Las autoridades del archipiélago de las Islas Malvinas han dado a conocer que en breve presentarán un proyecto de ley por el que las parejas homosexuales podrán ver reconocidas sus relaciones mediante uniones civiles. El anuncio se produjo por parte del secretario de Finanzas del archipiélago en un debate de la Asamblea Legislativa.

El gobierno de las Islas Malvinas ha revelado que la medida se presentará en los próximos meses con el objetivo de mejorar la protección legal de las parejas del mismo sexo que residen en las islas. El anuncio lo llevó a cabo el secretario de Finanzas de las Islas Malvinas, Nicola Granger, durante el debate de un proyecto de ley de pensiones que tuvo lugar en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con  Falkland Islands News Network  (red de noticias de las Islas Malvinas), dijo acerca de las disposiciones de la ley de pensiones: «Mi opinión es que las uniones civiles es una pieza de legislación que vendrá a la Cámara relativamente en poco tiempo, en cuyo momento podríamos mover otra enmienda a este proyecto de ley para relacionar ese asunto».

Las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar británico que acoge a una población de unas 3.000 personas mantiene su autonomía jurídica del Reino Unido en una serie de asuntos, y va a la zaga en una serie de cuestiones de derechos LGBT, y  cuenta con reivindicaciones territoriales de Argentina.

Según la Organización de las Naciones Unidas, es un territorio no autónomo administrado por el Reino Unido, cuya soberanía también es reclamada por Argentina. Es uno de los diecisiete territorios en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que la situación del archipiélago es examinada anualmente por el Comité de Descolonización desde 1965. Jurídicamente, la Organización de las Naciones Unidas lo considera un territorio de soberanía aún pendiente de definición, entre el Reino Unido —que lo administra— y Argentina, que reclama su devolución.

Reino Unido ya cuenta con una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, gracias a la valentía política del primer ministro conservador David Cameron.

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Pero por qué no sujetarán esa lengua viperina…

Ha sido en una entrevista a la cadena de radio irlandesa Newstalk. Kevin Doran, obispo católico de Elphin, ha irrumpido en el debate sobre el matrimonio igualitario y la adopción homoparental asegurando entre otras cosas que existen homosexuales de la misma forma que existen personas con síndrome de Down o con espina bífida, y no por ello hay que pensar que esa es la voluntad de Dios.

Irlanda, como sabemos, celebrará en pocas semanas un referéndum sobre el matrimonio igualitario, en el que la otrora todopoderosa Iglesia católica tendrá la oportunidad de medir la influencia que todavía conserva en la sociedad irlandesa. Pero, como ya hemos adelantado en entradas anteriores, el referéndum se ceñirá exclusivamente a la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. La cuestión de la adopción homoparental será abordada mediante un proyecto de ley propio, que en principio quedará aprobado antes de que se celebre la consulta. El gobierno irlandés pretende así evitar que los oponentes a los derechos LGTB utilicen este tema en campaña.

Es en este contexto en el que hay que entender las declaraciones de Kevin Doran, que al ser interpelado por el periodista radiofónico Chris O’Donoghue sobre el hecho de que los hogares homoparentales sean ya una realidad en Irlanda ha respondido que las personas LGTB ”pueden tener hijos, pero la diferencia -y esa es la cuestión- es que el que puedan tener hijos no les convierte necesariamente en padres”. “Esta legislación que el gobierno va a introducir (…) parece que tiene como objeto hacer posible que personas que mantienen diferentes tipos de relaciones tengan hijos [con independencia de lo que suceda con el matrimonio, Irlanda dispone ya de una ley de uniones civiles, a las que hoy día no se les permite adoptar conjuntamente]. Pero no busca asegurar que los hijos tengan padres”, añadía.

Pero ha sido en otro momento de la entrevista, al ser preguntado sobre el posible carácter innato de la homosexualidad y sobre si ello no significaría que esta existe por voluntad de Dios, cuando el obispo ha dado rienda suelta a su homofobia. “Eso es como sugerir que si hay personas que nacen con síndrome de Down o con espina bífida es porque Dios lo ha querido”, respondía. “Pero lo que usted menciona, obispo, son discapacidades. Y la orientación sexual no es una discapacidad”, observaba O’Donoghue. “Bueno, no entro en eso. Simplemente quiero decir que sería equivocado sugerir que todo lo pasa sucede porque Dios así lo ha planeado. Si así fuese, estaríamos hablando de un tipo de Dios muy distinto al Dios en el que cree el cristianismo”, ha respondido.

Sobre el matrimonio igualitario, Doran opinaba que este término es erróneo, ya que “todos a una cierta edad tenemos el derecho de poder contraer matrimonio, pero no puedo casarme con mi madre o con mi hermana. Y de la misma manera no puedo casarse con alguien del mismo sexo”.

El aborto en caso de violación, una venganza contra el violador…

En la misma intervención, el obispo Doran también se ha referido al aborto, y en concreto al hecho de que las mujeres que quedan embarazadas como consecuencia de una violación puedan abortar, circunstancia ahora prohibida por la legislación irlandesa (una de las más restrictivas de Europa en materia de aborto).

Para Kevin Doran, abortar en caso de violación ocultaría un deseo de venganza hacia el violador. “El niño es un ser humano. No se destruye una vida solo por vengarse del violador de su madre”, ha afirmado. Una declaraciones que han desencadenado tanta e incluso mayor polémica que las referidas a la homosexualidad.

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El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó las actas de matrimonio y cortó el pastel de bodas con las parejas.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el matrimonio igualitario, en diciembre de 2009, de la ley que hacía posible el matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital de México. Se trataba, no lo olvidemos, de la primera ley de matrimonio igualitario de América Latina. Las primeras bodas no se celebraron sin embargo hasta marzo de 2010, una vez que la ley estuvo formalmente en vigor. Cinco años después, aquel momento histórico ha sido conmemorado por el jefe del gobierno capitalino con una boda colectiva. La conmemoración coincide además con una nueva sentencia favorable al matrimonio igualitario en uno de los pocos estados que aún no contaba con ella: Chiapas.

Son más de 5.400 parejas del mismo sexo las que han ejercido ya su derecho a contraer matrimonio en el Distrito Federal. Veintiuna de ellas lo hacían este 4 de marzo, cinco años después de la entrada en vigor de la ley que lo hace posible, en una ceremonia colectiva que tuvo lugar en presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. “Nos da mucho gusto que sea en esta ciudad donde pueda concretarse esto que es una realidad, una ciudad que ha reconocido la necesidad de cambiar la mentalidad”, afirmaba Mancera, quien por cierto resaltó el hecho de que la tasa de divorcio entre parejas del mismo sexo sea solamente del 1%. “Las parejas precisamente que hoy están celebrando el quinto aniversario del matrimonio civil igualitario son las parejas que menos índice de divorcios tienen en nuestra ciudad”, destacó.

La capital mexicana abría hace cinco años un camino que el resto del país aún está transitando. En 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en la capital era extensiva a todo el país. Al Distrito Federal se han sumado además los estados de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer, y Coahuila, cuyo Congreso aprobaba por aplastante mayoría la segunda ley de matrimonio igualitario del país el pasado septiembre.

Pero es que además la gran mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, que por el momento solo han sido de obligada ejecución para las parejas recurrentes pero que han permitido ya a decenas de ellas casarse. Hace pocos días hacíamos una recapitulación de la situación, coincidiendo con la que hasta entonces era la última de ellas (referida al estado de México), pero este 4 de marzo se sumaba un estado más…

Chiapas: la justicia da amparo a 51 parejas del mismo sexo

Efectivamente, la justicia federal daba finalmente amparo a 51 parejas del mismo sexo del estado de Chiapas, al considerar contrarios a la Constitución mexicana tres artículos del Código Civil del estado que les impiden contraer matrimonio. La solicitud de amparo se remonta a 2013, año en que se inició el acopio de documentación. “Continuando con el criterio de la Primera Sala en el amparo 152/2013, este juzgado debe considerar que lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de las porciones normativas de entre un hombre y una mujer contenidas en los artículos 144, 145 y 298 del Código Civil del Estado de Chiapas”, expresa el fallo. En cuanto les sea entregado por escrito el dictamen, las 51 personas firmantes del amparo y sus parejas estarán cobijadas por la ley federal para contraer matrimonio civil.

La resolución del amparo 152/2013 a la que hace alusión el tribunal no es otra que la importante sentencia emitida en abril de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de México, que falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” era inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”.

Dos años antes, en 2012, la Suprema Corte había abierto en cualquier caso el camino judicial amparando a tres parejas, también de Oaxaca, a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación que luego se ha reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en otros estados, varios de ellos confirmados además por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

En solo unos días se han sumado también el estado de México (con una contundente sentencia de la Suprema Corte, que pone fin a un largo litigio judicial e insta al Congreso del estado a acabar con la discriminación) y ahora Chiapas. El largo camino a la igualdad, abierto hace cinco años, parece cada vez más despejado.

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Ofensiva homófoba de Rusia contra la ONU. La delegación rusa en las Naciones Unidas manifestó este lunes su oposición a la resolución adoptada por su secretario general Ban Ki-moon en julio del año pasado, por la cual la organización internacional se comprometió a reconocer, a todas parejas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio en países donde es legal, las prestaciones y beneficios establecidos para sus empleados casados.

Como informábamos entonces, antes de la aprobación de esta iniciativa de Ban Naciones Unidas tan solo reconocía los matrimonios del mismo sexo de sus empleados que provinieran de países donde el matrimonio igualitario es legal. Esto era así desde 2004, cuando el entonces secretario general Kofi Annan emitió una orden administrativa para ampliar los beneficios matrimoniales a las parejas en una unión civil que tuviera validez en el país de origen de los contrayentes. Una decisión que ya entonces recibió contestación por parte de la Santa Sede y de países de mayoría musulmana, a pesar de ser claramente discriminatoria para los empleados de la ONU procedentes de estados que no permiten las uniones entre personas del mismo sexo.

La nueva medida establece que se reconocerán todos los matrimonios entre personas del mismo sexo legalmente contraídos, sea cual sea el país de origen de los contrayentes. De esta manera, los cónyuges del mismo sexo de un empleado de Naciones Unidas pueden beneficiarse, entre otras prestaciones, de su seguro de salud o el acceso a visados de residencia extraordinarios.

Pero en su cruzada contra los derechos de los ciudadanos LGTB, Rusia ha decidido también abrir un frente en Naciones Unidas sobre este asunto. El representante Sergey Khazilov pidió el lunes la retirada de la medida, porque en su opinión, violaría la resolución de la organización que deja en manos de los Gobiernos de los países de origen de los empleados la decisión sobre a qué parejas les corresponden beneficios matrimoniales. Rusia baraja la posibilidad de forzar una votación sobre el asunto en el Comité de Presupuestos o Quinto Comité de la Asamblea Nacional, donde no existe derecho de veto (al contrario que en el Consejo de Seguridad) y podría convencer a una mayoría de países hostiles a los derechos LGTB para derogar la orden administrativa emitida por Ban.

Según Foreign Policy, muchos ven en las protestas rusas una maniobra política para tantear el grado de autoridad del secretario general de la ONU, con quien Rusia ha mantenido una serie de desencuentros en asuntos como la situación en Siria y en Ucrania. En opinión del representante ante las Naciones Unidas de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, el resto de estados miembros deben contrarrestar “los esfuerzos de Rusia para imponer en la ONU el mismo tipo de actitudes homófobas que Moscú promueve en su país”. Los delegados de Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, defienden la legitimidad de Ban para emitir regulaciones sobre el personal a su cargo sin necesidad de contar con la aprobación de los estados miembros.

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La Corte Suprema de Alabama ha emitido un mandato judicial que prohíbe a los juzgados de familia del estado proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La orden llega después de que un tribunal federal dictaminara que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama viola la Constitución de los Estados Unidos, y de que la juez que la dictó tuviera que reiterar el ámbito de su sentencia para obligar a los jueces de familia a acatarla. Los expertos claman por la barbarie legal que se está cometiendo, pues ni la Corte Suprema de Alabama tiene competencia para contradecir a un tribunal federal, ni puede decidir sobre un caso que no ha sido primeramente decidido en un tribunal estatal de rango inferior, ni tiene autoridad directa sobre los funcionarios de los juzgados de familia.

Las primeras bodas entre parejas del mismo sexo se celebraron en Alabama el pasado 9 de febrero, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez federal Callie V. S. Granade cuando dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. La administración de Alabama había solicitado tanto a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, como posteriormente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la sentencia quedase cautelarmente en suspenso mientras se decidía sobre la apelación presentada. Ambos tribunales rechazaron la petición, por lo que la sentencia federal era efectiva y de obligado cumplimiento. Lo que sí decidió la Corte de Apelaciones de 11º Circuito es dejar en suspenso el proceso de apelación hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, proceso ya iniciado y que probablemente se resolverá el próximo mes de junio.

Aunque el gobernador del estado, Robert Bentley, comunicó su intención inequívoca de acatar el proceso judicial y aceptar la autoridad del tribunal federal al respecto, quien no quiso hacerlo fue el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. Emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. Todos los expertos coincidían en que no tenía autoridad ni competencia para dictar una orden así, pero creó la suficiente confusión como para que en muchos de los condados se dejasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La juez federal Callie V. S. Granade se vio obligada a reiterar que su sentencia era de obligado cumplimiento. Tras ello, la mayoría de los jueces de familia de los condados empezaron a facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandaban, con la excepción de algunos que decidieron no emitir licencia a pareja alguna, fuera del mismo o distinto sexo.

Pero ni el juez Moore, ni la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Alabama parecieron dispuestos a acatar la legalidad. Admitieron a trámite una petición del grupo homófobo Liberty Counsel, que solicitaba que los jueces de familia cesasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, amparándose en “el bien común”. Una vez más se señaló la improcedencia de esa actuación, incluso así lo hizo algún juez disidente, pues una organización privada no está legitimada para solicitar a la Corte Suprema un mandato semejante. Sin embargo, se inició el proceso y los jueces de familia se vieron obligados a informar sobre cada una de las licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo que emitían.

Sirva de ejemplo del grado de intolerancia de los miembros de la Corte Suprema de Alabama, la opinión particular de uno de ellos, Glenn Murdock. Cuando el juez de familia del condado de Mobile consultó a ese tribunal sobre si debía acatar la sentencia federal, consulta que se desestimó, el juez Murdock hizo constar en la respuesta que, de permitirse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la institución quedaría sin contenido y por lo tanto debería abolirse.

El mismo presidente del tribunal, el juez Moore, ya había instado en su día al gobernador de Alabama, mediante una misiva, a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”.

La agresividad contra los derechos de las personas LGTB por parte del tribunal estatal de más alta instancia de Alabama, ha culminado con la orden emitida este 3 de marzo, en la que esa Corte Suprema establece que “como lo ha hecho durante aproximadamente dos siglos, la ley de Alabama solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los jueces de Alabama tienen el deber de no emitir ninguna licencia de matrimonio en contra de esta ley. Nada en la Constitución de los Estados Unidos altera o anula este deber”. Por tanto, les ordenan no facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demanden.

Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema alude a viejos argumentos, como que ”a lo largo de toda su historia, Alabama ha elegido la definición tradicional del matrimonio. Ese hecho no cambia simplemente porque una nueva definición del matrimonio haya ganado ascendencia en algunos sectores del país, aunque uno de esos sectores sea el poder judicial federal. El matrimonio siempre ha tenido lugar entre miembros del sexo opuesto. La razón obvia para esta característica inmutable es la naturaleza. Los hombres y las mujeres se complementan entre sí biológica y socialmente. De manera aún más obvia, la unión sexual entre hombres y mujeres produce hijos.  En resumen, el gobierno tiene un interés evidente en los hijos y las consecuencias que se derivan de la procreación”.

La orden ha sido aprobada con el voto favorable de seis de los siete jueces firmantes. Aunque el juez Moore, en su calidad de presidente, no ha tenido que intervenir con su voto, a nadie se le escapa que su mano está en el fondo y forma de la decisión. El juez disidente, Greg Shaw, dejaba muy clara su postura contraria por motivaciones estrictamente legales: “En su intento de reducir la confusión y restaurar el orden, la opinión mayoritaria se ha desviado de ciertos principios del derecho que socavan su razón para asumir esta competencia. En particular, esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, no solo porque no proceda de un tribunal inferior, sino también porque trata de instruir a un funcionario del estado sin capacidad judicial sobre cómo realizar un acto ministerial”. Es decir, se han tratado de utilizar acrobacias legales para dictaminar sobre algo sin tener competencia para ello.

La actitud de los miembros de la Corte Suprema de Alabama está siendo comparada inevitablemente con la parte más negra de la historia reciente del estado. Concretamente con la actitud del gobernador George Wallace, que en 1963 se plantó ante las puertas de la Universidad de Alabama para impedir la inscripción de estudiantes de raza negra, como obligaban las leyes antisegregacionistas aprobadas por el gobierno del John F. Kennedy.  El ominoso discurso de Wallace en su toma de posesión como gobernador, en el que incluyó la deleznable frase “segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre”, parece haberse convertido ahora, mediante la orden de la Corte Suprema, en un “matrimonio tradicional ahora, matrimonio tradicional mañana, matrimonio tradicional siempre”, con el que continuar la historia de la intolerancia en Alabama.

Sarah Warbelow, directora de asuntos legales de Human Rights Campaign, declaraba con contundencia que “la Corte Suprema del estado de Alabama no tiene autoridad para interferir con una orden judicial federal. Esta orden es indignante y desconcertante, y ninguna jerga legal puede ocultar la animosidad que está en la base de esta sentencia extralegal”.

Shannon Minter, directora jurídica de National Center for Lesbian Rights estima por su parte que “la Corte Suprema de Alabama no solo ha concedido un mandamiento solicitado por grupos privados, sino que se ha excedido aún más al estimar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama es constitucional, cuestión que ninguna de las partes le había pedido que abordase. Es profundamente lamentable que, mientras el matrimonio igualitario para todo el país está en el horizonte, la Corte Suprema de Alabama esté decidida a permanecer en el lado equivocado de la historia. La actuación de la Corte muestra un cruel desprecio por el impacto de esta decisión arbitraria en las parejas del mismo sexo y sus familias, pero estas familias deben animarse, porque esto es tan solo un tropiezo en el camino hacia la igualdad. Ya han cambiado para siempre la historia de su estado. La cuestión  no es si el matrimonio igualitario volverá a Alabama, sino cuán rápido lo hará”.

David Kennedy, uno de los defensores que consiguió la victoria en el tribunal federal, estima que los jueces de familia que acaten esta orden pueden arriesgarse a demandas por parte de las parejas a quienes no faciliten licencias. “Cuando las leyes del estado entran en conflicto con las leyes federales, las federales ganan”, afirma convencido.

Otros expertos, sin embargo, no son tan optimistas, y opinan que la Cláusula de Supremacía estipulada por la Constitución de los Estados Unidos, que hace regir los dictámenes federales sobre los estatales, se aplicaría caso a caso, lo que obligaría a las parejas a demandar (o unirse a demandas existentes) para que el tribunal federal obligase a un juez de familia en concreto a facilitar la licencia de matrimonio pertinente.

La Corte Suprema de Alabama, por su parte, ha dado a entender que únicamente acatará una orden dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin atender a lo que dicten tribunales de rango inferior, por lo que la batalla judicial parece que va a prolongarse.

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El juez federal Joseph F. Bataillon ha dictaminado este 2 de marzo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes de Nebraska viola la Constitución de los Estados Unidos. También ha emitido una orden dirigida a todos los funcionaros del estado implicados para que apliquen su sentencia, estableciendo como efectos de la misma el próximo día 9 de marzo. La Fiscalía de Nebraska ya ha iniciado el proceso de presentación del correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Es muy posible que esta Corte de Apelaciones, que aún no ha fallado respecto al matrimonio igualitario, dictamine la suspensión cautelar de la sentencia, como ha ocurrido en los casos de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur.

Joseph F. Bataillon ya había dictaminado en 2005 a favor del matrimonio igualitario en Nebraska. En aquella ocasión se dilucidaba la constitucionalidad del proceso legal por el que se había enmendado la Constitución del estado para definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, e impedir así el reconocimiento de los enlaces de las parejas del mismo sexo. El juez Bataillon estimó que esa enmienda violaba la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, sin embargo, en 2006 la Corte de Apelaciones del 8º Circuito revocó su sentencia, permitiendo que la legislación discriminatoria siguiera en vigor.

En esta ocasión, el juez Bataillon ha tenido que decidir sobre las demandas interpuestas por ocho parejas. Unas denunciaban el no reconocimiento por parte de la administración de Nebraska de sus matrimonios celebrados legalmente en otros estados, otras que Nebraska les impidiera contraer matrimonio, en aplicación de la sección 29ª de su Constitución, que establece que “solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido en Nebraska. La unión de dos personas del mismo sexo en una unión civil, compromiso doméstico u otro tipo de relación similar entre personas del mismo sexo no serán válidos o reconocidos en Nebraska”.

Mientras que las parejas demandantes argüían que esta prohibición vulnera su derecho a la igual protección y al debido proceso amparados por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Fiscalía de Nebraska se remitía a la decisión antes citada de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito y al derecho de los estados a “convertir las relaciones naturalmente procreativas en uniones duraderas y unir a los hijos con sus padres biológicos”.

El juez Bataillon ha citado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Windsor, en la que se establece que “las leyes estatales que definen y regulan el matrimonio deben respetar los derechos constitucionales de las personas”. También se ha apoyado en los dictámenes favorables al matrimonio igualitario de las Cortes de Apelaciones del 9º y 4º Circuitos, y ha querido desligar completamente el matrimonio de la procreación, resolviendo que “para la mayoría de las parejas casadas, las que no tienen hijos en el hogar, el matrimonio es un compromiso legal y emocional para el bienestar de su pareja. El Estado tiene claramente el derecho a animar a las parejas a casarse y proporcionarse apoyo mutuo. Sin embargo, esas leyes deben aplicarse por igual y sin atender al género. Es hora de poner fin a esta disposición desigual”. Con esta sentencia el juez hace honor al lema que figura en el escudo de Nebraska: “Igualdad ante la Ley”.

El fallo, por lo tanto, ha sido a favor de las parejas demandantes, aunque se ha establecido que su entrada en vigor se posponga hasta el próximo día 9 de marzo. El juez también ha emitido una orden en la que clarifica que todos los funcionarios y personal administrativo relacionado con el matrimonio deben tratar de igual modo a las parejas del mismo o distinto sexo. Es evidente que esta precaución ha sido tomada para evitar la lamentable situación que tuvo lugar en Alabama, donde la juez federal tuvo que reiterar en dos ocasiones el ámbito de su sentencia, ante la rebelión de los jueces de familia de los condados, incitados por el propio presidente de la Corte Suprema del estado.

Sin embargo, esta precaución puede ser en balde, pues mientras transcurre la semana establecida para la entrada en vigor de la sentencia, podría prosperar la más que previsible petición de la Fiscalía de su suspensión cautelar ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Esta Corte de Apelaciones ya ha suspendido, o confirmado la suspensión, las sentencias favorables de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur hasta que concluya el proceso de apelación. Lo que ya ha hecho la Fiscalía de Nebraska es iniciar el proceso de recurso, comunicando oficialmente al tribunal su intención de apelar.

Para conocer los avences y la situación actual del Matrimonio igualitario en EE.UU., pincha aquí.

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Aunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

Lo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

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El Parlamento de Eslovenia ha aprobado este 3 de marzo la reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares, que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. La votación se ha saldado con una gruesa mayoría de 51 votos favorables frente a 28 en contra. Tan solo falta la promulgación por parte del presidente Borut Pahor para que Eslovenia se convierta en el 13º país europeo en permitir el matrimonio igualitario. También será el primer país perteneciente a la antigua Europa del Este, y el primero de mayoría eslava, en hacerlo.

La reforma de la Ley de Matrimonio ha sido una iniciativa del grupo parlamentario de Izquierda Unida, que presentó su propuesta ante el Parlamento el pasado mes de diciembre. El 10 de febrero de este 2015, el comité parlamentario correspondiente aprobó dicha propuesta por una mayoría de 11 votos a 2, con lo que podía proseguir su tramitación.

Según el ponente de Izquierda Unida, Matej T. Vatovec, “esta enmienda define el matrimonio como la unión de por vida de dos personas, independientemente de su sexo, lo que elimina la situación discriminatoria en vigor hasta ahora”. El proyecto de ley, asimismo, reforma los capítulos pertinentes para que las parejas del mismo sexo gocen de los mismos derechos que las heterosexuales, incluida la adopción.

Todas estas medidas han conseguido el respaldo del Parlamento, por una abrumadora mayoría de 51 votos contra 28. A favor han votado los diputados de Izquierda Unida, los del centrista Partido de Miro Cerar (el actual primer ministro), los Socialdemócratas y los liberales de la  Alianza de Alenka Bratušek. El Partido Democrático de los Pensionistas ha dejado libertad de voto a sus parlamentarios. En contra han votado los diputados del centroderechista Partido Democrático Esloveno y los del democristiano Nueva Eslovenia.

Estos dos últimos partidos ya han comunicado que se enfrentarán a este resultado por todos los medios a su alcance. Plantearán un recurso ante el Tribunal Constitucional e intentarán que se convoque un referéndum para derogar la reforma. Ambas acciones no parecen, sin embargo, que tengan visos de prosperar. El Tribunal Constitucional esloveno ya se ha posicionado a favor de los derechos LGTB en varias ocasiones, y la ley establece que un referéndum que intenta derogar una ley aprobada por el Parlamento necesita el respaldo del 20 % de los electores para ser convocado. Eso supone el apoyo de 340.000 eslovenos, muy por encima de los 280.000 que votaron en contra de la adopción homoparental en el referéndum de 2012.

Con esta reforma, Eslovenia marca distancias con otras repúblicas exyugoslavas, como Croacia, Serbia, Montenegro o Macedonia, cuyas constituciones prohíben o están en proceso de prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo.  Por el contrario, en cuanto la reforma sea promulgada, Eslovenia se convertirá en el decimotercer estado de Europa en aprobar el matrimonio igualitario tras Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (con la excepción de Irlanda del Norte) y Suecia. Según Matej T. Vatovec, “Eslovenia ha entrado hoy en el siglo XXI”, convirtiéndose en “una comunidad verdaderamente tolerante e inclusiva”.

Para conocer la evolución del matrimonio igualitario en Eslovenia, hay que echar la vista atrás hasta remontarnos al año 2010, cuando el entonces gobierno esloveno, que se había comprometido a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en el nuevo código de familia, se vio obligado a recular ante la reacción de los sectores católicos y de la derecha eslovena, que centraron su oposición especialmente en la cuestión de la adopción. En el mes de marzo de 2010 el Parlamento aprobaba la reforma que introducía el matrimonio igualitario en primera lectura, pero las presiones fueron tan fuertes que el Gobierno capituló y anunció en enero de 2011 que retiraba la medida.

Pese a ello, el Parlamento aprobó meses más tarde una versión modificada que al menos reconocía importantes mejoras en derechos a las parejas del mismo sexo (que en Eslovenia son reconocidas como parejas de hecho desde 2006). En lo que a la adopción se refiere, la nueva ley no permitía adoptar conjuntamente, pero sí que uno de los miembros de la pareja adoptara los hijos del otro. Pero ni siquiera estas modificaciones lograron apaciguar a los sectores católicos, que promovieron un referéndum vinculante, celebrado en 2012, en el que el código fue rechazado por un 55% de los votos. La participación ni siquiera llegó al 30%, y en la capital del país, Liubliana, el resultado fue favorable.

Eso no significó un parón en la evolución de los derechos LGTB en la más que sin duda es la más socialmente avanzada de las repúblicas exyugoslavas. En 2013, tras la celebración del referéndum, el Tribunal Constitucional de Eslovenia consideró inconstitucional la legislación eslovena en materia de herencia por discriminar a las parejas del mismo sexo. El fallo completaba una sentencia previa que ya consideraba inconstitucional la legislación eslovena de parejas de hecho por un motivo similar.

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Este lunes 9 de febrero empezaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez Granade cuanto dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema del estado, el fundamentalista cristiano Roy Moore, ha decidido rebelarse contra los tribunales federales y ha ordenado a los jueces de familia que no emitan licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Debido a la controversia legal generada, gran parte de los condados han decidido no facilitar licencias de matrimonio a ninguna pareja, sean del mismo o de distinto sexo. Por su parte, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha decidido dejar en suspenso el proceso de apelación de los casos de Florida y Alabama, hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario.

La juez Callie V. S. Granade dictaminó el pasado 23 de enero sobre el caso de la pareja formada  por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La juez falló a favor de las demandantes, resolviendo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo establecida por las leyes de Alabama, violaba el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En el fallo también se recogía su suspensión cautelar hasta el 9 de febrero, con el fin de dar tiempo a la Fiscalía a preparar una posible apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

El lunes 26, la misma juez resolvió sobre la demanda presentada por James Strawser y John Humphrey contra la administración de Alabama, por no permitirles contraer matrimonio. El fallo recogió los mismos argumentos que la sentencia previa, estableciendo la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Alabama. Al igual que en el fallo precedente, la sentencia fue suspendida cautelarmente hasta el lunes 9 de febrero.

La administración de Alabama presentó inmediatamente una moción de suspensión permanente de ambas sentencias ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, que fue denegada mediante una escueta resolución que no ofrecía explicaciones. La Fiscalía procedió entonces a interponer la misma moción ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, específicamente ante la oficina del juez Clarence Thomas, uno de los miembros más conservadores del alto tribunal y encargado de supervisar el 11º Circuito de apelaciones.

El juez Thomas decidió someter al pleno del Tribunal Supremo la moción, que fue desestimada el mismo día 9, cuando vencía la suspensión temporal de la juez Granade. La resolución contó con los votos en contra, como en casos anteriores, del propio juez Thomas y del juez Antonin Scalia. Como en el caso de Florida, el alto tribunal denegaba por segunda vez suspender una sentencia favorable al matrimonio igualitario antes de que se haya resuelto su recurso por la Corte de Apelaciones correspondiente.

Rebelión del presidente de la Corte Suprema de Alabama

Por lo tanto, el 9 de febrero comenzaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama. Aunque previamente había tenido lugar una controversia con la asociación mayoritaria de jueces de familia, que se había mostrado reacia a acatar la sentencia de la juez Granade. Incluso su portavoz había declarado que estimaba que el fallo solo era aplicable a las parejas demandantes. Ello hizo que la juez Granade, a instancia de las partes, emitiera una orden en la que clarifica su sentencia, en la que dejaba claro que era la misma Constitución de los Estados Unidos la que obligaba a la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras la clarificación, la Asociación de Jueces de Familia rectificó su postura, y su presidente declaró que se emitirían licencias de matrimonio a las parejas que las solicitasen en cuanto la suspensión temporal de la sentencia de la juez Granade concluyese.

Pero el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, tras conocer que las mociones de suspensión habían sido rechazadas, decidió actuar en contra de la decisión de la justicia federal. El mismo lunes emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado.

El juez Moore ya había hecho llegar, en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia del tribunal federal, un escrito al gobernador de Alabama en el que le instaba a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”. Por esta misiva, en la que se rebelaba claramente contra la autoridad federal, se le interpuso una queja ante el Comité Judicial de Ética.

El gobernador Robert Bentley, sin embargo, declaraba que no pondría ningún impedimento para que se cumpliera la sentencia de la justicia federal, aparte de presentar las correspondientes apelaciones. Bentley recordaba el ominoso pasado de Alabama, cuando el estado se rebeló contra las decisiones judiciales que ponían fin a las leyes de segregación racial: “No quiero que Alabama sea vista como lo que era hace 50 años, cuando una ley federal fue desafiada. No voy a hacer eso”.

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

División en los condados

La inaudita orden del juez Moore ha ocasionado una fuerte controversia legal. En los condados más poblados, como Montgomery y Jefferson, se acataba la sentencia del tribunal federal y se celebraban las primeras bodas, como la de Kelli y Lisa Day, que se unían en matrimonio en el condado de Montgomery tras 20 años de convivencia y cuatro hijos en común.

Sin embargo, las parejas del mismo sexo no han sido tan afortunadas en la mayoría de los condados. En un principio, en 51 de los 67 condados que componen el estado de Alabama se ha rehusado emitir licencias de matrimonio a estas parejas. Uno de ellos ha sido Mobile, cuya denegación ha ocasionado la presentación de una demanda ante el tribunal de la juez Granade, que ha  establecido la audiencia preliminar para este 12 de febrero. Según U. W. Clemon, antiguo juez de distrito, “si un tribunal [federal] cursa una orden y alguien se niega a cumplirla, entonces se puede dictaminar el desacato al tribunal, lo que podría suponer una multa o el encarcelamiento hasta que se acate la orden”.

Quizás por temor a estas repercusiones, algunos de los condados han cambiado su decisión inicial, en un lento goteo, y han empezado a cumplir con el mandato judicial. Llevados por el mismo temor, según señala la organización de defensa de los derechos LGTB Equality Alabama, gran número de los condados “rebeldes” han suspendido la emisión de licencias de matrimonio a todas las parejas, sean del mismo o distinto sexo, con el fin de cumplir con la orden del juez Moore pero evitando las posibles demandas por discriminación.

Al finalizar la jornada de este miércoles 11 de febrero, desde la web de Human Right Campaign se ofrecían los siguientes datos: 23 condados cumplían con la ley y expedían licencias de matrimonio a las parejas del mismo o distinto sexo que las solicitaban; 18 condados desobedecían el mandato judicial y rehusaban facilitar licencias únicamente a las parejas del mismo sexo; finalmente, en 26 condados no se emitía ninguna licencia de matrimonio.

Suspendido el proceso de apelación en Florida y Alabama

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha cursado una orden por la que establece la suspensión del proceso de apelación de las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Florida y Alabama. Según la orden, el proceso no continuará hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida al respecto, tras darse a conocer su decisión de considerar en este periodo de sesiones las sentencias desfavorables de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito.

Se prevé, según los expertos, que el alto tribunal falle sobre el matrimonio igualitario a finales de junio. Mientras tanto, debido a la decisión de no suspender las sentencias de los correspondientes tribunales federales, se seguirán celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo tanto en Alabama como en Florida.

Fuente Dosmanzanas

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Buenas e inesperadas noticias las que nos llegan desde Eslovenia, donde la posibilidad de que el matrimonio se abra a las parejas del mismo sexo resucita con fuerza pocos años después de que una primera iniciativa quedara frustrada por la presión conservadora. Un comité parlamentario aprobó este martes la propuesta por 11 votos a 2. Está por ver como transcurre el resto de la tramitación, pero el proyecto parece contar ya con mayoría suficiente para salir adelante.

Es interesante conocer la evolución histórica del asunto. hay que remontarse al año 2010, cuando el entonces gobierno esloveno, que se había comprometido a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en el nuevo código de familia, se vio obligado a recular ante la reacción de los sectores católicos y de la derecha eslovena, que centraron su oposición especialmente en la cuestión de la adopción. En el mes de marzo de 2010 el Parlamento aprobaba la reforma que introducía el matrimonio igualitario en primera lectura, pero las presiones fueron tan fuertes que el Gobierno capituló y anunció en enero de 2011 que retiraba la medida.

Pese a ello, el Parlamento aprobó meses más tarde una versión modificada que al menos reconocía importantes mejoras en derechos a las parejas del mismo sexo (que en Eslovenia son reconocidas como parejas de hecho desde 2006). En lo que a la adopción se refiere, la nueva ley no permitía adoptar conjuntamente, pero sí que uno de los miembros de la pareja adoptara los hijos del otro. Pero ni siquiera estas modificaciones lograron apaciguar a los sectores católicos, que promovieron un referéndum vinculante, celebrado en 2012, en el que el código fue rechazado por un 55% de los votos. La participación ni siquiera llegó al 30%, y en la capital del país, Liubliana, el resultado fue favorable.

Eso no significó un parón en la evolución de los derechos LGTB en la más que sin duda es la más socialmente avanzada de las repúblicas exyugoslavas. En 2013, tras la celebración del referéndum, el Tribunal Constitucional de Eslovenia consideró inconstitucional la legislación eslovena en materia de herencia por discriminar a las parejas del mismo sexo. El fallo completaba una sentencia previa que ya consideraba inconstitucional la legislación eslovena de parejas de hecho por un motivo similar.

La discusión sobre el matrimonio igualitario se reactivaba sin embargo en diciembre de 2014, cuando Izquierda Unida, formación que cuenta con 6 de los 90 diputados del Parlamento esloveno, proponía de nuevo una reforma del código de familia para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. El proyecto parece contar además con el apoyo de dos de los tres partidos de la coalición gobernante: el Partido de Miro Cerar (formación centrista que gira en torno a la figura del abogado Miroslav Cerar, actual primer ministro), que cuenta con 36 diputados, y los Socialdemócratas, que cuentan con 6 diputados. El tercer partido de la coalición, el Partido Democrático de los Pensionistas, se inclina por dejar libertad de voto a sus 10 diputados.

También los 4 diputados liberales de la Alianza de Alenka Bratušek, en la oposición, apoyan el proyecto, que tendrá enfrente al Partido Democrático Esloveno (centro-derecha), con 21 diputados, y a los democristianos de Nueva Eslovenia (4 diputados).

A día de hoy, las perspectivas parecen ser buenas. Eslovenia esta cerca de convertirse, casi por sorpresa, en el duodécimo estado de Europa en aprobar el matrimonio igualitario tras Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (con la excepción de Irlanda del Norte) y Suecia. Sería además el primer país de la antigua Europa del Este y de cultura mayoritariamente eslava en hacerlo, lo que le daría una especial carga simbólica. Habrá que ver no obstante qué sucede finalmente. Tras la aprobación en comisión, si no hay contratiempos el proyecto podría ser definitivamente aprobado por el pleno en marzo, pero dados los antecedentes cabe esperar de nuevo una fuerte resistencia desde el ámbito conservador y católico.

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El pasado domingo se celebró la 57ª edición de los Grammy, los famosos premios musicales. Uno de los grandes triunfadores de la noche, sin duda, fue Sam Smith. El cantante británico, de 22 años, se llevó, ni más ni menos que cuatro galardones, de las seis nominaciones que tenía. Entre ellos grabación, canción, artista novel y mejor álbum pop vocal.

En su nuevo vídeo, el cantautor británico Sam Smith, que en 2014 consiguió fama mundial con Stay with Me, incluida en su álbum In the Lonely Hour. Smith, que salió del armario el pasado mayo en una entrevista a The Fader en la que revelaba que el disco era el resultado de un amor no correspondido hacia otro hombre (más tarde contó que se trataba de un hetero), ha relanzado ahora el que fue primer sencillo de ese mismo trabajo, Lay Me Down. Y lo ha hecho con un vídeo que es todo un homenaje al matrimonio igualitario.

El vídeo es una especie de historia hacia atrás en la que vemos a Sam Smith atendiendo un funeral, intuímos que de su pareja, para dar a paso a la boda. Un canto a intentar recuperar a la persona amada a la que hemos perdido. El vídeo esta grabado, en una única toma, en la iglesia de St. Margaret, al sureste de Londres.

“Este vídeo muestra mi sueño de que un día gais y lesbianas, y hombres y mujeres transexuales de todo el mundo, puedan casarse, al igual que hacen nuestras familias y amigos heteros, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier país. Espero que lo disfruteis. Os quiero”, es parte del mensaje que Smith ha difundido en redes sociales para dar a conocer el vídeo, en el que Smith contrae matrimonio con otro hombre en una iglesia.

Sam Smith salió del armario en mayo de 2014.En su vida privada, Smith acaba de terminar una relación de dos meses con Jonathan Zeizel, por lo que vuelve a estar soltero…

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Los matrimonios de conveniencia entre un gay y una lesbiana se han convertido en una salida alternativa a la soltería en China, debido a las fuertes presiones familiares para casarse y tener hijos y al temor de ser excluido de una sociedad caracterizada por su visión conservadora.

«¿Por qué no te has casado?» «¿Te podemos recomendar a alguna chica?«. Estas son algunas de las incómodas preguntas a las que se tenía que enfrentar a diario Lin Hai, un hombre homosexual que superaba la treintena y cuyos proyectos de futuro distaban mucho de los ansiados planes de boda de sus familiares y amigos. Por aquel entonces, en 2005, los homosexuales tenían dos salidas, explicó Lin: o casarse con una mujer que desconociese la orientación sexual real de su marido, o vivir una vida independiente sin desposarse. La primera opción le parecía injusta e inmoral, por lo que se le ocurrió la idea de un «xinghun» con una lesbiana, un matrimonio ficticio, beneficioso para ambos cónyuges, que les permitiese vivir libremente, pero sin presiones familiares por tener una familia y estar casados.

Para ayudar a otras personas que sufrieran el mismo problema, Lin creó Chinagayles.com, la mayor web de citas en China para conseguir un matrimonio de conveniencia entre homosexuales, que a día de hoy cuenta con casi 380.000 usuarios. Lin, no obstante, descartó un boda sin amor y eligió una tercera opción, que no había barajado anteriormente: salir del armario, cosa que hizo finalmente. Si bien su madre enfermó del disgusto y el proceso de aceptación no fue nada fácil, el hecho de que Lin tuviera un hermano con esposa e hijos –y el transcurso del tiempo– facilitaron que sus padres y otros familiares asimilaran su orientación sexual.

Ser homosexual no es fácil en muchos países, pero especialmente en China, país en el que la homosexualidad se despenalizó en 1997 y la eliminó de la lista de enfermedades mentales en 2001. Incluso los ciudadanos chinos con una educación de alto nivel que mantienen una actitud abierta hacia el colectivo LGTB encuentran problemas para aceptar que sus propios hijos sean homosexuales.

«Los matrimonios de conveniencia no se basan en el amor, por eso es importante poner las cartas sobre la mesa y estar de acuerdo en temas tan importantes como tener hijos», señaló Stephanie Wang, una estudiante que cursa un posgrado universitario sobre esta cuestión, al diario de Hong Kong South China Morning Post. «Si el matrimonio no se considerara obligatorio en la China continental, y la gente no se estigmatizara por quedarse sola, no sería necesario el matrimonio de conveniencia», agregó Wang.

No obstante, el mayor problema de los «xinghun» viene cuando uno de los cónyuges se convierte en una auténtica víctima al desconocer la orientación sexual real de su pareja. Un estudiante universitario, Zhang Beichuan, estimó que podría haber 16 millones de mujeres que estén casadas, sin saberlo, con hombres homosexuales.

Las esposas de estos matrimonios se llaman «tongqi», literalmente «esposas de los homosexuales». La prensa del país asiático se hizo eco de la difícil y dolorosa situación de estas mujeres tras el suicidio en 2012 de una profesora de la provincia de Sichuan (oeste) al enterarse de la orientación homosexual de su marido.

A diferencia de sus homólogos occidentales o vecinos en Hong Kong y Taiwán, quedarse solo a menudo no es una opción para los gays y lesbianas en la China continental. Incluso cuando salen del armario, por lo general, son asediados con preguntas, críticas o incluso relegados al ostracismo por parte de familiares, amigos y vecinos, y ante este panorama, algunos prefieren vivir un matrimonio falso a ser excluidos de por vida por la sociedad.

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Cuatro años después de que diera comienzo la tramitación del actual proyecto, y once años después de que por primera vez se planteara la posibilidad, el Parlamento de Chile ha aprobado definitivamente el Acuerdo de Unión Civil, una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo y de distinto sexo. El texto definitivo -incluyendo el nombre definitivo con el que se conocerá la institución- no se ha conocido hasta estos últimos días, después de que una comisión mixta Cámara de Diputados-Senado resolviera las divergencias existentes entre los textos ya aprobados por amabas cámaras. Día histórico, sin duda, para los derechos LGTB en Chile.

Finalmente el Acuerdo de Unión Civil (tercer y definitivo nombre de la institución, tras “Acuerdo de Vida en Pareja” y “Pacto de Unión Civil”) ha sido aprobado por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones (en el Senado) y 78 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones (en la Cámara de Diputados). El texto reconoce a las parejas unidas civilmente una parte importante de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas (en materia patrimonial, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento de estado civil específico) y contempla la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. En este sentido, se igualan jurídicamente las posibilidades a la de los ascendientes (será el juez el que deberá decidir en función de los intereses del menor).

Otro dato interesante es que, a la espera de que Chile disponga en el futuro de matrimonio igualitario, los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero serán reconocidos como uniones civiles.

La redacción final, algo diferente por tanto a la previamente aprobada por el Senado en el mes de octubre y por la Cámara de Diputados la semana pasada, satisface a los activistas LGTB que llevaban años esperando este día. “Son once años de trabajo por una legislación que reconozca a las parejas de hecho. Los heterosexuales, que por el hecho de no querer casarse fueron estigmatizadas a lo largo de nuestra historia y las homoparentales, de gais y lesbianas, porque no tenían ningún reconocimiento ni validez para la sociedad chilena. Hoy día saldamos esa deuda histórica, esa deuda de humanidad y de democracia con las familias diversas”, declaraba Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

“Hoy pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico, pasamos a ser no sólo sujetos de deberes, sino también de derechos”, expresaba por su parte Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, que sin embargo lamenta el retraso en aprobar el proyecto. “Nos preocupa que estás discusiones se tomen tanto tiempo. Esta es una discusión de la dedada pasada, es una batalla cultural ya ganada y que sentimos que deberíamos estar discutiendo el matrimonio igualitario como en Argentina y Uruguay”, matizaba.

Se trata de un proyecto, recordemos, cuya tramitación se viene arrastrando desde la legislatura anterior (fue una promesa del expresidente Sebastián Piñera) y sobre el que después de las elecciones de noviembre de 2013, que renovaron tanto la Presidencia como el Congreso, existía el compromiso de finalizar con carácter de urgencia. Aún así el proceso ha vuelto a sufrir retrasos y el trámite parlamentario ha resultado especialmente laborioso (no han faltado bochornosas escenas de violencia protagonizadas por el homófobo pastor evangélico Javier Soto). Finalmente la razón se ha impuesto y el proyecto ha sido aprobado. Será ley en cuanto la presidenta, Michelle Bachelet, la promulgue, lo que se estima inminente.

La lucha por el matrimonio igualitario continuará

La aprobación del Acuerdo de Unión Civil no supone que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa).

Ya en diciembre daba sus primeros pasos una iniciativa parlamentaria coordinada por diputados de la Nueva Mayoría (la amplia coalición de fuerzas políticas que sustenta al gobierno de Michelle Bachelet) con los movimientos LGTB. Ello no asegura el éxito: no son pocos los integrantes del bloque que apoya a Bachelet que en el pasado han mostrado su oposición a una ley de matrimonio igualitario (es el caso del propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pero su caso no es el único). El proceso será sin duda complicado.

Todo este movimiento se da además en paralelo a la demanda contra Chile presentada en 2012 por el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que informamos en su momento, y que es una patata caliente en manos del actual gobierno.

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El matrimonio igualitario sigue avanzando con paso firme por los territorios del “Profundo Sur”. La juez federal Callie V. S. Granade ha dictaminado este viernes 23 de enero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, establecida por las leyes de Alabama, viola el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La juez ha dictado la suspensión temporal de su sentencia de 14 días, para que la Fiscalía pueda solicitar una suspensión durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

La juez Granade debía resolver sobre la demanda presentada por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La pareja decidió denunciar a la administración de Alabama por lo que consideraban una grave discriminación. La Fiscalía General del estado, por su parte, defendía la enmienda 774, o de “Santidad del Matrimonio”, de la Constitución de Alabama, que en 2006 fue aprobada en referéndum con un 81 % de votos favorables. La enmienda describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y un mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. También impide el reconocimiento de los enlaces contraídos en otros estados donde son legales.

La juez finalmente ha fallado a favor de la pareja demandante, al encontrar que “el fiscal general no ha explicado por qué el permitir o reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo entre dos adultos que consienten va a impedir que los padres heterosexuales u otros parientes biológicos cuiden de sus hijos biológicos”.  La magistrada señala en su dictamen que ”Alabama no excluye del matrimonio a las parejas que no quieren o no pueden procrear biológicamente. No existe una ley que prohíba casarse a las parejas infértiles, a parejas de ancianos o a parejas que no deseen procrear. El estado tampoco prohíbe el reconocimiento de los matrimonios de esas parejas de otros estados”.

La sentencia se fundamenta tanto en el fallo del caso Windsor, en el que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional que la administración federal no reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos legalmente, como en los dictámenes de la mayoría de las Cortes de Apelaciones. Para la juez Granade, “los niños que actualmente están criados por padres del mismo sexo en Alabama son tan dignos de protección y de reconocimiento por parte del Estado como lo son los niños que son criados por padres de sexos opuestos. Sin embargo, la ley de ‘Santidad del Matrimonio’ de Alabama perjudica a los hijos de las parejas del mismo sexo por las mismas razones que el Tribunal Supremo consideró que la Ley de Defensa del Matrimonio perjudicaba a los hijos de las parejas del mismo sexo”.

Por todo ello, la juez ha dictaminado que estas leyes violan el derecho a la igual protección y al debido proceso que ampara la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No ha incluido ninguna suspensión ni demora en la ejecución de su sentencia, por lo que los matrimonios entre personas del mismo sexo en Alabama podrán comenzar en cuanto las secretarías de los condados abran sus puertas este lunes. No obstante, el representante legal de la Asociación de Jueces de Familia de Alabama, ligado al ultraconservador Tea Party, ha declarado que “no hay nada en la sentencia de la juez Granade que obligue a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, excepto a la demandante”. A pesar de ello, los jueces de familia de los condados de Montgomery y Jefferson (el más poblado del estado) ya han comunicado que facilitarán licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten, puesto que “nuestro análisis es que la prohibición ha sido declarada inconstitucional. Nosotros no violamos las sentencias judiciales federales“.

El fiscal general, Luther Strange, ha solicitado inmediatamente la suspensión cautelar del fallo durante el proceso de apelación, que ya ha comunicado que presentará. La juez emitió un mandato en el que establecía un suspensión temporada de la sentencia de 14 días, tiempo en el que la Fiscalia podrá solicitar una suspensión permanente durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. Parece poco probable, no obstante, que una petición semejante sea concedida, pues la Corte de Apelaciones del 11º Circuito denegó una solicitud de suspensión semejante en el caso de Florida, que también fue rechazada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se presentó a su instancia. El equipo legal de la pareja demandante, por su parte, presentó ante tribunal de la juez Granade un pliego en el que se oponen  a la suspensión permanente de  la sentencia solicitada por la Fiscalía General y piden que clarifique sin lugar a dudas el alcance de la misma.

El gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, ha expresado su “decepción” con la sentencia y ha confirmado que la apelará. Más allá ha ido el presidente de la cámara de representantes del estado de Alabama, Mike Hubbard, que ha declarado que “es indignante que un solo juez federal no electo e irresponsable pueda anular la voluntad de millones de residentes de Alabama, que apoyaron firmemente la enmienda de ‘Santidad del Matrimonio’. La Legislatura fomentará con vigor el proceso de apelación y seguirá defendiendo los valores conservadores cristianos que hacen de Alabama un lugar especial para vivir”. Lo cierto es que ese abultado 81 % de votantes favorables a la discriminación de las parejas del mismo sexo en el referéndum de 2006 sumaban algo menos de 700.000 votos en un estado de casi cinco millones de habitantes.

Uno a uno, los estados se van sumando

Con la incorporación de Alabama, el matrimonio igualitario es ya completamente legal en 37 de los 50 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 220 millones de personas. Se trata de Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 21 jurisdicciones tribales (se van sumando aquellas que ligan sus leyes sobre el matrimonio a las del estado donde están ubicadas).

En el resto de estados existen situaciones diversas, que configuran un escenario judicial complejo que, a la espera del pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo, va decantando la situación hacia una extensión generalizada del matrimonio igualitario.

Hacemos a continuación un balance de la situación. En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Tras el recurso presentado por los equipos legales de las parejas demandantes de los cuatro estados ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este ha decidido que en el próximo período de sesiones considerará estas sentencias contrarias a los derechos LGTB. Por el contrario, su crietrio respecto a las apelaciones de sentencias que han sido favorables a esos derechos ha sido el de no admtirlas a trámite. La decisión del Tribunal Supremo, que se espera para el mes de junio de este mismo año, podría suponer el final de largo viaje del matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Mississippi y Texas (ambos del 5º Circuito) y Arkansas, Dakota del Sur y el ya citado Misuri (los tres del 8º Circuito). En Arkansas, además, la Corte Suprema estatal deberá revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Por el momento solo hay un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En este estado, sin embargo, otro juez federal falló pocas semanas después en sentido contrario, declarando inconstitucional la prohibición. Habrá que esperar a ver cómo resuelve el 5º Circuito esta contradicción.

Finalmente, en uno de los estados donde aún no hay sentencia, Dakota del Norte, el juez federal que debe dictaminar al respecto ha decidido aplazar la continuidad del juicio hasta conocer la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los otros dos estados donde hay procesos abiertos pendientes de sentencia son Georgia y Nebraska.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que ya publicamos:

El Parlamento de la República de Macedonia vota a favor de definir constitucionalmente el matrimonio como una “unión entre un hombre y una mujer”, con el objetivo de vetar el acceso a esta institución a las parejas del mismo sexo. Por si no fuera suficiente, la cámara plantea un escollo constitucional ante una posible ley de parejas de hecho. En la votación de septiembre de 2013, el Parlamento rechazó enmendar la Constitución para impedir los matrimonios homosexuales en un futuro. Entonces, los socialistas del SDSM, principal grupo de la oposición, se opuso a la iniciativa de los ultranacionalistas y conservadores de VMRO-DPMNE, pero no por convicción igualitaria sino porque “los ciudadanos tienen problemas mucho más graves”. Sin embargo, en esta ocasión solo se han sumado 4 votos contrarios frente a 72 homófobos.

La enmienda explicita que el “matrimonio será una unión de vida exclusivamente de una mujer y un hombre”. Asimismo, el segundo punto recoge que “las relaciones jurídicas en el matrimonio, la familia y las uniones civiles serán reguladas por una ley adoptada por un mayoría de dos tercios del número total de los miembros del Parlamento”. Aunque todavía se precisa la confirmación final parlamentaria y la aprobación presidencial, por el resultado de 72 votos homófobos frente a 4 se intuye que la ley será finalmente sancionada.

Cabe recordar que Macedonia es un país candidato a la adhesión en la Unión Europea y esta legislación, contraria a las líneas comunitarias, debería dificultar la integración comunitaria de esta república balcánica. De hecho, el Comité de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa en aspectos constitucionales) criticó, en un informe fechado en octubre de 2014, que la enmienda “no debería excluir a proporcionar a las parejas del mismo sexo el mismo nivel de reconocimiento legal, que ya proporciona a parejas de diferente sexo”.

Para el director adjunto de Amnistía Internacional en Europa, Gauri van Gulik, la votación homófoba en Macedonia va “a contracorriente europea”, ya que la Unión tiende a la adopción del matrimonio entre personas de mismo sexo y a la igualdad en materia de derechos. En este sentido, el veto constitucional se suma, según van Gulik, “a la discriminación, la violencia y la intolerancia por motivos de orientación sexual o identidad de género en Macedonia”. De igual manera se expresaba la europarlamentaria Tanja Fajon, quien declaró que “en lugar de la institucionalización de la discriminación contra las parejas del mismo sexo, yo llamo al gobierno a aumentar la protección, de conformidad con las normas europeas”.

Por su parte, la también europarlamentaria Sophie in ‘t Veld ha asegurado que “el gobierno de Macedonia debe darse cuenta que la diversidad es la fuente de la prosperidad y la estabilidad social, no un obstáculo para ello. A la inversa, la homofobia nunca ha creado un solo puesto de trabajo ni ha resuelto ningún otro problema. Macedonia haría mejor siguiendo la tendencia de un número creciente de países de Europa y América, donde las parejas del mismo sexo están legalmente reconocidas y protegidas”.

Creciente homofobia social e institucional

El proyecto homófobo de modificación constitucional viene en realidad gestándose desde 2011. La iglesia ortodoxa macedonia se posicionó entonces a favor de las tesis del VMRO-DPMNE. Petar, uno de sus jerarcas, llegó a asegurar que “si se permite el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, entonces habría que permitir también matrimonios con ovejas, vacas y otros animales”. Tras conseguir la reválida en las elecciones de abril de 2014 y mejorar sus resultados, el partido gobernante VMRO-DPMNE activaba de nuevo el procedimiento para aprobar una enmienda a la Constitución que blinde el matrimonio como una institución reservada solo a parejas del mismo sexo.

Entretanto, la presión homófoba en los ámbitos político y religioso se traduce en un incremento de los actos de violencia LGTBfóbica en las calles. Representantes del Comité de Helsinki denunciaban que el ataque homófobo contra activistas LGTB en un local de Macedonia era el sexto en dos años y exigieron “una condena pública del Primer Ministro y del Ministro del Interior con respecto a la violencia de odio homófobo contra las personas LGBT”. Sin embargo, el populista y ultranacionalista VMRO-DPMNE no parece demasiado interesado en los derechos de las personas LGTB, dada su proactiva actividad parlamentaria contra la igualdad de derechos del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno irlandés ha dado a conocer el contenido de la consulta sobre el matrimonio igualitario que se someterá a referéndum el próximo mes de mayo. Los ciudadanos irlandeses deberán decidir si se añade a la Constitución de Irlanda el siguiente texto: “el matrimonio podrá ser contraído por dos personas, conforme a la ley, sin distinción de su sexo”. Aún está por decidir la fecha concreta de celebración de la consulta popular. Desde las asociaciones LGTB se insiste en que las encuestas altamente favorables pueden no ser un reflejo del resultado final, e instan a la ciudadanía a que acuda a votar.

Pocos días después de la salida del armario de su ministro de Sanidad, el Gobierno irlandés ha dado a conocer el texto sobre el matrimonio igualitario que someterá a referéndum en el mes de mayo. De ser aprobado, Irlanda se sumará al ya abultado número de países europeos que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frances Fitzgerald, ministra de Justicia e Igualdad, cree que la redacción que se ofrece a los electores es clara y precisa, y que su aprobación sería una prueba más de la creciente aceptación de las personas de diversa orientación sexual en Irlanda.

La ministra también señalaba que la intención de la coalición gubernamental era que el referéndum se ciñera única y exclusivamente a la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Por ello, cuestiones como la adopción homoparental serán tratadas mediante proyectos de ley distintos, que deberán ser aprobados antes de que se celebre la consulta. De esta manera, se pretende evitar que los oponentes a los derechos LGTB los utilicen en campaña para incentivar el voto adverso.

Sin embargo, desde la Iglesia católica, que lidera la oposición al matrimonio igualitario, ya se ha advertido que su campaña ante el referédum se centrará en el peligro de “la redefinición de la familia” y en los “intereses de los niños”. El arzobispo Eamon Martin declaraba que “dejamos clara nuestra postura no solo desde un punto de vista la fe, sino también porque creemos que es bueno para los niños, es bueno para la familia y es bueno para la sociedad preservar la singularidad del matrimonio como tradicionalmente lo hemos entendido”.

Preocupación en la comunidad LGTB

La última encuesta publicada el pasado mes de diciembre por el diario The Irish Times, ofrecía un 71 % de partidarios del matrimonio igualitario, frente a un 17 % de contrarios y un 9 % de indecisos. Sin embargo, los partidarios de la igualdad se siguen mostrando preocupados, incluso alguna fuente indica que “nuestras investigaciones muestran que el apoyo es muy, muy leve y que comenzará a desmoronarse muy rápidamente”.

Brian Sheehan, de Gay and Lesbian Equality Network (GLEN), estima que “este será un referéndum muy apretado. Creo que los irlandeses se toman los cambios constitucionales muy en serio. Lo sabemos por otros referéndums. A pesar del fuerte apoyo en las encuestas, sabemos que necesitaremos cada voto que sea posible para ganar el referéndum”.

En la mente de los activistas LGTB está la consulta sobre los derechos del menor celebrada en 2012, que contaba con un fuerte apoyo de las principales fuerzas políticas. Se trataba de una enmienda que incluía en la Constitución varios artículos destinados a incrementar la protección de los menores. Las encuestas ofrecían una mayoría abrumadora de un 80 % de partidarios de la reforma. El día del referéndum, sin embargo, esos partidarios no se movilizaron, la participación alcanzaba un exiguo 33,5 % y el resultado fue de un apretado 58 % de votos favorables contra un 42 % de votos contrarios.

Quizás por ello, las asociaciones LGTB han solicitado el apoyo de la abultada comunidad estadounidense de origen irlandés, que mayoritariamente radica en los estados que conforman la región histórica de Nueva Inglaterra y en Nueva York, donde el matrimonio igualitario es legal. Los activistas esperan alcanzar acuerdos con la comunidad LGTB de la diáspora irlandesa y recaudar fondos para su campaña previa al referéndum.

Quien ha vuelto a participar activamente en el debate sobre el matrimonio igualitario es el actor Colin Farrell, que ya había expresado su apoyo en el pasado, al considerar “demencial“ que su propio hermano gay tuviera que abandonar Irlanda para poder casarse. En una entrevista concedida a la cadena pública RTÉ el pasado lunes 19, Farrell declaraba con emoción: “llevo a Irlanda conmigo por donde quiera que voy, amo a mi país profundamente. Esta es mi salida del armario, por así decirlo, para afirmar públicamente que apoyo el voto favorable con cada fibra de mi ser”.

Fuente Dosmanzanas

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Fue un momento que numerosos medios han destacado como uno de los de mayor simbólico del pasado martes en el Capitolio. Por primera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos ha pronunciado las palabras “bisexual” y “transgénero” en un discurso del estado de la Unión, un evento cargado de liturgia política en el que cada mes de enero el presidente presenta su agenda política ante el Congreso. Barack Obama también dedicó una frase al matrimonio igualitario, al que consideró ya un “derecho civil” más, pocos días después de conocerse que el Tribunal Supremo se pronunciará por fin este año sobre el asunto.

“Como americanos, respetamos la dignidad humana, incluso cuando somos amenazados. Es por eso que defendemos la libertad de expresión, abogamos por los presos políticos y condenamos la persecución de las mujeres, de las minorías religiosas o de las personas que son lesbianas, gais, bisexuales o transgénero”, expresó Obama.

La frase de Obama ha sido merecedora de elogios por parte de colectivos LGTB, especialmente de organizaciones que luchan por los derechos de las personas transgénero, como el Transgender Law Center. “El reconocimiento público de las personas transgénero en su discurso del estado de la Unión fue histórico. Puede parecer algo muy simple, decir la palabra ‘transgénero’ en un discurso, pero el pronunciamiento del presidente Obama representa un progreso significativo para las personas transgénero y para el movimiento en favor de la igualdad”, declaraba su director ejecutivo, Masen Davis.

El uso de las palabras “bisexual” y “transgénero” en el que posiblemente es el acto político más importante del año en Estados Unidos tiene, sin duda, un alto valor simbólico. Lo que no se pronuncia no se visibiliza. Y si poco a poco palabras como “gay” y “lesbiana” han ido adquiriendo carta de naturaleza en el lenguaje de los más poderosos, a estos todavía les cuesta trabajo referirse expresamente a bisexuales, transexuales y transgéneros, colectivos muy a menudo ignorados y en el mejor de los casos ya subsumidos en las siglas “LGTB”.

Conviene precisar, en este punto, que las palabras originales utilizadas en inglés por Obama fueron “bisexual” y “transgender”. Esta última se utiliza en Estados Unidos de forma más extendida que en España la que es su traducción literal, “transgénero”. En contextos en los que en España se usaría posiblemente “transexual”, por ejemplo, allí se prefiere “transgender” en lugar de la también existente en inglés “transsexual”. En este caso, al redactar la frase de Obama en castellano, nos hemos decantado por “transgénero”, que además de ser la traducción literal creemos que se corresponde mejor con el espíritu inclusivo del original (no todas las personas transgénero se identifican a sí mismas como transexuales).

Apoyo al matrimonio igualitario en un momento clave

En otro momento del discurso, en el que el presidente echaba la vista atrás sobre lo ya conseguido, Obama expresó que “he visto cómo el matrimonio gay pasaba de ser un tema divisivo, utilizado para distanciarnos de la historia de libertad de nuestro país, a convertirse en un derecho civil que ya es legal en los estados que siete de cada diez americanos llaman su hogar”. Obama reiteraba de esta forma su apoyo al matrimonio igualitario y lanzaba, de forma implícita, un guiño a los que esperan que el Tribunal Supremo de Estados Unidos establezca definitivamente la inconstitucionalidad de prohibir casarse a las parejas del mismo sexo caso, después de que la más alta instancia judicial del país por fin se haya decidido a examinar la cuestión.

Un posicionamiento que Obama ha expresado de forma más explicita en otros escenarios. Este mismo jueves Obama respondía en una entrevista que “tengo esperanza en que [el Tribunal Supremo] dará un paso adelante y reconocerá lo que creo que ya la mayoría del pueblo americano reconoce. A dos personas que se aman la una a la otra, que se respetan, que no molestan a nadie más… ¿Por qué la ley les debe tratar diferente? Espero que el Supremo tome la decisión correcta”.

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado, por 86 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de ley de uniones civiles, abierto a parejas del mismo y de distinto sexo, que reconoce a estas una parte importante de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas (en materia patrimonial, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento del estado civil) y que contempla también la posibilidad de mantener la custodia de los hijos biológicos de la pareja en caso de fallecimiento. El Pacto de Unión Civil -nombre que definitivamente recibirá la institución, en sustitución del que hasta ahora se había manejado, Acuerdo de Vida en Pareja- queda ya solo pendiente de un último trámite en el Senado, cuya superación se da por segura, y quedará listo para ser promulgado.

De hecho, la comunidad LGTB chilena celebra ya la aprobación del proyecto: el visto bueno de la Cámara de Diputados era en realidad el último escollo que quedaba por superar. El pleno del Senado de Chile ya le dio su visto bueno en octubre. Se trata de un proyecto, recordemos, cuya tramitación se viene arrastrando desde la legislatura anterior (fue una promesa del expresidente Sebastián Piñera) y sobre el que después de las elecciones de noviembre de 2013, que renovaron tanto la Presidencia como el Congreso, existía el compromiso de finalizar con carácter de urgencia. Aún así el proceso ha sufrido considerables retrasos, pero finalmente Senado y Cámara de Diputados han acabado por aprobarlo tras un trámite parlamentario especialmente laborioso, en el que no han faltado bochornosas escenas de violencia protagonizadas por el homófobo pastor evangélico Javier Soto.

El texto ha recibido finalmente numerosas mejoras respecto al proyecto inicial. La unión deberá contraerse en el Registro Civil, no en una notaría privada, como se planteaba inicialmente. La pareja tendrá un nuevo estado civil (el de “conviviente civil”) y se establece un parentesco por afinidad con los parientes de la pareja que contraiga la unión. En caso de fallecimiento de una de las personas, el monto de la herencia será igual al que actualmente reciben los cónyuges de un matrimonio. Por lo que se refiere a la custodia de los hijos, se igualan las oportunidades de uno de los convivientes y de los parientes consanguíneos para conservarla en caso de fallecimiento de los progenitores biológicos (la decisión la deberá tomar un juez en función de criterios como el vínculo afectivo, la opinión de los hijos y la contribución a la crianza).

“Chile ha dado un salto de crecimiento moral y ético, pues está afirmando que no puede haber familias de primera y segunda categoría. Nuestro estado está reconociendo la gran diversidad de familias y parejas existentes en el país que no quieren o no pueden contraer matrimonio, pero que si confían en el Pacto de Unión Civil”, ha expresado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH). “Este día, este momento, lo dedicamos a las familias homoparentales que han sufrido el peso histórico de la incomprensión y los prejuicios. Poco tiempo atrás fueran consideradas enfermas por las ciencias y delincuentes por nuestro Estado, mientras las religiones las sigue considerando antinaturales. Pese a esto, estas familias nunca dejaron de entregarse amor. Un amor que las fortaleció. Hoy será el turno del Estado de fortalecerlas y protegerlas en igualdad de condiciones”, ha añadido.

El portavoz del gobierno chileno, Álvaro Elizalde, se ha mostrado por su parte muy satisfecho por lo que considera expresión de “una mayoría categórica y transversal que ha aprobado esta iniciativa que da protección y reconocimiento jurídico a las familias que conviven sin estar casadas”. “Es una buena señal del Chile de todos, un país donde no se discrimina y se reconoce los distintos tipos de familia, a través de esta regulación que da reconocimiento y protección jurídica a las distintas formas de convivencia que existen, sean o no del mismo sexo”, añadía.

La lucha por el matrimonio igualitario continuará

La aprobación del Pacto de Unión Civil no supone que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que la presidenta Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa).

Ya en diciembre daba sus primeros pasos una iniciativa parlamentaria coordinada por diputados de la Nueva Mayoría (la amplia coalición de fuerzas políticas que sustenta al gobierno de Michelle Bachelet) con los movimientos LGTB, y muy singularmente con el MOVILH. Ello no asegura el éxito: no son pocos los integrantes del bloque que apoya a Bachelet que en el pasado han mostrado su oposición a una ley de matrimonio igualitario (es el caso del propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pero su caso no es el único). El proceso será sin duda complicado.

Todo este movimiento se da además en paralelo a la demanda contra Chile presentada en 2012 por el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que informamos en su momento, y que es una patata caliente en manos del actual gobierno.

Fuente Dosmanzanas

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El alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, derecha, felicita a Víctor Fernando Urías, centro, y Víctor Manuel Aguirre después de que estos últimos contrajeron matrimonio en la primera boda entre homosexuales celebrada en esta ciudad fronteriza del estado mexicano de Baja California, México, el sábado 17 de enero de 2015. El matrimonio se realiza después de año y medio de batalla legal en la que las autoridades locales, incluyendo el alcalde intentaron detenerlo. Alex Cossio Foto AP

Alrededor de 200 personas atestiguaron la primera boda gay en Baja California. Una unión civil entre Victor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urias, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el ayuntamiento panista suspendió en dos ocasiones, lo que provocó una denuncia por inejecución de sentencia y un recurso de acto reiterado. Los contrayentes afirmaron que el pleito abierto contra Baja California por negarse a casarlos no “fue personal, fue un pleito jurídico”. En este sentido señalaron que sólo defendieron sus derechos y que gracias al esfuerzo ciudadano lograron casarse.

 Cabe recordar que un juez de primera instancia de esta ciudad determinó improcedente una denuncia de impedimento del matrimonio entre personas del mismo sexo que presentó la Asociacion de Familias de Baja California, por considerar que los solicitantes tienen «locura». El abogado José Luis Marquez indicó que para esta unión civil influyó la presión que se hizo en redes sociales y la declaración de organizaciones de revelar la lista de preferencias sexuales de políticos y religiosos de Baja California. A manera de celebración, manifestantes izaron la bandera del orgullo gay en la explanada del ayuntamiento de Mexicali

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Este viernes 16 de enero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado a conocer los casos que considerará en el primer semestre de sesiones de 2015. Se esperaba que entre ellos estuviese alguna de las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario, todas ellas dictadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, pero el alto tribunal ha comunicado que ha aceptado las cuatro, que afectan a los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Las sesiones orales finales se celebrarán en los últimos días del mes de abril, por lo que los expertos prevén que el fallo definitivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales del mes de junio.

En el mes de noviembre de 2014, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

El fallo final de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que finalmente ha decidido considerar los cuatro casos en este periodo de sesiones. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal ha decidido que decidirá sobre las dos cuestiones siguientes:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

También se ha comunicado el calendario para la presentación de informes. El 27 de febrero deberán presentar sus alegatos escritos los equipos legales de las parejas demandantes. El 27 de marzo lo harán las fiscalías. Finalmente, el 17 de abril los demandantes podrán presentar sus réplicas. La sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales, tendrá lugar entre el 20 y el 29 de abril. Se ha establecido un total de 90 minutos de tiempo para la presentación de los alegatos orales referidos a la primera pregunta, y de 60 minutos para los de la segunda.

El alto tribunal ha dado instrucciones a los equipos legales para que únicamente ciñan sus argumentos y alegaciones a la cuestión que corresponda a su caso en concreto. Por ejemplo, en el caso de Michigan únicamente se podrá argumentar respecto a la primera cuestión, mientras que en el caso de Ohio se ceñirán a la segunda.

Según los expertos del prestigioso blog especializado en el Tribunal Supremo SCOTUSblog, es muy probable que la sentencia final sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales de junio.

Reacciones esperanzadas de los grupos LGTB

Los portavoces de distintas asociaciones de defensa de los derechos LGTB, varias de ellas incluso implicadas en los equipos legales de los casos que se considerarán, han valorado, en general, con esperanza la actuación del Tribunal Supremo. Os ofrecemos algunas de sus reacciones:

Evan Wolfson, presidente de Freedom To Marry, cree que “la decisión de hoy del Tribunal Supremo es el comienzo de lo que esperamos que sea el último capítulo de nuestra campaña para obtener el matrimonio en todo el país”.

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, ha querido hacer referencia a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Windsor, que obligó a la autoridad federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde es legal: “Como dijo el juez Anthony Kennedy en el caso de Windsor, esta es una lucha sobre si nuestras familias son iguales o si son de segunda clase. La Constitución de los Estados Unidos no tolera la ciudadanía de segunda clase, un hecho que ha derrocado prohibiciones matrimoniales discriminatorias desde Utah hasta Arkansas. Hemos llegado al momento de la verdad, los hechos son claros, los argumentos han sido escuchados por docenas de tribunales, y ahora los nueve jueces del Tribunal Supremo tendrán la apremiante oportunidad de garantizar la equidad para innumerables familias, de una vez por todas”.

James Esseks, perteneciente a ACLU (American Civil Liberties Union), cuyo equipo legal está implicado en el caso de Kentucky, declara por su parte que “estamos encantados de que el Tribunal decida por fin sobre esta cuestión. El país está listo para una solución a escala nacional que trate a las parejas de gais y lesbianas de manera justa. Cada día que esperamos significa que más personas morirán antes de que tengan la oportunidad de casarse, más niños nacerán sin las protecciones adecuadas, más personas se enfrentarán a emergencias médicas sin poder contar con el reconocimiento de sus cónyuges. Es hora de que los valores americanos de la libertad y la igualdad se apliquen a todas las parejas”.

Susan Sommer, directora de litigios constitucionales de Lambda Legal, que forma parte del equipo legal del caso de Ohio, estima que “estamos dispuestos a presentar nuestro caso ante el Tribunal Supremo para poner fin a estas prohibiciones discriminatorias de una vez por todas. El estado de Ohio no debe permitir que no se respeten los matrimonios legales de parejas del mismo sexo dentro de sus fronteras estatales y ciertamente no debe entrometerse en los asuntos de familia de los estados que respetan los matrimonios de parejas del mismo sexo. De hecho, ningún estado en el país debe continuar con esta discriminación vergonzosa”.

Fuente Dosmanzanas

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