Comentarios desactivados en Transfemicidio en El Salvador: asesinan a Zashy del Cid, activista de 27 años
Zashy, una mujer trans salvadoreña, tenia 27 años y formaba parte del Colectivo Perla de Oriente. Le dispararon por la espalda el domingo.
La madrugada del domingo, Zashy Zuely del Cid Velásquez, una mujer trans de 27 años, estaba en las calles, ofreciendo servicios sexuales en San Miguel, cuando recibió un disparo por la espalda que la dejó gravemente herida. La joven pidió auxilio y la trasladaron de urgencia al hospital San Juan de Dios en San Miguel, a 138 kilómetros al este de la capital. Los médicos la declararon muerta minutos más tarde. Dijeron que la bala le perforó un pulmón y le provocó una hemorragia interna.
Zashy era maquillista y propietaria de un salón de belleza. También se dedicaba al trabajo sexual, informó Venus Nolasco, presidenta del Colectivo Perla de Oriente. “Ella fue atacada por la espalda, no hay indicios de los hechores. Pidió auxilió y fue llevada al hospital pero murió porque se ahogó con su propia sangre”, dijo a Presentes la activista.
Zashy formaba parte del Colectivo Perla de Oriente. La organización trabaja en la promoción de los derechos de la población LGBTI en el oriente del país. Entre sus programas han diseñado rutas de emergencia para atender denuncias de ataques.
Zashy había recibido amenazas
Según otras fuentes que pidieron no ser identificas por razones de seguridad, Zashy también había recibido amenazas. Se sospecha que provenían de uno de los grupos que integra la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), organización que opera en la zona. Las pandillas en El Salvador tienen una estructura machista intolerante con las poblaciones diversas, causando desplazamiento forzado en los territorios que controlan, extorsión y asesinatos.
“Lo que tengo conocimiento es que está en fase de investigación. Por el momento no hay detenciones”, dijo a Presentes un agente de la delegación de la policía de la zona, sin dar más detalles.
Entre 2016 y 2017 han asesinado a tres mujeres trans en la ciudad de San Miguel, de acuerdo a organismos de defensa de los derechos LGBTI. “Nos han matado a varias compañeras y los crímenes han quedado así, impunes”, denunció Venus.
Los fines de semana aumenta el transodio
El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometen en contra de esta población. Además señaló que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares.
En 2020 se reportaron cuatro asesinatos en el país centroamericano. Esto implica una disminución del 51 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior- . Tres de ellas fueron mujeres trans y una persona gay, mientras que en 2019 reportaron nueve crímenes.
Sin Justicia para víctimas de crímenes de odio
En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión. Hasta la fecha ningún caso ha logrado la condena de crimen por odio.
Según la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha unas 600 mujeres trans han sido asesinadas, pero muy pocos casos han sido investigados y judicializados.
Durante la presentación de la versión del informe en español de Front Line Defenders, que se realizó hoy en un encuentro que se transmitió por las redes sociales, Bárbara Delgado, presidenta de la Asociación Trans Panameña; Leida Portal, coordinadora de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad de Perú; Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans de México y Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR) de Argentina coincidieron: las violencias que ya experimentaban se agudizaron en pandemia. Y se hicieron aún más evidentes las urgencias, sobre todo de trabajadorxs sexuales, personas LGBTI+ y de las personas que defienden los derechos humanos de estas comunidades. En el encuentro moderado por Alma Magaña de Fondo Semillas, destacaron la importancia de la colectividad para hacer frente a esta crisis.
“Nos enfrentamos a la discriminación, estigma, violencia y si tenemos COVID la discriminación es más fuerte. La población LGBT+ es la más vulnerable, marginada y discriminada“, dijo Ana Karen López Quintana (Tamaulipas, México) en la presentación
“Estamos expuestas a violencia permanente por denunciar a la policía y acompañar a las compañeras”, agregó Georgina Orellano, desde Buenos Aires, donde tiene sede AMMAR.
“En el Perú las compañeras sufren violencias y están pasando hambre durante la pandemia. Los tratamientos retrovirales están escasos y niegan los medicamentos“, advirtió Leida Portal, representante de la organización Miluska Vida y Dignidad y fundadora de la Red PLAPLERTS.
Ana Karen añadió que “el gobierno se enfocó en el COVID-19 y luego se olvidó de personas con diabetes, cáncer. Vamos a las casas, hacemos apoyo domiciliario. Las personas trans de tercera edad se ven aún más discriminadas“.
Las voces de estas activistas y defensoras de ddhh forman parte a la investigación de Front Line Defenders, que se realizó a través de entrevistas a distancia a más de 50 defensoras y defensores en Argentina, México, Perú, Ecuador, Tanzania, Uganda, Hungría, El Salvador, Malaui, Zimbabue, Suazilandia, Sri Lanka e Indonesia, entre abril y agosto de 2020.
“No es que sean violencias nuevas, pero la pandemia las exacerba. A pesar de esto se han logrado organizar en redes que finalmente salvan vidas” Alma Magaña de @FondoSemillaspic.twitter.com/xlvnASqEa4
Entre sus conclusiones da cuenta del aumento en la inestabilidad económica y habitacional, de ataques físicos, acoso, difamaciones y agresiones sexuales ejercida por las fuerzas de seguridad contra las y los defensores de derechos humanos. También de los riesgos que enfrentaron a la infección y muerte por Covid-19. Además, documenta el trabajo que realizan defensoras y defensores LGBTI+ y trabajadorxs sexuales para acompañar y sostener a sus comunidades. Otro de sus aportes es que visibiliza las conexiones entre la salud pública, la justicia económica y la sexualidad como “indisolublemente ligadas a la seguridad de los/as defensores de derechos humanos”.
“Por momentos yo me canso, por momentos no logro hablar. Pero debemos ser fuertes. Que el gobierno peruano no nos vea indiferentes a nuestra población”: Leida Portal, defensora de derechos humanos pic.twitter.com/TADMZ8ttcZ
Por ser visibles (como personas LGBTI+ o trabajadorxs sexuales) el riesgo de discriminación aumentó en pandemia.
La crisis por Covid-19 incrementó el número de personas LGBTI+ y trabajadoras sexuales sin techo. Provocó una demanda en refugios donde también fueron víctimas de redadas; arrestos; violencia policial; ataques de la sociedad y agresiones sexuales.
Disminuyeron los recursos para proporcionar alimentos y refugio a sus comunidades.
El cierre de clínicas de salud gestionadas por la comunidad empeoró el acceso a la salud, medicación, y seguimientos y prevención de enfermedades.
El cierre de fronteras y clínicas ocasionó que personas trans no accedieran de manera segura a su tratamiento de reeemplazo hormonal o tuvieran que suspenderlo.
Defensoras y defensores experimentaron agotamiento físico y psicológico, sentimiento de insuficiencia, culpa y fracaso.
Fueron blanco de campañas de difamación y sufrieron ataques físicos violentos tras discursos de odio que responsabilizaron a DDH, personas LGBT y trabajadorxs sexuales como responsables de la propagación de la covid-19.
DDH dieron respuesta a llamadas de emergencia de sus comunidades, tuvieron que trabajar en las calles y enfrentarse al acoso, discriminación y criminalización por su labor.
Lxs DDH trans estuvieron en riesgo por la violencia policial y acoso en los países donde se implementaron restricciones de movilidad por género. Estas medidas fueron implementadas en Perú, Colombia y Panamá.
Comentarios desactivados en Discriminan a pareja gay en un café de El Salvador: la denuncia se hizo viral
Por Paula Rosales, desde El Salvador
Mientras desayunaban la mañana del martes 2 de febrero en la cadena de cafeterías San Martín en El Salvador, una pareja de hombres gay fue acusada de cometer supuestos actos indecorosos frente al resto de los clientes, por lo que la gerente les pidió se separaran.
Indignados, los hombres gay se retiraron del local, situado en uno de los centros comerciales más concurridos en Antiguo Cuscatlán, unos ocho kilómetros al oeste de la capital. Minutos después la pareja denunció en su cuenta de Instagram que fueron víctimas de un acto de intolerancia en un restaurante de El Salvador. Organizaciones de derechos humanos denunciaron además que los dueños de esta cadena han financiado movimientos antiderechos.
“Solo tenía su brazo sobre mi hombro y hablábamos como personas civilizadas. Cuando le pedimos explicaciones a que se referían con “comportarse decorosamente”me dijeron: ‘ustedes saben a que me refiero”, denunció la pareja en su perfil de red social, sin que revelaran su identidad.
Su denuncia fue retomada por usuarios de Twitter que pidieron difundir la discriminación hecha a la pareja, muchos usuarios apoyaron y llamaron a sumarse a la condena. Estos mensajes contrastaron con los ataques de otras cuentas que justificaron y atacaron a quienes defendieron a la pareja.
“A la fuerza quieren ser aceptados y no respetan ni lugares privados que se reservan el derecho de admisión, no es necesario hacer show en lugares familiares, ellos dicen que sólo se abrazaban, pero que tan cierto es eso? (sic) quien lo comprueba? (sic)”, escribió el usuario Dayan Archila.
Presentes se comunicó con las oficinas de San Martín, pero dijeron que la persona a cargo de dar la posición oficial de la compañía se encontraba en reunión y que se comunicaría al terminar, al cierre de la nota aún no respondieron.
“Condeno todo tipo de discriminación, ya sea en un lugar público o en este caso en un establecimiento del sector privado contra una pareja de personas del mismo sexo o si fuera en contra de otro tipo de población. Existe en parte de la sociedad salvadoreña ese tipo de acciones discriminatorias que terminan afectando la dignidad de las personas”, expresó a Presentes Roberto Zapata, secretario general de la organización Amate El Salvador.
Amate es una organización que trabaja por el rescate de la memoria histórica de la población LGBTI en El Salvador.
Sin apoyo del Estado
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.
“No esperamos de parte del gobierno ningún tipo de pronunciamiento en este tipo de casos, no los ha habido en el pasado y veo con mucha menos posibilidad que pase con el actual gobierno donde parece ser que su política pública es el silencio en cualquier tipo de discriminación y violencia en contra de la población LGBTI, ya hemos visto que la ministra de cultura cuando han sucedido crímenes de odio ha salido con eufemismos”, dijo Zapata.
El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.
“En este caso se pudo visibilizar por la denuncia en redes sociales, las organizaciones ya conocemos que esta panadería o sus dueños han financiado en Guatemala marchas anti derechos contra la población LGBTI y contra las mujeres”, señaló Zapata.
La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.
“Es un mensaje que invita a seguir discriminando, que esta bien que se nos trate de esa manera y que está bien que nosotros no podamos expresarnos en los espacios públicos”, recalcó Zapata.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays
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Comentarios desactivados en Histórico: una mujer trans y un hombre gay aspiran a convertirse en diputadxs en El Salvador
Alejandra Menjívar y Erick Iván Ortiz competirán el 28 de febrero en las elecciones nacionales. Ella busca una diputación en el Parlacen y él en la Asamblea Legislativa. Su candidatura ocurre en un momento crucial para la democracia salvadoreña.
Por Stanley Luna
Las elecciones para alcaldes y diputados del 28 de febrero en El Salvador, por primera vez, contarán con la representación de una mujer trans y un hombre abiertamente gay. Se trata de Alejandra Menjívar, candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y Erick Iván Ortiz, quien corre por una diputación para la Asamblea Legislativa.
De ser elegidos funcionarixs, ambxs tienen en su agenda temas que son una deuda para la población LGBTI en el país: llevar a discusión la Ley de Identidad de Género –de la cual existe un anteproyecto desde 2018 en el Congreso-, generar mecanismos de protección para las disidencias sexuales y que el país atienda resoluciones internacionales, que, por ley, tiene la obligación de cumplir.
Menjívar tiene 34 años y es candidata al Parlacen por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda en el que milita desde 2008 y del que es Secretaria Nacional de la Diversidad Sexual y Género.
Trabajó en la construcción del plan de gobierno de Mauricio Funes, el primer expresidente de izquierda salvadoreño, que gobernó entre 2009 y 2011, y hoy se encuentra asilado en Nicaragua tras acusaciones de corrupción.
En 2009, la hoy candidata comenzó como voluntaria en un proyecto con la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoíris Trans) y a involucrarse en la lucha por derecho humanos de la población LGBTI, lo que marcó el inicio de su activismo.
Con el 60% de los votos de su partido
Ella tomó la decisión de competir como diputada al Parlacen y no para la Asamblea Legislativa como una prueba a las bases del FMLN, para saber lo abierto que eran respecto a la participación de las disidencias sexuales a cargos públicos, explica en una entrevista a Agencia Presentes.
“El Parlacen no solo es un ente de la integración centroamericana, sino que tiene que ver con recomendar a los Estados de la región hacia dónde deben de ir encaminadas las políticas públicas”, dice Menjívar.
En las elecciones internas del FMLN, Menjívar quedó en la quinta posición de entre 20 precandidatxs. Obtuvo más del 60 por ciento de los votos de la militancia a nivel nacional. En las internas, también fue elegido como candidato a alcalde un hombre abiertamente gay, mientras que otras personas de la población LGBTI participarán por cargos de regidores, concejales y diputados suplentes en las elecciones de febrero.
Lxs diputados del Parlacen son elegidos en elecciones democráticas. Son 20 diputados por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Lxs expresidentes y vicepresidentes de estos países también se convierten en diputados inmediatamente terminan sus mandatos.
Roberto Zapata, secretario de la organización Amate El Salvador, reconoce que no solo en El Salvador, sino que, en cualquier país, candidates o funcionaries LGBT se enfrentan a “barreras” antes y durante ejercen su cargo.
Escuchar a la sociedad civil
Las postulaciones a diputaciones de Menjívar y de Ortiz, dice, generan expectativa en la sociedad civil organizada y la población LGBTI, en general. Si llegan a convertirse en diputades, tendrán que legislar a favor de esta población de forma transversal. Y, al mismo tiempo, legislar a favor de otros temas sociales, incorporando el componente de la inclusión.
“Si elles son electos para su cargo, yo espero que tengan la apertura de llevar adelante las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se convocan. Que, si nos acercamos a elles, tengan la apertura”, señala el activista.
Zapata destaca que, en el caso de Menjívar, ella se ha encargado de informar, desde su candidatura, sobre las funciones del Parlacen, una instancia poco conocida para la sociedad salvadoreña.
Menjívar asegura que es en el Parlacen donde ella ve la oportunidad de incidir para que los Estados aprueben leyes a favor de las disidencias sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y que, además, atiendan resoluciones vinculantes, como la emitida en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a través de una opinión consultiva en Costa Rica, ordenó garantizar el matrimonio igualitario y el cambio de nombre y género de las personas trans. Una resolución que atañe a El Salvador y a otros 19 países de América.
Aunque el voto en El Salvador para alcaldes y diputados es por rostro, sin una Ley de Identidad de Género, ella ve imposible que el Tribunal Supremo Electoral la deje competir en las elecciones con su nombre elegido, como sí lo hizo en las elecciones internas de su partido. De exigirle el nombre según documento de identidad, optará por los apellidos. De hecho, en su campaña le ha apostado a posicionarse como “Menjívar Guadrón” y “Aleja Menjívar”.
“Es complicado, es complejo, es todo un panorama adverso, porque, evidentemente, voy a ser una contra varios que vienen siendo parte del sistema, pero eso es lo que nos motiva.”, afirma Menjívar.
“Todo en adelante es nuevo”
Erick Iván Ortiz, candidato por Nuestro Tiempo, un partido fundado por exdiputados del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y que debutará en las elecciones de este año, busca ser diputado por el departamento de San Salvador, dentro del cual se encuentra la capital del país centroamericano.
Ortiz tiene 29 años y casi una década de involucrarse en la defensa de los derechos humanos. Forma parte de la Federación Salvadoreña LGBTI, que aglomera a varias organizaciones que luchan por los derechos de las disidencias sexuales en El Salvador.
En 2017, él fue parte del grupo de seis jóvenes que renunció a la juventud de ARENA tras mostrar públicamente su postura a favor hacia temas progresistas, como el matrimonio igualitario y el aborto.
“Hay que decir que la mía es la primera candidatura abiertamente LGBTI para un cargo de diputación en la Asamblea Legislativa, entonces, todo en adelante es nuevo, no ha sido explorado, pero lo que yo sí esperaría es que, desde la población LGBTI, podamos, también, tomar consciencia de la importancia de la representatividad”, sostiene.
Si se convierte en diputado, Ortiz dice que impulsará la Ley de Identidad de Género y presentará un anteproyecto de Ley Nacional contra la Discriminación en la Asamblea Legislativa, para crear una institución que proteja los derechos de la población y que sea independiente del Ejecutivo.
Deudas del gobierno actual y perspectivas
El 28 de febrero, el partido fundado por el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, también participará por primera vez en las elecciones para diputadxs y alcaldes.
Bukele, en el año y medio en el cargo, no ha mostrado interés de crear políticas públicas a favor de la población LGBTI. Es más, en el segundo día de su gobierno trasladó las funciones de la Dirección de la Diversidad Sexual, creada en el primer gobierno del FMLN bajo presión de la sociedad civil, al Ministerio de Cultura. Este es uno de los ministerios con uno de los presupuestos más bajos.
La dirección estaba adscrita a la ya desaparecida Secretaría de Inclusión Social y dependió presupuestariamente de la Presidencia. Sus funciones fueron la capacitación del personal de los diferentes ministerios, la generación de ferias de empleo para las disidencias sexuales y la creación de un call center para atender denuncias por discriminación de las personas de las disidencias sexuales que trabajaran en alguna institución gubernamental. Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil, si el gobierno dará seguimiento a estas acciones.
Con las diputaciones ganadas por Nuevas Ideas, más el bloque de los otros partidos de derecha que no tienen en su agenda las políticas públicas a favor de la población LGBTI, Zapata adelanta que se están preparando para más retrocesos en derechos humanos.
“Lo más probable es que la mayoría de diputaciones terminen siendo bastantes conservadoras, lo que puede terminar en que, en lugar de avances, sean retrocesos en tema de derechos humanos. Ya lo hemos visto dentro del Órgano Ejecutivo. Ahora, es probable, y nos estamos preparando para ello, de que también suceda en el Órgano Legislativo”, advierte.
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Comentarios desactivados en “No recuerdo cuántas veces fui abusada”: Mujer trans relata su dura experiencia durante la guerra en El Salvador
Fotos EDH / Jessica Orellana
Nancy, una mujer trans de 57 años de edad, narra su difícil experiencia en tiempo de la guerra debido a su identidad de género. La comunidad LGBTI sigue la lucha porque sus derechos humanos sean respetados.
Uno de los grandes logros de Nancy es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado. Actualmente tiene 57 años de edad.
Por Jessica Orellana Ene 17, 2021
Nancy tiene 57 años en un país donde la esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una sobreviviente. Uno de los grandes logros es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado.
“No recuerdo cuántas veces fui abusada por los cuerpos de seguridad. Creo que como seis veces fui a parar detenida por la Policía Nacional y llevada a la “Media Luna”. Así le decían a una bartolina que estaba en el Castillo de la Policía. No había delito, solo me decían «vaya vos culero, subite que te vamos a detener». Nosotras preguntábamos por qué y solo a reír se ponían”, cuanta Nancy de sus mala experiencias durante la guerra civil.
Para 1975, Nancy tenía 11 años y fue cuando aceptó, con seguridad, cuál es su identidad de género. La reacción de su mamá fue llevarla a una cita con el psiquiatra, pero como la progenitora no obtuvo el resultado que esperaba, la echó de la casa.
Nancy encontró en la calle una familia adoptiva; otras mujeres trans con destinos similares. La falta de educación y de dinero la obligaban a prostituirse y también sufrir violencia sexual.
“En aquellos días no existían los derechos humanos. No había respeto alguno y menos para nosotras, nuestra palabra no existía”, recuerda Nancy 46 años después de que decidiera ser quien ella quería, sin importarle recibir el castigo por sobrepasar las normas y las construcciones sociales.
En 1979 inició la guerra en El Salvador que dejó 75 mil muertos y desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de ambos bandos que no figuran en el Informe de la Comisión de la Verdad, los de la violencia sexual, es uno de esos delitos que no se han esclarecido ni judicializado..
“Aunque acá en San Salvador no fue tan fuerte la guerra sí sufrían los toques de queda. De repente, había enfrentamientos en los que podías perder la vida. Y ahí si no importaba quien eras”, explica.
Los soldados y oficiales podían ser amigos, pero también enemigos de las trans en esa época. Cuando no las violentaban, les pagaban por sexo.
“Los mismos militares nos contaban cómo había casos donde no perdonaban la vida de nadie. Yo fui testigo de cuántas mujeres trans fueron desaparecidas y asesinadas con crueldad, porque no solo es que las mataban, las desfiguraban con un odio horrible para que nadie las identificará”.
Una realidad que no cambió con la firma de los Acuerdos de Paz
En El Salvador no existen cifras oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad y expresión de género o en la orientación sexual de las personas.
El único caso que se ha judicializado en el país como crimen de odio es el asesinato de Camila Díaz, tres policías la mataron a golpes. El crimen fue calificado como homicidio motivado por el odio a la identidad de género. En julio de 2020, los autores fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, un hecho histórico para la justicia salvadoreña.
Hasta diciembre de 2019, el Observatorio de Estadísticas de Género, que depende de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, reportó por vez primera en su boletín semestral, con cifras de 2015 a junio de 2019, un apartado con data de hechos de violencia contra la población LGBTI.
Sus estadísticas contabilizaron para ese entonces 692 casos de violencia. Cabe destacar que estos solo corresponden a las denuncias recibidas en el sector justicia, Isdemu, sector salud, Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. De estos casos, 29 proceden de denuncias de organizaciones de la sociedad civil.
Nancy sabe que ser trans en este país es de ir contracorriente. Ella cree que haberse trazado un propósito en la vida le ha ayudado a salir de la prostitución, porque sabía que ejerciendo esa profesión podía ser también asesinada.
La oenegé Comcavis Trans ha registrado al menos 600 homicidios de personas LGBTI en El Salvador desde 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de paz.
De estas personas, las mujeres trans son la cara más visible de las disidencias sexuales por lo que están más expuestas a todo tipo de violencia, de discriminación e inclusive la a extorsión de las pandillas. Y de las denuncias que existen, la mayoría de agresores son integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Tener acceso a la justicia para ellas es una marcha cuesta arriba.
Una lucha reciente
Durante la guerra no existían organizaciones que velarán por sus derechos de la comunidad LGBTI. Así lo explica Camila Portillo, activista por los derechos de las mujeres trans. Tampoco estaban organizadas. Con la firma de los Acuerdos de paz y llegaron cambios y comenzaron a dar los primeros pasos para constituir una oenegé que las representará en 1994.
En ese contexto, Nancy pudo encontrar una opción distinta al trabajo sexual y se convirtió en defensora de derechos humanos LGBTI. Entró en un proceso de perdón y sanación que le permite ayudar a las nuevas generaciones trans.
“Hoy los jóvenes tienen más oportunidades para decidir quiénes son, oportunidades que yo hubiera querido tener en aquel entonces; aunque si me preguntan, no me arrepiento de lo que me tocó vivir porque me ha hecho ser quien soy”.
Pero la tolerancia no vino junto a los Acuerdos de Paz. Las garantías para respetar los derechos humanos no tenían la misma lectura para las personas LGBTI. No las reunificó con una sociedad que no estaba preparada ni educada.
“Siempre seguimos asediadas, violentadas y matadas”, reflexiona Nancy, aunque confiesa que ha percibido un poco más de respeto durante la última década.
“Antes yo no podía estar en la calle porque te levantaban y muchas veces no volvías y no porque yo me lo esté inventando sino porque yo lo viví, aunque a veces las cosas no son como quisiéramos, pero debemos conmemorar los Acuerdos de Paz y seguir luchando cada uno para garantizar nuestros derechos y no olvidar la historia”.
Comentarios desactivados en La increíble historia de dos pandilleros violentos de bandas enemigas que se enamoran
Si vamos a hablar de violencia brutal y homofobia, uno de los ejemplos más exactos que podemos poner es el de los pandilleros de El Salvador.
El Salvador se caracteriza, lamentablemente, por albergar en su territorio a algunas de las pandillas más violentas de Centroamérica. La homosexualidad, o incluso comportamientos que parezcan indicarla, se pagan con la muerte.
Por eso esta historia de amor es tan sorprendente. El periodista Carlos Martínez lleva años adentrándose al mundo de los pandilleros y desde ahí ha visto los actos más espeluznantes y sanguinarios. Por eso cuando llegó a la cárcel de San Francisco Gotera, donde hay 1600 pandilleros de grupos rivales a punta de navaja todo el día, y se encontró con dos hombres tatuados por todo el cuerpo y condenados por crímenes muy violentos, se quedó impresionando al ver que eran novios, se querían y se protegían.
«(Los pandilleros) consideran la homosexualidad una especie de condición vergonzante y humillante. Por lo tanto, no solo desprecian la homosexualidad y a los homosexuales o cualquier otra expresión de identidad sexual o de género, como la sociedad salvadoreña, [sino que lo hacen] en fucsia. Es decir, los asesinan y los asesinan mediante la tortura. Y es de las primeras cosas que queda muy claro cuando uno conoce el fenómeno pandillero. Si sospechan de que alguien es gay o que tienen conductas que consideran gais los matan de una forma terrible», cuenta el periodista en una entrevista a El País.
Martínez contactó con una cineasta española, Marlén Viñayo, y así ha nacido un documental único en su especie: Imperdonable.
Imperdonable nos cuenta la historia de Geovanny, que con solo 12 años se unió a una pandilla, se convirtió en un sicario y despiadado y a sus 25 años cumple una condena de 30 en el penal. Ahí encontró el amor, en Steven, un pandillero de una banda enemiga.
“Yo pienso que matar a una persona sí es malo, pero no es tan difícil, pero amar a otro hombre es algo fuera de lo natural”. Esta frase de Geovanny puede mostrarnos la esencia del documental.
Imperdonable representará a El Salvador en los premios Óscar (es la primera vez), y ahí donde se ha estrenado la película de 35 minutos ha cosechado buenas críticas. Esperamos ansiosos poder vera.
Comentarios desactivados en Reino Unido reconoció como refugiada a una persona no binaria: la historia de Arthur Britney
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Fotos: gentileza Arthur Britney Joestar
Arthur Britney Joestar se convirtió en la primera persona no binaria a la que se reconoce como refugiada en Reino Unido. En un histórico fallo, la jueza de apelaciones Gaenor Bruce, determinó que de retornar a El Salvador, de donde huyó, la vida de Joestar, de 29 años, estaría en riesgo de sufrir persecuciones y violencias, como ya le había pasado. “Mi caso es una victoria para las personas migrantes y para los ciudadanos británicos que se consideren no binarios. Porque soy la primera persona reconocida legalmente como no binaria en el país”, señaló Arthur Britney. Cuando la jueza le preguntó con qué pronombre quería ser tratade –ya que en los papeles todes se referían como “él”–, respondió “elle”.
El desplazamiento y migración forzada causada por discriminación, violencia y pobreza son los principales motivos por los que la población LGBT+ decide salir de El Salvador en busca de protección. Huyendo de la discriminación y la violencia ejercida por su identidad y orientación sexual, también Arthur Britney decidió emigrar desde el país centroamericano hacia el Reino Unido en 2017, buscando obtener asilo humanitario que le permitiera acceder a una vida sin estigmas. Lejos de eso, encontró un sistema migratorio diseñado para rechazar la mayor cantidad de solicitudes.
“Siempre he sido una persona que a la que le gusta explorar su identidad, tratando de buscar cómo yo me sentía conforme con mi cuerpo. Nunca sentí que yo fuera el estereotipo de hombre macho que tiene la sociedad salvadoreña. Pero cuando me salía del patrón, sufría ataques y discriminación diaria”, dijo Arthur Britney a Presentes.
De acuerdo a datos de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS Trans, El Salvador es uno de los países más inseguros para las personas LGBTI por el alto nivel de intolerancia hacia la diversidad sexual. En 2020 en esa organización atendieron a 131 personas que sufrieron desplazamiento forzado interno.
“Una vez iba caminando hacia mi trabajo y desde un camión un tipo me lanzó una bolsa con orina y me cayó encima. Fue una de las cosas más humillantes que me ha pasado en la vida”, recordó Arthur Britney.
Arthur Britney en el centro histórico de San Salvador.
Desde que inició su petición de asilo humanitario, en octubre de 2017, Arthur tuvo que enfrentar tres fallos negativos antes de su aprobación. El camino fue arduo. Elle dice que incluso el servicio de inmigración del Reino Unido intentó forzarle para firmar la carta de deportación voluntaria.
“Ellos (el servicio de inmigración) me intentaron deportar sin ninguna razón. Yo fui a mi reporte mensual y me llevaron a una habitación donde me dijeron que mi caso estaba cerrado y denegado. Me dijeron que tenía la opción de firmar mi retorno voluntario renunciando a todo el derecho de asilo o me detendrían para llevarme a una cárcel y luego expulsarme del país”, expresó Arthur Britney.
En ese momento su caso se encontraba en la etapa de apelación. Por esa razón no podría ser deportado u obligado a firmar el retorno voluntario hacia El Salvador. Pero Arthur Britney dice que su abogado logró detener el procedimiento y tuvieron que liberarle.
“Después de detenerme e interrogándome para intentar quebrarme, un tipo entró a la habitación y dijo que me dejaran libre porque mi caso estaba en la Suprema Corte”, señaló Arthur Britney.
La prolongación y las negativas a su petición de asilo afectaron su salud mental. Arthur Britney cuenta que tuvo depresión y fue atendido por una psicóloga que le ayudó a resistir el engorroso proceso y a descubrir su identidad no binaria.
Diversidad sexual sin derechos en El Salvador
Arthur Britney recuerda que en los primeros años en la exploración de su identidad sintió muchos remordimientos. Creía que vivía fuera de los parámetros de heteronormatividad que imperan en la sociedad salvadoreña.
El Salvador no reconoce el matrimonio civil igualitario. Actualmente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudia dos demandas de inconstitucionalidad del código de familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En marzo de 2018 se presentó en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de identidad de género, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – FMLN, respaldó la iniciativa que aún se encuentra en estudio.
La influencia de la religión católica sobre el poder político en El Salvador aún tiene mucha fuerza. El derecho a la educación sexual, al matrimonio igualitario o al aborto siguen estancados en el Congreso porque los partidos políticos temen ser castigados por impulsar “temas tabúes” para la mayoría de la población.
Arthur Britney en el Pride de San Salvador
“Cuando era más joven me refugié mucho en la Iglesia, porque intentaba eliminar todo pensamiento que creía que era pecado. Quería sacar todo eso de mi y el mejor método que conseguí fue la religión”, recuerda Arthur. Con la esperanza de “alejarse” de su identidad, decidió estudiar el profesorado en teología pastoral.
“Es una etapa de mi vida en que yo tenía una lucha interna muy terrible. Tal vez hacia fuera no se veía, pero cuando estaba solo sufría mucho. Decía “yo no quiero ser gay y yo no quiero ser pecador, quiero ser normal”. Era una cuestión muy oscura y sé que mucha gente pasa por eso”, expresó en entrevista con Presentes.
Fan de Britney Spears
La admiración por los personajes andróginos de Hirohiko Araki en la serie manga Jojo’s Bizarre Adventure, y la música de Britney Spears fueron la inspiración, cuenta, para definir su nueva identidad legal.
“Llegar a la combinación de mis nombres es una ganancia porque ahora todas las personas tendrán la posibilidad que su identidad sea suya, propia. Y nadie legalmente tenga que decir qué es incorrecto”, señaló Arthur Britney.
La construcción de su nombre tiene múltiples significados para Arthur Britney. Durante su niñez y adolescencia dice que soportó la violencia física que su padre ejerció sobre su mamá. Recuerda que junto con sus dos hermanos prometió no utilizar el apellido de la persona que la violentó.
“Sufrimos mucho de violencia intrafamiliar cuando éramos jóvenes. Llevar el apellido de una persona que te causó tanto daño y que destruyó a tu familia, que destruyó tu infancia, no es algo que tú quieres. Con mis hermanos decidimos en un momento cambiarnos el nombre. Y llegamos a la conclusión de que todos íbamos a asumir el Joestar”, señaló Arthur Britney.
Britney Spears fue el escape que tuvo durante su juventud. Reconoce que ella se convirtió en la musa que la tomó de la mano con sus canciones y la condujo hacia la aceptación de su identidad de género y orientación sexual.
“Britney es la razón por la que estoy vivo en este momento. Siempre ha estado a mi lado en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad. Lo único que me reconfortaba era escuchar la música de esta diva. En la etapa de depresión también me levantó los ánimos”, dijo Arthur Britney.
Nacer de nuevo como refugiadx no binarie
Desde su casa en Liverpool, Arthur Britney –que estudió una tecnicatura en diseño gráfico y trabaja en ese ámbito- aún no sale del asombro por la trascendencia del histórico fallo a su favor y del reconocimiento a su identidad de género.
Al conocerse el fallo, el 30 de diciembre, le dijo al diario inglés The Guardian: “Al final, la jueza se volvió para mirarme y empezó a hablarme en español, para decirme que me concedía el derecho a quedarme en este país y el derecho a ser quien quiero ser. Empecé a llorar. Me sentí como si hubiera nacido de nuevo”.
Reflexiona sobre su futuro y cómo su caso puede servir de precedente para personas migrantes y no binarias. “Si yo pude cambiar un país extranjero, que no es el mío ni habla mi lengua, y si todos nos unimos podemos hacer una gran diferencia y regalar un mejor mundo a las generaciones que vienen”.
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Comentarios desactivados en Procesan a joven lesbiana por defenderse de un ataque policial en El Salvador
Por Stanley Luna, desde El Salvador
Valentina y su pareja fueron detenidas por dos policías en febrero de este año. Los agentes las torturaron durante horas, pero Valentina es acusada de lesionar a un agente por auto defenderse y la Fiscalía General de la República sigue un juicio de lesiones y resistencia contra ella.
Valentina y Fernanda volvían de cenar y se detuvieron a hablar a dos cuadras de su colonia, en departamento occidental de Santa Ana, 68 kilómetros al oeste de San Salvador. Era la noche del 8 de febrero de 2020.
Valentina contó a Present que alzaron un poco la voz y tres hombres encargados de la vigilancia de la colonia donde viven se les acercaron y les dijeron que se tranquilizaran. Luego pasaron a acosarlas con preguntas incómodas.
A las 10:30 de la noche, 15 minutos después de estar con los vigilantes, los policías German Ernesto Ruíz Olano y Cruz Alberto Castro Sánchez llegaron en un pick up policial, según la denuncia fiscal.
Valentina recuerda que los dos policías se bajaron enojados de la patrulla y comenzaron a insultarlas. Fernanda les intentó explicar que estaban por volver a casa, que simplemente hablaban, y que no podían llevárselas detenidas sin ningún motivo, ya que ellas conocían sus derechos.
Estas palabras bastaron para que Ruíz Olano la tirara al suelo, boca abajo, y la esposara. Su compañero Castro Sánchez esposó a Valentina con los brazos atrás de su espalda.
“Yo, como pude, traté de defenderme a mí y traté de defenderla a ella. A ella la tenían en el suelo. La estaba pateando el otro hombre, que es el que mí me está acusando de agresión”, cuenta Valentina.
Los policías las subieron a la cama del pick up y Ruíz Olano les pateó la cara a ambas con sus botas, mientras el otro policía, por 30 minutos, condujo hasta llegar a una delegación policial.
En la delegación, los policías que las capturaron las lanzaron a un suelo de graba, las ataron las celdas y las obligaron a hincarse. Les rociaron agua sucia y fría de una pila, las siguieron golpeando y les tomaron fotografías.
Encerradas e incomunicadas
A las dos les robaron los zapatos. Además, a Valentina le robaron su celular y a Fernanda 22 dólares. Luego las encerraron en una celda en la que convivieron con nueve pandilleras.
Por las pandilleras lograron comer, debido a que, desde su captura hasta el día de la audiencia inicial, no tuvieron comunicación con su familia. Los primeros días tampoco contaron con un abogado, lo cual viola el principio de la presunción de inocencia.
Valentina recuerda que después de la tortura, sus caras quedaron irreconocibles. Antes del amanecer, fueron trasladas a otra delegación policial en la que esperaron la audiencia por resistirse a la captura. Pero el agente Ruíz Olano también denunció a Valentina por lesiones.
Las mujeres llegaron descalzas a la audiencia del 11 de marzo, con las marcas y lesiones de los golpes en su cuerpo. Las dos quedaron libres y, de todo lo que les robaron, lo único que pudieron recuperar fue parte de los 22 dólares.
Fernanda fue absuelta, pero Valentina sigue todavía en libertad condicional el proceso por resistencia y lesiones. El policía intentó conciliar con $100 dólares a cambio de terminar el caso, pero ella no aceptó. La jueza, entonces, le impuso medidas a cumplir mientras termine el juicio.
Valentina tiene 30 años y Fernanda 26. Nunca antes habían sufrido un ataque lesbofóbico como el de esa noche. Por temor, prefieren no revelar su identidad.
Una denuncia que no avanzó
Angélica María Rivas es la abogada de Valentina y Fernanda. Ella pertenece a la Colectiva Feminista, una organización de mujeres en El Salvador.
En una entrevista con Presentes dijo que desde la defensa se presume que fue uno de los tres vigilantes que se acercó a la pareja el que llamó a la policía para que capturaran a las víctimas.
“Ambas se defendieron, pero como la primera que fue tirada a la cama (del carro) fue Fernanda, la otra compañera tuvo como un poquito más de margen de defenderse. Pero claramente a esto no se le puede llamar lesiones, porque una mujer con su complexión física, imposible que va a golpear a un policía entrenado con armas”, señala.
Rivas acompañó a Valentina y Fernanda a denunciar a los policías en la Fiscalía General de la República (FGR), en marzo, por los delitos de lesiones, tortura, actos arbitrarios y privación de libertad por funcionario público. Las víctimas ya lo habían hecho, días después de los hechos, en el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Ana.
A ocho meses de la denuncia, la abogada dice que los agentes todavía no han sido acusados en un juzgado, pero la FGR tiene un año para presentar la acusación.
Una audiencia contra Valentina
El 4 de diciembre es la audiencia de instrucción en la que Valentina es acusada de lesiones y resistencia. Esta audiencia se ha suspendido tres veces. La última suspensión fue a finales de octubre, ya que Rivas le pidió tiempo a la jueza para llegar a un acuerdo que no favorezca al policía, pero que tampoco deje impune la tortura de la pareja.
La FGR, por medio de su unidad de comunicaciones, señaló que Valentina y Fernanda desistirán de continuar la denuncia contra los policías y luego Valentina conciliará con Ruíz Olano en el juzgado.
Esta información es descartada por Rivas, quien aclara que ante la renuencia de Ruíz Olano de que su expediente policial no quede manchado, han hablado sobre la posibilidad de que él retire la denuncia contra Valentina y que la pareja retire la denuncia contra los policías por la salud mental de Valentina. Pero esto todavía no es un acuerdo.
Presentes intentó conocer si la Policía Nacional Civil (PNC) ha abierto una investigación interna contra los agentes, pero no hubo respuesta del encargado de la unidad de comunicaciones de la institución.
El crimen no fue tipificado como un crimen de odio, pero el modo de operar de los acusados fue similar al de los policías Ruíz Olano y Castro Sánchez, pues los condenados detuvieron ilegalmente a Díaz y la golpearon, desde el momento de su captura hasta dejarla tirada en una calle solitaria a las afueras de San Salvador.
El Salvador aún no cuenta con una política criminal, ni con un protocolo para investigar y procesar los crímenes de odio. En noviembre del año pasado, tras los continuos asesinatos de cuatro mujeres trans, la Organización de las Naciones Unidas exigió a las autoridades procesar y castigar a los responsables.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Comentarios desactivados en Juan José Tamayo: “La extrema derecha de Dios”
“La internacional cristo-neofascista al asalto del poder blandiendo la Biblia”
Una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista ensombrece el mundo, y muy especialmente América Latina. Ejemplos de ello son España, Colombia, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Bolivia…
Actúa coordinadamente en todos los continentes, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal
Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía
El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso para la sociedad en todos los sentidos
¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto
Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria
En América Latina, Estados Unidos y Europa estamos asistiendo a un avance de las organizaciones y partidos políticos de extrema derecha, que conforman un entramado perfectamente estructurado y coordinado a nivel global y están en conexión orgánica con grupos fundamentalistas cristianos, hasta conformar lo que Nazaret Castro llama “la Internacional neofascista” y yo califico de “Internacional Cristo-neofascista” y “Extrema derecha de Dios”.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta Internacional en España es la complicidad y total sintonía entre las organizaciones católicas españolas ultraconservadoras HazteOír, El Yunque, Infocatólica y otras, y el partido de extrema derecha Vox.
En Colombia fracasaron los acuerdos de paz porque los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas hicieron campaña en contra alegando que en ellos se defendían el matrimonio igualitario, el aborto y la homosexualidad. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2018 ganó el pastor evangélico Fabricio Alvarado con un discurso a favor de los “valores cristianos” y del neoliberalismo y contra el aborto y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo.
En Brasil, los partidos evangélicos fundamentalistas fueron decisivos en la reprobación de Dilma Rousseff y en la elección del exmilitar Jair Messias Bolsonaro como presidente del país. Son ellos realmente los que inspiran y legitiman su política declaradamente homófoba, sexista, xenófoba y antiecológica.
El Gobierno de El Salvador parece seguir similares derroteros. En su toma de posesión el presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, conocido por sus vínculos con pastores ultraconservadores de Estados Unidos. La diputada de Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas.
En Bolivia, los militares y los grupos religiosos fundamentalistas dieron un golpe de Estado contra Evo Morales, presidente legítimo de la República Plurinacional, que colocó a las comunidades indígenas en el centro de su política social, cultural, económica y en la cartografía mundial. Y lo hicieron con la Biblia y el crucifijo para legitimar el golpe, lavar las muertes producidas por el mismo, confesionalizar cristianamente la política, negar la identidad de las comunidades indígenas, justificar la represión contra ellas y desprestigiar sus cultos, calificándolos de “satánicos”.
Felizmente la ciudadanía ha devuelto la democracia a Bolivia en las elecciones del 18 de octubre, en las que el candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ex ministro de Economía con Evo, ha obtenido la mayoría absoluta en la primera vuelta con el 53% de los votos y tomará posesión de su cargo como presidente de la República Plurinacional de Bolivia el 8 de noviembre para un periodo de 2020 a 2025.
Tras los fenómenos aquí analizados producidos en diferentes países creo puede hablarse de una alianza cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal neofascista que actúa coordinadamente en todos los continentes, muy especialmente en América Latina, y utiliza irreverentemente el nombre de Cristo. Estamos ante una crasa manipulación de la religión y una perversión de lo sagrado que se alimenta del odio, crece e incluso disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y pretende extenderlo a toda la ciudadanía y que nada tiene que ver con la orientación liberadora e igualitaria del cristianismo originario.
La Internacional cristo-neofascista ha cambiado el mapa político y religioso en Estados Unidos, está cambiándolo en América Latina y va camino de hacerlo en Europa. El salto a la política del movimiento religioso fundamentalista en alianza con la extrema derecha supone un grave retroceso en la autonomía de la política y de la cultura, en la secularización de la sociedad, en la separación entre Estado y religión, en la autonomía de la ciencia, en las políticas ecológicas y en la opción por las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos.
El cristo-neofascismo no tiene intención de abandonar el escenario político y religioso. Ha venido para quedarse, posee un importante protagonismo en la agenda política internacional y está consiguiendo cada vez más seguidores. Actúa coordinadamente en todos los continentes, y muy especialmente en América Latina, utiliza irreverentemente el nombre de Cristo y defiende la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su versión neoliberal. Y, a decir verdad, lo hace con excelentes resultados: refuerza gobiernos autoritarios, derroca a presidentes elegidos democráticamente, da golpes de Estado enseguida legitimados por otros Estados y organismos internacionales, impide la aprobación de leyes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los derechos LGTBI y de los derechos de la Tierra, encarcela a dirigentes políticos, etc.
¿Tendremos que resignarnos ante esta extrema derecha de Dios y sus violentas manifestaciones? En absoluto.
Coincido con la intelectual alemana Carolin Emcke en su brillante ensayo Contra el odio (Taurus) en la necesidad de hacer un elogio de lo diferente y lo “impuro”, enfrentarnos al odio como condición necesaria para defender la democracia, adoptar una visión abierta de la sociedad y ejercer la capacidad de ironía y duda, de la que carecen los generadores de odio.
Este artículo es una reelaboración actualizada y ampliada del publicado en la Agenda Latinoamericana 2021.
Una exposición más amplia y fundamentada se encuentra en mi libro La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, que aparecerá a mediados de noviembre en la editorial Icaria.
Comentarios desactivados en Tamayo, sobre la condena a Montano: “Escuché con emoción la sentencia. Se hizo justicia, pero no completa”
Ignacio Ellacuría: Pasión por la justicia, compasión con las víctimas y amor por la verdad
Escuché con emoción la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Inocente Orlando Montano a 133 años de prisión como culpable de los asesinatos de Ignacio Ellacuría y de sus compañeros jesuitas españoles
Se hizo justicia pero no completa, ya que quedaron impunes los asesinatos de los salvadoreños el jesuita Joaquín López y López, la trabajadora doméstica Julia Elba Ramos y su hija Celina, de 15 años
Ellacuría es uno de los más cualificados creadores y cultivadores de la teología y de la filosofía de la liberación en América Latina
Su honestidad intelectual le llevó a ser fiel a la realidad, una realidad transida de muerte, pero abierta a la esperanza de vida; una realidad aparentemente plana y opaca, pero cargada de potencialidades ocultas que él quiso sacar a la luz
El acto primero de su teología fue el pueblo crucificado de El Salvador, su lucha histórica por vencer a la muerte provocada por el triángulo oligarquía-ejército-gobierno, su compromiso por la vida
Encarnó la máxima del filósofo griego Epicuro: “Vana es la palabra del filósofo (y yo añado: del teólogo) que no sirva para curar algún sufrimiento de los seres humanos”
La lectura de su obra y el conocimiento más preciso de su actividad política y universitaria nos permiten valorar en sus justos términos el sentido crítico de su pensamiento, la autenticidad de su experiencia religiosa, su vocación pacificadora
El desarrollo y la profundización de de estas ideas se encuentran en mi libro, escrito en colaboración con José Manuel Romero, Ignacio Ellacuría. Teología, filosofía y crítica de la ideología (Anthropos, Barcelona, 2019)
El viernes pasado, 11 de septiembre, escuché con profunda emoción y lágrimas de alegría la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a Inocente Orlando Montano a 133 años de prisión como culpable de los asesinatos de Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), y de sus compañeros jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Manuel Moreno la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Se hizo justicia pero no completa, ya que quedaron impunes los asesinatos de los salvadoreños el jesuita Joaquín López y López, la trabajadora doméstica Julia Elba Ramos y su hija Celina, de 15 años.
“Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”
“Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”: Este texto poético, de José Martí, tiene aire del Atahualpa Yupanki y recuerda el mensaje utópico de los viejos profetas de Israel y la proclama liberadora de Jesús de Nazaret. Con él comienzo esta evocación de Ignacio Ellacuría, con quien colaboré intensamente en libros, conferencias y congresos. Cuando se creó la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid, el rector Gregorio Peces-Barba me pidió le pusiera el nombre de un teólogo español fallecido. “Ignacio Ellacuría”, le respondí sin dudar un minuto. El método seguido en los cursos y las publicaciones de la Cátedra es el de la historificación de los conceptos filosóficos, teológicos y políticos, que él creó e inspira mi teología.
Ellacuría es, sin duda, uno de los más cualificados creadores y cultivadores de la teología y de la filosofía de la liberación en América Latina, y constituye todo un ejemplo de coherencia entre pensar y vivir, teología y praxis, biografía y bibliografía, pasión por la justicia y compasión con las víctimas, amor a la verdad y compromiso con la liberación de las personas y los sectores empobrecidos. En él no había compartimentos estancos ni doblez: vivía como pensaba, pensaba como vivía. Su vida fue la mejor ejemplificación de su pensamiento; su pensamiento, la más nítida explicación de su vida.
Siempre me impresionó su serenidad, cualidad de los espíritus libres y equilibrados que, como la naturaleza, no dan saltos en el vacío, sino que saben estar en cada situación de manera ecuánime y sin hace concesiones a las ideológicas.
Ellacuría era una persona de una pieza, un hombre cabal, que armonizaba de manera espontánea y sin fisuras la ética y la política, la fe y la esperanza, la reflexión y la praxis de liberación. La ética resultaba ser en él la bisagra y el punto de conexión entre la doble dimensión de la fe: la mística y la política. La causa de la liberación, y por ende de la libertad, no era algo accidental, de lo que se ocupara en ratos de ocio, sino consustancial. Esa causa guió su pensar y vivir, su punto de partida y de llegada. Quizá no haya otra causa más noble, más gratuita e interesada a la vez, en cuanto estaba vinculada a intereses de emancipación.
Intelectual honesto y fidelidad a lo real
Su honestidad intelectual le llevó a ser fiel a la realidad, una realidad transida de muerte, pero abierta a la esperanza de vida; una realidad aparentemente plana y opaca, pero cargada de potencialidades ocultas que él quiso sacar a la luz.
La fidelidad a lo real le convirtió en un intelectual honesto: le llevó a analizar la realidad en toda su complejidad, con un instrumental científico riguroso, desde unos presupuestos éticos de justicia y solidaridad. Él mismo solía repetir, siguiendo a su maestro Xabier Zubiri, que la inteligencia debe aprehender la realidad y enfrentarse con ella, siguiendo estos tres pasos: a) hacerse cargo de la realidad, que consiste en un estar “real” en la realidad de las cosas a través de las mediaciones materiales y activas; b) cargar con la realidad, esto es, tener en cuenta el carácter ético fundamental de la inteligencia; c) encargarse de la realidad, que significa asumir hasta sus últimas consecuencias la dimensión práxico-emancipatoria de la inteligencia.
Pero lo más importante de esta caracterización de la inteligencia es que Ellacuría fue capaz de encarnarla vitalmente y de convertirla en praxis histórica martirial, acompañando al pueblo de El Salvador y a los “pueblos crucificados” con la luz de la inteligencia y la radicalidad del Evangelio.
Supo articular, en su vida y pensamiento , el análisis de la realidad a través del recurso a las ciencias sociales, políticas y económicas, el quehacer teológico a través de la mediación hermenéutica y la reflexión filosófica bajo guía de Xavier Zubiri, de quien fue primero el discípulo sobre quien hizo su tesis doctoral y después el colaborador más cercano, cuyo pensamiento recreó. Sorprendía gratamente comprobar cómo armonizaba la seriedad metodológica con la sensibilidad hacia las mayorías empobrecidas, la precisión científica con la sintonía crítica hacia los proyectos de las organizaciones populares de El Salvador.
Nada tiene que ver el teólogo Ellacuría con la irónica definición que de los teólogos daba el que fuera arzobispo de Canterbury, Willian Temple: los teólogos son, afirmaba, “personas que consumen toda una vida irreprochable en dar respuestas exactísimas a preguntas que nadie se plantea”. El acto primero de la teología de Ellacuría fue el pueblo crucificado de El Salvador, su lucha histórica por vencer a la muerte provocada por el triángulo oligarquía-ejército-gobierno, su compromiso por la vida, su anhelo de resurrección, expresado por monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 en su afirmación “Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”, grabada a la entrada de la capilla de la UCA, donde está enterrados los mártires jesuitas.
La convergencia con monseñor Romero, cristiano cabal que le precedió en el martirio, era total. Ambos creían en la “fuerza histórica de los pobres” para liberarse de las cadenas de la opresión y construir la fraternidad-sororidad desde abajo. La muerte de ambos era una “muerte anunciada”, pero también estaba anunciada su victoria sobre la muerte, como anticipara monseñor Romero en la frase antes citada.
Bajar de la cruz a los pueblos crucificados
Ni una sola línea de sus escritos ni una sola acción de su itinerario vital le alejaron de su pasión por los pueblos crucificados, no para dejarlos ahí colgados, sino para bajarlos de la cruz. Creo que cualquier teología o filosofía que pase por alto las densas y significativas preguntas surgidas del infierno de la muerte de los inocentes y de las situaciones de explotación que viven los pueblos empobrecidos en el Norte Gobal y en el Sur Global, termina por convertirse en un estéril ejercicio de retórica vacua o en un gran acto de cinismo.
Ellacuría encarnó la máxima del filósofo griego Epicuro: “Vana es la palabra del filósofo (y yo añado: del teólogo) que no sirva para curar algún sufrimiento de los seres humanos”, que no está tan lejos de las palabras del profeta Oseas “Misericordia quiero, no sacrificios”, puestas por los evangelistas en boca del profeta Jesús de Nazaret.
La vida y el pensamiento de Ignacio Ellacuría plantean a la sociedad y a las religiones, al pensamiento filosófico y teológico del Norte Global la necesidad de un giro copernicano, de un cambio de dirección en las siguientes alternativas: del individualismo a la comunidad; de la civilización de la riqueza a la cultura de la austeridad; de la retórica de los derechos humanos a la defensa de los derechos de las personas empobrecidas y de los pueblos oprimidos; de la historia entendida como como progreso lineal de los colectivos privilegiados a la historia como cautiverio e interrupción; del “fuera de la Iglesia no hay salvación” al “fuera de los pobres no hay salvación”; de la moral privada a la ética pública: En suma, de la razón instrumental inmisericorde, en que ha desembocado la razón ilustrada, a la razón compasiva.
“Hombre de compasión y misericordia”
Ellacuría encarnó la máxima del filósofo griego Epicuro: “Vana es la palabra del filósofo (y o añado: del teólogo) que no sirva para curar algún sufrimiento de los seres humanos”, que está en plena sintonía con las palabras del profeta Oseas puestas por los evangelistas en boca de Jesús: “Misericordia quiero, no sacrificios”. Es la base de la ética de la compasión.
Los numerosos estudios sobre la vida y el pensamiento de Ellacuría que se han sucedido ininterrumpidamente a lo largo de los treinta años tras su asesinato, nos han descubierto nuevas dimensiones de su personalidad, en la que convivían armónicamente el profesor universitario y el analista político, el crítico del poder y el defensor de las personas víctima de la violencia del sistema, el filósofo de la realidad histórica y el teólogo de la justicia, el intelectual comprometido y el creyente sincero, el lúcido polemista y el mediador para la paz, el pensador y el activista de los derechos humanos, el testigo y el creyente en el Dios de la esperanza y en Jesús de Nazaret, el Cristo Liberador .
La lectura de su obra y el conocimiento más preciso de su actividad política y universitaria nos permiten valorar en sus justos términos el sentido crítico de su pensamiento, la autenticidad de su experiencia religiosa, su vocación pacificadora en medio de los conflictos, su compromiso ético con los pobres de la tierra, la vigencia de muchos de sus análisis políticos, el horizonte emancipador de su filosofía y la perspectiva liberadora de su teología. Su vida fue ejemplo de coherencia entre pensar y actuar, fe cristiana y compromiso con los excluidos, reflexión y solidaridad con las víctimas. El filósofo y amigo personal de Ellacuría, Pedro Laín Entralgo le definió como Pharmakós por su pasión en reconciliarnos con el ser humano que somos. Jon Sobrino le llama “hombre de compasión y misericordia”. Dos definiciones que comparto.
El desarrollo y la profundización de de estas ideas se encuentran en mi libro, escrito en colaboración con José Manuel Romero, Ignacio Ellacuría. Teología, filosofía y crítica de la ideología (Anthropos, Barcelona, 2019)
Comentarios desactivados en Asesinan a mujer trans en El Salvador: activistas reclaman investigación
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Organizaciones LGBTI de El Salvador condenaron el asesinato de Katherine Rosmery Duvall, una mujer trans cuyo crimen no ha sido esclarecido por las autoridades. Informes preliminares de la fiscalía señalan que Katherine fue asesinada a balazos la noche del 3 de septiembre en la populosa residencial Altavista, municipio de Ilopango, 14 kilómetros al este de la capital. Pero hasta hoy no se ha podido reconstruir qué pasó. Las instituciones del Estado tampoco dieron mayores detalles sobre el hecho o capturas de los responsables.
Katherine se dedicaba a la lectura del tarot, y lo último que se supo de ella fue que se preparaba para la celebración de su natalicio. “Ya casi cumplo años, mis amores”, escribió el 3 de septiembre en su cuenta de Facebook.
“Katherine era acosada por la policía. La policía era la que le ponía renta (extorsión), llegaba a la casa de ella y la extorsionaba, llevándose televisores y cosas así. Y amenazándola con que si no se las daba, le iban a imponer cargos y se la iban a llevar presa”, dijo Linares.
Presentes solicitó información oficial sobre la muerte de Katherine a la Policía Nacional Civil, pero la institución no respondió.
“Exigimos a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras. ¡Las mujeres trans, no están seguras! ¡Exigimos justicia!” expresó a través de un comunicado la organización salvadoreña AMATE. Desde HT también condenaron el asesinato “pidiendo al universo brinde fortaleza a sus familiares y amigos y a la vez exigimos a las autoridades correspondientes realizar una exhaustiva investigación y que el peso de la ley caiga sobre quienes acabaron con su vida”.
Trans violentadas por el Estado en El Salvador
El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por ASPIDH y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) da cuenta de cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado.De acuerdo al estudio, mujeres trans reportaron que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso de parte de instituciones estatales: el 46% en los hospitales, un 36% en la Policía, un 6% en la Fuerza Armada y alcaldías, y un 3% en las universidades.
“Exigimos a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, realicen las investigaciones pertinentes para traer justicia en este nuevo crimen cometido hacia nuestra comunidad, pedimos al gobierno garantice la seguridad de nuestras compañeras”, expresó la organización Amate.
Esta es la segunda muerte de una mujer trans en El Salvador en lo que va de 2020. En enero fue asesinada Briyit Michelle Alas en el municipio de Ciudad Delgado.
El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el Código Penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Mujer trans huyó de violencias en El Salvador y pidió asilo en Guatemala, donde la asesinaron
Por Pilar Salazar, desde Ciudad de Guatemala
Josselin, una mujer trans de 29 años y origen salvadoreño que había pedido asilo en este país y residía en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, fue asesinada en su domicilio. La encontró su madre, con múltiples golpes y el rostro desfigurado la mañana del sábado 1 de agosto.
Josselin dedicaba al comercio informal de ropa y maquillaje en el mercado de la misma zona. Llevaba 12 años de vivir entre Guatemala y el Salvador, adonde viajaba constantemente con su madre cuando en 2018, a causa de la persecución por pandillas y la violencia en El Salvador por la falta de reconocimiento de su identidad de género, solicitó refugio en Guatemala. Así lo informó a Presentes Carlos Valdez, integrante de Lambda Guatemala (Organización por la igualdad, la dignidad y los derechos humanos de gais, lesbianas, hombres y mujeres bisexuales, hombres y mujeres trans e intersexuales de Guatemala). Hasta la fecha de su muerte no hubo resolución del Instituto Guatemalteco de Migración, comenta. Lambda había estado apoyando a Josselin por razón de la crisis por la pandemia por Covid-19 con vivienda y alimentación.
La agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresó en un comunicado su preocupación. “Nuestras condolencias a la familia y los seres queridos de esta mujer que intentaba reconstruir su vida en Guatemala luego de haber sido forzada a huir de su país por la violencia”, dijo Giovanni Bassu, representante regional del ACNUR para América Central y Cuba. El ACNUR hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas para investigar a fondo su muerte y al compromiso del Estado de proteger a las personas de la comunidad LGBTI y a quienes solicitan protección internacional en el país.
Y advirtió: “La muerte violenta de una mujer trans solicitante de asilo en Guatemala el fin de semana pasado resalta la necesidad de otorgar protección efectiva a las personas obligadas a huir de sus países, incluyendo a los miembros de la comunidad LGBTI”.
El Instituto Nacional de Migración se pronunció el jueves 7 de agosto por redes sociales por primera vez por el homicidio de una persona de la comunidad LGBTIQ+, confirmando que Josselin efectivamente había solicitado refugio en Guatemala.
En declaraciones a este medio del Defensor de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Henry España, indicó que hasta el momento no ha habido detenciones por este caso. “Será esperar las acciones que realice el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil, Lamentamos esta muerte violenta porque era una persona que estaba buscando algún tipo de protección y asilo en Guatemala derivado a la violencia por su identidad de género y persecución de pandillas. Pareciera que muchos países de Centroamérica como El Salvador, Honduras y Guatemala no son países seguros, o dignos para la vida de las personas LGBTIQ+, lo cual es bastante lamentable. Es importante que se visibilice que las personas LGBTIQ+ en muchas ocasiones necesitan buscar otros países porque no son bienvenides en los suyos por los contextos de violencia que ya existen, y que se agravan al momento en que una persona tiene una orientación sexual e identidad de género no normada. En este caso esperamos a que las investigaciones den un resultado, y hayan responsables como se debería de dar en todos los casos”.
Agencia Presentes consultó al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, a través de un foro donde se le preguntó de qué manera puede incidir desde su mandato como Procurador, al escaso interés del Ministerio Público en investigar a los crímenes por prejuicio que vienen ocurriendo de manera preocupante. Por ejemplo, se perpetraron al menos cinco asesinatos de personas LGBT+ de manera continua este año en el departamento de Izabal.
Hasta que la igualdad sea costumbre
“Sería importante sumar esfuerzos. Públicamente me gustaría comprometerme a hacer las gestiones ante el Ministro de Gobernación, para ver cómo se capacita al personal que está bajo su dirección, para darles esa sensibilidad, esa formación. Y también sería importante hacer trabajo en esa misma línea con el Ministerio Público. Imagínense un personal de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público certificados del tema creo que sería otra historia en el país”, respondió Rodas.
Otras organizaciones de sociedad civil expresaron su consternación por el transfeminicidio de Josselin como la Red Nacional de la Diversidad y el Observatorio por Muertes Violentas:“Exigimos justicia! Hoy por la mañana fue encontrada en la zona 7 de la ciudad capital, el cuerpo de una mujer trans. Se dedicaba a la economía informal y aspiraba a los beneficios de refugio, pues se desplazó desde El Salvador en búsqueda de resguardo. Seguimos… ¡Hasta que la igualdad sea costumbre!”.
La organización Otrans Reinas de la Noches también expresó su preocupación: “La Organización Trans Reinas de la Noche se suma a la consternación expresada por ACNUR, manifestada por el asesinato de una mujer trans salvadoreña que se encontraba gestionando asilo en Guatemala y que fuera asesinada el día de ayer, sábado 01 de Agosto de 2020 en su domicilio”.
El Salvador: discriminación, odio y ataques
Según un informe del 2019 “El Desplazamiento Forzado Interno de la Población LGBTI en El Salvador” de la organización COMCAVIS de ese país, organizaciones internacionales y no gubernamentales que promueven los derechos de las personas LGBTI informaron que funcionarias y funcionarios públicos, incluida la Policía participaron en 2018 en actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI y que incluso la Fiscalía General de la República “los ridiculizó cuando solicitaron tarjetas de identificación o informes de casos de violencia contra personas LGBTI”.
Por medio de un proceso deductivo, el juez primero de sentencia consideró que los agentes de seguridad del Estado Luis Alfredo Avelar, Carlos Valentín Rosales Carpio y Jaime Geovany Mendoza Rivas tuvieron participación del hecho, por lo que la condena de veinte años fue por el delito de homicidio agravado. Pero no se reconoció que fuera un crimen de odio hacia la identidad de género.
“Para nosotras como ASPIDH es un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, es dulce porque por lo menos ha habido una condena por fin por la muerte de una compañera trans y amargo porque al final no pusieron el agravante de crimen por odio y eso nos deja un mal sabor de boca porque no llegamos a la sentencia que esperábamos que eran 50 años. Obviamente estos 20 años pueden ser apelados y pueden ser disminuidos a la mitad”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
Para el magistrado, los agentes sometieron y esposaron a Camila en la parte de atrás de la patrulla, no la llevaron a un lugar donde estableció la bitácora policial, la abandonaron en un lugar solitario y peligroso y descartó que haya sido arrollada por un automóvil, tal y como sostenía la defensa.
“Los imputados han tenido participación en el hecho, porque los únicos que lesionaron a la víctima son los agentes”, dijo el juez.
La mayoría de casos contemplados como crímenes motivados por odio a la identidad, orientación y expresión de género han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente tres de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda y Tita Andrade.
El fallo a favor de Camila Díaz es el primero con una condena en el país centroamericano.
El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno.
“Como Fiscalía nos sentimos satisfechas porque creemos que se le hizo justicia a Camila verdad, el juez decidió condenarlos a 20 años de prisión a cada imputado por el delito de homicidio agravado”, dijo a la prensa la fiscal del caso, Gisela Meléndez.
Todavía está pendiente una resolución de tipo civil, luego que la fiscalía pidiera la cantidad de 1,000 dólares de reparación a la familia de Díaz por cada agente procesado.
“Yo sé que se hizo justicia, porque agarraron a estas personas desde el momento que asesinaron a mi hijo, las están procesando y si no hubiera sido así no hubiera llegado este proceso hasta donde está ahorita, por eso pienso que se ha hecho justicia”, dijo a Presentes la mamá de Camila, Edith Córdova a Presentes.
Camila fue deportada en 2017 desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario por carecer de arraigo en el país del norte, emigró por las amenazas a muerte de la pandilla del barrio, una de las más sangrientas de Centroamérica.
“Mi sentimiento más grande es que desde el momento en que a mí me dijeron ‘tu hijo no está, tu hijo desapareció’ desde que lo asesinaron mi sentimiento más grande es que mi hijo jamás va a volver a estar conmigo, nadie lo va a borrar de mi mente, de mi corazón, siempre va a estar ahí”, agregó la madre.
La última noche de Camina
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías sentenciados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.
Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias, que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida minutos más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.
“Me quedo sorprendida de verdad, creo que era algo que yo esperaba, esta es una de las mejores noticias que he tenido después de tanta situación que hemos pasado, de tanta espera, de tanta lucha, de tanta zozobra, todo esto fue muy largo, pero ahora he recibido una de las mejores noticias”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.
Los acusados
El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.
El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.
El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.
“No compartimos el criterio del juez por haberse basado en una imputación, como el mismo lo manifestó, en una imputación subjetiva, ya que nosotros consideramos que no se logró establecer que efectivamente ellos lo hayan golpeado”, dijo a la prensa el abogado José Cabezas, uno de los defensores de los agentes.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Mujeres trans desplazadas por las pandillas en El Salvador temen por sus vidas
El Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más mortales para las poblaciones LGBTI+ del continente.
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Virginia Flores, mujer trans salvadoreña, está acostumbrada a huir y esconderse para resguardar su vida. Se ha tenido que cambiar por lo menos tres veces de vivienda en los últimos seis años, tiempo en el que sus dos mejores amigas fueron asesinadas: una por las violentas pandillas que operan en el Triángulo Norte de Centroamérica y otra golpeada hasta la muerte por tres policías. Esta última, Camila Díaz, se transformó en un caso emblemático de violencia institucional: por primera vez en El Salvador, tres policías fueron juzgados por el asesinato de una persona trans.
El desplazamiento y la migración forzada han sido su salvación; en dos ocasiones tuvo que salir de El Salvador y dejar toda su vida, familia y hogar. Cuenta a Presentes que esta dinámica se convirtió en el hábito que ella tuvo que adoptar después de ser amenazada de muerte en reiteradas ocasiones.
De acuerdo al estudio sobre desplazamiento forzado interno de la población LGBTI en El Salvador “Huir y sobrevivir” realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador – COMCAVIS TRANS, se reportó un incremento de 50% en 2019, respecto al 2018.
Los golpes, la discriminación, la falta de acceso a empleo, salud y vivienda digna se convirtieron en la cotidianidad de la vida de Virginia, 34 años. Ella se ha movido entre la precariedad y el miedo a perder lo poco que tiene.
“Me he quedado acá donde estoy actualmente, pero eso no significa que no perciba la discriminación, no perciba esa zozobra y ese temor de la inseguridad, no por el hecho de la inseguridad en general que hay en el país, sino también a esto le sumamos la inseguridad por el hecho de ser una mujer trans y pertenecer a la población LGBTI que eso nos antepone, nos predispone y nos expone a ser más vulnerables”, dijo Virginia a Presentes.
Sin defensa para las personas LGBTI
En 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que ordenaba al Estado salvadoreño reconocer el desplazamiento forzado y tomara medidas de protección efectiva para las victimas y en enero de 2020 el Congreso emitió la “Ley especial de para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno”, pero a la fecha no existe un mecanismo que proteja a las personas LGBTI.
“Tengo temor de ser alcanzada por las garras de la violencia, temor de ser asesinada, porque lo he vivido en carne propia en dos ocasiones muy, pero muy cerquita de mí con el asesinato de mis dos amigas, Mónica y Camila, sin embargo, lo he percibido, lo he tocado y lo he palpado en muchas ocasiones más”, dijo Virginia.
La organización COMCAVIS TRANS registró, de enero a diciembre, un total de 84 denuncias de desplazamiento forzado, frente a los 56 casos del mismo período de 2018 a nivel nacional.
Adicionalmente a las denuncias de desplazamiento forzado, se han documentado ocho casos de necesidad de protección para personas LGBTI deportadas desde México y Estados Unidos.
“Muchas personas no pueden encontrar un lugar seguro dentro del país y no tienen otra opción que la de cruzar una frontera en búsqueda de la protección y de la seguridad que no encuentran en el país”, expresó Elisa Carlacini, jefa oficial nacional de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante la presentación del informe.
Las mujeres trans son las que mayor desplazamiento forzado sufren, COMCAVIS registró 38 denuncias.
“El informe representa estadísticas actualizadas de una población que es afectada gravemente por el desplazamiento forzado interno y que no se ve reflejada en las estadísticas oficiales”, recalcó Elisa Carlacini.
Población violentada que no denuncia por temor a represalias
La población LGBTI en El Salvador no está exenta de las violentas pandillas que operan en todo el país y que controlan territorios para el comercio de drogas y extorsión. El informe registra que en un 62% son sus mayores perpetradores, la Policía Nacional Civil en un 21% y las parejas sentimentales en un 7%.
“Cuando mataron a mi amiga Mónica a ella la asesinaron las pandillas yo tuve que encerrarme en mi casa, yo pasé alrededor de siete a ocho meses encerrada en mi cuarto, yo no salía, yo estaba cayendo en una gran depresión, pasaba con dolores de cabeza, escuchaba ruidos y percibía que ellos (las pandillas) iban a buscarme a mí”, dijo Virginia.
Los tipos de violencia que COMCAVIS TRANS registra en las entrevistas de las victimas son: amenaza directa en un 36%; lesiones personales, extorsión en un 18% respectivamente y violación sexual en un 8%. (Acá faltan datos 80% da)
El Salvador se redujo el número de homicidios 62,5% en los primeros seis meses del año, frente al mismo período del año previo por una mayor presencia de policías y militares en las calles, informó el gobierno.
Según datos oficiales, entre enero y junio de este año, las autoridades registraron 585 homicidios, frente a los 1,561 del año pasado del mismo período.
Los datos de violencia contrastan con la cantidad de denuncias interpuestas, las victimas de desplazamiento forzado interno no denuncian por temor a represalias de sus atacantes, el estudio registro que solamente el 51 por ciento se atrevió a denunciar, mientras el 49 por ciento no lo hizo por desconfiar en las instituciones del Estado.
“A estas alturas de mi vida yo ya no espero nada, al menos no para mí, pero no tengo que ser egoísta y también pienso en las nuevas generaciones, muchas chicas trans que empiezan su etapa de transición y ellas merecen un trato digno, merecen una vida digna, merecen tener asistencia de salud digna, merecen tener un empleo que sea formal, con todas las prestaciones de ley que cualquier ser humano puede tener, tener todos los mismos derechos, creo que todos tenemos los mismos derechos” expresó Virginia.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
En el mes de agosto, durante mi estancia en San Salvador como profesor invitado en la Universidad Don Bosco y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), leí la novela Noviembre, del escritor salvadoreño Jorge Galán, que se inspira en el asesinato de seis jesuitas -Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno. Amando López y Joaquín María López y López-, y dos mujeres -Elba Ramos, empleada doméstica, y su hija Celina, de 15 años-, por el sanguinario batallón Atlacatl, del Ejército salvadoreño. Sucedió en la UCA la fatídica madrugada del 16 de noviembre de 1989. La novela aporta luz sobre los hechos y se adentra en otros crímenes impunes contra religiosos y religiosas de El Salvador como el jesuita Rutilio Grande, monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, y cuatro religiosas de Estados Unidos. Recoge el testimonio de Alfredo Cristiani, entonces presidente del país centroamericano, que reconoce la autoría militar de los crímenes de los jesuitas.
El novelista se vio obligado a abandonar el país por las amenazas de muerte recibidas. La obra se caracteriza por un insobornable compromiso ético, una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas y la valentía para denunciar a los autores materiales y a los responsables intelectuales, a quienes pone nombre. Ha sido galardonada con el Premio de la Real Academia Española 2016 por ser “una novela y una construcción literaria llena de verdad histórica y humana”.
Leí el libro de Jorge Galán recorriendo algunos de los escenarios donde sucedió el óctuplo asesinato. Visité las aulas donde impartían clases los profesores. Conocí la residencia donde vivía la comunidad de jesuitas. Toqué el césped del Jardín de Rosas donde se encontraron los cadáveres, así llamado porque en él plantó Obdulio, esposo de Elba y papá de Celina, un círculo de rosas rojas y en el centro dos rosas amarillas en memoria de su hija y de su esposa. Entré en la capilla y me detuve ante sus tumbas. Visité el Memorial de los Mártires del Centro Monseñor Romero donde están expuestos algunos de los enseres personales de los muertos, entre ellos el libro ensangrentado El Dios crucificado, del teólogo alemán Jürgen Moltmann, que se encontraba en la estantería de la habitación de Jon Sobrino y cayó al suelo cuando fue arrastrado el cuerpo de uno de los asesinados. Es todo un símbolo en plena sintonía con Ellacuría, para quien la realidad histórica de los “pueblos crucificados” es el lugar social y hermenéutico de su teología.
Los militares entraron en la UCA con la voluntad de eliminar a su rector, Ignacio Ellacuría, una de las figuras más relevantes de la teología y de la filosofía de la liberación, y a sus compañeros jesuitas, prestigiosos intelectuales que analizaban críticamente la realidad del país centroamericano desde diferentes disciplinas: ciencias sociales, psicología social, filosofía, teología, teoría política, filosofía de los derechos humanos, etcétera. El múltiple asesinato, la autoría militar del mismo y la forma irracional como se produjo conmovieron a El Salvador, a América Latina y al mundo entero.
Mientras leía la novela y recorría los lugares de la vida y de la muerte de los mártires me rondaba una pregunta: ¿Por qué los mataron? Y encontré varias respuestas.
Para los sectores eclesiásticos salvadoreños aliados con el Ejército, la oligarquía y el poder político, el asesinato se debió a que los jesuitas se habían alejado de su misión pastoral y se habían implicado en la actividad política del lado de los guerrilleros revolucionarios. “¡Se lo tenían merecido!”, pensaban para sus adentros.
Jon Sobrino, compañero de las víctimas, que se libró de la muerte por encontrarse fuera de El Salvador, piensa de manera muy distinta: los mataron “porque analizaron la realidad y sus causas con objetividad. Dijeron la verdad del país con sus publicaciones y declaraciones públicas. Desenmascararon la mentira y practicaron la denuncia profética. Por ser conciencia crítica de una sociedad de pecado y conciencia creativa de una sociedad distinta, la utopía del reino de Dios entre los pobres. ¡Y eso no se perdona!”
No puedo compartir la respuesta de los sectores eclesiásticos conservadores, sí la de Sobrino, a la que añadiría: los mataron por haber vivido el cristianismo no como opio del pueblo, sino como liberación de los oprimidos, denunciar la triple alianza del poder político, económico y militar, trabajar por la paz y la justicia desde la no violencia y anticipar con su estilo de vida la utopía de otro mundo posible.
Juan José Tamayo
Fuente El País
Juan José Tamayo es director de la Cátedra “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Carlos III de Madrid y codirector de Ignacio Ellacuría: utopía y teoría crítica (Tirant lo Blanch, 2014).
Comentarios desactivados en Covid-19 en El Salvador: falta de atención, ataques en redes y discriminación a trans
Por Paula Rosales, desde San Salvador
En medio de la pandemia por Covid-19, organizaciones LGBT+ exigen al Estado salvadoreño garantizar la salud y derechos de las personas LGBT+ y en especial de las trans, a raíz de la falta de asistencia y de las denuncias por discriminación y ataques en las redes.
Karla C, una adolescente trans de 16 años, tenía fiebre, tos y dolor de garganta, y le pidió a una amiga que la llevara a un hospital público del departamento de San Miguel, al este de la capital (El Salvador). Por los síntomas, temía ser portadora del coronavirus que ha causado más de 58 mil fallecidos en el mundo. Pero Karla denunció que no fue atendida.
“Le dijo al doctor que se sentía mal de verdad. El médico nos dijo que ahí no estaban atendiendo ese tipo de casos y que nos fuéramos para la casa. Una enfermera que estaba ahí nos dijo cosas bien feas”, recordó Stephanie Martínez, una amiga que la acompañó en las diligencias.
Después que los médicos y enfermeras de turno se negaran a atenderla en ese hospital* del departamento de San Miguel, la adolescente y su amiga se dirigieron a una unidad de salud. Allí sí fue atendida, descartaron que los síntomas estuvieran relacionados con el coronavirus, y le dieron tratamiento para infección en la garganta.
Presentes consultó al ministerio de Salud sobre el caso de Karla, pero al cierre de la nota no se recibió respuesta.
A pesar de ser una adolescente, Karla C. sobrevive como trabajadora sexual en las calles de la ciudad de San Miguel. De lo poco que gana debe pagar el alquiler de la habitación en la que vive. Desde que el Congreso aprobara por solicitud del ejecutivo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a la libertad de circulación y una cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Karla no tiene ingresos para su subsistencia. Se las arregla gracias al apoyo de vecinas que le regalan comida.
Sin ingresos para la subsistencia
Aunque el presidente Bukele anunció la noche del viernes 27 de marzo la entrega de 300 dólares para alimentación de 1,5 millones de hogares salvadoreños, Karla no puede acceder. El gobierno deberá erogar 450 millones de dólares para cumplir con la entrega del beneficio económico, que ha colapsado los centros de registro de la subvención y ha generado malestar en miles de personas que no fueron beneficiadas.
Stephanie Martínez, trabajadora sexual y compañera de Karla, asegura que no recibió el beneficio. No sabe cómo sobrevivirá en el marco de esta epidemia. “Nadie ha sido beneficiado, ni en mi familia, ni yo salí beneficiada ni ninguna de mis amigas trans. No podemos salir a trabajar porque la mayoría somos sexoservidoras y no podemos salir a la calle. El gobierno no nos da ninguna ayuda ni apoyo porque. Aquí en El Salvador hasta nuestro presidente es muy discriminativo”, expresó Stephanie a este medio.
“A consecuencia de la coyuntura que en la actualidad atraviesa nuestro país a raíz del COVID-19, ha dado lugar, en algunos casos, a la desprotección de las poblaciones más vulnerables, entre estas la población LGBTIQ+, debido a la falta de medidas concretas o programas de asistencia y protección por parte del Estado específicamente a la población trans”, detalló en un comunicado el ombudsman, José Apolonio Tobar.
Transfobia en las redes
Una imagen de la defensora de derechos humanos, Camila Portillo sosteniendo en su mano derecha el Documento Único de Identidad (DUI), fue publicada en paginas de Facebook insinuando que no fue beneficiada por el bono de 300 dólares anunciado por el gobierno por “ser travesti”.
“He soportado la vulneración de calumnias y difamación, a partir de una foto mía del 2014, cuando no me dejaron votar. Ahora la han puesto en varios temas de noticias diciendo que no pude acceder a los 300 dólares por el DUI y lógicamente lo han hecho en situación de burla hacia las personas trans”, dijo a Presentes Camila Portillo.
El gobierno ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos de provocar ataques virtuales a quienes considera como sus opositores.
“Hay un montón de gente comentando cosas bien feas. Dejé de leerlos por salud mental, porque hay comentarios bastante fuertes que nos puede afectar psicológicamente porque entramos en una psicosis que pensamos que todo el mundo nos quiere hacer daño” señaló Camila.
Los ataques a Camila comenzaron desde que ella cuestionó el manejo de la crisis sanitaria que tiene al país centroamericano con 56 casos activos y tres muertes. Los comentarios de muchas personas en las redes sociales están orientados a difamar y ridiculizar a la población trans.
Exigen al Estado garantizar seguridad de las trans
(pincha en la imagen para ampliarla)
“Desde la Red Salvadoreña de Defensoras condenamos estas agresiones transfóbicas y expresamos profunda preocupación por las Defensoras de Derechos Humanos que están aconteciendo por la defensa que se ejercen en el marco de las medidas adoptadas por el GOES ante el Covid19. Exigimos al Estado salvadoreño garantizar la seguridad integral de la defensora Camila Portillo y de las personas transgénero, reconociendo la exposición y vulneración que enfrentan al no ser reconocida legalmente su identidad” expresaron en un comunicado.
“Tengo miedo que continúen los ataques, que más que ataques cibernéticos se vuelvan ataques físicos al terminar esta situación y no solo por la parte de la divulgación de la fotografía, sino que por pertenecer a los grupos que estamos constantemente denunciando las violaciones de derechos humanos que se están realizando con estas medidas de represión que el gobierno ha tomado”, lamentó Portillo.
El congreso salvadoreño estudia desde 2018 una propuesta de ley de identidad de género. Aun sigue sin avanzar.
*Nota de edición: el nombre del hospital se mantiene en reserva para preservar la seguridad de quienes sufrieron discriminación.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Comentarios desactivados en Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dice no al matrimonio igualitario y compara a las personas LGTBI con los extraterrestres
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
“Como concepto no”
El presidente de El Salvador Nayib Bukele Ortez dijo que rechaza la discriminación contra la comunidad LGBTI y los crímenes de odio pero que además está en contra del matrimonio igualitario.
Bukele lo expresó en una conversación vía redes sociales con el cantante René Pérez Joglar, más conocido como Residente, del extinto grupo Calle 13, de Puerto Rico. El cantante preguntó a Bukele sobre su opinión en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y éste contestó: “Siento que el matrimonio por definición… es como que tú digas qué es el matrimonio, vaya es el casamiento de un hombre con una mujer. Eso no inhibe que podas tener la pareja que queras y los derechos que queras. Que no tenemos seguro social o derecho de visita. ¿Por qué no?”, cuestionó.
Señaló, además, que en la actualidad no hay leyes que permitan a las parejas homosexuales o de otras variantes acceder a derechos sociales desde su especificidad. “No hay legislación que permita eso”, admitió. “Como concepto no”, reiteró finalmente después que el cantante volvió a preguntar qué opinaba sobre el asunto.
Bukele recalcó en que el ser humano es uno solo, y que al final la igualdad debe prevalecer. “Yo siempre he dicho que si algún día vinieran los extraterrestres, nos uniríamos todos porque nos veríamos tan iguales que no veríamos las diferencias que existen entre nosotros”, añadió.
A principios de enero de este año el magistrado Aldo Cáder Camilot anunció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenciará en los primeros meses del año que transcurre a favor o en contra de la demanda de inconstitucionalidad que bloque el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El recurso fue presentado en el año 2016 cuando eran jueces de esa instancia los ahora exfuncionarios José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Óscar Armando Pineda Navas.
Se trata, según él dijo en aquellos días, de una demanda “vieja” contra algunas disposiciones del Código de Familia, específicamente el artículo 90, porque “no permite el matrimonio entre dos hombres, por ejemplo, o dos mujeres”.
En enero de 2018, la Sala de lo Constitucional frenó la ratificación de una reforma a la Constitución, aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2015 con la que se pretendía prohibir el matrimonio gay. En esa ocasión votaron a favor de la prohibición los partidos ARENA, PCN, PDC, GANA y la entonces bancada Unidos por El Salvador.
Ese día fue aprobado un decreto de reforma a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución otorgando rango constitucional al matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, definir el ámbito de aplicación del matrimonio y la adopción.
Los diputados también pretendían que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países no tuvieran validez jurídicas en El Salvador.
En agosto de 2019 la Iglesia Católica salvadoreña criticó la admisión de las demandas que hizo la Sala de lo Constitucional. En ese entonces el arzobispo José Luis Escobar Alas reiteró que el matrimonio no es entre dos personas del mismo sexo como ya lo habían hecho diputados conservadores.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Asesinan a joven gay: dos crímenes de odio a LGBTI+ en una semana en El Salvador
Jaime Natividad Rubio Ramos,
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Jaime Natividad Rubio Ramos, un hombre gay de 28 años, es la segunda víctima LGBT+ asesinada en una semana en la zona oriental de El Salvador. En este país aún no hay víctimas fatales de la pandemia de coronavirus, pero en 2020 ya se documentan al menos tres crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual. Dos de ellas, asesinadas en la última semana.
De acuerdo a testimonios de pobladorxs, Jaime se encontraba departiendo el 15 de marzo junto a otras personas en la Laguna de Olomega, municipio de El Carmen, departamento de La Unión, a 170 kilómetros al sudeste de la capital del país. Fue la ultima vez que lo vieron con vida. “Pobladores de la zona escucharon disparos y al día siguiente encontraron el cadáver de la víctima. El cuerpo sin vida tenía entre diez y doce horas de fallecido, por tanto el levantamiento y las diligencias se realizaron el día 16. Sabemos que Jaime recibió tres disparos”, dijo a Presentes una fuente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos que solicitó reserva.
Jaime se dedicaba a organizar eventos y a crear coreografías para eventos de belleza en diferentes departamentos del país centroamericano. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, era un joven emprendedor que se esforzaba para destacar con su trabajo.
“Jaime era un joven muy trabajador, con todo un mundo para descubrir en nuestro país, que no te da muchas oportunidades y menos siendo miembro de nuestra comunidad LGBTIQ, donde tantas veces se nos margina. Me siento muy mal. Es un asesinato que en verdad me afecta”, dijo a Presentes Edgar Zelaya, diseñador de modas y colega de trabajo de Jaime.
Presentes consultó a la delegación de la policía en el municipio de El Carmen, pero se negaron a responder. No es la primera vez que la institución a cargo de la seguridad pública niega información a este medio.
“La oficina fiscal de La Unión, confirma que el occiso Jaime Natividad Rubio, según la información preliminar recolectada en la escena pertenecía al colectivo LGBTI. La investigación por el momento está centrada en determinar el perfil social de la víctima, para establecer una línea de investigación”, afirmó a Presentes una fuente fiscal.
Dos asesinatos a LGBT+ en una semana
Tita Andrade Umaña
Con el asesinato de Jaime, ya son al menos tres los crímenes de odio hacia personas LGBT+ reportados en El Salvador en lo que va de 2020.
Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano.
El primer transfeminicidio de 2020 se perpetró el 16 de enero contra Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años. Briyit fue asesinada de cinco disparos y después fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, a ocho kilómetros de la capital. Por este crimen aún no hay personas detenidas.
El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.
Sin justicia, con impunidad
“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.
Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.
El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Tres policías a juicio por el transfemicidio de Camila Díaz
Por Paula Rosales, desde San Salvador
El tribunal 5to. de instrucción de El Salvador decretó el miércoles 11 de marzo enviar a juicio a tres policías acusados del homicidio agravado de Camila Díaz, una persona trans, en enero de 2019. Camila había sido deportada desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario, y amenazada a muerte en reiteradas veces por las violentas pandillas que operan en Centroamérica.
El juez de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, consideró que existen abundantes pruebas que incriminan a los tres agentes en la muerte de Camila Díaz Córdova, una trabajadora sexual de 29 años. De ser encontrados culpables, se les aplicarán obtener penas de entre 20 y 30 años de prisión.
Sin agravante por crimen de odio
El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno. “Ya el juez emitió la resolución en contra de los tres imputados y les ordenó continuar en la detención provisional que se encuentran y pasar a juicio, pero únicamente por el delito de homicidio agravado”, dijo a Presentes una persona de prensa de los tribunales.
“En cuanto al delito de privación de libertad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas no se pudo establecer que ese delito porque cuando llegaron los agentes y arrestaron Camila, ellos estaban cumpliendo su deber como policías y la ley dice que cuando alguien esta haciendo desordenes públicos la policía tiene todo el deber de llevárselo, por ese delito quedaron sobreseídos”, dijo la empleada del tribunal a Presentes.
De acuerdo con la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías implicados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.
“El agravante de crimen por odio no se tomó en cuenta porque no se estableció, solo el agravante por superioridad porque eran agentes policiales”, afirmó la empleada.
Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida horas más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.
“Es lamentable, creo que podía ser el primer caso que llegara a juicio con ese agravante de crimen por odio. Lamentablemente en El Salvador los crímenes hacia las LGBTI y en específico hacia la población trans ningún caso había alcanzado la vista pública o sentencia”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.
Desde 1992 hasta la fecha, en El Salvador han sido asesinadas más de 600 mujeres trans.
“Voy a esperar a ver qué pasa en la etapa de sentencia si son condenados o no. Le pediría al juez que no es justo que ellos queden en libertad, existen pruebas y seria injusto que quedaran en libertad burlándose de la justicia y quizá cometiendo lo mismos crímenes con otras personas”.
Camila Díaz Córdova había huido y solicitado asilo en Estados Unidos en 2017 por constantes amenazas de pandillas, sin embargo, su petición de asilo fue rechazada por las autoridades y fue deportada al país centroamericano ese mismo año.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
Comentarios desactivados en Asesinan y prenden fuego a Tita, trans de 32 años, en El Salvador
Tita Andrade Umaña
Por Paula Rosales, desde San Salvador
Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano. Por la autopsia se logró determinar quién era.
Residentes de la zona reportaron un conato de incendio y al verificar hallaron el cuerpo calcinado en un 90 por ciento, de acuerdo al reporte policial de La Unión. La fiscalía general anunció el martes 10 en su cuenta de Twitter que hay una persona detenida, sospechosa de haber cometido el crimen. Aunque en los trámites judiciales, Tita es llamada por su nombre asignado al nacer.
“Se ha decretado detención administrativa en contra de Ronald Asael Cáceres Campos, por el delito de homicidio simple de Jaime Ulises Andrade Umaña, miembro de la comunidad LGBTI. El hecho ocurrió el día sábado 7 de marzo en Intipucá, La Unión”, informó la institución. “La detención se hizo efectiva este día a las 15 horas, como resultado de investigación de la fiscalía. Se ha logrado recabar abundante prueba en contra del acusado”, publicó el ente.
«Se desconoce el móvil que originó el homicidio. La causa de la muerte está por determinarse mediante autopsia, ya que la víctima presentaba quemaduras en todo el cuerpo y hasta ahora aún no tenemos el resultado de la autopsia», expresó a la prensa el oficial de servicio de la policía.
Ronald Asael Cáceres Campos,
Tita es la segunda víctima asesinada de la población LGBTI en El Salvador en lo que va de 2020. Las investigaciones de estos crímenes avanzan muy poco en el país. La gran mayoría queda impune debido a investigaciones débiles que no permiten el enjuiciamiento de los responsables.
El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.
Sin justicia, con impunidad
“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.
Tita Andrade Umaña
Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019
De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.
Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.
Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.
El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.
El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.
Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.
“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.
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Zashy, una mujer trans salvadoreña, tenia 27 años y formaba parte del Colectivo Perla de Oriente. Le dispararon por la espalda el domingo.
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