en dos años que la cámara alta muestra su apoyo mayoritario a la medida, pero en esta ocasión, hay tiempo suficiente hasta las próximas elecciones para que la propuesta llegue a la cámara baja, donde la gran coalición tendrá que retratarse de nuevo. La gran coalición sí aprobó el mes pasado ampliar los derechos de las uniones civiles.

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El 51,1% de los japoneses verían con buenos ojos la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, frente a un 41,3% que se opone. Es lo que arroja una encuesta puerta a puerta realizada en marzo. La encuesta, respondida por 1.259 adultos de entre 20 y 70 años, estaba subvencionada por el Ministerio japonés de Educación y Cultura y dirigida por Kazuya Kawaguchi, profesor de la Universidad de Hiroshima Shudo. Pese al buen dato, la encuesta sigue mostrando que una alta proporción de japoneses siguen mostrándose incómodos con la homosexualidad.

En concreto, el 51,7% de los encuestados reconocen sentirse incómodos con la idea de que dos hombres mantengan una relación amorosa, frente a un 43,8% que aseguran lo contrario. La aceptación es algo mayor (56%) cuando se considera la idea de que sean dos mujeres las protagonistas de la relación. En cualquier caso la aceptación baja, incluso entre los “tolerantes”, cuando en lugar de preguntarse por una relación amorosa se pregunta por la conducta sexual homosexual entre hombres. De hecho, un 30% de los tolerantes reconocen que pese a ello se sentirían incómodos si supiese que uno de sus amigos es gay.

En línea con lo que ya se ha percibido en encuestas similares realizadas en otros lugares, la encuesta muestra que las mujeres aceptan con mayor facilidad las relaciones homosexuales que los hombres (63,2% frente al 41,2%).

La encuesta también pregunta sobre la tolerancia respecto a las personas trans, que parece ser algo mayor. Un 60% de encuestados aseguran que no tendrían ningún problema si se tratase de vecinos o compañeros de trabajo, aunque como en el caso de las relaciones entre personas del mismo sexo el porcentaje baja cuando se pregunta por lo que sentirían si se tratase de una persona próxima, en concreto un familiar. En este caso, las cifras se invierten: hasta un 70% de los encuestados no lo vería con buenos ojos.

Como su director, Kazuya Kawaguchi, ha reconocido, la encuesta supone un punto de partida para abordar futuras discusiones sobre la realidad LGTB en Japón. Y es que hablamos de un país, no lo olvidemos, en el que estas cuestiones han sido consideradas hasta hace bien poco un tema tabú. Por ejemplo, no ha sido hasta este mismo año cuando se ha abierto tímidamente la posibilidad de ver reconocidas las parejas del mismo sexo, gracias a sendas decisiones de los distritos tokiotas de Shibuya y Segataya que les reconocen mínimos derechos a nivel local.  A este respecto, por ejemplo, un dato que nos parece llamativo de la encuesta ahora conocida es la relativa igualdad entre los porcentajes de aceptación de las relaciones homosexuales y de la idea de legalizar el matrimonio igualitario.

Un cambio social que en cualquier caso va en paralelo a una creciente visibilidad LGTB ejemplificada en algunos casos que hemos recogido en esta página, como los del activista y político Taiga Ishikawa, primer político japonés abiertamente gay elegido para un cargo público del que tuvimos conocimiento (fue elegido concejal en Toshima, otro distrito de Tokio, en 2011) o el adolescente que hace año y medio sorprendía al salir del armario con un emotivo discurso pronunciado con motivo de un concurso escolar.

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Los gobiernos de Hungría y Polonia, puntas de lanza de la derecha populista europea, prevén bloquear una nueva normativa sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. El principal motivo, cómo no, su homofobia.

Lo cuenta este martes el diario El País. En la próxima reunión de ministros de Justicia de la Unión, los representantes húngaro y polaco prevén bloquear una propuesta de normativa para uniformizar la ejecución de las resoluciones en materia de regímenes económicos de las uniones registradas en el territorio de la Unión. Se trata, en definitiva, de dar garantías uniformes a los diferentes tipos de unión legalmente reconocidos por los países de la Unión Europea, sin que ello signifique ni mucho menos obligar a ningún país a reconocer el matrimonio igualitario.

Algo que por otra parte está en la línea de la jurisprudencia europea. Ya en 2010 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia referida a Austria, determinó que aunque los estados europeos no están obligados a permitir el matrimonio igualitario las parejas del mismo sexo sí merecen protección jurídica en el territorio de la Unión. Este año 2015, de hecho, el mismo tribunal ha condenado a Italia por no permitir a las parejas del mismo sexo ni contraer matrimonio ni ofrecerles una regulación alternativa.

Una protección que en cierto modo es la que buscan extender los ministros de Justicia de la Unión Europea, al menos en lo referido a los derechos de propiedad. Hungría y Polonia, dos países actualmente gobernados por la derecha populista católica, se niegan sin embargo a aceptar una propuesta que exige unanimidad y que para ellos supone reconocer regímenes de familia “que no responden a sus valores ni están en su constitución”.

Hungría y Polonia, un panorama inquietante

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos… La derecha populista representada por el partido Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución del país para, entre otras medidas autoritarias, “proteger” al matrimonio que se celebra “entre un hombre y una mujer”. El panorama político húngaro no mejoró mucho en 2014: el Fidesz se desgastó mínimamente y revalidó su aplastante mayoría, con casi en 45% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente ultra, ascendía hasta más del 20% y se situaba a solo cinco puntos de Unidad, la coalición de centro-izquierda que aduras penas mantiene el tipo.

No conviene olvidar que el actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), otrora considerado una especie de “paria político”, está considerado hoy día uno de los referentes del Partido Popular Europeo gracias a sus duras posiciones en materia migratoria. Hace pocas semanas Orbán era recibido en Madrid por los líderes populares europeos con toda clase de parabienes.

En Polonia, un país que en tiempos recientes había dado prometedores pasos adelante en materia LGTB, la situación ha dado este 2015 un giro parecido al que Hungría dio hace ahora cinco años. El primer signo de los nuevos tiempos fue la elección como presidente de Andrzej Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia (conocido por muchos como “el partido de los gemelos Kaczyński”), una de cuyas primeras medidas fue vetar una nueva ley de identidad de género que había sido aprobada por el Parlamento polaco, y que definitivamente ha quedado arrinconada. Pero el golpe definitivo llegó con las elecciones parlamentarias del pasado octubre, que otorgaron a Ley y Justicia la mayoría absoluta y que supusieron, de hecho, la desaparición absoluta de los partidos de izquierda del Parlamento polaco. Muchos temen, de hecho, que esta nueva situación política propicie un giro autoritario al estilo húngaro (Ley y Justicia, por cierto, ya intentó en el pasado promover una nueva Constitución que consagrase la prohibición del aborto, de la fecundación in vitro y del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la presencia del crucifijo en las aulas).

Un panorama inquietante al que la Unión Europea no parece interesada, antes al contrario, en poner freno.

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Como ya os adelantábamos, este lunes 16 de octubre entraba en vigor el matrimonio igualitario en Irlanda, tras un largo proceso normativo para adaptar las distintas legislaciones al nuevo mandado constitucional aprobado por abrumadora mayoría en el referéndum del pasado mes de mayo. La ley irlandesa establece una demora de un día entre la solicitud de la licencia de matrimonio y la celebración legal del enlace, por lo que las primeras bodas han tenido lugar este 17 de noviembre. Se esperaba que más de 300 parejas del mismo sexo formalizasen su unión en el primer día de plena igualdad.

La primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Irlanda ha sido la formada por Richard Dowling y Cormac Gollogly, que han celebrado su enlace en las oficinas del registro civil de la localidad de Clonmel. Ambos cuentan 35 años de edad y son pareja desde hace 12. Se comprometieron tiempo atrás, durante una estancia en España. Según cuenta Richard, la ceremonia de matrimonio ha sido muy sencilla porque “nos unimos civilmente el 18 de septiembre y toda nuestra familia y amigos estaban allí, así que ese fue realmente el día de nuestra boda. Esto sirve para formalizar la legalidad de nuestro matrimonio. Queríamos probar a entrar en los libros de historia por ser los primeros en cruzar esa línea”. La funcionaria del registro civil, Mary Claire Heffernan, confirmaba que efectivamente se trataba del primer matrimonio de una pareja del mismo sexo celebrado en Irlanda.

Richard también ha querido agradecer labor de los activistas en la consecución de la igualdad de derechos para las parejas LGTB: “Me gustaría dar las gracias a todos los miembros de Yes Equality Campaign. Su arduo trabajo realmente ha valido la pena. ¡Qué cambio tan radical ha tenido lugar en Irlanda y qué maravilloso ha sido formar parte de él!”. También agradecía el apoyo incondicional de familiares y amigos: “Nuestros amigos volaron hasta casa para votar desde Londres y Australia, y dos hermanos de Richard, que nunca habían votado, se registraron para hacerlo”.

Pero el matrimonio de Richard y Cormac no ha sido el primero entre personas del mismo sexo en ser legal en Irlanda, pues desde el día 16 han sido reconocidos aquellos que se contrajeron con anterioridad en países con quien Irlanda mantiene un acuerdo de reciprocidad. Ese es el caso de la senadora Katherine Zappone y su esposa Ann Louise Gilligan, que contrajeron matrimonio en Canadá y entablaron una batalla legal en 2006 para que su enlace fuera reconocido en su propio país. Aunque en aquella ocasión el resultado fue infructuoso, nueve años después han podido ver finalmente satisfecho su derecho a la igualdad. La senadora se felicitaba por ello en su cuenta de Twitter: “La Ley de Matrimonio 2015 ha comenzado ahora. Nos alegramos de que reconozca nuestro matrimonio canadiense”.

Deseamos la mayor felicidad a todas las parejas del mismo sexo irlandesas que hayan decidido contraer matrimonio, y damos nuestra enhorabuena a todo el pueblo irlandés por su apoyo a la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos.

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Sigue la parálisis en la tramitación del matrimonio igualitario en Australia, y la oposición pierde la paciencia. El nuevo primer ministro Malcolm Turnbull, que había despertado esperanzas por su posición favorable, no ha cambiado sin embargo los planes de su predecesor de posponer la decisión hasta la celebración de un referéndum sobre la igualdad matrimonial en 2017. El Senado australiano le ha pedido que no se demore más y tramite ya un proyecto de ley en el Parlamento con libertad de voto para todos los diputados.

Apenas un mes después de aquello, el liderazgo de Abbott se desplomaba. En pocas horas, y prácticamente por sorpresa, Abbott se veía obligado a convocar una votación entre sus parlamentarios para decidir sobre su liderazgo. Malcolm Turnbull daba un paso adelante, dimitía como ministro y retaba a Abbott, con éxito: 54 parlamentarios le apoyaron, frente a 44 que permanecieron fieles a Abbott. El nuevo primer ministro, favorable a que los liberales tengan libertad de voto para apoyar el matrimonio igualitario, ha decidido sin embargo adherirse a la hoja de ruta de Abbott y mantener el referéndum como paso previo para aprobar la medida.

Mientras tanto, el Senado (controlado por la oposición) ha aprobado una moción para pedir a Turnbull que no posponga el proceso hasta 2017 e inicie ya la tramitación parlamentaria, toda vez que las encuestas dejan claro que una amplia mayoría de australianos es favorable al matrimonio igualitario. Los senadores de la oposición argumentan que no está justificado mantener a miles de parejas y familias en la incertidumbre legal, cuando la solución está en manos del primer ministro y prácticamente se reduce a que este otorgue libertad de voto a sus correligionarios.

“Los australianos no quieren otra encuesta de opinión sobre este asunto, quieren que el Parlamento legisle”, afirmaba el senador de Los Verdes Robert Simms, que calificaba la opción del referéndum de “divisiva y costosa”. El activista Erin McCallum, de Australian Marriage Equality, aseguraba por su parte que si se permitiera un voto libre de disciplina partidista en la Cámara de Representantes, solo haría falta convencer a seis diputados para conseguir la mayoría necesaria. “Sabemos que es una meta alcanzable si nos unimos y alzamos nuestras voces”, aseguró.

Una sociedad favorable con líderes contrarios la igualdad

El debate sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Australia viene de muy lejos. Ya antes de las elecciones de 2013, que dieron la victoria a Abbott, fueron los laboristas, entonces al frente del Gobierno, los que actuaron como freno. La que hasta junio de ese año había sido primera ministra, Julia Gillard, se oponía, y  durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de la igualdad dentro del Partido Laborista trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que ya en su congreso nacional de 2011 el partido incorporaba la defensa del matrimonio igualitario a su ideario. Ideario que Gillard se encargó de convertir en papel mojado al imponer que los legisladores laboristas –cuyos votos eran todos necesarios, debido a lo ajustado de su mayoría– tuvieran libertad de voto. Una libertad que Tony Abbott negó entonces a los suyos y que desembocó en el fracaso de la iniciativa. De la mano de Gillard, Australia perdía una primera oportunidad histórica.

La impopularidad de Gillard llevó a Kevin Rudd a arrebatarle el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro (mediante una maniobra similar a la que ahora ha destronado a Abbott, y que a su vez antes había utilizado Gillard para sustituir a Rudd). Ya por entonces Rudd se había convertido en defensor del matrimonio igualitario, pese a que su anterior etapa como primer ministro se caracterizó también por un rechazo frontal. Pero la sustitución de Gillard no evitó la derrota laborista, y tras las elecciones Abbott  (un católico conservador fuertemente opuesto al matrimonio igualitario, pese a tener una hermana abiertamente lesbiana) se convertía en primer ministro. Su victoria alejó las expectativas de aprobación, pese a que un número no determinado de diputados de su partido son partidarios del matrimonio igualitario, y de hecho ya desde el principio el propio Abbott reconoció que en el futuro le resultaría complicado mantener la disciplina de voto en esta materia. Lo consiguió… pero el empeño contribuyó a la gran bajada de popularidad que finalmente acabó por costarle el puesto.

Fuente Dosmanzanas

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