Más que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

Brutal agresión ayer a una chica trans ayer en L’Hospitalet. Al grito de maricon, se abalanzaron sobre ella, la golpearon hasta que cayó al suelo, donde recibió múltiples patadas en la cabeza. Pudo salvar su vida gracias a los vecinos @OCL_H @PlataformaTrans @MireiaMataSlsna

— Tina Recio (@Tina__recio) March 10, 2022

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Prou agressions! Prou discursos d’odi que generen violència! Ens concentrem a la plaça @LHAjuntament per mostrar el nostre suport i afecte a la veïna de #LHospitalet. Continuem treballant per una ciutat diversa i lliure de discriminació. Estem amb tu, #NoEstasSola #StopLGTBIfobia pic.twitter.com/MekY9ZkVEv

— Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) March 10, 2022

Fuente Dosmanzanas

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Hechos ocurrieron en Independencia. A los acosos verbales y amenazas de muerte, que ocurren desde el 2017, se sumaron la última semana dos ataques físicos en menos de 24 horas. El Movilh está brindando orientación psicológica y jurídica a las mujeres

Dos violentos episodios de discriminación vivió la semana anterior una pareja lésbica en menos de 24 horas en manos de un matrimonio y sus hijas, quienes desde el 2017 las agreden en razón de su orientación sexual en la comuna de Independencia, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Los hechos afectan C.A.G.C y P.P.Y.M, convivientes civiles con más de 10 años de relación quienes han sido insultadas permanentemente  en la vía pública por una familia vecina que las trata de “mariconas”, “tortilleras”, “guatonas” y “chupa choros”, además de amenazarlas de muerte.

“Nos vienen molestando desde el 2017. Tratamos de evitar el tránsito por lugares comunes, pero obligadamente debemos para por fuera del departamento  de los agresores. Nos persiguen cuando vamos a comprar y nos dicen “ahí van las chupa zorras asquerosas, guatonas culiás, las tortilleras del condominio”” (Sic), denunció C.A.G.C

A los insultos se sumó el 8 de marzo pasado un ataque físico contra C.A.G.C, mientras al día siguiente tanto ella, como su pareja y sus dos  perritos corrieron igual suerte.

El 8 de marzo, y en medio de nuevos insultos,  C.V.S, una de las agresoras, “comenzó a gritarme “saquémosle la chucha a esta chupa choro culiá”. Le pregunté a ella y a su marido, R.E.Q.V  “¿que quieren de mí y de mi esposa”. Entonces su hija, Y.S.V, agarró las correas de mis perritos, los sujetó y comenzó a darles patadas, mientras sus padres me golpeaban. Me dieron puñetazos, tras puñetazos en mi espalda y hombro, además de patadas. No solté jamás mis perritos, a pesar del daño que me estaban provocando”.

La mujer denunció los hechos en la Subcomisaría Villa Moderna y constató lesiones en el Sapu Juan Antonio Ríos, sin embargo, al día siguiente las agresiones fueron mayores y afectaron también a su pareja.

En efecto, cuando C.A.G.C paseaba nuevamente a sus mascotas, Y.S.V, “se puso en medio de mis perritos y comenzó a gritarme “maricona culiá, tortillera culiá”. Dado que mi pareja comenzó a grabar desde su celular lo que pasaba, Y.S.V, y su madre, me golpearon a mí y a mi pareja”, añadió.

“Tiraron a mi pareja  al piso, golpeando sus brazos y cabeza. Luego con un palo, golpearon la mano derecha de mi pareja, le dieron puñetazos en la cara y le robaron su celular”, dijo C.A.G.C.

 Las víctimas debieron constatar nuevamente lesiones, esta vez en el Sapu Agustín Cruz Melo, quedando una de las afectadas con 15 días de licencia.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, calificó de “brutales e inhumanos estos ataques. Las víctimas están muy atemorizadas. Se sienten muy vulnerables. Sin duda necesitan medidas de protección. Este acto lesbofóbico no puede quedar impune. Estamos brindando desde ya orientación psicológica a la pareja, así como definiendo las acciones legales que presentaremos”.

Fuente MOVILH

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26 han sido asesinadas desde el 2002 a la fecha. Así lo reportó el Movilh en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Un total de 1.906 mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales o trans ha denunciado abusos y delitos en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, ascendiendo a 26 los crímenes de odio desde el 2002 a la fecha, reportó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que “estos abusos van desde discriminaciones al interior de las familias, establecimientos educacionales y lugares de  trabajo, hasta ataques físicos y asesinatos, pasando por obstáculos y negación de derechos en el acceso a productos o servicios públicos o privados. Son 1.906 mujeres que han sufrido atroces vulneraciones a sus derechos humanos más básicos solo por tener una orientación sexual o identidad de género, distinta a la mayoritaria”.

Precisó que “recién en 2002 se dieron las condiciones para que desde la sociedad civil pudiésemos conocer y contabilizar de estos atropellos, lo que fue de la mano de un mayor empoderamiento de las víctimas para denunciar. Antes de esa fecha no hay cifras, pese a que la discriminación era más brutal”.

“Esperamos que el próximo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género implemente de una vez una política o programa público focalizado en la realidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, una de las demandas  LGBTIQ+ más antiguas y que Chile no ha cumplido, pese a que en 2016 se comprometió a implementarla en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de DDHH, (CIDH)”, añadió Andrade.

La dirigente anunció, por último, que hoy “las mujeres del Movilh saldremos a las calles a manifestaremos por nuestros derechos junto a otras miles que se manifiestan por múltiples causas cada 8 de marzo”

Fuente MOVILH

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Una miembro lesbiana de la Guardia Nacional está demandando al Ejército y la Fuerza Aérea de EE. UU. después de que su jefe supuestamente la presionó para que «pareciera más femenina».

Kristin M Kingrey, de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental (WVNG), dijo que perdió dos trabajos después de los repetidos comentarios de que debería dejarse crecer el cabello y usar maquillaje, según un informe del Daily Beast.

La sargento técnico Kingrey, de 37 años, presentó una demanda el 23 de noviembre de 2021 contra el ejército en el que ha trabajado durante casi 14 años por los comentarios hechos por un líder masculino de alto rango.

Kingrey le dijo al Daily Beast que un trabajo que había solicitado con éxito fue retirado después de que se hicieron los comentarios, y que en otro caso no fue contratada para un puesto para el que estaba más que calificada.

Ella dijo: “De 2016 a 2018, constantemente me llevaban a las oficinas de mis mayores y me decían que mi cabello no estaba reglamentado [no reglamentado]. Cruzó la línea del acoso y llevé conmigo una copia de nuestras regulaciones con respecto a la longitud del cabello femenino porque no estaba infringiendo ninguna regla”.

La demanda afirma que la sargento estuvo sujeta a “acoso, discriminación y represalias continuas basadas en su sexo, incluida su orientación sexual y la no conformidad de género percibida”.

Kingrey alegó que el incidente que desencadenó la demanda ocurrió cuando un líder de alto rango, el vicecomandante de ala coronel Michael Cadle, le pidió a una teniente coronel que alentara a Kingrey a comenzar a lucir más femenina.

Kingrey dijo que estaba implícito que debería «dejarse crecer el cabello y comenzar a usar maquillaje porque, si no lo hacía, sería perjudicial para mi carrera en la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental».

Ella agregó: “Había oído hablar de otras mujeres con cabello corto que tenían problemas con las personas que decían cosas, pero no sé si eso progresó en la medida en que lo hizo la mía. El largo de mi cabello no tiene nada que ver con mi ética de trabajo o desempeño laboral.

“Al principio me daba vergüenza. No podía creer que no encajar en su molde de cómo debería lucir realmente impactaría mi carrera. Fue devastador”.

Después de que se hicieron los comentarios, la sargento lesbiana dijo que un trabajo que le habían ofrecido verbalmente ya no estaba disponible debido a un presunto recorte de fondos.

Luego, el papel se volvió a anunciar.

Mike Hissam, el abogado de Kingrey, dijo que está buscando que le devuelvan la oferta de trabajo, así como una disculpa del coronel Cadle.

Él dijo: “Querríamos la reincorporación y el pago atrasado… Kristin debería obtener el puesto que solicitó y que habría obtenido si no hubiera sido por la discriminación ilegal que sufrió. Ese es el resultado que ella quiere”.

Kingrey le dijo al Daily Beast: “Todo esto me ha hecho sentir que no pertenezco y que mi carrera se verá obstaculizada. Pero no me he planteado dejarlo. No seré derrotado.

“No me van a hacer dejar algo que realmente amo, y realmente amo ponerme el uniforme todos los días. Amo a mi país y amo a mi estado, y les he servido a ambos honorablemente durante más de 14 años”.

Holli R Nelson, de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental, dijo a PinkNews en un comunicado: “La WVNG está totalmente comprometida con una fuerza laboral inclusiva y diversa libre de acoso.

“Como cuestión de política, WVNG no comenta sobre asuntos que actualmente están pendientes de litigio. Pero, en general, WVNG aconsejó a una agencia externa encargada de realizar investigaciones que sean rápidas, justas e imparciales en asuntos como este.

“Elaboraron un informe con el expediente de hechos y se determinó que no hubo discriminación y/o acoso. Como tal, continuamos el proceso para presentar los hechos para resolver completamente este asunto en el sistema judicial”.

Un portavoz del Ejército de EE. UU. le dijo al Daily Beast: “Como cuestión de política, el Ejército no comenta sobre litigios en curso”.

Kingrey le dijo al Daily Beast que todavía está «comprometida» con su carrera en el ejército. “Solo quiero seguir mi carrera de manera justa”, dijo. “Nunca he pedido favoritismo solo porque soy de la comunidad LGBTQ. Solo quiero que se me permita continuar mi carrera militar en base a mis propios méritos y fuera de mi ética de trabajo”.

Fuente Pink News

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El Movilh lamentó lo ocurrido a la docente, quien  está a la espera de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que decidirá si condenar o no al Estado de Chile por impedirle hacer clases de religión en un colegio laico

La docente Sandra Pavez se jubiló sin que nunca más, desde el 2007, pudiese haber  ingresado a un aula a hacer clases de religión, luego de que la Corte Suprema y la Iglesia Católica le prohibieran ejercer solo por ser lesbiana, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “Sandra terminó su vida laboral con un desenlace triste. Finalmente nunca más pudo ejercer la docencia pues la justicia aún no llega mientras este año ella jubiló. Nunca más pudo ejercer la profesión que tanto amó y que tanta satisfacciones le trajo. Sandra ha vivido uno de los casos de lesbofobia más graves e injustos conocidos por nuestra organización en 30 años de trayectoria. Un atropello inédito donde el Estado y la Iglesia actuaron como un solo poder para negarles sus derechos más básicos solo por amar a otra mujer”

“Esperamos que la Corte Interamericana de DDHH (Corte INH), que analizó el caso el 12 y 13 de mayo del 2021, dicte lo antes posible su sentencia, condenado al Estado de Chile, reparando el daño causado y exigiendo a los responsables de este brutal abuso a la dignidad humana que le pidan disculpas a Sandra”, añadió Zúñiga.

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía  sin ningún problema desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

“A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó el dirigente del Movilh, Rolando  Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación al prohibirle a una persona ejercer su profesión solo por ser lesbiana.

Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso aún en curso y donde la docente ha sido representada por los abogados pro bono Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH

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Silvia y Violeta antes de dar a luz. Imagen cedida a El Diario.

El Hospital Clínico pide disculpas a la familia y tomará las medidas oportunas para que no vuelva a suceder

Ángel Villascusa
4 de enero de 2022 10:50h

Ada tiene dos madres, Silvia y Violeta. Nació en el Hospital Clínico de Valladolid el último día de 2021. Silvia, su madre, puso el óvulo y Violeta, su otra madre, el útero. Como el resto de progenitores deberían haber podido inscribir a su hija en el centro hospitalario, tal y como señala la Ley del Registro Civil para parejas casadas, pero las mandaron directamente a una oficina del registro civil. “Nos dijeron que solo hacían el registro con matrimonios normales [sic]. Ni homosexuales, ni extranjeros, ni madres solteras, ni divorciadas“, explica por teléfono Silvia Sánchez. El hospital pide disculpas a la familia y tomará las medidas oportunas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.

“Después de que mi mujer diera a luz, me presenté en la ventanilla. Tenía delante a un chico y a otro detrás, los padres de dos niños recién nacidos, pero a ellos sí les dejaron inscribir a sus hijos“. A ella no. “La persona que estaba en el mostrador me dijo que, aunque yo era el ‘declarante’, estos casos aquí no se podían gestionar“. Les dijeron que fueran a la oficina del registro porque necesitaban un papel y que era una “tontería“ iniciar el proceso en el hospital porque acabarían allí.

Según les explicaron, necesitaban un documento que no estaba en ese hospital. “Faltaba un formulario que pudiera contener la información de dos madres, en lugar de un padre y una madre. Vamos, que los formularios son de la edad de piedra… No faltaba ningún documento, ni pidieron más que la inscripción legal del nacimiento“, explica Yolanda Rodríguez de la asociación LGTBI CINHOMO, que ha dado visibilidad al caso.

Aunque viven a treinta kilómetros de Valladolid y al día siguiente era festivo —con lo que el la oficina administrativa cerraba—, el personal se negó a inscribir a su hija. “Antes de bajar al mostrador, en el paritorio, me dijeron que no iba a tener problemas“. Silvia tenía dudas porque no era la primera vez que escuchaba que en ese y en otros hospitales de España ponían impedimentos a las mujeres lesbianas. Tenía razón.

El día tres de enero acudieron a la oficina del registro. Allí les informaron de que el hospital debería haber accedido a la inscripción y que, desde ese misma oficina, ya habían notificado a los hospitales Clínico y al Rio Hortega de Valladolid que debían permitir el trámite a las parejas del mismo sexo. El matrimonio pidió una hoja de reclamaciones en el Hospital y han puesto una queja telemática al Sacyl, la sanidad de Castilla y León. Ahora, la Fundación LGTBI Triángulo les va ayudar a presentar una queja formal. “Es injusto que el día del nacimiento de tu hija llores porque te has sentido discriminada“, subraya Silvia.

Fuente El Diario

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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El tribunal más alto de Italia ha dictaminado que una escuela católica discriminó a una maestra que fue despedida debido a los rumores de que es lesbiana. El fallo podría sentar un precedente positivo para LGBTQ en los tribunales de la nación.

La Sección Laboral del Tribunal de Casación, que es el tribunal de apelaciones más alto de Italia, confirmó que el Istituto Sacro Cuore (Colegio Sagrado Corazón) en Trento efectivamente discriminó por orientación sexual cuando en 2014 no renovó el contrato del maestro.

Alexander Schuster, el abogado que representa a la maestra anónima (que se ha hecho llamar «Silvia» en informes anteriores), le dijo a Il Post  (a través de Google Translate):

“‘ El Tribunal de Casación. . .ha rechazado en su totalidad el recurso de apelación del instituto y reiteró lo que ya había establecido el Tribunal de Apelación, a saber, que ser una escuela religiosa que quiere mantener la fe en su misión no justifica discriminación alguna. Es una sentencia que hace jurisprudencia para la ley italiana que, en estos temas, aún estaba en los noventa ‘”.

Este fallo es el tercero contra Sagrado Corazón en el caso de Silvia, y cada vez han aumentado los daños que se le deben a ella y a los grupos de defensa de los derechos civiles. La apelación al Tribunal de Casación se basó en un argumento legal en torno al concordato (acuerdo político) de Italia con la Santa Sede. El concordato tiene disposiciones relacionadas con la educación católica en Italia, que según el Sagrado Corazón le permitían libertad en sus decisiones, incluido el empleo. Pero el fallo del Tribunal rechazó tales reclamos, escribiendo en su decisión (a través de Google Translate):

“La parte solicitante [Sagrado Corazón] invoca disposiciones, incluidas las constitucionales, como base de la libertad de organización del instituto religioso, pero no explica adecuadamente cómo esta libertad puede legitimar conductas abiertamente discriminatorias como las consideradas y comprobadas por los jueces de Trentino . «

Schuster comentó que el fallo envió un mensaje claro: “Una escuela, solo por ser católica, no tiene carta blanca para discriminar a las personas”.

En 2014, la maestra fue convocada a una reunión con la directora de la escuela, quien también era superior de la comunidad de religiosas que administra la escuela. A Silvia le preguntaron sobre su relación con una mujer con la que vive. La directora dijo que había escuchado rumores de que Silvia era lesbiana y trató de aclarar la relación de la maestra en aras de «proteger el entorno escolar». Bajo escrutinio, Silvia se negó a responder cualquier pregunta en esa reunión y rechazó una sugerencia del director de que la escuela “haría la vista gorda si [Silvia] estaba dispuesta a ‘resolver el problema’”. Silvia luego confirmó que era lesbiana en una relación comprometida, describiendo el despido como “medieval” en ese momento.

Si bien Sacred Heart podría apelar a la Corte Europea, Schuster cree que «el asunto está cerrado» y el enfoque ahora estará en otros casos de discriminación, tanto contra personas LGBTQ como contra otras comunidades marginadas. Con suerte, tiene razón y la lucha de Silvia por la justicia laboral brindará a los trabajadores de la iglesia LGBTQ en Italia una mayor protección que antes.

—Robert Shine, New Ways Ministry, 10 de noviembre de 2021

Fuente New Ways Ministry

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El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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Las dos menores mantenían una relación en secreto por miedo a las represalias de sus familias

El matrimonio ha sido detenido por un delito de odio y amenazas y ya han pasado a disposición judicial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a una mujer y un hombre de 45 y 47 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de odio y amenazas tras insultar y amenazar de muerte a una menor por su orientación sexual y tener una relación con la hija de ambos.

La investigación comenzó cuando los agentes pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tuvieron conocimiento de unos hechos ocurridos días atrás donde una menor habría sido insultada y amenazada de muerte por una pareja como consecuencia de su orientación sexual.

La chica mantenía una relación sentimental con la hija de esa pareja, relación que ambas menores mantenían en secreto por miedo a las posibles represalias que pudieran recibir por parte de los mismos.

Tras averiguar la identidad de los sospechosos, estos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de odio y amenazas y han pasado ya a disposición judicial.

La @policia detiene a los padres de una menor por amenazar de muerte e insultar a otra menor por ser lesbiana y tener una relación con su hija https://t.co/mTzsuA2kVC

— GAYLESPOL, asociación Policías LGTBI+ (@gaylespol) October 27, 2021

Fuente Agencias

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Tres jóvenes han sido detenidos en Málaga como presuntos autores de dos agresiones de carácter homófobo, según informaba el pasado viernes El Confidencial. Tanto los agresores, dos de ellos 19 años y uno de 20, como las víctimas son de origen marroquí. 

Aunque es ahora cuando han trascendido, las agresiones tuvieron lugar el 31 de agosto y el 2 de septiembre en el centro de Málaga, en ambos casos de madrugada. Las dos primeras víctimas eran dos chicos que se vieron rodeados por un grupo de jóvenes que les dirigieron insultos homófobos y les agredieron físicamente, llegando a darles a uno de ellos un botellazo en la cabeza. También les robaron alguna pertenencia. La segunda agresión, de naturaleza similar, fue contra dos chicas, una de las cuales precisó puntos de sutura por una herida incisocontusa en la cabeza.

Las declaraciones de las víctimas pemitieron identificar y detener a tres de los agresores, que están siendo investigados, entre otros, por presuntos delitos de odio. De hecho, según fuentes cercanas al caso han contado a El Confidencial, y siempre según la narración del diario digital, los agredidos habrían justificado sus ataques por la vergüenza que «como marroquíes» les producía la homosexualidad “de sus compatriotas”.

Fuente El Confidencial, vía Dosmanzanas

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El arrestado, que ha reconocido los hechos, les dijo que “era una vergüenza” y que “había niños delante”

La diversidad está en juego cada día. Al que no es hetero. A la mujer. A quien no nació aquí (o nació, pero sus progenitores no). Por eso es tan importante seguir saliendo a la calle, seguir quejándose y sobre todo, seguir haciendo vida normal. Aunque duela, ni un paso atrás. Porque aquí estamos y aquí vamos a seguir. Porque hay gente que tiene que darse cuenta que la violencia es lo que no debería ver la infancia y no una muestra de amor normal y corriente.

Un hombre de origen magrebí ha sido detenido en las últimas horas en Salamanca después de que el miércoles por la noche protagonizara una agresión homófoba en el paseo de Carmelitas. El arrestado dio un bofetón a la agredida por el simple hecho de que se estaba besando con otra mujer. Además, le tiró al suelo y le dio al menos una patada en la cabeza.

Según fuentes del caso, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22.00 horas cuando las dos chicas se encontraban en la parada de autobús besándose. En ese momento este individuo, que no tiene antecedentes previos, se dirigió a ellas y, tal y como él mismo ha reconocido ante el juez, comenzó a decirles que “eso era una vergüenza”, que “no se podía hacer” y que “había niños delante”.

Acto seguido, presuntamente el hombre propinó un fuerte bofetón a una de ellas que le hizo caer al suelo, momento en el que le dio al menos una patada en la cabeza. Además, según las víctimas, el susodicho llegó a sacar un cuchillo, un extremo que no ha sido confirmado.

Por todo ello, el hombre fue arrestado y está siendo investigado como presunto autor de un delito de lesiones y otro de odio. Ha sido esta misma mañana cuando ha pasado a disposición judicial y ha reconocido los hechos, a excepción del hecho que portara un arma blanca.

En cualquier caso, terrorífico y un atentado contra la normalidad y la diversidad, una piedra más en la mochila que invita no solo a no darnos un beso con la persona a la que amamos, sino también a cortarnos incluso con muestras de cariño y complicidad como darse la mano.

Y si algo no se ve, no existe. Me explico: si ese niño o esa niña no ve que también hay otro tipo de familias y personas que no son hetero, ¿cómo va a saber que lo que siente es total y absolutamente normal? ¿Cómo va a no sentirse un bicho raro? Y esto sirve también para heteros: ¿cómo van a normalizar algo que vive oculto?

Deseamos la pronta recuperación de las agredidas y que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor.

Fuente Gaceta de Salamanca/AmbienteG

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Aunque la trabajadora reportó los acosos ante los superiores de la empresa CYG, éstos se han negado a ayudarla o a implementar medidas contra la discriminación.

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una auxiliar de la empresa CYG que trabaja en el Mall Alto Las Condes denunció a su empleador ante la Inspección del Trabajo por lesbofobia laboral.

Los abusos iniciaron en junio pasado, cuando una superior, N.M, “dio a conocer sin mi consentimiento mi orientación sexual frente a terceros, específicamente ante compañeros/as de labores y de guardias una empresa externa, Liderman”, señaló la trabajadora.

“Mientras mis compañeros/as comenzaron a consultarme sobre mi vida privada, guardias de la empresa externa me hostigaron con burlas y obscenidades. “No te vaya a salir el negro de whatsaap” o “Habiendo tanta pichula te quedaste con una zorra” (Sic), fueron algunas de las ofensas que recibí”, señaló.

Añadió que “estos hechos los comuniqué a mi  jefe, el señor S.V, quien comprometió una reunión para abordar lo ocurrido, pero el encuentro jamás se concretó. También hice llegar mi denuncia  al jefe de S.V, el señor C.A, sin embargo, tampoco hubo resultados”.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “el pasado 15 de septiembre enviamos una carta al gerente general de la empresa, Germán González Politt. Nos respondió una persona identificada como Bernardo Salazar, quien comprometió que haría las consultas sobre la materia. Sin embargo, nunca más supimos de ellos/as y jamás respondieron a nuestra petición de generar políticas antidiscriminatorias que garantizarán la dignidad de la trabajadora”

Por el contrario,  añadió la trabajadora “el  pasado 14 de octubre llegó a mi domicilio una carta de  la designada investigadora del caso, Bernardita Barrera. Ésta sostuvo que tras entrevistar a la encargada de turno y acusada de violentar mi vida privada y a otros trabajadores/as, no hubo “constatación de los hechos denunciados””.

En la carta enviada por la empresa ”no existe claridad de cuáles criterios usaron para descartar los abusos que sufro, los mismos que algunos trabajadores confirmaron. Tampoco CYG se hace cargo de que fui discriminada  e insultada en horario laboral por guardias de otra empresa  a raíz de que una de sus trabajadoras dio a conocer mi identidad. Menos se hace cargo de la empresa de la responsabilidad que les compete a mis superiores, en tanto nada hicieron cuando les informé los acosos que estaban sufriendo”, denunció la auxiliar

La abogada del Movilh, María José Escobar; quien ayer envió otra carta de reclamo a la empresa donde trabaja la auxiliar, afirmó que lo denunciado por la trabajadora  “podría ser constitutivo  de un acto discriminatorio que vulnera los principios de las leyes laborales señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo, en lo relativo a la igualdad de trato en el empleo que realiza y además del respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador(a) y su familia. De ahí que la asesoramos en su denuncia ante la Dirección del Trabajo, mientras analizamos qué otras acciones cursar”.

Fuente MOVILH

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El colectivo Galactyco de Cartagena denuncia el diagnóstico recibido por una joven de 19 años en el Hospital Reina Sofía de Murcia.

Tras una visita al ginecólogo en uno de los hospitales más importantes de la capital murciana, una joven de 19 años recibió un diagnóstico en el que la categoría «Enfermedad actual:» se completó con el adjetivo «Homosexual».

Ocurrió el pasado 4 de octubre y la identidad del profesional no ha sido revelada. Ha sido el colectivo Galactyco (Gais, Lesbianas Bisexuales y Trans Activistas de Cartagena y Comarca) el que ha denunciado esta situación que atenta contra la dignidad de la paciente, la de la comunidad LGTBI+ de la Región de Murcia y contradice lo dictado por la Organización Mundial de la Salud en 1990, año en el que este organismo desclasificó la homosexualidad como enfermedad. Pese a ello «en el Sistema Murciano de Salud (SMS) algunos profesionales continúan asumiendo la orientación sexual como una enfermedad», han denunciado desde Galáctyco.

«Dado que durante siglos este error supuso un trato estigmatizante, discriminatorio, violento y denigrante hacia todas las personas cuya orientación sexual fuera distinta a la heterosexualidad, desde este colectivo denunciamos públicamente la ignorancia manifiesta con tintes lgtbifóbicos que supone relacionar orientación sexual con enfermedad», ha señalado la asociación en una nota de prensa.

El colectivo cartagenero acusa «al Gobierno Regional de Murcia, a la Consejería de Sanidad, y al Sistema Murciano de Salud, de dejadez institucional para aplicar la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tras 5 años aprobada permanece como un adorno legislativo».

Galáctyco ha remitido escritos tanto a la consejería como al SMS exigiendo «rectificación y disculpas inmediatas a la paciente», así como la aplicación de la Ley LGTBI de la Región de Murcia que en materia sanitaria, compromete al Gobierno de la Región a garantizar un trato respetuoso hacia las personas LGTBI y a que los profesionales sanitarios cuenten con una formación e información adecuada sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad.

El colectivo considera «alarmante, inaceptable e intolerable que a fecha de hoy los profesionales de los que depende un tratamiento adecuado de nuestra salud ignoren las realidades de las personas LGTBI».

En el momento de redacción de esta noticia, ni la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ni la de Salud en la Región de Murcia se han pronunciado sobre este hecho.

Fuente Dosmanzanas

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Fuente Agencia Presentes

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Polonia por retirar a una madre la custodia de sus cuatro hijos debido a su orientación sexual. El alto tribunal europeo, por acuerdo de seis de los siete jueces encargados del caso (el séptimo, de nacionalidad polaca, se ha desmarcado del fallo que condena a su país) considera que los tribunales polacos que actuaron en los dos procedimientos judiciales analizados violaron los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La historia, según la narración de los hechos que hace en su comunicado de prensa el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pone los pelos de punta. La demandante (X) planteó en 2005 una demanda de divorcio de su marido (Y), con el que se casó en 1993 y había tenido cuatro hijos, después de que ella iniciara una relación con otra mujer. Los padres de X, que no estaban de acuerdo con la decisión de su hija, obtuvieron la custodia provisional, pero después de un primer acuerdo de divorcio entre X e Y la madre se hizo con la custodia de los cuatro hijos. La situación duró poco: un año después, en 2006, el padre acudió de nuevo a los tribunales y reclamó la custodia que antes no había querido. Durante aquel proceso la orientación de la madre fue objeto de discusión detallada, hasta el punto de que X se vio obligada a responder preguntas sobre el tipo de relaciones sexuales que mantenía con su nueva pareja. Como resultado de aquel proceso la custodia de los cuatro hijos pasó al padre.

X apeló, argumentando que ella había sido siempre la que había cuidado de sus hijos y que, de hecho, en el año en el que habían estado separados su expareja no se había preocupado de ellos. De nada sirvió: la justicia polaca rechazó la apelación en 2008 y confirmó que el padre tenía la custodia. Hasta tal punto llegó el sesgo discriminatorio del tribunal que este ignoró que el padre sí estaba dispuesto a cederle a su exmujer la custodia del hijo pequeño, atendiendo a su edad y a los vínculos emocionales del pequeño con la madre. De hecho, este se quedó junto a ella, mientras que sus tres hermanos se marcharon a la casa del padre. Unos meses más tarde X intentó, de hecho, que se revisara al menos la custodia del pequeño pero el tribunal no solo no le dio la razón, sino que obligó a que este se marchara definitivamente a la casa del padre. La apelación de X fue rechazada en 2009 con el argumento de que el pequeño necesitaba un «modelo masculino». La madre siguió peleando ante la justicia, argumentando que de hecho eran sus hermanas mayores y sus abuelos los que se encargaban de cuidar del pequeño en lugar de su padre, pero no consiguió recuperarlo.

Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que tanto durante el primer proceso (que concluyó con el otorgamiento de la custodia de los cuatro hijos al padre) como durante el segundo (durante el cual fue la custodia del niño pequeño la que estuvo en discusión), el Estado polaco trató de forma discriminatoria a X debido a su orientación sexual, violando los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos. El alto tribunal condena al Estado polaco y le obliga a indemnizar a la mujer con 10.000 euros. Lamentablemente, el daño emocional causado es irreparable: han pasado ya más de doce años desde que que la justicia polaca arrebató al más pequeño de sus hijos, entonces de siete años, de los brazos de su madre.

El resultado final del fallo, no obstante, ha sido recibido positivamente por el activismo LGTBI. «La sentencia confirma la igualdad de derechos de los padres LGTBI en relación a sus hijos. El mejor interés de los hijos en recibir el amor y el cuidado debe prevalecer en cualquier consideración de custodia al margen de la orientación sexual de los padres», ha declarado Arpi Avetisyan, del departamento de litigaciones de ILGA-Europa, una de las organizaciones que ha dado soporte a la demandante.

Fuente Dosmanzanas

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